Los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado, Tejada Alicia, Nostas Mercedes

El presente artículo enfoca la “VII Marcha Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana, por el Territorio, la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, pretendiendo revitalizar los diálogos sobre el reacomodo de la nueva estructura institucional del Estado, y su correlación con la protección de los bienes mayores de los bolivianos, en apariencia, a contrapelo con los bienes e intereses comunes que reivindican legítimamente múltiples sectores de la población
Parecería difícil entender los desacuerdos entre gobierno y CIDOB, puesto que ésta fue una de las instituciones con coincidencias programáticas y aliada del gobierno en periodos de conflictos. Pero esta alianza –para la CIDOB- se dio dentro de un marco de coherencia con las demandas históricas (26 años) de los pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, y en distintos momentos de cambios estructurales que al gobierno de Evo Morales le cabe hoy implementar en las estructuras estatales diseñadas a tal fin.
Para las autoras de este artículo, en primera instancia, la marcha implica el estreno de una nueva posición y ubicación post-constituyente, en la que CIDOB establece una nueva relación administrativa, situando, frente a frente, al nuevo Estado ahora constituido y con sus facultades de gobernar, con el sector indígena que le reconoce estas facultades ejerciendo el derecho de demandarle la inclusión de sus reivindicaciones en el nuevo Estado Plurinacional. O como ya lo expresó el intelectual Aymara Rafael Bautista en su artículo titulado Qué Manifiesta La Marcha Indígena: ¨No hay Constitución sin acontecimiento Constitucional¨.
Otro aspecto importante para entender este conflicto, es que La CIDOB tiene como estrategia de lucha política la elaboración de plataformas, el dialogo y las marchas a través de las cuales desde los ochenta, (1986, 87, 1990, 96, 2000, 02, 03, 10) ha planteado a sucesivos gobiernos sus demandas históricas, y por tanto no se trata de oposición política si no de una forma de participación en democracia que caracteriza a este sector, cuando ha excedido otros mecanismos de diálogo.
Si asumimos que la plataforma de la CIDOB es legítima puesto que data de casi tres décadas; que formó parte de la Agenda de Octubre y de las condiciones de apoyo al gobierno de Evo Morales Ayma, lo que este importante movimiento-organización está planteando al gobierno ahora, es de interés general: Tanto la forma con la que se pretenden relacionar los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas con el gobierno, así como su plataforma de demandas, que aunque trata de beneficios directos a este sector, contienen aspectos estructurales que interesan a la sociedad en su conjunto. La articulación de los intereses comunes para lograr el bien mayor es un ejercicio pendiente y por esta razón es necesario comprenderlos a cabalidad.
Una de las características de las Organizaciones indígenas de Tierras Bajas indudablemente ha sido su paciente vocación democrática y al mismo tiempo revolucionaria en tanto los efectos de sus logros. La Asamblea Constituyente fue también una demanda del movimiento indígena de Tierras Bajas con la que además se articularon, estratégicamente a los movimientos de Tierras altas. En palabras de Bienvenido Zacu miembro de la Asamblea legislativa Plurinacional: “se produce una apertura en la CIDOB, sobre la que estuvimos discutiendo mucho tiempo, con el temor que produce toda decisión de ese tipo y que incluso nos dividió entre los que estuvieron de acuerdo y los que no, con semejante decisión histórica”...
Sin embargo, entre la construcción teórica del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, (CPE, articulo 1), y la implementación del mismo, transverzalizando competencias en la estructura institucional gubernamental y en todos sus niveles, hay una distancia que debemos aún transitar responsablemente, sin la amenaza de la fragmentación social y territorial y sin las urgencias que los mismos constituyentes nos impusieron en disposiciones transitorias, estableciendo un plazo de ciento ochenta días, a partir del inicio del nuevo mandato del gobierno, para la aprobación de las cinco leyes básicas.
En esta coyuntura, tanto la CIDOB como el gobierno, conocen que el tiempo actúa en contra ya que fueron actores principales en la elaboración de la CPE, por eso se espera que tomen en cuenta los referidos plazos constitucionales en sus negociaciones.
Sin pretender adentrarnos en el análisis e interpretaciones jurídicas puesto que no son objeto del presente artículo, pero a efectos del mismo, es necesario mencionar el marco en el que se establecen las discusiones entre el Gobierno y la CIDOB. Citamos, que de acuerdo a la CPE, a) la constitución de una autonomía se realiza mediante la voluntad democrática, b) la convocatoria para aprobación de estatutos autonómicos se realiza de acuerdo a usos y procedimientos propios pero, c) en el articulo 192 el contenido de los estatutos se elabora de acuerdo a sus formas y procedimientos, “según la Constitución y la Ley¨.. De La misma forma la CPE, establece mecanismos vinculados con d) la facultad de la Asamblea legislativa para el establecimiento o afectación de límites territoriales, exceptuando los que se circunscriben a distritos municipales, que se realizarían a través de acuerdos con los gobiernos municipales. Tambien y fundamentalmente, se deben considerar los principios establecidos en la CPE para la organización territorial del Estado.
Realizadas estas precisiones, inferimos, que este es el marco legal en el que la CIDOB exige que “El Ministerio de Autonomías y Descentralización incorpore al Proyecto de Ley Marco de Autonomías la propuesta de los pueblos indígenas sobre la autonomía indígena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB” y que, en su interpretación se origina el conflicto.
Ahora bien, de otro lado la demanda de autonomías indígenas de la CIDOB, constituye una estrategia para lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado boliviano, ya que la cultura se realiza y expresa en la interrelación dialéctica de las personas con su territorio, que, desde una perspectiva de futuro, les permite relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación, económica, política y social, con los otros espacios territoriales, independientemente del número de su población. Recordemos que los pueblos indígenas han estado históricamente tutelados por iglesias, patrones, y que dichos pueblos han sido excluidos y sometidos por otros poderes, negándoseles, la posibilidad de establecer equilibrios positivos en las relaciones de poder y en todo ámbito social.
La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación y requiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales reconociendo que las Centrales (organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comunidades) per se no necesariamente pueden convertirse en tales.
Dichas autonomías requerirán de mecanismos de gobierno para enfrentar, por ejemplo, las amenazas que produce la interrelación con un entorno en el que el mercado informal determina relaciones de poder sobre los recursos que contienen sus territorios, incluida la tierra.
De otro lado, la flexibilización y funcionalización de normas y procedimientos propios a favor de procesos de descomposición de responsabilidad ética y administrativa, abarcan algunas de las estructuras de las Centrales Indígenas. Estas debilidades intentan ser corregidas por los mismos comunarios sin éxito, puesto que, o son débiles o no existen, los mecanismos estatales para acceder al derecho positivo. (Martínez, J, Tejada A, 2010).
Concretamente estamos planteando que las autonomías indígenas, como cualquiera de las otras por implementarse, podrían derivar en espacios “de nadie” (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agro industriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), si las instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso con respecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder en las centrales o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios.
Será indispensable en ese ámbito, que el accionar del Estado, para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en su interrelación con otros no indígenas, se traduzca en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativa.
La demanda de Gestión Territorial Indígena que también contempla la plataforma de la CIDOB, exigiendo financiamiento, se vincula a las autonomías territoriales indígenas y es indispensable porque implica el ordenamiento del espacio territorial (incluido el uso del suelo), en interrelación con los espacios aledaños, desde la decisión de las comunidades, e implica, por otro lado, un instrumento de control, desde el pueblo hacia la administración de la autonomía indígena.
Sobre la demanda de los escaños en la Asamblea legislativa plurinacional éstos garantizarían la representación de los pueblos indígenas, en tanto complejidades culturales desarrolladas a lo largo de su historia (o a pesar de ella), con valores, normas y prácticas. No hay otra fórmula posible e inteligente que no sea la de la representación directa, si entendemos en todo su significado el término “representación”.
Ahora bien, no nos vamos a concentrar en el número de escaños por las razones expuestas, pero sí vamos a insistir en los medios, a través de los cuales, estas identidades políticas lograrían influir efectivamente en la construcción de un Estado Intercultural, desde la Asamblea legislativa; como sesiones especiales de interculturalidad, reuniones inter comisiones sobre principios de armonización de normas y diseños de evaluación de efectividad que no estén basados en el número de leyes producidas, sino en contenidos interculturales. Las semanas regionales de los asambleístas indígenas deberían constituirse en semanas de re-conocimiento de valores y normas, con sus tiempos necesarios de adaptación a nuestro sistema formal y de derecho positivo, especialmente en esta primera fase de implementación del Estado Plurinacional.
Por último planteamos que la superficie del las TCO no debe entrar en discusión, al ser ésta el resultado de los Estudios Indígenas de Necesidades Espaciales, que reconocen su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas. Sobre esta base, que es una política de Estado, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos. La nueva legislación no debería menoscabar ni amenazar los derechos de los pueblos indígenas como resultado de la incapacidad del Estado, en todos sus niveles, para gestionarlos. El fracaso del proceso de saneamiento no puede transferirle sus costos a las TCO de tierras bajas, sino más bien buscar corregir sus errores con nuevos mecanismos de los que desaparezcan las conciliaciones las desprestigiadas “certificaciones” de derechos y el delito de compra-venta ilegal de tierras en TCO, que continúan vigentes.
Existen también normas legales innegociables, no solo porque responden a otros procesos históricos de toda la humanidad, como las que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, los cuerpos de agua y los recursos naturales, la igualdad de género, entre otros derechos, sino porque estamos convencidas, en base a múltiples experiencias estudiadas, que su aplicación es una condición indivisible del ejercicio de las autonomías indígenas.
La CIDOB ha planteado espacios de autogobierno en los que los pueblos indígenas también se adscriben al derecho administrativo que incluye obligaciones y responsabilidades de todas las partes, y mediante el cual nos obligamos todos los bolivianos a fortalecer al Estado y a la Nación que nos une, conteniendo la complejidad de nuestra naturaleza pluricultural.

Vice Ministerio de Biodiversidad (temas legislativos del poder del Estado)

DECRETO SUPREMO N°29057
JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que debido a los cambios sociales y políticos que vive nuestro país, se hace necesaria la
modificación y adecuación de determinadas normas que permitan el cumplimiento efectivo de las
funciones asignadas al Gobierno Nacional.
Que el concepto de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza ha sido superado
por el concepto de conservación de la naturaleza como patrón generador del Vivir Bien. En
consecuencia, las instancias gubernamentales rescatan y revalorizan los saberes de los pueblos
originarios, indígenas y comunidades campesinas, para proponer un nuevo modelo de convivencia.
Que para operativizar la gestión del Gobierno Nacional, se promulgó la Ley N. 3351 de 21
de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo, adecuando a la realidad del país las
funciones Supremo que deben cumplir las entidades dependientes del Gobierno Nacional.
Que el Decreto N° 28631 de 08 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización
del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 72 como funciones del Viceministerio de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, entre otras, formular y ejecutar planes y
políticas orientadas a la protección y preservación de la biodiversidad, recursos forestales y medio
ambiente.
Que mediante Decreto Supremo Nº 28592 de 17 de enero de 2006, se complementa y
modifica los reglamentos ambientales, referente a la competencia de la Autoridad Ambiental
Competente Nacional, estableciendo en su artículo 2 dicha atribución al Viceministerio de Recursos
Naturales y Medio Ambiente; quien debe ser el que coordine con los diversos sectores, tanto
productivos como de servicios, respecto a las actividades de gestión, control y fiscalización del
medio ambiente.
Que en el Decreto Supremo Nº 28677 de fecha 14 de abril del 2006 en su parte
considerativa señala la necesidad de complementar e identificar claramente el brazo operativo de la
Autoridad Ambiental Competente Nacional, para promover y ejecutar acciones para el control de la
calidad ambiental con la prevención, control y fiscalización de actividades, obras y proyectos
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, dentro del ámbito de competencia del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
Que el Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, asigna funciones en
materia ambiental al Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente dependiente del
Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Viceministerio de Biodiversidad, Recursos
Forestales y Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente, mismas que deben ser precisadas en el marco de las competencias Ministeriales.
EN CONSEJO DE MINISTROS:
DECRETA:
ARTICULO 1.- (OBJETO).- El presente Decreto Supremo, tiene por objeto especificar
las competencias en materia ambiental que corresponden a los Viceministerios de Biodiversidad,
Recursos Forestales y Medio Ambiente y al de Planificación Territorial y Medio Ambiente,
dependientes de los Ministerios de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y de
Planificación del Desarrollo, respectivamente.
ARTICULO 2.- (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL). Se
precisa que la Autoridad Ambiental Competente Nacional - AACN, es el Viceministro de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
ARTICULO 3.- (MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DEL
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE ) I. Se
modifica el Artículo 55 del Decreto Supremo 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente a la
Estructura del Ministerio de Planificación del Desarrollo modificando la denominación del
Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente por la de “Viceministerio de
Planificación Territorial y Ambiental”.
II. Se modifica el Artículo 57 del Decreto Supremo 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente
a las funciones del Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente, como sigue:
“Viceministro de Planificación Territorial y Ambiental
a) Desarrollar Políticas de Planificación y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiental.
b) Coordinar con la instancia ambiental competente a nivel nacional, departamental y
municipal, las acciones relacionadas con la temática ambiental que surjan de los
procesos de planificación.
c) Velar por que la dimensión ambiental sea considerada en los procesos de planificación
desarrollados por instancias nacionales, departamentales y locales.
d) Promover acciones, mecanismos e instrumentos para posibilitar que la dimensión
ambiental sea parte de los procesos de planificación en los diferentes ámbitos,
instancias y sectores.
e) Formular lineamientos para el diseño de políticas para el uso sostenible de la tierra en
coordinación con otras instancias con competencias concurrentes.
f) Formular lineamientos para el diseño de políticas en ordenamiento territorial.
g) Elaborar y actualizar las bases metodológicas para el ordenamiento territorial,
considerando el Plan de Uso de Suelo-PLUS y Plan de Ocupación del Territorio –
PLOT.
h) Coordinar con las prefecturas y gobiernos municipales la incorporación en los planes
departamentales y municipales de ordenamiento territorial, los lineamientos, políticas y
estrategias definidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
i) Fortalecer y desarrollar el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo –SNID.
j) Formular políticas y estrategias para la prevención y reducción de desastres y coordinar
su incorporación en los planes, programas y proyectos sectoriales a nivel nacional,
departamental y municipal.
k) Coordinar políticas públicas con el Viceministerio de Planificación y Coordinación,
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y con el Ministerio de
Defensa para la incorporación de la gestión de riesgos en el Sistema de Planificación
Nacional - SISPLAN y en el Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP. ”
ARTICULO 4.- (INCORPORACION DE FUNCIONES AL VICEMINISTRO DE
BIODIVERSIDAD, RECURSOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTE).- Se incorpora en el
artículo 72 del Decreto Supremo No 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente a las funciones
del Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, los siguientes incisos:
“v) Formular Políticas de calidad ambiental para coadyuvar la competitividad de los
procesos productivos, en coordinación con las entidades con competencias
concurrentes.
w) Impulsar el desarrollo y efectuar el seguimiento de los sistemas nacionales y
departamentales de impacto y control de la calidad ambiental.
x) Formular políticas para el uso sostenible de la tierra en coordinación con instancias
con competencias concurrentes. ”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA. Los planes, programas y proyectos en ejecución y los
recursos que los sustentan, que se encuentran bajo dependencia del Viceministerio de Planificación
Territorial y Medio Ambiente; financiados por Convenios de Donación y Contratos de Préstamo de
Organismos Internacionales e Instituciones Privadas, serán transferidos bajo conocimiento, tuición
y ejecución del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, en
correspondencia con sus funciones y competencias, en un plazo de cuarenta y cinco días calendario,
computables a partir de la publicación del presente decreto supremo.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA. Se derogan los incisos f), g) y l) del artículo 57 del
Decreto Supremo. No. 28631 de 08 de marzo de 2006, referidos a las funciones del Viceministerio
de Planificación y Coordinación, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
Presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de la Paz, a los catorce días del mes de marzo del
año dos mil siete
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga,
Alfredo Octavio Rada Vélez, Walter San Miguel Rodríguez, Celinda Loza Tellería, Luis Alberto
Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Jerjes Mercado Suárez, Susana Rivero
Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, José Guillermo Dalence Salinas, Walter Juvenal Delgadillo
Terceros, Victor Cáceres Rodríguez, Nila Heredia Miranda.

El Tribunal Agro Ambiental, los delitos medioambientales

El Tribunal Agroambiental, los delitos medioambientales, los derechos y deberes ciudadanos y la normativa reglamentaria pendiente
En construcción la Legislación Agroambiental del Estado Plurinacional

(UPIC-Tierra).- Se elabora en Bolivia una nueva normativa jurídica medioambiental con principios que trascienden el derecho privado occidental y rescatan milenarios sistemas de administración colectiva de la naturaleza y el territorio desarrollados por pueblos indígenas y campesinos.
La primera Constitución Política de Bolivia de 1826 impregnada por la filosofía liberal desconoció a los pueblos indígenas y su cultura comunitaria, reconocida legal y formalmente por primera vez en la Constitución de 1838.
La Constitución de 1967 legalizó las organizaciones sindicales y campesinas; la Carta Magna de 1994 constitucionalizó los territorios, la personería jurídica y las normas, usos y costumbres de los pueblos indígenas; y la Carta Magna promulgada en 2009 instituyó los valores comunitarios indígenas como principios constitutivos del Estado plurinacional unitario, independiente y soberano.
Ahora se desarrolla una nueva normativa jurídica medioambiental, trascendiendo los principios del derecho privado occidental y rescatando milenarios sistemas de administración colectiva de la naturaleza y el territorio de los pueblos indígenas y campesinos.
Recuperar la Identidad
Pareciera que muchos años hemos vivido sin tomar conciencia de lo que somos y nos han hecho renegar de nuestra cultura originaria; pero ahora recuperamos nuestra identidad cultural y nuestros usos y costumbres, destaca la ministra de Desarrollo Rural y Tierra Nemesia Achacollo.
En la cosmovisión indígena, el medioambiente, los organismos vivos y los seres humanos que habitan el Planeta son elementos interdependientes de un solo sistema, explica el Presidente Evo Morales.
Los pueblos originarios enseñan que la Madre Tierra es sagrada porque es la fuente de vida de todos los organismos y la casa común donde sociedades diversas desarrollan modos de producción y de relacionamiento con la naturaleza.
En el siglo XX, los pueblos del mundo lucharon por los derechos humanos, políticos y civiles. En el nuevo milenio, reflexiona el Presidente Morales, la humanidad debe defender los derechos de la naturaleza por una razón elemental:
La Madre Tierra puede existir sin la vida humana, pero la vida humana no puede existir sin la Madre Tierra. Por eso es su obligación "defender" y "respetar" a la Pachamama.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia crea una jurisdicción medioambiental administrada por el Tribunal Agroambiental y regida por principios de integralidad, inmediatez, sustentabilidad, interculturalidad y función social. [1]
El Tribunal Agroambiental está facultado para conocer y resolver en única instancia acciones relacionadas con los recursos naturales:
1. Recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
2. Demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.
3. Procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas.
Principios agroambientales
Uno de los objetivos del sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia es la formación individual y colectiva integral; el fortalecimiento de la conciencia social crítica; el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica productiva, y la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. (Artículo 80)
La Constitución del Estado Plurinacional aborda de manera integral la temática de la tierra, concebida como un recurso natural renovable clave en el proceso productivo, y como el territorio donde se intercambia bienes naturales (agua, alimentos, energía) y se construye ciudadanía e identidades culturales colectivas.
La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y otras normas sientan las bases para la tutela jurídica integral de los recursos naturales y otros componentes de la biosfera, como por ejemplo la diversidad biológica y los recursos genéticos.
Los derechos agrario, ecológico o indígena norman el aprovechamiento de recursos naturales y los derechos de propiedad de la tierra en función del interés colectivo y no de la rentabilidad económica, y legislan tomando en cuenta los impactos del modo de producción dominante.
Derechos ciudadanos
Son derechos ciudadanos imprescriptibles el acceso al agua (Arts. 16 y 373), a los servicios públicos (Arts.20 y 378) y a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado que permita el desarrollo normal y permanente de individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones. (Arts. 33 y 343)
La Constitución establece que los recursos naturales son bienes comunes de propiedad social que pueden "usarse" y "aprovecharse", pero no poseerse.
La Carta Magna reconoce y respeta la propiedad individual y colectiva de la tierra, siempre y cuando cumpla una función social, es decir que produzca en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario.
La pequeña propiedad y la propiedad colectiva cumplen una función social por ser fuente de subsistencia, bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. (Artículo 397) [2]
Cumplen una función económica social (FES) las propiedades agrarias empresariales empleadas en el desarrollo de actividades productivas sustentables en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de sus propietarios.
Deberes de la sociedad y del Estado
Es deber del Estado y de todos los bolivianos y bolivianas resguardar, proteger, conservar y defender el patrimonio natural de Bolivia, y aprovechar los recursos naturales de la biodiversidad de manera sustentable, así como mantener el equilibrio del medio ambiente para el desarrollo de los seres vivos y para preservar los derechos de las futuras generaciones (Arts. 108, 342, 346, 347, 380 y 387).
Es deber ciudadano participar en el manejo de los recursos naturales y en el control social de la gestión ambiental. (Arts. 345, 374, 385 y 388).
La participación y el control social implica denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente. (Artículo 242)
Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas con control social y 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. (Artículo 345)
El Estado y la sociedad mitigarán los efectos nocivos al medio ambiente y los pasivos ambientales. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente en todas las etapas de la producción, deberán evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. (Artículo 347)
Acciones ciudadanas
Cualquier persona está facultada para ejercitar acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, a título individual o en representación de una colectividad, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. (Artículo 34)
1. Acción de Inconstitucionalidad: Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad. (Artículo 132)
2. Acción de Cumplimiento: La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional. (Artículo 134)
3. Acción Popular: La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución. (Artículo 135)
Delitos ambientales
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prevé sanciones civiles, penales y administrativas por el incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente (Artículo 345); tipifica como delito de traición a la patria la violación del régimen constitucional de los recursos naturales (Artículo 124), y declara la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. (Artículos 111 y 347)
Las políticas de gestión ambiental se basarán en la responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. (Artículo 345)
Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. Los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles. (Artículos 111 y 347)
Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que viole el régimen constitucional de los recursos naturales o que atente contra la unidad del país. Este delito merecerá la máxima sanción penal. (Artículo 124)
Normativa medioambiental pendiente
Los capítulos constitucionales referidos a la tierra, el territorio y el desarrollo rural requieren leyes reglamentarias específicas que incorporen principios de justicia, equidad, precaución y acceso responsable a los recursos naturales. Algunas de estas normas que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional son:
- Ley del Tribunal Agroambiental (Arts. 179 y 189)
- Ley regulatoria para la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente (Art. 344)
- Ley de producción, importación y comercialización de transgénicos (Art. 409)
- Ley de conservación y promoción del ecosistemas (Arts. 352, 380 y 387)
- Ley de adecuación de la Reconducción comunitaria de la reforma agraria (Arts. 380 y 394)
- Ley de adecuación del SERNAP (Art. 388)
- Ley de conversión de uso de tierras (Art. 389)
- Ley de servidumbres ecológicas (Art. 389)
- Ley del desarrollo integral de la Amazonía boliviana (Art. 390)
- Ley de protección y aprovechamiento de especies forestales de relevancia económica, cultural y ecológica (Art. 387)
- Ley de aprovechamiento de concesiones por comunidades indígena originario campesinas (Art. 388)
- Ley de protección agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales (Art. 407)
- Ley de promoción y diversificación económica, distribución de beneficios de la industrialización y comercialización de recursos naturales (Art. 355)
- Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
- Ley de Seguridad Alimentaria para el ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada

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Notas:


[1] La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental, por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. (Artículo 179)
Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Agroambiental son necesarios los mismos requisitos exigidos a los miembros del Tribunal Supremo, además de contar con especialidad en estas materias y haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria, la profesión libre o la cátedra universitaria durante ocho años. En la preselección de candidatas y candidatos se garantizará la composición plural, considerando criterios de plurinacionalidad. (Artículo 187)
Se elegirán Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental por sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y los Magistrados será el de los servidores públicos. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental. (Artículo 188)
[2] El convenio 169 de la OIT establece que las TCOs y comunidades indígenas cumplen la función social con el uso y aprovechamiento de sus territorios de acuerdo a sus usos y costumbres.
Fuente: Unidad de Promoción Indígena y Campesina del Viceministerio de Tierras (UPIC-Tierra).

Hacia La Declaración Universal de los derechos de la Naturaleza

Hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza

Alberto Acosta

ALAI AMLATINA, 16/04/2010.- En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza.

La compleja construcción de un proyecto de vida en común

Toda Constitución sintetiza un momento histórico. En toda Constitución se cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda Constitución se plasma una determinada forma de entender la vida. Una Constitución, sin embargo, no hace a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la Constitución y la adopta casi como una hoja de ruta. Una Constitución, más allá de su indudable trascendencia jurídica, es ante todo un proyecto político de vida en común, que debe ser puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la Constitución ecuatoriana -construida colectivamente en los años 2007 y 2008-, fiel a las demandas acumuladas en la sociedad, consecuente con las expectativas creadas, responsable con los retos globales, se proyecta como medio e incluso como un fin para dar paso a cambios estructurales. En su contenido afloran múltiples definiciones para impulsar transformaciones de fondo, a partir de propuestas construidas a lo largo de muchas décadas de resistencias y de luchas sociales. Transformaciones, muchas veces, imposibles de aceptar (e inclusive de entender) por parte de los constitucionalistas tradicionales y de quienes a la postre ven como sus privilegios están en peligro. Una de esas “novedades” se plasma en los Derechos de la Naturaleza.

La Naturaleza en el centro del debate

La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza”- al decir del uruguayo Eduardo Gudynas-, no tiene futuro. Los límites de los estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso son cada vez más notables y preocupantes. No se puede seguir asumiendo a la Naturaleza como un factor de producción para el crecimiento económico o como un simple objeto de las políticas de desarrollo.

Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar la humanidad no está fuera de la Naturaleza. La visión dominante, incluso al definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos o en “capital natural” a ser explotados. Cuando, en realidad, la Naturaleza puede existir sin seres humanos…

En este punto hay que rescatar las dimensiones de la sustentabilidad. Esta exige una nueva ética para organizar la vida misma. Un paso clave, los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas.

Un proceso histórico de ampliación de los derechos

A lo largo de la historia, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos civiles a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños fueron una vez rechazadas por los grupos dominantes por ser consideradas como un absurdo. Para la abolición de la esclavitud se requería que se reconozca “el derecho de tener derechos”, lo que exigía un esfuerzo político para cambiar aquellas leyes que negaban esos derechos. Para liberar a la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, es entonces necesario un esfuerzo político que reconozca que la Naturaleza es sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que todos los seres vivos tienen el mismo derecho ontológico a la vida.

Esta lucha de liberación es, ante todo, un esfuerzo político que empieza por reconocer que el sistema capitalista destruye sus propias condiciones biofísicas de existencia. Dotarle de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho. Si se le aseguran derechos a la Naturaleza se consolida el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos, como anotaba en 1988 el jurista suizo Jörg Leimbacher.

Del actual antropocentrismo debemos transitar, al decir de Gudynas, al biocentrismo. Esto implica organizar la economía preservando la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de energía y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad.

Estos planteamientos ubican con claridad por donde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad. Pero, no será fácil. Sobre todo en la medida que ésta afecta los privilegios de los círculos de poder nacionales y transnacionales, éstos harán lo imposible para tratar de detener este proceso. Esta reacción, lamentablemente, también se nutre de algunas acciones y decisiones del gobierno de Rafael Correa, quien alentó con entusiasmo el proceso constituyente y la aprobación popular de la Constitución de Montecristi, pero que con algunas de las leyes aprobadas posteriormente, por ejemplo la Ley de Minería o la Ley de Soberanía Alimentaria, sin dar paso a la conformación del Estado plurinacional, en una suerte de contrarrevolución legal, atenta contra varios de los principios constitucionales.

Una declaración pionera a nivel mundial

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión jurídica. Y para conseguirlo nada mejor que diferenciar los Derechos Humanos de los Derechos de la Naturaleza, tal como lo plantea Gudynas.

En los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona. Se trata de una visión antropocéntrica. En los derechos políticos y sociales, es decir de primera y segunda generación, el Estado le reconoce a la ciudadanía esos derechos, como parte de una visión individualista e individualizadora. En los derechos económicos, culturales y ambientales, conocidos como derechos de tercera generación, se incluye el derecho a que los seres humanos gocen de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente sano y no contaminado. Se procura evitar la pobreza y el deterioro ambiental.

Los derechos de primera generación se enmarcan en la visión clásica de la justicia: imparcialidad ante la ley, garantías ciudadanas, etc. Para cristalizar los derechos económicos y sociales se da paso a la justicia re-distributiva o justicia social, orientada a resolver la pobreza. Los derechos de tercera generación configuran, además, la justicia ambiental, que atiende sobre todo demandas de grupos pobres y marginados en defensa de la calidad de sus condiciones de vida afectada por destrozos ambientales. En estos casos, cuando hay daños ambientales, los seres humanos pueden ser indemnizados, reparados y/o compensados.

En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza. Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecológicos para diferenciarlos de los derechos ambientales de la opción anterior. En la nueva Constitución ecuatoriana -no así en la boliviana- estos derechos aparecen en forma explícita como Derechos de la Naturaleza, así como derechos para proteger las especies amenazadas y las áreas naturales o restaurar las áreas degradadas. También es trascendente la incorporación del término Pacha Mama, como sinónimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de interculturalidad y plurinacionalidad.

En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como redes de vida. Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa en la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la ecológica para la Naturaleza.

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Estas ciudadanías son plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, acogen criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia.

La proyección de los Derechos de la Naturaleza

De los Derechos de la Naturaleza, asumidos en la Constitución ecuatoriana, se derivan decisiones trascendentales. Uno clave tiene que ver con procesos de desmercantilización de la Naturaleza, como han sido la privatización del agua, así como de sus sistemas de distribución y abastecimiento. Igualmente se exige la eliminación de criterios mercantiles para utilizar los servicios ambientales. La restauración integral de los ecosistemas degradados es otro de los pasos revolucionarios adoptados.

La soberanía alimentaria se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad. Incluso se reclama la necesidad de conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio ecológico.

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en el planeta, resulta indispensable agregar a la justicia social y la justicia ambiental, la justicia ecológica. En otras palabras, los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa.

De los Andes al mundo

El mandato de los Derechos de la Naturaleza nos invita a pensar y realizar una integración regional de nuevo cuño. Y desde esta perspectiva, desde Nuestra América habrá que levantar la tesis de una pronta Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, compromiso que podrá encontrar un espaldarazo en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada por el presidente Evo Morales.

Nuestra responsabilidad es grande y compleja. Al tiempo que condenamos los sistemas y las prácticas depredadoras forjadas en el capitalismo metropolitano, debemos condenar por igual y superar las diversas formas de extractivismo que consolidan la sumisión de nuestros países en el mercado mundial, en tanto productores y exportadores de materias primas. Este extractivismo, para nada superado en nuestros países, seguirá hundiendo en la miseria a los pueblos y agravando los problemas ambientales.

En suma, está en juego el Buen Vivir (sumak kausay o suma qamaña), relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Estos derechos, sumados a los Derechos Humanos, nos conminan a construir democráticamente sociedades sustentables. Y esas sociedades se lograrán a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ambiental, en las que el ser humano y las diversas colectividades de seres humanos coexistan en armonía con la Naturaleza.

-Alberto Acosta es Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente

La Conferencia Mundial del Cambio Climático

La Conferencia mundial del Cambio Climático
Por: Raul Prada arcoreza
Estamos ante la Conferencia Mundial del Cambio Climático, Conferencia que ya es una anti-cumbre respecto de la reunión de la Cumbre del Clima de Copenhague de 2009 (COP15)[1]. Se puede decir que ante lo que parece ser un continuo fracaso las cumbres de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se hace imprescindible una reacción planetaria de las sociedades humanas en defensa de las sociedades orgánicas de la tierra frente a lo que podemos calificar como destrucción del planeta, más que depredación ambiental, más que degradación ambiental y mucho más que cambio climático a secas. Las iniciativas de las naciones unidas frente a lo que llama eufemísticamente cambio climático comenzó en Bali, el 2007, con la Cumbre de la ONU sobre el cambio climático (COP 13); esta Cumbre abrió el camino hacia la Cumbre del Clima de Copenhague 2009 (COP15), a través de la Cumbre de Poznan 2008 (COP14). En la Cumbre del Clima se tenía que negociar la continuación del Protocolo de Kyoto, que vence el 2012, empero por la intransigencia o reticencia de los países más contaminantes del planeta, entre los que se encuentra Estados Unidos de Norte América, fracasa la negociación de la COP 15, que es considerada por algunos especialistas una de las últimas oportunidades para evitar una catástrofe planetaria. Ahora nos encaminamos a la Cumbre de México, que se efectuará en Cancún (COP 16) el año en curso. ¿Volverá a repetirse la misma situación? Ante esta secuencia de eventos, cuyas iniciativas terminan en un fracaso, ante lo que podemos llamar el tratamiento superficial del problema, que no toca lo que se llama causas estructurales del cambio climático, el presidente Evo Morales Ayma toma la decisión de convocar a una Conferencia Mundial del Cambio Climático donde se trate el problema ambiental en su alcance estructural; esto equivale a trabajar las causas estructurales de la depredación ambiental, incluso podríamos llamarla la depredación ecológica o mejor dicho desequilibrio ecológico, que habla concretamente de los desequilibrios causados en los ecosistemas. Viendo el problema desde una perspectiva multidisciplinaria, histórica, económica, social, cultural, se comprende que lo que debería estar en la mesa de discusiones es el paradigma civilizatorio hegemónico y dominante. Desde el enfoque histórico, político y cultural se ha identificado este paradigma con la colonización y expansión occidental, con su forma civilizatoria conocida como modernidad, con su forma económica reconocida como capitalista. Por lo tanto lo que se tiene que poner en el tapete es el modelo civilizatorio industrialista, moderno y capitalista. Se entiende que aquí, en esta matriz, se encuentran las causas estructurales de la crisis ecológica.

Al respecto es indispensable discutir las diferencias conceptuales entre lo que se entiende que es la consideración del cambio climático, degradación ambiental, depredación ambiental y desequilibrio ecológico. El concepto de cambio climático se ocupa de los efectos de la degradación; aunque entendido de una manera más amplia se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático. Dichas modificaciones se producen a variadas escalas de tiempo y espacio, evaluadas desde distintas referencias y parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad. Estos cambios climáticos son debidos tanto a causas naturales como humanas. Ciertamente la expresión suele usarse de manera restringida, para hacer la crónica sólo de los cambios climáticos que suceden en la actualidad, en este sentido se entiende cambio climático como sinónimo de calentamiento global. El discurso de Naciones Unidas, dada en la Convención Marco sobre el Cambio Climático, maneja el término de cambio climático circunscrito al cambio por causas humanas, que podríamos llamar antropogénicas. La Convención Marco dice:

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables[2].

Se entiende por degradación ambiental al proceso corrosivo de contaminación, proceso que desata una insolvencia creciente de recursos renovables que conforman el medio ambiente y lo sostienen, sosteniendo al mismo tiempo al género humano y a los seres orgánicos; de manera concreta, se entiende como parte de la descripción de la degradación ambiental la progresiva deforestación, degradación de los suelos y desertificación. La degradación ambiental comprende también la contaminación múltiple del planeta, del agua, del aire, de los suelos, de las plantas, de los productos agrícolas, de la biosfera; esto significa la inclusión de la contaminación múltiple en la problemática de la degradación ambiental.
Se entiende por depredación ambiental a la degradación ambiental debida a la acción de las sociedades humanas, a su capacidad no sólo de transformar el ambiente sino a su capacidad destructiva de los ecosistemas y equilibrios ecológicos, haciendo desaparecer especies y la riqueza de la biodiversidad. A propósito del desplazamiento de estos términos, cambio climático, degradación ambiental y depredación ambiental, Reynaldo Cuadros dice lo siguiente:
Un cambio denota la posibilidad de reversión, además que no tiene una connotación semántica negativa. Cuando un cambio es irreversible, se llama transformación y cuando una transformación es negativa recibe el nombre de degradación. Pero, el hecho de que se haya identificado que el origen de esta degradación es la acción humana, entonces exige más propiamente la denominación de depredación ambiental[3].
Se entiende por desequilibrio ecológico la alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman los ecosistemas, el desequilibrio ecológico afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo dela humanidad y de los demás seres orgánicos. El concepto de desequilibrio ecológico es construido en contraposición del concepto de equilibrio ecológico, prácticamente su opuesto; el equilibrio ecológico se define como la estabilidad de un ecosistema, es decir, la estabilidad de un ecosistema se da como resultado de las interrelaciones entre el ecosistema biótico y el ecosistema abiótico. El equilibrio ecológico es alterado por acciones que desatan las sociedades humanas en perjuicio del ambiente, aunque también puede ser alterado por fenómenos naturales; por otra parte, se puede considerar otras variaciones graves del medio ambiente, como son la sequía y la desertización, fenómenos preocupantes pues causan la escasez de alimentos en el mundo, afectando en gran parte a la agricultura, sobre todo son particularmente problemáticos debido a que provocan efectos destructivos en la biodiversidad, los nichos y continentes ecológicos. La sequía y la desertización causan varios problemas incluso irreversibles en el ecosistema, problemas que tienen que ver con la extinción de especies y también la destrucción del ecosistema; contribuyen a esta situación el uso de pesticidas y herbicidas, así también la explotación intensiva de los suelos. Al respecto es indispensable anotar que la llamada revolución industrial y su continuidad en los modelos desarrollistas han dañado la armonía ecológica, desequilibrando los ecosistemas y provocando niveles insostenibles de contaminación. Se puede hacer una historia larga de las trasformaciones ambientales debidas a las intervenciones de las sociedades humanas en la creación de sus propios espacios vitales; empero en esta historia larga lo que compete a los ciclos del capitalismo, a la formación de la economía-mundo, a la formación del sistema-mundo capitalista, a su expansión colonizadora, las transformaciones ambientales terminan siendo destructivas y traumáticas para los ecosistemas. Podemos llegar incluso a decir que nos encontramos ante un dilema: la vida o el capitalismo, el planeta o el capitalismo, la madre tierra o el capitalismo, la pachamama o capitalismo.
En toda esta cuestión sobre el cambio climático, ¿qué es El Protocolo de Kyoto?; es un protocolo relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo del Protocolo y la Convención es combatir el calentamiento global. El Protocolo fue aprobado inicialmente el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto , Japón , y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. El compromiso internacional es vinculante, esto quiere decir que los 187 países firmantes del protocolo se comprometen a bajar las emisiones de gases contaminantes y deberían ratificar el protocolo en noviembre del 2009, cosa que no ha ocurrido por el fracaso de la Cumbre Climática de Copenhague[4]. En la Cumbre climática de Copenhague se buscó ratificar el protocolo de Kyoto, empero esta reunión fracasó debido al boicot de los países capitalistas responsables de la contaminación ambiental mundial, fundamentalmente de los EEUU. El debate no pudo prosperar debido a las posiciones encontradas y las contradicciones entre las potencias dominantes y las potencias emergentes. Después del fracaso de Copenhague, las Naciones Unidas tienen programado otra Cumbre climática en Cancún, México, dónde se buscará nuevamente resolver los problemas pendientes desde Kyoto. Toda esta historia de las cumbres climáticas no sólo se reduce al tratamiento de las modificaciones climatológicas, es decir, se concentran en los efecto del problema, no así en las causas estructurales de la crisis ecológica, sino que reducen el tratamiento del cambio climático al tratamiento del calentamiento global, del efecto invernadero, como si todo esto se pudiera resolver con la reducción de emisiones de gas por parte de los países altamente industrializados. En el camino de Kyoto a Cancún, pasando por Copenhague, esta historia de las cumbres climáticas se han encontrado con una piedra en el zapato: la convocatoria a la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y Defensa de la Madre Tierra (CMPCC), de Tiquipaya, Cochabamba. En esta Conferencia los pueblos, los países asistentes, los gobiernos invitados, además de los movimientos sociales, organizaciones, instituciones, intelectuales críticos y científicos, van a discutir las causas estructurales del cambio climático, de la degradación y depredación ambiental, de la crisis ecológica. En esta Conferencia mundial se va poner sobre la mesa los derechos de la madre tierra, considerada ahora un sujeto de derechos, pero sobre todo la matriz planetaria de la vida, por lo tanto también un sujeto vivo. La asistencia de los pueblos indígenas a la Conferencia y de los movimientos sociales cambia la composición de la Conferencia, introduciendo perspectivas civilizatorias y culturales alternativas al capitalismo, cambiando así el contenido de las discusiones, introduciendo en el orden del día no sólo el análisis estructural de la crisis ambiental, sino también epistemologías y saberes descentrados del antropocentrismo, efectuando un desplazamiento epistemológico que comprende no sólo la complejidad de las interdependencias, complementariedades y reciprocidades de los ecosistemas, de los nichos y continentes de vida, sino también la interpretación de las cosmovisiones y espiritualidades ancestrales, que emergen interpelando un mundo dominado por el pragmatismo, el consumismo exorbitante, el industrialismo contaminante y un modo de producción depredador.

Bolivia se ha convertido en el centro de esta convocatoria mundial de los pueblos y de los movimientos sociales, de los intelectuales y los científicos, de los países y gobiernos preocupados por la crisis ambiental. La revolución boliviana se ha situado en el contexto de la problemática ambiental global convocando al sur de la geografía de la economía-mundo capitalista, a la periferia, pero también a las sociedades del mundo, para enfrentar al norte dominante, poniendo en cuestión el dominio del imperio y la persistencia del modo de producción capitalista. Este posicionamiento mundial convierte al proceso de transformaciones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, al proceso descolonizador, al proceso intercultural, plurinacional y autonómico, en el centro de una red internacional de movimientos sociales anticapitalistas, antiindustrialistas y ecologistas. La responsabilidad política de la transformación, de la liberación y de la descolonización ha trascendido las fronteras; ahora se trata de una revolución mundial, de la descolonización mundial, de un proyecto planetario civilizatorio alternativo, de la armonía con la naturaleza y la comunidad a escala planetaria, es decir, del vivir bien como proyecto civilizatorio y cultural para el mundo. La Conferencia mundial sobre el cambio climático es una declaración de guerra al capitalismo, al imperio, a la dominancia y hegemonía del norte, una declaración de guerra a los enemigos del planeta, a los enemigos de la madre tierra. Después de la Conferencias las cosas ya no van a ser las mismas, también el sentido de las cosas, están definitivamente posicionados los derechos de la madre tierra, la cuestión fundamental de la defensa de la vida, la necesidad de un mundo alternativo al capitalismo. No solamente hay que elaborar una agenda para la Cumbre de Cancún sino es menester una organización mundial de los movimientos sociales, un compromiso mundial de las organizaciones, intelectuales y científicos, es necesaria una agenda de trabajo y un programa de actividades, es indispensable plantearse metas y objetivos a cumplir en adelante; la tarea es el cambio de modelo civilizatorio dominante y hegemónico.
En resumen, nos encontramos ante la emergencia de un modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, ante la emergencia de un nuevo paradigma epistemológico, una nueva episteme, un descentramiento profundo no sólo de los antropocentrismos sino también de los tecnocentrismo y de los sociocentrismos, una episteme que no solo concibe la complejidad de las interacciones e interdependencias de sistemas, campos y niveles, de mundos y ecosistemas, sino una ruptura y desplazamiento epistemológicos que articulan las múltiples perspectivas de los seres orgánicos inmersos en el pluriverso, comprendiendo a las fuerzas inmanentes. Haciendo el balance de las cumbres climáticas vemos que éstas se encaminan y se pierden en el laberinto de un tratamiento tecnicista, circunscrita a la contaminación ambiental, reducida a la evaluación de la emisión de gases, tocando tan sólo la superficialidad del problema, sin entrar a las causas estructurales de la crisis ecológica. En relación a esta perspectiva dominante en las cumbres es necesario salir del circulo vicioso que sigue recargando la responsabilidad en los países periféricos de la solución artificial mediante la venta de bonos de carbonos, haciendo creer que es un problema de temperaturas, transfiriendo el cuidado del medio ambiente, sin atreverse a tocar las causas y condiciones estructurales del problema. Por eso ha llegado la hora de evaluar abiertamente la vocación destructiva del capitalismo, del industrialismo y también de las formas consumistas concomitantes, que terminan incidiendo devastadoramente en la depredación del planeta.


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[1] La Cumbre de la ONU sobre el cambio climático de Bali 2007 (COP 13) abrió el camino (vía Poznan 2008, COP14) hacia Copenhague 2009 (COP15), donde se tenía que negociar la continuación del Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. Tras el fracaso de la COP 15, la última oportunidad (y ya vamos tarde) es la COP 16 de Cancún (México, 29/11-10/12/10).

[2] Convención Marco sobre cambio Climático de Naciones Unidas. Artículo 1, párrafo 2.
[3] Reynaldo Cuadros: LA RUTA CRÍTICA PARA LA EVOLUCION DEL DEBATE DESDE EL CAMBIO CLIMATICO HACIA UN PROYECTO CIVILIZATORIO HOLISTICO.
[4] Wiquipedia, enciclopedia libre: En virtud del Protocolo, 37 países industrializados se comprometen a una reducción de cuatro gases de efecto invernadero (GEI) ( dióxido de carbono , metano , óxido nitroso , el hexafluoruro de azufre ) y dos grupos de gases ( hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos ) producidos por ellos, y todos los países Miembros de compromisos generales. Países del Anexo I se comprometieron a reducir sus emisiones colectivas de gases de efecto invernadero en un 5,2% respecto de 1990. límites de emisiones no incluyen las emisiones por la aviación y la navegación internacionales, sino que son además de los gases industriales, los clorofluorocarbonos, o CFC, que se tratan en el 1987 el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.


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Raúl Prada Alcoreza
Comuna
Círculo Epistemológico
Presbítero Medina 2565
2911416 - 29111413 - 71989419
La Paz-Bolivia

La deuda climática como una estrategia subversiva

La deuda climática como una estrategia política subversiva

Nicola Bullard

ALAI AMLATINA, 19/04/2010.- Quizás sin entender plenamente el significado ni las implicaciones, los movimientos progresistas han gravitado en torno a la consigna de la "deuda climática" como un camino hacia el complejo mundo de las negociaciones sobre el clima.

Es fácil entender por qué: la deuda es un concepto simple y en un mundo justo, las deudas deben ser pagadas. Sin embargo, -más que eso- la noción de deuda climática llega al centro de la política en torno al cambio climático. Plantea la cuestión central de la responsabilidad histórica y de quién debe a quién y para qué. Y mediante la redefinición de la "deuda" como un problema sistémico en lugar de un problema financiero, replantea las tradicionales relaciones entre ricos y pobres. Por lo general, son los ricos quienes son los acreedores, exigiendo el pago a los pobres, pero la deuda climática invierte esta relación: ahora son los pobres y los marginados -el Sur Global- quienes reclaman sus deudas, no para beneficio personal, sino para el futuro de la humanidad y la Madre Tierra.

En tal sentido, la deuda climática es una idea potente que vincula problemáticas, grupos sociales y estrategias, con el atractivo añadido de usar un lenguaje sencillo como un caballo de Troya para introducir ideas complejas y potencialmente subversivas. Pero si no tenemos una idea clara de lo que "nosotros" entendemos por deuda climática, siempre existe el riesgo de que los principios e ideas que la sustentan sean cooptadas y se diluyan. Tal vez no exista una definición definitiva de la deuda climática, pero como movimientos y activistas por la justicia social, es útil tener una visión común de lo que queremos decir, y lo que estamos pidiendo.

¿Qué es la deuda climática?

El concepto de deuda ecológica ha estado presente durante varios años. Acción Ecológica de Ecuador habla de la deuda ecológica como "la deuda acumulada por los países del Norte industrial hacia los países y pueblos del Sur a causa del saqueo de recursos, los daños ambientales y la ocupación libre del espacio ambiental como depósito de desechos, tales como los gases de efecto invernadero".

En términos contables, la deuda climática es sólo un renglón en el balance mucho mayor de la deuda ecológica, pero puede ser dividida en partes comprensibles y medibles.

Una parte de la deuda climática se refiere a los impactos de la emisión excesiva de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: fenómenos climáticos extremos y frecuentes, inundaciones, sequías, tormentas, pérdida de tierras cultivables y de la biodiversidad, enfermedades, falta de acceso a la tierra, migración, pobreza y muchos más. En el lenguaje de la ONU, estos impactos humanos muy reales son agrupados y puestos en "cuarentena" como los costos de "adaptación".

Un segundo elemento de la deuda climática es el costo de la reorganización de las sociedades y las economías de tal manera que las emisiones de gases de efecto invernadero sean radicalmente reducidas: es lo que se llama mitigación, y abarca a casi todos los aspectos de la actividad humana desde la agricultura, la energía y el transporte, hasta la forma en que las ciudades se organizan, los patrones de consumo y el comercio mundial. Para el gobierno boliviano es equivalente a una "deuda por desarrollo", que sería compensada al garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos y que todos los países sean lo suficientemente industrializados para garantizar su independencia.

Una tercera parte de la deuda es más difícil de calcular: algunos lo llaman la deuda de las emisiones. Se refiere al hecho de que los países ricos han gastado la mayor parte de la capacidad de la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero, sin dejar "espacio atmosférico" para el que el Sur pueda "crecer". Dado que existe una correlación muy alta entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto tecnológico actual, esto equivale a decir que los países en desarrollo deben limitar su crecimiento económico. La única manera de compensar esta deuda es si los países ricos reducen drásticamente sus propias emisiones.

El gobierno boliviano incluye otros dos elementos en el cálculo de la deuda climática. Además de la adaptación, la mitigación y la deuda de las emisiones, identifica una "deuda de migración", que quedaría compensada por el abandono de prácticas restrictivas de la migración y con el tratamiento de todos los seres humanos con dignidad; y, por último, la deuda con la Madre Tierra.

De acuerdo con el gobierno boliviano, esta deuda es "imposible de compensar por completo, debido a que las atrocidades cometidas por la humanidad han sido demasiado terribles. Sin embargo, la compensación mínima de esta deuda consiste en reconocer el daño causado y la adopción de una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Madre Tierra, para garantizar que los mismos abusos no se repitan nunca más en el futuro. "

Teniendo en cuenta todos estos componentes, la deuda de los ricos a los pobres es inconmensurable.

¿Quién es responsable de la deuda climática?

Esta pregunta está en el centro de las negociaciones de la CMNUCC, pues, detrás del lenguaje técnico, en el fondo se trata de dinero e intereses económicos. Es por eso que EE.UU. impulsó el Acuerdo de Copenhague durante la COP 15; para redefinir quién es responsable y así evitar el pago de sus cuotas.

La situación actual es que los países ricos -y especialmente los que tienen la mayor acumulación de emisiones históricas- simplemente no están dispuestos a pagar su deuda. Después de haber acumulado su riqueza y seguridad sobre las espaldas de los pobres, a través de la destrucción de la naturaleza y la extracción de recursos, los países europeos ricos, EE.UU., Japón, Australia y Canadá se niegan a pagar la factura, tanto en términos de los costes reales de mitigación y adaptación, como también en términos de cambiar su propio consumo despilfarrador. No sólo se niegan a reducir sus propias emisiones –y de esta forma trasladan a los demás la carga de la reducción- sino que también están tratando de echar la culpa a los países en desarrollo como China, Brasil e India, cuyas emisiones actuales están creciendo a un ritmo rápido.

¿La deuda se podrá pagar?

Si bien algunos aspectos de la deuda se pueden contar y calcular -por ejemplo, los costos de las tecnologías limpias, la restauración de los bosques devastados, el recambio a la agricultura sostenible o la construcción de infraestructura apropiada al clima-, la deuda real no puede ser calculada. Es mucho más que una cifra o dinero; la deuda climática simboliza más de 500 años de relaciones desiguales entre el Norte y el Sur, entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados.

La deuda climática es también una medida de la total locura del capitalismo -ya sea como mercado libre o estatal- como modelo para la gestión de la sociedad humana y los ecosistemas de la Tierra. En última instancia, la única manera de que la deuda se podría pagar es asegurando que las relaciones históricas de desigualdad sean rotas de una vez por todas y que no se acumulen "nuevas" deudas. Esto requiere de un cambio de sistema, tanto en el Norte como en el Sur. Por eso la deuda climática es una idea tan subversiva. (Traducción ALAI).

- Nicola Bullard es integrante de Focus on the Global South -con sede en Bangkok, Tailandia-. http://www.focusweb.org

Publicado en América Latina en Movimiento Nº 454, abril de 2010, “Por un nuevo amanecer para la Madre Tierra”, coedición ALAI – Fundación Solón.
http://alainet.org/publica/454.phtml

Los Derechos de La Madre Tierra

Los Derechos de la Madre Tierra
Por: Alicia Tejada Soruco
La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada en el utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza- según Gudynas.-, no tiene futuro.
La cumbre de los derechos de la Madre Tierra convocada por el Presidente Evo Morales Ayma del 20 al 22 de abril en la ciudad de Cochabamba se realiza ante el fracaso de las Cumbres de Cambios Climáticos y del modelo desarrollista que nos ha situado en el umbral de desastres provocados por la acción del hombre. Pretende influir en los resultados de la Cumbre sobre Cambios Climáticos Méjico 2010 y en las políticas de desarrollo de nuestro país, incorporando en estas agendas la Justicia Ambiental y los Derechos de la Madre Tierra.
En el siglo XX avanzamos en la legislación de nuestros derechos pero olvidamos los de la naturaleza: Al respecto Alberto acosta analiza que en los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona, en los Derechos Políticos y Sociales el Estado reconoce la ciudadanía, como parte de una visión individualista e individualizadora y en los Derechos Económicos, Culturales y Ambientales, conocidos como derechos de tercera generación, se incluye el derecho a que los seres humanos gocen de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente sano y no contaminado.
En líneas generales los Derechos de la Madre tierra pretenderían superar la visión antropocéntrica del siglo XX basados en el principio de que no se puede seguir asumiendo a la Naturaleza como un factor de producción para el crecimiento económico o como objeto de las políticas de desarrollo por lo que postulan mantener los sistemas de vida, fijando su atención en los ecosistemas y en las colectividades, no en los individuos.
Los organizadores de la Cumbre de Cochabamba parten del supuesto de que el respeto a los derechos de la Madre Tierra viene a ser como el estado natural de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia. Sin embargo hay una enorme brecha entre el discurso y la gestión institucional del Estado: Actividades desarrollistas y depredadoras que están afectando a los ecosistemas acuáticos y a los bosques, principalmente los ocasionados por proyectos de minería, hidrocarburos y de agricultura extensiva se realizan con el aval de dirigentes de movimientos campesinos e indígenas y gracias a las extorsiones y sobornos de funcionarios públicos ministeriales, prefecturales y municipales. Las redes “interculturales” de corrupción en las que participan no pocos Karas, so pretexto de relaciones contractuales lo último que harán será poner en valor a la Madre Tierra. La visión recaudadora del Estado (mitigaciones, compensaciones, multas, patentes) no repara en la transacción económica por el daño y por tanto ni se ocupa de prevenirlo. ¿Quién protege en Bolivia a las comunidades y ecosistemas?
La distancia entre discurso y acción es lo que llevó al fracaso a las Cumbres-Cambios Climáticos. Es nuestra responsabilidad acortarla.

22 de abril Día Mundial de La Tierra

Día Mundial de La Tierra
CEDOC.inmujeres.gob
El Día de la Tierra se instauró en los Estados Unidos de Norteamérica y se celebró por
primera vez en 1970. Fue establecido por Gaylord Nelson, senador de Estados Unidos,
quien incentivó el desarrollo de una protesta a nivel nacional cuya finalidad fue colocar
el tema ambiental en la agenda del país. En el Día de la Tierra de 1990, más de 200
millones de personas en 141 países de todos los continentes participaron en
celebraciones en sus comunidades. La movilización de grupos dio más autoridad a los
ciudadanos, enlazó globalmente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
obligó a los jefes de estado a participar personalmente en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) convocada por
la Asamblea de las Naciones Unidas. Esta Conferencia conocida como Cumbre para la
Tierra, se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 y fue un momento
decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y
el desarrollo.
Los objetivos fundamentales de la Cumbre de Río fueron lograr un equilibrio justo entre
las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de
las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países
desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la
sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses
comunes.
Algunos signos de deterioro ecológico
En el último siglo, y especialmente en los últimos 40 años, los seres humanos hemos
causado enormes cambios en el medio ambiente mundial. Los más directamente
afectados por problemas de medio ambiente, desde la contaminación del agua hasta el
cambio climático, son los más pobres y los que están en peores condiciones de cambiar
sus estilos de vida para hacer frente a la declinación ecológica de la cual a continuación
se exponen algunos ejemplos:
• Los agricultores, ganaderos, taladores de árboles y urbanizadores han destruido
aproximadamente la mitad de la cubierta forestal originaria del planeta y otro
30% de esa cubierta está fragmentada.
• En el último siglo, se estima que la degradación de los suelos ha reducido en
13% las tierras de cultivo y en 4% los pastizales.
• De las existencias de fauna ictícola (peces) en todo el mundo, las tres cuartas
partes han desaparecido o han excedido los límites sostenibles. En los últimos 50
años, las flotas de pesca industrial han extraído al menos un 90% de los mayores
predadores oceánicos, entre ellos, el atún, el pez aguja y el pez espada.
• Desde el decenio de 1950 se ha triplicado la demanda mundial de agua. Está
disminuyendo la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas debido al
bombeo excesivo, a la contaminación a partir de fertilizantes y plaguicidas y de
desechos industriales. Hay 500 millones de personas residentes en países donde
hay escasez de agua. Según se prevé, hacia 2025 esas cantidades pasarán a entre
2 400 y 3 400 millones.
• Cambio climático. Como resultado del consumo de combustibles fósiles,
actualmente los niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera son superiores en
18% a los existentes en 1960 y, según se estima, superiores en 31% a los
existentes al comenzar la revolución industrial en 1750. La acumulación de
gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluido el anhídrido carbónico, se
ha vinculado al aumento y las variaciones extremas en las temperaturas, así
como al aumento en la severidad de las tormentas.
• Según se estima, el nivel del mar ha aumentado entre 10 y 20 centímetros,
debido en gran medida a que grandes masas de hielo se han derretido y los
océanos se han ampliado, a raíz del calentamiento regional y mundial. Los
pequeños países insulares y las ciudades y terrenos agrícolas de baja altitud
corren graves riesgos de inundación.

Por primera vez en diez años disminuye la tasa de deforestación mundial

Disminuye por primera vez la tasa de deforestación forestal
SENA, FOBOMADE
Entre 2000 y 2010 desaparecieron alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en 233 países. Sudamérica y África experimentaron las mayores pérdidas netas anuales, con 4 y 3,4 millones de hectáreas, respectivamente. Sin embargo, por primera la tasa de deforestación disminuyó a nivel mundial, destacó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Por primera vez, somos capaces de demostrar que la tasa de deforestación ha disminuido a nivel mundial como resultado de una serie de esfuerzos coordinados a nivel local e internacional”, declaró el director General Adjunto del Departamento Forestal de la FAO Eduardo Rojas.

“Los países no sólo han mejorado sus políticas y legislación forestales, también han asignado bosques para uso de comunidades locales y pueblos indígenas, y para la conservación de la diversidad biológica y otras funciones medioambientales. Es un mensaje bienvenido en 2010, el Año Internacional de la Biodiversidad”, celebró Rojas.

La deforestación en el mundo, especialmente la conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos diez años, pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países, indican las conclusiones principales del estudio forestal más completo realizado por la FAO hasta la fecha en 233 países: la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010.

A nivel mundial, se han convertido a otros usos o se han perdido por causas naturales 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre 2000 y 2010, en comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990.

“La tasa de deforestación continúa siendo muy alta en muchos países y las zonas de bosque primario – bosques no alterados por la actividad humana – siguen disminuyendo, por lo que los países deben intensificar sus esfuerzos para mejorar su gestión y conservación”, alertó Rojas.

Brasil e Indonesia han reducido considerablemente sus tasas de deforestación, mientras que las plantaciones forestales en China, India, Estados Unidos y Viet Nam han añadido más de siete millones de hectáreas de nuevos bosques cada año. En Norteamérica y Centroamérica, la superficie forestal permaneció bastante estable, mientras que en Europa siguió creciendo, si bien a una tasa menor que antes.

Como consecuencia, la pérdida neta de superficie forestal se ha reducido de 8,3 millones de hectáreas al año de la década de 1990 a 5,2 millones de hectáreas anuales entre 2000 y 2010.

La superficie forestal total mundial asciende a algo más de cuatro mil millones de hectáreas, el 31 por ciento de la superficie terrestre total. La pérdida neta anual de bosques (es decir la suma de las perdidas menos la suma de los incrementos en superficie forestal) en el periodo 2000-2010 equivale a una superficie similar a la de Costa Rica.

La devastación de la foresta se debió en gran parte al vertiginoso aumento de los cultivos de maíz, tanto para la producción de alimentos como de agroenergía. El acelerado consumo de carbón vegetal o de madera para generar energía amenaza con convertir a Haití en el primer desierto del Caribe.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 70 por ciento de los haitianos cocina con carbón, lo cual obliga a talar entre 15 y 20 millones de árboles cada año. La deforestación convirtió a Haití en un país demasiado vulnerable a las inundaciones, además de erosionar el suelo y acabar con buena parte de las reservas de agua.

Conclusiones principales
Las Evaluaciones de la FAO de los recursos forestales mundiales se publican cada cinco años. Más de 900 especialistas de 178 países han participado en la Evaluación de los recursos forestales mundiales de 2010. El informe completo de esta evaluación se hará público en octubre de 2010.

Otros hallazgos clave del informe son:

Brasil perdió una media de 2,6 millones de hectáreas de bosque anuales en los últimos diez años frente a los 2,9 millones de hectáreas en los 90. Las cifras de Indonesia ascendieron a 0,5 y 1,9 millones de hectáreas al año respectivamente.

Los bosques primarios constituyen un 36 por ciento de la superficie forestal total pero han disminuido en más de 40 millones de ha desde el año 2000. En gran medida esto se debe a la reclasificación de los bosques primarios como “otros bosques regenerados de forma natural” debido a la tala selectiva y otras intervenciones humanas.

La superficie de bosques en parques nacionales, áreas naturales silvestres y otras zonas legalmente protegidas ha aumentado en más de 94 millones de hectáreas desde 1990 y actualmente equivale a un 13 por ciento de la superficie forestal total.

Los bosques representan uno de los principales sumideros mundiales de carbono. Almacenan unas 289 gigatoneladas (Gton) de carbono en árboles y otra vegetación. El carbono almacenado en la biomasa forestal, la madera muerta, la hojarasca y el suelo es mayor – en conjunto – que todo el carbono presente en la atmósfera. A nivel mundial, se estima que las reservas de carbono en la biomasa forestal descendieron en 0,5 Gton al año en el período 2000-2010, principalmente debido a la reducción de la superficie forestal total.

Los incendios, las plagas y las enfermedades están causando daños cada vez mayores a los bosques de algunos países. En promedio, cerca del uno por ciento de la superficie forestal mundial se ve significativamente afectado cada año por los incendios forestales. Las plagas de insectos dañan unos 35 millones de hectáreas de bosque cada año. Los fenómenos climáticos extremos como las tormentas y ventiscas, y los terremotos, también provocaron graves daños durante la última década.

Desde el año 2000, setenta y seis países han desarrollado o actualizado sus políticas forestales y desde 2005, sesenta y nueve países – fundamentalmente en Europa y África – han promulgado o enmendado sus leyes forestales.

La recolección de datos para la Evaluación de los recursos forestales mundiales se está haciendo más exhaustiva y precisa. Los nuevos datos y la información adicional sobre la forestación y la expansión natural de los bosques en los últimos 20 años han permitido estimar de forma más precisa las tasas de deforestación y pérdidas por causas naturales. La nueva estimación mundial para el periodo 1990-2000 (próxima a los 16 millones de ha al año) es mayor que la anterior, debido a que ahora también incluye la deforestación en países que han experimentado un aumento neto de su superficie forestal.

Un estudio de teledetección de bosques, liderado por la FAO, con el muestreo de unos 13 500 puntos, cada uno observado en un periodo de 15 años, proporcionará para finales de 2011 datos aún más exactos sobre las tasas mundiales y regionales de deforestación.

La situación en Bolivia

Bolivia es un país forestal porque el 48% de su territorio (aproximadamente 53 millones de hectáreas) está cubierto por bosques. Es el quinto país más rico en recursos forestales del continente, después de Canadá, Brasil, Estados Unidos y Perú.

La tasa de deforestación en Bolivia ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Se estima que en 2001 se deforestaban alrededor de 230 mil hectáreas de bosques; alrededor de 300 mil hectáreas anuales a mediados de la década y hasta medio millón de hectáreas por año en la actualidad.

Una investigación de Conservación Internacional revela que la agroindustria del departamento de Santa Cruz desmonta en promedio 225 mil ha de bosques cada año (75% de la deforestación nacional) para cultivar soya, caña y criar ganado. (Killeen 2006).

En ese departamento, fotografías satelitales demuestran que la deforestación era menor a 80 mil hectáreas por año en el área de expansión y la zona integrada en 1975. En las fotografías de 1992 ya se ven muchas parcelas de soya y la deforestación alcanza a más de 160 mil ha anuales. Para el año 2000 casi no queda bosque en el área estudiada, y la deforestación anual bordea las 270 mil hectáreas.

Si bien la mayor parte de la deforestación se concentra en el departamento de Santa Cruz, existen nuevos polos de deforestación como el departamento de Pando, sobre todo en zonas productoras de castaña. Además, la tala de bosques avanzó en los márgenes de la carretera Chapare-Yapacani, en Cobija, Guayanamerín, Riberalta y Puerto Suárez.

Los principales responsables de la deforestación y de los desmontes ilegales en Bolivia no son los colonos o los pequeños productores, sino los grandes emprendimientos agroindustriales. Prueba de ello es que el 1% de los casos de desmonte representaron el 40% de la superficie deforestada en 2007, según datos de la Unidad de Control de Desmonte e incendio forestal de la Superintendencia Forestal.

Comineza el ciclo nacional de ferias agrícolas, SENA

Achocalla primer escenario de ferias agroecológicas
SENA
La plaza Señor de Mayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz fue escenario de la primera feria de alimentos orgánicos cultivados en pequeña escala, dando inicio a un ciclo nacional de ferias agroecológicas en los nueve departamentos del país con el objetivo de fomentar el intercambio entre pequeños productores campesinos y consumidores sin intermediarios, y promocionar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos ecológicos.

Achocalla es un valle alto situado a pocos kilómetros de la sede de gobierno, donde se produce aproximadamente el 20% de las verduras que se consumen en las ciudades de La Paz y El Alto.

La Asociación de Fruticulturas y Productoras de Hortalizas de Achocalla (AFLOPHA) y la Asociación de Carpas Solares de Hortalizas de Achocalla (ACSHA) cultivan rábano, zanahoria, nabo, acelga y apio, entre otros productos.

“Me llamó la atención ver un valle cerca de El Alto, donde se cultivan productos ecológicos en pequeña escala, con el esfuerzo de las hermanas productoras y el interés del Alcalde”, destacó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo en la inauguración de la feria “Bio Achocalla”, en la que participaron la Nuez Amazónica, AFLOPHA, Flor de Leche y chocolates CEIBO, entre otros expositores.

La feria agroecológica fue organizada por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), con el apoyo del municipio de la región y del gobierno nacional. La AOPEB es la principal impulsora de la Ley 3525 que regula y promociona la producción agropecuaria y forestal y no maderable ecológica en el país.

Los agricultores de Achocalla riegan sus cultivos con agua de vertiente y realizan un control orgánico de plagas, destacó Carmen Sotomayor, gerente de AOPEB. El municipio de Achocalla, en coordinación con AOPEB, está desarrollando un sistema de Certificación Participativa que permitirá al consumidor paceño identificar los productos ecológicos de la región.

“Como municipio estamos apoyando a los productores y productoras ecológicas, además pronto tendremos un camino asfaltado hacia Achocalla que permitirá a los paceños llegar en 15 minutos a estos centros de producción”, informó el Alcalde de Achocalla Carlos Torrez. “El propósito es convertir a Achocalla en un municipio ecológico”, agregó Sotomayor.

“Producimos lechuga, rabanito, acelga y apio para vender en El Alto, y también consumimos mucha ensalada”, comentó orgullosa Nieves Mamani, quien hace cuatro años se dedica a la producción de hortalizas. “Necesitamos el apoyo de las autoridades para vender nuestros productos directamente a los consumidores”, dijo la representante de AFLOPHA “Ajjawir Imilla”, Teodora Quispe.

No es conveniente producir alimentos lejos de los centros de consumo y tampoco comercializarlos a través intermediarios: “Ganamos mucho más cuando el consumidor se traslada a las zonas productoras y obtiene productos frescos, ahorra en precios y fomenta la relación directa productor consumidor”, aseguró la integrante de AOPEB María Julia.

La ministra Achacollo anunció que los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud y Desarrollo Rural y Tierras trabajarán de manera conjunta en la promoción de los valores nutritivos de los productos ecológicos para que la gente “poco a poco deje de consumir productos que dañan su salud”.

“Nuestro compromiso es promover la producción de alimentos orgánicos y ecológicos para que la población coma productos sanos, nutritivos y netamente orgánicos”, dijo la ministra Achacollo y se comprometió a apoyar a los pequeños productores a través de las unidades descentralizadas del Ministerio a su cargo.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras dispone de ocho millones de dólares para financiar programas y proyectos de pequeños productores en municipios y prefecturas con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.

Según Achacollo, se instalarán ferias estatales permanentes en las nueve capitales de departamentos, en ciudades intermedias y en localidades fronterizas, en alianza con prefecturas y municipios, en el marco de las políticas nacionales destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la seguridad y la soberanía alimentaria de la población es uno de los objetivos prioritarios de la forma de organización económica estatal (Artículo 309); es una acción prioritaria de la política de desarrollo rural integral sustentable (Artículos 405 y 407), y es uno de los principios que rigen la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales (Artículo 255).

La Ministra Achacollo reconoció que es obligación del Estado fortalecer a las asociaciones productivas ya existentes; rearticular a comunidades de tierras altas y bajas; buscar la complementariedad entre estructuras agropecuarias tradicionales y agroindustriales, y desarrollar el mercado interno con la creación de un sistema de información de precios, márgenes de intermediación, proveedores, servicios financieros, insumos, demanda, oferta, compras estatales, tecnología, formación, oportunidades de trabajo y de inversión.

El potencial de la agricultura en pequeña escala

Hasta hace poco se creía que las pequeñas fincas familiares eran improductivas en comparación con los cultivos agroindustriales a gran escala. Sin embargo, decenas de investigaciones y estudios científicos recientes demuestran que las pequeñas unidades productivas son menos depredadoras y más rentables que los monocultivos a gran escala, porque utilizan de manera más eficiente la tierra, el agua, la biodiversidad y otros recursos agrícolas.

El Informe Evaluación Internacional 2009 del Papel del Conocimiento, Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), elaborado por más de 400 expertos de 15 países, concluye que las granjas pequeñas son las más adecuadas para aliviar el hambre en el mundo y garantizar el desarrollo sostenible.

La pequeña producción agroecológica usa compost u otras materias orgánicas (estiércol, abonos verdes, cultivos de cobertura) en lugar de fertilizantes químicos; realiza controles biológicos de plagas, evitando pesticidas químicos; practica la “cosecha” de agua para conservar la humedad del suelo y prevenir la erosión y lixiviación de nutrientes; y cultiva una variedad amplia de especies adaptadas al clima local en agroecosistemas diversificados menos vulnerables a los eventos climáticos extremos.

El Estado Plurinacional de Bolivia y la política de desarrollo rural integral sustentable protegen, fortalecen y fomentan la economía familiar y comunitaria de pequeños productores agropecuarios como alternativas solidarias y recíprocas en el área rural y urbana para que contribuyan al desarrollo económico y social del país. (Artículos 334, 255 y 311, 405 y 406 de la CPE)

El Estado Plurinacional reconoce, respeta, protege, fortalece y promueve la forma de organización económica comunitaria que comprende sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos. (Artículos 47 y 307)

La nueva Constitución manda apoyar a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento; y les otorga preferencias en las compras del Estado. (Artículos 255, 334 y 336)

La pequeña agricultura campesina e indígena comunitaria sustenta varios proyectos de industrialización, comercialización y encadenamientos productivos previstos en el Plan quinquenal de desarrollo agrícola del gobierno boliviano, todos ellos diseñados para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y la producción agroecológica.

El gobierno diseña un Plan de Fomento a la Producción Ecológica/orgánica para asistir a iniciativas productivas mediante varios programas destinados a concretar todas las políticas, estrategias y acciones en pos de la seguridad y soberanía alimentaria.

El programa CRIAR (Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales) fomenta la producción de alimentos para consumo local; el programa EMPODERAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario) desarrolla capacidades productivas agropecuarias, agroforestales y otras; y el Programa Alimentación y Nutrición Escolar busca efectivizar el Derecho Humano a la Alimentación en zonas urbanas, periurbanas y rurales pobres.

El país se farrea su potencialidad forestal

EL país se farrea su potencialidad forestal
Por: Gonzalo Jordán Lora
La falta de aire comienza a agobiar más que el intenso calor. El humo oscuro de las hierbas se extiende varios kilómetros. Los pájaros huyen despavoridos, no les queda otra opción salvo la de abandonar a sus pichones que se abrasan en el fuego. Mientras se alejan, lloran sin lágrimas. El resto de los animales no tiene tanta suerte. Un pequeño bulto se enreda entre el pecho y cuello de un mono capuchino hembra, la madre salta de una rama hacia otra, trata de escapar, no quiere que su cría sufra, las llamas se dispersan, el calor aumenta, ya no hay dónde huir, al final, los dos mueren asfixiados. A pocos metros, los restos de un jochi calcinado yacen entre las cenizas, sus pequeñas crías, arrimadas al cuerpo de su madre, también perecen. En cuestión de pocas horas, lo que antes era un frondoso bosque, el hogar de cientos de miles de insectos, animales y árboles se convierte en un cementerio color ceniza. Pronto albergará nuevos residentes: vacas, toros, gallinas, productos agrícolas, seres humanos.
En la década de los noventa, la deforestación de bosques primarios en Bolivia estaba en el orden de las 170 mil hectáreas por año, una cifra que ya era bastante elevada. Veinte años después, en 2008, la destrucción de los bosques ha superado las 350 mil hectáreas anualmente, convirtiendo al país en el tercer mayor “deforestador” de bosques tropicales. Por donde se le vea, la tasa de crecimiento anual de la población (2,5 por ciento) es incapaz de justificar este bestial aumento.
Impactos de la deforestación
Rudy Guzmán, ingeniero forestal, advierte que son varios los peligros inmersos en la deforestación. En primer lugar, se encuentra la pérdida de biodiversidad. Bolivia se encuentra entre los 13 países con mayor biodiversidad del planeta. El peso de los países en los diferentes debates internacionales depende de diversos factores, generalmente económicos, políticos y militares. Como en ningún otro aspecto, la biodiversidad coloca al país en una situación muy favorable al momento de tratar temas medioambientales. Por ejemplo, en cumbres como la del Cambio Climático puede ejercer una presión mucho mayor que otros países más avanzados como Chile, pero menos diversos. Si no se toma medidas serias, la depredación puede anular este gran privilegio, que implica también una gran responsabilidad.
Como su nombre etimológico lo indica, la biodiversidad está directamente relacionada con la vida, no sólo en términos de fauna y flora, sino también humana. En la última conferencia mundial sobre la diversidad biológica, el subdirector General de la FAO, Alexander Müller, resaltó la importancia de la biodiversidad para afrontar la “peor crisis alimentaria de la historia moderna” y, al mismo tiempo, advirtió de los peligros que actualmente padece el medio ambiente.
Según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la mayor parte de los alimentos del mundo proceden únicamente de doce cultivos y catorce especies animales. En este sentido, restan muchas variedades de cultivos que podrían ampliar la dotación alimenticia. Sin embargo, se estima que en el último siglo se han perdido alrededor de las tres cuartas partes de la diversidad genética de las variedades de cultivos agrícolas, y que cientos de las 7.000 especies animales registradas están amenazados de extinción. A medida que disminuye la biodiversidad de cultivos y animales, el suministro de alimentos se vuelve más vulnerable e insostenible. “La erosión de la biodiversidad para la agricultura y la alimentación pone gravemente en peligro la seguridad alimentaria mundial”, señala un informe de la agencia de la ONU.
El Calentamiento global constituye otro de los peligros de la deforestación. De acuerdo con datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCC), el cambio de uso de suelos es responsable del 20 por ciento de la generación de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En Bolivia, el 75 por ciento del total de los gases son emitidos a causa de la deforestación. Además de esta emisión, el cambio de uso de suelos impide la reabsorción de dióxido de carbono (CO2), principal causante del calentamiento global; recuérdese que las hojas de las plantas son las únicas que absorben esta molécula.
Guzmán señala a las alteraciones hidrológicas como otra de las repercusiones importantes. A medida que los árboles son talados, los cursos de agua, al igual que los cauces, se diluyen, agudizando las sequías durante las épocas secas. En época de lluvia, ocurre el efecto contrario. “Los bosques encausan naturalmente a los ríos, en este sentido, la deforestación provoca inundaciones y aumenta la erosión de los suelos. Bolivia pierde inmensas cantidades de tierra fértil que se desliza hacia los ríos por efecto de las inundaciones”.
Según estudios de impacto realizados luego de riadas e inundaciones de intensidad media, se constató que en tierras bajas del oriente las pérdidas ascienden al 55 por ciento de la producción. Durante el 2008, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que las inundaciones provocadas por “La Niña”, causaron pérdidas estimadas en 200 millones de dólares.
Causas de la deforestación
Varios elementos favorecen la destrucción de los bosques. De acuerdo con el ingeniero ambiental Gonzalo Lora, la ampliación de la frontera agrícola para plantaciones agroindustriales, principalmente de soya y caña de azúcar, llevada a cabo por grandes propietarios, constituye el principal responsable de la deforestación en Bolivia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente la superficie cultivada de soya se incrementó de 200 mil hectáreas en 1991, a más de un millón durante el 2008, como consecuencia del marcado apoyo gubernamental hacia estos productos, en desmedro de la agricultura campesina.
Rudy Guzmán señala otros elementos vinculados con la inseguridad jurídica que han agudizado esta situación. “El cumplimiento de la Ley INRA a partir de 1997 ha generado fuertes presiones para el cambio de uso de suelos”. Siguiendo la consigna abanderada por la revolución agraria de 1952 (la tierra es de quien la trabaja), artículos de la Ley establecen que las grandes extensiones de tierra que no cumplan con la función económica social (FES) serán revertidas a favor del Estado. Erróneamente, la conservación de los bosques no es considerada como una función económica social.
En una edición anterior de Pulso (N° 541), se señalaba que el capital natural, entendido como los recursos naturales (bosques, suelos fértiles, cursos de agua, etc.) y los servicios ambientales que producen los ecosistemas (funciones de absorción y dilución de contaminantes, mantenimiento de la composición de la atmósfera, control de inundaciones, entre otros) han sido asumidos como inagotables, y por tanto soslayados dentro de los balances empresariales. Entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria han incurrido en la misma carencia, error que puede resultar demasiado caro. En efecto, para justificar la función económica social, no sólo grandes propietarios, sino también medianos optan continuamente por deforestar y cambiar el uso de los suelos.
Al respecto, Alicia Tejada Soruco, directora de la Cámara Social en el Consejo de Certificación Forestal de Bolivia y responsable de la implementación del Régimen Forestal en las tierras comunitarias de origen (TCO), señala que los problemas de destrucción de los bosques en Bolivia no ocurren por la falta leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales. “Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie aún se ha atrevido a erradicar. Se ha institucionalizado una práctica basada en el cumplimiento de requisitos legales, que contravienen todo principio de conservación de los bosques del país”.
Para Soruco, el gran déficit de institucionalidad forestal ha sumergido al país en una peligrosa falta de valoración política estratégica de los bosques. “Grandes extensiones de tierra se han legalizado en Bolivia, precisamente utilizando el criterio de superficie deforestada. La deforestación se resuelve (institucionaliza y legitima) con la multa que calcula la deforestación en metros cúbicos de madera, no en el valor del bosque, medida que consecuentemente se ha constituido en incentivo tanto para la deforestación, como para la ocupación ilegal de la tierra”.
Tanto Soruco como Guzmán coinciden en señalar que la debilidad y la falta de institucionalidad de las entidades nacionales encargadas de fiscalizar el sector, específicamente la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), contribuye a esta lógica destructiva. Guzmán señala que se observa una clara debilidad en la actual ABT en los procesos de control, regulación y fiscalización a las actividades forestales, y que en la medida en que no haya una gestión efectiva para la conservación de los bosques, la deforestación va continuar. Soruco es aún más crítica: “La ABT nació débil, nació violando normas elementales de institucionalidad, como la propia Ley Forestal, que supuestamente debe hacer cumplir en materia administrativa; ignoró la necesidad de un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal y los derechos indígenas incluidos. Los nuevos ‘requisitos’ para acceder al aprovechamiento forestal, so pretexto de la eficiencia, constituyen hoy la carretera, muy bien asfaltada, por donde transitan la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad, del brazo con los poderes locales”.
Soruco señala que no solamente los dirigentes se aprovechan indiscriminadamente de los bosques, sino también los gobiernos autónomos que en teoría defienden los recursos naturales. “Hay que decir que la ABT es hoy una institución muy débil y vapuleada por poderosos dirigentes que se dicen ‘propietarios’ de los bosques de Bolivia. Hay casos en los que hasta se realiza cobros de ‘regalías’ para los dirigentes. Por otra parte, miembros del proyecto autonomista, a niveles departamentales y provinciales, no han dejado de tomar por asalto los bosques so pretexto del perjuicio del Gobierno central al desarrollo. Erróneo concepto porque éstos son patrimonio de la humanidad”.
Concesiones forestales
Actualmente existen 69 concesiones forestales entregadas a empresas madereras, con una superficie promedio de 67.000 hectáreas, y 24 concesiones para Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) con una superficie promedio de 27.000 hectáreas. Estas concesiones generan posiciones a favor y en contra. De acuerdo con Guzmán, permitieron en cierta medida frenar el proceso de deforestación, a partir de su implementación en 1996.
“Las concesiones permitieron mantener la presencia de las empresas en el bosque, sirviendo así como un freno al proceso de deforestación y generando cambios sustanciales en el aprovechamiento forestal. El sistema de concesiones facilitó la administración del bosque, especialmente en lo referente al pago de los derechos forestales. Asimismo, permitió una mayor seguridad jurídica a las empresas al entregarles derechos por 40 años, renovables de forma indefinida, sujeto a la aprobación de auditorías forestales cada cinco años”.
A inicios de los noventa, se produjo en Europa un movimiento conservacionista que boicoteó el comercio y la compra de madera proveniente de los trópicos. Años después, se establecieron certificados con indicadores y criterios de sustentabilidad para la compra de madera. Guzmán asegura que esta certificación internacional desempeñó un papel importante para la consolidación de prácticas de buen manejo forestal, y que Bolivia, a partir de 2007, se constituyó en uno de los principales proveedores de madera certificada, gracias al manejo de las concesiones.
“Si bien el tema de las grandes concesiones con grandes superficies ha generado fuertes críticas, este sistema es una de las formas de poner un límite al avance de la frontera agrícola, prueba de ello es que Brasil está asumiendo todo un programa de concesiones en tierras fiscales similar con buenos resultados”. Soruco sostiene que si bien a la Cámara Nacional Forestal le interesa de manera directa su conservación, muchas concesiones no son aprovechadas sustentablemente: “Conozco empresas forestales ‘limpias’ que procesan madera proveniente de mercados ilegales y entonces fomentan la cadena de destrucción de lo que se supone su patrimonio principal”.
Independientemente de la función de las concesiones, Guzmán afirma que si deseamos conservar la valiosa biodiversidad de nuestros los bosques, el agua dulce, y en general las condiciones que pueden asegurar el desarrollo de las siguientes generaciones y el disfrute de la naturaleza, se debe encarar un modelo sistémico capaz de cumplir con las recomendaciones señaladas en los Planes de Uso de Suelos de los departamentos que tienen una cobertura boscosa, con el apoyo de los diferentes actores, como el sistema financiero que actualmente provee recursos para la explotación ilegal de madera.
Un negocio desaprovechado
La riqueza biológica de los bosques bolivianos es enorme. Aproximadamente el 44 por ciento de los bosques de Bolivia son ecosistemas extensos e intactos que se encuentran fuera del alcance de la creciente frontera de uso humano intenso, aunque el 97 por ciento de este bosque está amenazado. Diferentes estudios alertan que los bosques nacionales están desapareciendo aceleradamente por causa de la agricultura, quema para la subsistencia, ganadería a gran escala y tala ilegal. Una misión de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) que visitó Bolivia en 1996 estimó que los bosques de tierras bajas poseían un potencial de oferta anual sostenible de 24 millones de metros cúbicos de maderas tropicales. En este sentido, la producción sostenible de madera representa una de las mejores opciones, no solamente para promover el desarrollo de su región, sino también para conservar su riqueza forestal, por medio de prácticas sostenibles de extracción y reforestación.