Parque Santa Cruz siglo XXI

San Aurelio: Parque Santa Cruz Siglo XXI

Por: Alicia Tejada Soruco

Todas las ciudades que se precian de ilustradas valoran y constituyen, como bienes comunes, sus “espacios abiertos” o Parques Naturales; concebidos éstos como centros urbanos inapreciables, por su valor paisajístico, recreacional, cultural, ambiental, social.

Nosotros los cruceños: casi dos millones; con un parque industrial; una laguna de oxidación, un vertedero de desechos, unas calles convertidas en áreas avasalladas por el comercio informal; y un parque automotor que nadie puede ordenar ni controlar, compartimos los efectos de ello pero también las responsabilidades. Frente a la visión de ciudad como “recurso”, y no como el espacio de convivencia armónica y civilizada que merecemos, hay mucho que construir y hacer y esto es una tarea conjunta.

Este artículo no tendría sentido si no creyera aún en nuestra capacidad para contrarrestar esos atentados a la vida con bienestar y si no creyera que es posible ser escuchada por los ejecutivos del gobierno municipal que, indudablemente, en esta última gestión, nos han dotado de importantes áreas verdes que reflejan sensibilidad con el ciudadano.

Consecuentemente, antes de que las tierras urbanas (4to Anillo), en las que se ubica el Ingenio Azucarero San Aurelio, se constituyan en el espacio de disputa entre loteadores y constructores, y en la frontera con los intereses comunes de la sociedad, planteo que sean destinadas a la implementación del Parque Santa Cruz Siglo XXI, reflejando con ello lo que nos hemos planteado SER.

Sin violar derecho alguno, el gobierno municipal podría proceder a la expropiación de estos predios. Los ciudadanos tendríamos que admitir el pago de unos pesos más;  de alguna tasa impositiva destinada únicamente a ese fin (o el impuesto a las bebidas, a los cigarros, o el centavo de los cambios que nos devuelven con dulces en los supermercados y otros centros); (Ejemplo: los “open space” que el Concejo Ciudadano decide adquirir cada año, en Boulder, Colorado)

Se trata también de un gran proyecto urbano, alrededor del cual convocarnos y re encontrarnos con renovados referentes para contrarrestar la gradual pérdida de autoestima a la que nos remiten las ciudades caóticas, estridentes e irrespetuosas, producto del distorsionado concepto de desarrollo de unos cuantos irresponsables.

La Santa Cruz del siglo XX tuvo su plan Techint, calles enlosetadas, Comité de Obras Públicas, cooperativas de servicios, etc.. Iniciando el siglo XXI las realidades urbanas son otras. El crecimiento demográfico trae aparejados otros problemas que a su vez se vinculan con la escasez de espacios abiertos y de interés colectivo: Por qué no atrevernos a nuestro “central Park”; con lagos artificiales; arboledas; canchas; equitación, arte; espacios para niños; espacios adaptados y solidarios para los ancianos y los minusválidos, monumental centro cultural, esculturas; anfiteatros para los recitales y eventos culturales de los jóvenes. Por mi parte, creo que es posible.

Alerta Áreas Protegidas neo liberales

Alerta: Las áreas protegidas neoliberales

Por: Alicia Tejada Soruco

Las áreas protegidas son áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas medioambientales. La UICN, define las áreas protegidas como: "Una superficie de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la Biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de medios legales, o de otros medios efectivos.

Carrasco, Sajama, Tunari, Noel Kempff, Amboró, Kaa Iya del Gran Chaco, Madidi, Otuquis, San Matías, Serranía del Aguaragüe, Serranía del Iñao, Isiboro Sécure; Manuripi, El Chore, entre otros: Parques, Reservas; Refugios; Areas protegidas; Reservas forestales; forman parte de nuestro vasto territorio nacional en el que los bolivianos y bolivianas decidimos qué conservar, qué proteger y qué usar.

Bases para una planificación más necesaria que nunca frente a la insoslayable realidad global: La amenaza para la especie humana que constituyen hoy en día los cambios climáticos; la escasez de agua apta para el consumo humano; la calidad de servicios ambientales para la producción agrícola y por tanto para la seguridad alimentaria; datos que la realidad nos reclama tomar en cuenta.

Habíamos felicitado la incorporación de los derechos ambientales para los seres humanos y de los derechos de la madre tierra en la CPE y en las políticas nacionales. Habíamos esperado que el “vivir bien”, planteado desde el indigenismo gubernamental sustente los nuevos paradigmas de desarrollo en el país; sin embargo con preocupación, estamos presenciando el auge extractivo que se promueve, desde la visión “agrarista” y neoliberal-ortodoxa de algunas instancias del gobierno.

La minería, los proyectos IIRSA, el avance de la frontera agrícola; los chaqueos y quemas descontroladas y “fomentadas” por poderosos políticos no se han detenido, y en los últimos meses el decreto 0676 adjudica a la petrolera estatal más de 690 mil hectáreas al interior del parque nacional Madidi; al menos 154 mil hectáreas divididas en cuatro bloques en el área de manejo integrado de Aguaragüe; 100 mil hectáreas en el área de manejo integrado de Iñao, y más de 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure; nos alertan sobre una conducta de enorme distancia entre el discurso (el agua, un derecho humano, la Cumbre de Tiquipaya) y las acciones.

Funcionarios gubernamentales que no trepidan en descalificar cualquier censura y remitirla a la “derecha”, actúan campantes y cómodamente al interior de un discurso de socialismo comunitario sin velar por los derechos de una sola comunidad a la que afectan en la Amazonía y en las  Tierras Bajas de Bolivia, asociados con dirigentes funcionales a estas políticas.

Neoliberalismo no es otra cosa que la política económica con énfasis tecnocrático y macro económico. De qué política estamos hablando en estas medidas? Qué dicen los gobiernos departamentales y municipales?

Rio Piraí contaminado

Auditoría. La Contraloría General del Estado realizó un estudio a la cuenca del principal brazo de agua que atraviesa el área metropolitana. Industria, agro y autoridades, bajo la lupa

Parece que no ha cambiado. Sus aguas turbias atraviesan toda la zona metropolitana y bañan algunas de las tierras más productivas del departamento, pero, en los últimos 11 años, el río Piraí ha perdido su capacidad de recuperarse y su cuenca está contaminada por la ciudad, la industria y, sobre todo, las actividades agropecuarias. A esa conclusión llegó el informe de auditoría ambiental encargado por la Contraloría General del Estado realizada sobre la cuenca del río Piraí en 2010, luego de dos mortandades de peces.

El documento, terminado el 3 de marzo, hace recomendaciones a las alcaldías de la cuenca (La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Colpa Bélgica, Warnes, Montero, Minero y Fernández Alonso) y a la Gobernación para preservar al río, porque, en comparación con un estudio similar realizado en 1999, el Piraí ha perdido capacidad de recuperarse, no ha sido preservado y tiene tendencia al deterioro.

Según expertos consultados por ELDEBER, esto podría traer complicaciones legales para todos los exministros de Medio Ambiente, exprefectos, directores de Medio Ambientes, alcaldes y fiscales que estuvieron en funciones entre 1999 y 2010, y también agrava la situación de las comunidades que viven a orillas de este sistema hídrico (leer columnas de opinión).

El informe alerta sobre el tramo del río que se encuentra a la salida del municipio cruceño, entre la zona de descarga de las lagunas norte de Saguapac y el puente del municipio La Bélgica.

En ese punto, el río pasa de tener una calidad media a una calidad mala, con abundante carga orgánica (coliformes fecales) producto de las descargas de las aguas tratadas por la cooperativa de agua, que pese a que están estabilizadas (bien tratadas) el volumen que descarga al río es tan grande que la convierte en la cuarta y quinta actividad industrial con mayor capacidad de contaminar al Piraí.

En este punto, el río deja de ser clase C, es decir, “aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica”.

Los tres primeros lugares de esta lista corresponden a empresas localizadas en el municipio de Montero. Las empresas Pío Rico y Frigorífico Guabirá, además del criadero de chanchos La Madre, están descargando aguas no tratadas sobre los afluentes Rincón del Naicó y río La Madre, arroyos que desembocan en el Piraí y cuya calidad de agua es mala.

Sin embargo, el impacto industrial sobre el río no es el principal destaque de la auditoría, sino las consecuencias de la actividad agrícola intensiva en la zona.

Pese a que la auditoría pone énfasis en la margen derecha del río (si se toma en cuenta que el río corre de sur a norte), la ocupación de tierra en la actividad agropecuaria es casi total (ver infografía) y ha aumentado hasta un 30% en algunos municipios.

Pese a que la recolección de agua se realizó en época de estiaje (cuando el río tiene su menor caudal, entre agosto y septiembre), los análisis de laboratorio muestran una alta concentración de nitratos producto de la utilización de fertilizantes, pesticidas y herbicidas que terminan en los cuerpos de agua. En el periodo que fue realizado el estudio, esta contaminación no se produjo por escurrimiento, sino por erosión eólica.

Coexistencia. El río Piraí corre al lado de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad con una de las mayores tasas de crecimiento poblacional del país. En la gráfica se ven las lagunas de oxidación de Saguapac

El principal afectado con este problema es el río Chané, que no llega a contaminar al Piraí porque antes de la confluencia hay un curichi que ejerce como filtro natural del Chané absorbiendo el 80% de los agroquímicos.
Cuando la contaminación del hombre, de las industrias y del agro confluye el resultado es un río casi muerto. Eso es lo que sucede con el arroyo Los Sauces, que nace al final del canal Cotoca y forma parte de los afluentes del río Chané, principal tributario del Piraí. Este arroyo tiene aguas calificadas como muy malas, con todos los indicadores fuera de nivel (demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, oxígeno disuelto en el agua, salinidad, residuos, grasas, aceites, etc.).


Hasta Los Sauces llega el agua tratada por Saguapac de las lagunas del Parque Industrial, se cree que hay descargas clandestinas, pero además existe mucha presión de granjas, criaderos de animales y zonas de cultivo que contaminan en exceso el riachuelo.

A eso se suma que el principal método de deposición de excretas de las comunidades aledañas al río sea el pozo ciego, un sistema peligroso y contaminante sobre todo en regiones propensas a inundaciones y que el agua de lavado de enseres termina en el río y sus afluentes.

A todo ello se suma que el Piraí y los cuerpos de agua que forman la subcuenca no están clasificados, por lo que la acción del hombre sobre ellos es menos limitada.

El estudio tiene segunda parte 

Auditoría. En 11 años el río Piraí ha perdido capacidad de recuperación. Tiene un tramo con agua de calidad mala. Casi todos sus afluentes están con calificación de agua mala y muy mala.

Además, al tratarse de un informe público, la Contraloría considera que tanto la Asamblea Plurinacional como la Asamblea Departamental podrían proyectar leyes que protejan de mejor manera a la cuenca del Piraí.

“Como se ve, la Contraloría General del Estado ha ejecutado trabajos que contemplan dos aspectos relativos a la situación del río Piraí: su mejora y la determinación de las responsabilidades del caso. Por supuesto, en el tema de las posibles responsabilidades debe considerarse que es el análisis legal el que determina si existen indicios y el tipo al que correspondieran”, explicó, vía correo electrónico, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas.

Si bien el principal propósito de la auditoría al río Piraí es que sus datos sirvan a una mejor gestión de su cuenca y que se detenga o aminore el impacto del hombre sobre sus aguas, la Subcontraloría de Servicios Legales de la CGE se encuentra analizando sus resultados y, según la Contraloría, una vez que cuente con una opinión legal, preparará un informe de auditoría especial.
Se calcula que esta cuenca alimenta el 60% de los acuíferos de la zona.


Preferimos mirar hacia otro lado

Ricardo Saucedo | Experto en Derecho Ambiental

   Tramo por tramo  


- La Guardia. El río tiene una calidad media (clase C), pero ya llega al municipio sureño con una gran carga de materia orgánica, dada la cantidad de población existente en el municipio precedente, El Torno, y el uso que se da al río.

- Santa Cruz de la Sierra. La Cervecería Boliviana Nacional y las lagunas de Saguapac vierten agua dentro de lo que establece la norma al río, pero el volumen que vuelcan sobre él es tan grande que hacen que la calidad de agua baje de media a mala cuando el Piraí sale de la capital.

- Colpa Bélgica. Recibe el río en malas condiciones. Es una de las comunas que más vigila a su mayor industria, el ingenio La Bélgica, que ya no descarga sus aguas al río.

- Warnes. Su cooperativa de agua (Cosepw) descarga sus aguas tratadas sobre el arroyo Colorado y, pese a que cumple con la norma, afecta en demasía al cuerpo de agua, por su poco caudal.

- Montero. Es el municipio que concentra la mayor cantidad de empresas con problemas ambientales.

- Fernández Alonso. La actividad agrícola carga de nitratos (agroquímicos) al río Chané.


Este es un problema muy serio

Dolly Montaño / Experta en salud pública

Jugar con el planeta

JUGAR CON EL PLANETA

Joseph E. Stiglitz, Ph.D.

Premio Nobel de Economía 2001

Catedrático Universidad de Columbia

Las consecuencias del terremoto de Japón - especialmente la actual crisis en la central nuclear de Fukushima - traen recuerdos sombríos para los observadores de la crisis financiera estadounidense que precipitó la Gran Recesión. Ambos acontecimientos ofrecen duras lecciones sobre los riesgos y sobre lo mal que pueden manejarlos los mercados y las sociedades.

Naturalmente, en cierto sentido no hay comparación entre la tragedia provocada por el terremoto -que ha dejado más de 25.000 personas muertas o desaparecidas- y la crisis financiera, a la que no se puede atribuir un sufrimiento físico tan agudo. Pero cuando se trata de la fusión del reactor nuclear en Fukushima, los dos acontecimientos tienen algo en común.

Los expertos tanto de la industria nuclear como de las finanzas nos aseguraron que la nueva tecnología había eliminado prácticamente el riesgo de una catástrofe. Los hechos demostraron que estaban equivocados: no solo existían los riesgos, sino que sus consecuencias fueron tan grandes que eliminaron fácilmente todos los supuestos beneficios de los sistemas que los líderes de la industria promovían.

Antes de la Gran Recesión, los gurús económicos de EE UU – desde el presidente de la Reserva Federal hasta los gigantes de las finanzas – se jactaban de que habíamos aprendido a dominar los riesgos. Mediante instrumentos financieros innovadores, como los derivados y los credit default swaps (seguros contra el impago de la deuda), se había logrado distribuir el riesgo en toda la economía. Ahora sabemos que no solo engañaron al resto de la sociedad, sino que incluso se engañaron a ellos mismos.

Resultó que estos magos de las finanzas no entendieron las complejidades del riesgo, por no hablar de los peligros que plantean las "distribuciones de cola ancha", un término estadístico que se refiere a situaciones raras que tienen consecuencias enormes, y a las que a veces se llama "cisnes negros". Eventos que supuestamente suceden una vez en un siglo – o incluso una vez en la vida del universo – parecían ocurrir cada diez años. Peor aún, no solo se subestimó enormemente la frecuencia de estos acontecimientos, sino también el daño desmesurado que causarían -más o menos como las fusiones que siguen agobiando a la industria nuclear.

Las investigaciones económicas y psicológicas nos ayudan a entender por qué gestionamos tan mal estos riesgos. Tenemos pocas bases empíricas para juzgar los acontecimientos raros, por lo que es difícil hacer cálculos precisos. En tales circunstancias, no solo empezamos a pensar lo que queremos, sino que puede ser que tengamos pocos incentivos para pensar en absoluto. Por el contrario, cuando los demás cargan con los costes de los errores, los incentivos favorecen el autoengaño. Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar mal el riesgo. En efecto, todo el sector financiero estaba plagado de problemas con las agencias y las externalidades. Las agencias de calificación tenían incentivos para dar buenas calificaciones a los títulos de alto riesgo que producían los bancos de inversión que les pagaban. Los creadores de las hipotecas no cargaban con las consecuencias de su irresponsabilidad, e incluso quienes se dedicaron a dar préstamos abusivos o crearon y comercializaron valores diseñados para perder, lo hicieron de manera que quedaron protegidos de acusaciones civiles y penales.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿están a punto de aparecer otros "cisnes negros"? Desafortunadamente, es probable que algunos de los riesgos realmente grandes a los que nos enfrentamos hoy día ni siquiera sean eventos raros. Lo bueno es que esos riesgos se pueden controlar con poco o ningún coste. Lo malo es que hay una fuerte oposición política para hacerlo, porque hay personas que se benefician del statu quo.

En los últimos años hemos visto dos de los grandes riesgos, pero hemos hecho poco para controlarlos. Según algunas personas, la forma en que se manejó la última crisis puede haber aumentado el riesgo de un colapso financiero en el futuro.

Los bancos demasiado grandes para quebrar y los mercados en los que participan saben ahora que pueden esperar rescates si tienen problemas. Como resultado de este riesgo moral, esos bancos pueden pedir créditos en condiciones favorables, lo que les da una ventaja competitiva que no se basa en un rendimiento superior, sino en la fuerza política. Si bien se han frenado algunos de los excesos que se cometían al asumir riesgos, los préstamos abusivos y las operaciones no reguladas de oscuros derivados extrabursátiles continúan. Las estructuras de incentivos que fomentan la toma de riesgos excesivos se mantienen prácticamente sin ningún cambio.

De la misma forma, mientras que Alemania ha cerrado sus reactores nucleares más viejos, en EE UU y otros lugares incluso las plantas que tienen los mismos defectos de diseño que la de Fukushima siguen operando. La existencia misma de la industria nuclear depende de subsidios públicos ocultos, los costes que paga la sociedad en caso de desastres nucleares, así como los costes de la eliminación de los residuos radiactivos que aún no se aborda. ¡Viva el capitalismo sin restricciones!

Para el planeta hay un riesgo adicional que, al igual que los otros dos, es casi una certeza: el calentamiento global y el cambio climático. Si hubiera otros planetas a los que pudiéramos irnos a bajo coste en el caso de que ocurriera el resultado casi seguro que prevén los científicos, se podría argumentar que se trata de un riesgo que vale la pena tomar. Pero no los hay, por lo que no lo es.

Los costes de reducir las emisiones palidecen en comparación con los posibles riesgos a que se enfrenta el mundo. Y eso se aplica incluso si descartamos la opción nuclear (cuyos costes siempre se subestimaron). Ciertamente, las industrias del carbón y del petróleo resultarían perjudicadas, y obviamente los países que son los grandes contaminadores – como EE UU – pagarían un precio más alto que los que tienen un estilo de vida menos derrochador.

A fin de cuentas, quienes apuestan en Las Vegas pierden más de lo que ganan. Como sociedad, estamos apostando -con nuestros grandes bancos, con nuestras instalaciones de energía nuclear, con nuestro planeta. Al igual que en Las Vegas, los pocos afortunados - los banqueros que ponen en peligro nuestra economía y los propietarios de las empresas de energía que ponen en riesgo nuestro planeta – pueden ganar mucho dinero. Pero en promedio, y casi con seguridad, nosotros como sociedad, al igual que todos los jugadores, vamos a perder.

Por desgracia, esa es una lección que se desprende del desastre de Japón que seguimos ignorando por nuestra cuenta y riesgo.

El derecho a la consulta y consentimiento libre, previa e informada

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Ministro de Minería se compromete a incorporar derechos indígenas en nueva ley Minera | AINI

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22.ene.2006
Ministro de Minería se compromete a incorporar derechos indígenas en nueva ley Minera

(AINI, Santa Cruz 22 de 2006) El pasado domingo 21 de enero, como parte del programa de la Gran Asamblea Departamental de Pueblos Indígenas GADPI de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC, el Ministro de Minería Guillermo Dalence presentó un breve informe de su gestión a la cabeza del Ministerio de Minas y en diálogo con la dirigencia indígena de Santa Cruz se comprometió a trabajar por la incorporación de los derechos indígenas en la nueva ley de minería.

En dicha oportunidad, representantes del pueblo chiquitano, ayoreo y yuracaré mojeño expresaron, coincidentemente, la necesidad de que los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, sean incorporados en la nueva ley minera.Para ello, demandaron ser parte del proceso de discusión que se ha iniciado en tierras altas, ya que también en las tierras bajas de Bolivia existen concesiones mineras que afectan a los territorios indígenas.

Humberto Chiqueno, líder ayoreo, a momento de hacer uso de la palabra, demandó al ministro Dalence “que los derechos indígenas sean incorporados en la ley minera así como se lo ha hecho en la nueva ley de hidrocarburos”.

Por su parte Merardo Alegre en representación de la Central Indígena Chiquitana de la provincia germán Busch (CICHGB) manifestó su preocupación por el avasallamiento a los derechos indígenas en las operaciones mineras de la mina Anahí en Rincón del Tigre y los posibles impactos ambientales, sociales y culturales en el aprovechamiento de las reservas del Mutún. “Con esa experiencia es que pedimos que se incorporen los derechos indígenas en la nueva ley minera para garantizar que los pueblos indígenas de la chiquitania no sean avasallados otra vez” dijo.

Ramiro Galindo Secretario de Organización de la CPESC y representante del Pueblo Yuracaré Mojeño, hizo entrega al ministro Dalence, de la propuesta de nueva ley minera que ha sido elaborada por las organizaciones indígenas de Bolivia tanto de tierras bajas como de tierras altas. “Esta propuesta ha sido presentada al gobierno y al anterior ministro de minería. Le hacemos entrega de la misma, para que usted se comprometa a que nuestros derechos sean contemplados en la nueva ley”- dijo Galindo a tiempo de entregarle al ministro la propuesta de ley.
Finalmente, Ignacio Parapaino representante de la Central Indígena Chiquitana de Pailón CICHIPA, manifestó que “los derechos indígenas tienen que imponerse en la minería como se ha hecho en hidrocarburos. Los recursos naturales son nuestros y deben beneficiarnos”.

Ante ésta demanda unánime de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz, el Ministro Dalence manifestó su convencimiento sobre la legitimidad de las demandas indígenas e hizo público su compromiso porque los derechos indígenas sean incorporados en la nueva ley minera. “Vamos a trabajar para que se respeten los derechos indígenas, las costumbres, tradiciones, la vigencia de las organizaciones. No vamos a dar un paso atrás cuando se estén violando los derechos indígenas, vamos a trabajar para que se respeten”.

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Qué se pretende con los bosques de Bolivia

¿Qué se pretende con los bosques de Bolivia?

Por: Alicia Tejada Soruco

El título de este artículo se remite a la imaginación. El estado colonial no dejaría resquicio para preguntas incómodas de parte del pueblo sometido: La plata se fue a las arcas de los españoles; el estaño a Europa y la cuenta adeudada a las regiones del occidente del país no se pagará nunca. Nadie plantearía al colonizador tan osada pregunta.

Las concesiones mineras se han proliferado ahora hacia las tierras bajas. El ministerio de minería y anexos no regulan nada. Las poblaciones en las que se ubican los minerales nunca fueron consultadas y si lo fueran no habría ninguna consecuencia de derecho frente a una negativa. La cuenta adeudada a las regiones y poblaciones no se pagará nunca en la proporción de sus pérdidas.

Los “pasivos” ambientales (desastres  que amenazan la seguridad ambiental de todos) se pagan en obras que corresponde al Estado construir. Escuelitas, postas, útiles escolares, algunas becas para estudiantes

La seguridad alimentaria de millones está en juego nos han informado con descaro, como si este no fuese el efecto de las “recetas” de desarrollo que ostentó el campeante modelo neoliberal que aquí se sustenta aún con el 21060. La razón y la lógica reclaman inevitablemente una ecuación: La población mundial crece; el clima y por tanto los ciclos de producción cambian; los monocultivos han exterminado las culturas alimentarias del mundo; la “revolución verde”  degradó y desertificó tierras que ahora son improductivas. La sustentabilidad,  como paradigma, no han cambiado estos patrones.

No habrá más seguridad alimentaria si se destruyen más bosques eso lo saben alumnos del primer curso de agronomía. Las tierras de bosques, no tienen la capacidad para soportar cultivos agrícolas. Otra ecuación pertinente: a menos cobertura boscosa, menos lluvias, más incendios, más inundaciones, más sequías y menor posibilidad de actividad agrícola que precisamente depende de estos elementos.

Quienes pueden realizar desmontes en este país son unos cuantos que cuentan con capacidad mecanizada; los otros están signados a los chaqueos y quemas descontroladas y que, multiplicadas por millones de pequeños productores ocasionan graves e irreversibles  daños al medio ambiente; a las tierras y a la vida de todos los pobladores.

La producción para la exportación tampoco resuelve el problema alimentario del país, aunque sí la economía de monopolios constituidos y resguardados por muchas más regulaciones que las que resguardan los derechos de los bolivian@s.

El turno ahora es de los bosques. La CPE dice que son de tod@s los bolivian@. El Estado colonizador pasó a la historia. Qué Estado tenemos ahora.

El tiempo de tod@s

El tiempo de tod@s: "- Enviado mediante la barra Google"

El pez ya no muere por su boca

El pez  ya no muere por  su boca

Por: Alicia Tejada Soruco

Millones de peces muertos por envenenamiento o por falta de oxigeno al cerrar la primera década del siglo XXI son el saldo de un modelo;  de un sistema institucional de alambicados  procedimientos. Informes y sumarios, son la mortaja. Toneladas de papeles y breves noticieros light, entre escándalos politiqueros, son  la sepultura. Nadie agita banderas de responsabilidad administrativa, aunque las de todos los colores existentes se levantaron durante los cinco últimos cinco años para disputársela.

En el Brasil multaron con 3 millones y medio de dólares al grupo Madeira energía, responsables de la mortandad de once toneladas de peces en el rio Madeiras. Aquí hasta nuestras multas y sanciones son incentivos y premios.

Cursa un inventario de muerte de vida acuática en todo el “territorio” Departamental. Exclusas, atajados, agroquímicos, represas, minería, explotación de áridos, vertederos de desechos incluso hospitalarios, puentes de piratería de ochoó, con sus resinas mortales, han ocurrido y ocurren en nombre de un sacrosanto desarrollo: Los  buitres se sientan en la mesa de rechinantes crespones cuantificables y se alimentan de esta carroña. No hay nada que ostentar, pero se ostenta

Expertos en desarrollo nos dicen, basados en las señales proféticas del IDH y en el sacro santo PIB que estamos progresando y  hasta podríamos hacernos cargo del oxigeno, del agua y de la seguridad alimentaria de la humanidad. Seis meses de respirar humo son un detalle graciosamente ignorado entre las nauseabundas o resecas aguas de los ríos. Pero vamos a hablar con el mismo lenguaje:

Estamos frente a un brutal atentado contra la seguridad alimentaria; miles de toneladas de peces evaluados en millones de bolivianos y de los que se alimentan los pobladores rurales y urbanos de Bolivia serán reemplazados por las hamburguesas de soya que el sector agrícola promete, a cambio de destruir más bosques con “apoyo oficial”: Chané no ha provocado una sola comunicación interna en la Institucionalidad Productiva y Económica del país. 

La razón social, la fechas, horas y el componente letal exacto es objeto de un bordado en punto cruz minuciosamente diseñado para ser expuesto en solitario. El artífice intelectual y el arma que asesinaron a millones de peces en Chané no han sido puestos en tela de juicio; al igual que el que provocó la inexistencia de vida acuática de hoy en el Piraí, en Yaguarú, en Pailas, etc.

La gobernación cruceña  insta a colaborar con la investigación de los efectos y no de los orígenes. Los municipios son de palo. El gobierno central está en el centro del debate global. No se debatirá el  modelo de desarrollo que nos ha devastado masivamente el año 2010, siendo que estos atentados se originan en ese modelo.

El régimen de Medio Ambiente se propone como una forma de vida paralela y ajena  a lo económico y a lo social. Corremos tras los efectos.  Protegemos, promovemos y hasta financiamos las causas.