Día Mundial de La Tierra
CEDOC.inmujeres.gob
El Día de la Tierra se instauró en los Estados Unidos de Norteamérica y se celebró por
primera vez en 1970. Fue establecido por Gaylord Nelson, senador de Estados Unidos,
quien incentivó el desarrollo de una protesta a nivel nacional cuya finalidad fue colocar
el tema ambiental en la agenda del país. En el Día de la Tierra de 1990, más de 200
millones de personas en 141 países de todos los continentes participaron en
celebraciones en sus comunidades. La movilización de grupos dio más autoridad a los
ciudadanos, enlazó globalmente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
obligó a los jefes de estado a participar personalmente en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) convocada por
la Asamblea de las Naciones Unidas. Esta Conferencia conocida como Cumbre para la
Tierra, se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 y fue un momento
decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y
el desarrollo.
Los objetivos fundamentales de la Cumbre de Río fueron lograr un equilibrio justo entre
las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de
las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países
desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la
sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses
comunes.
Algunos signos de deterioro ecológico
En el último siglo, y especialmente en los últimos 40 años, los seres humanos hemos
causado enormes cambios en el medio ambiente mundial. Los más directamente
afectados por problemas de medio ambiente, desde la contaminación del agua hasta el
cambio climático, son los más pobres y los que están en peores condiciones de cambiar
sus estilos de vida para hacer frente a la declinación ecológica de la cual a continuación
se exponen algunos ejemplos:
• Los agricultores, ganaderos, taladores de árboles y urbanizadores han destruido
aproximadamente la mitad de la cubierta forestal originaria del planeta y otro
30% de esa cubierta está fragmentada.
• En el último siglo, se estima que la degradación de los suelos ha reducido en
13% las tierras de cultivo y en 4% los pastizales.
• De las existencias de fauna ictícola (peces) en todo el mundo, las tres cuartas
partes han desaparecido o han excedido los límites sostenibles. En los últimos 50
años, las flotas de pesca industrial han extraído al menos un 90% de los mayores
predadores oceánicos, entre ellos, el atún, el pez aguja y el pez espada.
• Desde el decenio de 1950 se ha triplicado la demanda mundial de agua. Está
disminuyendo la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas debido al
bombeo excesivo, a la contaminación a partir de fertilizantes y plaguicidas y de
desechos industriales. Hay 500 millones de personas residentes en países donde
hay escasez de agua. Según se prevé, hacia 2025 esas cantidades pasarán a entre
2 400 y 3 400 millones.
• Cambio climático. Como resultado del consumo de combustibles fósiles,
actualmente los niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera son superiores en
18% a los existentes en 1960 y, según se estima, superiores en 31% a los
existentes al comenzar la revolución industrial en 1750. La acumulación de
gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluido el anhídrido carbónico, se
ha vinculado al aumento y las variaciones extremas en las temperaturas, así
como al aumento en la severidad de las tormentas.
• Según se estima, el nivel del mar ha aumentado entre 10 y 20 centímetros,
debido en gran medida a que grandes masas de hielo se han derretido y los
océanos se han ampliado, a raíz del calentamiento regional y mundial. Los
pequeños países insulares y las ciudades y terrenos agrícolas de baja altitud
corren graves riesgos de inundación.
29 de marzo de 2010
Por primera vez en diez años disminuye la tasa de deforestación mundial
Disminuye por primera vez la tasa de deforestación forestal
SENA, FOBOMADE
Entre 2000 y 2010 desaparecieron alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en 233 países. Sudamérica y África experimentaron las mayores pérdidas netas anuales, con 4 y 3,4 millones de hectáreas, respectivamente. Sin embargo, por primera la tasa de deforestación disminuyó a nivel mundial, destacó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Por primera vez, somos capaces de demostrar que la tasa de deforestación ha disminuido a nivel mundial como resultado de una serie de esfuerzos coordinados a nivel local e internacional”, declaró el director General Adjunto del Departamento Forestal de la FAO Eduardo Rojas.
“Los países no sólo han mejorado sus políticas y legislación forestales, también han asignado bosques para uso de comunidades locales y pueblos indígenas, y para la conservación de la diversidad biológica y otras funciones medioambientales. Es un mensaje bienvenido en 2010, el Año Internacional de la Biodiversidad”, celebró Rojas.
La deforestación en el mundo, especialmente la conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos diez años, pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países, indican las conclusiones principales del estudio forestal más completo realizado por la FAO hasta la fecha en 233 países: la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010.
A nivel mundial, se han convertido a otros usos o se han perdido por causas naturales 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre 2000 y 2010, en comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990.
“La tasa de deforestación continúa siendo muy alta en muchos países y las zonas de bosque primario – bosques no alterados por la actividad humana – siguen disminuyendo, por lo que los países deben intensificar sus esfuerzos para mejorar su gestión y conservación”, alertó Rojas.
Brasil e Indonesia han reducido considerablemente sus tasas de deforestación, mientras que las plantaciones forestales en China, India, Estados Unidos y Viet Nam han añadido más de siete millones de hectáreas de nuevos bosques cada año. En Norteamérica y Centroamérica, la superficie forestal permaneció bastante estable, mientras que en Europa siguió creciendo, si bien a una tasa menor que antes.
Como consecuencia, la pérdida neta de superficie forestal se ha reducido de 8,3 millones de hectáreas al año de la década de 1990 a 5,2 millones de hectáreas anuales entre 2000 y 2010.
La superficie forestal total mundial asciende a algo más de cuatro mil millones de hectáreas, el 31 por ciento de la superficie terrestre total. La pérdida neta anual de bosques (es decir la suma de las perdidas menos la suma de los incrementos en superficie forestal) en el periodo 2000-2010 equivale a una superficie similar a la de Costa Rica.
La devastación de la foresta se debió en gran parte al vertiginoso aumento de los cultivos de maíz, tanto para la producción de alimentos como de agroenergía. El acelerado consumo de carbón vegetal o de madera para generar energía amenaza con convertir a Haití en el primer desierto del Caribe.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 70 por ciento de los haitianos cocina con carbón, lo cual obliga a talar entre 15 y 20 millones de árboles cada año. La deforestación convirtió a Haití en un país demasiado vulnerable a las inundaciones, además de erosionar el suelo y acabar con buena parte de las reservas de agua.
Conclusiones principales
Las Evaluaciones de la FAO de los recursos forestales mundiales se publican cada cinco años. Más de 900 especialistas de 178 países han participado en la Evaluación de los recursos forestales mundiales de 2010. El informe completo de esta evaluación se hará público en octubre de 2010.
Otros hallazgos clave del informe son:
Brasil perdió una media de 2,6 millones de hectáreas de bosque anuales en los últimos diez años frente a los 2,9 millones de hectáreas en los 90. Las cifras de Indonesia ascendieron a 0,5 y 1,9 millones de hectáreas al año respectivamente.
Los bosques primarios constituyen un 36 por ciento de la superficie forestal total pero han disminuido en más de 40 millones de ha desde el año 2000. En gran medida esto se debe a la reclasificación de los bosques primarios como “otros bosques regenerados de forma natural” debido a la tala selectiva y otras intervenciones humanas.
La superficie de bosques en parques nacionales, áreas naturales silvestres y otras zonas legalmente protegidas ha aumentado en más de 94 millones de hectáreas desde 1990 y actualmente equivale a un 13 por ciento de la superficie forestal total.
Los bosques representan uno de los principales sumideros mundiales de carbono. Almacenan unas 289 gigatoneladas (Gton) de carbono en árboles y otra vegetación. El carbono almacenado en la biomasa forestal, la madera muerta, la hojarasca y el suelo es mayor – en conjunto – que todo el carbono presente en la atmósfera. A nivel mundial, se estima que las reservas de carbono en la biomasa forestal descendieron en 0,5 Gton al año en el período 2000-2010, principalmente debido a la reducción de la superficie forestal total.
Los incendios, las plagas y las enfermedades están causando daños cada vez mayores a los bosques de algunos países. En promedio, cerca del uno por ciento de la superficie forestal mundial se ve significativamente afectado cada año por los incendios forestales. Las plagas de insectos dañan unos 35 millones de hectáreas de bosque cada año. Los fenómenos climáticos extremos como las tormentas y ventiscas, y los terremotos, también provocaron graves daños durante la última década.
Desde el año 2000, setenta y seis países han desarrollado o actualizado sus políticas forestales y desde 2005, sesenta y nueve países – fundamentalmente en Europa y África – han promulgado o enmendado sus leyes forestales.
La recolección de datos para la Evaluación de los recursos forestales mundiales se está haciendo más exhaustiva y precisa. Los nuevos datos y la información adicional sobre la forestación y la expansión natural de los bosques en los últimos 20 años han permitido estimar de forma más precisa las tasas de deforestación y pérdidas por causas naturales. La nueva estimación mundial para el periodo 1990-2000 (próxima a los 16 millones de ha al año) es mayor que la anterior, debido a que ahora también incluye la deforestación en países que han experimentado un aumento neto de su superficie forestal.
Un estudio de teledetección de bosques, liderado por la FAO, con el muestreo de unos 13 500 puntos, cada uno observado en un periodo de 15 años, proporcionará para finales de 2011 datos aún más exactos sobre las tasas mundiales y regionales de deforestación.
La situación en Bolivia
Bolivia es un país forestal porque el 48% de su territorio (aproximadamente 53 millones de hectáreas) está cubierto por bosques. Es el quinto país más rico en recursos forestales del continente, después de Canadá, Brasil, Estados Unidos y Perú.
La tasa de deforestación en Bolivia ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Se estima que en 2001 se deforestaban alrededor de 230 mil hectáreas de bosques; alrededor de 300 mil hectáreas anuales a mediados de la década y hasta medio millón de hectáreas por año en la actualidad.
Una investigación de Conservación Internacional revela que la agroindustria del departamento de Santa Cruz desmonta en promedio 225 mil ha de bosques cada año (75% de la deforestación nacional) para cultivar soya, caña y criar ganado. (Killeen 2006).
En ese departamento, fotografías satelitales demuestran que la deforestación era menor a 80 mil hectáreas por año en el área de expansión y la zona integrada en 1975. En las fotografías de 1992 ya se ven muchas parcelas de soya y la deforestación alcanza a más de 160 mil ha anuales. Para el año 2000 casi no queda bosque en el área estudiada, y la deforestación anual bordea las 270 mil hectáreas.
Si bien la mayor parte de la deforestación se concentra en el departamento de Santa Cruz, existen nuevos polos de deforestación como el departamento de Pando, sobre todo en zonas productoras de castaña. Además, la tala de bosques avanzó en los márgenes de la carretera Chapare-Yapacani, en Cobija, Guayanamerín, Riberalta y Puerto Suárez.
Los principales responsables de la deforestación y de los desmontes ilegales en Bolivia no son los colonos o los pequeños productores, sino los grandes emprendimientos agroindustriales. Prueba de ello es que el 1% de los casos de desmonte representaron el 40% de la superficie deforestada en 2007, según datos de la Unidad de Control de Desmonte e incendio forestal de la Superintendencia Forestal.
SENA, FOBOMADE
Entre 2000 y 2010 desaparecieron alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en 233 países. Sudamérica y África experimentaron las mayores pérdidas netas anuales, con 4 y 3,4 millones de hectáreas, respectivamente. Sin embargo, por primera la tasa de deforestación disminuyó a nivel mundial, destacó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Por primera vez, somos capaces de demostrar que la tasa de deforestación ha disminuido a nivel mundial como resultado de una serie de esfuerzos coordinados a nivel local e internacional”, declaró el director General Adjunto del Departamento Forestal de la FAO Eduardo Rojas.
“Los países no sólo han mejorado sus políticas y legislación forestales, también han asignado bosques para uso de comunidades locales y pueblos indígenas, y para la conservación de la diversidad biológica y otras funciones medioambientales. Es un mensaje bienvenido en 2010, el Año Internacional de la Biodiversidad”, celebró Rojas.
La deforestación en el mundo, especialmente la conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos diez años, pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países, indican las conclusiones principales del estudio forestal más completo realizado por la FAO hasta la fecha en 233 países: la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010.
A nivel mundial, se han convertido a otros usos o se han perdido por causas naturales 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre 2000 y 2010, en comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990.
“La tasa de deforestación continúa siendo muy alta en muchos países y las zonas de bosque primario – bosques no alterados por la actividad humana – siguen disminuyendo, por lo que los países deben intensificar sus esfuerzos para mejorar su gestión y conservación”, alertó Rojas.
Brasil e Indonesia han reducido considerablemente sus tasas de deforestación, mientras que las plantaciones forestales en China, India, Estados Unidos y Viet Nam han añadido más de siete millones de hectáreas de nuevos bosques cada año. En Norteamérica y Centroamérica, la superficie forestal permaneció bastante estable, mientras que en Europa siguió creciendo, si bien a una tasa menor que antes.
Como consecuencia, la pérdida neta de superficie forestal se ha reducido de 8,3 millones de hectáreas al año de la década de 1990 a 5,2 millones de hectáreas anuales entre 2000 y 2010.
La superficie forestal total mundial asciende a algo más de cuatro mil millones de hectáreas, el 31 por ciento de la superficie terrestre total. La pérdida neta anual de bosques (es decir la suma de las perdidas menos la suma de los incrementos en superficie forestal) en el periodo 2000-2010 equivale a una superficie similar a la de Costa Rica.
La devastación de la foresta se debió en gran parte al vertiginoso aumento de los cultivos de maíz, tanto para la producción de alimentos como de agroenergía. El acelerado consumo de carbón vegetal o de madera para generar energía amenaza con convertir a Haití en el primer desierto del Caribe.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 70 por ciento de los haitianos cocina con carbón, lo cual obliga a talar entre 15 y 20 millones de árboles cada año. La deforestación convirtió a Haití en un país demasiado vulnerable a las inundaciones, además de erosionar el suelo y acabar con buena parte de las reservas de agua.
Conclusiones principales
Las Evaluaciones de la FAO de los recursos forestales mundiales se publican cada cinco años. Más de 900 especialistas de 178 países han participado en la Evaluación de los recursos forestales mundiales de 2010. El informe completo de esta evaluación se hará público en octubre de 2010.
Otros hallazgos clave del informe son:
Brasil perdió una media de 2,6 millones de hectáreas de bosque anuales en los últimos diez años frente a los 2,9 millones de hectáreas en los 90. Las cifras de Indonesia ascendieron a 0,5 y 1,9 millones de hectáreas al año respectivamente.
Los bosques primarios constituyen un 36 por ciento de la superficie forestal total pero han disminuido en más de 40 millones de ha desde el año 2000. En gran medida esto se debe a la reclasificación de los bosques primarios como “otros bosques regenerados de forma natural” debido a la tala selectiva y otras intervenciones humanas.
La superficie de bosques en parques nacionales, áreas naturales silvestres y otras zonas legalmente protegidas ha aumentado en más de 94 millones de hectáreas desde 1990 y actualmente equivale a un 13 por ciento de la superficie forestal total.
Los bosques representan uno de los principales sumideros mundiales de carbono. Almacenan unas 289 gigatoneladas (Gton) de carbono en árboles y otra vegetación. El carbono almacenado en la biomasa forestal, la madera muerta, la hojarasca y el suelo es mayor – en conjunto – que todo el carbono presente en la atmósfera. A nivel mundial, se estima que las reservas de carbono en la biomasa forestal descendieron en 0,5 Gton al año en el período 2000-2010, principalmente debido a la reducción de la superficie forestal total.
Los incendios, las plagas y las enfermedades están causando daños cada vez mayores a los bosques de algunos países. En promedio, cerca del uno por ciento de la superficie forestal mundial se ve significativamente afectado cada año por los incendios forestales. Las plagas de insectos dañan unos 35 millones de hectáreas de bosque cada año. Los fenómenos climáticos extremos como las tormentas y ventiscas, y los terremotos, también provocaron graves daños durante la última década.
Desde el año 2000, setenta y seis países han desarrollado o actualizado sus políticas forestales y desde 2005, sesenta y nueve países – fundamentalmente en Europa y África – han promulgado o enmendado sus leyes forestales.
La recolección de datos para la Evaluación de los recursos forestales mundiales se está haciendo más exhaustiva y precisa. Los nuevos datos y la información adicional sobre la forestación y la expansión natural de los bosques en los últimos 20 años han permitido estimar de forma más precisa las tasas de deforestación y pérdidas por causas naturales. La nueva estimación mundial para el periodo 1990-2000 (próxima a los 16 millones de ha al año) es mayor que la anterior, debido a que ahora también incluye la deforestación en países que han experimentado un aumento neto de su superficie forestal.
Un estudio de teledetección de bosques, liderado por la FAO, con el muestreo de unos 13 500 puntos, cada uno observado en un periodo de 15 años, proporcionará para finales de 2011 datos aún más exactos sobre las tasas mundiales y regionales de deforestación.
La situación en Bolivia
Bolivia es un país forestal porque el 48% de su territorio (aproximadamente 53 millones de hectáreas) está cubierto por bosques. Es el quinto país más rico en recursos forestales del continente, después de Canadá, Brasil, Estados Unidos y Perú.
La tasa de deforestación en Bolivia ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Se estima que en 2001 se deforestaban alrededor de 230 mil hectáreas de bosques; alrededor de 300 mil hectáreas anuales a mediados de la década y hasta medio millón de hectáreas por año en la actualidad.
Una investigación de Conservación Internacional revela que la agroindustria del departamento de Santa Cruz desmonta en promedio 225 mil ha de bosques cada año (75% de la deforestación nacional) para cultivar soya, caña y criar ganado. (Killeen 2006).
En ese departamento, fotografías satelitales demuestran que la deforestación era menor a 80 mil hectáreas por año en el área de expansión y la zona integrada en 1975. En las fotografías de 1992 ya se ven muchas parcelas de soya y la deforestación alcanza a más de 160 mil ha anuales. Para el año 2000 casi no queda bosque en el área estudiada, y la deforestación anual bordea las 270 mil hectáreas.
Si bien la mayor parte de la deforestación se concentra en el departamento de Santa Cruz, existen nuevos polos de deforestación como el departamento de Pando, sobre todo en zonas productoras de castaña. Además, la tala de bosques avanzó en los márgenes de la carretera Chapare-Yapacani, en Cobija, Guayanamerín, Riberalta y Puerto Suárez.
Los principales responsables de la deforestación y de los desmontes ilegales en Bolivia no son los colonos o los pequeños productores, sino los grandes emprendimientos agroindustriales. Prueba de ello es que el 1% de los casos de desmonte representaron el 40% de la superficie deforestada en 2007, según datos de la Unidad de Control de Desmonte e incendio forestal de la Superintendencia Forestal.
Comineza el ciclo nacional de ferias agrícolas, SENA
Achocalla primer escenario de ferias agroecológicas
SENA
La plaza Señor de Mayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz fue escenario de la primera feria de alimentos orgánicos cultivados en pequeña escala, dando inicio a un ciclo nacional de ferias agroecológicas en los nueve departamentos del país con el objetivo de fomentar el intercambio entre pequeños productores campesinos y consumidores sin intermediarios, y promocionar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos ecológicos.
Achocalla es un valle alto situado a pocos kilómetros de la sede de gobierno, donde se produce aproximadamente el 20% de las verduras que se consumen en las ciudades de La Paz y El Alto.
La Asociación de Fruticulturas y Productoras de Hortalizas de Achocalla (AFLOPHA) y la Asociación de Carpas Solares de Hortalizas de Achocalla (ACSHA) cultivan rábano, zanahoria, nabo, acelga y apio, entre otros productos.
“Me llamó la atención ver un valle cerca de El Alto, donde se cultivan productos ecológicos en pequeña escala, con el esfuerzo de las hermanas productoras y el interés del Alcalde”, destacó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo en la inauguración de la feria “Bio Achocalla”, en la que participaron la Nuez Amazónica, AFLOPHA, Flor de Leche y chocolates CEIBO, entre otros expositores.
La feria agroecológica fue organizada por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), con el apoyo del municipio de la región y del gobierno nacional. La AOPEB es la principal impulsora de la Ley 3525 que regula y promociona la producción agropecuaria y forestal y no maderable ecológica en el país.
Los agricultores de Achocalla riegan sus cultivos con agua de vertiente y realizan un control orgánico de plagas, destacó Carmen Sotomayor, gerente de AOPEB. El municipio de Achocalla, en coordinación con AOPEB, está desarrollando un sistema de Certificación Participativa que permitirá al consumidor paceño identificar los productos ecológicos de la región.
“Como municipio estamos apoyando a los productores y productoras ecológicas, además pronto tendremos un camino asfaltado hacia Achocalla que permitirá a los paceños llegar en 15 minutos a estos centros de producción”, informó el Alcalde de Achocalla Carlos Torrez. “El propósito es convertir a Achocalla en un municipio ecológico”, agregó Sotomayor.
“Producimos lechuga, rabanito, acelga y apio para vender en El Alto, y también consumimos mucha ensalada”, comentó orgullosa Nieves Mamani, quien hace cuatro años se dedica a la producción de hortalizas. “Necesitamos el apoyo de las autoridades para vender nuestros productos directamente a los consumidores”, dijo la representante de AFLOPHA “Ajjawir Imilla”, Teodora Quispe.
No es conveniente producir alimentos lejos de los centros de consumo y tampoco comercializarlos a través intermediarios: “Ganamos mucho más cuando el consumidor se traslada a las zonas productoras y obtiene productos frescos, ahorra en precios y fomenta la relación directa productor consumidor”, aseguró la integrante de AOPEB María Julia.
La ministra Achacollo anunció que los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud y Desarrollo Rural y Tierras trabajarán de manera conjunta en la promoción de los valores nutritivos de los productos ecológicos para que la gente “poco a poco deje de consumir productos que dañan su salud”.
“Nuestro compromiso es promover la producción de alimentos orgánicos y ecológicos para que la población coma productos sanos, nutritivos y netamente orgánicos”, dijo la ministra Achacollo y se comprometió a apoyar a los pequeños productores a través de las unidades descentralizadas del Ministerio a su cargo.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras dispone de ocho millones de dólares para financiar programas y proyectos de pequeños productores en municipios y prefecturas con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.
Según Achacollo, se instalarán ferias estatales permanentes en las nueve capitales de departamentos, en ciudades intermedias y en localidades fronterizas, en alianza con prefecturas y municipios, en el marco de las políticas nacionales destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la seguridad y la soberanía alimentaria de la población es uno de los objetivos prioritarios de la forma de organización económica estatal (Artículo 309); es una acción prioritaria de la política de desarrollo rural integral sustentable (Artículos 405 y 407), y es uno de los principios que rigen la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales (Artículo 255).
La Ministra Achacollo reconoció que es obligación del Estado fortalecer a las asociaciones productivas ya existentes; rearticular a comunidades de tierras altas y bajas; buscar la complementariedad entre estructuras agropecuarias tradicionales y agroindustriales, y desarrollar el mercado interno con la creación de un sistema de información de precios, márgenes de intermediación, proveedores, servicios financieros, insumos, demanda, oferta, compras estatales, tecnología, formación, oportunidades de trabajo y de inversión.
El potencial de la agricultura en pequeña escala
Hasta hace poco se creía que las pequeñas fincas familiares eran improductivas en comparación con los cultivos agroindustriales a gran escala. Sin embargo, decenas de investigaciones y estudios científicos recientes demuestran que las pequeñas unidades productivas son menos depredadoras y más rentables que los monocultivos a gran escala, porque utilizan de manera más eficiente la tierra, el agua, la biodiversidad y otros recursos agrícolas.
El Informe Evaluación Internacional 2009 del Papel del Conocimiento, Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), elaborado por más de 400 expertos de 15 países, concluye que las granjas pequeñas son las más adecuadas para aliviar el hambre en el mundo y garantizar el desarrollo sostenible.
La pequeña producción agroecológica usa compost u otras materias orgánicas (estiércol, abonos verdes, cultivos de cobertura) en lugar de fertilizantes químicos; realiza controles biológicos de plagas, evitando pesticidas químicos; practica la “cosecha” de agua para conservar la humedad del suelo y prevenir la erosión y lixiviación de nutrientes; y cultiva una variedad amplia de especies adaptadas al clima local en agroecosistemas diversificados menos vulnerables a los eventos climáticos extremos.
El Estado Plurinacional de Bolivia y la política de desarrollo rural integral sustentable protegen, fortalecen y fomentan la economía familiar y comunitaria de pequeños productores agropecuarios como alternativas solidarias y recíprocas en el área rural y urbana para que contribuyan al desarrollo económico y social del país. (Artículos 334, 255 y 311, 405 y 406 de la CPE)
El Estado Plurinacional reconoce, respeta, protege, fortalece y promueve la forma de organización económica comunitaria que comprende sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos. (Artículos 47 y 307)
La nueva Constitución manda apoyar a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento; y les otorga preferencias en las compras del Estado. (Artículos 255, 334 y 336)
La pequeña agricultura campesina e indígena comunitaria sustenta varios proyectos de industrialización, comercialización y encadenamientos productivos previstos en el Plan quinquenal de desarrollo agrícola del gobierno boliviano, todos ellos diseñados para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y la producción agroecológica.
El gobierno diseña un Plan de Fomento a la Producción Ecológica/orgánica para asistir a iniciativas productivas mediante varios programas destinados a concretar todas las políticas, estrategias y acciones en pos de la seguridad y soberanía alimentaria.
El programa CRIAR (Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales) fomenta la producción de alimentos para consumo local; el programa EMPODERAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario) desarrolla capacidades productivas agropecuarias, agroforestales y otras; y el Programa Alimentación y Nutrición Escolar busca efectivizar el Derecho Humano a la Alimentación en zonas urbanas, periurbanas y rurales pobres.
SENA
La plaza Señor de Mayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz fue escenario de la primera feria de alimentos orgánicos cultivados en pequeña escala, dando inicio a un ciclo nacional de ferias agroecológicas en los nueve departamentos del país con el objetivo de fomentar el intercambio entre pequeños productores campesinos y consumidores sin intermediarios, y promocionar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos ecológicos.
Achocalla es un valle alto situado a pocos kilómetros de la sede de gobierno, donde se produce aproximadamente el 20% de las verduras que se consumen en las ciudades de La Paz y El Alto.
La Asociación de Fruticulturas y Productoras de Hortalizas de Achocalla (AFLOPHA) y la Asociación de Carpas Solares de Hortalizas de Achocalla (ACSHA) cultivan rábano, zanahoria, nabo, acelga y apio, entre otros productos.
“Me llamó la atención ver un valle cerca de El Alto, donde se cultivan productos ecológicos en pequeña escala, con el esfuerzo de las hermanas productoras y el interés del Alcalde”, destacó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo en la inauguración de la feria “Bio Achocalla”, en la que participaron la Nuez Amazónica, AFLOPHA, Flor de Leche y chocolates CEIBO, entre otros expositores.
La feria agroecológica fue organizada por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), con el apoyo del municipio de la región y del gobierno nacional. La AOPEB es la principal impulsora de la Ley 3525 que regula y promociona la producción agropecuaria y forestal y no maderable ecológica en el país.
Los agricultores de Achocalla riegan sus cultivos con agua de vertiente y realizan un control orgánico de plagas, destacó Carmen Sotomayor, gerente de AOPEB. El municipio de Achocalla, en coordinación con AOPEB, está desarrollando un sistema de Certificación Participativa que permitirá al consumidor paceño identificar los productos ecológicos de la región.
“Como municipio estamos apoyando a los productores y productoras ecológicas, además pronto tendremos un camino asfaltado hacia Achocalla que permitirá a los paceños llegar en 15 minutos a estos centros de producción”, informó el Alcalde de Achocalla Carlos Torrez. “El propósito es convertir a Achocalla en un municipio ecológico”, agregó Sotomayor.
“Producimos lechuga, rabanito, acelga y apio para vender en El Alto, y también consumimos mucha ensalada”, comentó orgullosa Nieves Mamani, quien hace cuatro años se dedica a la producción de hortalizas. “Necesitamos el apoyo de las autoridades para vender nuestros productos directamente a los consumidores”, dijo la representante de AFLOPHA “Ajjawir Imilla”, Teodora Quispe.
No es conveniente producir alimentos lejos de los centros de consumo y tampoco comercializarlos a través intermediarios: “Ganamos mucho más cuando el consumidor se traslada a las zonas productoras y obtiene productos frescos, ahorra en precios y fomenta la relación directa productor consumidor”, aseguró la integrante de AOPEB María Julia.
La ministra Achacollo anunció que los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud y Desarrollo Rural y Tierras trabajarán de manera conjunta en la promoción de los valores nutritivos de los productos ecológicos para que la gente “poco a poco deje de consumir productos que dañan su salud”.
“Nuestro compromiso es promover la producción de alimentos orgánicos y ecológicos para que la población coma productos sanos, nutritivos y netamente orgánicos”, dijo la ministra Achacollo y se comprometió a apoyar a los pequeños productores a través de las unidades descentralizadas del Ministerio a su cargo.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras dispone de ocho millones de dólares para financiar programas y proyectos de pequeños productores en municipios y prefecturas con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.
Según Achacollo, se instalarán ferias estatales permanentes en las nueve capitales de departamentos, en ciudades intermedias y en localidades fronterizas, en alianza con prefecturas y municipios, en el marco de las políticas nacionales destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la seguridad y la soberanía alimentaria de la población es uno de los objetivos prioritarios de la forma de organización económica estatal (Artículo 309); es una acción prioritaria de la política de desarrollo rural integral sustentable (Artículos 405 y 407), y es uno de los principios que rigen la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales (Artículo 255).
La Ministra Achacollo reconoció que es obligación del Estado fortalecer a las asociaciones productivas ya existentes; rearticular a comunidades de tierras altas y bajas; buscar la complementariedad entre estructuras agropecuarias tradicionales y agroindustriales, y desarrollar el mercado interno con la creación de un sistema de información de precios, márgenes de intermediación, proveedores, servicios financieros, insumos, demanda, oferta, compras estatales, tecnología, formación, oportunidades de trabajo y de inversión.
El potencial de la agricultura en pequeña escala
Hasta hace poco se creía que las pequeñas fincas familiares eran improductivas en comparación con los cultivos agroindustriales a gran escala. Sin embargo, decenas de investigaciones y estudios científicos recientes demuestran que las pequeñas unidades productivas son menos depredadoras y más rentables que los monocultivos a gran escala, porque utilizan de manera más eficiente la tierra, el agua, la biodiversidad y otros recursos agrícolas.
El Informe Evaluación Internacional 2009 del Papel del Conocimiento, Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), elaborado por más de 400 expertos de 15 países, concluye que las granjas pequeñas son las más adecuadas para aliviar el hambre en el mundo y garantizar el desarrollo sostenible.
La pequeña producción agroecológica usa compost u otras materias orgánicas (estiércol, abonos verdes, cultivos de cobertura) en lugar de fertilizantes químicos; realiza controles biológicos de plagas, evitando pesticidas químicos; practica la “cosecha” de agua para conservar la humedad del suelo y prevenir la erosión y lixiviación de nutrientes; y cultiva una variedad amplia de especies adaptadas al clima local en agroecosistemas diversificados menos vulnerables a los eventos climáticos extremos.
El Estado Plurinacional de Bolivia y la política de desarrollo rural integral sustentable protegen, fortalecen y fomentan la economía familiar y comunitaria de pequeños productores agropecuarios como alternativas solidarias y recíprocas en el área rural y urbana para que contribuyan al desarrollo económico y social del país. (Artículos 334, 255 y 311, 405 y 406 de la CPE)
El Estado Plurinacional reconoce, respeta, protege, fortalece y promueve la forma de organización económica comunitaria que comprende sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos. (Artículos 47 y 307)
La nueva Constitución manda apoyar a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento; y les otorga preferencias en las compras del Estado. (Artículos 255, 334 y 336)
La pequeña agricultura campesina e indígena comunitaria sustenta varios proyectos de industrialización, comercialización y encadenamientos productivos previstos en el Plan quinquenal de desarrollo agrícola del gobierno boliviano, todos ellos diseñados para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y la producción agroecológica.
El gobierno diseña un Plan de Fomento a la Producción Ecológica/orgánica para asistir a iniciativas productivas mediante varios programas destinados a concretar todas las políticas, estrategias y acciones en pos de la seguridad y soberanía alimentaria.
El programa CRIAR (Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales) fomenta la producción de alimentos para consumo local; el programa EMPODERAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario) desarrolla capacidades productivas agropecuarias, agroforestales y otras; y el Programa Alimentación y Nutrición Escolar busca efectivizar el Derecho Humano a la Alimentación en zonas urbanas, periurbanas y rurales pobres.
28 de marzo de 2010
El país se farrea su potencialidad forestal
EL país se farrea su potencialidad forestal
Por: Gonzalo Jordán Lora
La falta de aire comienza a agobiar más que el intenso calor. El humo oscuro de las hierbas se extiende varios kilómetros. Los pájaros huyen despavoridos, no les queda otra opción salvo la de abandonar a sus pichones que se abrasan en el fuego. Mientras se alejan, lloran sin lágrimas. El resto de los animales no tiene tanta suerte. Un pequeño bulto se enreda entre el pecho y cuello de un mono capuchino hembra, la madre salta de una rama hacia otra, trata de escapar, no quiere que su cría sufra, las llamas se dispersan, el calor aumenta, ya no hay dónde huir, al final, los dos mueren asfixiados. A pocos metros, los restos de un jochi calcinado yacen entre las cenizas, sus pequeñas crías, arrimadas al cuerpo de su madre, también perecen. En cuestión de pocas horas, lo que antes era un frondoso bosque, el hogar de cientos de miles de insectos, animales y árboles se convierte en un cementerio color ceniza. Pronto albergará nuevos residentes: vacas, toros, gallinas, productos agrícolas, seres humanos.
En la década de los noventa, la deforestación de bosques primarios en Bolivia estaba en el orden de las 170 mil hectáreas por año, una cifra que ya era bastante elevada. Veinte años después, en 2008, la destrucción de los bosques ha superado las 350 mil hectáreas anualmente, convirtiendo al país en el tercer mayor “deforestador” de bosques tropicales. Por donde se le vea, la tasa de crecimiento anual de la población (2,5 por ciento) es incapaz de justificar este bestial aumento.
Impactos de la deforestación
Rudy Guzmán, ingeniero forestal, advierte que son varios los peligros inmersos en la deforestación. En primer lugar, se encuentra la pérdida de biodiversidad. Bolivia se encuentra entre los 13 países con mayor biodiversidad del planeta. El peso de los países en los diferentes debates internacionales depende de diversos factores, generalmente económicos, políticos y militares. Como en ningún otro aspecto, la biodiversidad coloca al país en una situación muy favorable al momento de tratar temas medioambientales. Por ejemplo, en cumbres como la del Cambio Climático puede ejercer una presión mucho mayor que otros países más avanzados como Chile, pero menos diversos. Si no se toma medidas serias, la depredación puede anular este gran privilegio, que implica también una gran responsabilidad.
Como su nombre etimológico lo indica, la biodiversidad está directamente relacionada con la vida, no sólo en términos de fauna y flora, sino también humana. En la última conferencia mundial sobre la diversidad biológica, el subdirector General de la FAO, Alexander Müller, resaltó la importancia de la biodiversidad para afrontar la “peor crisis alimentaria de la historia moderna” y, al mismo tiempo, advirtió de los peligros que actualmente padece el medio ambiente.
Según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la mayor parte de los alimentos del mundo proceden únicamente de doce cultivos y catorce especies animales. En este sentido, restan muchas variedades de cultivos que podrían ampliar la dotación alimenticia. Sin embargo, se estima que en el último siglo se han perdido alrededor de las tres cuartas partes de la diversidad genética de las variedades de cultivos agrícolas, y que cientos de las 7.000 especies animales registradas están amenazados de extinción. A medida que disminuye la biodiversidad de cultivos y animales, el suministro de alimentos se vuelve más vulnerable e insostenible. “La erosión de la biodiversidad para la agricultura y la alimentación pone gravemente en peligro la seguridad alimentaria mundial”, señala un informe de la agencia de la ONU.
El Calentamiento global constituye otro de los peligros de la deforestación. De acuerdo con datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCC), el cambio de uso de suelos es responsable del 20 por ciento de la generación de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En Bolivia, el 75 por ciento del total de los gases son emitidos a causa de la deforestación. Además de esta emisión, el cambio de uso de suelos impide la reabsorción de dióxido de carbono (CO2), principal causante del calentamiento global; recuérdese que las hojas de las plantas son las únicas que absorben esta molécula.
Guzmán señala a las alteraciones hidrológicas como otra de las repercusiones importantes. A medida que los árboles son talados, los cursos de agua, al igual que los cauces, se diluyen, agudizando las sequías durante las épocas secas. En época de lluvia, ocurre el efecto contrario. “Los bosques encausan naturalmente a los ríos, en este sentido, la deforestación provoca inundaciones y aumenta la erosión de los suelos. Bolivia pierde inmensas cantidades de tierra fértil que se desliza hacia los ríos por efecto de las inundaciones”.
Según estudios de impacto realizados luego de riadas e inundaciones de intensidad media, se constató que en tierras bajas del oriente las pérdidas ascienden al 55 por ciento de la producción. Durante el 2008, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que las inundaciones provocadas por “La Niña”, causaron pérdidas estimadas en 200 millones de dólares.
Causas de la deforestación
Varios elementos favorecen la destrucción de los bosques. De acuerdo con el ingeniero ambiental Gonzalo Lora, la ampliación de la frontera agrícola para plantaciones agroindustriales, principalmente de soya y caña de azúcar, llevada a cabo por grandes propietarios, constituye el principal responsable de la deforestación en Bolivia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente la superficie cultivada de soya se incrementó de 200 mil hectáreas en 1991, a más de un millón durante el 2008, como consecuencia del marcado apoyo gubernamental hacia estos productos, en desmedro de la agricultura campesina.
Rudy Guzmán señala otros elementos vinculados con la inseguridad jurídica que han agudizado esta situación. “El cumplimiento de la Ley INRA a partir de 1997 ha generado fuertes presiones para el cambio de uso de suelos”. Siguiendo la consigna abanderada por la revolución agraria de 1952 (la tierra es de quien la trabaja), artículos de la Ley establecen que las grandes extensiones de tierra que no cumplan con la función económica social (FES) serán revertidas a favor del Estado. Erróneamente, la conservación de los bosques no es considerada como una función económica social.
En una edición anterior de Pulso (N° 541), se señalaba que el capital natural, entendido como los recursos naturales (bosques, suelos fértiles, cursos de agua, etc.) y los servicios ambientales que producen los ecosistemas (funciones de absorción y dilución de contaminantes, mantenimiento de la composición de la atmósfera, control de inundaciones, entre otros) han sido asumidos como inagotables, y por tanto soslayados dentro de los balances empresariales. Entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria han incurrido en la misma carencia, error que puede resultar demasiado caro. En efecto, para justificar la función económica social, no sólo grandes propietarios, sino también medianos optan continuamente por deforestar y cambiar el uso de los suelos.
Al respecto, Alicia Tejada Soruco, directora de la Cámara Social en el Consejo de Certificación Forestal de Bolivia y responsable de la implementación del Régimen Forestal en las tierras comunitarias de origen (TCO), señala que los problemas de destrucción de los bosques en Bolivia no ocurren por la falta leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales. “Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie aún se ha atrevido a erradicar. Se ha institucionalizado una práctica basada en el cumplimiento de requisitos legales, que contravienen todo principio de conservación de los bosques del país”.
Para Soruco, el gran déficit de institucionalidad forestal ha sumergido al país en una peligrosa falta de valoración política estratégica de los bosques. “Grandes extensiones de tierra se han legalizado en Bolivia, precisamente utilizando el criterio de superficie deforestada. La deforestación se resuelve (institucionaliza y legitima) con la multa que calcula la deforestación en metros cúbicos de madera, no en el valor del bosque, medida que consecuentemente se ha constituido en incentivo tanto para la deforestación, como para la ocupación ilegal de la tierra”.
Tanto Soruco como Guzmán coinciden en señalar que la debilidad y la falta de institucionalidad de las entidades nacionales encargadas de fiscalizar el sector, específicamente la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), contribuye a esta lógica destructiva. Guzmán señala que se observa una clara debilidad en la actual ABT en los procesos de control, regulación y fiscalización a las actividades forestales, y que en la medida en que no haya una gestión efectiva para la conservación de los bosques, la deforestación va continuar. Soruco es aún más crítica: “La ABT nació débil, nació violando normas elementales de institucionalidad, como la propia Ley Forestal, que supuestamente debe hacer cumplir en materia administrativa; ignoró la necesidad de un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal y los derechos indígenas incluidos. Los nuevos ‘requisitos’ para acceder al aprovechamiento forestal, so pretexto de la eficiencia, constituyen hoy la carretera, muy bien asfaltada, por donde transitan la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad, del brazo con los poderes locales”.
Soruco señala que no solamente los dirigentes se aprovechan indiscriminadamente de los bosques, sino también los gobiernos autónomos que en teoría defienden los recursos naturales. “Hay que decir que la ABT es hoy una institución muy débil y vapuleada por poderosos dirigentes que se dicen ‘propietarios’ de los bosques de Bolivia. Hay casos en los que hasta se realiza cobros de ‘regalías’ para los dirigentes. Por otra parte, miembros del proyecto autonomista, a niveles departamentales y provinciales, no han dejado de tomar por asalto los bosques so pretexto del perjuicio del Gobierno central al desarrollo. Erróneo concepto porque éstos son patrimonio de la humanidad”.
Concesiones forestales
Actualmente existen 69 concesiones forestales entregadas a empresas madereras, con una superficie promedio de 67.000 hectáreas, y 24 concesiones para Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) con una superficie promedio de 27.000 hectáreas. Estas concesiones generan posiciones a favor y en contra. De acuerdo con Guzmán, permitieron en cierta medida frenar el proceso de deforestación, a partir de su implementación en 1996.
“Las concesiones permitieron mantener la presencia de las empresas en el bosque, sirviendo así como un freno al proceso de deforestación y generando cambios sustanciales en el aprovechamiento forestal. El sistema de concesiones facilitó la administración del bosque, especialmente en lo referente al pago de los derechos forestales. Asimismo, permitió una mayor seguridad jurídica a las empresas al entregarles derechos por 40 años, renovables de forma indefinida, sujeto a la aprobación de auditorías forestales cada cinco años”.
A inicios de los noventa, se produjo en Europa un movimiento conservacionista que boicoteó el comercio y la compra de madera proveniente de los trópicos. Años después, se establecieron certificados con indicadores y criterios de sustentabilidad para la compra de madera. Guzmán asegura que esta certificación internacional desempeñó un papel importante para la consolidación de prácticas de buen manejo forestal, y que Bolivia, a partir de 2007, se constituyó en uno de los principales proveedores de madera certificada, gracias al manejo de las concesiones.
“Si bien el tema de las grandes concesiones con grandes superficies ha generado fuertes críticas, este sistema es una de las formas de poner un límite al avance de la frontera agrícola, prueba de ello es que Brasil está asumiendo todo un programa de concesiones en tierras fiscales similar con buenos resultados”. Soruco sostiene que si bien a la Cámara Nacional Forestal le interesa de manera directa su conservación, muchas concesiones no son aprovechadas sustentablemente: “Conozco empresas forestales ‘limpias’ que procesan madera proveniente de mercados ilegales y entonces fomentan la cadena de destrucción de lo que se supone su patrimonio principal”.
Independientemente de la función de las concesiones, Guzmán afirma que si deseamos conservar la valiosa biodiversidad de nuestros los bosques, el agua dulce, y en general las condiciones que pueden asegurar el desarrollo de las siguientes generaciones y el disfrute de la naturaleza, se debe encarar un modelo sistémico capaz de cumplir con las recomendaciones señaladas en los Planes de Uso de Suelos de los departamentos que tienen una cobertura boscosa, con el apoyo de los diferentes actores, como el sistema financiero que actualmente provee recursos para la explotación ilegal de madera.
Un negocio desaprovechado
La riqueza biológica de los bosques bolivianos es enorme. Aproximadamente el 44 por ciento de los bosques de Bolivia son ecosistemas extensos e intactos que se encuentran fuera del alcance de la creciente frontera de uso humano intenso, aunque el 97 por ciento de este bosque está amenazado. Diferentes estudios alertan que los bosques nacionales están desapareciendo aceleradamente por causa de la agricultura, quema para la subsistencia, ganadería a gran escala y tala ilegal. Una misión de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) que visitó Bolivia en 1996 estimó que los bosques de tierras bajas poseían un potencial de oferta anual sostenible de 24 millones de metros cúbicos de maderas tropicales. En este sentido, la producción sostenible de madera representa una de las mejores opciones, no solamente para promover el desarrollo de su región, sino también para conservar su riqueza forestal, por medio de prácticas sostenibles de extracción y reforestación.
Por: Gonzalo Jordán Lora
La falta de aire comienza a agobiar más que el intenso calor. El humo oscuro de las hierbas se extiende varios kilómetros. Los pájaros huyen despavoridos, no les queda otra opción salvo la de abandonar a sus pichones que se abrasan en el fuego. Mientras se alejan, lloran sin lágrimas. El resto de los animales no tiene tanta suerte. Un pequeño bulto se enreda entre el pecho y cuello de un mono capuchino hembra, la madre salta de una rama hacia otra, trata de escapar, no quiere que su cría sufra, las llamas se dispersan, el calor aumenta, ya no hay dónde huir, al final, los dos mueren asfixiados. A pocos metros, los restos de un jochi calcinado yacen entre las cenizas, sus pequeñas crías, arrimadas al cuerpo de su madre, también perecen. En cuestión de pocas horas, lo que antes era un frondoso bosque, el hogar de cientos de miles de insectos, animales y árboles se convierte en un cementerio color ceniza. Pronto albergará nuevos residentes: vacas, toros, gallinas, productos agrícolas, seres humanos.
En la década de los noventa, la deforestación de bosques primarios en Bolivia estaba en el orden de las 170 mil hectáreas por año, una cifra que ya era bastante elevada. Veinte años después, en 2008, la destrucción de los bosques ha superado las 350 mil hectáreas anualmente, convirtiendo al país en el tercer mayor “deforestador” de bosques tropicales. Por donde se le vea, la tasa de crecimiento anual de la población (2,5 por ciento) es incapaz de justificar este bestial aumento.
Impactos de la deforestación
Rudy Guzmán, ingeniero forestal, advierte que son varios los peligros inmersos en la deforestación. En primer lugar, se encuentra la pérdida de biodiversidad. Bolivia se encuentra entre los 13 países con mayor biodiversidad del planeta. El peso de los países en los diferentes debates internacionales depende de diversos factores, generalmente económicos, políticos y militares. Como en ningún otro aspecto, la biodiversidad coloca al país en una situación muy favorable al momento de tratar temas medioambientales. Por ejemplo, en cumbres como la del Cambio Climático puede ejercer una presión mucho mayor que otros países más avanzados como Chile, pero menos diversos. Si no se toma medidas serias, la depredación puede anular este gran privilegio, que implica también una gran responsabilidad.
Como su nombre etimológico lo indica, la biodiversidad está directamente relacionada con la vida, no sólo en términos de fauna y flora, sino también humana. En la última conferencia mundial sobre la diversidad biológica, el subdirector General de la FAO, Alexander Müller, resaltó la importancia de la biodiversidad para afrontar la “peor crisis alimentaria de la historia moderna” y, al mismo tiempo, advirtió de los peligros que actualmente padece el medio ambiente.
Según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la mayor parte de los alimentos del mundo proceden únicamente de doce cultivos y catorce especies animales. En este sentido, restan muchas variedades de cultivos que podrían ampliar la dotación alimenticia. Sin embargo, se estima que en el último siglo se han perdido alrededor de las tres cuartas partes de la diversidad genética de las variedades de cultivos agrícolas, y que cientos de las 7.000 especies animales registradas están amenazados de extinción. A medida que disminuye la biodiversidad de cultivos y animales, el suministro de alimentos se vuelve más vulnerable e insostenible. “La erosión de la biodiversidad para la agricultura y la alimentación pone gravemente en peligro la seguridad alimentaria mundial”, señala un informe de la agencia de la ONU.
El Calentamiento global constituye otro de los peligros de la deforestación. De acuerdo con datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCC), el cambio de uso de suelos es responsable del 20 por ciento de la generación de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En Bolivia, el 75 por ciento del total de los gases son emitidos a causa de la deforestación. Además de esta emisión, el cambio de uso de suelos impide la reabsorción de dióxido de carbono (CO2), principal causante del calentamiento global; recuérdese que las hojas de las plantas son las únicas que absorben esta molécula.
Guzmán señala a las alteraciones hidrológicas como otra de las repercusiones importantes. A medida que los árboles son talados, los cursos de agua, al igual que los cauces, se diluyen, agudizando las sequías durante las épocas secas. En época de lluvia, ocurre el efecto contrario. “Los bosques encausan naturalmente a los ríos, en este sentido, la deforestación provoca inundaciones y aumenta la erosión de los suelos. Bolivia pierde inmensas cantidades de tierra fértil que se desliza hacia los ríos por efecto de las inundaciones”.
Según estudios de impacto realizados luego de riadas e inundaciones de intensidad media, se constató que en tierras bajas del oriente las pérdidas ascienden al 55 por ciento de la producción. Durante el 2008, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que las inundaciones provocadas por “La Niña”, causaron pérdidas estimadas en 200 millones de dólares.
Causas de la deforestación
Varios elementos favorecen la destrucción de los bosques. De acuerdo con el ingeniero ambiental Gonzalo Lora, la ampliación de la frontera agrícola para plantaciones agroindustriales, principalmente de soya y caña de azúcar, llevada a cabo por grandes propietarios, constituye el principal responsable de la deforestación en Bolivia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente la superficie cultivada de soya se incrementó de 200 mil hectáreas en 1991, a más de un millón durante el 2008, como consecuencia del marcado apoyo gubernamental hacia estos productos, en desmedro de la agricultura campesina.
Rudy Guzmán señala otros elementos vinculados con la inseguridad jurídica que han agudizado esta situación. “El cumplimiento de la Ley INRA a partir de 1997 ha generado fuertes presiones para el cambio de uso de suelos”. Siguiendo la consigna abanderada por la revolución agraria de 1952 (la tierra es de quien la trabaja), artículos de la Ley establecen que las grandes extensiones de tierra que no cumplan con la función económica social (FES) serán revertidas a favor del Estado. Erróneamente, la conservación de los bosques no es considerada como una función económica social.
En una edición anterior de Pulso (N° 541), se señalaba que el capital natural, entendido como los recursos naturales (bosques, suelos fértiles, cursos de agua, etc.) y los servicios ambientales que producen los ecosistemas (funciones de absorción y dilución de contaminantes, mantenimiento de la composición de la atmósfera, control de inundaciones, entre otros) han sido asumidos como inagotables, y por tanto soslayados dentro de los balances empresariales. Entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria han incurrido en la misma carencia, error que puede resultar demasiado caro. En efecto, para justificar la función económica social, no sólo grandes propietarios, sino también medianos optan continuamente por deforestar y cambiar el uso de los suelos.
Al respecto, Alicia Tejada Soruco, directora de la Cámara Social en el Consejo de Certificación Forestal de Bolivia y responsable de la implementación del Régimen Forestal en las tierras comunitarias de origen (TCO), señala que los problemas de destrucción de los bosques en Bolivia no ocurren por la falta leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales. “Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie aún se ha atrevido a erradicar. Se ha institucionalizado una práctica basada en el cumplimiento de requisitos legales, que contravienen todo principio de conservación de los bosques del país”.
Para Soruco, el gran déficit de institucionalidad forestal ha sumergido al país en una peligrosa falta de valoración política estratégica de los bosques. “Grandes extensiones de tierra se han legalizado en Bolivia, precisamente utilizando el criterio de superficie deforestada. La deforestación se resuelve (institucionaliza y legitima) con la multa que calcula la deforestación en metros cúbicos de madera, no en el valor del bosque, medida que consecuentemente se ha constituido en incentivo tanto para la deforestación, como para la ocupación ilegal de la tierra”.
Tanto Soruco como Guzmán coinciden en señalar que la debilidad y la falta de institucionalidad de las entidades nacionales encargadas de fiscalizar el sector, específicamente la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), contribuye a esta lógica destructiva. Guzmán señala que se observa una clara debilidad en la actual ABT en los procesos de control, regulación y fiscalización a las actividades forestales, y que en la medida en que no haya una gestión efectiva para la conservación de los bosques, la deforestación va continuar. Soruco es aún más crítica: “La ABT nació débil, nació violando normas elementales de institucionalidad, como la propia Ley Forestal, que supuestamente debe hacer cumplir en materia administrativa; ignoró la necesidad de un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal y los derechos indígenas incluidos. Los nuevos ‘requisitos’ para acceder al aprovechamiento forestal, so pretexto de la eficiencia, constituyen hoy la carretera, muy bien asfaltada, por donde transitan la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad, del brazo con los poderes locales”.
Soruco señala que no solamente los dirigentes se aprovechan indiscriminadamente de los bosques, sino también los gobiernos autónomos que en teoría defienden los recursos naturales. “Hay que decir que la ABT es hoy una institución muy débil y vapuleada por poderosos dirigentes que se dicen ‘propietarios’ de los bosques de Bolivia. Hay casos en los que hasta se realiza cobros de ‘regalías’ para los dirigentes. Por otra parte, miembros del proyecto autonomista, a niveles departamentales y provinciales, no han dejado de tomar por asalto los bosques so pretexto del perjuicio del Gobierno central al desarrollo. Erróneo concepto porque éstos son patrimonio de la humanidad”.
Concesiones forestales
Actualmente existen 69 concesiones forestales entregadas a empresas madereras, con una superficie promedio de 67.000 hectáreas, y 24 concesiones para Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) con una superficie promedio de 27.000 hectáreas. Estas concesiones generan posiciones a favor y en contra. De acuerdo con Guzmán, permitieron en cierta medida frenar el proceso de deforestación, a partir de su implementación en 1996.
“Las concesiones permitieron mantener la presencia de las empresas en el bosque, sirviendo así como un freno al proceso de deforestación y generando cambios sustanciales en el aprovechamiento forestal. El sistema de concesiones facilitó la administración del bosque, especialmente en lo referente al pago de los derechos forestales. Asimismo, permitió una mayor seguridad jurídica a las empresas al entregarles derechos por 40 años, renovables de forma indefinida, sujeto a la aprobación de auditorías forestales cada cinco años”.
A inicios de los noventa, se produjo en Europa un movimiento conservacionista que boicoteó el comercio y la compra de madera proveniente de los trópicos. Años después, se establecieron certificados con indicadores y criterios de sustentabilidad para la compra de madera. Guzmán asegura que esta certificación internacional desempeñó un papel importante para la consolidación de prácticas de buen manejo forestal, y que Bolivia, a partir de 2007, se constituyó en uno de los principales proveedores de madera certificada, gracias al manejo de las concesiones.
“Si bien el tema de las grandes concesiones con grandes superficies ha generado fuertes críticas, este sistema es una de las formas de poner un límite al avance de la frontera agrícola, prueba de ello es que Brasil está asumiendo todo un programa de concesiones en tierras fiscales similar con buenos resultados”. Soruco sostiene que si bien a la Cámara Nacional Forestal le interesa de manera directa su conservación, muchas concesiones no son aprovechadas sustentablemente: “Conozco empresas forestales ‘limpias’ que procesan madera proveniente de mercados ilegales y entonces fomentan la cadena de destrucción de lo que se supone su patrimonio principal”.
Independientemente de la función de las concesiones, Guzmán afirma que si deseamos conservar la valiosa biodiversidad de nuestros los bosques, el agua dulce, y en general las condiciones que pueden asegurar el desarrollo de las siguientes generaciones y el disfrute de la naturaleza, se debe encarar un modelo sistémico capaz de cumplir con las recomendaciones señaladas en los Planes de Uso de Suelos de los departamentos que tienen una cobertura boscosa, con el apoyo de los diferentes actores, como el sistema financiero que actualmente provee recursos para la explotación ilegal de madera.
Un negocio desaprovechado
La riqueza biológica de los bosques bolivianos es enorme. Aproximadamente el 44 por ciento de los bosques de Bolivia son ecosistemas extensos e intactos que se encuentran fuera del alcance de la creciente frontera de uso humano intenso, aunque el 97 por ciento de este bosque está amenazado. Diferentes estudios alertan que los bosques nacionales están desapareciendo aceleradamente por causa de la agricultura, quema para la subsistencia, ganadería a gran escala y tala ilegal. Una misión de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) que visitó Bolivia en 1996 estimó que los bosques de tierras bajas poseían un potencial de oferta anual sostenible de 24 millones de metros cúbicos de maderas tropicales. En este sentido, la producción sostenible de madera representa una de las mejores opciones, no solamente para promover el desarrollo de su región, sino también para conservar su riqueza forestal, por medio de prácticas sostenibles de extracción y reforestación.
27 de marzo de 2010
Hay gobierno en los bosques de bolivia?
¿Hay gobierno en los bosques de Bolivia?
(Por: Alicia Tejada Soruco)*1
Desde el año dos mil tres la institucionalidad forestal en Bolivia fue víctima de interinatos, experimentos descentralizadores y de la improvisación de expertos de la forestería social. Desde entonces los índices de desmonte aumentaron en cien mil hectáreas por año, cifra que no expresa las pérdidas cuantiosas de vida y culturas que habitan los bosques.
El pasado año se enterraron definitivamente los vestigios de la Super Intendencia Forestal para dar paso a la pomposa Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT: nada se ha hecho aún para justificar a tal autoridad. De otro lado la ilegalidad forestal se campeó en las narices de las prefecturas y de la mano de sus protegidos.
Se conoce que la destrucción de los bosques en Bolivia, no ocurre por la falta de mejores leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales: Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie se ha atrevido a erradicar. La ABT, que heredo sus Autoridades de interinatos y negociaciones partidarias, ha ido por el mismo camino; en materia administrativa ignoró la necesidad de un gobierno de los bosques; un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal en Bolivia y más de medio centenar de leyes, convenios y tratados internacionales.
Desde los años 60 los bosques fueron el botín de los poderes estatales y de las redes de corrupción locales y la historia no cambió: Los “requisitos” para acceder hoy al aprovechamiento forestal son el pasaporte a la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad. Lejos están los conceptos de mercados regulados por los gobiernos, que valoren, e incorporen en los precios, la reciprocidad, la complementariedad, el conocimiento del bosque, la cultura, los símbolos, las instituciones indígenas; atributos que hacen a los pueblos que viven en los bosques comunitarios.
Gestión Comunitaria se reduce hoy a un conteo de árboles maderables que individuos intocables venden a nombre de comunidades inexistentes o de las que nunca serán beneficiarias de sus negociados. Las Auditorias, Audiencias, Registros de Contratos con Privados en TCO quedaron sin efecto; el Estado “reparte” los bosques, no los administra. ¿Dónde queda la Forestería Comunitaria y la relación jurídica entre Estado y usuarios del bosque cuando el límite se ha diluido hasta perderse la distinción entre uno y otro? ¿De qué control social se habla sin mecanismos administrativos y formales para el ejercicio del mismo?
Si acaso el manto sagrado de la madre tierra alcanza a los bosques de este país, esperemos que el Presidente de los Bolivian@s, institucionalice el gobierno de los bosques tanto a niveles estatales como en las organizaciones indígenas y campesinas y con responsabilidad legal sobre el patrimonio que los bolivian@s y la humanidad entera hemos depositado en sus manos.ATS-Guarayos-2010
(Por: Alicia Tejada Soruco)*1
Desde el año dos mil tres la institucionalidad forestal en Bolivia fue víctima de interinatos, experimentos descentralizadores y de la improvisación de expertos de la forestería social. Desde entonces los índices de desmonte aumentaron en cien mil hectáreas por año, cifra que no expresa las pérdidas cuantiosas de vida y culturas que habitan los bosques.
El pasado año se enterraron definitivamente los vestigios de la Super Intendencia Forestal para dar paso a la pomposa Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT: nada se ha hecho aún para justificar a tal autoridad. De otro lado la ilegalidad forestal se campeó en las narices de las prefecturas y de la mano de sus protegidos.
Se conoce que la destrucción de los bosques en Bolivia, no ocurre por la falta de mejores leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales: Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie se ha atrevido a erradicar. La ABT, que heredo sus Autoridades de interinatos y negociaciones partidarias, ha ido por el mismo camino; en materia administrativa ignoró la necesidad de un gobierno de los bosques; un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal en Bolivia y más de medio centenar de leyes, convenios y tratados internacionales.
Desde los años 60 los bosques fueron el botín de los poderes estatales y de las redes de corrupción locales y la historia no cambió: Los “requisitos” para acceder hoy al aprovechamiento forestal son el pasaporte a la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad. Lejos están los conceptos de mercados regulados por los gobiernos, que valoren, e incorporen en los precios, la reciprocidad, la complementariedad, el conocimiento del bosque, la cultura, los símbolos, las instituciones indígenas; atributos que hacen a los pueblos que viven en los bosques comunitarios.
Gestión Comunitaria se reduce hoy a un conteo de árboles maderables que individuos intocables venden a nombre de comunidades inexistentes o de las que nunca serán beneficiarias de sus negociados. Las Auditorias, Audiencias, Registros de Contratos con Privados en TCO quedaron sin efecto; el Estado “reparte” los bosques, no los administra. ¿Dónde queda la Forestería Comunitaria y la relación jurídica entre Estado y usuarios del bosque cuando el límite se ha diluido hasta perderse la distinción entre uno y otro? ¿De qué control social se habla sin mecanismos administrativos y formales para el ejercicio del mismo?
Si acaso el manto sagrado de la madre tierra alcanza a los bosques de este país, esperemos que el Presidente de los Bolivian@s, institucionalice el gobierno de los bosques tanto a niveles estatales como en las organizaciones indígenas y campesinas y con responsabilidad legal sobre el patrimonio que los bolivian@s y la humanidad entera hemos depositado en sus manos.ATS-Guarayos-2010
26 de marzo de 2010
la ley en los bosques de bolivia
¿Quién paga la Cuenta?
(De la ausencia de ley en los bosques)
Por: Alicia Tejada Soruco (Licy)
La democracia representativa; ésta que estrenamos en la actual década; la de los referéndums, las iniciativas ciudadanas; la de las elecciones directas y por separado, de gobernadores, asambleístas alcaldes, concejales y hasta de jueces nos exige un estado de madurez social que supere la campaña y las buenas intenciones y que abarque ámbitos de relación jurídica con el Estado.
Los niveles de corrupción que atraparon a la institucionalidad pública, nunca fueron un tema de individuos aislados: La corrupción está relacionada con los incentivos institucionales y sociales que alientan redes de blanqueo de ilícitas actividades. La corrupción ocurre también gracias a la indiferencia y o complicidad, frente a corruptos y a corruptores.
En esta línea, la institucionalidad es un tema de ciudadanía; lo es también la que atañe a los bosques en Bolivia
Desde el año 2003 quedó pendiente la institucionalización de la regulación de bosques que, de acuerdo a ley, debió ocurrir, a través del Senado, y elevando una terna al Presidente para que éste designe a la autoridad de los bosques en Bolivia. No fue así. El Senado anterior, negoció tal obligatoriedad legal.
Este relajamiento de normas e instituciones, ha determinado que el rol del Estado se reduzca a resultados basados en superficie de tierras forestales repartidas y no en la institucionalización de la responsabilidad administrativa sobre la conservación de un patrimonio de tanto valor para la humanidad:
Hoy en día, Muchos dirigentes campesinos, indígenas u originarios aún otorgan “certificaciones forestales” (hecho ilegal si no está basado en el derecho a la consulta) y proponen y definen designaciones de funcionarios sin más criterio que el del dirigente de turno: Ninguna Ley, o principio democrático, respaldan este procedimiento que libera al gobierno de responsabilidad, y por tanto es corrupción someterse al mismo y también admitirlo sin mas.
No se han realizado las auditorias ni las audiencias forestales que manda la ley. Antes de iniciar un proceso de discusión de nuevas normas se debe poner fin a las autorizaciones de aprovechamiento en áreas críticas, de permanente violación a normas de conservación, que se legalizan.
Diariamente se instalan aserraderos, de precaria tecnología y mínima inversión que migran, de una provincia a otra, una vez extinguen el valor económico de los bosques; éstos no resisten una evaluación de sus programas de abastecimiento de materia prima, menos de eficiencia en la transformación; sus niveles de rendimiento son mínimos.
Este es un tema de democracia y de ciudadanía que se origina en la ausencia de institucionalidad y de apego a la ley. Hay un gran déficit de interés por los bienes colectivos. La cuenta de la ineficiencia y de la corrupción en el manejo y conservación en las selvas de Bolivia, la pagamos todos.
(De la ausencia de ley en los bosques)
Por: Alicia Tejada Soruco (Licy)
La democracia representativa; ésta que estrenamos en la actual década; la de los referéndums, las iniciativas ciudadanas; la de las elecciones directas y por separado, de gobernadores, asambleístas alcaldes, concejales y hasta de jueces nos exige un estado de madurez social que supere la campaña y las buenas intenciones y que abarque ámbitos de relación jurídica con el Estado.
Los niveles de corrupción que atraparon a la institucionalidad pública, nunca fueron un tema de individuos aislados: La corrupción está relacionada con los incentivos institucionales y sociales que alientan redes de blanqueo de ilícitas actividades. La corrupción ocurre también gracias a la indiferencia y o complicidad, frente a corruptos y a corruptores.
En esta línea, la institucionalidad es un tema de ciudadanía; lo es también la que atañe a los bosques en Bolivia
Desde el año 2003 quedó pendiente la institucionalización de la regulación de bosques que, de acuerdo a ley, debió ocurrir, a través del Senado, y elevando una terna al Presidente para que éste designe a la autoridad de los bosques en Bolivia. No fue así. El Senado anterior, negoció tal obligatoriedad legal.
Este relajamiento de normas e instituciones, ha determinado que el rol del Estado se reduzca a resultados basados en superficie de tierras forestales repartidas y no en la institucionalización de la responsabilidad administrativa sobre la conservación de un patrimonio de tanto valor para la humanidad:
Hoy en día, Muchos dirigentes campesinos, indígenas u originarios aún otorgan “certificaciones forestales” (hecho ilegal si no está basado en el derecho a la consulta) y proponen y definen designaciones de funcionarios sin más criterio que el del dirigente de turno: Ninguna Ley, o principio democrático, respaldan este procedimiento que libera al gobierno de responsabilidad, y por tanto es corrupción someterse al mismo y también admitirlo sin mas.
No se han realizado las auditorias ni las audiencias forestales que manda la ley. Antes de iniciar un proceso de discusión de nuevas normas se debe poner fin a las autorizaciones de aprovechamiento en áreas críticas, de permanente violación a normas de conservación, que se legalizan.
Diariamente se instalan aserraderos, de precaria tecnología y mínima inversión que migran, de una provincia a otra, una vez extinguen el valor económico de los bosques; éstos no resisten una evaluación de sus programas de abastecimiento de materia prima, menos de eficiencia en la transformación; sus niveles de rendimiento son mínimos.
Este es un tema de democracia y de ciudadanía que se origina en la ausencia de institucionalidad y de apego a la ley. Hay un gran déficit de interés por los bienes colectivos. La cuenta de la ineficiencia y de la corrupción en el manejo y conservación en las selvas de Bolivia, la pagamos todos.
Se rifa la madre tierra en las elecciones municipales
Se rifa la madre tierra en la oferta electoral.-
Reportaje: Alicia Tejada Soruco, Ascensión de Guarayos
El ruido de las campañas y referéndums que abarcaron los últimos cuatro años, tienen ahora en los pueblos vida propia: Con sus personajes locales y problemas cotidianos y con la recurrencia de idénticas promesas, el cuatro de abril Guarayos elegirá a sus alcaldes. Las caravanas de cinco diferentes tiendas partidarias elevan a su paso el polvo rojizo de las calles, y los vehículos que las componen, algunos cuestan hasta sesenta mil dólares, marcan los contrastes entre los pueblos que tienen que morir para que el “progreso” nazca..
Personajes políticos conduciendo sus 4X4; gigantescos “banner” que reemplazan a los afiches tamaño oficio de otrora; shows en los que se despliegan fuegos artificiales, danzas, rifas de ovinos, alcohol y promesas de igualdad, convocan a multitudes; a esas multitudes pequeñas de los pueblos chicos, alrededor de la plaza. Hay fiesta en el pueblo mientras que en los bosques se cierne la amenaza de la muerte; las moto sierras no han dejado de rugir, ni se han detenido un solo instante los gigantescos engranajes en su tarea de echar abajo la “Casa Grande” de los Gwarayú.
De seis candidaturas, dos únicamente no han incorporado a los llamados “madereros”, “pirateros” o “consultores forestales” en franja de seguridad o como alcaldes. Esto también es una repetición de la misma historia sobre los poderes locales vinculados a capacidades económicas y a la tierra en oferta. Nada en política es diferente hoy.
En los últimos cincuenta años el sector maderero en Guarayos, se encargó de la extracción de la mara, el cedro y de otras especies valiosas hasta extinguirlas en su valor económico; incentivo de la debilidad estatal del ex CDF, que le dio al sector la posibilidad de capitalizarse e industrializarse. Las condiciones de intervención del bosque, después de medio siglo, continúan siendo las mismas aunque multiplicadas en número: Aserraderos, moto sierras, skyders; máximos exponentes de la intervención primaria, continúan como los dinosaurios del siglo XXI, sin una sola industria forestal instalada.
Hay treinta aserraderos registrados en la provincia Guarayos. Una inspección realizada el mes de marzo del presente año a 16 de éstos con la finalidad de recabar sus registros de abastecimiento de materia prima del año 2009, dio como resultado que, los 16, han cometido irregularidades por la que la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) les ha impuesto multas que ya han sido impugnadas por los infractores locales.
La ausencia de políticas sectoriales de valoración del bosque y de prevención sobre los efectos del mercado informal ante recursos de extraordinaria plus-valía en éste, ha derivado la última década no solo en una presión mayor sobre otras especies de madera sino en el avance de la frontera agrícola sobre tierras forestales: La ABT en Guarayos encara también hoy 38 sumarios administrativos por desmontes ilegales que en el año 2009 ascendieron a 27000 hectáreas, superficie que se suma a las 45.000 hectáreas acumuladas en las pasadas gestiones. Frente a ello, el Estado sólo se limita a multar y a “defenderse” de los procesos de quienes incurren en ilegalidad forestal. El reino del procedimiento alambicado en los bosques de Guarayos se ha instaurado. La capacidad de prevención y fiscalización es casi nula.
Para Rudy Guzmán, actual ejecutivo de CADEFOR y autor de estudios sobre bosques en Bolivia, la incapacidad de detener estos atentados contra los bosques de Guarayos desde instituciones estatales, tiene varias causas y una de ellas es la vocación recaudadora de la ABT: “El desmonte y el correspondiente pago
de una patente que lave y purifique el pecado y la infracción que implica el
cambio de uso de suelo, se ha exacerbado, por tanto, cuanto más desmonte, más
posibilidades de recaudación, más posibilidades y más sencillas formas de
obtención de madera a través de aprobaciones de exagerados e inexistentes
volúmenes de madera, más posibilidades de emisiones de CFO como cheques en
blanco que pueden ser comercializados en el mercado negro para legalizar
madera proveniente de otros lugares no autorizados, etc.”, argumenta Guzmán.
El Régimen forestal de la Nación que se diseñó durante casi una década de consultas con todos los actores y movimientos sociales de las Tierras Bajas de Bolivia (1990-1997), dio por sentado que por los bosques ya transitaba y transitaría el mercado y para prevenir sus distorsiones incorporó algunos mecanismos preventivos y de control, incluyendo los referidos a la aplicación de los derechos indígenas y al derecho administrativo evitando así se diluya la responsabilidad por el control.
Uno de los mecanismos de control en el bosque son los CFO; (certificados Forestales de Origen): Quienes poseen áreas de aprovechamiento forestal otorgadas por el Estado los utilizan para registrar y así demostrar al Estado (a todos nosotros) qué madera, en qué volúmenes, y en qué estado están extrayendo. Estos registros son firmados por los ingenieros forestales del país, que tienen la fe pública, otorgada a través de la ley 1700. La no utilización o la falsedad en la utilización de estos se entiende entonces como un procedimiento que atenta contra la conservación de los bosques de Guarayos porque nos impide conocer lo que está pasando al interior de los mismos.
Para Guzmán los CFO cumplieron su ciclo hace un
buen tiempo porque la ilegalidad no descansa y ha buscado la forma de
vulnerar esta herramienta, explica: “Hay otras herramientas que han sido desarrolladas
en otras partes del mundo porque la extracción ilegal de madera no es
únicamente patrimonio boliviano, esta en todas partes. Para ello, el uso de
código de barras para hacer el seguimiento o trazabilidad de las trozas,
amarrado a códigos específicos del área geo referenciada autorizada, es una de las opciones”
Según el Ingeniero Franklin Caro, responsable de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras, (ABT) en Guarayos, toda la confianza de esta institución se basa en la fe pública otorgada a los ingenieros forestales que ejercen dicha profesión en el área: “A ellos el Estado les ha confiado esta responsabilidad y en su firma que ponen en ese Registro (CFO), tenemos el mandato legal de confiar”, aseguró.
Madereros de la zona que solicitaron mantener su nombre en reserva nos aseguraron que una visita a las operaciones forestales de manejo indígena y elegidas al azar daría como resultado que en el 70% de éstas no ocurre aprovechamiento forestal por lo que los certificados forestales de origen (CFO), firmados por los ingenieros forestales y propietarios del área, se estarían vendiendo, para extraer madera de otros lugares, no autorizados o para desmontes ilegales, incluso fuera de Guarayos. Esta información no fue confirmada ni desmentida por el responsable de la ABT en Guarayos quien argumentó la duda explicando que no se han realizado inspecciones de campo, ni a las comunidades de estas áreas para confirmarlo, debido a la falta de presupuesto y de personal de un área tan crítica como la que le cabe gestionar. “Los procesos nos pisan y apenas tenemos un abogado en Santa Cruz”, afirmó como ejemplo de ello.
El negocio de venta de CFO ya no es tan bueno, nos relató un joven vinculado a la actividad en Guarayos, hasta hace dos años los vendían a $us 800 pero desde que los indígenas manejan CFO, los regalan, relató. Este supuesto implica que, aún con el bajo precio actual de los CFO, ($us 200 a $us 400), cualquier individuo que posea autorización de manejo forestal o desmonte, si tiene la posibilidad de acceder a 100 CFO, sin moverse de su escritorio y sin mover un solo hombre para custodiar el bosque bajo su responsabilidad, habrá obtenido ingresos que oscilan entre 20000 y 40000 dólares americanos.
“Mas de 4400 Certificados Forestales de Origen (CFO),
herramientas de control forestal que respaldan el transporte de madera en
troza y aserrada fueron entregados a cargo de instrumentos de gestión
forestal o planes de manejo aprobados por la ABT, la mayoría para
superficies relativamente pequeñas pero que reportan entre 25 y 50 m3 de
madera extraíble/ha. Volúmenes absurdos, niveles de extracción impensables
para los bosques de Bolivia, pero aprobados por la institución encargada de
los bosques. Dichos CFOs fueron emitidos en dos meses, es decir noviembre y
diciembre (mas de 270 mm de precipitación en los dos meses) del año pasado,
durante un periodo de mucha lluvia donde la extracción y transporte de
trozas es extremamente limitada. Entonces, lo primero que hay que hacer es
una investigación profunda a los funcionarios que aprueban este tipo de
instrumentos con esos volúmenes irreales de extracción, porque de ahí parte
el problema., aseguró Ruddy Guzmán
Ovidio Roca Ávila, quien fuera responsable del Desarrollo Institucional de la extinta superintendencia forestal de Bolivia coincide con señalar que existen señales preocupantes de que la informalidad paga bien pero analiza también otra dimensión: “El problema central hoy es el ambiente de inseguridad que se ha creado, Manejo requiere seguridad en el largo plazo, treinta o cuarenta años al menos, y si eso no se da, no es posible invertir en manejo (…) Ellos, primero no tienen seguridad para sus concesiones forestales y segundo no necesitan demostrar manejo como antes para que les compren su madera, existe un mercado informal, chino y otros, que no les interesa el manejo, ni la certificación, el resto de los compradores formales han disminuido radicalmente su demanda, opinó Roca.
El responsable de la ABT, afirma que “Los indígenas son considerados por sus superiores como el pilar de la conservación de los bosques en Guarayos”. Sin embargo para éstos “Los bosques de Guarayos se han convertido en un espacio habitado por otros actores: Veinticuatro horas al día entran y salen de allí, cientos de “motosierristas”, maquinistas, camiones, “comercializadores” según afirmó el profesor Severiano Abacai, presidente de la CEPIG quien junto a Ambrosio Yaboo, presidente de la CCC además concluyó en que la única solución posible ahora es suspender todas las autorizaciones de manejo forestal indígena en la TCO, puesto que a los que menos benefician éstas es precisamente a ese sector. Sobre otro de los pilares en los que se basó el régimen forestal de la Nación, la empresa, Roca reflexiona que, frente a la inseguridad, seguramente muchos empresarios también se ven obligados a participar en el mercado informal para recuperar sus inversiones, antes que otros entren y “pirateen” sus concesiones.
Lo cierto es que se consideren o no pilares del régimen ambos actores, hay también un área de más de un millón de hectáreas de bosques otorgadas a éstos y con operaciones basadas en la fe pública de sus ingenieros forestales, éstos últimos sin sanción ejemplarizadora alguna, a pesar de tantas y probadas irregularidades.
Doña Trinidad Vaca, dirigente de la federación de Trabajadores Campesinos complementa la expresión de un malestar generalizado en todos los sectores vinculados al área forestal afirmando que los trabajadores de campo de los madereros nunca tuvieron ninguna protección laboral ni seguro contra accidentes; “ellos son jornaleros, moto sierristas y chóferes, aquí no hay empresa forestal que les asegure mejores condiciones ni de los Karai ni de los indígenas, y además algunos trabajadores son muy jóvenes, 13 o 14 años, y se auto explotan y aturden con alcohol y con sus rostros hinchadas por la coca que les introducen hasta con un ítem que cobra como “vicio” en las comunidades, afirmó Vaca..
Como contraparte, una nueva generación de comerciantes forestales (de madera, de CEFO, de prestación de servicios con maquinarias, de consultoras forestales), en menos de cinco años de “ejercicio honesto de sus cargos”, tienen casas, vehículos, maquinaria y hasta propiedades ganaderas con valores económicos que exceden en cientos de miles a sus ingresos normales.
El 4 de abril se elegirán a las “autoridades” de Guarayos. La autoridad deviene del cumplimiento a la ley es un principio que no parece estar claro para muchos de quienes participan en estos nuevos comicios y en estas tierras. Líderes del cambio Departamentales y nacionales, de todos los colores políticos eligen precisamente como sus pares locales a los que puedan “pagarse” una campaña a costa de la destrucción de los bosques y la cuenta la pagamos los bolivianos y la humanidad toda. ATS,marzo 2010,Guarayos, Bolivia.-
Reportaje: Alicia Tejada Soruco, Ascensión de Guarayos
El ruido de las campañas y referéndums que abarcaron los últimos cuatro años, tienen ahora en los pueblos vida propia: Con sus personajes locales y problemas cotidianos y con la recurrencia de idénticas promesas, el cuatro de abril Guarayos elegirá a sus alcaldes. Las caravanas de cinco diferentes tiendas partidarias elevan a su paso el polvo rojizo de las calles, y los vehículos que las componen, algunos cuestan hasta sesenta mil dólares, marcan los contrastes entre los pueblos que tienen que morir para que el “progreso” nazca..
Personajes políticos conduciendo sus 4X4; gigantescos “banner” que reemplazan a los afiches tamaño oficio de otrora; shows en los que se despliegan fuegos artificiales, danzas, rifas de ovinos, alcohol y promesas de igualdad, convocan a multitudes; a esas multitudes pequeñas de los pueblos chicos, alrededor de la plaza. Hay fiesta en el pueblo mientras que en los bosques se cierne la amenaza de la muerte; las moto sierras no han dejado de rugir, ni se han detenido un solo instante los gigantescos engranajes en su tarea de echar abajo la “Casa Grande” de los Gwarayú.
De seis candidaturas, dos únicamente no han incorporado a los llamados “madereros”, “pirateros” o “consultores forestales” en franja de seguridad o como alcaldes. Esto también es una repetición de la misma historia sobre los poderes locales vinculados a capacidades económicas y a la tierra en oferta. Nada en política es diferente hoy.
En los últimos cincuenta años el sector maderero en Guarayos, se encargó de la extracción de la mara, el cedro y de otras especies valiosas hasta extinguirlas en su valor económico; incentivo de la debilidad estatal del ex CDF, que le dio al sector la posibilidad de capitalizarse e industrializarse. Las condiciones de intervención del bosque, después de medio siglo, continúan siendo las mismas aunque multiplicadas en número: Aserraderos, moto sierras, skyders; máximos exponentes de la intervención primaria, continúan como los dinosaurios del siglo XXI, sin una sola industria forestal instalada.
Hay treinta aserraderos registrados en la provincia Guarayos. Una inspección realizada el mes de marzo del presente año a 16 de éstos con la finalidad de recabar sus registros de abastecimiento de materia prima del año 2009, dio como resultado que, los 16, han cometido irregularidades por la que la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) les ha impuesto multas que ya han sido impugnadas por los infractores locales.
La ausencia de políticas sectoriales de valoración del bosque y de prevención sobre los efectos del mercado informal ante recursos de extraordinaria plus-valía en éste, ha derivado la última década no solo en una presión mayor sobre otras especies de madera sino en el avance de la frontera agrícola sobre tierras forestales: La ABT en Guarayos encara también hoy 38 sumarios administrativos por desmontes ilegales que en el año 2009 ascendieron a 27000 hectáreas, superficie que se suma a las 45.000 hectáreas acumuladas en las pasadas gestiones. Frente a ello, el Estado sólo se limita a multar y a “defenderse” de los procesos de quienes incurren en ilegalidad forestal. El reino del procedimiento alambicado en los bosques de Guarayos se ha instaurado. La capacidad de prevención y fiscalización es casi nula.
Para Rudy Guzmán, actual ejecutivo de CADEFOR y autor de estudios sobre bosques en Bolivia, la incapacidad de detener estos atentados contra los bosques de Guarayos desde instituciones estatales, tiene varias causas y una de ellas es la vocación recaudadora de la ABT: “El desmonte y el correspondiente pago
de una patente que lave y purifique el pecado y la infracción que implica el
cambio de uso de suelo, se ha exacerbado, por tanto, cuanto más desmonte, más
posibilidades de recaudación, más posibilidades y más sencillas formas de
obtención de madera a través de aprobaciones de exagerados e inexistentes
volúmenes de madera, más posibilidades de emisiones de CFO como cheques en
blanco que pueden ser comercializados en el mercado negro para legalizar
madera proveniente de otros lugares no autorizados, etc.”, argumenta Guzmán.
El Régimen forestal de la Nación que se diseñó durante casi una década de consultas con todos los actores y movimientos sociales de las Tierras Bajas de Bolivia (1990-1997), dio por sentado que por los bosques ya transitaba y transitaría el mercado y para prevenir sus distorsiones incorporó algunos mecanismos preventivos y de control, incluyendo los referidos a la aplicación de los derechos indígenas y al derecho administrativo evitando así se diluya la responsabilidad por el control.
Uno de los mecanismos de control en el bosque son los CFO; (certificados Forestales de Origen): Quienes poseen áreas de aprovechamiento forestal otorgadas por el Estado los utilizan para registrar y así demostrar al Estado (a todos nosotros) qué madera, en qué volúmenes, y en qué estado están extrayendo. Estos registros son firmados por los ingenieros forestales del país, que tienen la fe pública, otorgada a través de la ley 1700. La no utilización o la falsedad en la utilización de estos se entiende entonces como un procedimiento que atenta contra la conservación de los bosques de Guarayos porque nos impide conocer lo que está pasando al interior de los mismos.
Para Guzmán los CFO cumplieron su ciclo hace un
buen tiempo porque la ilegalidad no descansa y ha buscado la forma de
vulnerar esta herramienta, explica: “Hay otras herramientas que han sido desarrolladas
en otras partes del mundo porque la extracción ilegal de madera no es
únicamente patrimonio boliviano, esta en todas partes. Para ello, el uso de
código de barras para hacer el seguimiento o trazabilidad de las trozas,
amarrado a códigos específicos del área geo referenciada autorizada, es una de las opciones”
Según el Ingeniero Franklin Caro, responsable de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras, (ABT) en Guarayos, toda la confianza de esta institución se basa en la fe pública otorgada a los ingenieros forestales que ejercen dicha profesión en el área: “A ellos el Estado les ha confiado esta responsabilidad y en su firma que ponen en ese Registro (CFO), tenemos el mandato legal de confiar”, aseguró.
Madereros de la zona que solicitaron mantener su nombre en reserva nos aseguraron que una visita a las operaciones forestales de manejo indígena y elegidas al azar daría como resultado que en el 70% de éstas no ocurre aprovechamiento forestal por lo que los certificados forestales de origen (CFO), firmados por los ingenieros forestales y propietarios del área, se estarían vendiendo, para extraer madera de otros lugares, no autorizados o para desmontes ilegales, incluso fuera de Guarayos. Esta información no fue confirmada ni desmentida por el responsable de la ABT en Guarayos quien argumentó la duda explicando que no se han realizado inspecciones de campo, ni a las comunidades de estas áreas para confirmarlo, debido a la falta de presupuesto y de personal de un área tan crítica como la que le cabe gestionar. “Los procesos nos pisan y apenas tenemos un abogado en Santa Cruz”, afirmó como ejemplo de ello.
El negocio de venta de CFO ya no es tan bueno, nos relató un joven vinculado a la actividad en Guarayos, hasta hace dos años los vendían a $us 800 pero desde que los indígenas manejan CFO, los regalan, relató. Este supuesto implica que, aún con el bajo precio actual de los CFO, ($us 200 a $us 400), cualquier individuo que posea autorización de manejo forestal o desmonte, si tiene la posibilidad de acceder a 100 CFO, sin moverse de su escritorio y sin mover un solo hombre para custodiar el bosque bajo su responsabilidad, habrá obtenido ingresos que oscilan entre 20000 y 40000 dólares americanos.
“Mas de 4400 Certificados Forestales de Origen (CFO),
herramientas de control forestal que respaldan el transporte de madera en
troza y aserrada fueron entregados a cargo de instrumentos de gestión
forestal o planes de manejo aprobados por la ABT, la mayoría para
superficies relativamente pequeñas pero que reportan entre 25 y 50 m3 de
madera extraíble/ha. Volúmenes absurdos, niveles de extracción impensables
para los bosques de Bolivia, pero aprobados por la institución encargada de
los bosques. Dichos CFOs fueron emitidos en dos meses, es decir noviembre y
diciembre (mas de 270 mm de precipitación en los dos meses) del año pasado,
durante un periodo de mucha lluvia donde la extracción y transporte de
trozas es extremamente limitada. Entonces, lo primero que hay que hacer es
una investigación profunda a los funcionarios que aprueban este tipo de
instrumentos con esos volúmenes irreales de extracción, porque de ahí parte
el problema., aseguró Ruddy Guzmán
Ovidio Roca Ávila, quien fuera responsable del Desarrollo Institucional de la extinta superintendencia forestal de Bolivia coincide con señalar que existen señales preocupantes de que la informalidad paga bien pero analiza también otra dimensión: “El problema central hoy es el ambiente de inseguridad que se ha creado, Manejo requiere seguridad en el largo plazo, treinta o cuarenta años al menos, y si eso no se da, no es posible invertir en manejo (…) Ellos, primero no tienen seguridad para sus concesiones forestales y segundo no necesitan demostrar manejo como antes para que les compren su madera, existe un mercado informal, chino y otros, que no les interesa el manejo, ni la certificación, el resto de los compradores formales han disminuido radicalmente su demanda, opinó Roca.
El responsable de la ABT, afirma que “Los indígenas son considerados por sus superiores como el pilar de la conservación de los bosques en Guarayos”. Sin embargo para éstos “Los bosques de Guarayos se han convertido en un espacio habitado por otros actores: Veinticuatro horas al día entran y salen de allí, cientos de “motosierristas”, maquinistas, camiones, “comercializadores” según afirmó el profesor Severiano Abacai, presidente de la CEPIG quien junto a Ambrosio Yaboo, presidente de la CCC además concluyó en que la única solución posible ahora es suspender todas las autorizaciones de manejo forestal indígena en la TCO, puesto que a los que menos benefician éstas es precisamente a ese sector. Sobre otro de los pilares en los que se basó el régimen forestal de la Nación, la empresa, Roca reflexiona que, frente a la inseguridad, seguramente muchos empresarios también se ven obligados a participar en el mercado informal para recuperar sus inversiones, antes que otros entren y “pirateen” sus concesiones.
Lo cierto es que se consideren o no pilares del régimen ambos actores, hay también un área de más de un millón de hectáreas de bosques otorgadas a éstos y con operaciones basadas en la fe pública de sus ingenieros forestales, éstos últimos sin sanción ejemplarizadora alguna, a pesar de tantas y probadas irregularidades.
Doña Trinidad Vaca, dirigente de la federación de Trabajadores Campesinos complementa la expresión de un malestar generalizado en todos los sectores vinculados al área forestal afirmando que los trabajadores de campo de los madereros nunca tuvieron ninguna protección laboral ni seguro contra accidentes; “ellos son jornaleros, moto sierristas y chóferes, aquí no hay empresa forestal que les asegure mejores condiciones ni de los Karai ni de los indígenas, y además algunos trabajadores son muy jóvenes, 13 o 14 años, y se auto explotan y aturden con alcohol y con sus rostros hinchadas por la coca que les introducen hasta con un ítem que cobra como “vicio” en las comunidades, afirmó Vaca..
Como contraparte, una nueva generación de comerciantes forestales (de madera, de CEFO, de prestación de servicios con maquinarias, de consultoras forestales), en menos de cinco años de “ejercicio honesto de sus cargos”, tienen casas, vehículos, maquinaria y hasta propiedades ganaderas con valores económicos que exceden en cientos de miles a sus ingresos normales.
El 4 de abril se elegirán a las “autoridades” de Guarayos. La autoridad deviene del cumplimiento a la ley es un principio que no parece estar claro para muchos de quienes participan en estos nuevos comicios y en estas tierras. Líderes del cambio Departamentales y nacionales, de todos los colores políticos eligen precisamente como sus pares locales a los que puedan “pagarse” una campaña a costa de la destrucción de los bosques y la cuenta la pagamos los bolivianos y la humanidad toda. ATS,marzo 2010,Guarayos, Bolivia.-
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