La Guerra por la Madre Tierra
Historia de la lucha del Pacto de la Unidad en Defensa de la Madre tierra
Podemos hablar a ciencia cierta de una guerra por la madre tierra, ante el peligro que se encuentra por la contaminación múltiple, del aire, del agua, de los suelos; por la deforestación que erradica grandes extensiones de bosques, que forman parte de la articulación, interactividad, interacción y entrelazamiento de los distintos ciclos de la vida, generativos y regenerativos; por la desertificación, la crisis climática, la crisis ecológica, el calentamiento global, el efecto invernadero. Los enemigos de la madre tierra son las trasnacionales, las empresas industriales, el comercio indiscriminado, la mercantilización desorbitada, el consumismo compulsivo, la expansión desbordante de la frontera agrícola, el extractivismo exacerbado, articulada a un capitalismo dependiente, absorbido por la economía-mundo y sistema-mundo capitalista. Todas estas formas depredadoras forman parte del modelo civilizatorio moderno, capitalista y occidental, que se ha universalizado, expandiéndose globalmente, deshaciendo otros modos civilizatorios y culturales alternativos nativos y ancestrales. El enfrentamiento en defensa de la madre tierra es contra este modelo civilizatorio depredador.
El Pacto de la Unidad, que aglutina a las organizaciones indígenas campesinas de Bolivia, ha asumido la responsabilidad política y cultural de defender a la madre tierra. Se puede decir que desde abril del 2007, cuando se acude a la Cumbre del ALBA-TCP, el Pacto de la Unidad se propone la tarea de retomar orgánicamente la defensa de la madre tierra, aunque esta tarea estaba implícita en el documento del Pacto de la Unidad para la Asamblea Constituyente, también en la participación de las organizaciones sociales, que conforman el pacto, en el proceso constituyente, plasmando esta tarea en la Constitución Política del Estado. La tarea de elaboración de una Ley de la Madre Tierra se da en la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. En las resoluciones de Tiquipaya-Cochabamba se plantea dar cumplimiento a la reducción de los gases de efecto invernadero, por parte las potencias industriales que firmaron el protocolo de Kioto, por lo menos en un 50% para evitar que el calentamiento global suba peligrosamente ocasionando catástrofes ecológicas. También exige las negociaciones de la Cumbre de Cancun (COP 16) sean transparentes, inclusivas y democráticas, sin ningún documento impuesto por las potencias industriales, ni condicionamientos ni chantajes. Así mismo rechazar el Entendimiento de Copenhague por ser una amenaza para la vida y demanda el respeto al marco legal vigente en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. En el mismo sentido exigir a los gobiernos de los países desarrollados, “Financiamiento para la Tierra, no para la Guerra”, y la transferencia de los presupuestos militares; así como incrementar los recursos financieros para salvar el planeta y la Madre Tierra y atender los impactos del cambio climático en los Países en Desarrollo. Demanda la justicia climática, denunciar la ausencia de los pueblos en las instancias de decisión sobre el futuro común, y demanda la creación de espacios de participación de los pueblos del mundo en la toma de decisiones sobre el cambio climático, asimismo en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de los compromisos contraídos por los países desarrollados. Promueve la creación de normas legales internacionales que sancionen las infracciones e incumplimientos de los compromisos de reducción de emisión de Gases de efecto invernadero, financiamiento, transferencia de tecnología y otras obligaciones asumidas por los Países Desarrollados. Asimismo promueve la creación del Tribunal de Justicia Climática que será una instancia de ejecución de estas normas. Exige a los Países Desarrollados respeto a los derechos de las poblaciones migrantes por efectos climáticos, y que se destinen recursos para brindarles acogida y compensación a nivel local, nacional, regional e internacional. Las resoluciones de la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra también se proponen construir un movimiento mundial desde los pueblos y las organizaciones sociales en defensa de la Vida y la Madre Tierra, basada en la inclusión y complementariedad de todos. Así mismo, en la misma tónica, se pospone promover el Vivir Bien y sus principios como alternativa al sistema de vida capitalista, recuperando hábitos y costumbres ancestrales, como la reconstitución de los calendarios orientados a devolver y recuperar los ciclos naturales de la Madre Tierra; en esta perspectiva se propone promover la producción ecológica, el consumo de productos orgánicos locales, promover y generar políticas de incentivo al consumo de productos locales naturales, además de recuperar y promover la matriz tecnológica de nuestros pueblos y generar una complementariedad de conocimientos. Las resoluciones de Tiquipaya se proponen impulsar y consolidar a nivel mundial la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. En este sentido sustituir el sistema Capitalista por un modelo alternativo que priorice la armonía con la Madre Tierra, la reciprocidad, la complementariedad y el equilibrio de la Vida antes que el consumismo. Consecuente con todas estas resoluciones, se convoca a una 2a Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, además de promover el Referéndum mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Por último, las resoluciones se plantean la creación de una Organización Mundial alternativa de los pueblos: UNO, asimismo, creando espacios donde las representaciones de los pueblos tengan plena participación con poderes de decisión.
El Pacto de la Unidad retoma seriamente las resoluciones de Tiquipaya y se da a la tarea de elaborar un anteproyecto de Ley de la Madre Tierra. Esta labor dura aproximadamente nueve meses, se desarrollan varios encuentros de las organizaciones sociales en 16 talleres de trabajo, la mayor parte de ellos regionales y por organización, otros plurinacionales y de todas las organizaciones, contando con un formato de elaboración de la ley y buscando consensuar un solo documento. En la reunión de Cochabamba del 6 y 7 de octubre de 2010 se logra la conjunción de un solo documento y se toman las decisiones más importantes sobre el contenido del documento. Una de esas decisiones tiene que ver con desechar el nombre de recursos naturales porque reproduce el significado de explotación de la naturaleza, basado en la comercialización, el mercado y la acumulación capitalista. Por otra parte se decide expresar elocuentemente en la escritura del documento los imaginarios de las cosmovisiones indígenas originarias, campesinas e interculturales. La tarea encomendada deriva en el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra presentada por el Pacto de la Unidad a la dirección ejecutiva de las organizaciones sociales en la sede de la CSUTCB, contando con la presencia del Canciller David Choquehuanca. Posteriormente el documento se presenta a la Comisión Mixta sobre medio ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encabezada por el Senador Freddy Bersati. Con esta comisión se trabaja conjuntamente estableciendo acuerdos entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un primer acuerdo se da una vez terminada las exposiciones de las partes, por parte del Pacto de la Unidad y por parte de la comisión mixta, de sus respectivos anteproyectos. Este acuerdo consiste en elaborar un documento consensuado entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa plurinacional, que comprenda ambas propuestas, incorporando los ejes conceptuales de la propuesta del Pacto de la Unidad, y reproduciendo lo que plantea la Constitución Política del Estado en lo que respecta a temas conflictivos, como lo relacionado a la consulta previa e informado con consentimiento de las comunidades, de las naciones y pueblos indígenas y originarios. En relación a este acuerdo se establece la conformación de título que comprenda la participación, el control social y la consulta tal como está en la Constitución. El trabajo conjunto termina con un anteproyecto consensuado de Ley de la Madre Tierra. Cuando se termina la presentación de este documento histórico, se firma un segundo acuerdo donde ambas partes se comprometen a mantener y defender el anteproyecto consensuado, buscando su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando en pleno el preámbulo del anteproyecto del Pacto de la Unidad, donde se expresa el espíritu de la ley de la madre tierra, desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas y comprendiendo la complejidad de la composición y los ciclos vitales de la madre tierra. Además se decida abrir un título que contenga un enunciado general sobre áreas protegidas desde la perspectiva desplegada en la ley.
El Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra del Pacto de la Unidad comprende el preámbulo, la exposición de motivos y doce títulos. El título I, que define los aspectos generales, el objeto de la ley, los objetivos, los alcances, las definiciones y conceptos, los principios. El título II comprende los derechos y deberes para con la madre tierra, el título III define el marco institucional, planteando el Consejo de la Madre Tierra como instrumento de corresponsabilidad en la coordinación de políticas públicas y la gestión de la madre tierra. El título IV establece la participación y el control social en lo que tiene que ver con la gestión integral de la madre tierra; este título también comprende un capítulo sobre el consentimiento previo, derecho reconocido de los pueblos indígenas por parte de Naciones Unidas y convenios internacionales, además de la Constitución Política del Estado. El título V desarrolla la gestión ecológica de la madre tierra, el titulo VI define las bondades de la madre tierra, una concepción afectiva, integral, cíclica y dinámica de los componentes de la madre tierra, sustituyendo con esta cosmovisión al discurso extractivista explotador y de dominación sobre los recursos naturales, aunque se plantea que en la transición y de acuerdo a la traducción intercultural se mencionara a los “recursos naturales” en la forma como se refiere la Constitución, como estratégicos y destinados al vivir bien. El título VII retoma la consulta previa e informada, el título VIII norma sobre las áreas protegidas, el título IX define la territorialidad, la tierra y el territorio, el titulo X determina el régimen económico, el titulo XI define los mecanismos para la defensa de la madre tierra, incentivos y sanciones, por último el título XII establece las disposiciones finales y transitorias. El Anteproyecto de Ley de la Madre tierra del Pacto de la Unidad se convierte en el Manifiesto Político y Conceptual de la Madre Tierra. Este documento hace de manifiesto y como tal de convocatoria a luchar por la madre tierra, expresando la fuerza de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios y de las teorías de la complejidad, haciendo una interpretación vital e histórica de las bondades y componentes de la madre tierra, de sus ciclos vitales, del ciclo del agua, del ciclo del aire, del ciclo de los suelos, articulados y entrelazados en la generación, regeneración y evolución de la vida. El manifiesto hace una interpretación desde la historia cósmica y de la historia ecológica de las energías, también interpreta la historia geológica de los componentes del subsuelo de la madre tierra.
El Anteproyecto de la Ley de la Madre Tierra consensuado entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional contiene la siguiente estructura: El preámbulo, retomado del documento del Pacto de la Unidad y dos títulos donde se distribuyen todos los capítulos de la ley marco. El título I, que contiene las disposiciones generales, donde están los objetivos, fines y principios, además de las definiciones, se define el objeto y los fines y se establecen los principios. El título II está dedicado a la madre tierra, a su definición y carácter, a los derechos de la madre tierra, a las obligaciones del Estado y a los deberes de la sociedad. El título III comprende al vivir bien en armonía con la madre tierra, al modelo económico-ecológico para vivir bien, que contiene la planificación integral y participativa y la contabilidad económica-ecológica, que plantea la valoración cualitativa y su incorporación en la planificación, incorporando los efectos a la madre tierra y se plantea la soberanía y la seguridad alimentaria, además del seguimiento y evaluación del vivir bien en armonía con la madre tierra. Comprende también un capítulo sobre sistemas de vida y componentes de la madre tierra, distinguiendo los componentes de la madre tierra y los recursos naturales, la condición de renovabilidad de los componentes de la madre tierra, su uso y aprovechamiento en general y en territorios indígenas originarios campesinos; se definen los lineamientos de las comunidades de vida. El título IV trata sobre protección y garantía de los derechos de la madre tierra, el título V trata sobre las instituciones y mecanismos de defensa de la madre tierra, donde se encuentra el consejo plurinacional de la madre tierra, el ministerio de la madre tierra; también comprende un capítulo sobre la consulta previa, libre e informada y el control social.
La Ley Corta de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada por la Asamblea Legislativa plurinacional, es un recorte del anteproyecto de Ley de la Madre Tierra consensuada entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su estructura comprende dos títulos, en el primero se encuentran las disposiciones generales, el objeto y los principios; en el segundo define la madre tierra y su carácter, se definen los sistemas de vida, el carácter jurídico de la madre tierra, el ejercicio de los derechos de la madre tierra, se establecen los derechos de la madre tierra, también las obligaciones del Estado y deberes de la sociedad, además se incorpora la defensoría de la madre tierra.
13 de diciembre de 2010
Paquete de medidas; cumbre de Cancún
Tras el pesimismo que reinaba en la mente de muchos durante la Cumbre sobre Cambio Climático de Cancún, la cita finalizó con un compromiso por parte de los asistentes. Así se alcanzó un acuerdo consensuado sobre una serie de medidas concretas, entre ellas, la creación de un Fondo Verde Climático y un compromiso para elevar los objetivos de reducción de emisiones de gases que causan el efecto invernadero.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideró el resultado del encuentro “un importante éxito para el mundo”. “Los gobiernos se unieron en una causa común, por el bien común, y se pusieron de acuerdo en la forma de afrontar el desafío que define a nuestros tiempos”, declaró Ban.
Para el máximo representante de la ONU, el documento adoptado en Cancún provee herramientas importantes que ahora se deben ser usadas, a la vez que es necesario redoblar los esfuerzos para que estén a la altura de los imperativos científicos.
Entre las medidas acordadas en esta cumbre figuran la creación de un Marco de Adaptación para mejorar la manera en que se afrontan los desastres naturales y un comité que brindará asesoramiento técnico en ese tema.
También se estableció el compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de financiamiento rápido y de movilizar otros 100.000 millones a partir de 2020 para atender las necesidades del desarrollo.
Otras medidas
Fuera del marco de la Cumbre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los gobiernos de Dinamarca y Alemania anunciaron una vía rápida de financiamiento para las comunidades de montaña vulnerables al cambio climático y para el desarrollo de estrategias que reduzcan las emisiones de carbono.
Los proyectos piloto encaminados a estos objetivos tendrán lugar en Uganda, Nepal y Perú, y contarán con fondos por más de 13 millones de dólares.
La iniciativa evaluará la vulnerabilidad de las comunidades y los granjeros a las sequías e inundaciones relacionadas con el ascenso de las temperaturas regionales y la reducción de los glaciares y los hielos.
Asimismo, explorará cómo conservar y proteger los ecosistemas de montaña para aumentar la resistencia a los cambios climáticos que se prevén en las próximas décadas.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideró el resultado del encuentro “un importante éxito para el mundo”. “Los gobiernos se unieron en una causa común, por el bien común, y se pusieron de acuerdo en la forma de afrontar el desafío que define a nuestros tiempos”, declaró Ban.
Para el máximo representante de la ONU, el documento adoptado en Cancún provee herramientas importantes que ahora se deben ser usadas, a la vez que es necesario redoblar los esfuerzos para que estén a la altura de los imperativos científicos.
Entre las medidas acordadas en esta cumbre figuran la creación de un Marco de Adaptación para mejorar la manera en que se afrontan los desastres naturales y un comité que brindará asesoramiento técnico en ese tema.
También se estableció el compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de financiamiento rápido y de movilizar otros 100.000 millones a partir de 2020 para atender las necesidades del desarrollo.
Otras medidas
Fuera del marco de la Cumbre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los gobiernos de Dinamarca y Alemania anunciaron una vía rápida de financiamiento para las comunidades de montaña vulnerables al cambio climático y para el desarrollo de estrategias que reduzcan las emisiones de carbono.
Los proyectos piloto encaminados a estos objetivos tendrán lugar en Uganda, Nepal y Perú, y contarán con fondos por más de 13 millones de dólares.
La iniciativa evaluará la vulnerabilidad de las comunidades y los granjeros a las sequías e inundaciones relacionadas con el ascenso de las temperaturas regionales y la reducción de los glaciares y los hielos.
Asimismo, explorará cómo conservar y proteger los ecosistemas de montaña para aumentar la resistencia a los cambios climáticos que se prevén en las próximas décadas.
La felicidad, indicador de calidad de vida
La felicidad como indicador de calidad de vida
Alberto Chirif
Sin duda, cuando las futuras generaciones estudien como contabilizamos como desarrollo y felicidad nacional un crecimiento económico que consistía en recalentar la atmósfera, derretir los glaciares, crear escasez de agua, alimentos y subir peligrosamente el nivel de los mares, clasificará el PBI como el más conspicuo indicador de nuestra barbarie.
La lectura de un artículo de Oswaldo Rivero , ex embajador del Perú en la ONU, del cual he extraído el epígrafe que encabeza estas reflexiones, me ha quitado el temor de escribir sobre un tema que me venía dando vueltas en la cabeza, pero que no sabía cómo llamarlo ni menos encararlo: ¿alegría, felicidad? En suma, quiero referirme a la capacidad de los indígenas de asumir las tareas que plantea la vida cotidiana con buen humor, con gran capacidad de reír mientras trabajan. Salvo casos extraordinarios, como los que han vivido la barbarie desatada por la subversión durante la década de 1980 y parte de la siguiente, y otros que son consecuencia de haberles expropiado sus territorios y convertido en dependientes de un sistema económico que no les ofrece otra alternativa que vender barato sus productos y trabajo, me atrevo a decir que ellos no conocen la palabra estrés.
Digo temor porque, pensaba, cómo podría escribir acerca de este tema sin perderme en apreciaciones subjetivas, ya que a fin de cuenta la felicitad es algo muy personal y exclusivo de cada quien. Además, ¿cómo medir la felicidad de la gente? La lectura del referido artículo me ha ayudado a superar el entrampe, al menos por dos razones. La primera es que me hizo reflexionar sobre los indicadores que actualmente usan los organismos nacionales e internacionales para medir la pobreza o el desarrollo y a llegar a la conclusión de que si bien los datos que se extraen de las mediciones son objetivos (porcentajes de alfabetismo, escolaridad, servicios de saneamiento y otros), inducen a conclusiones poco fundadas que, con frecuencia, sólo sirven para que los políticos y propagandistas de este modelo de desarrollo justifiquen sus decisiones y las impongan. Pongo enseguida algunos ejemplos.
El analfabetismo (alfabetismo para el Índice de Desarrollo Humano –IDH-) sugiere en la mente del lector la idea de que el alfabetizado lee. Esto es cierto sólo a veces, al punto que hoy los estadígrafos han creado el concepto de “analfabeto funcional” para referirse a aquéllas personas que, habiendo aprendido a leer, no leen por la razón que fuera: falta de dinero para comprar libros, de interés por la lectura o cualquier otra. Pero el tema se puede llevar más lejos. Como la lectura no es un fin en sí mismo sino un medio para que la gente se desarrolle intelectualmente, se desenvuelva como un ciudadano con mayor conciencia cívica sobre sus derechos y deberes, y alcance finalidades más pedestre, como superar la prueba de un examen para un cargo determinado y mejor remunerado que el que tiene (si lo tiene); y considerando que una parte de la población lectora sólo lee basura, como la prensa amarilla que únicamente consulta en los titulares que exhibe en los kioscos de periódicos (en esto se limitan a lo justo dado que esos diarios no desarrollan los contenidos adentro), es claro que una lectura así no está cumpliendo los fines que se proponen los programas de alfabetización. Me pregunto ¿por qué lectores de insultos y difamaciones propaladas contra personas críticas de regímenes políticos, viles en sí y envilecedores de los ciudadanos, deben ser considerados más desarrollados que personas basadas en la tradición oral y que mantienen su capacidad (aunque mellada por la “modernidad”) de transmitirse relatos que reviven los actos fundadores de su mundo y costumbres?
Pero para que no se piense que el caso del indicador comentado es una excepción tomo otro: agua potable, calificativo generoso para referirse al agua que le llega a uno a través de tuberías, pero que no corresponde a la realidad del nombre: bebible, saludable. Aunque en cada caso hay variaciones, ni aun en Lima la gente se atreve a beber dicha agua, al menos aquélla con ciertos recursos, porque como siempre, los pobres tienen que contentarse con lo que les llega. ¿Es esto algo cualitativamente mejor que recoger agua en tinajas de quebradas o puquios? En honor a la verdad también debo decir que la modernidad, representada por industrias contaminantes y por ciudades en crecimiento que arrojan desperdicios sin tratamiento al agua, ha hecho que las cosas cambien en muchos lugares.
Un indicador como el ingreso monetario que no tome en cuenta las condiciones en que vive la gente es un dato mentiroso. Una familia de cinco miembros que gana 500 soles al mes es pobre si vive en la ciudad, porque ese dinero no le permite afrontar los gastos necesarios para llevar una vida digna, mientras que para una que vive en una comunidad se trata de un ingreso importante (ojo: expresamente no digo que la convierte en rica), porque tiene asegurada parte de la alimentación mediante su trabajo en la chacra, en el monte y en los ríos, dispone de una casa que él mismo construye y repara, de agua limpia (salvo los casos de contaminación ya citados) y, lo que es importante, de un vecindario de parientes con los que mantiene una relación de intercambio recíproco de bienes y servicios.
No se diga ahora que sostengo que no es importante que los indígenas vayan a la escuela, se alfabeticen, tengan derecho a mejores servicios de salud y salubridad y cosas por el estilo. Por cierto, ellos mismos quieren y buscan estas mejoras. Lo que digo es que la manera como esto se realiza no está mejorando la calidad de vida ni de ellos ni, en general, del resto de la población que lee titular chatarra en los kioscos de periódicos.
Otra manera de manipular los datos estadísticos es la que ha hecho De Soto en su último despilfarro de dinero (ocho páginas a color, en suplemento especial de El Comercio (5/6/2010) en día sábado, es algo que debe costar por lo menos unos 70 mil soles), bajo el título de La Amazonía no es avatar. Allí, él señala que hay quienes afirman que “los indígenas son ricos a su manera”, algo que en realidad nunca he leído, lo que claro no quiere decir que, efectivamente, alguien haya mencionado este despropósito. Lo que sí he leído, e incluso firmado personalmente, es que “los indígenas no son pobres”, aludiendo al hecho de que tengan aún comida, vivan en un medio ambiente sano y tengan capacidad de manejar sus propios conflictos internos. Esto, claro, a menos que los “programas de desarrollo” –colonizaciones y otros- los hayan despojado de sus tierras y bosques y que las industrias extractiva hayan contaminado su hábitat y deteriorado su propia salud. La afirmación que hace el economista es tan absurda como glosar a quien afirma que “no todos los políticos son corruptos”, señalando que “los políticos son virtuosos a su manera”.
Me refiero ahora a cómo De Soto usa los datos estadísticos para apoyar su propuesta de que la alternativa de los indígenas es convertir sus tierras en mercancía. Señala él muy contento, pensando haber encontrado el argumento contundente que justifica su idea, que “cinco de los distritos más pobres del Perú (Balsapuerto, Cahuapanas, Alto Pastaza y Morona, en Loreto; y Río Santiago, en Amazonas) se localizan en zonas indígenas de la Amazonía norperuana”. Lo primero que hay que decir es que, de acuerdo al INEI , entre los diez distritos que considera más pobres del Perú no está ninguno de los que él cita y no hay ninguno de las regiones y provincias que menciona. Lo segundo, es que, según la misma fuente, existen muchos distritos que no tienen población indígena que se encuentran en situación de pobreza, incluyendo algunos de Lima. Pero lo que aparentemente quiere demostrar De Soto con su referencia es que la causa de la pobreza de esos distritos (efectivamente Balsapuerto ocupa el puesto 12 en el ranking nacional de pobreza y Cahuapanas el 16, seguidos muy de lejos por Morona -242- y Andoas -246-) se debe a la presencia de población indígena que vive en comunidades. Se trata de un disparate, porque los indicadores de medición de la pobreza son consecuencia de la falta de inversión del Estado en escuelas, salud, saneamiento y en otros campos. Entonces su información implica más un cuestionamiento al Estado que al modo de vida de los indígenas, que es mucho más grave incluso considerando que al menos dos de esos distritos que menciona (“Alto Pastaza” y Morona) se encuentran en una zona donde la industria petrolera extrae buena parte de los hidrocarburos que produce la selva peruana.
¿O es que él piensa que vendiendo sus tierras los indígenas van a tener dinero para mandar a sus hijos al Markham, contratar seguros en la Clínica Anglo-Americana y pagar a Odebrecht la instalación de servicios de saneamiento?
La cuestión es qué derecho asiste a los propagandistas del mercado para pretender incorporar, o mejor dicho (porque ya están incorporados) hacer depender a gente que por sus propios medios, con su inteligencia y esfuerzo, construye, con cierta independencia de los circuitos comerciales, sus propias condiciones de vida que si bien no hacen que viva en la abundancia (¿por qué ésta debe ser considerada un valor universal?) no la condenan a la falencia ni a la desesperación del que nada tiene, ni a la frustración del que se tragó el cuento de que la modernidad (mejor educación, salud, salubridad y, sobre todo, más dinero) es un objeto al alcance de la mano para todos quienes estén dispuestos a estirarla (y a vender sus territorios ancestrales). ¿No son acaso indicadores contundentes de que la cosa no funciona la falta de trabajo de millones de peruanos, los deplorables resultados que arroja la evaluación del sistema escolar, el aumento crítico de enfermedades en los sectores más pobres, la creciente violencia social que azota a todo el país y los procesos de destrucción del medio en los que por desgracia a veces los propios indígenas se han convertido en agentes activos?
La segunda razón por la cual el artículo de De Rivero me ayudó a superar el bloqueo que sentía para abordar el tema es que por él me enteré que la felicidad constituye hoy un indicador de calidad de vida y bienestar usado por los estadígrafos en los países desarrollados. Mis reflexiones, no obstante, van en otra dirección que las de ellos, en primer lugar, porque el punto de partida son realidades nacionales totalmente distintas: sociedades ricas, altamente industrializadas, aquéllas; vs. una sociedad como ésta empobrecidas por la corrupción al grado de metástasis de políticos que prefieren el regalo de los recursos nacionales a cambio de prebendas recibidas bajo la mesa, al trabajo honesto para construir país en beneficio de todos los ciudadanos.
Una diferencia entre esas sociedades aludidas es que en el Perú existen pueblos indígenas que a pesar de estar insertos en las redes nacionales que dominan el conjunto del país (de las que derivan sus peores problemas: contaminación de sus hábitats, intercambio desigual con el mercado, pérdida de conocimientos propios adecuados a su realidad a cambio de rudimentos adquiridos en la escuela y otros), mantienen un grado de autonomía que les permitiría, con una mejora sustantiva de los servicios sociales del Estado, fortalecer una opción de desarrollo basada en las capacidades de su gente para manejar de manera sostenible el medio ambiente y no sólo en el incremento del PBI.
¿Cómo plantean la felicidad los ciudadanos en los países desarrollados? La respuesta sigue los planteamientos hechos por De Rivero en el artículo que comento, que a su vez se basan en diversos estudios sobre el tema. El factor principal de la felicidad es el dinero, no sólo para lo necesario sino, mucho más que eso, “para adquirir y consumir las nuevas necesidades creadas por el mercado y la publicidad” (ibíd.: 4). Como éstas son ilimitadas, la búsqueda de la felicidad se convierte en estrés que termina por conducir a la infelicidad. No basta un auto, es mejor tener dos -sobre todo si el vecino ya se adelantó- que además hay que cambiarlos para estar con el último modelo; ni una casa, hay que tener también otra de playa y mejor aun una más de campo, además de la urbana, y así sin parar. Ésta es la lógica del sistema: producir y consumir de manera ilimitada, porque el día que esto se detenga, el sistema colapsará. Un adelanto de esto ha sido la crisis económica desatada en los Estados Unidos hace pocos años, que no fue causada por problemas de mala administración. Fue, en cambio, manifestación de la crisis de un sistema fundado sobre el consumo, como lo son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de basura (incluyendo la biodegradable, sino pregúntele a los holandeses sobre el tema de los excrementos de una población porcina, varias veces superior a la de los habitantes del país) y otras. El PBI es así, desde ya, un notable indicador de la barbarie del actual sistema, aunque tal vez hoy seamos incapaces de evaluar sus estragos y tengamos que esperar que lo hagan las generaciones venideras.
Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido dudas sobre considerar el PBI como indicador de la felicidad, sobre todo a partir de la comprobación de que su crecimiento no necesariamente implica un incremento de los ingresos de la población. Esto es algo que sucede en Perú y otros 134 países, donde los ingresos sólo crecieron en 2.3% en el periodo que va de 1960 a 2008, lo que es insuficiente para terminar con la pobreza nacional y mucho más incluso para pretender llevar la felicidad del dinero a sus habitantes. En los Estados Unidos, los premios Nóbel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman afirman, refiriéndose al tema de la falta de relación entre dichos factores, que el crecimiento del PBI, desde 1990, sólo ha favorecido al 10% de la población (Ibíd.: 5).
Debido a estas consideraciones, señala el autor, es que los países del norte han comenzado a buscar nuevos indicadores de felicidad en reemplazo del PBI. Así han aparecido el Indicador de Riqueza Genuino (IRG), que pone mayor énfasis en la calidad de vida; y el Índice del Planeta Feliz (IPF), que le da prioridad a una larga vida sin impactos nocivos contra el medio ambiente. En los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos se han realizado estudios y se han conformando comisiones para estudiar el tema de la felicidad, creándose algo así como una nueva disciplina que De Rivero califica de “happylogía”.
No obstante estas preocupaciones, de acuerdo a estos estudios y encuestas, la percepción de la población sobre el tema no ha cambiado sustancialmente, quien le sigue otorgando prioridad a los ingresos que le permitan consumir más allá de sus necesidades básicas. Al respecto, dice el autor, “los psicólogos y psiquiatras tienen otras lectura de esta cultura adquisitiva. Ellos consideran que ganar más para adquirir más está generando una neurosis, que el destacado psicólogo británico, Oliver James, llama: Afluenza, cuyo síndrome es [sic] un ansiedad permanente por tener más y mejor, desde inmuebles, autos, pasando por todo tipo de objetos domésticos y personales, hasta más grandes senos, menos arrugas y inclusive penes más largos” (Ibíd.; 5).
Se trata de un síndrome que hace que la gente se identifique por lo que tiene y aparenta, lo que crea un vacío espiritual que es cada vez más corriente en los países del primer mundo o “sociedades afluentes”, a diferencia de las sociedades en desarrollo donde, según la OMS, casi no existe. La compulsión por el tener y consumir, termina finalmente en el Prosac, medicamento para calmar la ansiedad y los nervios de gran venta en esos países.
El corolario es triste: la búsqueda desenfrenada de la felicidad mediante el tener más ha llevado al medio ambiente a una situación peligrosa debida al calentamiento global y demás desajustes y estragos causados sobre el hábitat; y a las personas, a la neurosis, es decir, a la infelicidad, al arribo a una meta contraria a la que estaba en su mente al inicio del camino, y a otros males, como la obesidad, los infartos, la diabetes y otras enfermedades propias de los tiempos.
En cambio, en muchos pueblos indígenas las cosas funcionan de otra manera. Ignoro cuál es el contenido que ellos le pueden dar a la palabra felicidad, por lo que sería arbitrario y subjetivo de mi parte pretender definirla. Lo que sí sé es que en las comunidades se viven frecuentemente situaciones que se puedan asimilar a ésta. No sé por esto si felicidad es la palabra para nombrar la manera cómo las familias solas o en unión de otras desarrollan sus labores cotidianas, con bromas y risas y tiempo para tomar un pate de masato cuando el calor aprieta, así como para descansar y hacer visitas a parientes y allegados. Cualquiera que haya estado en una comunidad indígena amazónica ha percibido esta situación. No es que no trabajen y ganen su pan con el sudor de su frente, pero éste es consecuencia del calor y no de la carga abrumadora que le impone la competencia y el consumo.
El “buen vivir” sí es un concepto indígena, como lo ha desarrollado en un bello libro mi colega Luisa Elvira Belaunde y otras personas . Se trata de un concepto que, en teoría, parecería acercarse a las nuevas búsquedas emprendidas en los países desarrollados que intentan reemplazar el PBI por la calidad de vida (aunque incoherentemente porque terminan siempre dándole prioridad al consumo). Ella se refiere a que durante su estadía en una comunidad secoya escuchó “a hombres y mujeres repetir palabras como éstas: ‘hay que vivir como gente’ (Pai Paiyeje Paidi); ‘hay que vivir bien’ (deoyerepa Paiye); ‘hay que pensar bien’ (deoyerepa cuatsaye). En lugar de apelar a principios políticos de organización residencial y jerarquía social para mantener el orden y el buen espíritu de la comunidad, ellos apelaban a la capacidad de cada una de las personas de contribuir efectivamente a su bienestar personal y al desarrollo de la vida colectiva” (Belaunde, L.E. p. 28).
Precisamente en un viaje que hice a una comunidad secoya en octubre de este año, ubicada en la cuenca del alto Putumayo y no en la del Napo donde trabajó mi colega Luisa Elvira Belaunde, ante la pregunta a dos grupos de adolescentes (entre 12 y 17 años) sobre qué consideraban ellos que era un derecho, sus respuestas, con distinto fraseo, fueron coincidentemente las mismas: “derecho es vivir bien, es pensar bien”.
Qué derecho tiene la economía de mercado de destruir su vida para forzarlos a depender de un modelo caótico y destructor que se encuentra en franca crisis y que es incapaz de dar trabajo y riqueza a quienes no tienen otra alternativa que la venta de su fuerza de trabajo. Si alguien piensa que este mal durará más de 100 años y los cuerpos lo resistirán, no ve realmente la gravedad de una crisis que a estas alturas es indetenible por la falta de voluntad (y probablemente de posibilidades) de cambiar de rumbo.
¿O se trata de una idea suicida de arrastrar a todos en la caída?
Alberto Chirif
Sin duda, cuando las futuras generaciones estudien como contabilizamos como desarrollo y felicidad nacional un crecimiento económico que consistía en recalentar la atmósfera, derretir los glaciares, crear escasez de agua, alimentos y subir peligrosamente el nivel de los mares, clasificará el PBI como el más conspicuo indicador de nuestra barbarie.
La lectura de un artículo de Oswaldo Rivero , ex embajador del Perú en la ONU, del cual he extraído el epígrafe que encabeza estas reflexiones, me ha quitado el temor de escribir sobre un tema que me venía dando vueltas en la cabeza, pero que no sabía cómo llamarlo ni menos encararlo: ¿alegría, felicidad? En suma, quiero referirme a la capacidad de los indígenas de asumir las tareas que plantea la vida cotidiana con buen humor, con gran capacidad de reír mientras trabajan. Salvo casos extraordinarios, como los que han vivido la barbarie desatada por la subversión durante la década de 1980 y parte de la siguiente, y otros que son consecuencia de haberles expropiado sus territorios y convertido en dependientes de un sistema económico que no les ofrece otra alternativa que vender barato sus productos y trabajo, me atrevo a decir que ellos no conocen la palabra estrés.
Digo temor porque, pensaba, cómo podría escribir acerca de este tema sin perderme en apreciaciones subjetivas, ya que a fin de cuenta la felicitad es algo muy personal y exclusivo de cada quien. Además, ¿cómo medir la felicidad de la gente? La lectura del referido artículo me ha ayudado a superar el entrampe, al menos por dos razones. La primera es que me hizo reflexionar sobre los indicadores que actualmente usan los organismos nacionales e internacionales para medir la pobreza o el desarrollo y a llegar a la conclusión de que si bien los datos que se extraen de las mediciones son objetivos (porcentajes de alfabetismo, escolaridad, servicios de saneamiento y otros), inducen a conclusiones poco fundadas que, con frecuencia, sólo sirven para que los políticos y propagandistas de este modelo de desarrollo justifiquen sus decisiones y las impongan. Pongo enseguida algunos ejemplos.
El analfabetismo (alfabetismo para el Índice de Desarrollo Humano –IDH-) sugiere en la mente del lector la idea de que el alfabetizado lee. Esto es cierto sólo a veces, al punto que hoy los estadígrafos han creado el concepto de “analfabeto funcional” para referirse a aquéllas personas que, habiendo aprendido a leer, no leen por la razón que fuera: falta de dinero para comprar libros, de interés por la lectura o cualquier otra. Pero el tema se puede llevar más lejos. Como la lectura no es un fin en sí mismo sino un medio para que la gente se desarrolle intelectualmente, se desenvuelva como un ciudadano con mayor conciencia cívica sobre sus derechos y deberes, y alcance finalidades más pedestre, como superar la prueba de un examen para un cargo determinado y mejor remunerado que el que tiene (si lo tiene); y considerando que una parte de la población lectora sólo lee basura, como la prensa amarilla que únicamente consulta en los titulares que exhibe en los kioscos de periódicos (en esto se limitan a lo justo dado que esos diarios no desarrollan los contenidos adentro), es claro que una lectura así no está cumpliendo los fines que se proponen los programas de alfabetización. Me pregunto ¿por qué lectores de insultos y difamaciones propaladas contra personas críticas de regímenes políticos, viles en sí y envilecedores de los ciudadanos, deben ser considerados más desarrollados que personas basadas en la tradición oral y que mantienen su capacidad (aunque mellada por la “modernidad”) de transmitirse relatos que reviven los actos fundadores de su mundo y costumbres?
Pero para que no se piense que el caso del indicador comentado es una excepción tomo otro: agua potable, calificativo generoso para referirse al agua que le llega a uno a través de tuberías, pero que no corresponde a la realidad del nombre: bebible, saludable. Aunque en cada caso hay variaciones, ni aun en Lima la gente se atreve a beber dicha agua, al menos aquélla con ciertos recursos, porque como siempre, los pobres tienen que contentarse con lo que les llega. ¿Es esto algo cualitativamente mejor que recoger agua en tinajas de quebradas o puquios? En honor a la verdad también debo decir que la modernidad, representada por industrias contaminantes y por ciudades en crecimiento que arrojan desperdicios sin tratamiento al agua, ha hecho que las cosas cambien en muchos lugares.
Un indicador como el ingreso monetario que no tome en cuenta las condiciones en que vive la gente es un dato mentiroso. Una familia de cinco miembros que gana 500 soles al mes es pobre si vive en la ciudad, porque ese dinero no le permite afrontar los gastos necesarios para llevar una vida digna, mientras que para una que vive en una comunidad se trata de un ingreso importante (ojo: expresamente no digo que la convierte en rica), porque tiene asegurada parte de la alimentación mediante su trabajo en la chacra, en el monte y en los ríos, dispone de una casa que él mismo construye y repara, de agua limpia (salvo los casos de contaminación ya citados) y, lo que es importante, de un vecindario de parientes con los que mantiene una relación de intercambio recíproco de bienes y servicios.
No se diga ahora que sostengo que no es importante que los indígenas vayan a la escuela, se alfabeticen, tengan derecho a mejores servicios de salud y salubridad y cosas por el estilo. Por cierto, ellos mismos quieren y buscan estas mejoras. Lo que digo es que la manera como esto se realiza no está mejorando la calidad de vida ni de ellos ni, en general, del resto de la población que lee titular chatarra en los kioscos de periódicos.
Otra manera de manipular los datos estadísticos es la que ha hecho De Soto en su último despilfarro de dinero (ocho páginas a color, en suplemento especial de El Comercio (5/6/2010) en día sábado, es algo que debe costar por lo menos unos 70 mil soles), bajo el título de La Amazonía no es avatar. Allí, él señala que hay quienes afirman que “los indígenas son ricos a su manera”, algo que en realidad nunca he leído, lo que claro no quiere decir que, efectivamente, alguien haya mencionado este despropósito. Lo que sí he leído, e incluso firmado personalmente, es que “los indígenas no son pobres”, aludiendo al hecho de que tengan aún comida, vivan en un medio ambiente sano y tengan capacidad de manejar sus propios conflictos internos. Esto, claro, a menos que los “programas de desarrollo” –colonizaciones y otros- los hayan despojado de sus tierras y bosques y que las industrias extractiva hayan contaminado su hábitat y deteriorado su propia salud. La afirmación que hace el economista es tan absurda como glosar a quien afirma que “no todos los políticos son corruptos”, señalando que “los políticos son virtuosos a su manera”.
Me refiero ahora a cómo De Soto usa los datos estadísticos para apoyar su propuesta de que la alternativa de los indígenas es convertir sus tierras en mercancía. Señala él muy contento, pensando haber encontrado el argumento contundente que justifica su idea, que “cinco de los distritos más pobres del Perú (Balsapuerto, Cahuapanas, Alto Pastaza y Morona, en Loreto; y Río Santiago, en Amazonas) se localizan en zonas indígenas de la Amazonía norperuana”. Lo primero que hay que decir es que, de acuerdo al INEI , entre los diez distritos que considera más pobres del Perú no está ninguno de los que él cita y no hay ninguno de las regiones y provincias que menciona. Lo segundo, es que, según la misma fuente, existen muchos distritos que no tienen población indígena que se encuentran en situación de pobreza, incluyendo algunos de Lima. Pero lo que aparentemente quiere demostrar De Soto con su referencia es que la causa de la pobreza de esos distritos (efectivamente Balsapuerto ocupa el puesto 12 en el ranking nacional de pobreza y Cahuapanas el 16, seguidos muy de lejos por Morona -242- y Andoas -246-) se debe a la presencia de población indígena que vive en comunidades. Se trata de un disparate, porque los indicadores de medición de la pobreza son consecuencia de la falta de inversión del Estado en escuelas, salud, saneamiento y en otros campos. Entonces su información implica más un cuestionamiento al Estado que al modo de vida de los indígenas, que es mucho más grave incluso considerando que al menos dos de esos distritos que menciona (“Alto Pastaza” y Morona) se encuentran en una zona donde la industria petrolera extrae buena parte de los hidrocarburos que produce la selva peruana.
¿O es que él piensa que vendiendo sus tierras los indígenas van a tener dinero para mandar a sus hijos al Markham, contratar seguros en la Clínica Anglo-Americana y pagar a Odebrecht la instalación de servicios de saneamiento?
La cuestión es qué derecho asiste a los propagandistas del mercado para pretender incorporar, o mejor dicho (porque ya están incorporados) hacer depender a gente que por sus propios medios, con su inteligencia y esfuerzo, construye, con cierta independencia de los circuitos comerciales, sus propias condiciones de vida que si bien no hacen que viva en la abundancia (¿por qué ésta debe ser considerada un valor universal?) no la condenan a la falencia ni a la desesperación del que nada tiene, ni a la frustración del que se tragó el cuento de que la modernidad (mejor educación, salud, salubridad y, sobre todo, más dinero) es un objeto al alcance de la mano para todos quienes estén dispuestos a estirarla (y a vender sus territorios ancestrales). ¿No son acaso indicadores contundentes de que la cosa no funciona la falta de trabajo de millones de peruanos, los deplorables resultados que arroja la evaluación del sistema escolar, el aumento crítico de enfermedades en los sectores más pobres, la creciente violencia social que azota a todo el país y los procesos de destrucción del medio en los que por desgracia a veces los propios indígenas se han convertido en agentes activos?
La segunda razón por la cual el artículo de De Rivero me ayudó a superar el bloqueo que sentía para abordar el tema es que por él me enteré que la felicidad constituye hoy un indicador de calidad de vida y bienestar usado por los estadígrafos en los países desarrollados. Mis reflexiones, no obstante, van en otra dirección que las de ellos, en primer lugar, porque el punto de partida son realidades nacionales totalmente distintas: sociedades ricas, altamente industrializadas, aquéllas; vs. una sociedad como ésta empobrecidas por la corrupción al grado de metástasis de políticos que prefieren el regalo de los recursos nacionales a cambio de prebendas recibidas bajo la mesa, al trabajo honesto para construir país en beneficio de todos los ciudadanos.
Una diferencia entre esas sociedades aludidas es que en el Perú existen pueblos indígenas que a pesar de estar insertos en las redes nacionales que dominan el conjunto del país (de las que derivan sus peores problemas: contaminación de sus hábitats, intercambio desigual con el mercado, pérdida de conocimientos propios adecuados a su realidad a cambio de rudimentos adquiridos en la escuela y otros), mantienen un grado de autonomía que les permitiría, con una mejora sustantiva de los servicios sociales del Estado, fortalecer una opción de desarrollo basada en las capacidades de su gente para manejar de manera sostenible el medio ambiente y no sólo en el incremento del PBI.
¿Cómo plantean la felicidad los ciudadanos en los países desarrollados? La respuesta sigue los planteamientos hechos por De Rivero en el artículo que comento, que a su vez se basan en diversos estudios sobre el tema. El factor principal de la felicidad es el dinero, no sólo para lo necesario sino, mucho más que eso, “para adquirir y consumir las nuevas necesidades creadas por el mercado y la publicidad” (ibíd.: 4). Como éstas son ilimitadas, la búsqueda de la felicidad se convierte en estrés que termina por conducir a la infelicidad. No basta un auto, es mejor tener dos -sobre todo si el vecino ya se adelantó- que además hay que cambiarlos para estar con el último modelo; ni una casa, hay que tener también otra de playa y mejor aun una más de campo, además de la urbana, y así sin parar. Ésta es la lógica del sistema: producir y consumir de manera ilimitada, porque el día que esto se detenga, el sistema colapsará. Un adelanto de esto ha sido la crisis económica desatada en los Estados Unidos hace pocos años, que no fue causada por problemas de mala administración. Fue, en cambio, manifestación de la crisis de un sistema fundado sobre el consumo, como lo son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de basura (incluyendo la biodegradable, sino pregúntele a los holandeses sobre el tema de los excrementos de una población porcina, varias veces superior a la de los habitantes del país) y otras. El PBI es así, desde ya, un notable indicador de la barbarie del actual sistema, aunque tal vez hoy seamos incapaces de evaluar sus estragos y tengamos que esperar que lo hagan las generaciones venideras.
Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido dudas sobre considerar el PBI como indicador de la felicidad, sobre todo a partir de la comprobación de que su crecimiento no necesariamente implica un incremento de los ingresos de la población. Esto es algo que sucede en Perú y otros 134 países, donde los ingresos sólo crecieron en 2.3% en el periodo que va de 1960 a 2008, lo que es insuficiente para terminar con la pobreza nacional y mucho más incluso para pretender llevar la felicidad del dinero a sus habitantes. En los Estados Unidos, los premios Nóbel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman afirman, refiriéndose al tema de la falta de relación entre dichos factores, que el crecimiento del PBI, desde 1990, sólo ha favorecido al 10% de la población (Ibíd.: 5).
Debido a estas consideraciones, señala el autor, es que los países del norte han comenzado a buscar nuevos indicadores de felicidad en reemplazo del PBI. Así han aparecido el Indicador de Riqueza Genuino (IRG), que pone mayor énfasis en la calidad de vida; y el Índice del Planeta Feliz (IPF), que le da prioridad a una larga vida sin impactos nocivos contra el medio ambiente. En los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos se han realizado estudios y se han conformando comisiones para estudiar el tema de la felicidad, creándose algo así como una nueva disciplina que De Rivero califica de “happylogía”.
No obstante estas preocupaciones, de acuerdo a estos estudios y encuestas, la percepción de la población sobre el tema no ha cambiado sustancialmente, quien le sigue otorgando prioridad a los ingresos que le permitan consumir más allá de sus necesidades básicas. Al respecto, dice el autor, “los psicólogos y psiquiatras tienen otras lectura de esta cultura adquisitiva. Ellos consideran que ganar más para adquirir más está generando una neurosis, que el destacado psicólogo británico, Oliver James, llama: Afluenza, cuyo síndrome es [sic] un ansiedad permanente por tener más y mejor, desde inmuebles, autos, pasando por todo tipo de objetos domésticos y personales, hasta más grandes senos, menos arrugas y inclusive penes más largos” (Ibíd.; 5).
Se trata de un síndrome que hace que la gente se identifique por lo que tiene y aparenta, lo que crea un vacío espiritual que es cada vez más corriente en los países del primer mundo o “sociedades afluentes”, a diferencia de las sociedades en desarrollo donde, según la OMS, casi no existe. La compulsión por el tener y consumir, termina finalmente en el Prosac, medicamento para calmar la ansiedad y los nervios de gran venta en esos países.
El corolario es triste: la búsqueda desenfrenada de la felicidad mediante el tener más ha llevado al medio ambiente a una situación peligrosa debida al calentamiento global y demás desajustes y estragos causados sobre el hábitat; y a las personas, a la neurosis, es decir, a la infelicidad, al arribo a una meta contraria a la que estaba en su mente al inicio del camino, y a otros males, como la obesidad, los infartos, la diabetes y otras enfermedades propias de los tiempos.
En cambio, en muchos pueblos indígenas las cosas funcionan de otra manera. Ignoro cuál es el contenido que ellos le pueden dar a la palabra felicidad, por lo que sería arbitrario y subjetivo de mi parte pretender definirla. Lo que sí sé es que en las comunidades se viven frecuentemente situaciones que se puedan asimilar a ésta. No sé por esto si felicidad es la palabra para nombrar la manera cómo las familias solas o en unión de otras desarrollan sus labores cotidianas, con bromas y risas y tiempo para tomar un pate de masato cuando el calor aprieta, así como para descansar y hacer visitas a parientes y allegados. Cualquiera que haya estado en una comunidad indígena amazónica ha percibido esta situación. No es que no trabajen y ganen su pan con el sudor de su frente, pero éste es consecuencia del calor y no de la carga abrumadora que le impone la competencia y el consumo.
El “buen vivir” sí es un concepto indígena, como lo ha desarrollado en un bello libro mi colega Luisa Elvira Belaunde y otras personas . Se trata de un concepto que, en teoría, parecería acercarse a las nuevas búsquedas emprendidas en los países desarrollados que intentan reemplazar el PBI por la calidad de vida (aunque incoherentemente porque terminan siempre dándole prioridad al consumo). Ella se refiere a que durante su estadía en una comunidad secoya escuchó “a hombres y mujeres repetir palabras como éstas: ‘hay que vivir como gente’ (Pai Paiyeje Paidi); ‘hay que vivir bien’ (deoyerepa Paiye); ‘hay que pensar bien’ (deoyerepa cuatsaye). En lugar de apelar a principios políticos de organización residencial y jerarquía social para mantener el orden y el buen espíritu de la comunidad, ellos apelaban a la capacidad de cada una de las personas de contribuir efectivamente a su bienestar personal y al desarrollo de la vida colectiva” (Belaunde, L.E. p. 28).
Precisamente en un viaje que hice a una comunidad secoya en octubre de este año, ubicada en la cuenca del alto Putumayo y no en la del Napo donde trabajó mi colega Luisa Elvira Belaunde, ante la pregunta a dos grupos de adolescentes (entre 12 y 17 años) sobre qué consideraban ellos que era un derecho, sus respuestas, con distinto fraseo, fueron coincidentemente las mismas: “derecho es vivir bien, es pensar bien”.
Qué derecho tiene la economía de mercado de destruir su vida para forzarlos a depender de un modelo caótico y destructor que se encuentra en franca crisis y que es incapaz de dar trabajo y riqueza a quienes no tienen otra alternativa que la venta de su fuerza de trabajo. Si alguien piensa que este mal durará más de 100 años y los cuerpos lo resistirán, no ve realmente la gravedad de una crisis que a estas alturas es indetenible por la falta de voluntad (y probablemente de posibilidades) de cambiar de rumbo.
¿O se trata de una idea suicida de arrastrar a todos en la caída?
12 de diciembre de 2010
Otra vez muere la vida en Santa Cruz de la Sierra
Fernando Rojas /J.C. Salinas
Un desastre ecológico toca el río Chané. “Desde las 5:00 de hoy (por ayer) escuché retumbar caños de escape de motocicletas en la orilla del río. La intriga por saber qué sucedía me llevó hasta la ribera del afluente y grande fue mi sorpresa cuando vi a un grupo de personas que presurosamente sacaba unos enormes peces que flotaban en el agua al parecer por falta de oxígeno”, señaló Paulino Mamani, poblador de Chané Independencia, distante 95 kilómetros de la capital cruceña, donde ayer se registró una mortandad de peces por causas que todavía se desconocen.
Según Mamani, comunicó a su esposa el suceso y poco después ella lo animó a unirse a la captura de peces. “Logré sacar unos siete surubíes de entre ocho y 15 kilos, un par de pirañas y hasta una raya que logré atravesarla con el gancho. En la orilla del río vi morir muchos peces pequeños con la boca abierta, como si les faltara oxígeno. No voy a venderlos, los charquearé para posteriormente comérmelos”, dijo Mamani.
Justina Castro, que junto a su pareja llegó hasta el arroyo Bibosi -ubicado a poco menos de 800 metros de la comunidad Villa Tunari- hasta cerca del mediodía consiguió sacar del río más de una decena de peces surubí, boga y piraña entre chicos, medianos y grandes.
La mujer, al igual que muchas personas que llegaron hasta dicha zona, manifestó que se comerá los peces porque está segura de que no murieron por envenenamiento, sino por el lodazal que hay producto de la canalización del río Chané, que enturbió y disminuyó el oxígeno del agua, lo que terminó matando a varias especies de peces y otros animales acuáticos.
Hasta Chané Independencia llegó el funcionario de la unidad departamental de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Gobernación cruceña, Erno Martinec, en compañía de autoridades municipales de dicha comunidad, quienes después de recorrer el río Chané y evaluar la situación advirtieron de un desastre ecológico de magnitud provocado a miles de peces y otras especies de animales acuáticos que habitan en el río Chané.
“Nos hemos constituido para verificar la mortandad y tratar de determinar si la causa de la muerte de los peces es por envenenamiento u otro factor externo”, apuntó Martinec.
No obstante, el funcionario de la Gobernación cruceña preliminarmente dijo que el fenómeno pudo ser causado por la eliminación de agroquímicos y desperdicios industriales lanzados al afluente, aunque no se descarta que los residuos producto de las quemas hubiesen sido arrastrados al río después de las últimas lluvias y eso provocó la falta de oxígeno en el agua.
Otra hipótesis, según Martinec, es que personas dedicadas al narcotráfico hubieran destruido una fábrica y los agentes químicos que utilizaron para procesar la droga lo hubiesen lanzado al afluente y consecuentemente contaminado el río.
Lo único cierto, en juicio del funcionario, es que el daño a la vida acuática en la zona de Chané Independencia es enorme si se toma en cuenta que durante el recorrido se encontraron miles de peces muertos y en otros casos agonizando, que corresponden a las especies surubí, pacú, boga, sábalo, tacha, pirañas y hasta rayas de gran tamaño.
“Además, hay que considerar que está vigente la veda por un año en varios ríos del departamento y que en esta época muchos animales acuáticos están por reproducirse, lo que supone, en el caso de los peces, que tienen miles de huevos”, puntualizó Martinec.
En el ámbito preventivo, el subalcalde de Chané Independencia, Pedro Vela, indicó que solicitará al Concejo Municipal de Fernández Alonso se emita una resolución en la que incluya la prohibición de consumo y venta de los peces que fueron retirados del río y que presumiblemente han muerto por contaminación del agua. “A simple vista hemos visto que el hígado y las branquias de varios peces están cocidos y manchadas, según los profesionales que trabajan en Medio Ambiente de la Alcaldía, es por la contaminación del agua con sustancias tóxicas, es por eso que recomendamos a la población no consumir ningún animal acuático, tampoco venderlo a terceras personas”, dijo Vela.
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación cruceña, Manlio Roca, adelantó que hoy un equipo de laboratorio móvil se trasladará al río Chané para extraer muestras de agua y de tejidos de los peces muertos para determinar en el más breve plazo posible de qué están muriendo los animales acuáticos. Pidió no consumir, peor aún vender al público.
Ayer, durante el recorrido hecho por Chané Independencia, se verificó que en el puente del mismo nombre varias personas ofrecían carne de surubí, retirado del río, a Bs 20 el kilogramo.
Un desastre ecológico toca el río Chané. “Desde las 5:00 de hoy (por ayer) escuché retumbar caños de escape de motocicletas en la orilla del río. La intriga por saber qué sucedía me llevó hasta la ribera del afluente y grande fue mi sorpresa cuando vi a un grupo de personas que presurosamente sacaba unos enormes peces que flotaban en el agua al parecer por falta de oxígeno”, señaló Paulino Mamani, poblador de Chané Independencia, distante 95 kilómetros de la capital cruceña, donde ayer se registró una mortandad de peces por causas que todavía se desconocen.
Según Mamani, comunicó a su esposa el suceso y poco después ella lo animó a unirse a la captura de peces. “Logré sacar unos siete surubíes de entre ocho y 15 kilos, un par de pirañas y hasta una raya que logré atravesarla con el gancho. En la orilla del río vi morir muchos peces pequeños con la boca abierta, como si les faltara oxígeno. No voy a venderlos, los charquearé para posteriormente comérmelos”, dijo Mamani.
Justina Castro, que junto a su pareja llegó hasta el arroyo Bibosi -ubicado a poco menos de 800 metros de la comunidad Villa Tunari- hasta cerca del mediodía consiguió sacar del río más de una decena de peces surubí, boga y piraña entre chicos, medianos y grandes.
La mujer, al igual que muchas personas que llegaron hasta dicha zona, manifestó que se comerá los peces porque está segura de que no murieron por envenenamiento, sino por el lodazal que hay producto de la canalización del río Chané, que enturbió y disminuyó el oxígeno del agua, lo que terminó matando a varias especies de peces y otros animales acuáticos.
Hasta Chané Independencia llegó el funcionario de la unidad departamental de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Gobernación cruceña, Erno Martinec, en compañía de autoridades municipales de dicha comunidad, quienes después de recorrer el río Chané y evaluar la situación advirtieron de un desastre ecológico de magnitud provocado a miles de peces y otras especies de animales acuáticos que habitan en el río Chané.
“Nos hemos constituido para verificar la mortandad y tratar de determinar si la causa de la muerte de los peces es por envenenamiento u otro factor externo”, apuntó Martinec.
No obstante, el funcionario de la Gobernación cruceña preliminarmente dijo que el fenómeno pudo ser causado por la eliminación de agroquímicos y desperdicios industriales lanzados al afluente, aunque no se descarta que los residuos producto de las quemas hubiesen sido arrastrados al río después de las últimas lluvias y eso provocó la falta de oxígeno en el agua.
Otra hipótesis, según Martinec, es que personas dedicadas al narcotráfico hubieran destruido una fábrica y los agentes químicos que utilizaron para procesar la droga lo hubiesen lanzado al afluente y consecuentemente contaminado el río.
Lo único cierto, en juicio del funcionario, es que el daño a la vida acuática en la zona de Chané Independencia es enorme si se toma en cuenta que durante el recorrido se encontraron miles de peces muertos y en otros casos agonizando, que corresponden a las especies surubí, pacú, boga, sábalo, tacha, pirañas y hasta rayas de gran tamaño.
“Además, hay que considerar que está vigente la veda por un año en varios ríos del departamento y que en esta época muchos animales acuáticos están por reproducirse, lo que supone, en el caso de los peces, que tienen miles de huevos”, puntualizó Martinec.
En el ámbito preventivo, el subalcalde de Chané Independencia, Pedro Vela, indicó que solicitará al Concejo Municipal de Fernández Alonso se emita una resolución en la que incluya la prohibición de consumo y venta de los peces que fueron retirados del río y que presumiblemente han muerto por contaminación del agua. “A simple vista hemos visto que el hígado y las branquias de varios peces están cocidos y manchadas, según los profesionales que trabajan en Medio Ambiente de la Alcaldía, es por la contaminación del agua con sustancias tóxicas, es por eso que recomendamos a la población no consumir ningún animal acuático, tampoco venderlo a terceras personas”, dijo Vela.
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación cruceña, Manlio Roca, adelantó que hoy un equipo de laboratorio móvil se trasladará al río Chané para extraer muestras de agua y de tejidos de los peces muertos para determinar en el más breve plazo posible de qué están muriendo los animales acuáticos. Pidió no consumir, peor aún vender al público.
Ayer, durante el recorrido hecho por Chané Independencia, se verificó que en el puente del mismo nombre varias personas ofrecían carne de surubí, retirado del río, a Bs 20 el kilogramo.
Pensar en global y actuar en local
Pensar en global y actual en local:
Alicia Tejada Soruco
Las reuniones preparatorias a Cancún repiten lo que se argumentó en la ECO-92: Los vínculos y la correspondencia entre modelo de desarrollo y deterioro ambiental ya se han demostrado científicamente hace casi medio siglo. El discurso político que contrapone desarrollo a calidad del medio ambiente es el mismo también. Lo siento por quienes permanecen en la inmadura pretensión de inaugurar nuevos continentes e inventar al nuevo hombre.
La confrontación de dos aparentemente diferenciados proyectos políticos ocurre en medio del clientelismo y no de las transformaciones. En el fondo los proyectos económicos y macro económicos planteados por derechistas e izquierdistas, son hermanos gemelos y la ausencia de políticas socio económicas es también común e ideológicamente compartida: Lo social es sinónimo de cataplasmas sobre las malluga duras de las cuentas que cobra un defectuoso desarrollismo. Las inversiones del Estado de Bolivia en protección de bosques, cuencas, ríos, equivalen a cero.
Hace veinte años había una Agenda (Nuestra Propia Agenda), de los países sub desarrollados que insistía en las políticas nacionales al tiempo de criticar las de los países desarrollados. “Pensar en global y Actuar en Local”, fue uno de los slogans con los que se expresaba también la cuota de responsabilidad que cada pueblo asumiría. Implica que está vigente la demanda de coherencia entre el hablar y el actuar; que hay una exigencia directa a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, para el cumplimiento de una Agenda Común aún pendiente.
De otra parte se entendía por sociedad civil a ciudadanos urbanos y rurales, construyendo esta Agenda Global Común cuya única ideología era “La Conservación del Medio Ambiente para las Actuales y Futuras Generaciones”; la sociedad tenía un espacio propio, alejado de las justas internas partidarias y sectoriales. La desarticuló y fragmentó la protección estatal al modelo imperante y hoy la desarticulan idénticas razones.
Las instituciones ambientalistas hoy, ejecutoras de muy buenos presupuestos y financiamientos, y de proyectos “small, green y beatifull”, con todo deforestado alrededor, prefieren mantenerse “Asépticas” y las universidades del Estado; no juegan, en este campo, ningún rol en la sociedad.
Por qué insistir en ello ante Cancún: hay una serie de contradicciones que debemos resolver, no puede Bolivia concurrir a criticar un “sistema”, un modelo económico, si localmente lo reproduce o anuncia reproducirlo. Cito ejemplos: Hace más de veinte días que se repite con insistencia, desde algunos niveles del gobierno, en eco con los sectores directamente interesados (Los empresarios agrícolas, afiliados a la CAO) que la seguridad alimentaria de los bolivianos depende de la destrucción de las tierras forestales del país; de la desaparición de la cobertura boscosa de al menos dos millones de hectáreas. Nadie entiende en Bolivia, qué entiende el gobierno central por vivir bien ni que entienden los gobiernos departamentales por desarrollo con autonomías. La agenda ambiental otra vez entre posturas moralistas frente al desarrollismo. ¿Qué cambió?
Alicia Tejada Soruco
Las reuniones preparatorias a Cancún repiten lo que se argumentó en la ECO-92: Los vínculos y la correspondencia entre modelo de desarrollo y deterioro ambiental ya se han demostrado científicamente hace casi medio siglo. El discurso político que contrapone desarrollo a calidad del medio ambiente es el mismo también. Lo siento por quienes permanecen en la inmadura pretensión de inaugurar nuevos continentes e inventar al nuevo hombre.
La confrontación de dos aparentemente diferenciados proyectos políticos ocurre en medio del clientelismo y no de las transformaciones. En el fondo los proyectos económicos y macro económicos planteados por derechistas e izquierdistas, son hermanos gemelos y la ausencia de políticas socio económicas es también común e ideológicamente compartida: Lo social es sinónimo de cataplasmas sobre las malluga duras de las cuentas que cobra un defectuoso desarrollismo. Las inversiones del Estado de Bolivia en protección de bosques, cuencas, ríos, equivalen a cero.
Hace veinte años había una Agenda (Nuestra Propia Agenda), de los países sub desarrollados que insistía en las políticas nacionales al tiempo de criticar las de los países desarrollados. “Pensar en global y Actuar en Local”, fue uno de los slogans con los que se expresaba también la cuota de responsabilidad que cada pueblo asumiría. Implica que está vigente la demanda de coherencia entre el hablar y el actuar; que hay una exigencia directa a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, para el cumplimiento de una Agenda Común aún pendiente.
De otra parte se entendía por sociedad civil a ciudadanos urbanos y rurales, construyendo esta Agenda Global Común cuya única ideología era “La Conservación del Medio Ambiente para las Actuales y Futuras Generaciones”; la sociedad tenía un espacio propio, alejado de las justas internas partidarias y sectoriales. La desarticuló y fragmentó la protección estatal al modelo imperante y hoy la desarticulan idénticas razones.
Las instituciones ambientalistas hoy, ejecutoras de muy buenos presupuestos y financiamientos, y de proyectos “small, green y beatifull”, con todo deforestado alrededor, prefieren mantenerse “Asépticas” y las universidades del Estado; no juegan, en este campo, ningún rol en la sociedad.
Por qué insistir en ello ante Cancún: hay una serie de contradicciones que debemos resolver, no puede Bolivia concurrir a criticar un “sistema”, un modelo económico, si localmente lo reproduce o anuncia reproducirlo. Cito ejemplos: Hace más de veinte días que se repite con insistencia, desde algunos niveles del gobierno, en eco con los sectores directamente interesados (Los empresarios agrícolas, afiliados a la CAO) que la seguridad alimentaria de los bolivianos depende de la destrucción de las tierras forestales del país; de la desaparición de la cobertura boscosa de al menos dos millones de hectáreas. Nadie entiende en Bolivia, qué entiende el gobierno central por vivir bien ni que entienden los gobiernos departamentales por desarrollo con autonomías. La agenda ambiental otra vez entre posturas moralistas frente al desarrollismo. ¿Qué cambió?
5 de noviembre de 2010
La frontera de la disputa y del Conflicto
La frontera de la disputa y del conflicto
Alicia Tejada Soruco
Argenpress
La frontera agrícola es objeto de una disputa desigual y permanente entre las múltiples realidades y visiones de actores que concurren a ella.
El mercado de la tierra no está regulado y sin embargo en este mercado han incursionado todos los actores rurales; los campesinos disputando áreas de subsistencia; los madereros su madera; los empresarios agricultores su soya, girasol o caña; los indígenas su formas de vida; los ambientalistas globalizados sus sumideros de carbono; los mineros sus cuadrículas de minerales; el Estado sus emprendimientos macro económicos; las tierras fiscales son tierras de nadie que podrán ocupar "colonos" y capitales extranjeros:
Todos en disputa contra todos, en un modelo económico en el que hay una sola regla: La cultura comercial que pre-supone la existencia de capacidades de negociación "sin distinción de clases" y de la cual inevitablemente emergen ganadores y perdedores a su turno, pero fatalmente vinculados o al capital o las relaciones con el gobierno.
Desalojos, ocupaciones de hecho; conflictos, casas y bosques quemados; deforestación de áreas no aptas para la agricultura; migraciones rurales que ensanchan cinturones de marginalidad urbana; expresan esta disputa en la que la mano invisible de la economía informal de la tierra se encarga de definir resultados. Ninguna comunidad indígena aprendió esta cultura que excede a sus mojones custodiados y a ello se deben también gran parte de los conflictos que hoy enfrentan sin protección estatal ni resguardo de sus derechos. Una cultura Institucional-formal, funcional al mercado informal embarga las voces de la diversidad de contendores en la línea roja de la frontera agrícola.
El Primer Decreto Agrario del Libertador Simón Bolívar tuvo como objeto la redistribución de tierras concentrada en pocas manos; un modelo colonial que aún no superamos; planes y programas de redistribución sin regulación del mercado. Omisión que permite la remozada re-concentración de recursos, capital y relaciones de poder, en el que las exclusiones son evidentes.
Irrefutables datos científicos expresan que ningún proceso productivo depende de la superficie de tierra disponible, pero la tierra en Bolivia, está en el mercado informal. Los precios y el valor estratégico de la tierra y de los recursos naturales renovables son tan bajos que se constituye en el mejor incentivo a la ineficiencia de los "productores" del país.
No se trata de vincular menor acceso al mercado con relaciones más formales. Se trata de la debilidad del Estado para intervenir en este mercado. Al mercado forestal acceden en condiciones de ventaja quienes acceden al capital o a estructuras de influencia estatal para negociar. Así se explica que no exista ninguna comunidad indígena con su propio aserradero o industria forestal, ni ninguna comunidad exportadora de cacao, maní o algodón nativo. Nadie les enseño a "negociar" en esta frontera.
http://www.argenpress.info/2010/10/bolivia-la-frontera-de-la-disputa-y-del.html
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Alicia Tejada Soruco
Argenpress
La frontera agrícola es objeto de una disputa desigual y permanente entre las múltiples realidades y visiones de actores que concurren a ella.
El mercado de la tierra no está regulado y sin embargo en este mercado han incursionado todos los actores rurales; los campesinos disputando áreas de subsistencia; los madereros su madera; los empresarios agricultores su soya, girasol o caña; los indígenas su formas de vida; los ambientalistas globalizados sus sumideros de carbono; los mineros sus cuadrículas de minerales; el Estado sus emprendimientos macro económicos; las tierras fiscales son tierras de nadie que podrán ocupar "colonos" y capitales extranjeros:
Todos en disputa contra todos, en un modelo económico en el que hay una sola regla: La cultura comercial que pre-supone la existencia de capacidades de negociación "sin distinción de clases" y de la cual inevitablemente emergen ganadores y perdedores a su turno, pero fatalmente vinculados o al capital o las relaciones con el gobierno.
Desalojos, ocupaciones de hecho; conflictos, casas y bosques quemados; deforestación de áreas no aptas para la agricultura; migraciones rurales que ensanchan cinturones de marginalidad urbana; expresan esta disputa en la que la mano invisible de la economía informal de la tierra se encarga de definir resultados. Ninguna comunidad indígena aprendió esta cultura que excede a sus mojones custodiados y a ello se deben también gran parte de los conflictos que hoy enfrentan sin protección estatal ni resguardo de sus derechos. Una cultura Institucional-formal, funcional al mercado informal embarga las voces de la diversidad de contendores en la línea roja de la frontera agrícola.
El Primer Decreto Agrario del Libertador Simón Bolívar tuvo como objeto la redistribución de tierras concentrada en pocas manos; un modelo colonial que aún no superamos; planes y programas de redistribución sin regulación del mercado. Omisión que permite la remozada re-concentración de recursos, capital y relaciones de poder, en el que las exclusiones son evidentes.
Irrefutables datos científicos expresan que ningún proceso productivo depende de la superficie de tierra disponible, pero la tierra en Bolivia, está en el mercado informal. Los precios y el valor estratégico de la tierra y de los recursos naturales renovables son tan bajos que se constituye en el mejor incentivo a la ineficiencia de los "productores" del país.
No se trata de vincular menor acceso al mercado con relaciones más formales. Se trata de la debilidad del Estado para intervenir en este mercado. Al mercado forestal acceden en condiciones de ventaja quienes acceden al capital o a estructuras de influencia estatal para negociar. Así se explica que no exista ninguna comunidad indígena con su propio aserradero o industria forestal, ni ninguna comunidad exportadora de cacao, maní o algodón nativo. Nadie les enseño a "negociar" en esta frontera.
http://www.argenpress.info/2010/10/bolivia-la-frontera-de-la-disputa-y-del.html
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Jugando con fuego
JUGANDO CON FUEGO: URANIO Y ENERGIA NUCLEAR EN BOLIVIA
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
Como en otros casos, la proyectiva de uso de energía nuclear en Bolivia, no es nueva y ya había sido planteada en los años 70, cuando no se conocía mucho de los riesgos y de las relaciones costo/beneficio de este tipo de energía. El año 2007 el IBTEN sacó a discusión el tema de la existencia de uranio en Potosí, la potencialidad de su uso y la generación de energía nuclear. A inicios del año 2008, algunos analistas económicos trataban de mostrar las potencialidades de la implementación de reactores nucleares en Bolivia. Dichos análisis apenas mencionaban el tema de la amenaza ambiental y se abocaban a ponderar las probables bondades técnicas y económicas del uso de una energía, que además de ser cara en su producción, implica las peores pesadillas de riesgo ambiental y social imaginables. Entonces, ya se argumentaba con emular lo que otros países en la región han realizado (Brasil, Argentina) desde luego obviando la gravedad de los temas socio-ambientales que enfrentan, por ejemplo, la Argentina en Malargue. De cualquier forma, estamos siempre en la tónica de procurar copiar lo peor. Es difícil entender hasta donde puede llegar la obsesión del desarrollismo, parecería que es muy difícil en el imaginario tecnológico del país, pensar en energías sanas y ecológicas, como la energía eólica o la solar.
El año 2010, se tornó más crítica la ruleta rusa energética que vive el país y que ya incluía las peores opciones, como megaproyectos hidroeléctricos o geotermia y exploración petrolera en áreas protegidas; esta vez se ha cargado el revolver con la energía nuclear. El epicentro de la amenaza nuclear en Bolivia, parecer ser la región norte del departamento de Potosí.
Nuestra lógica de país productor de materias primas, inmerso en el modelo del extractivismo más básico (una economía de base estrecha), nos impide visualizar los riesgos que implica abrir esta puerta. El año 2009, se percibía una vez mas, que en las oficinas del Estado y analistas del sector, no existía conciencia sobre la gravedad sobre el uso de la energía nuclear, al contrario el tema era recibido con beneplácito y un gran optimismo mercantilista. Es posible que las decisiones asumidas el año 2010, desde los cargos más altos del Estado a favor de la energía nuclear, obedecieran además de situaciones eminentemente de política internacional, a una suerte de reacción de pánico ante la eventual reducción de las reservas de gas y la merma de horizontes energéticos boyantes.
Al considerar la energía nuclear y su base que es el uranio, lo primero que se debe tener en mente, es que no estamos hablando de minerales como estaño, plomo o zinc, los cuales a pesar del riesgo inherente por ser metales pesados, no representan los riesgos del uranio. El uranio es un mineral radiactivo y a pesar de encontrarse en general en bajas concentraciones, explotación y procesamiento, significan un riesgo mucho mayor que cualquier otro mineral. Parece que nuestros sueños poco meditados de desarrollo a ultranza, parecen conducirnos cada vez más a aventuras productivas cada cual más riesgosa, donde el principio precautorio y los recaudos ambientales y sociales (salud principalmente) siguen brillando por su ausencia.
Es importante recordar, que entre los más peligrosos acercamientos diplomáticos que viene realizando el actual gobierno, no solo está Irán, que se ha destacado por su marcado apego a jugar con la energía nuclear, sino que también está Rusia. Casi a inicios del 2010 (El Deber, abril 2010) se mencionaba la “buena voluntad” del gobierno de Rusia ofrecía a la administración de Evo Morales la instalación de una planta nuclear y hasta de misiles, en el marco de una nueva etapa de relación bilateral, buscando en apariencia, convertir a Bolivia en la punta de lanza para avanzar y afianzar su influencia en la región. (Noticias Bolivia/http//boliviabb.com, 18 abril 2010; www.cbh.org.bo, mayo 2010). Por su parte, la nueva gestión presidencial de Chile ha manifestado las buenas perspectivas de recurrir a la energía nuclear, lo cual implica mayores riesgos de operaciones mineras en torno al uranio en la región.
A claras vistas, los tomadores de decisión de nuestro país, ignoran lo que viene ocurriendo en materia de contaminación por mineración y procesamiento de uranio en diversas regiones del planeta: España (Salamanca), Argentina (Sierra Pintada), Canadá (Elliot Lake, Algom River), Australia (Ranger, Jabiluka), Irán (Natanz). Desde luego, tampoco se han tomado la molestia de revisar el largo legajo de accidentes graves en plantas de generación de energía nuclear o en manipulación de materiales radiactivos en el mundo en los últimos 30 años, sin mencionar a Chernovil en Ucrania, que es muy conocido: España (Almería-Palomares, Tarragona-Vandellós II), Inglaterra (Windscale), Argentina (Buenos Aires-RA2, Embalse), Brasil (Goiania), Alemania (Hamburgo-Krümmel, Wergassen), Eslovenia (Krsko), Rusia (Siberia Tomsk-7, Balakovo), Solvakia (Bohonice), Lituania (Iganlina), Bulgaria (Kozlodoy), Francia (Román -Sur Isère, Areva-Tricastin), China (Zhejiang), Iran (Racht), Estado Unidos (Three miles Island, Buchanan-CON Edison), Canada (Chalk River), Corea del sur (Wolsung), India (Mayapuri, Hyderabad), Japón (Tsuruga, Tokaimura, Mihama). En todos estos casos existen fuertes evidencias de severas afectaciones a la salud de las poblaciones afectadas, siendo los casos mas graves, la incidencia anormal de casos de cáncer y mal formaciones congénitas graves.
Una de las formas más comunes de justificar la explotación y procesamiento del uranio, ha sido invocar el uso con fines pacíficos (producción de energía, medicina, industria). Independientemente de su uso, que bien puede ser para fines no bélicos, la producción y procesamiento de uranio, conlleva una enorme carga de impactos y riesgos ambientales y sociales, que minimizan las buenas intenciones de su producción. Tampoco tiene mucho sustento lógico argumentar, que si otros países han adoptado una producción energética nuclear, nosotros también estamos en nuestro derecho de hacerlo, pues equivale a decir que, si otros países viven bajo la amenaza de accidentes nucleares y soportan una fuerte contaminación de muy alto riesgo, nosotros también podemos ir por ese camino. Otra forma común de justificar el uso de la energía nuclear, es argüir, que es una energía limpia, apelando a las menores emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si se toman en cuenta los efectos de una contaminación especialmente peligrosa en todas sus etapas, el carácter “limpio” llega a ser solo una palabra.
El uranio en la naturaleza se presenta en muy bajas concentraciones (unas pocas o ppm) en rocas, tierras, agua y los seres vivos. Para su uso, el uranio debe ser extraído y concentrado a partir de minerales que lo contienen como por ejemplo la uranita, tantalita y la pechblenda. Las rocas son tratadas químicamente para separar el uranio, convirtiéndolo en compuestos químicos de uranio. El residuo se denomina estéril. Esos estériles contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el radio, el torio o el potasio. El uranio natural está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (U-238), uranio-235 (U-235) y uranio-234 (U-234), todos ellos emiten radiación por la inestabilidad de sus núcleos atómicos.
El U-235 se utiliza como combustible en centrales nucleares y en algunos diseños de armamento nuclear. Para producir combustible, el uranio natural es separado en dos porciones. La porción combustible tiene más U-235 que lo normal, denominándose uranio enriquecido, mientras que la porción sobrante, con menos U-235 que lo normal, se llama uranio empobrecido. El uranio natural, enriquecido o empobrecido es químicamente idéntico
El ciclo de un combustible nuclear empieza en minas, comúnmente en yacimientos derivados de pecblendas (tipo de roca rica en zinc y azufre). El mineral es triturado y pulverizado, luego se procede a obtener la “torta amarilla” (“yellow cake”) una mezcla de óxidos de uranios que es la base para el núcleo del reactor y la reacción en cadena. Después de la obtención de la “torta” (80% de uranio) quedan 100 veces su peso en arenas residuales o colas y miles de litros de líquidos residuales, todos estos residuos son químicamente tóxicos y radiactivos.
El uranio empobrecido es el menos radiactivo y el enriquecido el más radiactivo. A parte de la radiación emitida y el riesgo de cáncer, el uranio en cualquiera de sus formas (natural, enriquecido o empobrecido), al ser un metal pesado, posee toxicidad, pudiendo afectar especialmente al sistema renal.
Una mina que produce unas 1.000 toneladas de uranio al año, deja 250.000 toneladas anuales de colas radiactivas. En general por cada kilogramo de uranio procesado se genera una tonelada de residuos altamente radiactivos con abundancia de radio 226, torio 234 y gas radón. Uno de los grandes problemas de los países que apuestan por la energía nuclear, es el destino de los residuos, que son de alta peligrosidad, ya que su disposición final además de ser muy costosa, también comprende riesgos de fugas.
Cualquier actividad que produzca o use materiales radioactivos, como el uranio, genera desechos y residuos nucleares. La minería nuclear, los procesamientos, y la generación de energía nucleoeléctrica, producen subproductos en forma de residuos y desechos radioactivos, los cuales emiten radiación ionizante, potencialmente dañina para las células y por tanto para la salud y la vida. La basura radioactiva puede encontrarse en forma gaseosa, líquida o sólida y su nivel de radioactividad varía. En las zonas de mineración de uranio, los polvos con material radiactivo que son inhalados por operarios y gente local, son la fuente más probable del alto número de casos de cáncer de pulmón.
Tanto las radiaciones ionizantes de alta intensidad, como las de baja intensidad, pueden modificar la genética del cuerpo humano, ocasionando crecimiento de tumores, problemas tiroidales, daños al sistema inmunológico, defectos de nacimiento, problemas cutáneos, y diversas disfunciones gástricas, renales, hepáticas, daño neurológico, leucemia, cáncer y muerte. El riesgo que corre una mujer, expuesta a una fuente radioactiva es de casi el doble del que corre un hombre en iguales circunstancias. También son muy elevados los riesgos de teratogenia o mal formación placentaria, en el período de gestación. Los niños lactantes son hasta cuarenta veces más sensibles que los adultos porque sus células se dividen más rápidamente y su sistema inmunológico aún está inmaduro.
Un informe preparado por la Asociación Médica de British Columbia (Canadá), advierte que, debido a la desintegración o decaimiento de materiales radiactivos como radio y torio en los depósitos de desperdicio de las minas de uranio, se producen un incremento gradual de emisores de gas radón al ambiente por miles de años, convirtiendo el área de 10 Km. a la redonda de dichas parvas, en un lugar significativamente riesgoso para la salud y potencialmente inhabitable.
En la Argentina ya existen serios problemas de colas radiactivas en las zonas de Sierra Pintada y Malargue en Mendoza. Nunca se realizó la remediación, los residuos generados siguen en Sierra Pintada: 1.700.000 toneladas de colas de uranio, 5.340 tambores comunes (algunos enterrados en trincheras comunes con tierra encima y otros directamente a la interperie); 1.200.000 tn de agua contaminada (agua de lixiviación del proceso de extracción) con materiales radiactivos, metales pesados y ácidos fuertes, ubicada en las canteras y diques de evaporación. Hay que sumarle los residuos ubicados a 1.000 metros del centro de la ciudad de Malargüe: 700.000 tn de colas de uranio y el abandono de 19.500 m3 de estériles de explotación y 2.500 m3 de marginales, en los alrededores de la mina Hüemul en Malargüe.
En cuanto a la ventaja económica de producir energía con base a fuentes nucleares, es importante comprender los alcances y la relación de costo de producción de la energía nuclear y no caer en figuras demagógicas que ignoran la realidad y que hablan de producir “50 veces” más energía que la actual oferta del Sistema Interconectado Nacional (aprox. 1.000 MW). Tanto en el Brasil como en la Argentina la construcción de las plantas de energía nuclear Angra o Atucha, han sido puestos en un profundo debate, no solo por las enormes implicancias de riesgo ambiental, sino por lo oneroso en términos de costo/beneficio. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las millonarias plantas nucleares Angra, con un costo total más de 6000 millones de dólares cada una en promedio, solo ofertan entre 600 y 1300 MW, esto es un 4 % del total de energía producida en el Brasil. La energía nuclear es una energía cara, su producción implica entre 0.5 a 0.8 $US por kWh generado, más cara incluso que la geotérmica (0.1 $US por kWh) y no comparable, desde luego, con energía térmica en base a gas, cuyo costo promedio es de unos 0.045 $US por kWh.
Algo que debería tener relación con la decisión gubernamental de fines del 2010, es que a fines del 2009, se anunció la prospección de uranio en la zona del cerro Cotaje, proceso impulsado por la entonces Prefectura de Potosí y con asignación de un presupuesto superior a los 2 millones de bolivianos. El año 2010 se realizaron otras prospecciones en dicha región, con participación de oficinas técnicas del sector minero del nivel central. Los resultados dados a conocer oficialmente a la prensa a fines del 2010 (La Patria, 10 octubre 2010), mencionan que dichas prospecciones resultaron un fracaso, puesto que solo se encontraron indicios no significativos del mineral. Esto llama mucho la atención, pues se conoce por información de prensa vertida por el propio Director Nacional de Minería (La Razón, 26 mayo 2009) que, “en la década de los 80, en la localidad de Cotaje, en Potosí, se explotó uranio en bajas cantidades (cinco toneladas por mes) bajo la cobertura del IBTEN y que incluso se llegó a producir cierta cantidad de material concentrado, denominado “torta amarilla”, y del cual nunca se puso su destino y razón.
¿Si no existe uranio explotable en la zona entre Potosí y Oruro, identificada hasta ahora como la de mayor potencialidad y con antecedentes de producción, entonces a que vienen los acercamientos oficiales con Irán y los anuncios de contar con su apoyo en materia de desarrollo de energía nuclear en el país, precisamente en Potosí? Podríamos suponer varias cosas: que es otro sinsentido político, que hay uranio en otras regiones y no se ha dado a conocer, o en el peor de los casos, que sí existe uranio en Cotaje y que las oficinas de minería están ocultando información por razones estratégicas. Sin embargo, en materia de uranio y energía nuclear, es necesaria la mayor transparencia posible, no se puede realizar un manejo discrecional de la información u obviar la aplicación de los instrumentos y medidas de regulación y control más estrictos previstos en la normativa ambiental. Tenemos como un mal antecedente, las “operaciones piloto” de litio en el Salar de Uyuni y el anuncio del arranque de operaciones industriales, sin conocimiento de que exista una Ficha ambiental o la aplicación de los otros instrumentos de regulación previstos en la normativa, ello a pesar de que ya existe una afectación considerable al Salar en las zonas adyacentes a la boca del Río grande de Lípez.
Todo esto demuestra que la gestión ambiental en el país, sigue siendo la quinta o sexta rueda del carro; bajo dicha condición, cualquier operación minera o energética importante, reviste muy alto riesgo, mucho más cuando se trata del uranio y energía nuclear. Este retroceso hace que los discursos de protección de la Madre Tierra, hayan quedado más vacíos y carentes de sentido como nunca antes.
Fuentes
AVELLANEDA,A.C. 2007. Gestión ambiental y Planificación del Desarrollo. El sujeto ambiental y los conflictos ecológicos distribuitivos. ECOE Eds. Bogota, Colombia. 304 p.
DAVIS,M,L., MASTEN,S. 2005. Ingeniería y Ciencias ambientales, McGrawHill Eds. México DF. 750 p
KECHICHIAN,G. 1997. Educación Ambiental. Una propuesta para la acción en la escuela. Ed. SANTILLANA. Buenos Aires, Argentina. 255 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
GARCIA,Y.P.L. 2001. Tecnologías energéticas e Impacto ambiental. MacGrawHill. Madrid. España. 680 p.
GARCÍA,E. 2005. Medio Ambiente y Sociedad. La civilización industrial y los límites del crecimiento. ALIANZA Ed. Madrid, España. 356 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
OPS. 2000. La salud y el Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Pub. Cientif. Nº 572. 281 p.
RIBERA, A. M. O. 2008. Problemas socio ambientales de la minería en Bolivia. Estudio de caso Nº 3. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 118 p.
Páginas electrónicas consultadas
www.ecoportal.net
www.greenpeace.org
www.ambientum.com
www.ambiental.net
www.panoramaenergético.com
www.greenfacts.org
www.accion-energia.com
www.ecoportal.net
www.foronuclear.org
www.ambiental.net
www.noalamina.org
www.nonuclear.org.ar
www.proteger.ar
mendozacontaminada.blogspot.com
www.eco-sitio.com.ar
www.ambientum.com
www.ops.org.bo
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
Como en otros casos, la proyectiva de uso de energía nuclear en Bolivia, no es nueva y ya había sido planteada en los años 70, cuando no se conocía mucho de los riesgos y de las relaciones costo/beneficio de este tipo de energía. El año 2007 el IBTEN sacó a discusión el tema de la existencia de uranio en Potosí, la potencialidad de su uso y la generación de energía nuclear. A inicios del año 2008, algunos analistas económicos trataban de mostrar las potencialidades de la implementación de reactores nucleares en Bolivia. Dichos análisis apenas mencionaban el tema de la amenaza ambiental y se abocaban a ponderar las probables bondades técnicas y económicas del uso de una energía, que además de ser cara en su producción, implica las peores pesadillas de riesgo ambiental y social imaginables. Entonces, ya se argumentaba con emular lo que otros países en la región han realizado (Brasil, Argentina) desde luego obviando la gravedad de los temas socio-ambientales que enfrentan, por ejemplo, la Argentina en Malargue. De cualquier forma, estamos siempre en la tónica de procurar copiar lo peor. Es difícil entender hasta donde puede llegar la obsesión del desarrollismo, parecería que es muy difícil en el imaginario tecnológico del país, pensar en energías sanas y ecológicas, como la energía eólica o la solar.
El año 2010, se tornó más crítica la ruleta rusa energética que vive el país y que ya incluía las peores opciones, como megaproyectos hidroeléctricos o geotermia y exploración petrolera en áreas protegidas; esta vez se ha cargado el revolver con la energía nuclear. El epicentro de la amenaza nuclear en Bolivia, parecer ser la región norte del departamento de Potosí.
Nuestra lógica de país productor de materias primas, inmerso en el modelo del extractivismo más básico (una economía de base estrecha), nos impide visualizar los riesgos que implica abrir esta puerta. El año 2009, se percibía una vez mas, que en las oficinas del Estado y analistas del sector, no existía conciencia sobre la gravedad sobre el uso de la energía nuclear, al contrario el tema era recibido con beneplácito y un gran optimismo mercantilista. Es posible que las decisiones asumidas el año 2010, desde los cargos más altos del Estado a favor de la energía nuclear, obedecieran además de situaciones eminentemente de política internacional, a una suerte de reacción de pánico ante la eventual reducción de las reservas de gas y la merma de horizontes energéticos boyantes.
Al considerar la energía nuclear y su base que es el uranio, lo primero que se debe tener en mente, es que no estamos hablando de minerales como estaño, plomo o zinc, los cuales a pesar del riesgo inherente por ser metales pesados, no representan los riesgos del uranio. El uranio es un mineral radiactivo y a pesar de encontrarse en general en bajas concentraciones, explotación y procesamiento, significan un riesgo mucho mayor que cualquier otro mineral. Parece que nuestros sueños poco meditados de desarrollo a ultranza, parecen conducirnos cada vez más a aventuras productivas cada cual más riesgosa, donde el principio precautorio y los recaudos ambientales y sociales (salud principalmente) siguen brillando por su ausencia.
Es importante recordar, que entre los más peligrosos acercamientos diplomáticos que viene realizando el actual gobierno, no solo está Irán, que se ha destacado por su marcado apego a jugar con la energía nuclear, sino que también está Rusia. Casi a inicios del 2010 (El Deber, abril 2010) se mencionaba la “buena voluntad” del gobierno de Rusia ofrecía a la administración de Evo Morales la instalación de una planta nuclear y hasta de misiles, en el marco de una nueva etapa de relación bilateral, buscando en apariencia, convertir a Bolivia en la punta de lanza para avanzar y afianzar su influencia en la región. (Noticias Bolivia/http//boliviabb.com, 18 abril 2010; www.cbh.org.bo, mayo 2010). Por su parte, la nueva gestión presidencial de Chile ha manifestado las buenas perspectivas de recurrir a la energía nuclear, lo cual implica mayores riesgos de operaciones mineras en torno al uranio en la región.
A claras vistas, los tomadores de decisión de nuestro país, ignoran lo que viene ocurriendo en materia de contaminación por mineración y procesamiento de uranio en diversas regiones del planeta: España (Salamanca), Argentina (Sierra Pintada), Canadá (Elliot Lake, Algom River), Australia (Ranger, Jabiluka), Irán (Natanz). Desde luego, tampoco se han tomado la molestia de revisar el largo legajo de accidentes graves en plantas de generación de energía nuclear o en manipulación de materiales radiactivos en el mundo en los últimos 30 años, sin mencionar a Chernovil en Ucrania, que es muy conocido: España (Almería-Palomares, Tarragona-Vandellós II), Inglaterra (Windscale), Argentina (Buenos Aires-RA2, Embalse), Brasil (Goiania), Alemania (Hamburgo-Krümmel, Wergassen), Eslovenia (Krsko), Rusia (Siberia Tomsk-7, Balakovo), Solvakia (Bohonice), Lituania (Iganlina), Bulgaria (Kozlodoy), Francia (Román -Sur Isère, Areva-Tricastin), China (Zhejiang), Iran (Racht), Estado Unidos (Three miles Island, Buchanan-CON Edison), Canada (Chalk River), Corea del sur (Wolsung), India (Mayapuri, Hyderabad), Japón (Tsuruga, Tokaimura, Mihama). En todos estos casos existen fuertes evidencias de severas afectaciones a la salud de las poblaciones afectadas, siendo los casos mas graves, la incidencia anormal de casos de cáncer y mal formaciones congénitas graves.
Una de las formas más comunes de justificar la explotación y procesamiento del uranio, ha sido invocar el uso con fines pacíficos (producción de energía, medicina, industria). Independientemente de su uso, que bien puede ser para fines no bélicos, la producción y procesamiento de uranio, conlleva una enorme carga de impactos y riesgos ambientales y sociales, que minimizan las buenas intenciones de su producción. Tampoco tiene mucho sustento lógico argumentar, que si otros países han adoptado una producción energética nuclear, nosotros también estamos en nuestro derecho de hacerlo, pues equivale a decir que, si otros países viven bajo la amenaza de accidentes nucleares y soportan una fuerte contaminación de muy alto riesgo, nosotros también podemos ir por ese camino. Otra forma común de justificar el uso de la energía nuclear, es argüir, que es una energía limpia, apelando a las menores emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si se toman en cuenta los efectos de una contaminación especialmente peligrosa en todas sus etapas, el carácter “limpio” llega a ser solo una palabra.
El uranio en la naturaleza se presenta en muy bajas concentraciones (unas pocas o ppm) en rocas, tierras, agua y los seres vivos. Para su uso, el uranio debe ser extraído y concentrado a partir de minerales que lo contienen como por ejemplo la uranita, tantalita y la pechblenda. Las rocas son tratadas químicamente para separar el uranio, convirtiéndolo en compuestos químicos de uranio. El residuo se denomina estéril. Esos estériles contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el radio, el torio o el potasio. El uranio natural está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (U-238), uranio-235 (U-235) y uranio-234 (U-234), todos ellos emiten radiación por la inestabilidad de sus núcleos atómicos.
El U-235 se utiliza como combustible en centrales nucleares y en algunos diseños de armamento nuclear. Para producir combustible, el uranio natural es separado en dos porciones. La porción combustible tiene más U-235 que lo normal, denominándose uranio enriquecido, mientras que la porción sobrante, con menos U-235 que lo normal, se llama uranio empobrecido. El uranio natural, enriquecido o empobrecido es químicamente idéntico
El ciclo de un combustible nuclear empieza en minas, comúnmente en yacimientos derivados de pecblendas (tipo de roca rica en zinc y azufre). El mineral es triturado y pulverizado, luego se procede a obtener la “torta amarilla” (“yellow cake”) una mezcla de óxidos de uranios que es la base para el núcleo del reactor y la reacción en cadena. Después de la obtención de la “torta” (80% de uranio) quedan 100 veces su peso en arenas residuales o colas y miles de litros de líquidos residuales, todos estos residuos son químicamente tóxicos y radiactivos.
El uranio empobrecido es el menos radiactivo y el enriquecido el más radiactivo. A parte de la radiación emitida y el riesgo de cáncer, el uranio en cualquiera de sus formas (natural, enriquecido o empobrecido), al ser un metal pesado, posee toxicidad, pudiendo afectar especialmente al sistema renal.
Una mina que produce unas 1.000 toneladas de uranio al año, deja 250.000 toneladas anuales de colas radiactivas. En general por cada kilogramo de uranio procesado se genera una tonelada de residuos altamente radiactivos con abundancia de radio 226, torio 234 y gas radón. Uno de los grandes problemas de los países que apuestan por la energía nuclear, es el destino de los residuos, que son de alta peligrosidad, ya que su disposición final además de ser muy costosa, también comprende riesgos de fugas.
Cualquier actividad que produzca o use materiales radioactivos, como el uranio, genera desechos y residuos nucleares. La minería nuclear, los procesamientos, y la generación de energía nucleoeléctrica, producen subproductos en forma de residuos y desechos radioactivos, los cuales emiten radiación ionizante, potencialmente dañina para las células y por tanto para la salud y la vida. La basura radioactiva puede encontrarse en forma gaseosa, líquida o sólida y su nivel de radioactividad varía. En las zonas de mineración de uranio, los polvos con material radiactivo que son inhalados por operarios y gente local, son la fuente más probable del alto número de casos de cáncer de pulmón.
Tanto las radiaciones ionizantes de alta intensidad, como las de baja intensidad, pueden modificar la genética del cuerpo humano, ocasionando crecimiento de tumores, problemas tiroidales, daños al sistema inmunológico, defectos de nacimiento, problemas cutáneos, y diversas disfunciones gástricas, renales, hepáticas, daño neurológico, leucemia, cáncer y muerte. El riesgo que corre una mujer, expuesta a una fuente radioactiva es de casi el doble del que corre un hombre en iguales circunstancias. También son muy elevados los riesgos de teratogenia o mal formación placentaria, en el período de gestación. Los niños lactantes son hasta cuarenta veces más sensibles que los adultos porque sus células se dividen más rápidamente y su sistema inmunológico aún está inmaduro.
Un informe preparado por la Asociación Médica de British Columbia (Canadá), advierte que, debido a la desintegración o decaimiento de materiales radiactivos como radio y torio en los depósitos de desperdicio de las minas de uranio, se producen un incremento gradual de emisores de gas radón al ambiente por miles de años, convirtiendo el área de 10 Km. a la redonda de dichas parvas, en un lugar significativamente riesgoso para la salud y potencialmente inhabitable.
En la Argentina ya existen serios problemas de colas radiactivas en las zonas de Sierra Pintada y Malargue en Mendoza. Nunca se realizó la remediación, los residuos generados siguen en Sierra Pintada: 1.700.000 toneladas de colas de uranio, 5.340 tambores comunes (algunos enterrados en trincheras comunes con tierra encima y otros directamente a la interperie); 1.200.000 tn de agua contaminada (agua de lixiviación del proceso de extracción) con materiales radiactivos, metales pesados y ácidos fuertes, ubicada en las canteras y diques de evaporación. Hay que sumarle los residuos ubicados a 1.000 metros del centro de la ciudad de Malargüe: 700.000 tn de colas de uranio y el abandono de 19.500 m3 de estériles de explotación y 2.500 m3 de marginales, en los alrededores de la mina Hüemul en Malargüe.
En cuanto a la ventaja económica de producir energía con base a fuentes nucleares, es importante comprender los alcances y la relación de costo de producción de la energía nuclear y no caer en figuras demagógicas que ignoran la realidad y que hablan de producir “50 veces” más energía que la actual oferta del Sistema Interconectado Nacional (aprox. 1.000 MW). Tanto en el Brasil como en la Argentina la construcción de las plantas de energía nuclear Angra o Atucha, han sido puestos en un profundo debate, no solo por las enormes implicancias de riesgo ambiental, sino por lo oneroso en términos de costo/beneficio. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las millonarias plantas nucleares Angra, con un costo total más de 6000 millones de dólares cada una en promedio, solo ofertan entre 600 y 1300 MW, esto es un 4 % del total de energía producida en el Brasil. La energía nuclear es una energía cara, su producción implica entre 0.5 a 0.8 $US por kWh generado, más cara incluso que la geotérmica (0.1 $US por kWh) y no comparable, desde luego, con energía térmica en base a gas, cuyo costo promedio es de unos 0.045 $US por kWh.
Algo que debería tener relación con la decisión gubernamental de fines del 2010, es que a fines del 2009, se anunció la prospección de uranio en la zona del cerro Cotaje, proceso impulsado por la entonces Prefectura de Potosí y con asignación de un presupuesto superior a los 2 millones de bolivianos. El año 2010 se realizaron otras prospecciones en dicha región, con participación de oficinas técnicas del sector minero del nivel central. Los resultados dados a conocer oficialmente a la prensa a fines del 2010 (La Patria, 10 octubre 2010), mencionan que dichas prospecciones resultaron un fracaso, puesto que solo se encontraron indicios no significativos del mineral. Esto llama mucho la atención, pues se conoce por información de prensa vertida por el propio Director Nacional de Minería (La Razón, 26 mayo 2009) que, “en la década de los 80, en la localidad de Cotaje, en Potosí, se explotó uranio en bajas cantidades (cinco toneladas por mes) bajo la cobertura del IBTEN y que incluso se llegó a producir cierta cantidad de material concentrado, denominado “torta amarilla”, y del cual nunca se puso su destino y razón.
¿Si no existe uranio explotable en la zona entre Potosí y Oruro, identificada hasta ahora como la de mayor potencialidad y con antecedentes de producción, entonces a que vienen los acercamientos oficiales con Irán y los anuncios de contar con su apoyo en materia de desarrollo de energía nuclear en el país, precisamente en Potosí? Podríamos suponer varias cosas: que es otro sinsentido político, que hay uranio en otras regiones y no se ha dado a conocer, o en el peor de los casos, que sí existe uranio en Cotaje y que las oficinas de minería están ocultando información por razones estratégicas. Sin embargo, en materia de uranio y energía nuclear, es necesaria la mayor transparencia posible, no se puede realizar un manejo discrecional de la información u obviar la aplicación de los instrumentos y medidas de regulación y control más estrictos previstos en la normativa ambiental. Tenemos como un mal antecedente, las “operaciones piloto” de litio en el Salar de Uyuni y el anuncio del arranque de operaciones industriales, sin conocimiento de que exista una Ficha ambiental o la aplicación de los otros instrumentos de regulación previstos en la normativa, ello a pesar de que ya existe una afectación considerable al Salar en las zonas adyacentes a la boca del Río grande de Lípez.
Todo esto demuestra que la gestión ambiental en el país, sigue siendo la quinta o sexta rueda del carro; bajo dicha condición, cualquier operación minera o energética importante, reviste muy alto riesgo, mucho más cuando se trata del uranio y energía nuclear. Este retroceso hace que los discursos de protección de la Madre Tierra, hayan quedado más vacíos y carentes de sentido como nunca antes.
Fuentes
AVELLANEDA,A.C. 2007. Gestión ambiental y Planificación del Desarrollo. El sujeto ambiental y los conflictos ecológicos distribuitivos. ECOE Eds. Bogota, Colombia. 304 p.
DAVIS,M,L., MASTEN,S. 2005. Ingeniería y Ciencias ambientales, McGrawHill Eds. México DF. 750 p
KECHICHIAN,G. 1997. Educación Ambiental. Una propuesta para la acción en la escuela. Ed. SANTILLANA. Buenos Aires, Argentina. 255 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
GARCIA,Y.P.L. 2001. Tecnologías energéticas e Impacto ambiental. MacGrawHill. Madrid. España. 680 p.
GARCÍA,E. 2005. Medio Ambiente y Sociedad. La civilización industrial y los límites del crecimiento. ALIANZA Ed. Madrid, España. 356 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
OPS. 2000. La salud y el Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Pub. Cientif. Nº 572. 281 p.
RIBERA, A. M. O. 2008. Problemas socio ambientales de la minería en Bolivia. Estudio de caso Nº 3. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 118 p.
Páginas electrónicas consultadas
www.ecoportal.net
www.greenpeace.org
www.ambientum.com
www.ambiental.net
www.panoramaenergético.com
www.greenfacts.org
www.accion-energia.com
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www.foronuclear.org
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12 de octubre de 2010
Mortandad de peces, el deber, julio 2010
René David Moreno
Una gran mortandad de peces se ha producido en los ríos Grande y Piraí, según indicaron varios testigos. Peces pequeños, medianos y grandes de hasta un metro de largo, han muerto por el frío polar que llegó a Santa Cruz hace algunos días.
Rafael Paz, agropecuario que tiene su propiedad al borde del Río Grande, dijo que lo que se ve en el agua es un ‘desastre’ porque en decenas de kilómetros están diseminados miles de estos animales acuáticos que flotan inertes en el agua.
“Yo creo que por lo menos han muerto entre un 80% y un 90% de los peces. Incluso han muerto petas (tortugas de agua) y lagartos. Es un desastre total, es una cosa que no se puede explicar. Desde la década de los 70 que estoy por esa zona y nunca se ha visto una cosa así”, expresó alarmado, al mostrar una filmación que atestigua el hecho.
Juan Pablo Áñez también observó el desastre y tomó fotografías de lo sucedido ayer al mediodía en la zona de Yuquises.
El lugar por donde se puede observar el desastre es la parte norte del municipio de San Pedro, provincia Obispo Santistevan.
Según Paz, en el termómetro que tiene en su propiedad, la temperatura estuvo en cero grado, por lo que el agua se enfrió completamente, y se cree que las bajas temperaturas produjeron la mortandad y no otro tipo de situaciones.
Desde San Pedro, el médico Liborio Soto dijo que efectivamente desde hace unos días que los peces han muerto en gran cantidad no sólo en el Río Grande, sino también en el río Piraí. “La mortandad es asombrosa, no se puede creer”, e indicó que en los criaderos de la zona también los peces han perecido.
Mencionó que mucha gente está sacando pacú, surubí, bogas, entre otras especies y que los están comercializando en poblaciones del norte cruceño.
Soto recomendó a los pobladores de las comunidades vecinas no consumir peces que ya estén con mal olor o que tengan las escamas pegajosas, porque su consumo puede traer problemas gastrointestinales.
Asimismo, los piscicultores han hecho conocer que miles de peces han muerto en los criaderos producto del intenso frío que hubo.
El responsable del área de Biodiversidad de la Gobernación, Francisco Aguilera, que verificó en el lugar la mortandad, dijo que en los mercados de la ciudad se va a ejercer mayor control en la venta de pescados.
Beni mantiene la alerta por la sequía
Pese a que el informe oficial del Ministerio de Desarrollo Rural considera que los daños por eventos climáticos son magnificados en los medios de comunicación, las regiones reportan sus daños y se mantienen alertas.
El secretario de la Gobernación de Beni, Carlos Dellien, dijo que las lluvias caídas en esta última semana han paliado un poco el tema de la sequía, pero se mantiene la alerta naranja en ese departamento, porque eso no garantiza que la situación se haya revertido. Están preparando un informe para determinar las pérdidas que han tenido, principalmente el sector ganadero, que suele ser el más afectado.
Los municipios de San Borja, Santa Rosa y Reyes del departamento beniano están afectados a causa del fenómeno de la sequía, que provocó la desaparición de pasto verde y flujos de agua.
El subgobernador de la provincia Ballivián, Luis Núñez Moreno, afirmó que la sequía genera incertidumbre y preocupación en la actividad ganadera y agrícola, pues desde hace más de tres meses que no llueve.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, declaró a la agencia ABI que se están realizando gestiones para enviar alimentos a las familias afectadas a la localidad de Caracoles, en La Paz, que sufrió una intensa nevada hace una semana, y se está levantando un informe de los daños. /CD
Una gran mortandad de peces se ha producido en los ríos Grande y Piraí, según indicaron varios testigos. Peces pequeños, medianos y grandes de hasta un metro de largo, han muerto por el frío polar que llegó a Santa Cruz hace algunos días.
Rafael Paz, agropecuario que tiene su propiedad al borde del Río Grande, dijo que lo que se ve en el agua es un ‘desastre’ porque en decenas de kilómetros están diseminados miles de estos animales acuáticos que flotan inertes en el agua.
“Yo creo que por lo menos han muerto entre un 80% y un 90% de los peces. Incluso han muerto petas (tortugas de agua) y lagartos. Es un desastre total, es una cosa que no se puede explicar. Desde la década de los 70 que estoy por esa zona y nunca se ha visto una cosa así”, expresó alarmado, al mostrar una filmación que atestigua el hecho.
Juan Pablo Áñez también observó el desastre y tomó fotografías de lo sucedido ayer al mediodía en la zona de Yuquises.
El lugar por donde se puede observar el desastre es la parte norte del municipio de San Pedro, provincia Obispo Santistevan.
Según Paz, en el termómetro que tiene en su propiedad, la temperatura estuvo en cero grado, por lo que el agua se enfrió completamente, y se cree que las bajas temperaturas produjeron la mortandad y no otro tipo de situaciones.
Desde San Pedro, el médico Liborio Soto dijo que efectivamente desde hace unos días que los peces han muerto en gran cantidad no sólo en el Río Grande, sino también en el río Piraí. “La mortandad es asombrosa, no se puede creer”, e indicó que en los criaderos de la zona también los peces han perecido.
Mencionó que mucha gente está sacando pacú, surubí, bogas, entre otras especies y que los están comercializando en poblaciones del norte cruceño.
Soto recomendó a los pobladores de las comunidades vecinas no consumir peces que ya estén con mal olor o que tengan las escamas pegajosas, porque su consumo puede traer problemas gastrointestinales.
Asimismo, los piscicultores han hecho conocer que miles de peces han muerto en los criaderos producto del intenso frío que hubo.
El responsable del área de Biodiversidad de la Gobernación, Francisco Aguilera, que verificó en el lugar la mortandad, dijo que en los mercados de la ciudad se va a ejercer mayor control en la venta de pescados.
Beni mantiene la alerta por la sequía
Pese a que el informe oficial del Ministerio de Desarrollo Rural considera que los daños por eventos climáticos son magnificados en los medios de comunicación, las regiones reportan sus daños y se mantienen alertas.
El secretario de la Gobernación de Beni, Carlos Dellien, dijo que las lluvias caídas en esta última semana han paliado un poco el tema de la sequía, pero se mantiene la alerta naranja en ese departamento, porque eso no garantiza que la situación se haya revertido. Están preparando un informe para determinar las pérdidas que han tenido, principalmente el sector ganadero, que suele ser el más afectado.
Los municipios de San Borja, Santa Rosa y Reyes del departamento beniano están afectados a causa del fenómeno de la sequía, que provocó la desaparición de pasto verde y flujos de agua.
El subgobernador de la provincia Ballivián, Luis Núñez Moreno, afirmó que la sequía genera incertidumbre y preocupación en la actividad ganadera y agrícola, pues desde hace más de tres meses que no llueve.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, declaró a la agencia ABI que se están realizando gestiones para enviar alimentos a las familias afectadas a la localidad de Caracoles, en La Paz, que sufrió una intensa nevada hace una semana, y se está levantando un informe de los daños. /CD
121 líneas de micros en santa cruz
120 líneas de micros
Por: Alicia Tejada Soruco
El conflicto laboral entre chóferes y propietarios de micros develó un problema mayor que está vinculado con el medio ambiente urbano. Los chóferes se quejaron porque deben trabajar 16 horas diarias; por el avasallamiento de rutas; por el número de vueltas que están obligados a dar a los anillos de la ciudad y demandaron que el Transporte Urbano, se regularice y que se ordene el caos del transporte público en la ciudad de Santa Cruz.
Los ciudadanos y ciudadanas padecemos en mayor medida los efectos de esta falta de regulación y control: La contaminación de nuestro medio ambiente urbano; la inseguridad de pasajeros; peatones, conductores particulares son la enfermedad El poder de los propietarios de micros abarca el derecho a decidir el destino de los espacios públicos de la ciudad; los límites permisibles de velocidad, las áreas de parqueos, las reglas de tránsito y hasta la cantidad de líneas que circulan, sin más criterio que sus ganancias económicas: Así la ciudad es un recurso a ser explotado y no el espacio de convivencia que merecemos.
El reclamo del avasallamiento de rutas tuvo respuesta de la Dirección de Tráfico y Transporte, pero no en defensa de los ciudadanos, sino en defensa de los que mas “utilicen” sus rutas certificadas, so pena de reemplazarlos por otros; ergo por los que sometan a mayor inseguridad y avasallamiento a la ciudadanía.
La contaminación acústica; del aire; del paisaje, fueron los grandes ausentes en este debate. El control social, OTB, Juntas vecinales y otros no contemplan en sus agendas aspectos que hacen a la calidad de vida de la población. De poco sirven los parques, las ampliaciones de avenidas, la anulación de rotondas si éstas van a ser inmediatamente ocupadas por cuanta línea de micros se habilite con pagos, en ocasiones, reñidos con la ética funcionaria.
En ninguna ciudad del país los propietarios de micros han definido, como aquí, el destino de las calles. En La Paz existe incluso una reglamentación que obliga a los vehículos, con determinado número de placa, a no circular en determinados días. En Cochabamba se ha adoptado similar medida, Se realizan inversiones en ampliación de calles y avenidas, en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Se construyen parques y plazas, en favor del esparcimiento integral y ambientalmente seguro.
Un problema laboral denunció en días pasados la inadecuada gestión del transporte público, la ausencia de políticas ambientales urbanas. Los propietarios de estos vehículos obligan a sus chóferes a determinado número de vueltas, y por si eso fuera poco, éstos deben conducir ¡dieciséis horas continuas!. El tema de los micros no es privativo de la Dirección de Tráfico y Transporte; prioritariamente se refiere a los espacios públicos y abiertos a los que todos tenemos derecho. Ignoramos las razones por las cuales el Gobierno municipal no adopta decisiones similares a las de sus pares en otras ciudades de Bolivia, pero sería un buen regalo de bicentenario.
Por: Alicia Tejada Soruco
El conflicto laboral entre chóferes y propietarios de micros develó un problema mayor que está vinculado con el medio ambiente urbano. Los chóferes se quejaron porque deben trabajar 16 horas diarias; por el avasallamiento de rutas; por el número de vueltas que están obligados a dar a los anillos de la ciudad y demandaron que el Transporte Urbano, se regularice y que se ordene el caos del transporte público en la ciudad de Santa Cruz.
Los ciudadanos y ciudadanas padecemos en mayor medida los efectos de esta falta de regulación y control: La contaminación de nuestro medio ambiente urbano; la inseguridad de pasajeros; peatones, conductores particulares son la enfermedad El poder de los propietarios de micros abarca el derecho a decidir el destino de los espacios públicos de la ciudad; los límites permisibles de velocidad, las áreas de parqueos, las reglas de tránsito y hasta la cantidad de líneas que circulan, sin más criterio que sus ganancias económicas: Así la ciudad es un recurso a ser explotado y no el espacio de convivencia que merecemos.
El reclamo del avasallamiento de rutas tuvo respuesta de la Dirección de Tráfico y Transporte, pero no en defensa de los ciudadanos, sino en defensa de los que mas “utilicen” sus rutas certificadas, so pena de reemplazarlos por otros; ergo por los que sometan a mayor inseguridad y avasallamiento a la ciudadanía.
La contaminación acústica; del aire; del paisaje, fueron los grandes ausentes en este debate. El control social, OTB, Juntas vecinales y otros no contemplan en sus agendas aspectos que hacen a la calidad de vida de la población. De poco sirven los parques, las ampliaciones de avenidas, la anulación de rotondas si éstas van a ser inmediatamente ocupadas por cuanta línea de micros se habilite con pagos, en ocasiones, reñidos con la ética funcionaria.
En ninguna ciudad del país los propietarios de micros han definido, como aquí, el destino de las calles. En La Paz existe incluso una reglamentación que obliga a los vehículos, con determinado número de placa, a no circular en determinados días. En Cochabamba se ha adoptado similar medida, Se realizan inversiones en ampliación de calles y avenidas, en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Se construyen parques y plazas, en favor del esparcimiento integral y ambientalmente seguro.
Un problema laboral denunció en días pasados la inadecuada gestión del transporte público, la ausencia de políticas ambientales urbanas. Los propietarios de estos vehículos obligan a sus chóferes a determinado número de vueltas, y por si eso fuera poco, éstos deben conducir ¡dieciséis horas continuas!. El tema de los micros no es privativo de la Dirección de Tráfico y Transporte; prioritariamente se refiere a los espacios públicos y abiertos a los que todos tenemos derecho. Ignoramos las razones por las cuales el Gobierno municipal no adopta decisiones similares a las de sus pares en otras ciudades de Bolivia, pero sería un buen regalo de bicentenario.
IX Foro Urbano para la Planificación estratégica, santa cruz
CONCLUSIONES S DEL IX FORO URBANO
LA NUEVA AGENDA URBANA PARA EL SIGLO XXI
En los días 2 y 3 de septiembre de 2009 se realizó el IX Foro Urbano organizado por CEDURE, con el apoyo de CORDAID, CORDAID, USAID y el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y cuyo tema central era la construcción de la “Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI”.
El evento contó con la presencia de 180 asistentes del sector público y de la sociedad civil, quienes escucharon y debatieron 12 ponencias con los resultados que presentamos a continuación:
I. CONCLUSIONES GENERALES SURGIDAS DEL FORO
1. La presentación de los resultados globales de 9 años de Foros Urbanos, ha mostrado claramente como éstos han incidido en la formulación y aplicación de políticas públicas referidas al desarrollo urbano, en algunos campos más que en otros, haciendo evidente la necesidad de seguir trabajando en forma conjunta bajo esta modalidad.
2. Se destaca el peso y la creciente importancia que va asumiendo el Área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, cuya población, Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita y otros indicadores la colocan como la de mayor importancia económica del país. Sin embargo, ocupa el tercer lugar en los indicadores de calidad de vida y calidad de la construcción.
3. La planificación urbana y sus propuestas no pueden separarse de la estructura económica urbana. Las características de la economía cruceña, como la heterogeneidad (existen al menos 6 tipos de economía en la ciudad), la auto organización, la falta de normas y regulación, etc. tan bien descritas en el Foro, son las que generan, casi como en un espejo, las características físicas de la ciudad, con su desorden en el uso del suelo, el incumplimiento de normas, la informalidad de sus servicios, la ocupación abusiva del espacio urbano y la contaminación y malas condiciones ambientales.
4. Competitividad, economía popular, microempresas y capacitación de jóvenes deben verse como los componentes de la realidad económica urbana, buscando las formas de integrar y relacionar estas distintas visiones de lo productivo como única estrategia posible para superar la “ciudad dual” que se perfila.
5. Estudios hechos sobre la competitividad urbana de Santa Cruz, muestran altos índices de ciudad emprendedora y llena de oportunidades, pero con bajos valores de tolerancia, cultura e inclusión.
6. Los profundos cambios que se están produciendo en la estructura urbana no son solo estrictamente económicos, son también sociales, culturales y políticos; Nuevas elites urbanas con su propia cultura, su propia visión política y sus propios intereses están surgiendo sobre la base del control casi monopólico sobre actividades urbanas tan importantes pero informales como el comercio, el transporte y la actividad inmobiliaria.
7. Se ha constatado que el desarrollo urbano, tal como se está concretando, disperso, destructivo, inequitativo, ineficiente e inseguro no es sostenible, ni económica, ni social ni ambientalmente, por lo que urge un repensamiento a fondo de los paradigmas en base a los cuales estamos actuando, y ese es uno de los objetivos que se ha planteado este IX Foro.
8. En todas las intervenciones se ha constatado la necesidad ineludible que las autoridades trabajen de manera más mancomunada con la gente y sus instituciones, cumpliendo el papel pedagógico, formativo y de liderazgo que les corresponde como gobierno local.
9. La necesidad de educación y formación del ciudadano, ha sido transversal a todas las mesas de trabajo: no hay programas ni políticas que tengan el éxito garantizado, si no cuentan con la adhesión voluntaria de los ciudadanos y esto se logra compartiendo el sentido de las normas y la forma de usar los bienes y servicios públicos.
10. La ciudad es un espacio fundamental para alcanzar una cultura de convivencia y respeto mutuo, en un marco de interculturalidad y ciudadanía activa y participativa con apoyo de políticas públicas y acciones positivas que busquen paliar las situaciones de exclusión y marginalidad socio-urbana.
11. Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad para trabajar por la equidad, utilizando las herramientas normativas que ya existen, y que exigen la ejecución de acciones positivas para determinados sectores de la sociedad.
12. Es importante que la Planificación Estratégica urbana cruceña incorpore en su marco conceptual los nuevos paradigmas y visiones que se han propuesto referidas a la ciudad saludable y sostenible, y la ciudad educadora, creativa y promotora de equidad, como dimensiones socioculturales fundamentales de la Nueva Planificación.
13. También se propone ver de manera nueva lo que son las herramientas del desarrollo urbano: una nueva visión de la planificación en base a los nuevos paradigmas que se proponen en este foro, que incida realmente en los agentes socioeconómicos que hacen desarrollo urbano y la revalorización del concepto de organización de los servicios que se presta, tan importante como su construcción, en especial en temas como abastecimiento, transporte, espacio público y medio ambiente.
14. Es necesario que los medios de comunicación asuman un mayor compromiso con la ciudad y la ciudadanía, involucrándose activamente en la información seria sobre la ciudad y contribuyendo a la formación ciudadana que podrá generar una nueva cultura urbana de la convivencia.
II. LAS NUEVAS VISIONES O PARADIGMAS QUE EL FORO PROPONE PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA CRUCEÑA
A continuación presentamos las 6 visiones trabajadas en el IX Foro, cuyas políticas y detalles pueden ser consultados en los documentos completos de CEDURE.
1. Ciudad saludable y ambientalmente sostenible que garantice la vida saludable de sus habitantes con aire puro, agua potable, alimentos sanos y accesibles, higiene y limpieza de sus espacios públicos, adecuada disposición de sus desechos, posibilidades de movimiento y paseo, seguridad física, condiciones psicosociales que garanticen la salud mental, equilibrio ecológico, contacto con la naturaleza protección contra epidemias y adecuada atención sanitaria.
Este paradigma supera el concepto de solo atender las enfermedades y propone el bienestar físico y psíquico como fruto del conjunto de condiciones que una ciudad ofrece para ser promotora de salud, como combinación de factores biológicos, ambientales, sociales y culturales, siendo el resultado formas sanas de vida urbana. Este enfoque establece relaciones más directas entre el bienestar y la salud humana y los temas ecológico-ambientales. Por último, muestra como el bienestar está fuertemente condicionado por la cultura y los valores de una sociedad, siendo la nuestra una que promueve el sedentarismo, la mala alimentación y las adicciones.
2. Ciudad educadora, creativa y de la equidad, que, asumiendo un rol pedagógico, promueve entre los ciudadanos conocimiento, cultura, identidad, creatividad y tecnología, en el contexto de una cultura de la convivencia y el pleno ejercicio de la ciudadanía buscando, en el marco de la interculturalidad, disminuir la exclusión, la pobreza y falta de oportunidades.
Esta visión saca la educación del estrecho marco conceptual de la educación formal, para poner más énfasis en la creatividad y relacionar ésta con la cultura, la tecnología y en general con los procesos del conocimiento. Pero este conocimiento no es un fin en si mismo; es el camino para buscar una sociedad mejor, que busque conscientemente la equidad y el fin de la exclusión y la pobreza.
3: Ciudad productiva y competitiva que, integrando adecuadamente lo local con lo global, y lo urbano con su “hinterland” produce riqueza y proporciona ingresos a sus habitantes pensando en las necesidades de la Santa Cruz moderna, competitiva y globalizada, y en las necesidades de la Santa Cruz local, de economía popular – informal, que es la que genera más empleo y que puede ser económicamente sostenible si se la acepta y se la apoya como una realidad económica y humana”
4. Ciudad planificada es aquella que ha logrado construir una visión común que se expresa en un proyecto colectivo en base al cual define sus objetivos, así como los medios para lograrlos. Cuenta con un Plan Director y planes y proyectos sectoriales que le permiten orientar las acciones consolidando una estructura territorial eficiente, atractiva y sobre todo coherente con la estructura económica y psicosocial.
Esta visión del urbanismo requiere de una gestión con mucho peso político y gran apoyo ciudadano porque involucra grandes intereses económicos, políticos, corporativos y gremiales.
5. Ciudad equipada y organizada, es aquella que con su infraestructura, su equipamiento y una buena organización, de acuerdo a la escala de la ciudad, garantiza el buen funcionamiento de las actividades y servicios urbanos para el bienestar de los ciudadanos.
Ponemos énfasis en la importancia de no solo construir infraestructura sino también desarrollar al mismo tiempo capacidades organizativas para prestar un buen servicio, aspecto en el que hay graves falencias. Ciudad equipada y organizada no son solo obras, es un proceso continuo de gestión
6. Gestión urbana eficiente, con fuerte liderazgo social y político, que ofrezca visión de futuro, acciones planificadas, eficiencia técnico administrativa, gobernabilidad, participación y control social, trabajando en alianza con las organizaciones vecinales y las instituciones, cumpliendo un rol educativo y pedagógico hacia su pueblo, todo en función de un proyecto urbano compartido por todos”
III. LISTADO DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE CORTO PLAZO
Las políticas propuestas en el Foro generan muchos proyectos y acciones (algunas ya en marcha), a continuación un listado de 12 acciones de corto plazo, viables, que tienen carácter estratégico y cuya aplicación es recomendada:
1. Profundizar y acelerar la desconcentración territorial municipal con una mayor delegación de funciones y recursos a las subalcaldías, reforzando los equipamientos distritales, potenciando los centros de distrito y apoyando su identidad.
2. Frenar la expansión dispersa de la mancha urbana, en manos de la especulación y la ocupación ilegal, que es social, económica, ambiental y urbanísticamente insostenible, creando la Corporación Municipal de Desarrollo Urbano como la herramienta para una acción directa del Gobierno Municipal en el mercado de la tierra, corrigiendo sus distorsiones y promoviendo la vivienda multifamiliar popular.
3. Concretar el paradigma de la “ciudad saludable”, con la construcción de las aceras para peatones, redes de ciclovías señalizadas, dando iluminación gratuita a las canchas de barrio, controlando el expendio de “comida chatarra” en la escuelas, promoviendo el consumo de fruta y verduras entre los jóvenes, promoviendo el reciclaje, controlando la quema de basura para hacer de Santa Cruz una ciudad que produce salud y bienestar.
4. Asumir el paradigma de “ciudad organizada” lo cual implica que el Gobierno Municipal debe mejorar drásticamente sus responsabilidades sobre los servicios que presta y/o controla, como los mercados, el uso del espacio público, el tráfico, los ruidos, carteles, la basura y otros temas ambientales. El mal funcionamiento de estos servicios baja la calidad de vida urbana.
5. Reafirmar el papel estratégico que ocupa el Espacio Público en la planificación urbana como elemento de inclusión, equidad, convivencia, socialización y bien común por lo que deben continuar los proyectos existentes de recuperación, habilitación y ampliación de áreas de uso público.
6. Enfrentar el caótico tráfico urbano, creando la “Unidad de control y monitoreo del tráfico urbano” planteada por el PLOT y el PDM.
7. Abordar urgentemente el reordenamiento de los mercados de la ciudad, debidamente distribuidos y jerarquizados bajo el paraguas de un gran mercado mayorista, articulado a los mercados distritales y a los centros de acopio provinciales.
8. Proyectos especiales para los jóvenes se han solicitado en el Foro, ampliando las experiencias existentes de formación y capacitación adecuada a la demanda que desarrollan algunas ONG`s pero también ofreciendo alternativas validas en el uso de su tiempo libre.
9. El rol del gobierno municipal es fundamental en la planificación del desarrollo urbano por lo que éste debe asumir sus funciones avanzando en la creación del Instituto de Investigación, Planificación y Capacitación y en la aplicación de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) el cual contiene importantes acciones para trabajar mejorar internamente y con la sociedad civil. Se escuchó también el planteamiento de que creará un consejo consultivo ciudadano.
10. El parque metropolitano del Piraí es un proyecto listo de gran relevancia para la ciudad, y que podría concretarse a corto plazo, satisfaciendo muchas necesidades de la ciudad.
11. Mejorar sustancialmente la comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía para ampliar la gobernabilidad y cohesión social en la gestión urbana, consolidando una cultura urbana para la convivencia.
12. Ampliar la cobertura de protección a los sectores más vulnerables de la población, con énfasis en niños de la calle y personas con problemas de adicción a las drogas y el alcohol que cada día se incrementan ante la falta de oportunidades y abandono por parte de la sociedad, reforzando para ello el apoyo a hogares sustitutos y centros de rehabilitación.
Fernando Prado Salmon
Director del IX Foro Urbano para la Planificación estratégica
LA NUEVA AGENDA URBANA PARA EL SIGLO XXI
En los días 2 y 3 de septiembre de 2009 se realizó el IX Foro Urbano organizado por CEDURE, con el apoyo de CORDAID, CORDAID, USAID y el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y cuyo tema central era la construcción de la “Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI”.
El evento contó con la presencia de 180 asistentes del sector público y de la sociedad civil, quienes escucharon y debatieron 12 ponencias con los resultados que presentamos a continuación:
I. CONCLUSIONES GENERALES SURGIDAS DEL FORO
1. La presentación de los resultados globales de 9 años de Foros Urbanos, ha mostrado claramente como éstos han incidido en la formulación y aplicación de políticas públicas referidas al desarrollo urbano, en algunos campos más que en otros, haciendo evidente la necesidad de seguir trabajando en forma conjunta bajo esta modalidad.
2. Se destaca el peso y la creciente importancia que va asumiendo el Área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, cuya población, Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita y otros indicadores la colocan como la de mayor importancia económica del país. Sin embargo, ocupa el tercer lugar en los indicadores de calidad de vida y calidad de la construcción.
3. La planificación urbana y sus propuestas no pueden separarse de la estructura económica urbana. Las características de la economía cruceña, como la heterogeneidad (existen al menos 6 tipos de economía en la ciudad), la auto organización, la falta de normas y regulación, etc. tan bien descritas en el Foro, son las que generan, casi como en un espejo, las características físicas de la ciudad, con su desorden en el uso del suelo, el incumplimiento de normas, la informalidad de sus servicios, la ocupación abusiva del espacio urbano y la contaminación y malas condiciones ambientales.
4. Competitividad, economía popular, microempresas y capacitación de jóvenes deben verse como los componentes de la realidad económica urbana, buscando las formas de integrar y relacionar estas distintas visiones de lo productivo como única estrategia posible para superar la “ciudad dual” que se perfila.
5. Estudios hechos sobre la competitividad urbana de Santa Cruz, muestran altos índices de ciudad emprendedora y llena de oportunidades, pero con bajos valores de tolerancia, cultura e inclusión.
6. Los profundos cambios que se están produciendo en la estructura urbana no son solo estrictamente económicos, son también sociales, culturales y políticos; Nuevas elites urbanas con su propia cultura, su propia visión política y sus propios intereses están surgiendo sobre la base del control casi monopólico sobre actividades urbanas tan importantes pero informales como el comercio, el transporte y la actividad inmobiliaria.
7. Se ha constatado que el desarrollo urbano, tal como se está concretando, disperso, destructivo, inequitativo, ineficiente e inseguro no es sostenible, ni económica, ni social ni ambientalmente, por lo que urge un repensamiento a fondo de los paradigmas en base a los cuales estamos actuando, y ese es uno de los objetivos que se ha planteado este IX Foro.
8. En todas las intervenciones se ha constatado la necesidad ineludible que las autoridades trabajen de manera más mancomunada con la gente y sus instituciones, cumpliendo el papel pedagógico, formativo y de liderazgo que les corresponde como gobierno local.
9. La necesidad de educación y formación del ciudadano, ha sido transversal a todas las mesas de trabajo: no hay programas ni políticas que tengan el éxito garantizado, si no cuentan con la adhesión voluntaria de los ciudadanos y esto se logra compartiendo el sentido de las normas y la forma de usar los bienes y servicios públicos.
10. La ciudad es un espacio fundamental para alcanzar una cultura de convivencia y respeto mutuo, en un marco de interculturalidad y ciudadanía activa y participativa con apoyo de políticas públicas y acciones positivas que busquen paliar las situaciones de exclusión y marginalidad socio-urbana.
11. Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad para trabajar por la equidad, utilizando las herramientas normativas que ya existen, y que exigen la ejecución de acciones positivas para determinados sectores de la sociedad.
12. Es importante que la Planificación Estratégica urbana cruceña incorpore en su marco conceptual los nuevos paradigmas y visiones que se han propuesto referidas a la ciudad saludable y sostenible, y la ciudad educadora, creativa y promotora de equidad, como dimensiones socioculturales fundamentales de la Nueva Planificación.
13. También se propone ver de manera nueva lo que son las herramientas del desarrollo urbano: una nueva visión de la planificación en base a los nuevos paradigmas que se proponen en este foro, que incida realmente en los agentes socioeconómicos que hacen desarrollo urbano y la revalorización del concepto de organización de los servicios que se presta, tan importante como su construcción, en especial en temas como abastecimiento, transporte, espacio público y medio ambiente.
14. Es necesario que los medios de comunicación asuman un mayor compromiso con la ciudad y la ciudadanía, involucrándose activamente en la información seria sobre la ciudad y contribuyendo a la formación ciudadana que podrá generar una nueva cultura urbana de la convivencia.
II. LAS NUEVAS VISIONES O PARADIGMAS QUE EL FORO PROPONE PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA CRUCEÑA
A continuación presentamos las 6 visiones trabajadas en el IX Foro, cuyas políticas y detalles pueden ser consultados en los documentos completos de CEDURE.
1. Ciudad saludable y ambientalmente sostenible que garantice la vida saludable de sus habitantes con aire puro, agua potable, alimentos sanos y accesibles, higiene y limpieza de sus espacios públicos, adecuada disposición de sus desechos, posibilidades de movimiento y paseo, seguridad física, condiciones psicosociales que garanticen la salud mental, equilibrio ecológico, contacto con la naturaleza protección contra epidemias y adecuada atención sanitaria.
Este paradigma supera el concepto de solo atender las enfermedades y propone el bienestar físico y psíquico como fruto del conjunto de condiciones que una ciudad ofrece para ser promotora de salud, como combinación de factores biológicos, ambientales, sociales y culturales, siendo el resultado formas sanas de vida urbana. Este enfoque establece relaciones más directas entre el bienestar y la salud humana y los temas ecológico-ambientales. Por último, muestra como el bienestar está fuertemente condicionado por la cultura y los valores de una sociedad, siendo la nuestra una que promueve el sedentarismo, la mala alimentación y las adicciones.
2. Ciudad educadora, creativa y de la equidad, que, asumiendo un rol pedagógico, promueve entre los ciudadanos conocimiento, cultura, identidad, creatividad y tecnología, en el contexto de una cultura de la convivencia y el pleno ejercicio de la ciudadanía buscando, en el marco de la interculturalidad, disminuir la exclusión, la pobreza y falta de oportunidades.
Esta visión saca la educación del estrecho marco conceptual de la educación formal, para poner más énfasis en la creatividad y relacionar ésta con la cultura, la tecnología y en general con los procesos del conocimiento. Pero este conocimiento no es un fin en si mismo; es el camino para buscar una sociedad mejor, que busque conscientemente la equidad y el fin de la exclusión y la pobreza.
3: Ciudad productiva y competitiva que, integrando adecuadamente lo local con lo global, y lo urbano con su “hinterland” produce riqueza y proporciona ingresos a sus habitantes pensando en las necesidades de la Santa Cruz moderna, competitiva y globalizada, y en las necesidades de la Santa Cruz local, de economía popular – informal, que es la que genera más empleo y que puede ser económicamente sostenible si se la acepta y se la apoya como una realidad económica y humana”
4. Ciudad planificada es aquella que ha logrado construir una visión común que se expresa en un proyecto colectivo en base al cual define sus objetivos, así como los medios para lograrlos. Cuenta con un Plan Director y planes y proyectos sectoriales que le permiten orientar las acciones consolidando una estructura territorial eficiente, atractiva y sobre todo coherente con la estructura económica y psicosocial.
Esta visión del urbanismo requiere de una gestión con mucho peso político y gran apoyo ciudadano porque involucra grandes intereses económicos, políticos, corporativos y gremiales.
5. Ciudad equipada y organizada, es aquella que con su infraestructura, su equipamiento y una buena organización, de acuerdo a la escala de la ciudad, garantiza el buen funcionamiento de las actividades y servicios urbanos para el bienestar de los ciudadanos.
Ponemos énfasis en la importancia de no solo construir infraestructura sino también desarrollar al mismo tiempo capacidades organizativas para prestar un buen servicio, aspecto en el que hay graves falencias. Ciudad equipada y organizada no son solo obras, es un proceso continuo de gestión
6. Gestión urbana eficiente, con fuerte liderazgo social y político, que ofrezca visión de futuro, acciones planificadas, eficiencia técnico administrativa, gobernabilidad, participación y control social, trabajando en alianza con las organizaciones vecinales y las instituciones, cumpliendo un rol educativo y pedagógico hacia su pueblo, todo en función de un proyecto urbano compartido por todos”
III. LISTADO DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE CORTO PLAZO
Las políticas propuestas en el Foro generan muchos proyectos y acciones (algunas ya en marcha), a continuación un listado de 12 acciones de corto plazo, viables, que tienen carácter estratégico y cuya aplicación es recomendada:
1. Profundizar y acelerar la desconcentración territorial municipal con una mayor delegación de funciones y recursos a las subalcaldías, reforzando los equipamientos distritales, potenciando los centros de distrito y apoyando su identidad.
2. Frenar la expansión dispersa de la mancha urbana, en manos de la especulación y la ocupación ilegal, que es social, económica, ambiental y urbanísticamente insostenible, creando la Corporación Municipal de Desarrollo Urbano como la herramienta para una acción directa del Gobierno Municipal en el mercado de la tierra, corrigiendo sus distorsiones y promoviendo la vivienda multifamiliar popular.
3. Concretar el paradigma de la “ciudad saludable”, con la construcción de las aceras para peatones, redes de ciclovías señalizadas, dando iluminación gratuita a las canchas de barrio, controlando el expendio de “comida chatarra” en la escuelas, promoviendo el consumo de fruta y verduras entre los jóvenes, promoviendo el reciclaje, controlando la quema de basura para hacer de Santa Cruz una ciudad que produce salud y bienestar.
4. Asumir el paradigma de “ciudad organizada” lo cual implica que el Gobierno Municipal debe mejorar drásticamente sus responsabilidades sobre los servicios que presta y/o controla, como los mercados, el uso del espacio público, el tráfico, los ruidos, carteles, la basura y otros temas ambientales. El mal funcionamiento de estos servicios baja la calidad de vida urbana.
5. Reafirmar el papel estratégico que ocupa el Espacio Público en la planificación urbana como elemento de inclusión, equidad, convivencia, socialización y bien común por lo que deben continuar los proyectos existentes de recuperación, habilitación y ampliación de áreas de uso público.
6. Enfrentar el caótico tráfico urbano, creando la “Unidad de control y monitoreo del tráfico urbano” planteada por el PLOT y el PDM.
7. Abordar urgentemente el reordenamiento de los mercados de la ciudad, debidamente distribuidos y jerarquizados bajo el paraguas de un gran mercado mayorista, articulado a los mercados distritales y a los centros de acopio provinciales.
8. Proyectos especiales para los jóvenes se han solicitado en el Foro, ampliando las experiencias existentes de formación y capacitación adecuada a la demanda que desarrollan algunas ONG`s pero también ofreciendo alternativas validas en el uso de su tiempo libre.
9. El rol del gobierno municipal es fundamental en la planificación del desarrollo urbano por lo que éste debe asumir sus funciones avanzando en la creación del Instituto de Investigación, Planificación y Capacitación y en la aplicación de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) el cual contiene importantes acciones para trabajar mejorar internamente y con la sociedad civil. Se escuchó también el planteamiento de que creará un consejo consultivo ciudadano.
10. El parque metropolitano del Piraí es un proyecto listo de gran relevancia para la ciudad, y que podría concretarse a corto plazo, satisfaciendo muchas necesidades de la ciudad.
11. Mejorar sustancialmente la comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía para ampliar la gobernabilidad y cohesión social en la gestión urbana, consolidando una cultura urbana para la convivencia.
12. Ampliar la cobertura de protección a los sectores más vulnerables de la población, con énfasis en niños de la calle y personas con problemas de adicción a las drogas y el alcohol que cada día se incrementan ante la falta de oportunidades y abandono por parte de la sociedad, reforzando para ello el apoyo a hogares sustitutos y centros de rehabilitación.
Fernando Prado Salmon
Director del IX Foro Urbano para la Planificación estratégica
La deuda ambiental que pagamos todos
La deuda ambiental que pagamos todos
Alicia Tejada Soruco
Guarayos y el Choré se han constituido ya en Áreas Críticas de Inseguridad Ambiental y Humana. Significa esto que de las actividades productivas; ganadería, agricultura, minería y aprovechamiento ilegal maderero que allí ocurren, (no se incluyen en esta lista las actividades de manejo sustentable forestal), va a depender gran parte de la seguridad de los cruceños y cruceñas; de los niños (as) y ancianos (as); significa también, que los actores económico-productivos, grandes y pequeños de estas zonas, tienen una cuota significativa en la calidad de vida de los cruceños de esta generación.
En la última década la frontera agrícola se agotó en el Departamento de Santa Cruz. Al haber utilizado toda la tierra agrícola disponible, los responsables, en lugar de rehabilitarlas, reforestarlas e introducir tecnologías que les permitan proteger sus suelos, optaron por deforestar cerca de siete millones de hectáreas de Tierras de Producción Forestal Permanente; el 75% del las que comprenden la superficie total deforestada está en Santa Cruz, incluyendo nuestras reservas forestales.
Y si es evidente que la minería alto peruana, tiene una enorme deuda con los Departamentos de los cuales extrajo minerales durante siglos, provocando las brechas de desigualdad que hoy padecemos, no es menos cierto que esta deuda ya la pagamos también en el Departamento de Santa Cruz, puesto que la actividad minera de tierras con cobertura boscosa, en ríos y cuencas, en tierras agrícolas, y en manos de “mineros de las tierras del Este de Bolivia”, está expresando idénticas visiones.
La seguridad jurídica deja de ser importante a la hora de asumir responsabilidades ambientales. Nadie rinde cuentas por lo que está ocurriendo en “su propiedad”, “su parcela”, “su granja”, “su concesión minera”. Se privatizan las ganancias y se socializan los efectos ambientales de éstas. De este modo, las obligaciones y deberes que conllevan los derechos privados, son colectivos, de facto
El 9 y el 10 de Octubre, en los municipios de la Guardia y el Torno, han ocurrido también incendios de magnitud, provocados por quemas, como práctica agrícola del sector campesino. Allí la cuenca del río Piraí es una concesión continúa de áridos, cuyos explotadores también gozan del beneficio de la impunidad ambiental.
A cuánto habrá ascendido la cuenta que pagamos, los ciudadanos y ciudadanas, por las afectaciones a la salud que nos quedan como secuelas de los incendios y quemas; por el encarecimiento y la escasez de los alimentos; por las pérdidas de cultivos, de riqueza piscícola, de fuentes de agua; por los crímenes contra los animales de los bosques.
Tan solo sumemos las consultas médicas de los tres últimos meses y el incremento en nuestro presupuesto de la canasta familiar, a eso se le llama cuentas ambientales, un ejercicio necesario, no para asignar un precio a valores inapreciables, sino para tener una remota idea de la cuenta que estamos pagando.
Alicia Tejada Soruco
Guarayos y el Choré se han constituido ya en Áreas Críticas de Inseguridad Ambiental y Humana. Significa esto que de las actividades productivas; ganadería, agricultura, minería y aprovechamiento ilegal maderero que allí ocurren, (no se incluyen en esta lista las actividades de manejo sustentable forestal), va a depender gran parte de la seguridad de los cruceños y cruceñas; de los niños (as) y ancianos (as); significa también, que los actores económico-productivos, grandes y pequeños de estas zonas, tienen una cuota significativa en la calidad de vida de los cruceños de esta generación.
En la última década la frontera agrícola se agotó en el Departamento de Santa Cruz. Al haber utilizado toda la tierra agrícola disponible, los responsables, en lugar de rehabilitarlas, reforestarlas e introducir tecnologías que les permitan proteger sus suelos, optaron por deforestar cerca de siete millones de hectáreas de Tierras de Producción Forestal Permanente; el 75% del las que comprenden la superficie total deforestada está en Santa Cruz, incluyendo nuestras reservas forestales.
Y si es evidente que la minería alto peruana, tiene una enorme deuda con los Departamentos de los cuales extrajo minerales durante siglos, provocando las brechas de desigualdad que hoy padecemos, no es menos cierto que esta deuda ya la pagamos también en el Departamento de Santa Cruz, puesto que la actividad minera de tierras con cobertura boscosa, en ríos y cuencas, en tierras agrícolas, y en manos de “mineros de las tierras del Este de Bolivia”, está expresando idénticas visiones.
La seguridad jurídica deja de ser importante a la hora de asumir responsabilidades ambientales. Nadie rinde cuentas por lo que está ocurriendo en “su propiedad”, “su parcela”, “su granja”, “su concesión minera”. Se privatizan las ganancias y se socializan los efectos ambientales de éstas. De este modo, las obligaciones y deberes que conllevan los derechos privados, son colectivos, de facto
El 9 y el 10 de Octubre, en los municipios de la Guardia y el Torno, han ocurrido también incendios de magnitud, provocados por quemas, como práctica agrícola del sector campesino. Allí la cuenca del río Piraí es una concesión continúa de áridos, cuyos explotadores también gozan del beneficio de la impunidad ambiental.
A cuánto habrá ascendido la cuenta que pagamos, los ciudadanos y ciudadanas, por las afectaciones a la salud que nos quedan como secuelas de los incendios y quemas; por el encarecimiento y la escasez de los alimentos; por las pérdidas de cultivos, de riqueza piscícola, de fuentes de agua; por los crímenes contra los animales de los bosques.
Tan solo sumemos las consultas médicas de los tres últimos meses y el incremento en nuestro presupuesto de la canasta familiar, a eso se le llama cuentas ambientales, un ejercicio necesario, no para asignar un precio a valores inapreciables, sino para tener una remota idea de la cuenta que estamos pagando.
Quién paga la cuenta en el Beni?
• Finalmente, el Gobierno nacional, mediante Decreto, ayer declaró al Beni como zona de emergencia por los desastres naturales.
• La Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) tarijeño, informó que las pérdidas económicas superan los Bs 5,5 millones y cuestionaron la falta de apoyo de las autoridades nacionales y locales.
Beni.- Al menos, 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino perecieron en el departamento del Beni a consecuencia de la sequía y los focos de calor, según registros de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni).
Las pérdidas económicas por la muerte de ganado, además del daño que hubo a la infraestructura productiva y los pastizales, llega a poco más de 49 millones de dólares, informó el gerente de Fegabeni, Carmelo Arteaga.
De acuerdo con el registro de Fegabeni, entre mayo y septiembre del 2010, la sequía y los focos de calor en el departamento afectaron a la totalidad de los municipios.
En Beni, entre enero y septiembre de 2010 se registraron 20.661 focos de calor, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Asimismo, Arteaga explicó que las pérdidas por la sequía y las quemas se dieron en infraestructura, equipos, muerte de ganado, comercialización, pérdida por abortos y quema de pastizales.
Pérdidas
Por la muerte de 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino, entre mayo y septiembre, la pérdida económica alcanza a 7,9 millones de dólares; en tanto que en la comercialización, por la venta de ganado con menos peso, las pérdidas económicas fueron calculadas en cerca de 13.4 millones de dólares.
Sólo por abortos o porque terneros fueron alcanzados por el fuego o ya no se les pudo alimentar por la quema de pastizales, se perdió un equivalente a 2.4 millones de dólares, explicó Arteaga.
En ese sentido, la sola quema de pastizales es estimada en 5,5 millones de dólares: "Muchos ganaderos con bastante esfuerzo han implementado pasturas en sus predios, y eso ha sido consumido por el fuego", acotó.
Por otro lado, una de las mayores pérdidas se dio en la quema de infraestructura, como alambrados perimetrales (que mantienen al ganado en un campo) potreros y corrales; por lo cual se estima un daño de 18.4 millones de dólares.
Por la pérdida de equipos, motosierras, rejas, embarcaderos y maquinaria, como tractores, se calcula una afectación económica de 1.2 millones de dólares.
Como una medida para contrarrestar el hecho, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo que la declaratoria de emergencia sirve para que los gobiernos municipales y las gobernaciones destinen recursos para atender el desastre y gestionen nuevos fondos para este mismo fin.
Por otra parte, a estas pérdidas se suma lo que ocurre actualmente en Villamontes, Tarija, donde mueren entre 3.000 y 3.500 cabezas de ganado por la falta de agua y alimentos. Las pérdidas económicas, superan los Bs 5,5 millones, informó el presidente de la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), Javier Cuellar.
El ejecutivo a tiempo de cuestionar la falta de apoyo del Gobierno nacional y departamental para mitigar los efectos del déficit de agua, adelantó que en los próximos días los ganaderos de todo el Chaco se reunirán para tomar decisiones.
Asimismo, Cuellar manifestó que de acuerdo a los reportes de los presidentes de las 27 filiales de ganaderos, sólo en Villamontes, se registró la muerte de entre 3.000 y 3500 cabezas de ganado bovino, por falta de agua, forraje, y también por enfermedades. "El año pasado era sólo por falta de agua, ahora tenemos la falta de forraje por la nevada que se registro hace dos meses atrás, lo que ha fregado toda la hojarasca que teníamos", indicó.
En ese marco, Cuellar aclaró que en Villamontes, a diferencia de otras regiones, el 95% de la producción de pastizales es natural, y no existen sembradíos; por lo que el ganado tendría como único alimento el pasto que crece en los montes de forma natural. "En este tiempo el monte está seco, no hay hojarasca, es puro palo seco, y en realidad el ganado está muriendo por falta de forraje y algunas enfermedades como la piroplasmosis, que mata al ganado", sostuvo.
Cuellar explicó que la pérdida económica de los ganaderos de Villamontes es cuantiosa, si se toma en cuenta que sólo una vaca tiene un costo de entre Bs 1.600 y 1.700.
Ayuda
El ejecutivo de la Federación expresó que si bien hace dos meses atrás el Gobierno cooperó con 16 toneladas de forraje, éstas fueron distribuidas entre los ganaderos, en una proporción de dos bolsas, que fueron insuficientes ante la situación.
Mencionó que si bien había el compromiso del Gobierno nacional de enviar dos equipos de perforación de pozos, hasta el momento éstos no llegaron a Villamontes.
Así también, Cuellar dijo que desde la declaratoria de emergencia en toda la región del Chaco, en junio pasado, se hizo muy poco para mitigar los efectos del déficit de agua y alimento para el ganado. "Tenemos el Decreto de pantalla, de adorno, y la verdad nadie lo utiliza, todas la entidades dicen no tenemos recursos. Hay muchos ganaderos que están pensando en vender sus puestos e irse a otro lado, porque las condiciones ya no permiten dedicarse a la ganadería", manifestó.
Demanda
Por su parte, el Alcalde de Tarija manifestó que ahora se necesita con urgencia forraje, ya que el ganado estaría muriendo por falta de alimento y que por esfuerzo propio se traslada agua en cisternas.
También, informó que se requiere insumos veterinarios para el ganado, además de la perforación de varios pozos, en diferentes lugares, de manera que el ganadero no realice largos recorridos para el traslado de agua.
El ejecutivo expresó que el tema de la sequía se hizo recurrente en el Chaco y que lo lamentable es que hasta ahora no se realizaron proyectos estructurales que den una solución definitiva a esta problemática. "Nosotros pedimos soluciones estructurales, para dejar de estar mendigando todos los años, que nos den alimentos y agua, queremos soluciones estructurales", enfatizó.
• La Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) tarijeño, informó que las pérdidas económicas superan los Bs 5,5 millones y cuestionaron la falta de apoyo de las autoridades nacionales y locales.
Beni.- Al menos, 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino perecieron en el departamento del Beni a consecuencia de la sequía y los focos de calor, según registros de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni).
Las pérdidas económicas por la muerte de ganado, además del daño que hubo a la infraestructura productiva y los pastizales, llega a poco más de 49 millones de dólares, informó el gerente de Fegabeni, Carmelo Arteaga.
De acuerdo con el registro de Fegabeni, entre mayo y septiembre del 2010, la sequía y los focos de calor en el departamento afectaron a la totalidad de los municipios.
En Beni, entre enero y septiembre de 2010 se registraron 20.661 focos de calor, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Asimismo, Arteaga explicó que las pérdidas por la sequía y las quemas se dieron en infraestructura, equipos, muerte de ganado, comercialización, pérdida por abortos y quema de pastizales.
Pérdidas
Por la muerte de 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino, entre mayo y septiembre, la pérdida económica alcanza a 7,9 millones de dólares; en tanto que en la comercialización, por la venta de ganado con menos peso, las pérdidas económicas fueron calculadas en cerca de 13.4 millones de dólares.
Sólo por abortos o porque terneros fueron alcanzados por el fuego o ya no se les pudo alimentar por la quema de pastizales, se perdió un equivalente a 2.4 millones de dólares, explicó Arteaga.
En ese sentido, la sola quema de pastizales es estimada en 5,5 millones de dólares: "Muchos ganaderos con bastante esfuerzo han implementado pasturas en sus predios, y eso ha sido consumido por el fuego", acotó.
Por otro lado, una de las mayores pérdidas se dio en la quema de infraestructura, como alambrados perimetrales (que mantienen al ganado en un campo) potreros y corrales; por lo cual se estima un daño de 18.4 millones de dólares.
Por la pérdida de equipos, motosierras, rejas, embarcaderos y maquinaria, como tractores, se calcula una afectación económica de 1.2 millones de dólares.
Como una medida para contrarrestar el hecho, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo que la declaratoria de emergencia sirve para que los gobiernos municipales y las gobernaciones destinen recursos para atender el desastre y gestionen nuevos fondos para este mismo fin.
Por otra parte, a estas pérdidas se suma lo que ocurre actualmente en Villamontes, Tarija, donde mueren entre 3.000 y 3.500 cabezas de ganado por la falta de agua y alimentos. Las pérdidas económicas, superan los Bs 5,5 millones, informó el presidente de la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), Javier Cuellar.
El ejecutivo a tiempo de cuestionar la falta de apoyo del Gobierno nacional y departamental para mitigar los efectos del déficit de agua, adelantó que en los próximos días los ganaderos de todo el Chaco se reunirán para tomar decisiones.
Asimismo, Cuellar manifestó que de acuerdo a los reportes de los presidentes de las 27 filiales de ganaderos, sólo en Villamontes, se registró la muerte de entre 3.000 y 3500 cabezas de ganado bovino, por falta de agua, forraje, y también por enfermedades. "El año pasado era sólo por falta de agua, ahora tenemos la falta de forraje por la nevada que se registro hace dos meses atrás, lo que ha fregado toda la hojarasca que teníamos", indicó.
En ese marco, Cuellar aclaró que en Villamontes, a diferencia de otras regiones, el 95% de la producción de pastizales es natural, y no existen sembradíos; por lo que el ganado tendría como único alimento el pasto que crece en los montes de forma natural. "En este tiempo el monte está seco, no hay hojarasca, es puro palo seco, y en realidad el ganado está muriendo por falta de forraje y algunas enfermedades como la piroplasmosis, que mata al ganado", sostuvo.
Cuellar explicó que la pérdida económica de los ganaderos de Villamontes es cuantiosa, si se toma en cuenta que sólo una vaca tiene un costo de entre Bs 1.600 y 1.700.
Ayuda
El ejecutivo de la Federación expresó que si bien hace dos meses atrás el Gobierno cooperó con 16 toneladas de forraje, éstas fueron distribuidas entre los ganaderos, en una proporción de dos bolsas, que fueron insuficientes ante la situación.
Mencionó que si bien había el compromiso del Gobierno nacional de enviar dos equipos de perforación de pozos, hasta el momento éstos no llegaron a Villamontes.
Así también, Cuellar dijo que desde la declaratoria de emergencia en toda la región del Chaco, en junio pasado, se hizo muy poco para mitigar los efectos del déficit de agua y alimento para el ganado. "Tenemos el Decreto de pantalla, de adorno, y la verdad nadie lo utiliza, todas la entidades dicen no tenemos recursos. Hay muchos ganaderos que están pensando en vender sus puestos e irse a otro lado, porque las condiciones ya no permiten dedicarse a la ganadería", manifestó.
Demanda
Por su parte, el Alcalde de Tarija manifestó que ahora se necesita con urgencia forraje, ya que el ganado estaría muriendo por falta de alimento y que por esfuerzo propio se traslada agua en cisternas.
También, informó que se requiere insumos veterinarios para el ganado, además de la perforación de varios pozos, en diferentes lugares, de manera que el ganadero no realice largos recorridos para el traslado de agua.
El ejecutivo expresó que el tema de la sequía se hizo recurrente en el Chaco y que lo lamentable es que hasta ahora no se realizaron proyectos estructurales que den una solución definitiva a esta problemática. "Nosotros pedimos soluciones estructurales, para dejar de estar mendigando todos los años, que nos den alimentos y agua, queremos soluciones estructurales", enfatizó.
Dios Salve a la Chiquitania, Rosa Virginia Suárez
Dios salve a la Chiquitania.
Hace ya unos 10 años que PROBIOMA ha constado la gravedad del trafico de tierras existente en la Chiquitania, con ello queremos referirnos a la venta de tierras fiscales, por diferentes autoridades, especialmente ligadas al los municipios de la zona.
Este trafico de tierra tenia fuertes impactos sobre los recursos naturales, porque suponía un saqueo y quema de grandes extensiones de tierras para destinarla a carbón, (para alimentar la empresa de acero de Brasil, colindante con el municipio de Puerto Suarez); y también se quemaban bosques para ampliar la frontera agraria con la producción de soya.
Este fenómeno que nadie quería detener; nos referimos a las Instituciones del Estado encargadas de supervisar y ordenar el manejo de estos recursos, como ser el INRA la ex Súper Intendencia Forestal y las propias autoridades locales; se ha agudizado al extremos los últimos años. Como señalamos nadie puso coto a tanto robo a los recursos Boscosos del país, a los negociados que habían detrás de ello y a los impactos que esto ocasionaba en un ecosistema único y declarado Sitio RAMSAR, perteneciente al complejo de humedales denominado Pantanal Boliviano, parte del Pantanal Americano que con cumple con la función de almacenar agua y para después dosificar su beneficio durante el resto del año (época seca) a gran parte del Continente. Pero no solo se están afectando este ecosistema, sino que durante el presente año prácticamente se ha pasado al exterminio de la extensión boscosa de la Chiquitania, destruyendo gran parte de estos bosque para “habilitarlos” para la agricultura. Este es otro atentado gravísimos la región chiquitania, ya que al arrasar con estos recurso, no solo se esta atentando contra los recursos naturales de la Chiquitania, sino que se la quiere forzar a cambiar su carácter de tierra boscosa a tierra agrícola, aspecto que traerá enormes impactos a la zona, tanto en el clima como en el agua, en su futuro económico y también cambiara la cultura de los habitantes chiquitanos, que desarrollaron por siglos su forma de vida en concordancia con sus recursos boscosos de donde deviene su forma de vida y sociabilidad.
Lamentablemente a los males acumulados del pasado, se suma la visión agrarista que imprime el gobierno, que piensa que toda tierra es para sembrar, sin respetar la vocación de los suelos, incorporando en sus políticas de colonización la dotación de grandes extensiones de tierra de los municipios Chiquitanos, a colonos de occidente que agravaran mas aun la grave situación que vive la zona en lo referido al tema de manejo del recurso bosque, por cumplir con “la función Económico Social”, practica perversa que esta acabando con la naturaleza, los bosques y como dije , la forma de vida de los chiquitanos.
No podemos dejar de señalar, que al igual que la minería, las tierras y bosque de la chiquitania, están expuestos a todo tipo de traficantes inescrupulosos, que se venden para facilitar a “empresarios extranjeros” el hacerse de tierras boscosas para actividades extractivitas, pasando por encima de las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas. Estos traficantes, se ocupan incluso de amedrentar y presionar a estos comunarios, para que consientas el saqueo de los extranjeros.
Y que de los menonitas, que han hecho de Bolivia, y el oriente, su mina de enriquecimiento a costa del destrozo de grandes extensiones de tierra fiscales, que nadie entiende a titulo de que son entregadas a este grupo de gente que no da ningún beneficio al país (ya que ni siquiera tributan), y mas bien van destruyendo todo los campos por los que han pasado dejando una secuela de desiertos fruto de los venenos con que desarrollan su agricultura. Incluso actualmente no respetan ni las áreas protegidas, como ser el Valle de Tucavaca en el municipio de Robore, y la reserva de vida silvestre Rió Blanco lindante con el departamento del Beni.
Alguien puede explicarse porque se produce todo este fenómeno? quienes son los responsables, que será de las generaciones futuras de chiquitanos que están siendo expropiados de sus Recursos Naturales, y de su propia cultura.
Creo que es momento de decir BASTA!
Rosa Virginia Suarez
Coordinadora PROBIOMA
11.10.10
Hace ya unos 10 años que PROBIOMA ha constado la gravedad del trafico de tierras existente en la Chiquitania, con ello queremos referirnos a la venta de tierras fiscales, por diferentes autoridades, especialmente ligadas al los municipios de la zona.
Este trafico de tierra tenia fuertes impactos sobre los recursos naturales, porque suponía un saqueo y quema de grandes extensiones de tierras para destinarla a carbón, (para alimentar la empresa de acero de Brasil, colindante con el municipio de Puerto Suarez); y también se quemaban bosques para ampliar la frontera agraria con la producción de soya.
Este fenómeno que nadie quería detener; nos referimos a las Instituciones del Estado encargadas de supervisar y ordenar el manejo de estos recursos, como ser el INRA la ex Súper Intendencia Forestal y las propias autoridades locales; se ha agudizado al extremos los últimos años. Como señalamos nadie puso coto a tanto robo a los recursos Boscosos del país, a los negociados que habían detrás de ello y a los impactos que esto ocasionaba en un ecosistema único y declarado Sitio RAMSAR, perteneciente al complejo de humedales denominado Pantanal Boliviano, parte del Pantanal Americano que con cumple con la función de almacenar agua y para después dosificar su beneficio durante el resto del año (época seca) a gran parte del Continente. Pero no solo se están afectando este ecosistema, sino que durante el presente año prácticamente se ha pasado al exterminio de la extensión boscosa de la Chiquitania, destruyendo gran parte de estos bosque para “habilitarlos” para la agricultura. Este es otro atentado gravísimos la región chiquitania, ya que al arrasar con estos recurso, no solo se esta atentando contra los recursos naturales de la Chiquitania, sino que se la quiere forzar a cambiar su carácter de tierra boscosa a tierra agrícola, aspecto que traerá enormes impactos a la zona, tanto en el clima como en el agua, en su futuro económico y también cambiara la cultura de los habitantes chiquitanos, que desarrollaron por siglos su forma de vida en concordancia con sus recursos boscosos de donde deviene su forma de vida y sociabilidad.
Lamentablemente a los males acumulados del pasado, se suma la visión agrarista que imprime el gobierno, que piensa que toda tierra es para sembrar, sin respetar la vocación de los suelos, incorporando en sus políticas de colonización la dotación de grandes extensiones de tierra de los municipios Chiquitanos, a colonos de occidente que agravaran mas aun la grave situación que vive la zona en lo referido al tema de manejo del recurso bosque, por cumplir con “la función Económico Social”, practica perversa que esta acabando con la naturaleza, los bosques y como dije , la forma de vida de los chiquitanos.
No podemos dejar de señalar, que al igual que la minería, las tierras y bosque de la chiquitania, están expuestos a todo tipo de traficantes inescrupulosos, que se venden para facilitar a “empresarios extranjeros” el hacerse de tierras boscosas para actividades extractivitas, pasando por encima de las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas. Estos traficantes, se ocupan incluso de amedrentar y presionar a estos comunarios, para que consientas el saqueo de los extranjeros.
Y que de los menonitas, que han hecho de Bolivia, y el oriente, su mina de enriquecimiento a costa del destrozo de grandes extensiones de tierra fiscales, que nadie entiende a titulo de que son entregadas a este grupo de gente que no da ningún beneficio al país (ya que ni siquiera tributan), y mas bien van destruyendo todo los campos por los que han pasado dejando una secuela de desiertos fruto de los venenos con que desarrollan su agricultura. Incluso actualmente no respetan ni las áreas protegidas, como ser el Valle de Tucavaca en el municipio de Robore, y la reserva de vida silvestre Rió Blanco lindante con el departamento del Beni.
Alguien puede explicarse porque se produce todo este fenómeno? quienes son los responsables, que será de las generaciones futuras de chiquitanos que están siendo expropiados de sus Recursos Naturales, y de su propia cultura.
Creo que es momento de decir BASTA!
Rosa Virginia Suarez
Coordinadora PROBIOMA
11.10.10
La era de la seguridad ambiental y Humana
La era de la seguridad ambiental y humana
Por: Alicia Tejada Soruco
Los cambios climáticos, ya no son un anuncio ni un slogan ambientalista sino un hecho ineludible y globalizado que acompaña al siglo XXI. Esta constatación obliga a abordar nuevos conceptos, como el de la seguridad ambiental y humana frente a los disturbios que tales eventos acarrean.
Spring A. Ursula, de la UNAM, define seguridad como “un valor básico y una meta para cualquier humano, familia o comunidad, Estado-Nación, Comunidad Internacional y Organización”, mencionando a colación que, desde el año 1990, “la seguridad humana y la ambiental han sido percibidas y relacionadas con peligros, amenazas, retos, vulnerabilidad y riesgos”.
Pero carecería de justificación abordar un tema de semejante connotación de no ser porque, al finalizar la primera década de este siglo, en todo el territorio del Estado de Derecho Plurinacional de Bolivia, han ocurrido hechos que denuncian algunos daños graves e irreversibles a nuestro medio ambiente, que expresan, inconfundiblemente, ausencia de seguridad humana, y que nos alertan sobre la necesidad de políticas permanentes que superen los estados de emergencia.
En otras palabras, la declaratoria de emergencia y de zonas de desastres es insuficiente si abarca medidas de coyuntura y no sienta las bases para las de prevención y seguridad permanentes, que los cambios climáticos demandan. Argumentar que estos cambios son globales para darles la espalda y eximirnos de responsabilidad no es una decisión coherente con nuestra cuota de responsabilidad en los mismos ni con sus efectos en nuestras formas de vida; de relación económica, social, cultural y productiva.
Los incendios, las sequías, las inundaciones, los procesos de desertificación, la escases de alimentos, de energía y de agua apta para el consumo humano nos sitúan frente a la necesidad imperativa de modificar incluso los valores de convivencia acercándonos a unas relaciones más solidarias y responsables con todos, y particularmente con los sectores más vulnerables a sus efectos; niños (as), ancianos (as); actores con economías de subsistencia, y sin acceso a servicios básicos, etc.
Frente a la constatación de que las amenazas a la seguridad ya no son un estado extraordinario, sino permanente en este nuevo siglo, los roles de los gobiernos también se modifican; las medidas punitivas y las sanciones a actividades que incrementan las posibilidades de inseguridad ambiental y humana, transitan, desde las de advertencia y mitigaciones insuficientes, a las de identificación de éstas como delitos a los que corresponden duras sanciones penales.
Hemos ingresado a una era de cambios de mentalidad; la era en la que los derechos ambientales y humanos, van a requerir de otro tipo de garantías relacionadas con la sobre vivencia, con la salud, con las disputas por recursos básicos y quizá mínimos para garantizar la vida de los seres humanos; la era en la que la justificación de la función económica y social, de utilidad pública o estratégica, ya no pueden estar separadas de la de Seguridad ambiental y humana para todos y todas.
Por: Alicia Tejada Soruco
Los cambios climáticos, ya no son un anuncio ni un slogan ambientalista sino un hecho ineludible y globalizado que acompaña al siglo XXI. Esta constatación obliga a abordar nuevos conceptos, como el de la seguridad ambiental y humana frente a los disturbios que tales eventos acarrean.
Spring A. Ursula, de la UNAM, define seguridad como “un valor básico y una meta para cualquier humano, familia o comunidad, Estado-Nación, Comunidad Internacional y Organización”, mencionando a colación que, desde el año 1990, “la seguridad humana y la ambiental han sido percibidas y relacionadas con peligros, amenazas, retos, vulnerabilidad y riesgos”.
Pero carecería de justificación abordar un tema de semejante connotación de no ser porque, al finalizar la primera década de este siglo, en todo el territorio del Estado de Derecho Plurinacional de Bolivia, han ocurrido hechos que denuncian algunos daños graves e irreversibles a nuestro medio ambiente, que expresan, inconfundiblemente, ausencia de seguridad humana, y que nos alertan sobre la necesidad de políticas permanentes que superen los estados de emergencia.
En otras palabras, la declaratoria de emergencia y de zonas de desastres es insuficiente si abarca medidas de coyuntura y no sienta las bases para las de prevención y seguridad permanentes, que los cambios climáticos demandan. Argumentar que estos cambios son globales para darles la espalda y eximirnos de responsabilidad no es una decisión coherente con nuestra cuota de responsabilidad en los mismos ni con sus efectos en nuestras formas de vida; de relación económica, social, cultural y productiva.
Los incendios, las sequías, las inundaciones, los procesos de desertificación, la escases de alimentos, de energía y de agua apta para el consumo humano nos sitúan frente a la necesidad imperativa de modificar incluso los valores de convivencia acercándonos a unas relaciones más solidarias y responsables con todos, y particularmente con los sectores más vulnerables a sus efectos; niños (as), ancianos (as); actores con economías de subsistencia, y sin acceso a servicios básicos, etc.
Frente a la constatación de que las amenazas a la seguridad ya no son un estado extraordinario, sino permanente en este nuevo siglo, los roles de los gobiernos también se modifican; las medidas punitivas y las sanciones a actividades que incrementan las posibilidades de inseguridad ambiental y humana, transitan, desde las de advertencia y mitigaciones insuficientes, a las de identificación de éstas como delitos a los que corresponden duras sanciones penales.
Hemos ingresado a una era de cambios de mentalidad; la era en la que los derechos ambientales y humanos, van a requerir de otro tipo de garantías relacionadas con la sobre vivencia, con la salud, con las disputas por recursos básicos y quizá mínimos para garantizar la vida de los seres humanos; la era en la que la justificación de la función económica y social, de utilidad pública o estratégica, ya no pueden estar separadas de la de Seguridad ambiental y humana para todos y todas.
17 de septiembre de 2010
los que contaminan callanm alicia tejada soruco - Buscar con Google
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25 de agosto de 2010
Se puede, salvaron a los delfines
Se puede; salvaron a los delfines
Por: Alicia Tejada Soruco
Se está produciendo el primer rescate de delfines en Santa Cruz, que, gracias a la irresponsabilidad de quienes desvían ríos y cuerpos de agua, desmontan servidumbres ecológicas y las destruyen, estuvieron en riesgo de perecer asfixiados bajo el lodo.
Los delfines serán salvados y valoramos el concurso del Señor Erno Martínez y del Joven funcionario municipal Callau, quien esta “enamorado” de su responsabilidad en el zoológico. Muchas instituciones se dieron la mano para salvar a nuestros delfines y ponderamos sus esfuerzos con resultados.
Por supuesto quienes han incurrido en el delito de afectar a los cuerpos de agua y a las servidumbres ecológicas continúan impunes e indiferentes. El rio pailas, La laguna La Pistola y seis lagunas más que componen este valioso eco sistema se han secado. Esto ocurre en Guarayos, bajo el manto sagrado del “progreso”. Paradójicamente, estos hechos delincuenciales legitiman derechos y hasta obtienen reconocimientos y condecoraciones.
El caso de los delfines que denunciamos, por este medio, hace algún tiempo, llamo la atención hacia la situación de ríos, lagunas, lagunetas, meandros y curiches en el Departamento de Santa Cruz. Cientos se han secado, se han desviado, se han compactado. Existe información satelital en la que esta lamentable situación se constata pero, según nos informaron técnicos especializados en el área y funcionarios de instancias competentes, las autoridades “superiores”, le han dado la espalda al problema. ¿Casualidad o complicidad?
Los mecanismos de control social, controlan presupuesto. No han desarrollado capacidades ni idoneidad para dar rendir cuentas por las cuantiosas pérdidas de nuestro patrimonio natural. No existe en Santa Cruz entidad alguna que se ocupe, con responsabilidad administrativa, por la suerte de nuestros ríos y lagunas, por la vida que los habita, ni por sus servidumbres ecológicas.
El rio Pirai es un ejemplo: habitamos una ciudad que puede darse el lujo de tener un rio a pocos pasos del centro y ninguna autoridad departamental o municipal ha movido un dedo para salvarlo. El Rio Pirai agoniza también. La vida de muchas especies de su fauna acuática ya ha dejado de existir, en silencio, mientras el ruido de gremiales y transportistas ocupan las pantallas y micrófonos de un superfluo periodismo.
Millones se han invertido en estudios y diagnósticos del rio Pirai, y quienes lo destruyen día a día, en nuestras narices explotando áridos, vaciando basura y desechos de cloacas y sanitarios, gozan del estado de impunidad, que se cobra en aportes y votos en las campanas electorales o en las justas internas de las juntas vecinales.
Los delfines se han salvados y felicito a quienes le apostaron a tan difícil empresa. A riesgo de constituirme en el agua fiesta de semejante evento, advierto sin embargo, que es el momento de combatir ahora, el origen de crímenes cotidianos y semejantes en todos nuestros ríos y lagunas.
Por: Alicia Tejada Soruco
Se está produciendo el primer rescate de delfines en Santa Cruz, que, gracias a la irresponsabilidad de quienes desvían ríos y cuerpos de agua, desmontan servidumbres ecológicas y las destruyen, estuvieron en riesgo de perecer asfixiados bajo el lodo.
Los delfines serán salvados y valoramos el concurso del Señor Erno Martínez y del Joven funcionario municipal Callau, quien esta “enamorado” de su responsabilidad en el zoológico. Muchas instituciones se dieron la mano para salvar a nuestros delfines y ponderamos sus esfuerzos con resultados.
Por supuesto quienes han incurrido en el delito de afectar a los cuerpos de agua y a las servidumbres ecológicas continúan impunes e indiferentes. El rio pailas, La laguna La Pistola y seis lagunas más que componen este valioso eco sistema se han secado. Esto ocurre en Guarayos, bajo el manto sagrado del “progreso”. Paradójicamente, estos hechos delincuenciales legitiman derechos y hasta obtienen reconocimientos y condecoraciones.
El caso de los delfines que denunciamos, por este medio, hace algún tiempo, llamo la atención hacia la situación de ríos, lagunas, lagunetas, meandros y curiches en el Departamento de Santa Cruz. Cientos se han secado, se han desviado, se han compactado. Existe información satelital en la que esta lamentable situación se constata pero, según nos informaron técnicos especializados en el área y funcionarios de instancias competentes, las autoridades “superiores”, le han dado la espalda al problema. ¿Casualidad o complicidad?
Los mecanismos de control social, controlan presupuesto. No han desarrollado capacidades ni idoneidad para dar rendir cuentas por las cuantiosas pérdidas de nuestro patrimonio natural. No existe en Santa Cruz entidad alguna que se ocupe, con responsabilidad administrativa, por la suerte de nuestros ríos y lagunas, por la vida que los habita, ni por sus servidumbres ecológicas.
El rio Pirai es un ejemplo: habitamos una ciudad que puede darse el lujo de tener un rio a pocos pasos del centro y ninguna autoridad departamental o municipal ha movido un dedo para salvarlo. El Rio Pirai agoniza también. La vida de muchas especies de su fauna acuática ya ha dejado de existir, en silencio, mientras el ruido de gremiales y transportistas ocupan las pantallas y micrófonos de un superfluo periodismo.
Millones se han invertido en estudios y diagnósticos del rio Pirai, y quienes lo destruyen día a día, en nuestras narices explotando áridos, vaciando basura y desechos de cloacas y sanitarios, gozan del estado de impunidad, que se cobra en aportes y votos en las campanas electorales o en las justas internas de las juntas vecinales.
Los delfines se han salvados y felicito a quienes le apostaron a tan difícil empresa. A riesgo de constituirme en el agua fiesta de semejante evento, advierto sin embargo, que es el momento de combatir ahora, el origen de crímenes cotidianos y semejantes en todos nuestros ríos y lagunas.
24 de agosto de 2010
30 de julio de 2010
En favor de la deforestación
A favor de la deforestación.-
Por: Alicia Tejada Soruco
La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.
Los bosques son responsables por la regulación del ciclo hídrico por lo que, con una visión únicamente economicista; tendríamos que contabilizar, por ejemplo, el aporte de la conservación de los bosques a la agricultura y a la ganadería. Es imposible que estos dos sectores se desarrollen y contribuyan al PIB, sin el servicio de las lluvias que regulan los bosques.
La generación de valor agregado, a partir de los Recursos Naturales, entre los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha incluido a los ríos, como generadores de energía eléctrica; el agua que consumimos, la regulación del clima, la absorción del carbono que contamina gran parte de este planeta y que ya genera ingresos económicos en muchos países, etc., son servicios de los bosques, cuya protección no se presupuesta en las cuentas fiscales del país.
Si no se contabilizan estos servicios, mal podríamos esperar, que ello ocurra con sus pérdidas, o con el valor de su conservación: Hemos perdido ya siete millones de hectáreas de bosques y se ha incrementado la tasa de deforestación a trescientas mil hectáreas por año. ¿Qué significa este déficit en las cuentas fiscales?.
El gobierno, coherente con las políticas de Estado, y los sectores directamente interesados (Agrícola, pecuario, campesinos, forestal, minero, energético, servicios de agua potable), responsables con su rol económico a largo plazo, deben institucionalizar, en el Presupuesto General de la Nación, las asignaciones presupuestarias que garanticen un control efectivo; sanciones penales y económicas fuertes para quienes destruyen los bosques, e incentivos financieros para quienes realicen un buen manejo de este inapreciable bien común, superando así la reducida visión del aporte de dos recursos del bosque al PIB, como único indicador económico.
La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, “sobrevive” con tan magro presupuesto, que ha ingresado a un círculo perverso, en el que parte importante de sus ingresos lo constituyen las multas por desmontes. En otras palabras: Los responsables por la protección de los bosques (incluidas Gobernaciones y Alcaldías) se pagan sueldos con la destrucción de los bosques que están llamados a proteger, con la venta de valores de control (CFO), que circulan en el mercado informal y con la corrupción que paga bien.
El Ministerio de economía y Finanzas incluye, en su Visión Institucional, el “vivir bien” y “la redistribución justa de la riqueza y los excedentes en medio ambiente”, entre otros. Pero, sin presupuesto y decidida lucha contra depredadores de nuestros bosques, mal podríamos hablar de institucionalización de medidas a favor del medio ambiente.
Por: Alicia Tejada Soruco
La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.
Los bosques son responsables por la regulación del ciclo hídrico por lo que, con una visión únicamente economicista; tendríamos que contabilizar, por ejemplo, el aporte de la conservación de los bosques a la agricultura y a la ganadería. Es imposible que estos dos sectores se desarrollen y contribuyan al PIB, sin el servicio de las lluvias que regulan los bosques.
La generación de valor agregado, a partir de los Recursos Naturales, entre los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha incluido a los ríos, como generadores de energía eléctrica; el agua que consumimos, la regulación del clima, la absorción del carbono que contamina gran parte de este planeta y que ya genera ingresos económicos en muchos países, etc., son servicios de los bosques, cuya protección no se presupuesta en las cuentas fiscales del país.
Si no se contabilizan estos servicios, mal podríamos esperar, que ello ocurra con sus pérdidas, o con el valor de su conservación: Hemos perdido ya siete millones de hectáreas de bosques y se ha incrementado la tasa de deforestación a trescientas mil hectáreas por año. ¿Qué significa este déficit en las cuentas fiscales?.
El gobierno, coherente con las políticas de Estado, y los sectores directamente interesados (Agrícola, pecuario, campesinos, forestal, minero, energético, servicios de agua potable), responsables con su rol económico a largo plazo, deben institucionalizar, en el Presupuesto General de la Nación, las asignaciones presupuestarias que garanticen un control efectivo; sanciones penales y económicas fuertes para quienes destruyen los bosques, e incentivos financieros para quienes realicen un buen manejo de este inapreciable bien común, superando así la reducida visión del aporte de dos recursos del bosque al PIB, como único indicador económico.
La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, “sobrevive” con tan magro presupuesto, que ha ingresado a un círculo perverso, en el que parte importante de sus ingresos lo constituyen las multas por desmontes. En otras palabras: Los responsables por la protección de los bosques (incluidas Gobernaciones y Alcaldías) se pagan sueldos con la destrucción de los bosques que están llamados a proteger, con la venta de valores de control (CFO), que circulan en el mercado informal y con la corrupción que paga bien.
El Ministerio de economía y Finanzas incluye, en su Visión Institucional, el “vivir bien” y “la redistribución justa de la riqueza y los excedentes en medio ambiente”, entre otros. Pero, sin presupuesto y decidida lucha contra depredadores de nuestros bosques, mal podríamos hablar de institucionalización de medidas a favor del medio ambiente.
22 de julio de 2010
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21 de julio de 2010
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