Ley Marco de La Madre Tierra y de Desarrollo Integral Para Vivir Bien

1 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, D E C R E T A : LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETO, ALCANCE Y FINES Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. Artículo 2. (ALCANCE Y APLICACIÓN). La presente Ley tiene alcance en todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. Se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos. Artículo 3. (FINES). Son fines de la presente Ley: 1. Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. CAPÍTULO II PRINCIPIOS Y DEFINICIONES Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son: 1. Compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Un derecho no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos: a) Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público. b) Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas. originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas. c) Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral. d) Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual; así como su articulación con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las personas. 2. No Mercantilización de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra. Las funciones ambientales y procesos naturales de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, no son considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre Tierra. 3. Integralidad. La interrelación, interdependencia y la funcionalidad de todos los aspectos y procesos sociales, culturales, ecológicos, económicos, productivos, políticos y afectivos desde las dimensiones del Vivir Bien deben ser la base del desarrollo integral, de la elaboración de las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos, así como de los procesos de planificación, gestión e inversión pública, armonizados en todos los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia. 4. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia. 5. Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse. 6. Garantía de Regeneración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria con derechos de propiedad, uso y aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra, está obligada a respetar las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 7. Responsabilidad Histórica. El Estado y la sociedad asumen la obligación de impulsar las acciones que garanticen la mitigación, reparación y restauración de los daños de magnitud a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 8. Prioridad de la Prevención. Ante la certeza de que toda actividad humana genera impactos sobre los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, se deben asumir prioritariamente las medidas necesarias de prevención y protección que limiten o mitiguen dichos impactos. 9. Participación Plural. El Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano, para la defensa de los derechos de la Madre Tierra, utilizan procedimientos consensuados y democráticos con participación amplia en sus diversas formas. 10. Agua Para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen que el uso y acceso indispensable y prioritario al agua, debe satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua para consumo humano y los procesos productivos que garanticen la soberanía con seguridad alimentaria. 11. Solidaridad Entre Seres Humanos. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve acciones de desarrollo integral que priorizan a las personas de menores ingresos económicos y con mayores problemas en la satisfacción de sus necesidades materiales, sociales y espirituales, y goce pleno de sus derechos fundamentales. 12. Relación Armónica. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una relación armónica, dinámica, adaptativa y equilibrada entre las necesidades del pueblo boliviano con la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra. 13. Justicia Social. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene como fin construir una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, que significa que el pueblo boliviano en su conjunto cuenta con las capacidades, condiciones, medios e ingresos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades materiales, sociales y afectivas, en el marco del respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural para la plena realización del Vivir Bien. 14. Justicia Climática. El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países ante el cambio climático, reconoce el derecho que tiene el pueblo boliviano y sobre todo las personas más afectadas–por el mismo a alcanzar el Vivir Bien a través de su desarrollo integral en el marco del respeto a las capacidades de regeneración de la Madre Tierra. 15. Economía Plural. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la economía plural como el modelo económico boliviano, considerando las diferentes formas de organización económica, sobre los principios de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio y armonía, donde la economía social comunitaria complementará el interés individual con el Vivir Bien colectivo. 16. Complementariedad y Equilibrio. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la complementariedad de los seres vivos en la Madre Tierra para Vivir Bien. 17. Diálogo de Saberes. El Estado Plurinacional de Bolivia asume la complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales y las ciencias. Artículo 5. (DEFINICIONES). A los efectos de la presente Ley se entiende por: 1. Madre Tierra. Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. 2. El Vivir Bien (Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay, Yaiko Kavi Päve). Es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo. 3. Desarrollo Integral Para Vivir Bien. Es el proceso continuo de generación e implementación de medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas y de gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, sociales y espirituales, en el marco de prácticas y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas, que promuevan relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. No es un fin, sino una fase intermedia para alcanzar el Vivir Bien como un nuevo horizonte civilizatorio y cultural. Está basado en la compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente Ley. 4. Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien. Son los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado. 5. Diversidad Biológica. Es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otro ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 6. Aprovechamiento. Es la utilización de los productos de los componentes de la Madre Tierra por personas individuales y colectivas para el desarrollo integral, con fines de interés público y/o comercial, autorizados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 7. Diversidad Cultural. Es la condición de heterogeneidad y pluralidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas, que conviven y se expresan a través de diversas dinámicas, realidades y formas de complementariedad cultural. 8. Funciones Ambientales. Es el resultado de las interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar. Son ejemplos de las funciones ambientales los siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos, la polinización (provisión de polinizadores para reproducción de poblaciones de plantas y dispersión de semillas), la filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico (regulación de la dinámica de poblaciones, control de plagas y enfermedades), el reciclado de nutrientes (fijación de nitrógeno, fósforo, potasio), la formación de suelos (meteorización de rocas y acumulación de materia orgánica), la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), la provisión de belleza escénica o paisajística (paisaje). 9. Proceso Natural. Es un proceso que existe en la naturaleza o es producido por "la acción de las fuerzas naturales", pero no así por la acción o intervención de los seres humanos. 10. Restauración. Es el proceso planificado de modificación intencional de una zona de vida o sistema de vida alterado con el objetivo de restablecer la diversidad de sus componentes, procesos, ciclos, relaciones e interacciones y su dinámica, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, en un tiempo definido. El sistema resultante debe ser auto sustentable en términos ecológicos, sociales, culturales y económicos. 11. Regeneración. Es la capacidad de una zona de vida o sistema de vida de la Madre Tierra para absorber daños, adaptarse a las perturbaciones y regenerarse, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad inicial. 12. Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación. 13. Sociedad Justa, Equitativa y Solidaria. Es una sociedad donde todas las personas cuentan con las capacidades, condiciones, medios e ingresos suficientes, para satisfacer sus necesidades materiales, sociales y afectivas, y gozar de sus derechos fundamentales, sin diferencias de clases sociales y sin pobreza de ninguna naturaleza. 14. Uso. Es la utilización de los componentes de la Madre Tierra por parte del pueblo boliviano de manera sustentable con fines no comerciales y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 15. Vínculos Edificantes. Son los procesos y dinámicas positivas colectivas y comunitarias que sientan las bases para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria en el marco de la justicia social y climática. 16. Zonas de Vida. Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo. TÍTULO II VISIÓN DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA CAPÍTULO I VALORES DEL VIVIR BIEN COMO HORIZONTE ALTERNATIVO AL CAPITALISMO Artículo 6. (VALORES DEL VIVIR BIEN). En el marco del Vivir Bien se establecen los siguientes valores del vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria: 1. Saber Crecer. Vivir Bien, es crecer y compartir con espiritualidad y fe, en el marco del respeto a la libertad de religión y de las creencias espirituales de acuerdo a las cosmovisiones del pueblo boliviano, que promueve y construye vínculos edificantes, virtudes humanitarias y solidarias para llevar una vida armoniosa. 2. Saber Alimentarse. Vivir Bien, es alimentarse con calidad y productos naturales; saber combinar las comidas y bebidas adecuadas a partir de las estaciones del año, respetando los ayunos y ofrendando alimentos a la Madre Tierra. 3. Saber Danzar. Vivir Bien, es danzar en gratitud a la Madre Tierra y en celebración de la comunidad y armonía entre las personas donde se manifiesta la dimensión espiritual y energética. 4. Saber Trabajar. Vivir Bien, es considerar el trabajo como fiesta y como felicidad. Se retoma el pensamiento ancestral de que el trabajo es fiesta, por tanto se lo realiza con amor y pasión. Es trabajar en reciprocidad y complementariedad; es más que devolver el trabajo o los productos de la ayuda prestada en cualquier actividad. 5. Saber Comunicarse. Vivir Bien, es comunicarse y saber hablar. Sentir y pensar bien para hablar, lo que implica hablar para construir, para alentar, para aportar. Todo lo que hablemos se escribe en los corazones y en la memoria genética de los seres de la Madre Tierra. 6. Saber Soñar. Vivir Bien, es soñar en un buen futuro, que es proyectar la vida, partiendo de que todo empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. 7. Saber Escuchar. Vivir Bien, es escucharnos para conocernos, reconocernos, respetarnos y ayudarnos. Es escuchar a los mayores y revalorizar los saberes de las naciones indígena originario campesinas; es leer las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino. Es no sólo escuchar con los oídos, es percibir, sentir y escuchar con todo nuestro espíritu, conciencia y cuerpo. 8. Saber Pensar. Es la reflexión no sólo desde lo racional sino desde el sentir, para que sin perder la razón caminemos en la senda del corazón. CAPÍTULO II VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL Artículo 7. (CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD JUSTA, EQUITATIVA Y SOLIDARIA). El Estado Plurinacional de Bolivia está orientado a la búsqueda del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural del pueblo boliviano. Artículo 8. (REALIZACIÓN DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL). Se ejecuta, implementa y realiza en base a los objetivos del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en el marco del proceso descolonizador del Estado Plurinacional de Bolivia, basado en la compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente Ley, así como con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y deberes de la sociedad y las personas. CAPÍTULO III DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES Artículo 9. (DERECHOS). El Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, debe ser realizado de manera complementaria, compatible e interdependiente de los siguientes derechos: 1. Derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés público como la interacción armónica y en equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, en el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas, sociales, ecológicas y espirituales de las personas y sociedad con la Madre Tierra están limitadas por la capacidad de regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 2. Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 3. Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral, satisfaciendo las necesidades de las sociedades y personas en el marco de las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, productivas, ecológicas y espirituales. 4. Derecho de la población rural y urbana a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, en el marco del goce pleno de sus derechos fundamentales. Artículo 10. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de: 1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra y la presente Ley. 2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. 3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 4. Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible y complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Promover la industrialización de los componentes de la Madre Tierra, en el marco del respeto de los derechos y de los objetivos del Vivir Bien y del desarrollo integral establecidos en la presente Ley. 7. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación. Artículo 11. (DEBERES DE LA SOCIEDAD Y LAS PERSONAS). Las personas de forma individual y colectiva tienen el deber de: 1. Asumir conductas individuales y colectivas para avanzar en el cumplimiento de los principios y objetivos de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 2. Participar en la priorización de sus necesidades para la creación de las condiciones necesarias para el Vivir Bien, su desarrollo integral en concordancia con los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y el Sistema de Planificación Integral del Estado. 3. Promover de forma sostenida y permanente procesos de desmercantilización de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. 4. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, a momento de obtener la autorización, el permiso o el derecho de aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, cuando se trate de actividades de alto riesgo para la Madre Tierra y las zonas de vida, deberá, asumir compromisos a través de instrumentos económicos de regulación ambiental conforme a norma específica. 5. El responsable directo del daño ocasionado a los componentes o zonas de vida de la Madre Tierra está obligado a restaurar el mismo, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, sea directamente o por medio del Estado, cuando corresponda. El Estado Plurinacional de Bolivia a su vez exigirá la devolución de lo erogado al responsable directo, conforme a Ley específica. CAPÍTULO IV ALCANCES DE LOS OBJETIVOS DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL 10 Artículo 12. (OBJETIVOS DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL). En el marco del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, se establecen los siguientes objetivos del Estado Plurinacional de Bolivia para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria: 1. Saber alimentarse para Vivir Bien. 2. Promover hábitos de consumo sustentables. 3. Establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneración de la Madre Tierra, en función del interés colectivo. 4. Conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de un manejo integral y sustentable. 5. Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo boliviano. 6. Orientar la inversión y distribución de la riqueza con justicia social. 7. Facilitar el acceso equitativo a los componentes de la Madre Tierra. 8. Democratizar el acceso a los medios y factores de producción. 9. Promover fuentes de empleo digno en el marco del desarrollo integral. 10. Facilitar el acceso universal del pueblo boliviano a la educación y salud. Artículo 13. (SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el derecho a la alimentación y a la salud con soberanía y seguridad alimentaria, considerando complementariamente en el saber alimentarse todos los objetivos del Vivir Bien, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Desarrollo de acciones estatales para el fortalecimiento de los sistemas económicos, productivos, sociales, culturales, políticos y ecológicos de las poblaciones con mayores problemas en la realización del Saber Alimentarse para Vivir Bien en el marco de la reconstitución integral de sus capacidades. 2. Desarrollo de procesos y acciones integrales en el marco del respeto y agradecimiento a la Madre Tierra, priorizando: el acceso a la tierra y territorio con agua y buena producción; el manejo y el control de los riesgos ambientales, climáticos y la contaminación; la producción, transformación y comercialización de una diversidad de productos ecológicos y orgánicos; acceso a la alimentación y salud en familia y en comunidad revalorizando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales y colectivos y la educación para la alimentación; un crecimiento sano de las personas; y más y mejor empleo e ingresos para el pueblo boliviano. 3. Avances progresivos del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a sus capacidades para garantizar el acceso a los alimentos en cantidad y calidad para las poblaciones que no pueden conseguirlos por sí mismos en su vida diaria. 4. Reconocimiento y fomento a la diversificación de la producción, la diversidad de los productos en los mercados, las prácticas de intercambio comunitarios y en la dieta alimentaria, la protección a las variedades locales y nativas, así como el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 5. Acciones para evitar la mercantilización de los recursos genéticos, la privatización del agua, la biopiratería y el traslado ilegal de material genético, así como la participación de monopolios y/o oligopolios en la producción y comercialización de semillas y alimentos. 6. Priorización del abastecimiento interno con producción nacional, fomento del comercio justo y solidario de productos agropecuarios y provenientes del bosque, así como de la formulación de políticas comerciales que beneficien al pequeño productor y a la economía comunitaria. 7. Protección de la población de la malnutrición con énfasis en el control de la comercialización de alimentos que dañan la salud humana. 8. Sanciones a la especulación financiera basada en la producción y comercialización de alimentos. 9. Establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales para la producción, acceso y consumo de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecológicos y culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis en las áreas urbanas. 10. Revalorización y fortalecimiento de los sistemas de vida de los pequeños productores, de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, cooperativas y otros sistemas asociativos, a través del manejo sustentable de su biodiversidad y del respeto, revalorización y reafirmación de sus saberes en el marco de la diversidad cultural. 11. Desarrollo de procesos de educación alimentaria y nutricional, promoción de micronutrientes y alimentos bio fortificados. 12. Planificación estratégica alimentaria participativa de la sociedad civil organizada, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, y asociaciones de los actores productivos de la economía plural, sobre la base de la vocación y potencial productivo de las zonas de vida y en el marco de estrategias, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario, agroforestal y piscícola integral y sustentable. Artículo 14. (PROMOVER HÁBITOS DE CONSUMO SUSTENTABLES). El Estado Plurinacional de Bolivia impulsará un cambio gradual hacia el establecimiento de hábitos de consumo sustentables del pueblo boliviano, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Acciones para fortalecer hábitos de consumo sustentables que se basan en las relaciones de complementariedad entre los seres humanos con la Madre Tierra y están limitados por las capacidades de regeneración de sus componentes y sistemas de vida. 2. Acciones para promover que el uso de bienes y servicios que responden a satisfacer las necesidades básicas del pueblo boliviano minimicen el aprovechamiento desmedido de los componentes de la Madre Tierra, el empleo de materiales tóxicos, y las emisiones de desperdicios y contaminantes. 3. Promoción y fortalecimiento de conductas individuales y colectivas que valoren el consumo de los alimentos ecológicos nacionales, el uso racional de energía, la conservación del agua, la reducción del consumismo, el tratamiento de los residuos sólidos y el reciclaje. 4. Desarrollo de acciones informativas y educativas para reforzar los valores, toma de decisiones y comportamiento del pueblo boliviano hacia un consumo informado y responsable que evalúa los beneficios culturales, ambientales, sociales y económicos de las actividades productivas y la utilización sustentable de los componentes de la Madre Tierra. 5. Promover la investigación científica de la interrelación entre la alimentación y salud. Artículo 15. (ESTABLECER PROCESOS DE PRODUCCIÓN NO CONTAMINANTES Y QUE RESPETAN LA CAPACIDAD DE REGENERACIÓN DE LA MADRE TIERRA EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO). El Estado Plurinacional de Bolivia impulsará de forma progresiva y de acuerdo a las circunstancias locales, la creación y fortalecimiento de patrones de producción más sustentables, limpios y que contribuyan a una mayor calidad ambiental, mediante: 1. Impulso al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Madre Tierra de acuerdo a su capacidad de regeneración y a la capacidad de las zonas de vida de asimilar daños, reconociendo que las relaciones económicas están limitadas por la capacidad de regeneración que tiene la Madre Tierra y sus zonas de vida, en función del interés colectivo para Vivir Bien. 2. Transformación progresiva de la matriz energética del país hacia fuentes renovables y más limpias. 3. Acciones para promover el incremento progresivo de la eficiencia en el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes no renovables de la Madre Tierra y para que los procesos vinculados a actividades extractivas e industriales utilicen las mejores tecnologías disponibles para prevenir, mitigar y remediar los daños causados y para restaurar los componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra. 4. Fortalecimiento de sistemas productivos compatibles con la vocación productiva de las zonas y sistemas de vida en los procesos de satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano. 5. La maximización de la eficiencia energética en los procesos productivos y la toma de decisiones y acciones que eviten daños irreversibles a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Desarrollo de procesos productivos agropecuarios, que garanticen una mayor productividad, la capacidad de regeneración de la Madre Tierra, el respeto a las zonas y sistemas de vida de las diferentes regiones y la prioridad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 7. Acciones para sustituir gradualmente y limitar la utilización de tecnologías degradantes y compuestos químicos tóxicos que puedan ser reemplazados con otras alternativas equivalentes ecológica y socialmente adecuadas. 8. Acciones para evitar la mono producción que deteriora las prácticas productivas locales y facilita la degradación de los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra. 9. Establecimiento de mecanismos para que las personas individuales y colectivas, públicas o privadas, responsables de la contaminación y/o daño a los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra, realicen las acciones necesarias para la efectiva restauración o rehabilitación de los mismos, así como la mitigación de los daños. Artículo 16. (CONSERVAR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA DE LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE UN MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Generación de condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra en el marco de sistemas de vida sustentables que desarrollen integralmente los aspectos sociales, ecológicos, culturales y económicos del pueblo boliviano tomando en cuenta los saberes y conocimientos de cada nación y pueblo indígena originario campesino, comunidad intercultural y afroboliviana, en el marco de la consulta previa, libre e informada. 2. Planificación y regulación de la ocupación territorial y el uso de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a las vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de vida, las tendencias del cambio climático y los escenarios deseados por la población en el marco del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 3. Acciones para garantizar el aprovechamiento sustentable de la tierra y territorios, bajo cualquier forma de propiedad, incorporando criterios sociales, económicos, productivos, ecológicos, espirituales y de sostenimiento de la capacidad de regeneración de la Madre Tierra en la función social y función económico social. 4. Fomento, control y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas. 5. La gestión, uso y aprovechamiento de los componentes renovables de la Madre Tierra, debe garantizar que la velocidad de reposición de dichos componentes sea igual o mayor a su velocidad de agotamiento. 6. Reconocimiento, respeto y promoción de la gestión territorial integral y sustentable de los componentes de la Madre Tierra, que se encuentran en los territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, en el marco de la recuperación y uso de las normas, procedimientos, prácticas, saberes y conocimientos tradicionales propios y de las normas del Estado Plurinacional de Bolivia. 7. Fortalecimiento de las prácticas productivas locales para el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, fortaleciendo los medios de vida, capacidades organizacionales y habilidades de las poblaciones locales en el marco del manejo múltiple y diversificado de las zonas de vida. 8. Disponer recursos económicos para programas de restauración o rehabilitación de los componentes o zonas de vida dañados, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los causantes del daño y de la exigencia del Estado Plurinacional de Bolivia, del desembolso de los costos emergentes de las medidas de restauración. 9. La integridad de las zonas y sistemas de vida debe ser asegurada mediante el control y monitoreo participativo por parte del Estado Plurinacional de Bolivia en todos los niveles territoriales y de forma complementaria con los actores productivos y las comunidades locales; bajo parámetros y lineamientos emitidos por el nivel central del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas desarrollarán estos procesos en sus territorios, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios conforme a Ley. Artículo 17. (PREVENIR Y DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE LA MADRE TIERRA Y DEL PUEBLO BOLIVIANO). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá acciones para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra y del pueblo boliviano ante los desastres naturales e impactos del cambio climático, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Incorporación e innovación permanente del enfoque de prevención, gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático en el Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Acciones de gestión de riesgo en el sector agropecuario para prevenir la disminución de las capacidades de producción alimentaria del país en el marco de la soberanía y seguridad alimentaria con énfasis en la población y regiones más vulnerables. 3. Integración del enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los programas y proyectos de desarrollo del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, fortaleciendo las capacidades institucionales y mejorando los procesos de coordinación entre las entidades competentes en la planificación, gestión y ejecución de intervenciones en esta materia, en el marco de sus competencias. 4. Desarrollo de redes de información climática, alerta temprana y estrategias de información y difusión para la prevención de los desastres naturales, con la incorporación de medios de comunicación en acciones de sensibilización de la población y con énfasis en el sector agropecuario y el cambio climático considerando las experiencias y la sabiduría de las naciones indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas en el manejo de indicadores para la predicción climática local. 5. Fortalecimiento de los procesos de gestión territorial en las entidades territoriales autónomas y en los territorios, bajo cualquier forma de propiedad, con un enfoque de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático. 6. Articulación entre entidades públicas, privadas, sector académico y organizaciones sociales para desarrollar procesos de investigación, información, planificación y ejecución de intervenciones en la gestión del riesgo de desastres con un enfoque de adaptación al cambio climático. Artículo 18. (ORIENTAR LA INVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA DEL ESTADO CON JUSTICIA SOCIAL). El Estado Plurinacional de Bolivia creará condiciones para que la distribución de la riqueza generada por los sectores estratégicos de la economía, basados en el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales renovables y no renovables, tenga un impacto directo en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, mediante los siguientes criterios principales: 1. Potenciamiento productivo de las diferentes formas de la economía plural con énfasis en los pequeños productores y en la economía comunitaria. 2. Establecimiento de equilibrios en la distribución de la riqueza en base a las necesidades de las regiones y a la reducción de las desigualdades socioeconómicas regionales. 3. Prioridad en la inversión de la riqueza de forma inversamente proporcional a la concentración de servicios financieros y no financieros. 4. Reducción de las vulnerabilidades regionales que resultan del impacto del cambio climático en el pueblo boliviano y en las zonas de vida del país. 5. La participación del Estado Plurinacional de Bolivia como actor económico productivo estratégico, regulador, dinamizador de las relaciones económicas y redistribuidor del excedente entre las distintas formas de organización de la economía plural. Artículo 19. (FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO A LOS COMPONENTES DE LA MADRE TIERRA). El Estado Plurinacional de Bolivia facilitará la reducción de las diferencias con relación al acceso del pueblo boliviano a la tierra, agua, bosques, biodiversidad y otros componentes de la Madre Tierra así, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Acciones para que la distribución de los componentes de la Madre Tierra responda a la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual. 2. Eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes de la Madre Tierra en manos de propietarios agrarios y empresas para que se logre una mayor equidad en el acceso a los beneficios de la Madre Tierra, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la economía comunitaria, en el marco de lo dispuesto por el Capítulo IX del Título II Cuarta Parte de la Constitución Política del Estado. 3. Regulación y control de la extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra. 4. Establecimiento de condiciones equitativas en el acceso al agua para consumo, riego y uso industrial en el marco de la gestión integral de cuencas y recursos hídricos. Artículo 20. (DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LOS MEDIOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá un mayor acceso y control del Estado y del pueblo boliviano a los medios y factores de producción para mejorar su capacidad de producción, agregación de valor y su comercialización, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Potenciamiento del sistema productivo estatal, en el marco de la economía plural, para la generación y diversificación de la riqueza productiva. 2. El acceso equitativo a los medios y factores de producción para el pueblo boliviano, promoviendo formas comunitarias y colectivas de producción, urbanas y rurales, con impulso a los procesos productivos sustentables, diversificación y agregación de valor. 3. La ampliación y acceso expedito por parte del pueblo boliviano a mercados y prácticas de intercambio, servicios de asistencia técnica, procesos de innovación, diálogo de saberes y desarrollo técnico y tecnológico que promuevan y fortalezcan emprendimientos productivos y de servicios sustentables. 4. Desarrollo de complejos productivos, en el marco de la economía plural, incluyendo encadenamientos productivos entre sectores y regiones que dinamicen economías locales e iniciativas vinculadas a la micro, pequeña, mediana empresa y economía comunitaria, involucrando con prioridad a los sectores agropecuario, artesanal, industrial y de servicios. 5. Profundización de la democratización y diversificación del sistema financiero priorizando el desarrollo del sector productivo y la demanda de las productoras y los productores históricamente excluidos, así como la soberanía y seguridad alimentaria, con un enfoque de género y de sustentabilidad. 6. Promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional con características de solidaridad y fomento, con tasas de interés, garantías, plazos y otras condiciones de financiamientos convenientes y acordes al ciclo de producción de los sectores productivos. 7. Orientación y apoyo a la transformación, diversificación y crecimiento de la matriz productiva, a partir de la otorgación de financiamiento en articulación con servicios no financieros que respondan a las necesidades y características de los productores. Artículo 21. (PROMOVER FUENTES DE EMPLEO DIGNO EN EL MARCO DEL VIVIR BIEN, A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL). El Estado Plurinacional de Bolivia impulsará la creación, consolidación y fortalecimiento de más y mejor empleo digno para el pueblo boliviano, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Promoción de empleo a través del incentivo a una economía diversificada en el marco de la economía plural, democratización del acceso a los medios y factores de producción, y fortalecimiento del desarrollo productivo de la micro, pequeña, mediana empresa y economía comunitaria. 2. Institucionalización de un servicio público de empleo de alcance plurinacional para contribuir a la inserción laboral de los trabajadores. 3. Desarrollo de procesos de certificación de competencias laborales y capacitación de mano de obra calificada. 4. Acciones para apoyar en el ámbito plurinacional a los procesos de inserción de las y los jóvenes a los mercados y prácticas de intercambio laborales permitiéndoles acceder a fuentes de trabajo de carácter estable. Artículo 22. (FACILITAR EL ACCESO UNIVERSAL DEL PUEBLO BOLIVIANO A LA EDUCACIÓN Y SALUD). El Estado Plurinacional de Bolivia fortalecerá las condiciones básicas para una vida integral y sana de las personas y de la sociedad así como de una educación relacionada con las necesidades del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, en el marco de la Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. TÍTULO III BASES Y ORIENTACIONES DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA CAPÍTULO I BASES Y ORIENTACIONES Artículo 23. (CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en conservación de la diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, son: 1. Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de uso, aprovechamiento, protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, de acuerdo a las características de cada sistema de vida. 2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la evaluación de riesgos para la biodiversidad, la salud humana y los sistemas de vida, inherentes a la introducción de especies exóticas invasoras, productos agrícolas y otros. 3. Establecer e implementar políticas, planes, programas y proyectos para el mantenimiento del patrimonio genético y la diversidad de recursos genéticos existente en el país y los conocimientos ancestrales asociados a éstos. 4. Promover la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del país y áreas con alto valor de conservación, en el marco del manejo integral de cuencas. 5. Respeto a la clasificación de las zonas y sistemas de vida y cumplimiento estricto de la aptitud de uso del suelo por parte del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y propietarios agrarios y comunitarios. 6. Fortalecer y promover el Sistema de Áreas Protegidas Nacional, Departamental, y Municipal definidos en la Constitución Política del Estado, como uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra. Las Áreas Protegidas y otras áreas de conservación y protección están sujetas a Ley específica. Artículo 24. (AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son: 1. Encarar la revolución productiva comunitaria agropecuaria, estableciendo como objetivo fundamental el logro de la soberanía con seguridad alimentaria. 2. Maximizar la eficiencia productiva y energética para minimizar el avance de la frontera agrícola, la afectación irreversible a las zonas de vida, y el uso y aprovechamiento de otros componentes de la Madre Tierra. 3. Establecer los límites máximos de uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona y sistema de vida. 4. Desarrollar políticas de gestión armónica, adecuada, responsable y participativa de la producción agropecuaria de acuerdo a las características y la vocación regional de cada sistema de vida. 5. Priorizar e incentivar la agricultura, pesca, ganadería familiar comunitaria y la agroecología, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena originario campesino y comunidad intercultural y afroboliviana, con un carácter diversificado, rotativo y ecológico, para la soberanía con seguridad alimentaria, buscando el diálogo de saberes. 6. Promover e incentivar la agricultura y ganadería empresarial siempre y cuando incorporen tecnologías y prácticas que garantizan la capacidad de regeneración de las zonas y sistemas de vida, el incremento de la productividad de carácter diversificado y ecológico, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 7. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agro biodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. 8. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica. 9. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación. 10. Desarrollar sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna así como un sistema de regulación de la producción y comercialización de los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo y generación de reservas. 11. Prohibir la producción de agro combustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria. 12. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y capacitación. 13. Regular el uso de plaguicidas y otros insumos agropecuarios que causan daño y a la salud humana, según norma específica. 14. Promover e incentivar la agricultura urbana y periurbana en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para el consumo familiar. 15. Fortalecer las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, comercialización y financiamiento de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales. 16. Identificar, actualizar, clasificar y delimitar la superficie agrícola total en base a la vocación de uso de suelo para promover mayor productividad de las actividades agropecuarias, evitando la ampliación de la frontera agrícola en el marco de la soberanía con seguridad alimentaria. Artículo 25. (BOSQUES). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en bosques son: 1. Realizar un manejo integral y sustentable de los bosques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de acuerdo a las zonas y sistemas de vida como condición para la preservación de derechos de uso y aprovechamiento. 2. Identificar, actualizar y clasificar la superficie boscosa total y las funciones del bosque para el uso y aprovechamiento planificado de los productos maderables y no maderables y la protección de los bosques primarios. 3. Promover y desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas de vida, incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de vida. 4. Prohibir de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de proyectos de interés nacional y utilidad pública. Artículo 26. (MINERÍA E HIDROCARBUROS). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en minería e hidrocarburos son: 1. Las actividades de exploración, explotación, refinación, transformación, industrialización, transporte y comercialización de recursos mineros e hidrocarburíferos serán realizadas de forma progresiva, según corresponda con las tecnologías más adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales. 2. Los procesos productivos mineros e hidrocarburíferos se desarrollarán en el marco de instrumentos específicos de regulación y gestión de los sistemas de vida, mismos que estarán sujetos a procesos de monitoreo técnico integral recurrente e interinstitucional y auditorías de sistemas de vida con participación de la población afectada por éstos procesos productivos. Cuando los mismos se desarrollen en territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, la participación en dicha auditoría se realizará en el marco de sus normas y procedimientos propios conforme a Ley. 3. Desarrollar procesos de industrialización en minería e hidrocarburos que han cumplido los requisitos con el Estado y que garanticen el sostenimiento de las capacidades de regeneración de las zonas y sistemas de vida. 4. Establecer medidas para que las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras o cooperativas, que desarrollen actividades, obras o proyectos mineros e hidrocarburíferos, realicen procesos de restauración de las zonas de vida y mitigación de daños. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estos procesos conjuntamente con las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia. 5. Establecer medidas para que las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras o cooperativas mineras e hidrocarburíferas, que ocasionen daños irreversibles a los componentes de la Madre Tierra, sean sujetos a responsabilidades de acuerdo a Ley específica. 6. Toda forma de aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, no metálicos, salmueras, evaporíticos y otros existentes, deben realizarse bajo procesos de extracción y transformación en el marco de la armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Artículo 27. (AGUA). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en agua son: 1. Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 2. Toda actividad industrial y extractiva, que implique el aprovechamiento del agua según corresponda, debe implementar, entre otros, dinámicas extractivas y de transformación adecuadas que incluyen plantas y/o procesos de tratamiento que minimicen los efectos de la contaminación, así como la regulación de la descarga de desechos tóxicos a las fuentes de agua. Los pequeños productores mineros, cooperativas mineras y empresas comunitarias, desarrollarán estas acciones conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia. 3. El agua en todos su ciclos hídricos y estados, superficiales y subterráneos, así como sus servicios, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni ser mercantilizados. El acceso al agua estará sujeto a un régimen de licencia, registros y autorizaciones conforme a Ley del Agua específica. 4. Regular, proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el consumo humano. 5. Regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de la calidad de agua. 6. Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas. 7. Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando el uso del agua para la vida. 8. Promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, considerados recursos estratégicos por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, para el desarrollo y la soberanía boliviana. 9. Regular y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, bajo parámetros y lineamientos emitidos por el nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, destinados a garantizar la soberanía con seguridad alimentaria y los servicios básicos y la conservación de los sistemas de vida, en el marco de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, conforme a Ley. 10. Desarrollar planes de gestión integral de las aguas en beneficio del pueblo y resguardar de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración y salud de los pueblos. 11. Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la captación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua. 12. Desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados por el cambio climático, la ampliación de la frontera agrícola o los asentamientos humanos no planificados y otros. 13. El aprovechamiento del agua para uso industrial estará sujeto a una regulación específica a ser determinada por la autoridad nacional competente, cuyos beneficios, cuando corresponda, serán invertidos en proyectos locales de desarrollo integral. Artículo 28. (TIERRA Y TERRITORIO). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en tierra y territorio son: 1. En concordancia con el Artículo 94 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el ordenamiento territorial debe integrar la gestión integral de los sistemas de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, respetando la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, cuando corresponda. 2. Las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas que no las posean, garantizando su uso y aprovechamiento de acuerdo a las características de las zonas y sistemas de vida, según Ley de Tierra y Territorio específica. 3. El Estado reconoce la integridad y unidad de los territorios indígena originario campesinos y garantiza el ejercicio pleno de los derechos de la totalidad de naciones y pueblos que coexisten en un territorio indígena originario campesino. 4. Establecimiento de instrumentos institucionales, técnicos y jurídicos para verificar que el uso de la tierra y territorios se ajusten a las características de las zonas y sistemas de vida, incluyendo la vocación de uso y aprovechamiento, condiciones para la continuidad de los ciclos de vida y necesidades de restauración. 5. Planificación del desarrollo integral incorporando el manejo integral de cuencas en la gestión de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, fortaleciendo los usos y costumbres, y promoviendo la innovación en la gestión del territorio. Artículo 29. (AIRE Y CALIDAD AMBIENTAL). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en aire y calidad ambiental son: 1. Implementar medidas de control, prevención y mitigación para garantizar el aire limpio. 2. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación atmosférica por quemas, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de aerosoles que afectan negativamente la capa de ozono y efectos del ruido y otros contaminantes atmosféricos para todos los sectores y actividades públicas y privadas, a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población. 3. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación electromagnética. 4. Regular, monitorear y fiscalizar la contaminación que resulta de las actividades extractivas y de la industria. 5. Establecer políticas para la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. Artículo 30. (ENERGÍA). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en energía son: 1. Establecer la política energética y las medidas para lograr el cambio gradual de la matriz energética proveniente de recursos naturales no renovables a través de la sustitución paulatina de combustibles líquidos por gas natural, así como el incremento gradual de las energías renovables en sustitución de las provenientes de recursos no renovables.(OJO) 2. Garantizar que se incorpore al Sistema Interconectado Nacional (SIN), un porcentaje de generación de energía proveniente de fuentes de energías alternativas renovables, que será incrementado gradualmente de forma sostenida. 3. Desarrollar, planes y programas de generación de energías alternativas renovables e incentivos para la producción y uso doméstico, priorizando las energías: solar y eólica, y las micro centrales hidroeléctricas y el ahorro energético nacional. 24 4. Promover la implementación de tecnologías y prácticas que garanticen la mayor eficiencia en la producción y uso de energía en armonía y equilibrio con los sistemas de vida y la Madre Tierra, de acuerdo a Ley específica. 5. Desarrollar políticas de importación, producción y comercialización de tecnologías, equipos y productos de eficiente consumo energético. Artículo 31. (GESTIÓN DE RESIDUOS). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en gestión de residuos son: 1. Promover la transformación de los patrones de producción y hábitos de consumo en el país y la recuperación y reutilización de los materiales y energías contenidos en los residuos, bajo un enfoque de gestión cíclica de los mismos. 2. Desarrollar mecanismos institucionales, técnicos y legales de prevención, disminución y reducción de la generación de los residuos, su utilización, reciclaje tratamiento, disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco del Artículo 299 parágrafo II numerales 8 y 9 de la Constitución Política del Estado. 3. Garantizar el manejo y tratamiento de residuos de acuerdo a Ley específica. 4. Desarrollar acciones educativas sobre la gestión de residuos en sus diferentes actividades para la concienciación de la población boliviana. Artículo 32. (CAMBIO CLIMÁTICO). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en cambio climático son: 1. Establecer políticas, estrategias, planes, mecanismos organizativos, institucionales, técnicos y legales para la mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo de medidas de respuesta efectivas a sus impactos en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 2. Desarrollar capacidades institucionales y técnicas para el monitoreo, modelación y pronósticos de escenarios para la planificación y toma de decisiones sobre cambio climático a largo plazo. 3. Promover la recuperación y aplicación de prácticas, tecnologías, saberes y conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas para el desarrollo de medidas de respuesta efectivas a los impactos del cambio climático en armonía y equilibrio con los sistemas de vida, priorizando la soberanía y seguridad alimentaria de los bolivianos. 4. Desarrollar y mejorar la capacidad de prevención y gestión de riesgos ante eventos climáticos extremos, con énfasis en las regiones con sistemas de vida más vulnerables al riesgo del cambio climático. 5. Todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono. 6. El Estado impulsará que los recursos financieros de los fondos orientados al cambio climático, estén destinados al manejo integral y sustentable de todos los componentes de la Madre Tierra, promoviendo la capacidad de sostenimiento y adaptación de los sistemas de vida. Artículo 33. (EDUCACIÓN INTRACULTURAL E INTERCULTURAL, DIÁLOGO DE CONOCIMIENTOS Y SABERES). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en educación intracultural e intercultural y en el diálogo de conocimientos y saberes son: 1. Desarrollar políticas para la revalorización, protección y aplicación de conocimientos ancestrales, colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, relacionados con la capacidad de regeneración de la Madre Tierra y el uso de la biodiversidad. Estos conocimientos se utilizarán en beneficio de todo el pueblo boliviano, previa consulta con la nación, pueblo y comunidad correspondiente y respetando sus derechos colectivos e individuales de propiedad intelectual sobre dichos conocimientos ancestrales. 2. Desarrollar y aplicar políticas destinadas a fomentar y promocionar la investigación participativa revalorizadora a partir del diálogo de saberes entre la ciencia occidental moderna y las ciencias de las naciones indígena originario campesinas. 3. Incorporar la concepción de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en el Sistema Educativo Plurinacional de acuerdo a la Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, y la presente Ley. 4. Fomentar e incentivar el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales relacionadas con la conservación y protección del medioambiente, la biodiversidad y el territorio en el marco del enfoque de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. TÍTULO IV PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA PARA VIVIR BIEN CAPÍTULO I PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Artículo 34. (PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS). Son encargadas de proteger los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a sus competencias. Artículo 35. (PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA). El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles, deberá elaborar normas específicas y prever instancias técnico administrativas sancionatorias por actos u omisiones que contravengan a la presente Ley. Artículo 36. (PROTECCIÓN JURISDICCIONAL). Los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, son protegidos y defendidos ante la jurisdicción Ordinaria, la jurisdicción Agroambiental y la jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial y Leyes Específicas, en el ámbito de sus competencias. Artículo 37. (OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN). Con el fin de garantizar la protección de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, toda persona, autoridad pública o autoridad indígena originaria campesina y organizaciones de la sociedad civil, tienen la obligación de cooperar con la autoridad jurisdiccional competente, cuando ésta lo requiera de acuerdo a procedimientos. Artículo 38. (CARÁCTER DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS). La vulneración de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, constituye una vulneración del derecho público y los derechos colectivos e individuales. CAPÍTULO II GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Artículo 39. (SUJETOS ACTIVOS O LEGITIMADOS). I. Están obligados a activar las instancias administrativas y/o jurisdiccionales, con el objeto de exigir la protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las siguientes entidades según corresponda: 1. Las autoridades públicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias. 2. El Ministerio Público. 3. La Defensoría de la Madre Tierra. 4. Tribunal Agroambiental. II. Asimismo, podrán hacerlo las personas individuales o colectivas, directamente afectadas. III. Cualquier persona individual o colectiva, que conozca la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, tiene el deber de denunciar este hecho ante las autoridades competentes. Artículo 40. (UNIFICACIÓN DE LA DENUNCIA O ACCIÓN). Iniciada una denuncia o acción por alguno de los sujetos señalados en el Artículo anterior, no se podrá interponer otras denuncias o acciones por el mismo hecho, esto no impide que los demás puedan intervenir como terceros interesados. 27 Artículo 41. (RESPONSABILIDADES POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS). I. De la vulneración a los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, pueden emerger responsabilidades administrativas y jurisdiccionales, conforme a Ley. II. Las responsabilidades son independientes entre sí, no pudiendo alegarse doble sanción por el mismo hecho. Artículo 42. (TIPOS DE RESPONSABILIDADES POR EL DAÑO CAUSADO). Los tipos de responsabilidad por el daño causado a los derechos de la Madre Tierra, serán regulados por Ley específica. Artículo 43. (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA). Cuando en la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, no sea posible determinar la medida del daño de cada responsable, en el ámbito civil y/oadministrativo, se aplicará la responsabilidad solidaria así como el derecho de repetición, cuando se determine la medida específica del daño de cada uno, de acuerdo a Ley específica. Artículo 44. (SANCIÓN PENAL). I. En delitos relacionados con la Madre Tierra, no habrá lugar al beneficio de la suspensión condicional de la pena. El reincidente será sancionado con la agravación de un tercio de la pena más grave. II. Los delitos relacionados con la Madre Tierra son imprescriptibles. TÍTULO V POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTRUMENTOS E INSTITUCIONALIDAD PARA VIVIR BIEN CAPÍTULO I POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES Artículo 45. (POLÍTICAS). Las políticas orientadas al Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra deben considerar lo siguiente: 1. Las políticas públicas deben ser dignificantes y humanamente transformadoras para garantizar el Vivir Bien del pueblo boliviano, en el marco de sus propias visiones bioculturales. 2. Las políticas y la gestión pública deben ser desarrolladas e implementadas, considerando procesos de intra cultural e interculturalidad, descolonización y despatriarcalización. 3. Las políticas públicas y los procesos de planificación y gestión pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos ancestrales, establecidos en la presente Ley. 4. Las políticas públicas, deben estar orientadas a satisfacer los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y la atención de las necesidades del pueblo boliviano, garantizando el sostenimiento de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 5. Las políticas públicas, deben estar sujetas al control social en cumplimiento a lo definido en la Constitución Política del Estado. Artículo 46. (INVERSIÓN PÚBLICA). La inversión pública, estará orientada al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco de los instrumentos de planificación integral y participativa, y de gestión pública intercultural del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. Artículo 47. (COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE DERECHOS). La compatibilización y complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes, serán establecidas en los instrumentos de planificación integral y participativa, y de gestión pública intercultural, de acuerdo a norma específica. CAPÍTULO II INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL Artículo 48. (ORDENAMIENTO DE ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA). La Autoridad Nacional Competente en coordinación con las instancias sectoriales, elaborará un ordenamiento en base a los conceptos de zonas y sistemas de vida, y éste se constituirá en una de las bases fundamentales para la planificación del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien, que será reglamentado mediante norma específica. Artículo 49. (PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA). I. El Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país y los planes de las entidades territoriales autónomas, deberán orientarse al logro del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. II. La planificación de toda actividad económica, productiva y de infraestructura, de carácter público o privado, deberá incluir en el análisis costo/beneficio integral, el costo/beneficio ambiental, previo a su ejecución, de acuerdo a categorías definidas en norma específica. Artículo 50. (OBJETIVOS, METAS E INDICADORES). I. El Estado Plurinacional de Bolivia, definirá las metas e indicadores anuales y plurianuales de los objetivos del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, sobre la base de un enfoque holístico y en el marco de los principios de la presente Ley. II. El Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien y los planes de las entidades territoriales autónomas, deben formularse en función al cumplimiento de los objetivos del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, promoviendo programas y proyectos que estén orientados a alcanzar dichos objetivos. Artículo 51. (SISTEMA DE REGISTRO DE LOS COMPONENTES DE LA MADRE TIERRA). I. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Autoridad Nacional competente, realizará de forma progresiva el registro de los componentes de la Madre Tierra, con alto valor estratégico y priorizando los componentes naturales renovables, que comprende el desarrollo de líneas de base, inventariación y/o indicadores según corresponda, que expresan el estado de situación de los componentes de la Madre Tierra, en los términos que establece el Artículo 346 de la Constitución Política del Estado y en base a reglamentación específica, así como el desempeño de la economía con relación a éste y sin asignarle un valor monetario a los componentes de la Madre Tierra. II. El Estado Plurinacional de Bolívia, a través de La Autoridad Nacional competente, establecerá con fines de planificación y gestión pública, el marco indicativo de las capacidades de regeneración de los componentes de alto valor estratégico de la Madre Tierra, en función a las zonas y sistemas de vida del país, en coordinación con las instancias sectoriales correspondientes. III. La Autoridad Nacional competente constituirá el Sistema de Registro y el Marco Indicativo de las Capacidades de Regeneración de los Componentes de la Madre Tierra, en coordinación con los Ministerios del Órgano Ejecutivo y las entidades territoriales autónomas. IV. Los resultados del Sistema de Registro y del Marco Indicativo de las Capacidades de Regeneración de los Componentes de la Madre Tierra, deberán presentarse anualmente en las estadísticas oficiales del país y se utilizarán en los procesos de planificación integral y participativa y gestión pública intercultural de alcance plurinacional por parte de los Ministerios y entidades públicas del Órgano Ejecutivo y entidades territoriales autónomas, de forma articulada a los objetivos, metas e indicadores de desarrollo integral. CAPÍTULO III CONSEJO PLURINACIONAL PARA VIVIR BIEN EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA Artículo 52. (CONSEJO PLURINACIONAL PARA VIVIR BIEN EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA). I. El Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra, es la instancia de seguimiento, consulta y participación en la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de esta Ley. II. El Consejo Plurinacional para Vivir Bien, en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra, coordinará y articulará el accionar de otros consejos sectoriales, constituidos en normas específicas. III. El Consejo se regirá por el Sistema Político de Democracia Participativa y Ejercicio Plural, definido en la Constitución Política del Estado y el Vivir Bien. IV. El Consejo elaborará su régimen y Reglamento interno para su funcionamiento. V. El Consejo contará con una Secretaría Técnica, ejercida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a cargo de la coordinación y seguimiento a las acciones de implementación de la presente Ley y normativa derivada de ella. VI. El Consejo estará presidido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y conformado por representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Ejecutivo, la Defensoría de la Madre Tierra, los Gobiernos Autónomos Departamentales, representantes de los Consejos Plurinacionales Sectoriales y representantes de las organizaciones sociales, cuya conformación será reglamentada. CAPÍTULO IV MARCO INSTITUCIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Artículo 53. (AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA). I. Se constituye la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como una entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyo funcionamiento será establecido en Decreto Supremo. II. Actúa en el marco de la política y Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien con enfoque transversal e intersectorial, es responsable de la formulación de políticas, planificación, gestión técnica, elaboración y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, administración y transferencia de recursos financieros relacionados con los procesos y dinámicas del cambio climático. III. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, tiene como funciones principales las siguientes: 1. Formular e implementar la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien en coordinación y articulación con los ministerios y otras entidades del Órgano Ejecutivo, entidades territoriales autónomas, organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, organizaciones sociales, económica productiva de la sociedad civil, cooperativas, asociaciones de productores, entidades financieras, entidades públicas y privadas y pueblo boliviano. 2. Realizar acciones de planificación, gestión, monitoreo y evaluación sobre el cambio climático, en el marco de criterios de priorización basados en la justicia climática. 3. Realizar procesos de negociación, administración, gestión, canalización, asignación y ejecución de recursos financieros, a través del Fondo Plurinacional de Justicia Climática. 4. Desarrollar, administrar y ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático en el país, a través de mecanismos de carácter técnico, metodológico y financiero e instrumentos de regulación, control, promoción, evaluación y monitoreo en el marco de la presente Ley. 5. Establecer lineamientos sobre cambio climático, que orienten y definan las intervenciones y coordinación del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas. 6. Formular, coordinar y transversalizar las intervenciones en mitigación y adaptación al cambio climático con las organizaciones sociales y económico productivas, propietarios agrarios, entidades territoriales autónomas, Órgano Ejecutivo, entidades públicas y privadas, para cumplir los objetivos propuestos en la política y Plan Plurinacional de Cambio Climático. 7. Desarrollar acciones de coordinación, desarrollo de procesos metodológicos, gestión de conocimientos y aspectos operacionales vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático. 8. Realizar transferencias reembolsables y no reembolsables de recursos financieros de carácter público-público y público-privado condicionadas al alcance de objetivos y/o metas de mitigación y adaptación al cambio climático. 9. Realizar la administración de los Mecanismos de Mitigación y Adaptación y del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, establecidos en la presente Ley. 10. Coordinar, administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades inscritas y aprobadas en el marco de la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático y aquellos en los que exista concurrencia de financiamiento, en coordinación con los gobiernos autónomos y entidades públicas y privadas. 11. Apoyar técnica e integralmente, el desarrollo de las capacidades de las unidades productivas públicas, privadas, comunitarias y mixtas, en aspectos relacionados con el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en un contexto de cambio climático. 12. Regular el funcionamiento de emprendimientos económicos relacionados a las acciones de promoción y fomento a la mitigación y adaptación al cambio climático. 13. Administrar y ejecutar los recursos de programas y proyectos, provenientes de fuentes de financiamiento interna y externa en su ámbito de competencia, y delas entidades territoriales autónomas que transfieran recursos financieros al Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, con el propósito de desarrollar acciones articuladas para la mitigación y adaptación al cambio climático. 14. Realizar procesos de coordinación y administración de otros fondos públicos y de entidades territoriales autónomas, consensuados con dichas entidades, para la articulación de sus intervenciones hacia los objetivos del cambio climático. 15. Generación, articulación, desarrollo y gestión de información, conocimientos, innovación, tecnología e investigación relacionada con los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. 16. Establecimiento de categorías de municipios con relación a sus avances en procesos de mitigación y adaptación al cambio climático y al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra de acuerdo a reglamentación específica. 17. Otras funciones encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el marco del cumplimiento de sus funciones. IV. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, opera técnicamente a través de los siguientes mecanismos: 1. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra. 2. Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien. 3. Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien. Artículo 54. (MECANISMO CONJUNTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y LA MADRE TIERRA). I. Se constituye el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, operado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. 1. El mecanismo tiene el objetivo de promover el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la Madre Tierra, la conservación, protección y restauración de los sistemas de vida, de la biodiversidad y las funciones ambientales, facilitando usos más óptimos del suelo a través del desarrollo de sistemas productivos sustentables, incluyendo agropecuarios y forestales, para enfrentar las causas y reducir la deforestación y degradación forestal, en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. 2. Está basado en la no mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra, en el manejo integral y sustentable, en la multifuncionalidad de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, y en el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 3. Está orientado a fortalecer los medios de vida sustentables de las poblaciones locales y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades intraculturales e interculturales y afrobolivianas, en áreas de bosque o zonas de vida con aptitud forestal, en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. II. Las principales funciones del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra son: 1. Desarrollo de procesos de planificación, coordinación, gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano Ejecutivo, entidades territoriales autónomas, territorios indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, propietarios agrarios, entidades públicas y privadas en general, y con el conjunto de usuarios de los bosques para la definición de acciones y metas conjuntas de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del manejo integral y sustentable de los bosques y la Madre Tierra, y la reducción de la deforestación y degradación forestal. 2. Desarrollo de un marco operativo y metodológico para la intervención en el fortalecimiento de procesos de gestión territorial con impactos en mitigación y adaptación al cambio climático con relación a los bosques y a los sistemas de vida de la Madre Tierra. 3. Desarrollo de procesos educativos con enfoque de educación intracultural e intercultural a lo largo de la vida para el manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. 4. Apoyo y articulación de instrumentos de regulación, control, evaluación, monitoreo y promoción de carácter financiero y no financiero, reembolsable y no reembolsable, en coordinación con las entidades financieras y no financieras del Estado Plurinacional de Bolivia, para el desarrollo de procesos de gestión territorial, planes de manejo, e iniciativas orientadas a la producción, transformación y comercialización de productos del bosque y sistemas de vida de la Madre Tierra, con énfasis en la diversificación y en el fortalecimiento de las prácticas productivas locales. 5. Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de instituciones locales en acciones orientadas al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Apoyo a la fiscalización y control para el gobierno de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, a cargo de la Autoridad Nacional Competente. 7. Articulación y compatibilización de políticas relacionadas con los objetivos del Mecanismo y definición de las mejores alternativas de intervención con relación a políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la reducción de la deforestación y degradación forestal y el manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. 8. Apoyo al monitoreo de la deforestación y degradación forestal y seguimiento a los indicadores de manejo integral y sustentable de los bosques, a los indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático y al manejo integral y sustentable de bosques. 9. Generación y articulación de información relacionada con los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, deforestación y degradación forestal. 10. Desarrollo de procesos de registro y adscripción de iniciativas, programas y proyectos nacionales públicos, privados, asociativos, comunitarios, y otros al Mecanismo relacionados con el manejo de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra en base a reglamentación específica. 11. Desarrollo de acuerdos locales, basados en la complementariedad con la Madre Tierra orientados a promover procesos de conservación y restauración de las funciones ambientales de la Madre Tierra. Artículo 55. (MECANISMO DE MITIGACIÓN PARA VIVIR BIEN). Se constituye el Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien, operado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, con las siguientes funciones principales: 1. Desarrollo de políticas, normas, planes, programas, proyectos y acciones de coordinación, administración, gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano Ejecutivo, entidades territoriales autónomas, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, actores empresariales y sociedad civil organizada para la definición de acciones y metas de mitigación al cambio climático dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), conservación energética, desarrollo de energía con baja emisión de carbono, y el desarrollo de economías sustentables en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien, con énfasis en los sectores económico-productivos. 2. Desarrollo de un marco regulatorio, operativo y metodológico para alcanzar un manejo energético eficiente en los actores productivos y acciones de responsabilidad climática y ambiental empresarial. 3. Acciones de apoyo financiero y no financiero, reembolsable y no reembolsable, innovación y tecnología y revalorización de los saberes ancestrales para la implementación de planes, programas, proyectos, acciones e iniciativas de mitigación al cambio climático. 4. El Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará un sistema de apoyo financiero, no financiero, tributario y fiscal, según corresponda, para la participación del sector productivo en acciones de mitigación del cambio climático, en el marco de normativa específica. 5. Realización de procesos de monitoreo relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y seguimiento al cumplimiento de las metas de mitigación al cambio climático. 6. Acciones de registro y adscripción de iniciativas, programas y proyectos del ámbito plurinacional públicos, privados, asociativos, comunitarios y otros al mecanismo en base a reglamentación específica. Artículo 56. (MECANISMO DE ADAPTACIÓN PARA VIVIR BIEN). Se constituye el Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien operado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, con las siguientes funciones principales: 1. Coordinación, administración, gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano Ejecutivo, entidades territoriales autónomas, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y actores productivos, en el marco de la economía plural, enfocadas a procesos de adaptación al cambio climático para Vivir Bien. 2. Desarrollo de un marco operativo y metodológico para impulsar procesos de adaptación al cambio climático, promoviendo la construcción de acciones de resiliencia climática de los sistemas de vida en diferentes ámbitos, incluyendo procesos de soberanía con seguridad alimentaria, gestión integral del agua, y gestión para la prevención y reducción del riesgo a los impactos del cambio climático. 3. Apoyo y articulación de instrumentos de regulación, control, evaluación, monitoreo y promoción de carácter financiero y no financiero, reembolsable y no reembolsable, innovación, tecnología y de procesos de diálogo de saberes y conocimientos tradicionales para la implementación de planes, programas, proyectos, acciones e iniciativas de adaptación al cambio climático. 4. Promover y desarrollar acciones de monitoreo y evaluación de las intervenciones relacionadas con los procesos y metas de adaptación al cambio climático. 5. Acciones de registro y adscripción de iniciativas, programas y proyectos del ámbito plurinacional públicos, privados, asociativos, comunitarios y otros al mecanismo en base a reglamentación específica. Artículo 57. (FONDO PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA). I. Se constituye el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra como el mecanismo financiero bajo dependencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, cuyo funcionamiento será establecido en Decreto Supremo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. II. El Fondo tiene como función principal canalizar, administrar y asignar de manera eficiente, transparente, oportuna y sostenible recursos financieros de apoyo a la realización de los planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático de los Mecanismos de Mitigación y Adaptación de esta entidad. III. El Fondo Plurinacional la Madre Tierra, tiene la capacidad de gestionar y administrar: 1. Recursos públicos vinculados a la cooperación multilateral y bilateral al cambio climático. 2. Recursos públicos de otros Fondos del Estado Plurinacional de Bolivia, asignados de forma consensuada a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 3. Recursos públicos de entidades territoriales autónomas para su administración en programas y proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio climático, asignados al Fondo de forma consensuada con dichas entidades, en el marco de la Ley No 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 4. Recursos privados provenientes de donaciones en base a reglamentación específica. 5. Fondos del Tesoro General de la Nación. 6. Préstamos o donaciones de organismos nacionales. 7. Recursos propios generados por intereses bancarios. 8. Préstamos o contribuciones de organismos internacionales de financiamiento. 9. Recursos resultados de operaciones financieras innovadoras, de préstamos, así como de operaciones de intermediación financiera, tanto a nivel nacional como internacional. 10. Otros recursos complementarios que el Órgano Ejecutivo le asigne. IV. Los recursos mencionados en el parágrafo anterior, serán gestionados a través de un Fideicomiso denominado “Fondo Plurinacional de la Madre Tierra” abierto en el Banco Central de Bolivia. Las condiciones del Fideicomiso serán determinadas entre la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y el Banco Central de Bolivia. Estas entidades podrán implementar nuevas modalidades de gestión. CAPITULO V FINANCIAMIENTO Artículo 58. (RECURSOS DEL NIVEL CENTRAL Y DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS). I. El nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias, destinarán sus recursos para la planificación, gestión y ejecución del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco de la presente Ley. II. Los recursos de cooperación interna e internacional en todas sus modalidades, deben estar orientados al cumplimiento de los alcances, objetivos y metas para Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA. Los Mecanismos de Mitigación y Adaptación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, realizarán la adscripción de los programas, proyectos e iniciativas relacionados con sus objetivos y áreas temáticas de intervención que son desarrollados en el país por entidades públicas, privadas, comunitarias y/o mixtas de acuerdo a reglamentación específica a ser formulada por la Entidad para cada Mecanismo, promoviendo el alineamiento, ajuste y la articulación de estas iniciativas a las políticas del ámbito plurinacional. SEGUNDA. Los fundamentos de la concepción del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, establecidos en la presente Ley, deben ser de aplicación e implementación gradual por el Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano. a través de leyes especificas, reglamentos, políticas, normas, planes, programas y proyectos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. Las entidades que trabajan con recursos de cooperación internacional, deberán articular sus intervenciones a los enfoques, principios, lineamientos, estrategias, planes, prioridades y objetivos del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario a partir de la publicación de la presente Ley y el Decreto Supremo Reglamentario. SEGUNDA. Se dispone el cierre del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyos recursos humanos, activos adquiridos, bienes, patrimonio financiero, pasivos y presupuestos, así como los programas y proyectos en ejecución, aprobados y en proceso de negociación, se transfieren a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, en un plazo no mayor a los noventa (90) días. Los recursos humanos serán transferidos a sus nuevas dependencias, previa evaluación y análisis de su situación a cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ejecutará este proceso. TERCERA. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, deberá ajustar el Plan General de Desarrollo Económico y Social, así como los planes de las entidades territoriales autónomas, al enfoque del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente Ley. CUARTA. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, en el plazo máximo de ciento veinte (120) días, computable a partir de su publicación oficial. DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía contrarias a la presente Ley. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. La presente Ley entra en vigencia en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la publicación del Reglamento. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce. Sen. Lilly Gabriela Montaño Viaña Dip. Rebeca Elvira Delgado Burgoa PRESIDENTA PRESIDENTA CÁMARA DE SENADORES CÁMARA DE DIPUTADOS SENADORA SECRETARIA SENADOR SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

Leopoldo Marcus (economista) advierte sobre el pillaje de los recursos naturales en la Argentina

El pillaje de los Recursos Naturales Argentinos La República Argentina, es uno de los países bendecidos por la naturaleza, en cuanto a la dotación de recursos naturales. La superficie de su parte continental es de poco menos de 2.800.000 km2. Si a esa superficie le agregamos las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur y la Antártida argentina, llegamos a los 3.500.000 km2, octava superficie del mundo. Con los recursos existentes, se puede alimentar y dar empleo cómodamente a sus 40.000.000 de habitantes. En los hechos, ello no ocurre lo que explica el estancamiento desde 1976, debido a la regresiva distribución del ingreso, a la estructuración oligopólica de los mercados, a la extranjerización de la misma y al pago de una deuda fraudulenta e ilegítima. Despilfarro en el consumo del agua; excesivo uso de la tierra, que a largo plazo, lleva a la pérdida de nutrientes y desertificación –Pampa Húmeda-; deforestación en el Noroeste y Noreste; fuerte concentración y extranjerización en la propiedad del suelo, todo lo cual conspira para un desarrollo sostenible en el tiempo. Depredación de la fauna marina en los 4.500 kilómetros sobre el Océano Atlántico, por falta de una Armada equipada para efectuar el control y patrullaje del litoral marítimo. El pillaje minero La Constitución de 1994, sentó las bases legales para el saqueo y pillaje de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, transfiriéndose a las provincias, la propiedad del suelo y del subsuelo y se colocó a los Tratados con países extranjeros, por encima de las leyes argentinas. Entre 1989 y 1990, el menemismo estableció una normativa de leyes desregulatorias y entrega, a precios de regalo de los Servicios Públicos y Empresas del Estado, que explican, además, el saqueo legal y pillaje de los recursos naturales no renovables en favor del capital imperialista. Las leyes son la 23.696 (Emergencia Económica), la 23.697 (Reforma del Estado), la 21.382 (Inversiones Extranjeras), la 24.065 (Desregulación y Privatización del Sector Eléctrico), la 24.196 (Inversiones Mineras). Entre los incentivos a la inversión extranjera en el Sector Minero, están la estabilidad tributaria por 30 años, la amortización acelerada de la inversión en los bienes de capital, exenciones impositivas y deducciones de toda índole, la eliminación de gravámenes y tasas municipales e impuestos a los sellos, limitación de las regalías a un máximo del 3% del valor en “boca de mina”. Otros “incentivos” a considerar, están la doble deducción a los gastos de exploración (100%) y la facultad de no liquidar las divisas originadas en las exportaciones mineras (100%). Por otra parte, en el caso de la minería metalífera, la legislación vigente, le permitió a las empresas mineras, adoptar la extracción a cielo abierto, más contaminante que la minería de galería y de costos unitarios mucho más bajos. Además de los incentivos mencionados, las empresas mineras que compraron los pliegos de licitación de áreas mineras, recibieron los datos del Mapa Geológico Argentino, resultado de muchísimos años de trabajo, efectuados por el Estado, equivalente del secreto industrial en una industria de procesos. Los trabajos de exploración efectuados por los geólogos argentinos pagados por el Estado, mapas y cálculos económicos y técnicos, fueron entregados sin más ni más a los pools imperialistas, sin que estos pagasen un centavo, por una documentación que valía millones de dólares. El potencial minero de la República Argentina, está en el orden de los 750.000 km2, 27% de la superficie continental. La superficie en producción, en exploración o los proyectos en estudio potencialmente factibles, está en el orden de los 150.000 km2, un 20% de la superficie potencial y un 5,4% de la superficie continental. Las riquezas mineras de la Argentina, la convierten en el 5º reservorio mundial en la materia. Dispone de inmensos recursos mineros metalíferos de uso industrial como oro (Au), plata (Ag), Cobre (Cu), molibdeno (Mo), plomo (Pb), hierro (Fe), uranio (U), cromo (Cr), litio (Li), Cinc (Zn), tierras raras, etc. A ello se agregan los recursos mineros no metalíferos (boratos, arenas silíceas, sales, yesos, etc) de múltiples usos en las industrias farmaceúticas, pinturas, etc. Las rocas de aplicación, utilizadas en la industria de la construcción, como los granitos, los mármoles, las piedras lajas, la arena para construcción, las piedras calizas con las que se producen las cales y cementos. Otros recursos mineros, son los combustibles sólidos, como el carbón mineral y las piedras preciosas y semipreciosas. Hacia el año 2003, la minería metalífera y no metalífera, concentraba el 87,2% de la extracción: metalífera (73,5%) y no metalífera (12,3%), el 1,4% en las rocas de aplicación y el 11,4 entre combustibles sólidos (10%) y piedras preciosas (1,4%). La tasa interna de retorno (TIR), que mide la rentabilidad económica, es la más alta del mundo, en Oro, Plata, Molibdeno y Cobre y explica la codicia de las empresas mineras por entrar en la Argentina. Los principales complejos en actividad (2012), son: Minera Aguilar, Salta (Pb, Ag y Zn), Bajo La Alumbrera, Catamarca (Cu, Mo y Au), Salar del Hombre Muerto, Catamarca (Li) y Cerro Vanguardia, Santa Cruz (Au). Salvo el complejo Minera Aguilar, que aplica a la actividad económica interna la mayor parte de su producción, los otros complejos exportan entre un 70 y un 100% de la misma. Minera Aguilar (2001 – 2007), invirtió u$s 29,0 millones y exportó u$s 158,0 millones, o sea una ganancia bruta del 245%. En Bajo la Alumbrera (1995 – 2007), la inversión fué del orden de los u$s 1.531,0 millones y exportó 5.685%, rentabilidad del 271,3%. En Salar del Hombre Muerto (1995 – 2007), las inversiones estuvieron en los u$s 148,0 millones y las exportaciones en u$s 345 millones, utilidad del 133,4%. A su vez, en Cerro Vanguardia, en igual período, se invirtieron u$s 310 millones y se exportaron u$s 889,0 millones, ganancia del 186%. Que se puede hacer El ahorro, generado como diferencia entre la producción y el consumo, permitiría financiar los proyectos productivos y sociales que emplearían a millones de argentinos y diversificar la economía. El país dispone de ahorro interno y puede financiar las obras de infraestructura minera. No solo puede efectuar la actividad extractiva, sino también la metalurgia y rescatando para el país, el valor agregado o sea los metales, elemento final del proceso. Pero para que el país pueda explotar la minería en forma autónoma, el financiamiento de la inversión en el Sector Minero, debe utilizar el ahorro interno, que hoy se dilapida en pago de una deuda ilegítima y fraudulenta. Leopoldo Markus Economista Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012

Marco Octavio Ribera Arismendi: La penosa Nacionalización de Mallku Qhuta

LA PENOSA NACIONALIZACION DE MALLKU QHUTA Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Antecedentes Mallku Qhuta, significa en aymara Lago del Cóndor, es el nombre que recibe una de las cuatro lagunas ubicadas a más de 4.200 msnm, en cuyas orillas también está asentada la comunidad originaria del mismo nombre. La región con yacimientos mineros se localiza en la provincia Alonso de Ibañez del departamento de Potosí, en el municipio de Sacaca, en proximidades a la comunidad de Toracari del municipio de San Pedro de Buena Vista, y es parte de la región de los Charkas Qhara Qhara organizados en la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí (FAOINP). Ubicación de la región de Mallku Qhuta (Fuentes CEDIB, SERGEOTECMIN, INRA) La empresa minera transnacional de filiación canadiense South American Silver Corp, desde el año 2004, ejecutó el proceso de prospección que le permitió establecer que se trata de un megayacimiento minero que estaría entre los más grandes del mundo. Detentaba ocho concesiones mineras consolidadas en los municipios de Sacaca y San Pedro (cantón Toracari) de la provincia Charcas en el norte de Potosí. Los resultados de la exploración de South American Silver Corp., establecieron la existencia de yacimientos que contienen cerca de 230 millones de onzas de plata y 1.481 toneladas de indio en reservas probadas. Estos estudios indicarían que el proyecto tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores productores de plata e indio a nivel mundial, y en la mayor operación minera del país, incluso por encima de San Cristóbal (Colectivo CASA, 16 sept. 2012). La región tiene además presencia de oro, el cual es aprovechado de manera artesanal y a bajísima escala por comunarios de la región, práctica que se remonta a épocas de la colonia y posiblemente anteriores. Este fue uno de los argumentos mal usado por las autoridades de gobierno para desvirtuar el movimiento social en contra del megaproyecto minero, aludiendo la existencia de impactos. South American Silver Corp. es considerada una empresa minera junior que está incursionando en el área de exploración, tiene sede en Vancouver (Canadá) y está registrada en la bolsa canadiense bajo el registro TSX: SAC. Esta compañía, además del proyecto Mallku Qhuta, posee un otro yacimiento de Cobre en fase de exploración, en Chile (C.CASA, 2012). De acuerdo a dicha fuente, usualmente las empresas junior, suelen descubrir los yacimientos para luego venderlas a otras compañías con más capital. La evaluación económica preliminar realizada por esta compañía, indicaría una inversión aproximada de 411 millones de dólares para la implementación de la fase de explotación con una capacidad de tratamiento de 40 mil toneladas por día durante quince años. De acuerdo a análisis del Ministerio de Minería, una producción de hasta 100 mil toneladas día requeriría una inversión de unos 150 millones de dólares aproximadamente." (http://boliviaminera.blogspot.com, 13 de abril de 2011). Desde el colectivo CASA (2012) se denunciaba que independientemente del tamaño con el que finalmente se decida iniciar esta operación, hay tres cosas que se mantienen invariables: las grandes ganancias para la transnacional, los grandes impactos sociales y ambientales, y los magros beneficios para el país y la región. Ya el año 2011, las autoridades de la Gobernación de Potosí promovieron la implementación del megaproyecto Mallku Qhuta a partir de tajos abiertos y una planta de última tecnología de recuperación. En dicha oportunidad pobladores de la región se opusieron a la marcha del proyecto por el riesgo sobre la calidad del agua de las lagunas en las que están implementando un proyecto piscícola. (www.elpotosi.net 21 Julio 2011). Malku Qhuta blanco de adquisición en Bolivia http://www.bnamericas.com/news/mineria 9 octubre 2008 Por Anthony Esposito / Business News America El proyecto boliviano Malku Qhuta de la minera canadiense South American Silver (TSX: SAC) está despertando un creciente interés de parte de las mineras que buscan aprovechar las condiciones actuales del mercado para adquirir activos, dijo a BNamericas el vicepresidente ejecutivo de relaciones con inversionistas de la compañía, Richard Doran: "No lo estamos buscando. Es simplemente una realidad del mercado en este momento". Según Doran, la mayoría de las junior no pueden recaudar fondos actualmente y los productores que tienen recursos están encontrando "muy buenos blancos"…. "No somos solo nosotros, son muchas empresas junior". El grupo de consultoría Pincock Allen & Holt está elaborando un avalúo preliminar para Malku Qhuta que estaría listo a fin de año. Malku Qhuta tiene 151 Mt (Millones de toneladas) en recursos indicados con 29,7g/t de plata y 5,58g/t de indio, o un contenido de 145 Moz de plata y 845.000kg de indio, a una ley de corte de 10g/t de plata. El proyecto también cuenta con 230 Mt en recursos inferidos con 24,0g/t de plata y 4,21g/t de indio, o un contenido de 178 Moz de plata y 968.000kg de indio, a la misma ley de corte. Nota.- La adjudicación o entrega del yacimiento para la exploración se efectivizó el año 2004. El reporte del año 2008 de Business News America, hace relación de los avances y resultados que había tenido la transnacional y que eran de pleno conocimiento del actual gobierno.

(Plataformaenergetica.org 8 junio 2012). Según el colectivo CASA (2012), la posición oficial del gobierno es de un respaldo abierto a la presencia y planes de la compañía canadiense, sin considerar una necesaria previa evaluación de los costos y riesgos ambientales y de las enormes desigualdades entre los reducidos beneficios para el país y las grandes ganancias de la compañía. Actualmente el proyecto enfrenta el cuestionamiento de la comunidad originaria, que ha decidido rechazar la presencia de la transnacional debido, entre otras razones al incumplimiento del derecho de consulta y consentimiento previo, además de atropellos en contra de los comunarios cometidos durante las labores de exploración (El Potosí 6 mayo 2012). Pero nuevamente la actitud de las autoridades de Estado, es asumir un rol de facilitador de la presencia transnacional, llegando a prejuzgar incluso que las demandas de la población indígena originaria de la zona son en realidades artificiales y creadas por ONGs (Plataformaenergetica.org 8 junio 2012). La Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala www.ecoportal.net cronicasdeldespojo.blogspot.com 1 agosto 2012 Con motivo del 1º de Agosto, 2012 Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total. Los mercados financieros Canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos. Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las) comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas, violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de la biodiversidad. A pesar de que la minería a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del supuesto desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan las (vagas) promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo. El movimiento en contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala, exige que el gobierno canadiense retire los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y que los fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal. Así mismo el gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323). También se exige que cese la complicidad del gobierno canadiense de permitir que instituciones públicas (p.e. Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI - Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional o la iniciativa Devonshire) sean utilizadas para afianzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos. El conflicto Parte fundamental del conflicto implica una división (en la cual tomó parte activa el Gobierno) entre los pobladores de los municipios de Sakaka y San Pedro del Norte Potosí, donde se encuentra el cerro Mallku Qhuta, puesto que una fracción mayoritaria de las comunidades rechaza cualquier operación minera por los riesgos ambientales que representa, otros respaldan la actividad minera apoyando a la empresa transnacional y otros la actividad minera pero bajo responsabilidad del Estado, mientras que otra fracción quiere conformar una cooperativa comunitaria minera. La fracción que rechaza la mega minería en la zona es por temor a que el proyecto contamine las aguas de la zona. Un elemento mencionado fue que los trabajos de exploración de la minera se pusieron en marcha sin previa consulta de los originarios, ante lo cual, evidentemente, la norma ambiental no prevé consulta para las fases de exploración. Sin embargo, sí se cuestiona, que en su momento no hubo consulta alguna al momento de la adjudicación de la concesión y firma de contratos. A principios de mayo del 2012, ante la toma del yacimiento y oficinas de la empresa, se produjo un violento enfrentamiento entre comunarios norte potosinos y medio centenar de policías que usaron agentes químicos e ingresaron a las viviendas con la finalidad de detener a los principales dirigentes que se oponen al mega proyecto minero. Según la denuncia, mujeres y hombres fueron golpeados por los policías. Otro enfrentamiento se produjo en la localidad de Huariplaza, la Defensoría del Pueblo de Potosí informó que un campesino de la zona murió en el choque que se produjo con policías cuando estos pretendían ingresar a la comunidad. (El Potosí 6 mayo, 2012). Otras ocho personas resultaron heridas, cuatro comunarios y cuatro policías que se encontraban en la zona (Plataformaenergetica.org; Página Siete, 6 julio 2012). Es situación de violencia se produjo cuando ya se había concertado el diálogo entre los comunarios y autoridades del Ministerio de Trabajo en la zona de Kilujata. Los campesinos responsabilizaron del hecho al Gobernador de Potosí y al Ministro de Gobierno quienes promovieron la medida represiva. El mismo día, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el ingreso a la zona en conflicto de al menos 400 efectivos “para evitar una confrontación y con la finalidad de asegurar el diálogo”, aunque el fin era la liberación por la fuerza de los rehenes retenidos por los comunarios. La policía actuó bajo orden judicial, debido a que los empresarios de la empresa South American Silver iniciaron un proceso judicial contra los comunarios que se oponen a la actividad minera en su territorio. La respuesta de los pobladores locales fue también violenta y expulsaron al contingente policial, tomando varios rehenes entre policías y técnicos de la empresa. La Fiscalía de Sacaca emitió una orden de aprehensión para los dirigentes de la zona en conflicto por lo que la Policía ingresó. Se denunció que la empresa canadiense está generando división en las comunidades, hostigando y criminalizando la protesta de los comunarios, como es el caso de Cancio Rojas, Kuraca de la Marka Sacaca, quien fue violentamente detenido el lunes 21 de mayo (sindicado de instigar la violencia y la toma de rehenes), situación que fue calificada como irregular y como criminalización de la protesta social (www.lostiempos.com 6 mayo 2012). Durante varios días a fines de mayo, la protesta de las comunidades de la región de Mallkhu Qhuta se trasladó a la ciudad de La Paz, exigiendo la salida de la empresa transnacional y la liberación de su líder Cancio Rojas, quien a la conclusión de la audiencia cautelar denunció que es víctima de un complot político en beneficio de la empresa canadiense South American Silver que puede contaminar el agua de sus reservorios. El líder indígena fue encarcelado en el recinto de Kantumarka en Potosí. Ante esta situación, la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) demandò a fines de julio, que: “Se rescinda el contrato minero suscrito con la empresa transnacional Canadiense South American Silver, para la explotación del Cerro Mallku Qhuta, y se proceda a la consulta previa, libre e informada y de buena fe con nuestros hermanos de Mallku Qhuta, en el marco de una nueva normativa nacional, a través del tratamiento, aprobación y promulgación de la Ley Marco de Consulta Previa, Informada, de Consentimiento Libre, presentada en junio 2009 por el CONAMAQ” (Plataformaenergetica.org 24 mayo 2012). El 28 de mayo el Ministro de Minería, Mario Virreyra, siguiendo la línea mayor del Gobierno, firmó un acta de compromiso donde se especificaba que el Estado no iba a revertir la concesión minera a favor del Estado y se garantizaba la continuidad de la exploración de la Compañía Minera Mallku Khota (La Razón 8 julio 21012). Debido a la gran presión que empezaba a ejercer el movimiento indígena en contra de la megaminera transnacional y en favor de la reversión de la concesión, ello a pesar la clara intención del Gobierno de dividir a las comunidades y Ayllus de la región, en fecha 8 de julio 2012, se firmó un compromiso entre los dirigentes de los ayllus de Mallku Khota, en la comunidad de Chiro K`asa y el ministro de Trabajo, acordando un compromiso de revertir la concesión minera de la minera canadiense, dicho acuerdo logró la liberación de los dos ingenieros que fueron tomado como rehenes (La Razón, 8 julio 2012). A pesar de este avance conciliatorio, la cúpula gubernamental se mostraba llamativamente indecisa, el propio Presidente Morales manifestó que "algunos grupos no quieren y otros quieren la nacionalización y el momento que ellos se pongan de acuerdo estamos aquí para recuperar para El Estado, revertir o nacionalizar los centros mineros”. Por su parte, el Ministro de Gobierno Carlos Romero, aludió a que “hay un conjunto de comunidades que dicen nosotros somos los vivientes de acá y no queremos que se vaya la empresa y queremos que no se anule la concesión lo queremos es que se haga una consulta” (La Razón 8 julio 21012), lo cual mostraba una clara propensión a seguir favoreciendo la permanencia de la empresa transnacional. Finalmente, la primera semana de julio, el presidente Evo Morales, decidió anular la concesión minera de la compañía canadiense South American Silver (http://www.elcomahueonline.com.ar/2012/07/10), y para ello se aprobó el Decreto Supremo 1308, que anula las concesiones de la Compañía Minera Mallku Qhuta (filial de la South American Silver), encargando a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) su futuro desarrollo (http://www.eabolivia.com/economia 3 agosto 2012). El mencionado decreto establece la anulación de las concesiones mineras Jalsuri, Alkasi, Cobra, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta, las mismas que habrían sido adjudicadas a la empresa transnacional. Conclusiones El proceso muestra la inconsistencia y dificultad con la que el Gobierno ha manejado el tema de la minería. El tema Mallku Qhuta se suma a muchos otros casos vigentes o potenciales, en los cuales se contraponen las expectativas y los reclamos de las comunidades locales indígenas o campesinas frente a la intromisión de grandes empresas. Adicionalmente, el problema de Mallku Qhuta emerge en un momento de intensas reivindicaciones de los derechos indígenas territoriales en el país, y de un profundo cuestionamiento a las políticas desarrollistas del Gobierno, que agrava la intensidad y magnitud del patrón extractivista y primario exportador. Los procesos de adjudicación e inicios de exploración por la empresa South American Silver datan del año 2004, es decir en una fase político-histórica del país, denominada como “neoliberal”, sin embargo a lo largo del “proceso de cambio”, el tema Mallku Qhuta se paseaba en los escaparates de las bolsas de comercio internacional de materias primas como una jugosa oportunidad. En este sentido, no se dieron pasos concretos, ni para tratar el tema minero en su conjunto, ni para revisar casos particularmente críticos como son los contratos con la Glencore, el de San Cristóbal y obviamente el de Mallku Qhuta, con una transnacional en una región especialmente conflictiva y con relación geográfica e histórica de los tristes casos de Amyapampa y Kapasirca. Existen muchos caso en el país como el de Mallku Qhuta, es decir, procesos de exploración minera a importante escala que han ocasionado severas afectaciones ambientales, como es el de las exploraciones de la empres coreana KORES en Coro Coro, y que ha estado exentas de adecuadas medidas de prevención ambiental y por supuesto de etapas de consulta. Otro caso crítico similar se da en la Chiquitanía, donde la empresa brasilera VOTORANTINS tiene adjudicadas más de 18 cuadrículas (algunas en proximidad a la frontera) superpuestas a la TCO Ayoreode Guaye y al área protegida San Matías. Queda patente una vez más, la absoluta falta de capacidad de las diversas autoridades de Gobierno en el tratamiento y gestión de conflictos, a lo cual se suman las notables contradicciones respecto de la figura de la nacionalización, indicativo, o de una falta de claridad y solidez en cuanto a políticas al respecto, o de la tendencia mal disimulada de favorecer a las empresas transnacionales, aun en desmedro del propio Estado y de los derechos más básicos de las comunidades indígenas y campesinas. A diferencia del caso Colquiri, el de Mallku Qhuta tiene una connotación de nacionalización de un yacimiento no explotado (si explorado) y la reversión de un contrato que estaba proyectado para una etapa de aprovechamiento futuro. Aunque si se aplica la letra muerta de la Constitución Política del Estado y otras normas recientes, dicho yacimiento es de propiedad fiscal y en teoría la empresa canadiense o cualquier otra, es una operadora, situación que no pasa de la línea teórica. De cualquier forma, la salida de la transnacional significa el traspaso de la responsabilidad de la explotación a la COMIBOL, situación que no exime al proceso de la potencial ocurrencia de impactos socio ambientales iguales o incluso mayores. El fenómeno de Mallku Qhuta, tiene una especial relevancia histórica, especialmente en el ámbito de la resistencia social contra la gran minería transnacional en Latinoamérica, y en un momento en que los indicios de la crisis económica mundial influye, en estrategias mas voraces y audaces por parte de las grandes y pequeñas compañías transnacionales, que no quieren perder ni sus prerrogativas ni sus ganancias. El Gobierno y en especial el Ministerio de Minería, tuvieron enorme renuencia a aceptar la demanda de nacionalización y reversión del contrato con la transnacional, recurriendo incluso a las acciones violentas de represión policial, lo cual ya se ha convertido en una tónica. La firma del Decreto Supremo 1308, por tanto ha sido asumido como una victoria social del movimiento indígena del Norte de Potosí y del país. Fuentes • www.colectivocasa.org.bo 16 sept.2012 – Colectivo CASA • Plataformaenergetica.org 8 junio 2012 • Plataformaenergetica.org 6 julio 2012 • Plataformaenergetica.org 24 mayo 2012 • http://boliviaminera.blogspot.com, 13 de abril de 2011 • Comunicado del CONAMAQ-Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu en torno a la operación minera de la transnacional canadiense South American Silver, 24 de mayo del 2012. • http://www.bnamericas.com/news/mineria 9 octubre 2008 • www.ecoportal.net cronicasdeldespojo.blogspot.com • www.elpotosi.net 21 Julio 2011 • El Potosí 6 mayo 2012 • Página Siete 6 julio 2012 • www.lostiempos.com 6 mayo 2012 • La Razón 8 julio 2102 • http://www.elcomahueonline.com.ar/2012/07/10 • http://www.eabolivia.com/economia 3 agosto 2012 • SERGEOTECMIN, (CEDIB) 2012 • INRA, TCOs 2011 Foto: www.elcomahueonline.com.ar

Analiza Marco O. Ribera Arismendi: Las ambigüedades de la nacionalización y el Conflicto MInero de Colquiri

EL CONFLICTO DE COLQUIRI Y LAS AMBIGUEDADES DE LA NACIONALIZACION Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Colquiri es una población y centro minero situado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, a unos 120 Km. de la ciudad del mismo nombre La Paz y a 70 Km. de la ciudad de Oruro. Conocido desde épocas coloniales como zona minera, en especial por el descubrimiento de plata, posteriormente a lo largo de varias décadas, la explotación se concentro en el estaño y zinc. En la década de los años 90, la COMIBOL arrendó a las cooperativas varias áreas ya explotadas. Colquiri hasta 1999, era parte de la COMIBOL. La concesión, el año 2.000, pasó a la administración de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), empresa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El año 2005 se transfirió a la suiza GLENCORE que opera en Bolivia, a partir de la empresa filial SINCHI WAYRA, la cual hasta el año 2012 tenía el 45% de las acciones, el resto pertenecía a la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La firma suiza opera en el país la mina Bolívar (Oruro), en contrato de riesgo compartido, y Porco (Potosí) bajo arrendamiento. El compromiso de inversiones de Glencore para las minas Colquiri, Porco y Bolívar superaba los 160 millones de dólares, que debían invertirse y ejecutarse en cinco años (http://www.paginasiete.bo/). La veta Rosario, que se encuentra de norte a sur, era parte del contrato de arrendamiento entre la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI SA. (SINCHI HUAYRA) y COMIBOL, administradora de los derechos mineros en la mina Colquiri. En el sector que estaba a cargo de SINCHI WAYRA trabajaban 400 mineros asalariados, mientras la cooperativa 26 de Febrero tenía 1.200 operarios dispersos en varios parajes. LO QUE OCURRIO EL AÑO 2009: CRÓNICA DE LA LUCHA DE LOS MINEROS DEL DISTRITO COLQUIRI CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA. http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 En los últimos días de diciembre 2008 y primeros de enero del 2009, la EMPRESA SINCHI HUAYRA, filial de la transnacional GLENCORE, notificó a los trabajadores mineros que frente a la caída de los precios de los minerales (producto de la crisis internacional) se imponía la necesidad de tomar una serie de medidas: rebaja de salarios, trabajar sólo dos turnos de 12 horas al día y el retiro de trabajadores. La propuesta de la empresa fue rechazada por las asambleas de todos los distritos mineros pertenecientes a la cadena Sinchi Huayra. La empresa en algunas minas procedió a otorgar vacaciones obligatorias a una cierta cantidad de trabajadores, lo que era un anuncio de su despido. En efecto, en Colquiri, el 1 de enero del 2009, la empresa empezó a repartir cartas de despido a los trabajadores en "vacaciones". La segunda semana de enero, los trabajadores tomaron la mina y se hicieron cargo de la producción, instruyen a los dirigentes, que se encontraban en Oruro discutiendo con la empresa el problema de los despidos, que se replieguen y que la discusión con la empresa se traslade al mismo distrito. Amenazaron con tomar como rehenes a los ingenieros y técnicos de la empresa en caso de que ésta insista en despedir trabajadores. Las amas de casa procedieron a bloquear la entrada principal de la mina para que nadie salga y se cumpla la resolución de la asamblea. Gerentes, ingenieros, técnicos y algunos empleados salieron huyendo de la mina por los cerros, cargando papeles y documentos de la empresa. Los trabajadores decidieron que trabajarían solos y que la mina estaría bajo su mando. Nota.- En los siguientes meses, con la progresiva recuperación del precio de los minerales, la empresa conjuntamente COMIBOl (a partir del contrato de riesgo compartido) retomó la administración de la mina, previos acuerdos con los trabajadores. Los cooperativistas de 26 de Febrero, bajo presión (18 de junio del 2012) y tras tomar la mina y las oficinas de SINCHI WAYRA durante varios días, lograron que la empresa les ceda, bajo un acuerdo, la veta Rosario, un área ya lista para su explotación. Existe la versión de que los cooperativistas conminaron a la empresa a ceder la Veta Rosario (con una reserva probada, valorada en más de 5.000 millones de dólares) si quería seguir operando en la mina, de lo contrario amenazaban con exigir la reversión hacia el Estado. El acuerdo logró además que se suspenda la toma de la mina Colquiri. Según fuentes de COMIBOL, la empresa SINCHI WAYRA jugó a consolidar su posición, dejando bajo el control de los cooperativistas las áreas que éstos “jukeaban” (explotaban informalmente) durante años bajo la mirada cómplice de la transnacional. Entonces, los cooperativistas se pusieron del lado de la transnacional y en la trinchera de quienes se oponían a la expropiación (Zulema Alanes Bravo, 22 sept. 2012). Otra versión, menciona que la empresa SINCHI WAYRA, enterada de un preacuerdo del Gobierno con la Central Obrera Boliviana, para la nacionalización de la mina Colquiri, optó por ceder la veta Rosario a la Cooperativa 26 de Febrero (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) con la condición de que venda su producción a la empresa, por su parte, la empresa se comprometió a ofrecer asistencia técnica y supervisión para la explotación de la veta. Según Pedro Mariobo de CEPROMIN, la situación obedece a una estrategia por parte de la empresa, de incentivo a los cooperativistas, que son utilizados como especie de “carne de cañón”, a quienes la empresa apoya para que conquisten vetas más ricas, pero que al final beneficien a la empresa, esto con tal de no perder la concesión o en último caso acceder a la indemnización que debe pagar el Estado. (http://www.noticias.com.bo/2012/06/18) Llama la atención que al respecto de la suscripción de este convenio, el Ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que “era un acuerdo que ha asumido la empresa Sinchi Wayra con las cooperativas, y que en realidad era parte de sus convenios para entrar en buenos acuerdos entre las partes” (La Razón 09 de junio de 2012). De cualquier forma, el analista Alfredo Zaconeta, clarifica una inconsistencia en el proceso (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) al observar que, el Gobierno, a partir de la empresa estatal, debía autorizar de forma escrita cualquier transferencia a cualquier título de las zonas o yacimientos comprometidos en el contrato a segundas o terceras personas, al no darse esta figura habría una tácita violación del contrato, por lo tanto, éste quedaría nulo. Dicho analista añade, que el Viceministerio de Cooperativas Mineras, avaló y fue parte del acuerdo entre Sinchi WAYRA y la cooperativa 26 de Febrero. Mientras el mismo día en La Paz, desde el Ministerio de la Presidencia, se negociaba con la COB, la Federación de mineros y el Sindicato de Colquiri, la nacionalización de Colquiri, situación que fue anunciada oficialmente. Desde el Ministerio de la Presidencia se explicó además, que la segunda etapa será una “nacionalización concertada de las áreas arrendadas a las cooperativas mineras 26 de Febrero Limitada; previa presentación y conformidad de la mayoría de los trabajadores mineros de la indicada cooperativa, cuya lista deberá evidenciar su condición de minero cooperativista”. Ello significó que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) exprese su rechazo al anuncio gubernamental y amenace con cooperativizar todos los centros mineros, además de iniciar bloqueos y movilizaciones. Los voceros de FENCOMIN manifestaron: “que si el Gobierno persiste en nacionalizar Colquiri, ellos cooperativizarían todos los centros mineros donde están las empresas privadas, a partir de Colquiri y Porco, donde están nuestras cooperativas que tienen dificultades” (http://www.opinion.com.bo 23/06/2012). Pero la propuesta de nacionalización, implicaba únicamente el yacimiento concesionado a la transnacional GLENCORE, pero no tocaba los parajes de la mina Colquiri que explotan los cooperativistas, a quienes a su vez se prometió la entrega de la veta Rosario. El convenio fue concertado en una reunión realizada entre FENCOMIN y autoridades gubernamentales (http://elsistema.info/index 13 junio 2012). Ante esta situación, el Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri (sector asalariado) rechazó el acuerdo y exigió al Ejecutivo rescindir el contrato de arrendamiento con la empresa Sinchi Wayra (La Razón 09 de junio de 2012). De esta forma, empezaron los primeros enfrentamientos con los cooperativistas. El conflicto violento se inició a partir del 15 de junio, cuando los trabajadores asalariados resolvieron en cabildo abierto tomar la mina de Colquiri, inmediatamente los cooperativistas que se encontraban en el lugar comenzaron a responder con explosiones de dinamita, pero fueron desalojados, a partir de ese momento la población comenzó a vivir momentos de zozobra de tensión en sus viviendas. Una situación muy similar se vivió en Bolivia el año 2006, en el centro minero de Huanuni (cerro Pozoconi), la cual tuvo una salida en exceso violenta. Ante el clima de violencia, el Gobierno, el 20 de junio del 2012, a partir del Vicepresidente Álvaro García Linera (Presidente en ejercicio en dicho momento) promulgó el Decretó Supremo 1264 de reversión (“nacionalización”) de Colquiri, medida que también a favorecía a la cooperativa, (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El vicepresidente explicó “que la nacionalización es recuperar soberanía democrática con la administración de los recursos naturales, pues sin nacionalización no hay soberanía para decidir lo que se puede hacer a futuro, sin pedir favores a agentes externos”. García Linera citó un texto de Mao Tse-Tung, titulado "el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo", comparando esa ideología socialista con la política del actual Gobierno respecto a que en épocas de conflicto se debe escuchar a todas las partes en conflicto (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El decreto de nacionalización, establece que la COMIBOL asume el control del centro minero así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos otorgados mediante contratos de arrendamiento. La norma establece un plazo de 120 días para hacer efectivo el pago a la compañía minera, previa evaluación de sus activos. La COMIBOL se compromete a realizar actividades productivas de prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, fundición refinación y comercialización de minerales y metales. Asimismo, por razones de interés público, se nacionaliza la maquinaria e insumos de la compañía SINCHI WAYRA en Colquiri (que antes eran de CONSUR S.A.). Por último la COMIBOL ofreció contratar a excooperativistas de la cooperativa minera 26 de febrero LTDA, que voluntariamente decidieron ingresar a la empresa estatal hasta el 19 de junio del 2012 y posteriormente pasaron a formar parte de la empresa Colquiri (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). Sin embargo, el 29 de agosto, bajo el justificativo de que dicho Decreto tenía inconsistencias, el Gobierno aprobó otro Decreto Supremo (Nº 1337), a partir del cual demarcó el área para la cooperativa, ampliando su dominio sobre el 65% de la veta Rosario, situación que agravó aún más la tensión con los asalariados. (http://www.paginasiete.bo/2012-09-22). Los primeros días de septiembre, al menos 1.500 trabajadores de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), tomaron la veta Rosario para impedir que ese yacimiento sea aprovechado por los cooperativistas mineros y en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de alterar el acuerdo al que arribaron en junio pasado. Desde la dirigencia de los mineros sindicalizados o asalariados, se mencionaba la molestia en las bases porque sentirse engañadas por el Gobierno que, a juicio de los sindicalistas, no respetó el acuerdo plasmado en el Decreto Supremo 1264, que fue modificado por el Decreto el 1337 que beneficia al sector cooperativizado, otorgándoles parte de la concesión de la veta Rosario, la más rica de estaño de la región (http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012) . La parte sur de la veta Rosario queda a favor de la Empresa Minera COLQUIRI-COMIBOL, empieza en el punto nueve, identificado en el plano del nivel 325, donde la veta Rosario se cruza con el recorte setenta (http://boliviaminera.blogspot.com /2012). Tras la toma de la mina Colquiri, por parte de los mineros asalariados, en el Ministerio de Minería se desmentía que la veta Rosario favoreciera únicamente a los cooperativistas, tal como interpretaron los asalariados (Decreto Supremo 1337), pues el Gobierno no entregó a la cooperativa 26 de Febrero, el 100% de la veta, debido a que ésta se subdivide del punto 9 hacia el sur, a favor de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, y del punto 9 hacia el norte, a favor de la cooperativa 26 de Febrero. Pese a dichas declaraciones, los asalariados consideran que el Gobierno favorece completamente a los cooperativistas, por lo que no se avizora que dejen de lado la toma de la mina. Según dirigentes de la Cooperativa, el límite de la veta Rosario es la línea 80 del sector de San Antonio, el lado norte para ellos y el sur para COMIBOl, pero como ese acuerdo no es respetado, la cooperativa 26 de febrero reclamó del 100% de la veta", agudizando aún más el conflicto (http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012). En las siguientes semanas, el conflicto se agravó, tanto en la zona con sucesivos enfrentamientos, como en la ciudad de La Paz, donde se produjeron bloqueos masivos en las rutas de acceso a la sede de Gobierno, como en violentos enfrentamientos que culminaron con heridos y un deceso por parte de los asalariados. El conflicto enfrenta a los mineros de la cooperativa 26 de Febrero, que demandan se cumpla el Decreto que les asigna una parte de la Veta Rosario para su explotación, y los mineros asalariados que exigen la nacionalización total de ese yacimiento. Una noticia preocupante, dada desde el Ministerio de Minería, mencionó que los datos técnicos que hubieran evitado el conflicto y que deberían haber sido precisados en el primer convenio, no estaban claros porque los expertos de la COMIBOL y del Ministerio de Minería, no tuvieron acceso al yacimiento por la oposición de la privada Sinchi Wayra, que no permitió que se realicen inspecciones en el lugar para establecer el potencial de la Veta Rosario, causa principal del conflicto (http://www.jornadanet.com 17 sept. 2012). Por su parte, la suiza GLENCORE protestó “enérgicamente” por la reversión de la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI, de la que era concesionaria, y anunció en un comunicado que exigirá una “indemnización justa” porque invirtió 22 millones de dólares y el pago de regalías, impuestos y derechos al Estado superó los 70 millones de dólares. La firma también expresó su descontento porque “la nacionalización de la mina de Colquiri fue anunciada cuando GLENCORE finalizó la renegociación de sus contratos mineros con el Gobierno de Bolivia”. El comunicado de la Glencore añadía: "La medida que tomó el Gobierno de Bolivia planteará una serie de cuestionamientos serios con respecto a la política futura hacia la inversión extranjera en el sector de la minería". (Pagina 7, ANF. ANF / La Paz - 22/06/2012). A ello, se sumó el empresariado privado nacional, mediante un vocero de la Cámara de Exportadores, puso de manifiesto que nacionalizar la mina Colquiri de manos de SINCHI WAYRA es una "mala señal" para la región y para los ciudadanos que deben respetar la propiedad privada y no hacerse de ella cuando ésta se ha tornado rentable (http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012). Es importante recordar que, cuando en abril del año 2011, autoridades de gobierno mencionaron la nacionalización de minas como Porco, Colquiri y Bolívar, San Vicente y San Bartolomé, el propio Viceministro de Política Minera, Gerardo Coro, advirtió que el Estado enfrentará problemas técnicos y sociales si “recupera” las minas que operan las firmas privadas, manifestando además, que los mineros rechazan la decisión porque los emprendimientos privados les ofrecen “mayor seguridad” (www.redpccs.org.bo 19 abril, 2011). Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) decidió ir a un paro de actividades para exigir al Gobierno la nacionalización del yacimiento minero de Colquiri, a mediados de junio, se anunciaba la movilización de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, exigiendo al Gobierno la promulgación del Decreto Supremo de la nacionalización total de Colquiri (Plataformaenergetica.org 15 junio 2012). En tanto el presidente, Evo Morales rechazó la nacionalización total del yacimiento de la mina Colquiri, pedido por los mineros asalariados, citando la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que privados, cooperativistas y el Estado tienen derecho a explotar los yacimientos mineros (Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012). En opinión del analista Carlos Sandy, el proceso fue una "supuesta nacionalización" pues no se puede dar una en Colquiri, porque siempre fue de la COMIBOL, solamente que estaba en riesgo compartido con SINCHI WAYRA, entonces lo que ocurrió en realidad fue la recuperación de las acciones de la empresa privada (www.institutoprisma.org 09-2012). Si el proceso es asumido como una nacionalización, entonces Colquiri es la tercera operación de GLENCORE que nacionaliza el actual Gobierno; la primera fue la Empresa Metalúrgica Vinto, en febrero de 2007, y tres años después, la fundición de antimonio en la misma región. Según el Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social - OBESS, el remedio fue peor que la enfermedad, la “nacionalización parcial” del centro minero, tal como fue calificada por varios dirigentes sindicales, legitimó la presencia de la Cooperativa 26 de Febrero en la zona, frente a una débil COMIBOL que no atina a ejercer el control y gestión correspondientes de las propiedades revertidas, en un escenario donde la minería estatal tiene un lugar insignificante (Boletín del OBESS 14 de agosto de 2012). Según este observatorio, una vez legitimada la presencia cooperativista, es lógico esperar que no sólo busquen controlar la parte que el Decreto les permitió, sino aspiren a mayores espacios de explotación minera, lo que viene generando conflictos con los trabajadores asalariados estatales, que son los únicos que reivindican y defienden la “propiedad estatal” de la mina. No es casual que el cooperativismo minero haya cobrado mayor peso y acumulado un considerable poder económico y político en Bolivia porque tiene en el actual Gobierno, un promotor principal que lo reconoce como una de sus bases sociales y políticas. Como dato anexo, las cooperativas mineras están libres del pago del IVA, del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y de la cancelación de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades, supuestamente por ser emprendimientos de carácter social. Es un sector desregulado, altamente informal en cuanto a su constitución y funcionamiento y esencialmente, explotador en extremo de la fuerza de trabajo de peones y obreros que constituyen el factor principal para la generación de grandes excedentes económicos en beneficio de un grupo de “socios cooperativistas” (Boletín del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social-OBESS 14 de agosto de 2012). Las cooperativas mineras son esencialmente un negocio de grupos minúsculos de carácter privado que se están beneficiando del trabajo que realiza la inmensa mayoría de trabajadores en calidad de peones y no precisamente de socios (ERBOL, 12/06/12). A esto se suma el hecho de que las cooperativas en general, no solo no cumplen las normas ambientales para el sector, sino que se oponen a cumplirlas, bajo el argumento de una baja rentabilidad que no les permite invertir en aspectos de control, mitigación y remediación ambiental. e acuerdo a determinados movimientos de izquierda, los trabajadores que trabajan para las cooperativas son totalmente vulnerados en sus derechos laborales y seguridad industrial, pero no tienen alternativas de otros trabajos en Bolivia. Son fuerza de trabajo barata para las multinacionales que saquean Bolivia y a la vez su escudo político y humano. (boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com). La empresa SINCHI WAYRA, filial de la transnacional Suiza GLENCORE (Ribera, 2010; Econoticias Bolivia, 2009) controla grandes yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita, la planta concentradora de minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica de Aroifilia. El año 2009, pese a la resistencia de sus obreros, SINCHI WAYRA/GLENCORE creyendo justificarse en las crisis de los precios de los minerales, continuó con la intención de explotar a sus trabajadores, adicionando horas de trabajo no remunerado a la jornada laboral, violando abiertamente la Ley del Trabajo y normas internacionales. La Suiza GLENCORE, fue forjada por el magnate petrolero suizo-israelí, Marc Rich (a quien la Revista TIMES calificó en el 2001 como el ejecutivo más corrupto del planeta” (constituyentesoberana.org 4 nov. 200; lahaine.org 10 mayo 2009). La GLENCORE Fuente: América Economía www.americaeconomia.com 04/03/2012. Según el periodista suizo Daniel Ammann, Marc Rich les vendió su participación a los gerentes de su empresa Glencore, después de perder cientos de millones de dólares en una especulación para manipular los precios del zinc. Eso, y un divorcio millonario, le costaron la corona de rey del petróleo y de las materias primas. Hoy, vive retirado en Suiza, en una mansión llena de grandes obras de arte. Hasta 2011, Glencore era prácticamente un mito en la industria minera. Ese año realizó una IPO (initial public offering) en Londres y Hong Kong, y debió abrirse al escrutinio público. Es la clase de empresas que no le teme al riesgo-país. Basta comprobar que tiene negocios en la República Democrática del Congo. ¿Qué empresa se atreve jugarse en un país donde se libró el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con nueve beligerantes naciones africanas, más de veinte grupos armados y 5,4 millones de muertos?. Entre sus diversas inversiones y participaciones, Glencore posee 34,5% de la Xstrata, una minera suiza, la quinta más grande del mundo. ¿Ha oído hablar de la mina Collahuasi en Chile? Xstrata es dueña del 44%. ¿Y Las Bambas, en Perú? Xstrata tiene el 100%. Xstrata tiene también el 100% del proyecto El Pachón, ubicado en la provincia argentina de San Juan y a 5 km. de la frontera con Chile. Según estimaciones de la empresa, las reservas minerales de El Pachón ascienden 13,1 millones de toneladas de cobre. Por su ubicación, el proyecto está sujeto al Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 por Argentina y Chile, además a un Protocolo Específico complementario que permitirá la salida de concentrados por el Océano Pacífico. Todos estos activos pasarán a propiedad de Glencore, de aprobarse la propuesta de fusión entre Glencore y Xtrata. Diversos analistas estiman que, de llevarse a cabo esta operación, el próximo paso de una Xstrata + Glencore será buscar una alianza global con Anglo American. De acuerdo a la analista Zulema Alanes (22, sept.2012), mientras la COMIBOL se aprestaba a invertir recursos humanos y financieros en la exploración de la veta Rosario, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se trazaba la estrategia para entregar esos recursos a los cooperativistas, que a su vez, ya tenían negociaciones avanzadas para coarrendar el yacimiento a una empresa extranjera. En COMIBOL existe la opinión que esa medida está contaminada por cálculos político electorales, que ya han empezado a condicionar la gestión estatal. De esta forma, según Alanes, Colquiri es como un espejo que muestra de cuerpo entero a la política minera del actual Gobierno, pues la realidad está lejos de los anuncios demagógicos de García Linera, en el sentido de que el Estado no ha recuperado su soberanía sobre los recursos mineros. Según el Anuario Estadístico 201, el Estado boliviano apenas controla el 2% de la producción minera, el 23% está en manos de la minería chica y cooperativizada y el 75% de las transnacionales. Las cifras oficiales, también muestran que si bien las exportaciones mineras batieron récord el 2011, con 3.448 millones de dólares, el Estado sólo se quedó con menos del 12% vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros, contradiciendo las aseveraciones hechas por el segundo mandatorio boliviano en torno a la supuesta bonanza minera para el Estado. La crítica de Alanes se torna más fuerte cuando menciona que la situación de Colquiri hace ver que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado y una mayor participación en la renta, promover la planificación democrática para el uso y control de los recursos o habilitar mecanismos de concertación para canalizar disputas distributivas e incentivar el rencuentro de la economía con la naturaleza. Como parte del análisis “La actualidad del proletariado”, Raúl Prada manifiesta que “En negociaciones tramposas del Gobierno con ambos sectores, asalariados y cooperativistas, termina entregando parte de la veta a los cooperativistas, engañando a asalariados y cooperativistas. En esto se nota la improvisación del Gobierno y la falta de una estrategia minera a largo plazo, fuera de la falta de honestidad…” (http://horizontesnomadas.blogspot.com/ 23 de septiembre de 2012). A fines de septiembre este conflicto, lejos de haberse solucionado, se complicaba aún más con las posiciones radicales de ambos sectores y las improvisaciones y contradicciones del Gobierno. El sector asalariado de la COMIBOL, decidió cercar la mina Colquiri para impedir el ingreso de los cooperativistas. El 26 de septiembre, los mineros asalariados, seguían en emergencia ante el acuerdo firmado entre el Gobierno y los mineros cooperativistas, analizando si aceptan o no la propuesta gubernamental de otorgar a la COMIBOL, la parte sur de la veta Rosario (http://www.opinion.com.bo 26 sept. 2012). Como una salida al conflicto, el sector asalariado ofreció a los cooperativistas la veta San Antonio, lo cual fue rechazado por la FENCOMIN, argumentando que ya está agotada, pues fue explotada y abandonada por la COMIBOL hace varios años y luego por la empresa SINCHI WAYRA, debido a sus bajos niveles de rentabilidad. El sector asalariado determinó que no cederá otras áreas, ni los ramales de la veta Rosario y volverá a insistir en la nacionalización total de la mina (http://elsistema.info 29 sept. 2012). Conclusiones Un primer elemento sobre este conflicto minero, es que tiene una larga data (inclusive antes del los años 90) en torno a una pugna entre el Estado, las empresas privadas, el sector asalariado y los cooperativistas, conjunto de actores sociales e institucionales con plena vigencia en el actual momento del conflicto. Otro aspecto llamativo, es que el actual conflicto minero, es muy similar a otro producido el año 2001 en Huanuni, por similares causas. En dicha oportunidad, también se observó el empecinamiento de las partes y la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para gestionar adecuadamente y a buen término el conflicto, el cual derivó en una escalada de violencia sin precedentes, algo que desafortunadamente también podría ocurrir actualmente con Colquiri. El conflicto se relaciona netamente con un juego de intereses económicos en torno a una veta estañífera y de zinc, de alto valor, poniéndose de manifiesto, la debilidad y ambivalencia del actual gobierno frente el tema minero en general. El hecho de ceder la veta Rosario a los cooperativistas en detrimento del propio estado (empresa estatal COMIBOL), ha sido interpretado como un juego de interés político, en el cual el gobierno busca apuntalar el apoyo social del sector minero cooperativista en el país. Otro elemento importante del análisis se relaciona con a la ambigüedad en el manejo del principio de nacionalización, como menciona el analista C.Sandy, el Gobierno no podía nacionalizar algo que es suyo, pues Colquiri y sus diversas vetas son propiedad de la COMIBOL, y están dadas solamente bajo contrato de riesgo compartido a la GLENCORE, y lo que podía pasar al Estado son las acciones y los activos (figura de estatización). Sin embargo, la figura de nacionalización fue demagógicamente utilizada por la cúpula gubernamental, a pesar del rechazo expreso que manifestó al respecto el primer mandatario. De cualquier forma, se percibe que eventuales procesos de nacionalización en el sector minero, serán mucho más difíciles de emprender que en el sector petrolero, cuyo régimen es notablemente diferente. Todo parece indicar que a pesar de los discursos demagógicos sobre la nacionalización y las referencias a los postulados de Mao Zedong que enarbolan los voceros, el Gobierno de principio no quiere la nacionalización por todos los inconvenientes que puede implicar, pero principalmente por las proyectivas implícitas de favorecer a las empresas transnacionales, pero además acaparar el apoyo del sector cooperativista con el cual tiene una suerte de pacto político. También se percibe en torno al tema Colquiri, la imprecisión con la que se manejan las cifras económicas de la minería en especial por parte del segundo mandatario de Gobierno, haciendo referencia al crecimiento de los volúmenes de exportación actuales en relación a los de otras épocas, pero sin mencionar los irrisorios beneficios por regalías e impuestos que se quedan en el país. Un aspecto que pudo ser claramente percibido, es la improvisación y la falta de capacidad de las autoridades del Gobierno, para manejar el conflicto; al mismo tiempo la patente falta de coordinación y consenso, cuando el Viceministerio de Cooperativas del Ministerio de Minas avala el acuerdo Gobierno-cooperativistas, mientras que casi simultáneamente, el Ministerio de Gobierno y el de Minería, aprobaban la figura de la “nacionalización” de Colquiri; paradójicamente, para ambas situaciones se emitieron Decretos supremos. Estas contradicciones y falta de claridad, generaron malestar entre las partes y nutrieron el conflicto. La figura de empresas transnacionales de la talla y antecedentes de la GLENCORE en la minería boliviana, causa evidentemente susceptibilidad en diversos sectores y ámbitos del país, más aún cuando enarbolan prerrogativas bajo un Gobierno de aparente discurso socialista. Será importante indagar que ocurrió realmente en torno a la veta Rosario y bajo qué condiciones fue “cedida” por la empresa a la cooperativa en conflicto, considerando que el procedimiento tuvo visos de irregularidad y de violación del contrato entre COMIBOL y la empresa SINCHI HUAYRA. En ningún momento del conflicto, se manifestaron los aspectos ambientales en términos del cumplimiento de medidas de prevención, control, remediación, ya sea por COMIBOL, la empresa privada, menos en relación a la cooperativa, donde la situación ambiental, es en general más crítica. Es importante mencionar que el Centro Minero de Colquiri y sus alrededores, tienen elevados niveles de contaminación por pasivos ambientales de décadas y operaciones recientes, con afectación de ríos, suelos y la salud humana. Fuentes http://www.paginasiete.bo http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 La Razón 9 de junio de 2012 Página 7, ANF. ANF / La Paz – 22 junio 2012 Zulema Alanes Bravo, 22 sept 2012 http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 http://www.lostiempos.com 20 junio 2012 Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012 http://www.noticias.com.bo 18 junio 2012 (Pedro Mariobo) http://www.paginasiete.bo 22 sept 2012 http://www.jornadanet.com 17 sept 2012 http://www.opinion.com.bo 23 junio 2012 http://elsistema.info/index 13 junio 2012 http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012 http://boliviaminera.blogspot.com /2012 http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012 http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012 www.institutoprisma.org 09-2012 (Carlos Sandy) Boletín OBESS 14 de agosto de 2012 boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com constituyentesoberana.org 4 nov. 2005 lahaine.org 10 mayo 2009 América Economía - www.americaeconomia.com 4 marzo 2012. http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 (Alfredo Zaconeta ) Raúl Prada, 2012. La actualidad del proletariado en http://horizontesnomadas.blogspot.com Ribera,A.M.O. 2010. El Sector Minero. Análisis general, Megaproyecto Mutún, Cuenca del Poopo, Cuenca Pilcomayo, Megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 317 p.

Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria - 18/09/2012

Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria - 18/09/2012 o Últimamente, el Gobierno nacional y el sector agroindustrial de Santa Cruz han estado hablando de ampliar la frontera agrícola en Bolivia con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Actualmente en nuestro país existen 2,9 millones de hectáreas cultivadas con producción agrícola y para el año 2020 se pretende llegar a diez millones, según declaraciones del viceministro de Desarrollo Agropecuario y Rural, Víctor Hugo Vásquez. Si la ampliación de la frontera agrícola implica: seguir deforestando bosques tropicales (250 mil a 300 mil hectáreas por año según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT); seguir utilizando las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias dañando así la salud humana y la biodiversidad (ABT: 4,88 millones de hectáreas quemadas en 2010); seguir cultivando en suelos que no tienen vocación para la agricultura intensiva (según la Plataforma Nacional de Suelos 41% de los suelos sufren procesos de degradación). Si todo esto implica la ampliación de la frontera agrícola, característica del modelo de producción de monocultivos agroindustriales, con alta mecanización agrícola y dependencia de agrotóxicos (venenos), estaríamos yendo al despeñadero y con seguridad el remedio sería peor que la enfermedad. Pretender ampliar la frontera agrícola a diez millones podría implicar seguir deforestando bosques tropicales, en muchos casos de forma ilegal. En nuestro contexto sería más adecuado hablar de mejorar la productividad agrícola, pecuaria y forestal, que en la mayoría de los rubros agrícolas y pecuarios es muy baja en comparación a países vecinos. Por ejemplo, en producción de papa Bolivia tiene un rendimiento de 5,49 tm/ha, Perú tiene 9,4 tm/ha; en producción de arroz nuestro rendimiento es de 2,73, tm/ha, Argentina 6,54 tm/ha y Brasil 4,78 tm/ha. Para mejorar la productividad agrícola se debe: impulsar políticas públicas audaces y recuperar los suelos que están en proceso de degradación; erradicar las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias; incentivar la utilización de prácticas y técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente y adecuadas a cada contexto; e invertir en sistemas de riego, entre otros. La producción diversificada respetando la vocación de uso mayor de suelos y valorando los conocimientos locales es una alternativa que durará mucho tiempo. Siendo la población rural en Bolivia el 37,5% del total, es fundamental que el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos subnacionales prioricen la inversión pública en infraestructura productiva; incentiven iniciativas productivas agroecológicas diversificadas acorde con la vocación de uso mayor de los suelos; incrementen su capacidad en investigación agropecuaria y forestal; promocionen tecnologías con energías alternativas; presten asistencia técnica y formación de recursos humanos para el desarrollo rural integral sustentable en todos los municipios del país; prioricen el potenciamiento de los mercados locales y la transformación de la producción agroecológica, antes de la exportación de materias primas; focalicen esfuerzos técnicos y económicos (políticas públicas) a favor de la producción diversificada de familias, comunidades y organizaciones económico-productivas indígena originaria campesinas y afrobolivianas del país que, creemos, sería apostar a lo seguro para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria a mediano y largo plazo en Bolivia, que así sea. Eulogio Núñez Aramayo Es director de CIPCA Santa Cruz. Fuente: http://www.paginasiete.bo/2012-09-19/Opinion/Destacados/16Opi00119-09-12-P720120919MIE.aspx

Desde los que no pertenecen al Poder hacendal cruceño (Una invitación al diálogo respetuoso)

Por Alicia Tejada Soruco En días pasados CEDIB presentó en Santa Cruz el libro Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia, planteando una discusión pendiente que esperamos incorporar a las agendas políticas de ciudadanía aportando nuevos elementos de análisis sobre el desarrollo en amazonia, llanos y chaco bolivianos. Tres de los connotados y expertos comentaristas del libro (Alcides Vadillo, Ricardo Saucedo, José Martinez) coincidieron en resaltar que hablar de minería en tierras bajas, donde esta actividad no se constituye en la única opción, como en muchos lugares de las tierras altas de Bolivia, nos obliga a preguntarnos si la minería aportará más y mejores beneficios que la actividad forestal, agrícola y ganadera no solo en términos económicos sino también sociales, ambientales y culturales. El estudio, desde las percepciones de la gente del lugar, invita a la reflexión sobre el modelo de desarrollo minero, sobre sus modos de producción y sobre sus empresas, con derechos otorgados sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, tierras agrícolas y agro silvo pastoriles y sobre una diversidad de poblaciones indígenas y rurales. ¿Estamos dispuestos a afectar a este patrimonio, a pagar la factura de la minería, desarticulando y sistemas socio-económicos que incluyen las distintas relaciones que mantienen los seres humanos con los demás seres vivientes, con los continentes ecológicos” De otro lado el estudio presenta registros estatales, sin omitir un solo dato, que expresan en manos de quiénes (poderes transnacionales y hacendales) se encuentran hoy reconocidos íntegramente, a través del Decreto de migración de concesiones a Autorizaciones Temporales, los derechos en los mejores y mayores reservorios mineros de tierras bajas. El vicepresidente de Bolivia Alvaro García Lineras, en su libro, recientemente presentado, “Geopolítica de la Amazonía: Poder Hacendal Patrimonial y acumulación Capitalista”, haciendo referencia como tema de fondo al debate sobre el TIPNIS, sale al paso también de este debate ciudadano cuando señala aspectos referidos a la responsabilidad ambiental del gobierno de Bolivia: “Al fin y al cabo, si las empresas europeas y el gobierno norteamericano están tan preocupados por el medio ambiente y la conservación de los bosques en el mundo. .Por que no dejan de consumir madera y reducen drásticamente su industria automovilística y todo tipo de producción que emita CO2 al entorno? .Por que no dejan de importar minerales cuya producción contamina la naturaleza? .Por que no dejan de importar alimentos cuya producción promueve la deforestación de millones de hectáreas de bosques?”(67) a lo que podríamos responder que el gobierno se vería en figurillas si eso sucediera, puesto que su política económica, basada en el PIB, se basa en el extractivismo; en las exportaciones de materia prima proveniente de los bosques, la minería y la agro industria. Y de hecho ya está en figurillas si buscamos correspondencia entre este traslado geopolítico de responsabilidades y el carácter vinculante del preámbulo de la CPE: “descartamos otros nombres que expresan relaciones de explotación, expropiación y disociación de la naturaleza, que manifiestan relaciones mercantiles”, que les obliga a actuar también en el territorio nacional. Mientras que el libro de Mineria en Las Tierras Bajas de Bolivia expone vastas regiones mineras de Tierras Altas en el Mapa de la Pobreza, para advertir que estamos frente al mismo Estado que históricamente cumplió atribuciones de “registrar y mal- cobrar”; mientras que citamos los testimonios de los “indios” de Tierras Bajas abandonados por el Estado a la suerte del mercado que termina imponiendo sus propias lógicas económicas y de producción, apoyado con el rimbombante slogan “De Patrones a Socios”…y mientras, citamos la vigencia del Código de minería de Gonzalo Sánchez de Lozada y con ello la de los poderes hacendales tanto en tierras bajas como en el altiplano boliviano, el Vice Pdte. afirma que: “La segunda falacia, de implicancias aún más reaccionarias que la primera, es la que busca separar artificialmente a “indígenas de tierras bajas” versus “campesinos de valles y tierras altas”. Los primeros, alejados del mercado, buenos y contempladores de la naturaleza; en tanto que los segundos serían los depredadores, malos, mercaderes, ilegales y destructores de la naturaleza”, (75) , como si éstos últimos no fuesen hoy las víctimas de un modelo individualista y capitalista que defienden desde el FENCOMIN o desde la CSUTCB (apoyando transgénicos y formando parte de la cadena de la soya). Me pregunto si el mercado de minerales, de madera, de alimentos está interesado en conocer de qué color u origen es el que lo produce. (el 60% de la quinua producida en tierras altas es para la exportación con apoyo del gobierno) O si los modos de producción de los siglos de opresión en tierras altas no han determinado también un brutal sometimiento al mismo expresado en algunos líderes interculturales que no entendían que los “salvajes” del TIPNIS no quieran desarrollo a imagen y semejanza que el impuesto a ellos mismos. Pero lo más sorprendente es que el párrafo anterior se cierra con un categórico “Este dualismo de caricaturesco fue el que durante décadas utilizaron los hacendados amazónicos y orientales para colocar un muro de contención alrededor de sus latifundios”, justo la misma semana en la que el Vicepresidente García Linera suscribe convenios precisamente con ese poder hacendal cruceño para ampliarles la frontera agrícola, estableciendo perdonasos sobre sus desmontes y asegurarandoles su exportaciones: Si los poderes hacendales cruceños determinan el modo de producción en la amazonia resulta contradictorio que el actual gobierno los fortalezca con políticas que acrecienten este poder. ¿Por qué si ese modelo perverso ha acaparado derechos en el Beni; en Pando, en la Amazonía; es a este al que se acude cuando los “indios rebeldes” y seguramente “débiles intelectualmente” interpelan al gobierno. Y en este orden me asalta otra duda: Cuando el presidente del Estado descolonizador le pidió al poder hacendal cruceño (CAO): “enseñennos a producir”, mientras promocionaba su Ley de transgénicos el pasado año, ¿estába asumiendo “El desmontamiento de la blanquitud racial como capital, como componente material (o “riqueza”) de la estructura de clases y de dominacion de clase (tan propio de todas las sociedades coloniales)…y quebrando no solo un imaginario racializado secular del mando sobre los indigenas, sino que ademas ha desmoronado un bien, una “riqueza” que le permitio a una pequena casta empoderarse y legitimarse en los sistemas de mando politico-cultural y de propiedad economica durante siglos9” Se habla de millones de tierras en manos de los indios de tierras bajas gracias a este gobierno cuando los activos de esas tierras y las tierras mismas (bajo arriendo, contratos de compra venta, asociaciones “de patrones a socios” y conciliaciones), están en manos de los mismos hacendados, por obra y gracias de las políticas económicas del gobierno, expulsando a las poblaciones rurales hacia los centros urbanos u obligándolas a someterse para subsistir. Y cito mis propias indagaciones: Hay un millón cuatrocientas mil hectáreas tituladas en Guarayos de las cuales setecientas mil están bajo contratos con empresas madereras; (ahora se anuncia que los suscribirán con el capitalismo maderero alteño); 500 mil fueron transferidas mediante “conciliaciones” a terceros que este gobierno nunca anuló; otras miles están bajo arriendo con la agro industria; y con extranjeros y mineros. Si gran parte de los desposeídos indígenas de las tierras bajas han sido empujados por los poderes hacendales a concurrir a sus negociaciones; no es menor la responsabilidad del Estado, que acudió y acude aún a legalizar esta relación asfaltando la carretera en la que circula el mercado recursos naturales; tierra y minerales, convirtiendo derechos en meros procedimientos “ágiles y eficaces”. Pregunta obligada y pendiente de respuesta transparente: ¿Por qué este gobierno que se atribuye la voluntad primigenia de descolonización del indio, se ha negado a evaluar y a registrar (y cuando corresponda a anular) los contratos forestales y mineros que ocurren en las TCO de Tierras Bajas; contratos que por cierto nunca han cumplido con la consulta, con el precio justo, con las normas técnicas; con la distribución equitativa. Por qué les dieron otro perdonaso forestal (IAPOAF) también a los “indios” que apoyaron al gobierno en el conflicto con el TIPNIS, en lugar de sacar del juego a los que profundizan esa relación perversa con el poder hacendal cruceño, anulando dichos contratos?. Pero volvamos la mirada al TIPNIS ya que el autor del libro nos invita a ello: quienes hemos salido de este país y no precisamente de turismo, sabemos que no es posible comparar modelos de carreteras atravesando parques y áreas protegidas cuando en estos países la conflictividad que acompaña a una carretera no es similar a la nuestra; cuando en los ejemplos citados no hay indígenas habitando los bosques afectados; ni está presente la problemática cocalera con la irrefutable contundencia que sitúa al mismo presidente de los bolivianos como presidente de este sector; cuando en estos países no hay colonos, agro industriales ni madereros avasallando áreas protegidas con un regimiento tras de ellos. En estos países han invertido en cuentas ambientales y en turismo, para proteger sus áreas protegidas y nunca relacionarían una carretera con la posibilidad del Estado para atender la salud y la educación de sus poblaciones. En todo caso la afirmación referida denota un desajuste de contextos. Por mi parte, asumo que el Vicepresidente está invitando a un debate abierto y concurro a él, no desde USAID, Cooperación internacional ni desde ONG alguna; ni desde los Monasterio. Ni desde las conveniencias de un par de opositores políticos más que se citan en el libro. Tampoco vengo, desde los “otros” hacendados cruceños; aquellos con los que el autor acuerda suscripción de compromisos en la CAINCO. No vengo desde la derecha ni desde los cívicos ni de las izquierdas; ni desde las empresas mineras o cooperativas de FENCOMIN que la COMIBOL promociona en las comunidades indígenas de la Amazonía. Nadie me paga ni a nadie hago campaña con este artículo. Concurro por cuenta propia expresando mi experiencia, puesto tampoco me precio de iluminada intelectual.

Ruth Costas: Fiebre de la quinua alimenta violencia en Bolivia.

Ruth Costas BBC Brasil Martes, 22 de mayo de 2012 Facebook Twitter Compartir Envíe esta página por e-mail Imprima esta nota Los cultivos de quinua están causando fuertes disputas al interior de Bolivia. Considerada por la NASA como uno de los alimentos "más completos" para los seres humanos debido a su alto contenido nutricional, la quinua se ha convertido en un grano de moda y ahora constituye el centro de una violenta disputa de tierras al interior de Bolivia. El cultivo del grano, abanderado por los partidarios de una alimentación sana en todo el mundo, ha reavivado un problema limítrofe entre las principales zonas productoras del país. Según algunas fuentes, las plantaciones también amenazan con provocar la desertificación de una región que ya es inhóspita para la agricultura. Contenido relacionado La quinua, de los Andes para el mundo El enfrentamiento entre los productores de quinua de las localidades de Quillacas y Coroma, en el occidente boliviano, dejaron ocho heridos el mes pasado, según informó el gobernador del departamento de Potosí, Félix González, quien ha estado pidiendo al gobierno central de la militarización de la zona. Según medios locales, en marzo tres campesinos de Potosí fueron tomados como rehenes en el marco de conflictos en la misma región. La representación de las Naciones Unidas en Bolivia se ofreció para mediar. De acuerdo con el diario La Razón, decenas de bolivianos resultaron heridos por impactos de piedras y una explosión de la dinamita, y cien policías fueron desplegados para controlar la situación. Los enfrentamientos ocurrieron dentro de una zona que se disputan los departamentos de Oruro y Potosí, las dos principales regiones productoras de quinua de Bolivia, y probablemente del mundo. La fiebre de la quinua Video: quinoa, un milagro con riesgos Utilizar un reproductor alternativo Ampliamente consumida por los incas, la quinua se utiliza ahora en ensaladas o en lugar del arroz. La NASA la ha catalogado como alimento ideal para quienes habitan las estaciones espaciales, principalmente debido a su alto contenido en proteínas. En la última década, las exportaciones bolivianas de cereales se han incrementado más de 20 veces, al pasar de US$ 2,5 millones a US$ 65 millones. El precio del producto se ha triplicado desde 2006. Según Mario Martínez, vocero del gobierno de Potosí, aunque los agricultores de la región han llegado a una tregua hace poco, dividiendo por la mitad del área de producción, las tensiones persisten. "Es un acuerdo frágil y, como estamos en la época de cosecha, podría dar pie a una nueva guerra en cualquier momento", dice Martínez, quien acusa a los campesinos de Oruro "de tomar por la fuerza" el 25% de la cosecha en la región en disputa. Los orureños lo niegan. Nueva frontera agrícola Bolivia es el principal exportador de quinua, que se produce en menor escala en otros países andinos, y que recientemente ha empezado a cultivarse también en los Estados Unidos, Canadá y Brasil. La NASA considera que la quinua es un alimento ideal para estaciones espaciales. "La rápida expansión de la agricultura en Bolivia ayuda a alimentar los conflictos", dice el coronel David, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). "Antes tenía que viajar cuatro o cinco horas de Oruro para encontrar áreas de cultivo. La quinua está ahora a menos de diez minutos de la ciudad", asegura. Uno de los fenómenos causados por la "fiebre de la quinua" es el retorno de los campesinos que habían abandonado las zonas rurales del empobrecido altiplano boliviano hacia las ciudades u otras regiones del país. Algunos de estos emigrantes volvieron a instalarse en sus antiguas comunidades. Otros prefieren permanecer en el campo sólo durante las temporadas de siembra y la cosecha. "Incluso hay casos de bolivianos que viven en el extranjero, en países como Brasil y Argentina, que están recurriendo al cultivo de quinua", dice Ernesto Juan Crispín, la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), la cual reúne a más de 1.200 productores. La disputa de límites entre Oruro y Potosí es centenaria. Las dos regiones reclaman un área de aproximadamente 250 km² adecuados para el cultivo de quinua, pero también ricos en uranio y roca utilizada en la fabricación de cemento. Contra la Desertificación Además del conflicto limítrofe, la fiebre de la quinua también está dejando como efecto una desertificación masiva en ciertas áreas. El ingeniero agrónomo Vladimir Orsag, experto agrícola de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que la quinua se siembra en un suelo frágil, compuesto en un 80% por arena. El clima es seco y las temperaturas pueden llegar a -30 grados. "Con el auge de los precios en el mercado internacional, hay productores que están abandonando las técnicas tradicionales y reduciendo los períodos de descanso de la tierra en favor de la agricultura en masa", dice. Según Orsag, la migración de los productores podría conducir a nuevos conflictos como los de Coroma y Quillacas. "La llegada de personas procedentes de otras ciudades y regiones a las zonas productoras de quinua crea una tensión subyacente que sólo se incrementará si hay un agotamiento de los suelos", dice Orsag. Todo esto a pesar de que gran parte de los beneficios están en la venta y exportación del grano, no en la producción en sí, según señala Sandro López, de la Cámara Departamental de Quinua Real de Potosí (Cadequir). Los campesinos bolivianos ganan alrededor de US$ 1,60 por kilo de quinua. En los mercados de Sao Paulo o Río de Janeiro, el precio llega a US$ 30 por medio kilo del producto.

La minería nos pasará la factura; Alicia Tejada Soruco

La minería nos pasará la factura Alicia Tejada Soruco Durante la década de los 70, el Estado boliviano formalmente se ocupó de la zona del precámbrico para explotar los minerales que contiene. Sucesivos gobiernos decidieron levantar o mantener el estatus de reserva fiscal de estos reservorios mineros y redujeron la franja de protección circundante, de 10 km a solo 2 km, favoreciendo, de esta manera, a empresarios privados que tuvieron acceso a los estudios. Por aquel entonces se creó Siderurgia Santa Cruz (Sidersa), en tardía respuesta al célebre Memorándum de 1904. La mina San Simón (Beni) soporta aún la estampida de los ajustes estructurales y de la privatización minera de 1985 que indemnizó millonariamente a las empresas que se fueron del país y, de otro lado, expulsó

a 28.000 mineros, que luego se trasladaron a zonas auríferas aluvionales, a tierras agrícolas de los llanos y también a áreas cocaleras. En los 90, con el Código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició otra etapa que buscaría consolidar los ajustes estructurales mencionados: Los mejores y mayores reservorios de oro quedaron en manos de este mandatario, a través de sus empresas y de asociaciones con otras transnacionales, tal como la Orvana Mineral Corps, el proyecto Don Mario, Paitití, Emipa, etc. Ahora, en 2012, la situación no ha cambiado. Piedras preciosas, oro, hierro y otros minerales, como calizas y áridos, están en manos de unos cuantos privilegiados, que se sitúan como suprapoderes del Estado boliviano en sus tres niveles. Fencomin, por ejemplo, aglutina a cooperativas mineras del país (que de cooperativas no tienen nada). Esta mediana empresa minera es en realidad gigantesca y apuesta a una explotación con la menor inversión y en el menor tiempo posible, ahora teniendo como ‘socios’ a las comunidades rurales, tendencia regional que algunos han calificado como neoextractivismo. El rol del Estado continúa en su carácter rentista, y en el momento en que bajen los precios de minerales todos pagaremos la cuenta nuevamente. La minería, en cumplimiento de la CPE, migró del régimen de concesiones a un régimen ‘transitorio’ (que ya lleva dos años) de autorizaciones o contratos temporales sin que medie evaluación alguna. Como resultado, existen más de 8.000 operaciones mineras, cuyos operadores hacen lo que les da la gana (no lo correcto), amparados en una legislación que crea ‘territorios mineros’ con el derecho a disponer de todo cuanto puedan requerir en el área de su concesión y circundantes. En las tierras bajas de Bolivia (valles, llanos y amazonia) hay una fiebre minera; se están organizando por doquier las cooperativas mineras. En Santa Cruz ya se ha formado la Fedecomin. Estamos en condiciones de asegurar de que se están destruyendo miles de hectáreas de bosques y contaminado otros miles de cuerpos de agua sin que nadie reclame una ‘consulta informada’ o exija transparencia. La cuenta la vamos a pagar todos. (*) Ambientalista

La insoportable seriedad del capitalismo minero

La insoportable “seriedad” del capitalismo minero El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales. Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica (Ilustración: el proyecto minero Crucitas, en Costa Rica. Tomada de: www.elpais.cr ) La minería se ha convertido en una de las actividades más polémicas en América Latina. Detonadora de conflictos sociales y ambientales, desnuda al mismo tiempo los intrincados vínculos entre el poder político y el capital extranjero, indispensables para la reproducción de un modelo de acumulación que, como gran “novedad”, reactualiza en el siglo XXI las formas más primitivas de explotación capitalista por parte de las empresas transnacionales (ver: Centroamérica, minería y maldesarrollo). Tales vínculos llegan, incluso, al sometimiento de la política y la protección del medio ambiente, a la lógica del mercado y el cálculo de utilidad. El gobierno de Costa Rica acaba de dar un ejemplo de ello al anunciar, en días pasados, que no anularía la impopular concesión de minería de oro a cielo abierto del Proyecto Crucitas, en la zona norte del país (fronteriza con Nicaragua), otorgada a la compañía canadiense Industrias Infinito S.A. Esto, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional abrió esa posibilidad para el Poder Ejecutivo. En declaraciones dadas a la prensa[1], el primer Vicepresidente de la República, el científico Alfio Piva, dejó al descubierto las contradicciones del gobierno en esta materia: por un lado, reconoció que veía en el Proyecto Crucitas “un impacto ambiental grande”; y por el otro, aseguró que no anularían la concesión porque, como un “país serio”, deben garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas. Para la compañía minera el negocio es redondo: la inversión en Crucitas será de $65 millones de dólares, y las ganancias estimadas por la extracción de 700 mil onzas de oro ascienden a los $835 millones de dólares. Y en caso de que el proyecto sea cancelado, el Estado costarricense tendría que pagarle una indemnización de $1700 millones de dólares, según los cálculos del Vicepresidente Piva. La posición asumida por el gobierno costarricense, en la que la razón del inversionista extranjero se convierte en razón de Estado, ajustada además a las reglas del injusto orden global del comercio, no es ajena a lo que viene ocurriendo en otros países de América Latina en las últimas décadas. El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales: desde el año 2000, y a un ritmo de $10 billones de dólares anuales, las inversiones mineras en la región se han incrementado en un 400%, y solo en Perú superaron el 1000%. Además, los proyectos de minería a cielo abierto en América Latina se cuentan entre los más grandes del mundo, como ocurre en Colombia con la explotación de carbón: en el año 2007, se reportaron extensiones superiores a las 70 mil hectáreas y volúmenes anuales de exportación de 29,8 millones de toneladas solo en la zona de El Cerrejón[2]. Tanto en pequeña como en gran escala, la minería se convierte en un importante foco de contaminación, especialmente por el uso del mercurio, mineral necesario en los procesos de extracción, que afecta las fuentes de agua y a las poblaciones que dependen de este recurso. Y esto ocurre no solo en los bosques y zonas montañosas de Centroamérica. Según el GEO-ALC 3, “entre 1975 y 2002, la explotación de oro en la Amazonía brasileña produjo alrededor de 2000 toneladas de oro, lo cual dejó cerca de 3000 toneladas de mercurio en el medio ambiente de la región. Se estima que entre el 5 y 30% del mercurio utilizado para extracción aurífera a baja escala en la cuenca del Amazonas es liberado en las aguas, y aproximadamente el 55% se evapora en la atmósfera”[3]. Como consecuencia de la expansión de una actividad productiva que considera a todo aquello que se le opone –pueblos indígenas, formas de tenencia de la tierra, movimientos sociales y, en general, todas aquellas manifestaciones culturales no dominantes- como obstáculos para el “desarrollo”, el número de conflictos socio-ambientales vinculados a la extracción minera viene en aumento: en Perú, en medio del “boom” del capitalismo extractivista, la Defensoría del Pueblo registró en 2008 “un total de 93 conflictos socioambientales, el 46% de los cuales estuvo relacionado con la actividad minera”. Además, “de los 118 conflictos registrados en la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, que corresponden a 140 proyectos de exploración y/o explotación minera, se identifican al menos 150 comunidades indígenas y campesinas afectadas. De este total, los 21 eventos registrados en la región de México y Centroamérica corresponden a episodios recientes que comienzan a finales de 1990 y se intensifican durante la década del 2000”[4]. Con perspectiva histórica, el informe GEO – ALC 3 propone un marco de interpretación de esta problemática socio-ambiental: la modalidad de desarrollo dominante, que nosotros llamamos capitalismo neoliberal tardío, “constituye el factor fundamental que explica el escaso éxito de las estrategias ambientales de los países de la región”, puesto que busca “estimular la tasa de inversión (nacional y extranjera), en un marco de escasas exigencias ambientales y el mantenimiento o la profundización de las desigualdades sociales”[5]. Es decir, más allá de los avances institucionales, legislativos y la organización y acción de los ciudadanos, que todavía resultan insuficientes, la cuestión de fondo sigue siendo el tipo de relaciones entre naturaleza y sociedad, y el consecuente modelo de desarrollo que se impone en las formaciones sociales latinoamericanas, y que en sus distintas variantes: desde el sistema de plantaciones y minería del siglo XVII hasta la economía globalizada del siglo XXI, se ha organizado económica, política y culturalmente en función de lo externo, pero manteniendo un factor común: “altos niveles de presión, deterioro progresivo y sostenido del medio ambiente físico y pérdida de ecosistemas”[6]. Es lo que otros autores denominan economía de rapiña [7]. Todo lo cual no hace sino llevarnos a una conclusión: la necesidad de realizar un cambio profundo y radical en el modelo de desarrollo, y en la manera en que esta noción se construye y despliega en las sociedades humanas. Porque, para la naturaleza, la “seriedad” del capitalismo contemporáneo, sobre todo en su dimensión minera, resulta simplemente insoportable. NOTAS [1] “Gobierno descarta anular concesión minera de Crucitas”, en La Nación, 28 de julio de 2010. Pp. 4A-5A. [2] PNUMA (2010). Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe. GEO-ALC 3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Ciudad Panamá. Pp. 67-68. [3] Ídem, pág. 68. [4] Ídem, pág. 70. [5] Ídem, pág. 23. [6] Ídem. [7] Véase: Castro Herrera, Guillermo (1994). Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina. Ediciones Casa de las Américas / Instituto Colombiano de Cultura: Bogotá. Publicado por Con Nuestra América en 6:02 PM