Tumbar los bosques para comer

Tumbar los bosques para comer

Por: Alicia Tejada Soruco

Las políticas de Estado, han determinado qué vocación tendría cada uno de los Departamentos de Bolivia. Desde la década de los cincuenta hasta nuestros días, con la Reforma Agraria, Plan Bohan- marcha hacia el Oriente- programas de colonización dirigida y de apoyo a las espontaneas y Tierras Bajas del Este, Santa Cruz se configura como el epicentro de la agro industria.

Cada política viene acompañada del presupuesto; Banco Agrícola, Banco Mundial, FINDESA, EMAPA, Gravetal, bio combustibles. La implementación de estos programas provoca cambios en el mapa de cobertura vegetal. Si sobreponemos al mapa de pérdida de cobertura boscosa a los lugares en los que se implementaron estas políticas,  la relación es evidente. La política de estado determina la situación actual de los bosques en Bolivia.

Con idéntica secuencia se pueden medir los desmontes, chaqueos y quemas en Santa Cruz que se lleva el 75% de la deforestación ocurrida en el país, más de doscientas mil hectáreas cada año, cifra a la cual se debe sumar el descontrol de las quemas que ocurrieron en bosques y tierras forestales de producción.

Considerado santa Cruz como  el epicentro de la agroindustria boliviana, las tierras y suelos destinados a este efecto también se determinaron científicamente. Estudios de uso de suelo señalaron que podríamos disponer de cierta cantidad de tierras para agricultura. A la línea que divide las tierras de bosques de las de uso agrícola se le llama frontera agrícola. Significa que la agricultura no puede pasar a tierras de bosques sin ocasionar cambios que nos afectarán a todos.

La frontera es un límite científico que nos dice cuándo detenernos. Los suelos, que no son de uso agrícola o ganadero se deterioran y desertifican hasta perderse, si los utilizamos para este fin. Haití  en pocas décadas se convirtió en un desierto demostrando con ello que los desmontes, quemas, cultivos extensivos e intensivos y chaqueos, realizados en tierras no aptas, profundizan también el vínculo pobreza rural-migraciones-pobreza urbana.

No obstante, sin preocuparse por fundamentar tal postura con datos científicos, funcionarios de gobierno y de algunos sectores, han declarado que si no ampliamos la frontera agrícola pondríamos en riesgo nuestra seguridad alimentaria cuando, con casi más de dos millones de hectáreas cultivadas, no solo nos hemos alimentado los bolivianos; sino que hemos cultivado y exportado para atender las demandas de otros países exitosamente, según datos de los mismos sectores.

Hay quienes han hablado incluso de expandir la frontera agrícola hacia tierras de bosques, omitiendo explicarnos con qué bosques asegurarán los servicios ambientales que requiere la misma actividad agrícola (lluvias, climas estables, agua, aire). En todo caso hay que deponer el discurso alarmista de la “inseguridad alimentaria” y transitar hacia la seriedad, el conocimiento, los saberes, y la ciencia sobre la política agraria boliviana.

Chile y su primera cosecha de su TLC con EEUU

Chile y la primera cosecha de su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos                              

Adiós a las semillas

Entre cuatro paredes, sin consultar con la ciudadanía, senadores chilenos aprobaron vender todas las semillas chilenas a la empresa norteamericana Monsanto.

        La noticia pasó inadvertida en medio de las movilizaciones contra el proyecto Hidroaysén, registradas en Santiago, Valparaíso y otras regiones del país.

Ni la televisión ni las radios ni menos la prensa escrita informaron sobre esta decisión que dejó a muchos estupefactos pues en la práctica significa una fuerte pérdida de soberanía.

En palabras simples, con el “acuerdo” de los senadores, la empresa norteamericana Monsanto, conocida en todo el mundo por su elaboración de semillas transgénicas, será la dueña de todos nuestros vegetales,

hortalizas, frutas y verduras, de aquí a un corto plazo. Esto, porque la empresa poseerá las patentes de todos los tipos de semilla que existan en el país, por lo tanto, como dueña de la marca “tomate chileno”

podrá cobrar derechos a todos quienes cultiven tomate pues usaron sus semillas para hacerlo. El asunto parece grave y es muy grave. No se entiende cómo un grupo de  senadores que supuestamente trabajan para el país, entregan a la venta algo tan sensible como las semillas:

el inicio de toda la cadena alimenticia, de todo el ciclo, algo ancestral, que está en la tierra, y donde al menos culturalmente, reside gran parte de la escasa identidad que tenemos los chilenos como pueblo.

Si lo pensamos en términos de soberanía, claramente el asunto constituye un mordisco importante a la bandera, el escudo y todo lo que se entiende por “Patria”.Cuando Chile aprobó su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el poeta Armando Uribe señaló tajante en una entrevista: “nuestro país desaparece como tal y pasa a ser una colonia norteamericana”. Lo acusaron de alarmista, de loco, pero jurídicamente, Uribe – abogado de amplia trayectoria, experto en derecho minero – tenía toda la razón.

Una de las cláusulas más importantes del TLC es que Chile no puede cambiar las “reglas del juego”,

 entiéndase, el capitalismo desregulado o neoliberalismo.

Por lo tanto, las autoridades políticas chilenas están obligadas a responder a los requerimientos de las empresas norteamericanas, que llegan a “invertir” acompañadas de su embajador y el TLC bajo el brazo.

No hay forma de impedirlo, y eso significa que un país ya no es soberano, ya no se manda solo: es una colonia dependiente.

En este caso de las semillas, también, justamente, los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, argumentando que estábamos obligados a firmar el convenio citado. ¿Para quién trabajan esos senadores?

O hilando más fino, ¿quién financia sus campañas?

Más claro echarle agua, los gringos se compraron Chile y ahora la estamos viendo bien fea, arrasarán la Patagonia, desaparecerá Isla Riesco, nos quitaron las semillas, el campo y dentro de poco, el agua.

¿Qué nos va a quedar?

Con una institucionalidad desaparecida, arrasada por el poder económico, sólo queda dar paso a una mera administración de los costos sociales del modelo de libre mercado, y seguir siendo una economía exportadora de materias primas.

Mucha gente se pregunta entonces ¿cuál es la diferencia entre esta democracia y la dictadura de los ’70 y ’80?

Antes no opinábamos, ahora tampoco. El país se vende entero y a nosotros ni nos preguntan, pues nuestra constitución no considera el plebiscito como herramienta democrática. porello evidiamos a Bolivia y los bolivianos, alla se consulta todo lo tracendental a los dueños del territorio, la gente y las comunidades originarias.

Aunque con el famoso TLC, aunque hubiera plebiscito, no valdría nada pues “no se pueden cambiar las reglas del juego”. ¿O quieren hacer enojar a EE.UU.?

Así que ya lo sabe, si tiene semillas de algo, guárdelas como recuerdo, y ojo porque ahora Monsanto es el dueño de la tierra, y quien quiera cultivar en grande o en chico tendrá que comprarles a ellos las semillas o atenerse a las consecuencias: llega a tu casa la PDI, te confisca toda la cosecha, los cultivos y las plantaciones, te esposan y te acusan de ladrón, porque la semilla que usaste no es tuya, tiene dueño.

Lucas & Lewellen's Goodchild Vineyard at Sisquoc Y es norteamericano.

Los senadores que votaron a favor de la venta de las semillas chilenas a Monsanto fueron:

Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule),

Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de Santiago) y Jaime Orpis (Tarapacá); los RN Francisco Chahuán (Valparaíso),

José García y Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos),

Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama); y el PPD Eugenio Tuma (Araucanía).

La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins),

junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule)

y Antonio Horvath (Aysén RN).

En contra estuvieron: Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC,

junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD).

Lo que estos senadores acaban de aprobar es el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales,

UPOV 91.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)  es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos.

Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer.

Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas.

El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991.

En Chile, el exitoso lobby empresarial para que nuestro país, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91, fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica.

El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien trajo en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

                                                                                                                                UN DESPACHO DE DANTE GUMIEL - autor: Carlos Javi

Pluralismo y pluralidad

Contribuciones, debilidades y retos de un concepto polémico

Libardo Ariza Higuera y Daniel Bonilla Maldonado

Comentario realizado por: Maria Nela Prada Tejada[2]

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El primer artículo de nuestra nueva Constitución Política del Estado, señala que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.

Por lo tanto, resulta imprescindible trascender del discurso a una verdadera comprensión y práctica de lo que implica reconocernos como un Estado fundado en la pluralidad y el pluralismo, y en este sentido el ensayo “Contribuciones, debilidades y retos de un concepto polémico”; el pluralismo jurídico, de Ariza Higuera y Bonilla Maldonado, contribuye a nuestro debate.

Los autores inician su trabajo analizando el monismo jurídico, a partir del cual se estructurarían las lógicas jurídicas y políticas que hacen a nuestro relacionamiento como miembros de una determinada sociedad.

Este monismo jurídico está íntimamente ligado al Estado-nación y a su unidad política, así como al concepto de soberanía y centralismo. Se señala que el monismo ofrece un soberano único e indivisible, así como la claridad y sencillez de un único ordenamiento jurídico, con pretensiones de universalidad y atemporalidad.

El derecho estatal se tornaría entonces en el único sistema jurídico válido y capaz de establecer el orden social. “En el Estado, que es el derecho, radica la soberanía. Por tanto, en tanto que supremo, el sistema jurídico excluye cualquier otro sistema normativo; no sería supremo si existiera otro ordenamiento normativo superior o del mismo nivel que le hiciera competencia. El pluralismo jurídico queda pues descartado de plano”. (Pag.28)

Algo muy importante que destacan los autores es el carácter cultural del monismo jurídico y su arraigo en una tradición histórica precisa; por lo que también respondería a una determinada ideología, en este caso, la liberal.

Posteriormente se abordan las diferencias y similitudes entre el pluralismo jurídico clásico y el nuevo pluralismo jurídico.

El pluralismo jurídico clásico estudia “la coexistencia de distintos derechos en un mismo espacio, fundamentalmente en el espacio colonial y postcolonial” (Pag.48), contextos en que “el trasplante de las instituciones jurídicas occidentales a los contextos coloniales no sólo es visto como una necesidad gubernamental sino, también, como un medio para lograr la erradicación del salvajismo y la construcción de la civilización” (Pag.43)

El pluralismo jurídico clásico provee nuevas herramientas para entender la realidad de sociedades como la nuestra, que fueron colonizadas bajo esta lógica “civilizatoria”, en la que algunas veces se aceptó determinadas prácticas jurídicas indígenas; pero jamás en la misma jerarquía que el derecho establecido por las instituciones jurídicas occidentales.

De esta manera el pluralismo jurídico clásico, realiza una importante contribución al análisis del derecho; surgiendo más adelante el nuevo pluralismo jurídico, el cual avanza en su análisis hacia sociedades industriales y postindustriales, ocupándose “de la presencia de órdenes normativos dentro de los confines de un mismo Estado” (Merry 2007:92)

En este sentido, se amplía el horizonte de análisis abarcando prácticamente a todas las sociedades, no sólo las colonizadas; en las que se encontraría un pluralismo jurídico debido a que se observa la existencia de grupos que generan sus propias prácticas jurídicas, dando lugar a la  presencia de “varios modos de producción del derecho” (Santos 1991), desde distintos espacios, por ejemplo el doméstico, el laboral, el ciudadano y el mundial; y “la preeminencia de uno de estos cuatro modos de producción, por lo tanto, no se debe a sus características constitutivas sino a recursos ideológicos” (Pag.51).

La permeabilidad de “los derechos” a la que hace referencia Santos, significaría que los distintos modos de producción de derecho están en contante interrelación y que además no son compartimientos estancos, sino más bien serían franqueables; pero es importante la precisión que realiza de que nunca están plenamente abiertos; pero tampoco totalmente cerrados.

Ambos pluralismos, clásico y nuevo, “comparten una crítica clara al principio de jerarquía del derecho estatal. También comparten la virtud de articularse, en ocasiones, con las luchas de los grupos sociales oprimidos”  (Pag.54)

Ahora bien, más allá de los detractores que encuentra el pluralismo jurídico, con críticas que principalmente versan sobre la definición del derecho y la destrucción de los límites entre lo jurídico y lo social a la que arribarían los pluralistas, considero muy valioso el aporte que realiza el pluralismo jurídico al derecho.

En nuestro caso, el hecho de establecer constitucionalmente que el Estado Plurinacional de Bolivia se funda en el pluralismo jurídico, representa un enorme desafío, ya que no sólo implica una deconstrucción del derecho boliviano, en el que ha prevalecido históricamente un monismo jurídico, sino que conlleva romper modelos mentales profundamente arraigados en las personas que se forman académicamente en Derecho y que continúan viendo el reconocimiento de otros modos de producción de derecho como conflictivos para la sociedad, tal es el caso de la justicia indígena, poco estudiada y lamentablemente estigmatizada por muchas personas que piensan que es sinónimo de "linchamiento" y "salvajismo". 

Sin lugar a dudas, la trascendencia de conceptos y prácticas que hemos heredado vinculadas a la colonización, al Estado-nación, al liberalismo, al centralismo y al capitalismo, es uno de los mayores retos en la construcción de nuestro Estado plurinacional, comunitario y autonómico; por lo tanto tenemos la enorme resposabilidad de profundizar el reconocimiento, el diálogo, el aprendizaje,  la interrelación y la articulación de la pluralidad, no sólo a nivel jurídico, sino también político, económico, social, cultural e institucional; esto implicaría la descolonización.

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[1] MERRY, Sally Engle; GRIFFITHS, John; TAMANAHA, Brian Z.; “El pluralismo jurídico”; Ensayo introductorio de: ARIZA HIGUERA, Libardo; BONILLA MALDONADO, Daniel; Siglo del Hombre Ediciones, Universidad de Los Andes; 2007.

[2] Servidora pública del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Piraí se muere...un informe de auditoría lo anuncia

Medio siglo para matar al Piraí

Por: Alicia tejada Soruco

El modelo de desarrollo en el que nos hemos embarcado, nunca mete la mano al propio bolsillo; cobra la cuenta a sus víctimas; a los recursos naturales; al medio ambiente; a los más empobrecidos que dependen de ellos, para sobrevivir, para alimentarse, para recrearse: Privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Este modelo; esta visión de espaldas a las capacidades de re-producción de los ecosistemas, ya se cobró una víctima en nuestras narices: el río Piraí.

En pleno proceso de “autonomía al andar”, y de “derechos de la madre Tierra” que son hermanos gemelos en su concepción de la tierra únicamente como recurso y no como el espacio de convivencia del que dependemos todos el Piraí se muere; no por muerte natural; y aquí no se deben diluir las responsabilidades.

Hace ya más de una década que la Diputada Betty Tejada Soruco, llegó con su Ley de Piraí -Patrimonio Cultural, como un regalo de 24 de septiembre a los cruceños y cruceñas; a esa iniciativa se plegaron muchos, pero quienes se rasgan las vestiduras esgrimiendo orígenes, purezas raciales y naciones nada hicieron ni desde las instituciones estatales, cívicas o ambientalistas. Actividades de “capacitación”; domesticas; “small y beatifull”, reemplazaron a las políticas y decisiones ambientales que exigían reglamentar y aplicar esa Ley.

Los gobiernos municipales en lo que les compete dejaron abandonado al Piraí;  convertido en basurero, en objeto de prebenda política con los áridos; estas graciosas omisiones ya nos cobraron la cuenta: El piraí se muere. El gobierno nacional continúa lejos y no voy a incurrir en la comodidad de no mirarnos a nosotros primero.

El informe de la Contraloría sobre la situación del Piraí, quizá pase desapercibido para muchos; otros haremos nuestro mea culpa generacional. Sin embargo dice más sobre este modelo de desarrollo extractivista-minero que se está imponiendo en Santa Cruz; un modelo al que solo le interesa extraer para luego abandonar campamentos sin vida; de ello teníamos que habernos alejado; de ese estañado poder que adeuda toda la pobreza de las regiones en las que ocurrió.

Será catastrófico para los cruceños no detenernos ante la enorme seriedad que conlleva la auditoría ambiental de la Contraloría. Será irreversible la pérdida de esta cuenca y de muchas otras si los llamados por ley a proteger continúan invirtiendo millones, en estudios, diagnósticos e informes que ya se habían realizado, desde el primer desastre que cobró una millonaria (si queremos ser economicistas) mortandad de peces en los 90. Entonces se les dio cinco años a las empresas contaminantes para que se adecuen a la ley 1333. Ninguna lo ha hecho.

Con un mínimo de responsabilidad las “autoridades” de todos los niveles debieran declarar pausa ecológica en toda la cuenca del río Piraí. El Píraí se está secando, además de sus altos niveles de contaminación, y no le sirven nuestras serenatas ni nuestros arrebatos de amor.