Fernando Rojas /J.C. Salinas
Un desastre ecológico toca el río Chané. “Desde las 5:00 de hoy (por ayer) escuché retumbar caños de escape de motocicletas en la orilla del río. La intriga por saber qué sucedía me llevó hasta la ribera del afluente y grande fue mi sorpresa cuando vi a un grupo de personas que presurosamente sacaba unos enormes peces que flotaban en el agua al parecer por falta de oxígeno”, señaló Paulino Mamani, poblador de Chané Independencia, distante 95 kilómetros de la capital cruceña, donde ayer se registró una mortandad de peces por causas que todavía se desconocen.
Según Mamani, comunicó a su esposa el suceso y poco después ella lo animó a unirse a la captura de peces. “Logré sacar unos siete surubíes de entre ocho y 15 kilos, un par de pirañas y hasta una raya que logré atravesarla con el gancho. En la orilla del río vi morir muchos peces pequeños con la boca abierta, como si les faltara oxígeno. No voy a venderlos, los charquearé para posteriormente comérmelos”, dijo Mamani.
Justina Castro, que junto a su pareja llegó hasta el arroyo Bibosi -ubicado a poco menos de 800 metros de la comunidad Villa Tunari- hasta cerca del mediodía consiguió sacar del río más de una decena de peces surubí, boga y piraña entre chicos, medianos y grandes.
La mujer, al igual que muchas personas que llegaron hasta dicha zona, manifestó que se comerá los peces porque está segura de que no murieron por envenenamiento, sino por el lodazal que hay producto de la canalización del río Chané, que enturbió y disminuyó el oxígeno del agua, lo que terminó matando a varias especies de peces y otros animales acuáticos.
Hasta Chané Independencia llegó el funcionario de la unidad departamental de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Gobernación cruceña, Erno Martinec, en compañía de autoridades municipales de dicha comunidad, quienes después de recorrer el río Chané y evaluar la situación advirtieron de un desastre ecológico de magnitud provocado a miles de peces y otras especies de animales acuáticos que habitan en el río Chané.
“Nos hemos constituido para verificar la mortandad y tratar de determinar si la causa de la muerte de los peces es por envenenamiento u otro factor externo”, apuntó Martinec.
No obstante, el funcionario de la Gobernación cruceña preliminarmente dijo que el fenómeno pudo ser causado por la eliminación de agroquímicos y desperdicios industriales lanzados al afluente, aunque no se descarta que los residuos producto de las quemas hubiesen sido arrastrados al río después de las últimas lluvias y eso provocó la falta de oxígeno en el agua.
Otra hipótesis, según Martinec, es que personas dedicadas al narcotráfico hubieran destruido una fábrica y los agentes químicos que utilizaron para procesar la droga lo hubiesen lanzado al afluente y consecuentemente contaminado el río.
Lo único cierto, en juicio del funcionario, es que el daño a la vida acuática en la zona de Chané Independencia es enorme si se toma en cuenta que durante el recorrido se encontraron miles de peces muertos y en otros casos agonizando, que corresponden a las especies surubí, pacú, boga, sábalo, tacha, pirañas y hasta rayas de gran tamaño.
“Además, hay que considerar que está vigente la veda por un año en varios ríos del departamento y que en esta época muchos animales acuáticos están por reproducirse, lo que supone, en el caso de los peces, que tienen miles de huevos”, puntualizó Martinec.
En el ámbito preventivo, el subalcalde de Chané Independencia, Pedro Vela, indicó que solicitará al Concejo Municipal de Fernández Alonso se emita una resolución en la que incluya la prohibición de consumo y venta de los peces que fueron retirados del río y que presumiblemente han muerto por contaminación del agua. “A simple vista hemos visto que el hígado y las branquias de varios peces están cocidos y manchadas, según los profesionales que trabajan en Medio Ambiente de la Alcaldía, es por la contaminación del agua con sustancias tóxicas, es por eso que recomendamos a la población no consumir ningún animal acuático, tampoco venderlo a terceras personas”, dijo Vela.
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación cruceña, Manlio Roca, adelantó que hoy un equipo de laboratorio móvil se trasladará al río Chané para extraer muestras de agua y de tejidos de los peces muertos para determinar en el más breve plazo posible de qué están muriendo los animales acuáticos. Pidió no consumir, peor aún vender al público.
Ayer, durante el recorrido hecho por Chané Independencia, se verificó que en el puente del mismo nombre varias personas ofrecían carne de surubí, retirado del río, a Bs 20 el kilogramo.
12 de diciembre de 2010
Pensar en global y actuar en local
Pensar en global y actual en local:
Alicia Tejada Soruco
Las reuniones preparatorias a Cancún repiten lo que se argumentó en la ECO-92: Los vínculos y la correspondencia entre modelo de desarrollo y deterioro ambiental ya se han demostrado científicamente hace casi medio siglo. El discurso político que contrapone desarrollo a calidad del medio ambiente es el mismo también. Lo siento por quienes permanecen en la inmadura pretensión de inaugurar nuevos continentes e inventar al nuevo hombre.
La confrontación de dos aparentemente diferenciados proyectos políticos ocurre en medio del clientelismo y no de las transformaciones. En el fondo los proyectos económicos y macro económicos planteados por derechistas e izquierdistas, son hermanos gemelos y la ausencia de políticas socio económicas es también común e ideológicamente compartida: Lo social es sinónimo de cataplasmas sobre las malluga duras de las cuentas que cobra un defectuoso desarrollismo. Las inversiones del Estado de Bolivia en protección de bosques, cuencas, ríos, equivalen a cero.
Hace veinte años había una Agenda (Nuestra Propia Agenda), de los países sub desarrollados que insistía en las políticas nacionales al tiempo de criticar las de los países desarrollados. “Pensar en global y Actuar en Local”, fue uno de los slogans con los que se expresaba también la cuota de responsabilidad que cada pueblo asumiría. Implica que está vigente la demanda de coherencia entre el hablar y el actuar; que hay una exigencia directa a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, para el cumplimiento de una Agenda Común aún pendiente.
De otra parte se entendía por sociedad civil a ciudadanos urbanos y rurales, construyendo esta Agenda Global Común cuya única ideología era “La Conservación del Medio Ambiente para las Actuales y Futuras Generaciones”; la sociedad tenía un espacio propio, alejado de las justas internas partidarias y sectoriales. La desarticuló y fragmentó la protección estatal al modelo imperante y hoy la desarticulan idénticas razones.
Las instituciones ambientalistas hoy, ejecutoras de muy buenos presupuestos y financiamientos, y de proyectos “small, green y beatifull”, con todo deforestado alrededor, prefieren mantenerse “Asépticas” y las universidades del Estado; no juegan, en este campo, ningún rol en la sociedad.
Por qué insistir en ello ante Cancún: hay una serie de contradicciones que debemos resolver, no puede Bolivia concurrir a criticar un “sistema”, un modelo económico, si localmente lo reproduce o anuncia reproducirlo. Cito ejemplos: Hace más de veinte días que se repite con insistencia, desde algunos niveles del gobierno, en eco con los sectores directamente interesados (Los empresarios agrícolas, afiliados a la CAO) que la seguridad alimentaria de los bolivianos depende de la destrucción de las tierras forestales del país; de la desaparición de la cobertura boscosa de al menos dos millones de hectáreas. Nadie entiende en Bolivia, qué entiende el gobierno central por vivir bien ni que entienden los gobiernos departamentales por desarrollo con autonomías. La agenda ambiental otra vez entre posturas moralistas frente al desarrollismo. ¿Qué cambió?
Alicia Tejada Soruco
Las reuniones preparatorias a Cancún repiten lo que se argumentó en la ECO-92: Los vínculos y la correspondencia entre modelo de desarrollo y deterioro ambiental ya se han demostrado científicamente hace casi medio siglo. El discurso político que contrapone desarrollo a calidad del medio ambiente es el mismo también. Lo siento por quienes permanecen en la inmadura pretensión de inaugurar nuevos continentes e inventar al nuevo hombre.
La confrontación de dos aparentemente diferenciados proyectos políticos ocurre en medio del clientelismo y no de las transformaciones. En el fondo los proyectos económicos y macro económicos planteados por derechistas e izquierdistas, son hermanos gemelos y la ausencia de políticas socio económicas es también común e ideológicamente compartida: Lo social es sinónimo de cataplasmas sobre las malluga duras de las cuentas que cobra un defectuoso desarrollismo. Las inversiones del Estado de Bolivia en protección de bosques, cuencas, ríos, equivalen a cero.
Hace veinte años había una Agenda (Nuestra Propia Agenda), de los países sub desarrollados que insistía en las políticas nacionales al tiempo de criticar las de los países desarrollados. “Pensar en global y Actuar en Local”, fue uno de los slogans con los que se expresaba también la cuota de responsabilidad que cada pueblo asumiría. Implica que está vigente la demanda de coherencia entre el hablar y el actuar; que hay una exigencia directa a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, para el cumplimiento de una Agenda Común aún pendiente.
De otra parte se entendía por sociedad civil a ciudadanos urbanos y rurales, construyendo esta Agenda Global Común cuya única ideología era “La Conservación del Medio Ambiente para las Actuales y Futuras Generaciones”; la sociedad tenía un espacio propio, alejado de las justas internas partidarias y sectoriales. La desarticuló y fragmentó la protección estatal al modelo imperante y hoy la desarticulan idénticas razones.
Las instituciones ambientalistas hoy, ejecutoras de muy buenos presupuestos y financiamientos, y de proyectos “small, green y beatifull”, con todo deforestado alrededor, prefieren mantenerse “Asépticas” y las universidades del Estado; no juegan, en este campo, ningún rol en la sociedad.
Por qué insistir en ello ante Cancún: hay una serie de contradicciones que debemos resolver, no puede Bolivia concurrir a criticar un “sistema”, un modelo económico, si localmente lo reproduce o anuncia reproducirlo. Cito ejemplos: Hace más de veinte días que se repite con insistencia, desde algunos niveles del gobierno, en eco con los sectores directamente interesados (Los empresarios agrícolas, afiliados a la CAO) que la seguridad alimentaria de los bolivianos depende de la destrucción de las tierras forestales del país; de la desaparición de la cobertura boscosa de al menos dos millones de hectáreas. Nadie entiende en Bolivia, qué entiende el gobierno central por vivir bien ni que entienden los gobiernos departamentales por desarrollo con autonomías. La agenda ambiental otra vez entre posturas moralistas frente al desarrollismo. ¿Qué cambió?
5 de noviembre de 2010
La frontera de la disputa y del Conflicto
La frontera de la disputa y del conflicto
Alicia Tejada Soruco
Argenpress
La frontera agrícola es objeto de una disputa desigual y permanente entre las múltiples realidades y visiones de actores que concurren a ella.
El mercado de la tierra no está regulado y sin embargo en este mercado han incursionado todos los actores rurales; los campesinos disputando áreas de subsistencia; los madereros su madera; los empresarios agricultores su soya, girasol o caña; los indígenas su formas de vida; los ambientalistas globalizados sus sumideros de carbono; los mineros sus cuadrículas de minerales; el Estado sus emprendimientos macro económicos; las tierras fiscales son tierras de nadie que podrán ocupar "colonos" y capitales extranjeros:
Todos en disputa contra todos, en un modelo económico en el que hay una sola regla: La cultura comercial que pre-supone la existencia de capacidades de negociación "sin distinción de clases" y de la cual inevitablemente emergen ganadores y perdedores a su turno, pero fatalmente vinculados o al capital o las relaciones con el gobierno.
Desalojos, ocupaciones de hecho; conflictos, casas y bosques quemados; deforestación de áreas no aptas para la agricultura; migraciones rurales que ensanchan cinturones de marginalidad urbana; expresan esta disputa en la que la mano invisible de la economía informal de la tierra se encarga de definir resultados. Ninguna comunidad indígena aprendió esta cultura que excede a sus mojones custodiados y a ello se deben también gran parte de los conflictos que hoy enfrentan sin protección estatal ni resguardo de sus derechos. Una cultura Institucional-formal, funcional al mercado informal embarga las voces de la diversidad de contendores en la línea roja de la frontera agrícola.
El Primer Decreto Agrario del Libertador Simón Bolívar tuvo como objeto la redistribución de tierras concentrada en pocas manos; un modelo colonial que aún no superamos; planes y programas de redistribución sin regulación del mercado. Omisión que permite la remozada re-concentración de recursos, capital y relaciones de poder, en el que las exclusiones son evidentes.
Irrefutables datos científicos expresan que ningún proceso productivo depende de la superficie de tierra disponible, pero la tierra en Bolivia, está en el mercado informal. Los precios y el valor estratégico de la tierra y de los recursos naturales renovables son tan bajos que se constituye en el mejor incentivo a la ineficiencia de los "productores" del país.
No se trata de vincular menor acceso al mercado con relaciones más formales. Se trata de la debilidad del Estado para intervenir en este mercado. Al mercado forestal acceden en condiciones de ventaja quienes acceden al capital o a estructuras de influencia estatal para negociar. Así se explica que no exista ninguna comunidad indígena con su propio aserradero o industria forestal, ni ninguna comunidad exportadora de cacao, maní o algodón nativo. Nadie les enseño a "negociar" en esta frontera.
http://www.argenpress.info/2010/10/bolivia-la-frontera-de-la-disputa-y-del.html
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Alicia Tejada Soruco
Argenpress
La frontera agrícola es objeto de una disputa desigual y permanente entre las múltiples realidades y visiones de actores que concurren a ella.
El mercado de la tierra no está regulado y sin embargo en este mercado han incursionado todos los actores rurales; los campesinos disputando áreas de subsistencia; los madereros su madera; los empresarios agricultores su soya, girasol o caña; los indígenas su formas de vida; los ambientalistas globalizados sus sumideros de carbono; los mineros sus cuadrículas de minerales; el Estado sus emprendimientos macro económicos; las tierras fiscales son tierras de nadie que podrán ocupar "colonos" y capitales extranjeros:
Todos en disputa contra todos, en un modelo económico en el que hay una sola regla: La cultura comercial que pre-supone la existencia de capacidades de negociación "sin distinción de clases" y de la cual inevitablemente emergen ganadores y perdedores a su turno, pero fatalmente vinculados o al capital o las relaciones con el gobierno.
Desalojos, ocupaciones de hecho; conflictos, casas y bosques quemados; deforestación de áreas no aptas para la agricultura; migraciones rurales que ensanchan cinturones de marginalidad urbana; expresan esta disputa en la que la mano invisible de la economía informal de la tierra se encarga de definir resultados. Ninguna comunidad indígena aprendió esta cultura que excede a sus mojones custodiados y a ello se deben también gran parte de los conflictos que hoy enfrentan sin protección estatal ni resguardo de sus derechos. Una cultura Institucional-formal, funcional al mercado informal embarga las voces de la diversidad de contendores en la línea roja de la frontera agrícola.
El Primer Decreto Agrario del Libertador Simón Bolívar tuvo como objeto la redistribución de tierras concentrada en pocas manos; un modelo colonial que aún no superamos; planes y programas de redistribución sin regulación del mercado. Omisión que permite la remozada re-concentración de recursos, capital y relaciones de poder, en el que las exclusiones son evidentes.
Irrefutables datos científicos expresan que ningún proceso productivo depende de la superficie de tierra disponible, pero la tierra en Bolivia, está en el mercado informal. Los precios y el valor estratégico de la tierra y de los recursos naturales renovables son tan bajos que se constituye en el mejor incentivo a la ineficiencia de los "productores" del país.
No se trata de vincular menor acceso al mercado con relaciones más formales. Se trata de la debilidad del Estado para intervenir en este mercado. Al mercado forestal acceden en condiciones de ventaja quienes acceden al capital o a estructuras de influencia estatal para negociar. Así se explica que no exista ninguna comunidad indígena con su propio aserradero o industria forestal, ni ninguna comunidad exportadora de cacao, maní o algodón nativo. Nadie les enseño a "negociar" en esta frontera.
http://www.argenpress.info/2010/10/bolivia-la-frontera-de-la-disputa-y-del.html
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Jugando con fuego
JUGANDO CON FUEGO: URANIO Y ENERGIA NUCLEAR EN BOLIVIA
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
Como en otros casos, la proyectiva de uso de energía nuclear en Bolivia, no es nueva y ya había sido planteada en los años 70, cuando no se conocía mucho de los riesgos y de las relaciones costo/beneficio de este tipo de energía. El año 2007 el IBTEN sacó a discusión el tema de la existencia de uranio en Potosí, la potencialidad de su uso y la generación de energía nuclear. A inicios del año 2008, algunos analistas económicos trataban de mostrar las potencialidades de la implementación de reactores nucleares en Bolivia. Dichos análisis apenas mencionaban el tema de la amenaza ambiental y se abocaban a ponderar las probables bondades técnicas y económicas del uso de una energía, que además de ser cara en su producción, implica las peores pesadillas de riesgo ambiental y social imaginables. Entonces, ya se argumentaba con emular lo que otros países en la región han realizado (Brasil, Argentina) desde luego obviando la gravedad de los temas socio-ambientales que enfrentan, por ejemplo, la Argentina en Malargue. De cualquier forma, estamos siempre en la tónica de procurar copiar lo peor. Es difícil entender hasta donde puede llegar la obsesión del desarrollismo, parecería que es muy difícil en el imaginario tecnológico del país, pensar en energías sanas y ecológicas, como la energía eólica o la solar.
El año 2010, se tornó más crítica la ruleta rusa energética que vive el país y que ya incluía las peores opciones, como megaproyectos hidroeléctricos o geotermia y exploración petrolera en áreas protegidas; esta vez se ha cargado el revolver con la energía nuclear. El epicentro de la amenaza nuclear en Bolivia, parecer ser la región norte del departamento de Potosí.
Nuestra lógica de país productor de materias primas, inmerso en el modelo del extractivismo más básico (una economía de base estrecha), nos impide visualizar los riesgos que implica abrir esta puerta. El año 2009, se percibía una vez mas, que en las oficinas del Estado y analistas del sector, no existía conciencia sobre la gravedad sobre el uso de la energía nuclear, al contrario el tema era recibido con beneplácito y un gran optimismo mercantilista. Es posible que las decisiones asumidas el año 2010, desde los cargos más altos del Estado a favor de la energía nuclear, obedecieran además de situaciones eminentemente de política internacional, a una suerte de reacción de pánico ante la eventual reducción de las reservas de gas y la merma de horizontes energéticos boyantes.
Al considerar la energía nuclear y su base que es el uranio, lo primero que se debe tener en mente, es que no estamos hablando de minerales como estaño, plomo o zinc, los cuales a pesar del riesgo inherente por ser metales pesados, no representan los riesgos del uranio. El uranio es un mineral radiactivo y a pesar de encontrarse en general en bajas concentraciones, explotación y procesamiento, significan un riesgo mucho mayor que cualquier otro mineral. Parece que nuestros sueños poco meditados de desarrollo a ultranza, parecen conducirnos cada vez más a aventuras productivas cada cual más riesgosa, donde el principio precautorio y los recaudos ambientales y sociales (salud principalmente) siguen brillando por su ausencia.
Es importante recordar, que entre los más peligrosos acercamientos diplomáticos que viene realizando el actual gobierno, no solo está Irán, que se ha destacado por su marcado apego a jugar con la energía nuclear, sino que también está Rusia. Casi a inicios del 2010 (El Deber, abril 2010) se mencionaba la “buena voluntad” del gobierno de Rusia ofrecía a la administración de Evo Morales la instalación de una planta nuclear y hasta de misiles, en el marco de una nueva etapa de relación bilateral, buscando en apariencia, convertir a Bolivia en la punta de lanza para avanzar y afianzar su influencia en la región. (Noticias Bolivia/http//boliviabb.com, 18 abril 2010; www.cbh.org.bo, mayo 2010). Por su parte, la nueva gestión presidencial de Chile ha manifestado las buenas perspectivas de recurrir a la energía nuclear, lo cual implica mayores riesgos de operaciones mineras en torno al uranio en la región.
A claras vistas, los tomadores de decisión de nuestro país, ignoran lo que viene ocurriendo en materia de contaminación por mineración y procesamiento de uranio en diversas regiones del planeta: España (Salamanca), Argentina (Sierra Pintada), Canadá (Elliot Lake, Algom River), Australia (Ranger, Jabiluka), Irán (Natanz). Desde luego, tampoco se han tomado la molestia de revisar el largo legajo de accidentes graves en plantas de generación de energía nuclear o en manipulación de materiales radiactivos en el mundo en los últimos 30 años, sin mencionar a Chernovil en Ucrania, que es muy conocido: España (Almería-Palomares, Tarragona-Vandellós II), Inglaterra (Windscale), Argentina (Buenos Aires-RA2, Embalse), Brasil (Goiania), Alemania (Hamburgo-Krümmel, Wergassen), Eslovenia (Krsko), Rusia (Siberia Tomsk-7, Balakovo), Solvakia (Bohonice), Lituania (Iganlina), Bulgaria (Kozlodoy), Francia (Román -Sur Isère, Areva-Tricastin), China (Zhejiang), Iran (Racht), Estado Unidos (Three miles Island, Buchanan-CON Edison), Canada (Chalk River), Corea del sur (Wolsung), India (Mayapuri, Hyderabad), Japón (Tsuruga, Tokaimura, Mihama). En todos estos casos existen fuertes evidencias de severas afectaciones a la salud de las poblaciones afectadas, siendo los casos mas graves, la incidencia anormal de casos de cáncer y mal formaciones congénitas graves.
Una de las formas más comunes de justificar la explotación y procesamiento del uranio, ha sido invocar el uso con fines pacíficos (producción de energía, medicina, industria). Independientemente de su uso, que bien puede ser para fines no bélicos, la producción y procesamiento de uranio, conlleva una enorme carga de impactos y riesgos ambientales y sociales, que minimizan las buenas intenciones de su producción. Tampoco tiene mucho sustento lógico argumentar, que si otros países han adoptado una producción energética nuclear, nosotros también estamos en nuestro derecho de hacerlo, pues equivale a decir que, si otros países viven bajo la amenaza de accidentes nucleares y soportan una fuerte contaminación de muy alto riesgo, nosotros también podemos ir por ese camino. Otra forma común de justificar el uso de la energía nuclear, es argüir, que es una energía limpia, apelando a las menores emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si se toman en cuenta los efectos de una contaminación especialmente peligrosa en todas sus etapas, el carácter “limpio” llega a ser solo una palabra.
El uranio en la naturaleza se presenta en muy bajas concentraciones (unas pocas o ppm) en rocas, tierras, agua y los seres vivos. Para su uso, el uranio debe ser extraído y concentrado a partir de minerales que lo contienen como por ejemplo la uranita, tantalita y la pechblenda. Las rocas son tratadas químicamente para separar el uranio, convirtiéndolo en compuestos químicos de uranio. El residuo se denomina estéril. Esos estériles contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el radio, el torio o el potasio. El uranio natural está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (U-238), uranio-235 (U-235) y uranio-234 (U-234), todos ellos emiten radiación por la inestabilidad de sus núcleos atómicos.
El U-235 se utiliza como combustible en centrales nucleares y en algunos diseños de armamento nuclear. Para producir combustible, el uranio natural es separado en dos porciones. La porción combustible tiene más U-235 que lo normal, denominándose uranio enriquecido, mientras que la porción sobrante, con menos U-235 que lo normal, se llama uranio empobrecido. El uranio natural, enriquecido o empobrecido es químicamente idéntico
El ciclo de un combustible nuclear empieza en minas, comúnmente en yacimientos derivados de pecblendas (tipo de roca rica en zinc y azufre). El mineral es triturado y pulverizado, luego se procede a obtener la “torta amarilla” (“yellow cake”) una mezcla de óxidos de uranios que es la base para el núcleo del reactor y la reacción en cadena. Después de la obtención de la “torta” (80% de uranio) quedan 100 veces su peso en arenas residuales o colas y miles de litros de líquidos residuales, todos estos residuos son químicamente tóxicos y radiactivos.
El uranio empobrecido es el menos radiactivo y el enriquecido el más radiactivo. A parte de la radiación emitida y el riesgo de cáncer, el uranio en cualquiera de sus formas (natural, enriquecido o empobrecido), al ser un metal pesado, posee toxicidad, pudiendo afectar especialmente al sistema renal.
Una mina que produce unas 1.000 toneladas de uranio al año, deja 250.000 toneladas anuales de colas radiactivas. En general por cada kilogramo de uranio procesado se genera una tonelada de residuos altamente radiactivos con abundancia de radio 226, torio 234 y gas radón. Uno de los grandes problemas de los países que apuestan por la energía nuclear, es el destino de los residuos, que son de alta peligrosidad, ya que su disposición final además de ser muy costosa, también comprende riesgos de fugas.
Cualquier actividad que produzca o use materiales radioactivos, como el uranio, genera desechos y residuos nucleares. La minería nuclear, los procesamientos, y la generación de energía nucleoeléctrica, producen subproductos en forma de residuos y desechos radioactivos, los cuales emiten radiación ionizante, potencialmente dañina para las células y por tanto para la salud y la vida. La basura radioactiva puede encontrarse en forma gaseosa, líquida o sólida y su nivel de radioactividad varía. En las zonas de mineración de uranio, los polvos con material radiactivo que son inhalados por operarios y gente local, son la fuente más probable del alto número de casos de cáncer de pulmón.
Tanto las radiaciones ionizantes de alta intensidad, como las de baja intensidad, pueden modificar la genética del cuerpo humano, ocasionando crecimiento de tumores, problemas tiroidales, daños al sistema inmunológico, defectos de nacimiento, problemas cutáneos, y diversas disfunciones gástricas, renales, hepáticas, daño neurológico, leucemia, cáncer y muerte. El riesgo que corre una mujer, expuesta a una fuente radioactiva es de casi el doble del que corre un hombre en iguales circunstancias. También son muy elevados los riesgos de teratogenia o mal formación placentaria, en el período de gestación. Los niños lactantes son hasta cuarenta veces más sensibles que los adultos porque sus células se dividen más rápidamente y su sistema inmunológico aún está inmaduro.
Un informe preparado por la Asociación Médica de British Columbia (Canadá), advierte que, debido a la desintegración o decaimiento de materiales radiactivos como radio y torio en los depósitos de desperdicio de las minas de uranio, se producen un incremento gradual de emisores de gas radón al ambiente por miles de años, convirtiendo el área de 10 Km. a la redonda de dichas parvas, en un lugar significativamente riesgoso para la salud y potencialmente inhabitable.
En la Argentina ya existen serios problemas de colas radiactivas en las zonas de Sierra Pintada y Malargue en Mendoza. Nunca se realizó la remediación, los residuos generados siguen en Sierra Pintada: 1.700.000 toneladas de colas de uranio, 5.340 tambores comunes (algunos enterrados en trincheras comunes con tierra encima y otros directamente a la interperie); 1.200.000 tn de agua contaminada (agua de lixiviación del proceso de extracción) con materiales radiactivos, metales pesados y ácidos fuertes, ubicada en las canteras y diques de evaporación. Hay que sumarle los residuos ubicados a 1.000 metros del centro de la ciudad de Malargüe: 700.000 tn de colas de uranio y el abandono de 19.500 m3 de estériles de explotación y 2.500 m3 de marginales, en los alrededores de la mina Hüemul en Malargüe.
En cuanto a la ventaja económica de producir energía con base a fuentes nucleares, es importante comprender los alcances y la relación de costo de producción de la energía nuclear y no caer en figuras demagógicas que ignoran la realidad y que hablan de producir “50 veces” más energía que la actual oferta del Sistema Interconectado Nacional (aprox. 1.000 MW). Tanto en el Brasil como en la Argentina la construcción de las plantas de energía nuclear Angra o Atucha, han sido puestos en un profundo debate, no solo por las enormes implicancias de riesgo ambiental, sino por lo oneroso en términos de costo/beneficio. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las millonarias plantas nucleares Angra, con un costo total más de 6000 millones de dólares cada una en promedio, solo ofertan entre 600 y 1300 MW, esto es un 4 % del total de energía producida en el Brasil. La energía nuclear es una energía cara, su producción implica entre 0.5 a 0.8 $US por kWh generado, más cara incluso que la geotérmica (0.1 $US por kWh) y no comparable, desde luego, con energía térmica en base a gas, cuyo costo promedio es de unos 0.045 $US por kWh.
Algo que debería tener relación con la decisión gubernamental de fines del 2010, es que a fines del 2009, se anunció la prospección de uranio en la zona del cerro Cotaje, proceso impulsado por la entonces Prefectura de Potosí y con asignación de un presupuesto superior a los 2 millones de bolivianos. El año 2010 se realizaron otras prospecciones en dicha región, con participación de oficinas técnicas del sector minero del nivel central. Los resultados dados a conocer oficialmente a la prensa a fines del 2010 (La Patria, 10 octubre 2010), mencionan que dichas prospecciones resultaron un fracaso, puesto que solo se encontraron indicios no significativos del mineral. Esto llama mucho la atención, pues se conoce por información de prensa vertida por el propio Director Nacional de Minería (La Razón, 26 mayo 2009) que, “en la década de los 80, en la localidad de Cotaje, en Potosí, se explotó uranio en bajas cantidades (cinco toneladas por mes) bajo la cobertura del IBTEN y que incluso se llegó a producir cierta cantidad de material concentrado, denominado “torta amarilla”, y del cual nunca se puso su destino y razón.
¿Si no existe uranio explotable en la zona entre Potosí y Oruro, identificada hasta ahora como la de mayor potencialidad y con antecedentes de producción, entonces a que vienen los acercamientos oficiales con Irán y los anuncios de contar con su apoyo en materia de desarrollo de energía nuclear en el país, precisamente en Potosí? Podríamos suponer varias cosas: que es otro sinsentido político, que hay uranio en otras regiones y no se ha dado a conocer, o en el peor de los casos, que sí existe uranio en Cotaje y que las oficinas de minería están ocultando información por razones estratégicas. Sin embargo, en materia de uranio y energía nuclear, es necesaria la mayor transparencia posible, no se puede realizar un manejo discrecional de la información u obviar la aplicación de los instrumentos y medidas de regulación y control más estrictos previstos en la normativa ambiental. Tenemos como un mal antecedente, las “operaciones piloto” de litio en el Salar de Uyuni y el anuncio del arranque de operaciones industriales, sin conocimiento de que exista una Ficha ambiental o la aplicación de los otros instrumentos de regulación previstos en la normativa, ello a pesar de que ya existe una afectación considerable al Salar en las zonas adyacentes a la boca del Río grande de Lípez.
Todo esto demuestra que la gestión ambiental en el país, sigue siendo la quinta o sexta rueda del carro; bajo dicha condición, cualquier operación minera o energética importante, reviste muy alto riesgo, mucho más cuando se trata del uranio y energía nuclear. Este retroceso hace que los discursos de protección de la Madre Tierra, hayan quedado más vacíos y carentes de sentido como nunca antes.
Fuentes
AVELLANEDA,A.C. 2007. Gestión ambiental y Planificación del Desarrollo. El sujeto ambiental y los conflictos ecológicos distribuitivos. ECOE Eds. Bogota, Colombia. 304 p.
DAVIS,M,L., MASTEN,S. 2005. Ingeniería y Ciencias ambientales, McGrawHill Eds. México DF. 750 p
KECHICHIAN,G. 1997. Educación Ambiental. Una propuesta para la acción en la escuela. Ed. SANTILLANA. Buenos Aires, Argentina. 255 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
GARCIA,Y.P.L. 2001. Tecnologías energéticas e Impacto ambiental. MacGrawHill. Madrid. España. 680 p.
GARCÍA,E. 2005. Medio Ambiente y Sociedad. La civilización industrial y los límites del crecimiento. ALIANZA Ed. Madrid, España. 356 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
OPS. 2000. La salud y el Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Pub. Cientif. Nº 572. 281 p.
RIBERA, A. M. O. 2008. Problemas socio ambientales de la minería en Bolivia. Estudio de caso Nº 3. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 118 p.
Páginas electrónicas consultadas
www.ecoportal.net
www.greenpeace.org
www.ambientum.com
www.ambiental.net
www.panoramaenergético.com
www.greenfacts.org
www.accion-energia.com
www.ecoportal.net
www.foronuclear.org
www.ambiental.net
www.noalamina.org
www.nonuclear.org.ar
www.proteger.ar
mendozacontaminada.blogspot.com
www.eco-sitio.com.ar
www.ambientum.com
www.ops.org.bo
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
Como en otros casos, la proyectiva de uso de energía nuclear en Bolivia, no es nueva y ya había sido planteada en los años 70, cuando no se conocía mucho de los riesgos y de las relaciones costo/beneficio de este tipo de energía. El año 2007 el IBTEN sacó a discusión el tema de la existencia de uranio en Potosí, la potencialidad de su uso y la generación de energía nuclear. A inicios del año 2008, algunos analistas económicos trataban de mostrar las potencialidades de la implementación de reactores nucleares en Bolivia. Dichos análisis apenas mencionaban el tema de la amenaza ambiental y se abocaban a ponderar las probables bondades técnicas y económicas del uso de una energía, que además de ser cara en su producción, implica las peores pesadillas de riesgo ambiental y social imaginables. Entonces, ya se argumentaba con emular lo que otros países en la región han realizado (Brasil, Argentina) desde luego obviando la gravedad de los temas socio-ambientales que enfrentan, por ejemplo, la Argentina en Malargue. De cualquier forma, estamos siempre en la tónica de procurar copiar lo peor. Es difícil entender hasta donde puede llegar la obsesión del desarrollismo, parecería que es muy difícil en el imaginario tecnológico del país, pensar en energías sanas y ecológicas, como la energía eólica o la solar.
El año 2010, se tornó más crítica la ruleta rusa energética que vive el país y que ya incluía las peores opciones, como megaproyectos hidroeléctricos o geotermia y exploración petrolera en áreas protegidas; esta vez se ha cargado el revolver con la energía nuclear. El epicentro de la amenaza nuclear en Bolivia, parecer ser la región norte del departamento de Potosí.
Nuestra lógica de país productor de materias primas, inmerso en el modelo del extractivismo más básico (una economía de base estrecha), nos impide visualizar los riesgos que implica abrir esta puerta. El año 2009, se percibía una vez mas, que en las oficinas del Estado y analistas del sector, no existía conciencia sobre la gravedad sobre el uso de la energía nuclear, al contrario el tema era recibido con beneplácito y un gran optimismo mercantilista. Es posible que las decisiones asumidas el año 2010, desde los cargos más altos del Estado a favor de la energía nuclear, obedecieran además de situaciones eminentemente de política internacional, a una suerte de reacción de pánico ante la eventual reducción de las reservas de gas y la merma de horizontes energéticos boyantes.
Al considerar la energía nuclear y su base que es el uranio, lo primero que se debe tener en mente, es que no estamos hablando de minerales como estaño, plomo o zinc, los cuales a pesar del riesgo inherente por ser metales pesados, no representan los riesgos del uranio. El uranio es un mineral radiactivo y a pesar de encontrarse en general en bajas concentraciones, explotación y procesamiento, significan un riesgo mucho mayor que cualquier otro mineral. Parece que nuestros sueños poco meditados de desarrollo a ultranza, parecen conducirnos cada vez más a aventuras productivas cada cual más riesgosa, donde el principio precautorio y los recaudos ambientales y sociales (salud principalmente) siguen brillando por su ausencia.
Es importante recordar, que entre los más peligrosos acercamientos diplomáticos que viene realizando el actual gobierno, no solo está Irán, que se ha destacado por su marcado apego a jugar con la energía nuclear, sino que también está Rusia. Casi a inicios del 2010 (El Deber, abril 2010) se mencionaba la “buena voluntad” del gobierno de Rusia ofrecía a la administración de Evo Morales la instalación de una planta nuclear y hasta de misiles, en el marco de una nueva etapa de relación bilateral, buscando en apariencia, convertir a Bolivia en la punta de lanza para avanzar y afianzar su influencia en la región. (Noticias Bolivia/http//boliviabb.com, 18 abril 2010; www.cbh.org.bo, mayo 2010). Por su parte, la nueva gestión presidencial de Chile ha manifestado las buenas perspectivas de recurrir a la energía nuclear, lo cual implica mayores riesgos de operaciones mineras en torno al uranio en la región.
A claras vistas, los tomadores de decisión de nuestro país, ignoran lo que viene ocurriendo en materia de contaminación por mineración y procesamiento de uranio en diversas regiones del planeta: España (Salamanca), Argentina (Sierra Pintada), Canadá (Elliot Lake, Algom River), Australia (Ranger, Jabiluka), Irán (Natanz). Desde luego, tampoco se han tomado la molestia de revisar el largo legajo de accidentes graves en plantas de generación de energía nuclear o en manipulación de materiales radiactivos en el mundo en los últimos 30 años, sin mencionar a Chernovil en Ucrania, que es muy conocido: España (Almería-Palomares, Tarragona-Vandellós II), Inglaterra (Windscale), Argentina (Buenos Aires-RA2, Embalse), Brasil (Goiania), Alemania (Hamburgo-Krümmel, Wergassen), Eslovenia (Krsko), Rusia (Siberia Tomsk-7, Balakovo), Solvakia (Bohonice), Lituania (Iganlina), Bulgaria (Kozlodoy), Francia (Román -Sur Isère, Areva-Tricastin), China (Zhejiang), Iran (Racht), Estado Unidos (Three miles Island, Buchanan-CON Edison), Canada (Chalk River), Corea del sur (Wolsung), India (Mayapuri, Hyderabad), Japón (Tsuruga, Tokaimura, Mihama). En todos estos casos existen fuertes evidencias de severas afectaciones a la salud de las poblaciones afectadas, siendo los casos mas graves, la incidencia anormal de casos de cáncer y mal formaciones congénitas graves.
Una de las formas más comunes de justificar la explotación y procesamiento del uranio, ha sido invocar el uso con fines pacíficos (producción de energía, medicina, industria). Independientemente de su uso, que bien puede ser para fines no bélicos, la producción y procesamiento de uranio, conlleva una enorme carga de impactos y riesgos ambientales y sociales, que minimizan las buenas intenciones de su producción. Tampoco tiene mucho sustento lógico argumentar, que si otros países han adoptado una producción energética nuclear, nosotros también estamos en nuestro derecho de hacerlo, pues equivale a decir que, si otros países viven bajo la amenaza de accidentes nucleares y soportan una fuerte contaminación de muy alto riesgo, nosotros también podemos ir por ese camino. Otra forma común de justificar el uso de la energía nuclear, es argüir, que es una energía limpia, apelando a las menores emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si se toman en cuenta los efectos de una contaminación especialmente peligrosa en todas sus etapas, el carácter “limpio” llega a ser solo una palabra.
El uranio en la naturaleza se presenta en muy bajas concentraciones (unas pocas o ppm) en rocas, tierras, agua y los seres vivos. Para su uso, el uranio debe ser extraído y concentrado a partir de minerales que lo contienen como por ejemplo la uranita, tantalita y la pechblenda. Las rocas son tratadas químicamente para separar el uranio, convirtiéndolo en compuestos químicos de uranio. El residuo se denomina estéril. Esos estériles contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el radio, el torio o el potasio. El uranio natural está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (U-238), uranio-235 (U-235) y uranio-234 (U-234), todos ellos emiten radiación por la inestabilidad de sus núcleos atómicos.
El U-235 se utiliza como combustible en centrales nucleares y en algunos diseños de armamento nuclear. Para producir combustible, el uranio natural es separado en dos porciones. La porción combustible tiene más U-235 que lo normal, denominándose uranio enriquecido, mientras que la porción sobrante, con menos U-235 que lo normal, se llama uranio empobrecido. El uranio natural, enriquecido o empobrecido es químicamente idéntico
El ciclo de un combustible nuclear empieza en minas, comúnmente en yacimientos derivados de pecblendas (tipo de roca rica en zinc y azufre). El mineral es triturado y pulverizado, luego se procede a obtener la “torta amarilla” (“yellow cake”) una mezcla de óxidos de uranios que es la base para el núcleo del reactor y la reacción en cadena. Después de la obtención de la “torta” (80% de uranio) quedan 100 veces su peso en arenas residuales o colas y miles de litros de líquidos residuales, todos estos residuos son químicamente tóxicos y radiactivos.
El uranio empobrecido es el menos radiactivo y el enriquecido el más radiactivo. A parte de la radiación emitida y el riesgo de cáncer, el uranio en cualquiera de sus formas (natural, enriquecido o empobrecido), al ser un metal pesado, posee toxicidad, pudiendo afectar especialmente al sistema renal.
Una mina que produce unas 1.000 toneladas de uranio al año, deja 250.000 toneladas anuales de colas radiactivas. En general por cada kilogramo de uranio procesado se genera una tonelada de residuos altamente radiactivos con abundancia de radio 226, torio 234 y gas radón. Uno de los grandes problemas de los países que apuestan por la energía nuclear, es el destino de los residuos, que son de alta peligrosidad, ya que su disposición final además de ser muy costosa, también comprende riesgos de fugas.
Cualquier actividad que produzca o use materiales radioactivos, como el uranio, genera desechos y residuos nucleares. La minería nuclear, los procesamientos, y la generación de energía nucleoeléctrica, producen subproductos en forma de residuos y desechos radioactivos, los cuales emiten radiación ionizante, potencialmente dañina para las células y por tanto para la salud y la vida. La basura radioactiva puede encontrarse en forma gaseosa, líquida o sólida y su nivel de radioactividad varía. En las zonas de mineración de uranio, los polvos con material radiactivo que son inhalados por operarios y gente local, son la fuente más probable del alto número de casos de cáncer de pulmón.
Tanto las radiaciones ionizantes de alta intensidad, como las de baja intensidad, pueden modificar la genética del cuerpo humano, ocasionando crecimiento de tumores, problemas tiroidales, daños al sistema inmunológico, defectos de nacimiento, problemas cutáneos, y diversas disfunciones gástricas, renales, hepáticas, daño neurológico, leucemia, cáncer y muerte. El riesgo que corre una mujer, expuesta a una fuente radioactiva es de casi el doble del que corre un hombre en iguales circunstancias. También son muy elevados los riesgos de teratogenia o mal formación placentaria, en el período de gestación. Los niños lactantes son hasta cuarenta veces más sensibles que los adultos porque sus células se dividen más rápidamente y su sistema inmunológico aún está inmaduro.
Un informe preparado por la Asociación Médica de British Columbia (Canadá), advierte que, debido a la desintegración o decaimiento de materiales radiactivos como radio y torio en los depósitos de desperdicio de las minas de uranio, se producen un incremento gradual de emisores de gas radón al ambiente por miles de años, convirtiendo el área de 10 Km. a la redonda de dichas parvas, en un lugar significativamente riesgoso para la salud y potencialmente inhabitable.
En la Argentina ya existen serios problemas de colas radiactivas en las zonas de Sierra Pintada y Malargue en Mendoza. Nunca se realizó la remediación, los residuos generados siguen en Sierra Pintada: 1.700.000 toneladas de colas de uranio, 5.340 tambores comunes (algunos enterrados en trincheras comunes con tierra encima y otros directamente a la interperie); 1.200.000 tn de agua contaminada (agua de lixiviación del proceso de extracción) con materiales radiactivos, metales pesados y ácidos fuertes, ubicada en las canteras y diques de evaporación. Hay que sumarle los residuos ubicados a 1.000 metros del centro de la ciudad de Malargüe: 700.000 tn de colas de uranio y el abandono de 19.500 m3 de estériles de explotación y 2.500 m3 de marginales, en los alrededores de la mina Hüemul en Malargüe.
En cuanto a la ventaja económica de producir energía con base a fuentes nucleares, es importante comprender los alcances y la relación de costo de producción de la energía nuclear y no caer en figuras demagógicas que ignoran la realidad y que hablan de producir “50 veces” más energía que la actual oferta del Sistema Interconectado Nacional (aprox. 1.000 MW). Tanto en el Brasil como en la Argentina la construcción de las plantas de energía nuclear Angra o Atucha, han sido puestos en un profundo debate, no solo por las enormes implicancias de riesgo ambiental, sino por lo oneroso en términos de costo/beneficio. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las millonarias plantas nucleares Angra, con un costo total más de 6000 millones de dólares cada una en promedio, solo ofertan entre 600 y 1300 MW, esto es un 4 % del total de energía producida en el Brasil. La energía nuclear es una energía cara, su producción implica entre 0.5 a 0.8 $US por kWh generado, más cara incluso que la geotérmica (0.1 $US por kWh) y no comparable, desde luego, con energía térmica en base a gas, cuyo costo promedio es de unos 0.045 $US por kWh.
Algo que debería tener relación con la decisión gubernamental de fines del 2010, es que a fines del 2009, se anunció la prospección de uranio en la zona del cerro Cotaje, proceso impulsado por la entonces Prefectura de Potosí y con asignación de un presupuesto superior a los 2 millones de bolivianos. El año 2010 se realizaron otras prospecciones en dicha región, con participación de oficinas técnicas del sector minero del nivel central. Los resultados dados a conocer oficialmente a la prensa a fines del 2010 (La Patria, 10 octubre 2010), mencionan que dichas prospecciones resultaron un fracaso, puesto que solo se encontraron indicios no significativos del mineral. Esto llama mucho la atención, pues se conoce por información de prensa vertida por el propio Director Nacional de Minería (La Razón, 26 mayo 2009) que, “en la década de los 80, en la localidad de Cotaje, en Potosí, se explotó uranio en bajas cantidades (cinco toneladas por mes) bajo la cobertura del IBTEN y que incluso se llegó a producir cierta cantidad de material concentrado, denominado “torta amarilla”, y del cual nunca se puso su destino y razón.
¿Si no existe uranio explotable en la zona entre Potosí y Oruro, identificada hasta ahora como la de mayor potencialidad y con antecedentes de producción, entonces a que vienen los acercamientos oficiales con Irán y los anuncios de contar con su apoyo en materia de desarrollo de energía nuclear en el país, precisamente en Potosí? Podríamos suponer varias cosas: que es otro sinsentido político, que hay uranio en otras regiones y no se ha dado a conocer, o en el peor de los casos, que sí existe uranio en Cotaje y que las oficinas de minería están ocultando información por razones estratégicas. Sin embargo, en materia de uranio y energía nuclear, es necesaria la mayor transparencia posible, no se puede realizar un manejo discrecional de la información u obviar la aplicación de los instrumentos y medidas de regulación y control más estrictos previstos en la normativa ambiental. Tenemos como un mal antecedente, las “operaciones piloto” de litio en el Salar de Uyuni y el anuncio del arranque de operaciones industriales, sin conocimiento de que exista una Ficha ambiental o la aplicación de los otros instrumentos de regulación previstos en la normativa, ello a pesar de que ya existe una afectación considerable al Salar en las zonas adyacentes a la boca del Río grande de Lípez.
Todo esto demuestra que la gestión ambiental en el país, sigue siendo la quinta o sexta rueda del carro; bajo dicha condición, cualquier operación minera o energética importante, reviste muy alto riesgo, mucho más cuando se trata del uranio y energía nuclear. Este retroceso hace que los discursos de protección de la Madre Tierra, hayan quedado más vacíos y carentes de sentido como nunca antes.
Fuentes
AVELLANEDA,A.C. 2007. Gestión ambiental y Planificación del Desarrollo. El sujeto ambiental y los conflictos ecológicos distribuitivos. ECOE Eds. Bogota, Colombia. 304 p.
DAVIS,M,L., MASTEN,S. 2005. Ingeniería y Ciencias ambientales, McGrawHill Eds. México DF. 750 p
KECHICHIAN,G. 1997. Educación Ambiental. Una propuesta para la acción en la escuela. Ed. SANTILLANA. Buenos Aires, Argentina. 255 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
GARCIA,Y.P.L. 2001. Tecnologías energéticas e Impacto ambiental. MacGrawHill. Madrid. España. 680 p.
GARCÍA,E. 2005. Medio Ambiente y Sociedad. La civilización industrial y los límites del crecimiento. ALIANZA Ed. Madrid, España. 356 p.
GUDYNAS 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
OPS. 2000. La salud y el Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Pub. Cientif. Nº 572. 281 p.
RIBERA, A. M. O. 2008. Problemas socio ambientales de la minería en Bolivia. Estudio de caso Nº 3. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 118 p.
Páginas electrónicas consultadas
www.ecoportal.net
www.greenpeace.org
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12 de octubre de 2010
Mortandad de peces, el deber, julio 2010
René David Moreno
Una gran mortandad de peces se ha producido en los ríos Grande y Piraí, según indicaron varios testigos. Peces pequeños, medianos y grandes de hasta un metro de largo, han muerto por el frío polar que llegó a Santa Cruz hace algunos días.
Rafael Paz, agropecuario que tiene su propiedad al borde del Río Grande, dijo que lo que se ve en el agua es un ‘desastre’ porque en decenas de kilómetros están diseminados miles de estos animales acuáticos que flotan inertes en el agua.
“Yo creo que por lo menos han muerto entre un 80% y un 90% de los peces. Incluso han muerto petas (tortugas de agua) y lagartos. Es un desastre total, es una cosa que no se puede explicar. Desde la década de los 70 que estoy por esa zona y nunca se ha visto una cosa así”, expresó alarmado, al mostrar una filmación que atestigua el hecho.
Juan Pablo Áñez también observó el desastre y tomó fotografías de lo sucedido ayer al mediodía en la zona de Yuquises.
El lugar por donde se puede observar el desastre es la parte norte del municipio de San Pedro, provincia Obispo Santistevan.
Según Paz, en el termómetro que tiene en su propiedad, la temperatura estuvo en cero grado, por lo que el agua se enfrió completamente, y se cree que las bajas temperaturas produjeron la mortandad y no otro tipo de situaciones.
Desde San Pedro, el médico Liborio Soto dijo que efectivamente desde hace unos días que los peces han muerto en gran cantidad no sólo en el Río Grande, sino también en el río Piraí. “La mortandad es asombrosa, no se puede creer”, e indicó que en los criaderos de la zona también los peces han perecido.
Mencionó que mucha gente está sacando pacú, surubí, bogas, entre otras especies y que los están comercializando en poblaciones del norte cruceño.
Soto recomendó a los pobladores de las comunidades vecinas no consumir peces que ya estén con mal olor o que tengan las escamas pegajosas, porque su consumo puede traer problemas gastrointestinales.
Asimismo, los piscicultores han hecho conocer que miles de peces han muerto en los criaderos producto del intenso frío que hubo.
El responsable del área de Biodiversidad de la Gobernación, Francisco Aguilera, que verificó en el lugar la mortandad, dijo que en los mercados de la ciudad se va a ejercer mayor control en la venta de pescados.
Beni mantiene la alerta por la sequía
Pese a que el informe oficial del Ministerio de Desarrollo Rural considera que los daños por eventos climáticos son magnificados en los medios de comunicación, las regiones reportan sus daños y se mantienen alertas.
El secretario de la Gobernación de Beni, Carlos Dellien, dijo que las lluvias caídas en esta última semana han paliado un poco el tema de la sequía, pero se mantiene la alerta naranja en ese departamento, porque eso no garantiza que la situación se haya revertido. Están preparando un informe para determinar las pérdidas que han tenido, principalmente el sector ganadero, que suele ser el más afectado.
Los municipios de San Borja, Santa Rosa y Reyes del departamento beniano están afectados a causa del fenómeno de la sequía, que provocó la desaparición de pasto verde y flujos de agua.
El subgobernador de la provincia Ballivián, Luis Núñez Moreno, afirmó que la sequía genera incertidumbre y preocupación en la actividad ganadera y agrícola, pues desde hace más de tres meses que no llueve.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, declaró a la agencia ABI que se están realizando gestiones para enviar alimentos a las familias afectadas a la localidad de Caracoles, en La Paz, que sufrió una intensa nevada hace una semana, y se está levantando un informe de los daños. /CD
Una gran mortandad de peces se ha producido en los ríos Grande y Piraí, según indicaron varios testigos. Peces pequeños, medianos y grandes de hasta un metro de largo, han muerto por el frío polar que llegó a Santa Cruz hace algunos días.
Rafael Paz, agropecuario que tiene su propiedad al borde del Río Grande, dijo que lo que se ve en el agua es un ‘desastre’ porque en decenas de kilómetros están diseminados miles de estos animales acuáticos que flotan inertes en el agua.
“Yo creo que por lo menos han muerto entre un 80% y un 90% de los peces. Incluso han muerto petas (tortugas de agua) y lagartos. Es un desastre total, es una cosa que no se puede explicar. Desde la década de los 70 que estoy por esa zona y nunca se ha visto una cosa así”, expresó alarmado, al mostrar una filmación que atestigua el hecho.
Juan Pablo Áñez también observó el desastre y tomó fotografías de lo sucedido ayer al mediodía en la zona de Yuquises.
El lugar por donde se puede observar el desastre es la parte norte del municipio de San Pedro, provincia Obispo Santistevan.
Según Paz, en el termómetro que tiene en su propiedad, la temperatura estuvo en cero grado, por lo que el agua se enfrió completamente, y se cree que las bajas temperaturas produjeron la mortandad y no otro tipo de situaciones.
Desde San Pedro, el médico Liborio Soto dijo que efectivamente desde hace unos días que los peces han muerto en gran cantidad no sólo en el Río Grande, sino también en el río Piraí. “La mortandad es asombrosa, no se puede creer”, e indicó que en los criaderos de la zona también los peces han perecido.
Mencionó que mucha gente está sacando pacú, surubí, bogas, entre otras especies y que los están comercializando en poblaciones del norte cruceño.
Soto recomendó a los pobladores de las comunidades vecinas no consumir peces que ya estén con mal olor o que tengan las escamas pegajosas, porque su consumo puede traer problemas gastrointestinales.
Asimismo, los piscicultores han hecho conocer que miles de peces han muerto en los criaderos producto del intenso frío que hubo.
El responsable del área de Biodiversidad de la Gobernación, Francisco Aguilera, que verificó en el lugar la mortandad, dijo que en los mercados de la ciudad se va a ejercer mayor control en la venta de pescados.
Beni mantiene la alerta por la sequía
Pese a que el informe oficial del Ministerio de Desarrollo Rural considera que los daños por eventos climáticos son magnificados en los medios de comunicación, las regiones reportan sus daños y se mantienen alertas.
El secretario de la Gobernación de Beni, Carlos Dellien, dijo que las lluvias caídas en esta última semana han paliado un poco el tema de la sequía, pero se mantiene la alerta naranja en ese departamento, porque eso no garantiza que la situación se haya revertido. Están preparando un informe para determinar las pérdidas que han tenido, principalmente el sector ganadero, que suele ser el más afectado.
Los municipios de San Borja, Santa Rosa y Reyes del departamento beniano están afectados a causa del fenómeno de la sequía, que provocó la desaparición de pasto verde y flujos de agua.
El subgobernador de la provincia Ballivián, Luis Núñez Moreno, afirmó que la sequía genera incertidumbre y preocupación en la actividad ganadera y agrícola, pues desde hace más de tres meses que no llueve.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, declaró a la agencia ABI que se están realizando gestiones para enviar alimentos a las familias afectadas a la localidad de Caracoles, en La Paz, que sufrió una intensa nevada hace una semana, y se está levantando un informe de los daños. /CD
121 líneas de micros en santa cruz
120 líneas de micros
Por: Alicia Tejada Soruco
El conflicto laboral entre chóferes y propietarios de micros develó un problema mayor que está vinculado con el medio ambiente urbano. Los chóferes se quejaron porque deben trabajar 16 horas diarias; por el avasallamiento de rutas; por el número de vueltas que están obligados a dar a los anillos de la ciudad y demandaron que el Transporte Urbano, se regularice y que se ordene el caos del transporte público en la ciudad de Santa Cruz.
Los ciudadanos y ciudadanas padecemos en mayor medida los efectos de esta falta de regulación y control: La contaminación de nuestro medio ambiente urbano; la inseguridad de pasajeros; peatones, conductores particulares son la enfermedad El poder de los propietarios de micros abarca el derecho a decidir el destino de los espacios públicos de la ciudad; los límites permisibles de velocidad, las áreas de parqueos, las reglas de tránsito y hasta la cantidad de líneas que circulan, sin más criterio que sus ganancias económicas: Así la ciudad es un recurso a ser explotado y no el espacio de convivencia que merecemos.
El reclamo del avasallamiento de rutas tuvo respuesta de la Dirección de Tráfico y Transporte, pero no en defensa de los ciudadanos, sino en defensa de los que mas “utilicen” sus rutas certificadas, so pena de reemplazarlos por otros; ergo por los que sometan a mayor inseguridad y avasallamiento a la ciudadanía.
La contaminación acústica; del aire; del paisaje, fueron los grandes ausentes en este debate. El control social, OTB, Juntas vecinales y otros no contemplan en sus agendas aspectos que hacen a la calidad de vida de la población. De poco sirven los parques, las ampliaciones de avenidas, la anulación de rotondas si éstas van a ser inmediatamente ocupadas por cuanta línea de micros se habilite con pagos, en ocasiones, reñidos con la ética funcionaria.
En ninguna ciudad del país los propietarios de micros han definido, como aquí, el destino de las calles. En La Paz existe incluso una reglamentación que obliga a los vehículos, con determinado número de placa, a no circular en determinados días. En Cochabamba se ha adoptado similar medida, Se realizan inversiones en ampliación de calles y avenidas, en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Se construyen parques y plazas, en favor del esparcimiento integral y ambientalmente seguro.
Un problema laboral denunció en días pasados la inadecuada gestión del transporte público, la ausencia de políticas ambientales urbanas. Los propietarios de estos vehículos obligan a sus chóferes a determinado número de vueltas, y por si eso fuera poco, éstos deben conducir ¡dieciséis horas continuas!. El tema de los micros no es privativo de la Dirección de Tráfico y Transporte; prioritariamente se refiere a los espacios públicos y abiertos a los que todos tenemos derecho. Ignoramos las razones por las cuales el Gobierno municipal no adopta decisiones similares a las de sus pares en otras ciudades de Bolivia, pero sería un buen regalo de bicentenario.
Por: Alicia Tejada Soruco
El conflicto laboral entre chóferes y propietarios de micros develó un problema mayor que está vinculado con el medio ambiente urbano. Los chóferes se quejaron porque deben trabajar 16 horas diarias; por el avasallamiento de rutas; por el número de vueltas que están obligados a dar a los anillos de la ciudad y demandaron que el Transporte Urbano, se regularice y que se ordene el caos del transporte público en la ciudad de Santa Cruz.
Los ciudadanos y ciudadanas padecemos en mayor medida los efectos de esta falta de regulación y control: La contaminación de nuestro medio ambiente urbano; la inseguridad de pasajeros; peatones, conductores particulares son la enfermedad El poder de los propietarios de micros abarca el derecho a decidir el destino de los espacios públicos de la ciudad; los límites permisibles de velocidad, las áreas de parqueos, las reglas de tránsito y hasta la cantidad de líneas que circulan, sin más criterio que sus ganancias económicas: Así la ciudad es un recurso a ser explotado y no el espacio de convivencia que merecemos.
El reclamo del avasallamiento de rutas tuvo respuesta de la Dirección de Tráfico y Transporte, pero no en defensa de los ciudadanos, sino en defensa de los que mas “utilicen” sus rutas certificadas, so pena de reemplazarlos por otros; ergo por los que sometan a mayor inseguridad y avasallamiento a la ciudadanía.
La contaminación acústica; del aire; del paisaje, fueron los grandes ausentes en este debate. El control social, OTB, Juntas vecinales y otros no contemplan en sus agendas aspectos que hacen a la calidad de vida de la población. De poco sirven los parques, las ampliaciones de avenidas, la anulación de rotondas si éstas van a ser inmediatamente ocupadas por cuanta línea de micros se habilite con pagos, en ocasiones, reñidos con la ética funcionaria.
En ninguna ciudad del país los propietarios de micros han definido, como aquí, el destino de las calles. En La Paz existe incluso una reglamentación que obliga a los vehículos, con determinado número de placa, a no circular en determinados días. En Cochabamba se ha adoptado similar medida, Se realizan inversiones en ampliación de calles y avenidas, en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Se construyen parques y plazas, en favor del esparcimiento integral y ambientalmente seguro.
Un problema laboral denunció en días pasados la inadecuada gestión del transporte público, la ausencia de políticas ambientales urbanas. Los propietarios de estos vehículos obligan a sus chóferes a determinado número de vueltas, y por si eso fuera poco, éstos deben conducir ¡dieciséis horas continuas!. El tema de los micros no es privativo de la Dirección de Tráfico y Transporte; prioritariamente se refiere a los espacios públicos y abiertos a los que todos tenemos derecho. Ignoramos las razones por las cuales el Gobierno municipal no adopta decisiones similares a las de sus pares en otras ciudades de Bolivia, pero sería un buen regalo de bicentenario.
IX Foro Urbano para la Planificación estratégica, santa cruz
CONCLUSIONES S DEL IX FORO URBANO
LA NUEVA AGENDA URBANA PARA EL SIGLO XXI
En los días 2 y 3 de septiembre de 2009 se realizó el IX Foro Urbano organizado por CEDURE, con el apoyo de CORDAID, CORDAID, USAID y el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y cuyo tema central era la construcción de la “Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI”.
El evento contó con la presencia de 180 asistentes del sector público y de la sociedad civil, quienes escucharon y debatieron 12 ponencias con los resultados que presentamos a continuación:
I. CONCLUSIONES GENERALES SURGIDAS DEL FORO
1. La presentación de los resultados globales de 9 años de Foros Urbanos, ha mostrado claramente como éstos han incidido en la formulación y aplicación de políticas públicas referidas al desarrollo urbano, en algunos campos más que en otros, haciendo evidente la necesidad de seguir trabajando en forma conjunta bajo esta modalidad.
2. Se destaca el peso y la creciente importancia que va asumiendo el Área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, cuya población, Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita y otros indicadores la colocan como la de mayor importancia económica del país. Sin embargo, ocupa el tercer lugar en los indicadores de calidad de vida y calidad de la construcción.
3. La planificación urbana y sus propuestas no pueden separarse de la estructura económica urbana. Las características de la economía cruceña, como la heterogeneidad (existen al menos 6 tipos de economía en la ciudad), la auto organización, la falta de normas y regulación, etc. tan bien descritas en el Foro, son las que generan, casi como en un espejo, las características físicas de la ciudad, con su desorden en el uso del suelo, el incumplimiento de normas, la informalidad de sus servicios, la ocupación abusiva del espacio urbano y la contaminación y malas condiciones ambientales.
4. Competitividad, economía popular, microempresas y capacitación de jóvenes deben verse como los componentes de la realidad económica urbana, buscando las formas de integrar y relacionar estas distintas visiones de lo productivo como única estrategia posible para superar la “ciudad dual” que se perfila.
5. Estudios hechos sobre la competitividad urbana de Santa Cruz, muestran altos índices de ciudad emprendedora y llena de oportunidades, pero con bajos valores de tolerancia, cultura e inclusión.
6. Los profundos cambios que se están produciendo en la estructura urbana no son solo estrictamente económicos, son también sociales, culturales y políticos; Nuevas elites urbanas con su propia cultura, su propia visión política y sus propios intereses están surgiendo sobre la base del control casi monopólico sobre actividades urbanas tan importantes pero informales como el comercio, el transporte y la actividad inmobiliaria.
7. Se ha constatado que el desarrollo urbano, tal como se está concretando, disperso, destructivo, inequitativo, ineficiente e inseguro no es sostenible, ni económica, ni social ni ambientalmente, por lo que urge un repensamiento a fondo de los paradigmas en base a los cuales estamos actuando, y ese es uno de los objetivos que se ha planteado este IX Foro.
8. En todas las intervenciones se ha constatado la necesidad ineludible que las autoridades trabajen de manera más mancomunada con la gente y sus instituciones, cumpliendo el papel pedagógico, formativo y de liderazgo que les corresponde como gobierno local.
9. La necesidad de educación y formación del ciudadano, ha sido transversal a todas las mesas de trabajo: no hay programas ni políticas que tengan el éxito garantizado, si no cuentan con la adhesión voluntaria de los ciudadanos y esto se logra compartiendo el sentido de las normas y la forma de usar los bienes y servicios públicos.
10. La ciudad es un espacio fundamental para alcanzar una cultura de convivencia y respeto mutuo, en un marco de interculturalidad y ciudadanía activa y participativa con apoyo de políticas públicas y acciones positivas que busquen paliar las situaciones de exclusión y marginalidad socio-urbana.
11. Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad para trabajar por la equidad, utilizando las herramientas normativas que ya existen, y que exigen la ejecución de acciones positivas para determinados sectores de la sociedad.
12. Es importante que la Planificación Estratégica urbana cruceña incorpore en su marco conceptual los nuevos paradigmas y visiones que se han propuesto referidas a la ciudad saludable y sostenible, y la ciudad educadora, creativa y promotora de equidad, como dimensiones socioculturales fundamentales de la Nueva Planificación.
13. También se propone ver de manera nueva lo que son las herramientas del desarrollo urbano: una nueva visión de la planificación en base a los nuevos paradigmas que se proponen en este foro, que incida realmente en los agentes socioeconómicos que hacen desarrollo urbano y la revalorización del concepto de organización de los servicios que se presta, tan importante como su construcción, en especial en temas como abastecimiento, transporte, espacio público y medio ambiente.
14. Es necesario que los medios de comunicación asuman un mayor compromiso con la ciudad y la ciudadanía, involucrándose activamente en la información seria sobre la ciudad y contribuyendo a la formación ciudadana que podrá generar una nueva cultura urbana de la convivencia.
II. LAS NUEVAS VISIONES O PARADIGMAS QUE EL FORO PROPONE PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA CRUCEÑA
A continuación presentamos las 6 visiones trabajadas en el IX Foro, cuyas políticas y detalles pueden ser consultados en los documentos completos de CEDURE.
1. Ciudad saludable y ambientalmente sostenible que garantice la vida saludable de sus habitantes con aire puro, agua potable, alimentos sanos y accesibles, higiene y limpieza de sus espacios públicos, adecuada disposición de sus desechos, posibilidades de movimiento y paseo, seguridad física, condiciones psicosociales que garanticen la salud mental, equilibrio ecológico, contacto con la naturaleza protección contra epidemias y adecuada atención sanitaria.
Este paradigma supera el concepto de solo atender las enfermedades y propone el bienestar físico y psíquico como fruto del conjunto de condiciones que una ciudad ofrece para ser promotora de salud, como combinación de factores biológicos, ambientales, sociales y culturales, siendo el resultado formas sanas de vida urbana. Este enfoque establece relaciones más directas entre el bienestar y la salud humana y los temas ecológico-ambientales. Por último, muestra como el bienestar está fuertemente condicionado por la cultura y los valores de una sociedad, siendo la nuestra una que promueve el sedentarismo, la mala alimentación y las adicciones.
2. Ciudad educadora, creativa y de la equidad, que, asumiendo un rol pedagógico, promueve entre los ciudadanos conocimiento, cultura, identidad, creatividad y tecnología, en el contexto de una cultura de la convivencia y el pleno ejercicio de la ciudadanía buscando, en el marco de la interculturalidad, disminuir la exclusión, la pobreza y falta de oportunidades.
Esta visión saca la educación del estrecho marco conceptual de la educación formal, para poner más énfasis en la creatividad y relacionar ésta con la cultura, la tecnología y en general con los procesos del conocimiento. Pero este conocimiento no es un fin en si mismo; es el camino para buscar una sociedad mejor, que busque conscientemente la equidad y el fin de la exclusión y la pobreza.
3: Ciudad productiva y competitiva que, integrando adecuadamente lo local con lo global, y lo urbano con su “hinterland” produce riqueza y proporciona ingresos a sus habitantes pensando en las necesidades de la Santa Cruz moderna, competitiva y globalizada, y en las necesidades de la Santa Cruz local, de economía popular – informal, que es la que genera más empleo y que puede ser económicamente sostenible si se la acepta y se la apoya como una realidad económica y humana”
4. Ciudad planificada es aquella que ha logrado construir una visión común que se expresa en un proyecto colectivo en base al cual define sus objetivos, así como los medios para lograrlos. Cuenta con un Plan Director y planes y proyectos sectoriales que le permiten orientar las acciones consolidando una estructura territorial eficiente, atractiva y sobre todo coherente con la estructura económica y psicosocial.
Esta visión del urbanismo requiere de una gestión con mucho peso político y gran apoyo ciudadano porque involucra grandes intereses económicos, políticos, corporativos y gremiales.
5. Ciudad equipada y organizada, es aquella que con su infraestructura, su equipamiento y una buena organización, de acuerdo a la escala de la ciudad, garantiza el buen funcionamiento de las actividades y servicios urbanos para el bienestar de los ciudadanos.
Ponemos énfasis en la importancia de no solo construir infraestructura sino también desarrollar al mismo tiempo capacidades organizativas para prestar un buen servicio, aspecto en el que hay graves falencias. Ciudad equipada y organizada no son solo obras, es un proceso continuo de gestión
6. Gestión urbana eficiente, con fuerte liderazgo social y político, que ofrezca visión de futuro, acciones planificadas, eficiencia técnico administrativa, gobernabilidad, participación y control social, trabajando en alianza con las organizaciones vecinales y las instituciones, cumpliendo un rol educativo y pedagógico hacia su pueblo, todo en función de un proyecto urbano compartido por todos”
III. LISTADO DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE CORTO PLAZO
Las políticas propuestas en el Foro generan muchos proyectos y acciones (algunas ya en marcha), a continuación un listado de 12 acciones de corto plazo, viables, que tienen carácter estratégico y cuya aplicación es recomendada:
1. Profundizar y acelerar la desconcentración territorial municipal con una mayor delegación de funciones y recursos a las subalcaldías, reforzando los equipamientos distritales, potenciando los centros de distrito y apoyando su identidad.
2. Frenar la expansión dispersa de la mancha urbana, en manos de la especulación y la ocupación ilegal, que es social, económica, ambiental y urbanísticamente insostenible, creando la Corporación Municipal de Desarrollo Urbano como la herramienta para una acción directa del Gobierno Municipal en el mercado de la tierra, corrigiendo sus distorsiones y promoviendo la vivienda multifamiliar popular.
3. Concretar el paradigma de la “ciudad saludable”, con la construcción de las aceras para peatones, redes de ciclovías señalizadas, dando iluminación gratuita a las canchas de barrio, controlando el expendio de “comida chatarra” en la escuelas, promoviendo el consumo de fruta y verduras entre los jóvenes, promoviendo el reciclaje, controlando la quema de basura para hacer de Santa Cruz una ciudad que produce salud y bienestar.
4. Asumir el paradigma de “ciudad organizada” lo cual implica que el Gobierno Municipal debe mejorar drásticamente sus responsabilidades sobre los servicios que presta y/o controla, como los mercados, el uso del espacio público, el tráfico, los ruidos, carteles, la basura y otros temas ambientales. El mal funcionamiento de estos servicios baja la calidad de vida urbana.
5. Reafirmar el papel estratégico que ocupa el Espacio Público en la planificación urbana como elemento de inclusión, equidad, convivencia, socialización y bien común por lo que deben continuar los proyectos existentes de recuperación, habilitación y ampliación de áreas de uso público.
6. Enfrentar el caótico tráfico urbano, creando la “Unidad de control y monitoreo del tráfico urbano” planteada por el PLOT y el PDM.
7. Abordar urgentemente el reordenamiento de los mercados de la ciudad, debidamente distribuidos y jerarquizados bajo el paraguas de un gran mercado mayorista, articulado a los mercados distritales y a los centros de acopio provinciales.
8. Proyectos especiales para los jóvenes se han solicitado en el Foro, ampliando las experiencias existentes de formación y capacitación adecuada a la demanda que desarrollan algunas ONG`s pero también ofreciendo alternativas validas en el uso de su tiempo libre.
9. El rol del gobierno municipal es fundamental en la planificación del desarrollo urbano por lo que éste debe asumir sus funciones avanzando en la creación del Instituto de Investigación, Planificación y Capacitación y en la aplicación de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) el cual contiene importantes acciones para trabajar mejorar internamente y con la sociedad civil. Se escuchó también el planteamiento de que creará un consejo consultivo ciudadano.
10. El parque metropolitano del Piraí es un proyecto listo de gran relevancia para la ciudad, y que podría concretarse a corto plazo, satisfaciendo muchas necesidades de la ciudad.
11. Mejorar sustancialmente la comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía para ampliar la gobernabilidad y cohesión social en la gestión urbana, consolidando una cultura urbana para la convivencia.
12. Ampliar la cobertura de protección a los sectores más vulnerables de la población, con énfasis en niños de la calle y personas con problemas de adicción a las drogas y el alcohol que cada día se incrementan ante la falta de oportunidades y abandono por parte de la sociedad, reforzando para ello el apoyo a hogares sustitutos y centros de rehabilitación.
Fernando Prado Salmon
Director del IX Foro Urbano para la Planificación estratégica
LA NUEVA AGENDA URBANA PARA EL SIGLO XXI
En los días 2 y 3 de septiembre de 2009 se realizó el IX Foro Urbano organizado por CEDURE, con el apoyo de CORDAID, CORDAID, USAID y el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y cuyo tema central era la construcción de la “Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI”.
El evento contó con la presencia de 180 asistentes del sector público y de la sociedad civil, quienes escucharon y debatieron 12 ponencias con los resultados que presentamos a continuación:
I. CONCLUSIONES GENERALES SURGIDAS DEL FORO
1. La presentación de los resultados globales de 9 años de Foros Urbanos, ha mostrado claramente como éstos han incidido en la formulación y aplicación de políticas públicas referidas al desarrollo urbano, en algunos campos más que en otros, haciendo evidente la necesidad de seguir trabajando en forma conjunta bajo esta modalidad.
2. Se destaca el peso y la creciente importancia que va asumiendo el Área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, cuya población, Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita y otros indicadores la colocan como la de mayor importancia económica del país. Sin embargo, ocupa el tercer lugar en los indicadores de calidad de vida y calidad de la construcción.
3. La planificación urbana y sus propuestas no pueden separarse de la estructura económica urbana. Las características de la economía cruceña, como la heterogeneidad (existen al menos 6 tipos de economía en la ciudad), la auto organización, la falta de normas y regulación, etc. tan bien descritas en el Foro, son las que generan, casi como en un espejo, las características físicas de la ciudad, con su desorden en el uso del suelo, el incumplimiento de normas, la informalidad de sus servicios, la ocupación abusiva del espacio urbano y la contaminación y malas condiciones ambientales.
4. Competitividad, economía popular, microempresas y capacitación de jóvenes deben verse como los componentes de la realidad económica urbana, buscando las formas de integrar y relacionar estas distintas visiones de lo productivo como única estrategia posible para superar la “ciudad dual” que se perfila.
5. Estudios hechos sobre la competitividad urbana de Santa Cruz, muestran altos índices de ciudad emprendedora y llena de oportunidades, pero con bajos valores de tolerancia, cultura e inclusión.
6. Los profundos cambios que se están produciendo en la estructura urbana no son solo estrictamente económicos, son también sociales, culturales y políticos; Nuevas elites urbanas con su propia cultura, su propia visión política y sus propios intereses están surgiendo sobre la base del control casi monopólico sobre actividades urbanas tan importantes pero informales como el comercio, el transporte y la actividad inmobiliaria.
7. Se ha constatado que el desarrollo urbano, tal como se está concretando, disperso, destructivo, inequitativo, ineficiente e inseguro no es sostenible, ni económica, ni social ni ambientalmente, por lo que urge un repensamiento a fondo de los paradigmas en base a los cuales estamos actuando, y ese es uno de los objetivos que se ha planteado este IX Foro.
8. En todas las intervenciones se ha constatado la necesidad ineludible que las autoridades trabajen de manera más mancomunada con la gente y sus instituciones, cumpliendo el papel pedagógico, formativo y de liderazgo que les corresponde como gobierno local.
9. La necesidad de educación y formación del ciudadano, ha sido transversal a todas las mesas de trabajo: no hay programas ni políticas que tengan el éxito garantizado, si no cuentan con la adhesión voluntaria de los ciudadanos y esto se logra compartiendo el sentido de las normas y la forma de usar los bienes y servicios públicos.
10. La ciudad es un espacio fundamental para alcanzar una cultura de convivencia y respeto mutuo, en un marco de interculturalidad y ciudadanía activa y participativa con apoyo de políticas públicas y acciones positivas que busquen paliar las situaciones de exclusión y marginalidad socio-urbana.
11. Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad para trabajar por la equidad, utilizando las herramientas normativas que ya existen, y que exigen la ejecución de acciones positivas para determinados sectores de la sociedad.
12. Es importante que la Planificación Estratégica urbana cruceña incorpore en su marco conceptual los nuevos paradigmas y visiones que se han propuesto referidas a la ciudad saludable y sostenible, y la ciudad educadora, creativa y promotora de equidad, como dimensiones socioculturales fundamentales de la Nueva Planificación.
13. También se propone ver de manera nueva lo que son las herramientas del desarrollo urbano: una nueva visión de la planificación en base a los nuevos paradigmas que se proponen en este foro, que incida realmente en los agentes socioeconómicos que hacen desarrollo urbano y la revalorización del concepto de organización de los servicios que se presta, tan importante como su construcción, en especial en temas como abastecimiento, transporte, espacio público y medio ambiente.
14. Es necesario que los medios de comunicación asuman un mayor compromiso con la ciudad y la ciudadanía, involucrándose activamente en la información seria sobre la ciudad y contribuyendo a la formación ciudadana que podrá generar una nueva cultura urbana de la convivencia.
II. LAS NUEVAS VISIONES O PARADIGMAS QUE EL FORO PROPONE PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA CRUCEÑA
A continuación presentamos las 6 visiones trabajadas en el IX Foro, cuyas políticas y detalles pueden ser consultados en los documentos completos de CEDURE.
1. Ciudad saludable y ambientalmente sostenible que garantice la vida saludable de sus habitantes con aire puro, agua potable, alimentos sanos y accesibles, higiene y limpieza de sus espacios públicos, adecuada disposición de sus desechos, posibilidades de movimiento y paseo, seguridad física, condiciones psicosociales que garanticen la salud mental, equilibrio ecológico, contacto con la naturaleza protección contra epidemias y adecuada atención sanitaria.
Este paradigma supera el concepto de solo atender las enfermedades y propone el bienestar físico y psíquico como fruto del conjunto de condiciones que una ciudad ofrece para ser promotora de salud, como combinación de factores biológicos, ambientales, sociales y culturales, siendo el resultado formas sanas de vida urbana. Este enfoque establece relaciones más directas entre el bienestar y la salud humana y los temas ecológico-ambientales. Por último, muestra como el bienestar está fuertemente condicionado por la cultura y los valores de una sociedad, siendo la nuestra una que promueve el sedentarismo, la mala alimentación y las adicciones.
2. Ciudad educadora, creativa y de la equidad, que, asumiendo un rol pedagógico, promueve entre los ciudadanos conocimiento, cultura, identidad, creatividad y tecnología, en el contexto de una cultura de la convivencia y el pleno ejercicio de la ciudadanía buscando, en el marco de la interculturalidad, disminuir la exclusión, la pobreza y falta de oportunidades.
Esta visión saca la educación del estrecho marco conceptual de la educación formal, para poner más énfasis en la creatividad y relacionar ésta con la cultura, la tecnología y en general con los procesos del conocimiento. Pero este conocimiento no es un fin en si mismo; es el camino para buscar una sociedad mejor, que busque conscientemente la equidad y el fin de la exclusión y la pobreza.
3: Ciudad productiva y competitiva que, integrando adecuadamente lo local con lo global, y lo urbano con su “hinterland” produce riqueza y proporciona ingresos a sus habitantes pensando en las necesidades de la Santa Cruz moderna, competitiva y globalizada, y en las necesidades de la Santa Cruz local, de economía popular – informal, que es la que genera más empleo y que puede ser económicamente sostenible si se la acepta y se la apoya como una realidad económica y humana”
4. Ciudad planificada es aquella que ha logrado construir una visión común que se expresa en un proyecto colectivo en base al cual define sus objetivos, así como los medios para lograrlos. Cuenta con un Plan Director y planes y proyectos sectoriales que le permiten orientar las acciones consolidando una estructura territorial eficiente, atractiva y sobre todo coherente con la estructura económica y psicosocial.
Esta visión del urbanismo requiere de una gestión con mucho peso político y gran apoyo ciudadano porque involucra grandes intereses económicos, políticos, corporativos y gremiales.
5. Ciudad equipada y organizada, es aquella que con su infraestructura, su equipamiento y una buena organización, de acuerdo a la escala de la ciudad, garantiza el buen funcionamiento de las actividades y servicios urbanos para el bienestar de los ciudadanos.
Ponemos énfasis en la importancia de no solo construir infraestructura sino también desarrollar al mismo tiempo capacidades organizativas para prestar un buen servicio, aspecto en el que hay graves falencias. Ciudad equipada y organizada no son solo obras, es un proceso continuo de gestión
6. Gestión urbana eficiente, con fuerte liderazgo social y político, que ofrezca visión de futuro, acciones planificadas, eficiencia técnico administrativa, gobernabilidad, participación y control social, trabajando en alianza con las organizaciones vecinales y las instituciones, cumpliendo un rol educativo y pedagógico hacia su pueblo, todo en función de un proyecto urbano compartido por todos”
III. LISTADO DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE CORTO PLAZO
Las políticas propuestas en el Foro generan muchos proyectos y acciones (algunas ya en marcha), a continuación un listado de 12 acciones de corto plazo, viables, que tienen carácter estratégico y cuya aplicación es recomendada:
1. Profundizar y acelerar la desconcentración territorial municipal con una mayor delegación de funciones y recursos a las subalcaldías, reforzando los equipamientos distritales, potenciando los centros de distrito y apoyando su identidad.
2. Frenar la expansión dispersa de la mancha urbana, en manos de la especulación y la ocupación ilegal, que es social, económica, ambiental y urbanísticamente insostenible, creando la Corporación Municipal de Desarrollo Urbano como la herramienta para una acción directa del Gobierno Municipal en el mercado de la tierra, corrigiendo sus distorsiones y promoviendo la vivienda multifamiliar popular.
3. Concretar el paradigma de la “ciudad saludable”, con la construcción de las aceras para peatones, redes de ciclovías señalizadas, dando iluminación gratuita a las canchas de barrio, controlando el expendio de “comida chatarra” en la escuelas, promoviendo el consumo de fruta y verduras entre los jóvenes, promoviendo el reciclaje, controlando la quema de basura para hacer de Santa Cruz una ciudad que produce salud y bienestar.
4. Asumir el paradigma de “ciudad organizada” lo cual implica que el Gobierno Municipal debe mejorar drásticamente sus responsabilidades sobre los servicios que presta y/o controla, como los mercados, el uso del espacio público, el tráfico, los ruidos, carteles, la basura y otros temas ambientales. El mal funcionamiento de estos servicios baja la calidad de vida urbana.
5. Reafirmar el papel estratégico que ocupa el Espacio Público en la planificación urbana como elemento de inclusión, equidad, convivencia, socialización y bien común por lo que deben continuar los proyectos existentes de recuperación, habilitación y ampliación de áreas de uso público.
6. Enfrentar el caótico tráfico urbano, creando la “Unidad de control y monitoreo del tráfico urbano” planteada por el PLOT y el PDM.
7. Abordar urgentemente el reordenamiento de los mercados de la ciudad, debidamente distribuidos y jerarquizados bajo el paraguas de un gran mercado mayorista, articulado a los mercados distritales y a los centros de acopio provinciales.
8. Proyectos especiales para los jóvenes se han solicitado en el Foro, ampliando las experiencias existentes de formación y capacitación adecuada a la demanda que desarrollan algunas ONG`s pero también ofreciendo alternativas validas en el uso de su tiempo libre.
9. El rol del gobierno municipal es fundamental en la planificación del desarrollo urbano por lo que éste debe asumir sus funciones avanzando en la creación del Instituto de Investigación, Planificación y Capacitación y en la aplicación de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) el cual contiene importantes acciones para trabajar mejorar internamente y con la sociedad civil. Se escuchó también el planteamiento de que creará un consejo consultivo ciudadano.
10. El parque metropolitano del Piraí es un proyecto listo de gran relevancia para la ciudad, y que podría concretarse a corto plazo, satisfaciendo muchas necesidades de la ciudad.
11. Mejorar sustancialmente la comunicación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía para ampliar la gobernabilidad y cohesión social en la gestión urbana, consolidando una cultura urbana para la convivencia.
12. Ampliar la cobertura de protección a los sectores más vulnerables de la población, con énfasis en niños de la calle y personas con problemas de adicción a las drogas y el alcohol que cada día se incrementan ante la falta de oportunidades y abandono por parte de la sociedad, reforzando para ello el apoyo a hogares sustitutos y centros de rehabilitación.
Fernando Prado Salmon
Director del IX Foro Urbano para la Planificación estratégica
La deuda ambiental que pagamos todos
La deuda ambiental que pagamos todos
Alicia Tejada Soruco
Guarayos y el Choré se han constituido ya en Áreas Críticas de Inseguridad Ambiental y Humana. Significa esto que de las actividades productivas; ganadería, agricultura, minería y aprovechamiento ilegal maderero que allí ocurren, (no se incluyen en esta lista las actividades de manejo sustentable forestal), va a depender gran parte de la seguridad de los cruceños y cruceñas; de los niños (as) y ancianos (as); significa también, que los actores económico-productivos, grandes y pequeños de estas zonas, tienen una cuota significativa en la calidad de vida de los cruceños de esta generación.
En la última década la frontera agrícola se agotó en el Departamento de Santa Cruz. Al haber utilizado toda la tierra agrícola disponible, los responsables, en lugar de rehabilitarlas, reforestarlas e introducir tecnologías que les permitan proteger sus suelos, optaron por deforestar cerca de siete millones de hectáreas de Tierras de Producción Forestal Permanente; el 75% del las que comprenden la superficie total deforestada está en Santa Cruz, incluyendo nuestras reservas forestales.
Y si es evidente que la minería alto peruana, tiene una enorme deuda con los Departamentos de los cuales extrajo minerales durante siglos, provocando las brechas de desigualdad que hoy padecemos, no es menos cierto que esta deuda ya la pagamos también en el Departamento de Santa Cruz, puesto que la actividad minera de tierras con cobertura boscosa, en ríos y cuencas, en tierras agrícolas, y en manos de “mineros de las tierras del Este de Bolivia”, está expresando idénticas visiones.
La seguridad jurídica deja de ser importante a la hora de asumir responsabilidades ambientales. Nadie rinde cuentas por lo que está ocurriendo en “su propiedad”, “su parcela”, “su granja”, “su concesión minera”. Se privatizan las ganancias y se socializan los efectos ambientales de éstas. De este modo, las obligaciones y deberes que conllevan los derechos privados, son colectivos, de facto
El 9 y el 10 de Octubre, en los municipios de la Guardia y el Torno, han ocurrido también incendios de magnitud, provocados por quemas, como práctica agrícola del sector campesino. Allí la cuenca del río Piraí es una concesión continúa de áridos, cuyos explotadores también gozan del beneficio de la impunidad ambiental.
A cuánto habrá ascendido la cuenta que pagamos, los ciudadanos y ciudadanas, por las afectaciones a la salud que nos quedan como secuelas de los incendios y quemas; por el encarecimiento y la escasez de los alimentos; por las pérdidas de cultivos, de riqueza piscícola, de fuentes de agua; por los crímenes contra los animales de los bosques.
Tan solo sumemos las consultas médicas de los tres últimos meses y el incremento en nuestro presupuesto de la canasta familiar, a eso se le llama cuentas ambientales, un ejercicio necesario, no para asignar un precio a valores inapreciables, sino para tener una remota idea de la cuenta que estamos pagando.
Alicia Tejada Soruco
Guarayos y el Choré se han constituido ya en Áreas Críticas de Inseguridad Ambiental y Humana. Significa esto que de las actividades productivas; ganadería, agricultura, minería y aprovechamiento ilegal maderero que allí ocurren, (no se incluyen en esta lista las actividades de manejo sustentable forestal), va a depender gran parte de la seguridad de los cruceños y cruceñas; de los niños (as) y ancianos (as); significa también, que los actores económico-productivos, grandes y pequeños de estas zonas, tienen una cuota significativa en la calidad de vida de los cruceños de esta generación.
En la última década la frontera agrícola se agotó en el Departamento de Santa Cruz. Al haber utilizado toda la tierra agrícola disponible, los responsables, en lugar de rehabilitarlas, reforestarlas e introducir tecnologías que les permitan proteger sus suelos, optaron por deforestar cerca de siete millones de hectáreas de Tierras de Producción Forestal Permanente; el 75% del las que comprenden la superficie total deforestada está en Santa Cruz, incluyendo nuestras reservas forestales.
Y si es evidente que la minería alto peruana, tiene una enorme deuda con los Departamentos de los cuales extrajo minerales durante siglos, provocando las brechas de desigualdad que hoy padecemos, no es menos cierto que esta deuda ya la pagamos también en el Departamento de Santa Cruz, puesto que la actividad minera de tierras con cobertura boscosa, en ríos y cuencas, en tierras agrícolas, y en manos de “mineros de las tierras del Este de Bolivia”, está expresando idénticas visiones.
La seguridad jurídica deja de ser importante a la hora de asumir responsabilidades ambientales. Nadie rinde cuentas por lo que está ocurriendo en “su propiedad”, “su parcela”, “su granja”, “su concesión minera”. Se privatizan las ganancias y se socializan los efectos ambientales de éstas. De este modo, las obligaciones y deberes que conllevan los derechos privados, son colectivos, de facto
El 9 y el 10 de Octubre, en los municipios de la Guardia y el Torno, han ocurrido también incendios de magnitud, provocados por quemas, como práctica agrícola del sector campesino. Allí la cuenca del río Piraí es una concesión continúa de áridos, cuyos explotadores también gozan del beneficio de la impunidad ambiental.
A cuánto habrá ascendido la cuenta que pagamos, los ciudadanos y ciudadanas, por las afectaciones a la salud que nos quedan como secuelas de los incendios y quemas; por el encarecimiento y la escasez de los alimentos; por las pérdidas de cultivos, de riqueza piscícola, de fuentes de agua; por los crímenes contra los animales de los bosques.
Tan solo sumemos las consultas médicas de los tres últimos meses y el incremento en nuestro presupuesto de la canasta familiar, a eso se le llama cuentas ambientales, un ejercicio necesario, no para asignar un precio a valores inapreciables, sino para tener una remota idea de la cuenta que estamos pagando.
Quién paga la cuenta en el Beni?
• Finalmente, el Gobierno nacional, mediante Decreto, ayer declaró al Beni como zona de emergencia por los desastres naturales.
• La Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) tarijeño, informó que las pérdidas económicas superan los Bs 5,5 millones y cuestionaron la falta de apoyo de las autoridades nacionales y locales.
Beni.- Al menos, 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino perecieron en el departamento del Beni a consecuencia de la sequía y los focos de calor, según registros de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni).
Las pérdidas económicas por la muerte de ganado, además del daño que hubo a la infraestructura productiva y los pastizales, llega a poco más de 49 millones de dólares, informó el gerente de Fegabeni, Carmelo Arteaga.
De acuerdo con el registro de Fegabeni, entre mayo y septiembre del 2010, la sequía y los focos de calor en el departamento afectaron a la totalidad de los municipios.
En Beni, entre enero y septiembre de 2010 se registraron 20.661 focos de calor, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Asimismo, Arteaga explicó que las pérdidas por la sequía y las quemas se dieron en infraestructura, equipos, muerte de ganado, comercialización, pérdida por abortos y quema de pastizales.
Pérdidas
Por la muerte de 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino, entre mayo y septiembre, la pérdida económica alcanza a 7,9 millones de dólares; en tanto que en la comercialización, por la venta de ganado con menos peso, las pérdidas económicas fueron calculadas en cerca de 13.4 millones de dólares.
Sólo por abortos o porque terneros fueron alcanzados por el fuego o ya no se les pudo alimentar por la quema de pastizales, se perdió un equivalente a 2.4 millones de dólares, explicó Arteaga.
En ese sentido, la sola quema de pastizales es estimada en 5,5 millones de dólares: "Muchos ganaderos con bastante esfuerzo han implementado pasturas en sus predios, y eso ha sido consumido por el fuego", acotó.
Por otro lado, una de las mayores pérdidas se dio en la quema de infraestructura, como alambrados perimetrales (que mantienen al ganado en un campo) potreros y corrales; por lo cual se estima un daño de 18.4 millones de dólares.
Por la pérdida de equipos, motosierras, rejas, embarcaderos y maquinaria, como tractores, se calcula una afectación económica de 1.2 millones de dólares.
Como una medida para contrarrestar el hecho, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo que la declaratoria de emergencia sirve para que los gobiernos municipales y las gobernaciones destinen recursos para atender el desastre y gestionen nuevos fondos para este mismo fin.
Por otra parte, a estas pérdidas se suma lo que ocurre actualmente en Villamontes, Tarija, donde mueren entre 3.000 y 3.500 cabezas de ganado por la falta de agua y alimentos. Las pérdidas económicas, superan los Bs 5,5 millones, informó el presidente de la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), Javier Cuellar.
El ejecutivo a tiempo de cuestionar la falta de apoyo del Gobierno nacional y departamental para mitigar los efectos del déficit de agua, adelantó que en los próximos días los ganaderos de todo el Chaco se reunirán para tomar decisiones.
Asimismo, Cuellar manifestó que de acuerdo a los reportes de los presidentes de las 27 filiales de ganaderos, sólo en Villamontes, se registró la muerte de entre 3.000 y 3500 cabezas de ganado bovino, por falta de agua, forraje, y también por enfermedades. "El año pasado era sólo por falta de agua, ahora tenemos la falta de forraje por la nevada que se registro hace dos meses atrás, lo que ha fregado toda la hojarasca que teníamos", indicó.
En ese marco, Cuellar aclaró que en Villamontes, a diferencia de otras regiones, el 95% de la producción de pastizales es natural, y no existen sembradíos; por lo que el ganado tendría como único alimento el pasto que crece en los montes de forma natural. "En este tiempo el monte está seco, no hay hojarasca, es puro palo seco, y en realidad el ganado está muriendo por falta de forraje y algunas enfermedades como la piroplasmosis, que mata al ganado", sostuvo.
Cuellar explicó que la pérdida económica de los ganaderos de Villamontes es cuantiosa, si se toma en cuenta que sólo una vaca tiene un costo de entre Bs 1.600 y 1.700.
Ayuda
El ejecutivo de la Federación expresó que si bien hace dos meses atrás el Gobierno cooperó con 16 toneladas de forraje, éstas fueron distribuidas entre los ganaderos, en una proporción de dos bolsas, que fueron insuficientes ante la situación.
Mencionó que si bien había el compromiso del Gobierno nacional de enviar dos equipos de perforación de pozos, hasta el momento éstos no llegaron a Villamontes.
Así también, Cuellar dijo que desde la declaratoria de emergencia en toda la región del Chaco, en junio pasado, se hizo muy poco para mitigar los efectos del déficit de agua y alimento para el ganado. "Tenemos el Decreto de pantalla, de adorno, y la verdad nadie lo utiliza, todas la entidades dicen no tenemos recursos. Hay muchos ganaderos que están pensando en vender sus puestos e irse a otro lado, porque las condiciones ya no permiten dedicarse a la ganadería", manifestó.
Demanda
Por su parte, el Alcalde de Tarija manifestó que ahora se necesita con urgencia forraje, ya que el ganado estaría muriendo por falta de alimento y que por esfuerzo propio se traslada agua en cisternas.
También, informó que se requiere insumos veterinarios para el ganado, además de la perforación de varios pozos, en diferentes lugares, de manera que el ganadero no realice largos recorridos para el traslado de agua.
El ejecutivo expresó que el tema de la sequía se hizo recurrente en el Chaco y que lo lamentable es que hasta ahora no se realizaron proyectos estructurales que den una solución definitiva a esta problemática. "Nosotros pedimos soluciones estructurales, para dejar de estar mendigando todos los años, que nos den alimentos y agua, queremos soluciones estructurales", enfatizó.
• La Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) tarijeño, informó que las pérdidas económicas superan los Bs 5,5 millones y cuestionaron la falta de apoyo de las autoridades nacionales y locales.
Beni.- Al menos, 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino perecieron en el departamento del Beni a consecuencia de la sequía y los focos de calor, según registros de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni).
Las pérdidas económicas por la muerte de ganado, además del daño que hubo a la infraestructura productiva y los pastizales, llega a poco más de 49 millones de dólares, informó el gerente de Fegabeni, Carmelo Arteaga.
De acuerdo con el registro de Fegabeni, entre mayo y septiembre del 2010, la sequía y los focos de calor en el departamento afectaron a la totalidad de los municipios.
En Beni, entre enero y septiembre de 2010 se registraron 20.661 focos de calor, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Asimismo, Arteaga explicó que las pérdidas por la sequía y las quemas se dieron en infraestructura, equipos, muerte de ganado, comercialización, pérdida por abortos y quema de pastizales.
Pérdidas
Por la muerte de 38 mil cabezas de ganado bovino y 876 de equino, entre mayo y septiembre, la pérdida económica alcanza a 7,9 millones de dólares; en tanto que en la comercialización, por la venta de ganado con menos peso, las pérdidas económicas fueron calculadas en cerca de 13.4 millones de dólares.
Sólo por abortos o porque terneros fueron alcanzados por el fuego o ya no se les pudo alimentar por la quema de pastizales, se perdió un equivalente a 2.4 millones de dólares, explicó Arteaga.
En ese sentido, la sola quema de pastizales es estimada en 5,5 millones de dólares: "Muchos ganaderos con bastante esfuerzo han implementado pasturas en sus predios, y eso ha sido consumido por el fuego", acotó.
Por otro lado, una de las mayores pérdidas se dio en la quema de infraestructura, como alambrados perimetrales (que mantienen al ganado en un campo) potreros y corrales; por lo cual se estima un daño de 18.4 millones de dólares.
Por la pérdida de equipos, motosierras, rejas, embarcaderos y maquinaria, como tractores, se calcula una afectación económica de 1.2 millones de dólares.
Como una medida para contrarrestar el hecho, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo que la declaratoria de emergencia sirve para que los gobiernos municipales y las gobernaciones destinen recursos para atender el desastre y gestionen nuevos fondos para este mismo fin.
Por otra parte, a estas pérdidas se suma lo que ocurre actualmente en Villamontes, Tarija, donde mueren entre 3.000 y 3.500 cabezas de ganado por la falta de agua y alimentos. Las pérdidas económicas, superan los Bs 5,5 millones, informó el presidente de la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), Javier Cuellar.
El ejecutivo a tiempo de cuestionar la falta de apoyo del Gobierno nacional y departamental para mitigar los efectos del déficit de agua, adelantó que en los próximos días los ganaderos de todo el Chaco se reunirán para tomar decisiones.
Asimismo, Cuellar manifestó que de acuerdo a los reportes de los presidentes de las 27 filiales de ganaderos, sólo en Villamontes, se registró la muerte de entre 3.000 y 3500 cabezas de ganado bovino, por falta de agua, forraje, y también por enfermedades. "El año pasado era sólo por falta de agua, ahora tenemos la falta de forraje por la nevada que se registro hace dos meses atrás, lo que ha fregado toda la hojarasca que teníamos", indicó.
En ese marco, Cuellar aclaró que en Villamontes, a diferencia de otras regiones, el 95% de la producción de pastizales es natural, y no existen sembradíos; por lo que el ganado tendría como único alimento el pasto que crece en los montes de forma natural. "En este tiempo el monte está seco, no hay hojarasca, es puro palo seco, y en realidad el ganado está muriendo por falta de forraje y algunas enfermedades como la piroplasmosis, que mata al ganado", sostuvo.
Cuellar explicó que la pérdida económica de los ganaderos de Villamontes es cuantiosa, si se toma en cuenta que sólo una vaca tiene un costo de entre Bs 1.600 y 1.700.
Ayuda
El ejecutivo de la Federación expresó que si bien hace dos meses atrás el Gobierno cooperó con 16 toneladas de forraje, éstas fueron distribuidas entre los ganaderos, en una proporción de dos bolsas, que fueron insuficientes ante la situación.
Mencionó que si bien había el compromiso del Gobierno nacional de enviar dos equipos de perforación de pozos, hasta el momento éstos no llegaron a Villamontes.
Así también, Cuellar dijo que desde la declaratoria de emergencia en toda la región del Chaco, en junio pasado, se hizo muy poco para mitigar los efectos del déficit de agua y alimento para el ganado. "Tenemos el Decreto de pantalla, de adorno, y la verdad nadie lo utiliza, todas la entidades dicen no tenemos recursos. Hay muchos ganaderos que están pensando en vender sus puestos e irse a otro lado, porque las condiciones ya no permiten dedicarse a la ganadería", manifestó.
Demanda
Por su parte, el Alcalde de Tarija manifestó que ahora se necesita con urgencia forraje, ya que el ganado estaría muriendo por falta de alimento y que por esfuerzo propio se traslada agua en cisternas.
También, informó que se requiere insumos veterinarios para el ganado, además de la perforación de varios pozos, en diferentes lugares, de manera que el ganadero no realice largos recorridos para el traslado de agua.
El ejecutivo expresó que el tema de la sequía se hizo recurrente en el Chaco y que lo lamentable es que hasta ahora no se realizaron proyectos estructurales que den una solución definitiva a esta problemática. "Nosotros pedimos soluciones estructurales, para dejar de estar mendigando todos los años, que nos den alimentos y agua, queremos soluciones estructurales", enfatizó.
Dios Salve a la Chiquitania, Rosa Virginia Suárez
Dios salve a la Chiquitania.
Hace ya unos 10 años que PROBIOMA ha constado la gravedad del trafico de tierras existente en la Chiquitania, con ello queremos referirnos a la venta de tierras fiscales, por diferentes autoridades, especialmente ligadas al los municipios de la zona.
Este trafico de tierra tenia fuertes impactos sobre los recursos naturales, porque suponía un saqueo y quema de grandes extensiones de tierras para destinarla a carbón, (para alimentar la empresa de acero de Brasil, colindante con el municipio de Puerto Suarez); y también se quemaban bosques para ampliar la frontera agraria con la producción de soya.
Este fenómeno que nadie quería detener; nos referimos a las Instituciones del Estado encargadas de supervisar y ordenar el manejo de estos recursos, como ser el INRA la ex Súper Intendencia Forestal y las propias autoridades locales; se ha agudizado al extremos los últimos años. Como señalamos nadie puso coto a tanto robo a los recursos Boscosos del país, a los negociados que habían detrás de ello y a los impactos que esto ocasionaba en un ecosistema único y declarado Sitio RAMSAR, perteneciente al complejo de humedales denominado Pantanal Boliviano, parte del Pantanal Americano que con cumple con la función de almacenar agua y para después dosificar su beneficio durante el resto del año (época seca) a gran parte del Continente. Pero no solo se están afectando este ecosistema, sino que durante el presente año prácticamente se ha pasado al exterminio de la extensión boscosa de la Chiquitania, destruyendo gran parte de estos bosque para “habilitarlos” para la agricultura. Este es otro atentado gravísimos la región chiquitania, ya que al arrasar con estos recurso, no solo se esta atentando contra los recursos naturales de la Chiquitania, sino que se la quiere forzar a cambiar su carácter de tierra boscosa a tierra agrícola, aspecto que traerá enormes impactos a la zona, tanto en el clima como en el agua, en su futuro económico y también cambiara la cultura de los habitantes chiquitanos, que desarrollaron por siglos su forma de vida en concordancia con sus recursos boscosos de donde deviene su forma de vida y sociabilidad.
Lamentablemente a los males acumulados del pasado, se suma la visión agrarista que imprime el gobierno, que piensa que toda tierra es para sembrar, sin respetar la vocación de los suelos, incorporando en sus políticas de colonización la dotación de grandes extensiones de tierra de los municipios Chiquitanos, a colonos de occidente que agravaran mas aun la grave situación que vive la zona en lo referido al tema de manejo del recurso bosque, por cumplir con “la función Económico Social”, practica perversa que esta acabando con la naturaleza, los bosques y como dije , la forma de vida de los chiquitanos.
No podemos dejar de señalar, que al igual que la minería, las tierras y bosque de la chiquitania, están expuestos a todo tipo de traficantes inescrupulosos, que se venden para facilitar a “empresarios extranjeros” el hacerse de tierras boscosas para actividades extractivitas, pasando por encima de las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas. Estos traficantes, se ocupan incluso de amedrentar y presionar a estos comunarios, para que consientas el saqueo de los extranjeros.
Y que de los menonitas, que han hecho de Bolivia, y el oriente, su mina de enriquecimiento a costa del destrozo de grandes extensiones de tierra fiscales, que nadie entiende a titulo de que son entregadas a este grupo de gente que no da ningún beneficio al país (ya que ni siquiera tributan), y mas bien van destruyendo todo los campos por los que han pasado dejando una secuela de desiertos fruto de los venenos con que desarrollan su agricultura. Incluso actualmente no respetan ni las áreas protegidas, como ser el Valle de Tucavaca en el municipio de Robore, y la reserva de vida silvestre Rió Blanco lindante con el departamento del Beni.
Alguien puede explicarse porque se produce todo este fenómeno? quienes son los responsables, que será de las generaciones futuras de chiquitanos que están siendo expropiados de sus Recursos Naturales, y de su propia cultura.
Creo que es momento de decir BASTA!
Rosa Virginia Suarez
Coordinadora PROBIOMA
11.10.10
Hace ya unos 10 años que PROBIOMA ha constado la gravedad del trafico de tierras existente en la Chiquitania, con ello queremos referirnos a la venta de tierras fiscales, por diferentes autoridades, especialmente ligadas al los municipios de la zona.
Este trafico de tierra tenia fuertes impactos sobre los recursos naturales, porque suponía un saqueo y quema de grandes extensiones de tierras para destinarla a carbón, (para alimentar la empresa de acero de Brasil, colindante con el municipio de Puerto Suarez); y también se quemaban bosques para ampliar la frontera agraria con la producción de soya.
Este fenómeno que nadie quería detener; nos referimos a las Instituciones del Estado encargadas de supervisar y ordenar el manejo de estos recursos, como ser el INRA la ex Súper Intendencia Forestal y las propias autoridades locales; se ha agudizado al extremos los últimos años. Como señalamos nadie puso coto a tanto robo a los recursos Boscosos del país, a los negociados que habían detrás de ello y a los impactos que esto ocasionaba en un ecosistema único y declarado Sitio RAMSAR, perteneciente al complejo de humedales denominado Pantanal Boliviano, parte del Pantanal Americano que con cumple con la función de almacenar agua y para después dosificar su beneficio durante el resto del año (época seca) a gran parte del Continente. Pero no solo se están afectando este ecosistema, sino que durante el presente año prácticamente se ha pasado al exterminio de la extensión boscosa de la Chiquitania, destruyendo gran parte de estos bosque para “habilitarlos” para la agricultura. Este es otro atentado gravísimos la región chiquitania, ya que al arrasar con estos recurso, no solo se esta atentando contra los recursos naturales de la Chiquitania, sino que se la quiere forzar a cambiar su carácter de tierra boscosa a tierra agrícola, aspecto que traerá enormes impactos a la zona, tanto en el clima como en el agua, en su futuro económico y también cambiara la cultura de los habitantes chiquitanos, que desarrollaron por siglos su forma de vida en concordancia con sus recursos boscosos de donde deviene su forma de vida y sociabilidad.
Lamentablemente a los males acumulados del pasado, se suma la visión agrarista que imprime el gobierno, que piensa que toda tierra es para sembrar, sin respetar la vocación de los suelos, incorporando en sus políticas de colonización la dotación de grandes extensiones de tierra de los municipios Chiquitanos, a colonos de occidente que agravaran mas aun la grave situación que vive la zona en lo referido al tema de manejo del recurso bosque, por cumplir con “la función Económico Social”, practica perversa que esta acabando con la naturaleza, los bosques y como dije , la forma de vida de los chiquitanos.
No podemos dejar de señalar, que al igual que la minería, las tierras y bosque de la chiquitania, están expuestos a todo tipo de traficantes inescrupulosos, que se venden para facilitar a “empresarios extranjeros” el hacerse de tierras boscosas para actividades extractivitas, pasando por encima de las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas. Estos traficantes, se ocupan incluso de amedrentar y presionar a estos comunarios, para que consientas el saqueo de los extranjeros.
Y que de los menonitas, que han hecho de Bolivia, y el oriente, su mina de enriquecimiento a costa del destrozo de grandes extensiones de tierra fiscales, que nadie entiende a titulo de que son entregadas a este grupo de gente que no da ningún beneficio al país (ya que ni siquiera tributan), y mas bien van destruyendo todo los campos por los que han pasado dejando una secuela de desiertos fruto de los venenos con que desarrollan su agricultura. Incluso actualmente no respetan ni las áreas protegidas, como ser el Valle de Tucavaca en el municipio de Robore, y la reserva de vida silvestre Rió Blanco lindante con el departamento del Beni.
Alguien puede explicarse porque se produce todo este fenómeno? quienes son los responsables, que será de las generaciones futuras de chiquitanos que están siendo expropiados de sus Recursos Naturales, y de su propia cultura.
Creo que es momento de decir BASTA!
Rosa Virginia Suarez
Coordinadora PROBIOMA
11.10.10
La era de la seguridad ambiental y Humana
La era de la seguridad ambiental y humana
Por: Alicia Tejada Soruco
Los cambios climáticos, ya no son un anuncio ni un slogan ambientalista sino un hecho ineludible y globalizado que acompaña al siglo XXI. Esta constatación obliga a abordar nuevos conceptos, como el de la seguridad ambiental y humana frente a los disturbios que tales eventos acarrean.
Spring A. Ursula, de la UNAM, define seguridad como “un valor básico y una meta para cualquier humano, familia o comunidad, Estado-Nación, Comunidad Internacional y Organización”, mencionando a colación que, desde el año 1990, “la seguridad humana y la ambiental han sido percibidas y relacionadas con peligros, amenazas, retos, vulnerabilidad y riesgos”.
Pero carecería de justificación abordar un tema de semejante connotación de no ser porque, al finalizar la primera década de este siglo, en todo el territorio del Estado de Derecho Plurinacional de Bolivia, han ocurrido hechos que denuncian algunos daños graves e irreversibles a nuestro medio ambiente, que expresan, inconfundiblemente, ausencia de seguridad humana, y que nos alertan sobre la necesidad de políticas permanentes que superen los estados de emergencia.
En otras palabras, la declaratoria de emergencia y de zonas de desastres es insuficiente si abarca medidas de coyuntura y no sienta las bases para las de prevención y seguridad permanentes, que los cambios climáticos demandan. Argumentar que estos cambios son globales para darles la espalda y eximirnos de responsabilidad no es una decisión coherente con nuestra cuota de responsabilidad en los mismos ni con sus efectos en nuestras formas de vida; de relación económica, social, cultural y productiva.
Los incendios, las sequías, las inundaciones, los procesos de desertificación, la escases de alimentos, de energía y de agua apta para el consumo humano nos sitúan frente a la necesidad imperativa de modificar incluso los valores de convivencia acercándonos a unas relaciones más solidarias y responsables con todos, y particularmente con los sectores más vulnerables a sus efectos; niños (as), ancianos (as); actores con economías de subsistencia, y sin acceso a servicios básicos, etc.
Frente a la constatación de que las amenazas a la seguridad ya no son un estado extraordinario, sino permanente en este nuevo siglo, los roles de los gobiernos también se modifican; las medidas punitivas y las sanciones a actividades que incrementan las posibilidades de inseguridad ambiental y humana, transitan, desde las de advertencia y mitigaciones insuficientes, a las de identificación de éstas como delitos a los que corresponden duras sanciones penales.
Hemos ingresado a una era de cambios de mentalidad; la era en la que los derechos ambientales y humanos, van a requerir de otro tipo de garantías relacionadas con la sobre vivencia, con la salud, con las disputas por recursos básicos y quizá mínimos para garantizar la vida de los seres humanos; la era en la que la justificación de la función económica y social, de utilidad pública o estratégica, ya no pueden estar separadas de la de Seguridad ambiental y humana para todos y todas.
Por: Alicia Tejada Soruco
Los cambios climáticos, ya no son un anuncio ni un slogan ambientalista sino un hecho ineludible y globalizado que acompaña al siglo XXI. Esta constatación obliga a abordar nuevos conceptos, como el de la seguridad ambiental y humana frente a los disturbios que tales eventos acarrean.
Spring A. Ursula, de la UNAM, define seguridad como “un valor básico y una meta para cualquier humano, familia o comunidad, Estado-Nación, Comunidad Internacional y Organización”, mencionando a colación que, desde el año 1990, “la seguridad humana y la ambiental han sido percibidas y relacionadas con peligros, amenazas, retos, vulnerabilidad y riesgos”.
Pero carecería de justificación abordar un tema de semejante connotación de no ser porque, al finalizar la primera década de este siglo, en todo el territorio del Estado de Derecho Plurinacional de Bolivia, han ocurrido hechos que denuncian algunos daños graves e irreversibles a nuestro medio ambiente, que expresan, inconfundiblemente, ausencia de seguridad humana, y que nos alertan sobre la necesidad de políticas permanentes que superen los estados de emergencia.
En otras palabras, la declaratoria de emergencia y de zonas de desastres es insuficiente si abarca medidas de coyuntura y no sienta las bases para las de prevención y seguridad permanentes, que los cambios climáticos demandan. Argumentar que estos cambios son globales para darles la espalda y eximirnos de responsabilidad no es una decisión coherente con nuestra cuota de responsabilidad en los mismos ni con sus efectos en nuestras formas de vida; de relación económica, social, cultural y productiva.
Los incendios, las sequías, las inundaciones, los procesos de desertificación, la escases de alimentos, de energía y de agua apta para el consumo humano nos sitúan frente a la necesidad imperativa de modificar incluso los valores de convivencia acercándonos a unas relaciones más solidarias y responsables con todos, y particularmente con los sectores más vulnerables a sus efectos; niños (as), ancianos (as); actores con economías de subsistencia, y sin acceso a servicios básicos, etc.
Frente a la constatación de que las amenazas a la seguridad ya no son un estado extraordinario, sino permanente en este nuevo siglo, los roles de los gobiernos también se modifican; las medidas punitivas y las sanciones a actividades que incrementan las posibilidades de inseguridad ambiental y humana, transitan, desde las de advertencia y mitigaciones insuficientes, a las de identificación de éstas como delitos a los que corresponden duras sanciones penales.
Hemos ingresado a una era de cambios de mentalidad; la era en la que los derechos ambientales y humanos, van a requerir de otro tipo de garantías relacionadas con la sobre vivencia, con la salud, con las disputas por recursos básicos y quizá mínimos para garantizar la vida de los seres humanos; la era en la que la justificación de la función económica y social, de utilidad pública o estratégica, ya no pueden estar separadas de la de Seguridad ambiental y humana para todos y todas.
17 de septiembre de 2010
los que contaminan callanm alicia tejada soruco - Buscar con Google
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25 de agosto de 2010
Se puede, salvaron a los delfines
Se puede; salvaron a los delfines
Por: Alicia Tejada Soruco
Se está produciendo el primer rescate de delfines en Santa Cruz, que, gracias a la irresponsabilidad de quienes desvían ríos y cuerpos de agua, desmontan servidumbres ecológicas y las destruyen, estuvieron en riesgo de perecer asfixiados bajo el lodo.
Los delfines serán salvados y valoramos el concurso del Señor Erno Martínez y del Joven funcionario municipal Callau, quien esta “enamorado” de su responsabilidad en el zoológico. Muchas instituciones se dieron la mano para salvar a nuestros delfines y ponderamos sus esfuerzos con resultados.
Por supuesto quienes han incurrido en el delito de afectar a los cuerpos de agua y a las servidumbres ecológicas continúan impunes e indiferentes. El rio pailas, La laguna La Pistola y seis lagunas más que componen este valioso eco sistema se han secado. Esto ocurre en Guarayos, bajo el manto sagrado del “progreso”. Paradójicamente, estos hechos delincuenciales legitiman derechos y hasta obtienen reconocimientos y condecoraciones.
El caso de los delfines que denunciamos, por este medio, hace algún tiempo, llamo la atención hacia la situación de ríos, lagunas, lagunetas, meandros y curiches en el Departamento de Santa Cruz. Cientos se han secado, se han desviado, se han compactado. Existe información satelital en la que esta lamentable situación se constata pero, según nos informaron técnicos especializados en el área y funcionarios de instancias competentes, las autoridades “superiores”, le han dado la espalda al problema. ¿Casualidad o complicidad?
Los mecanismos de control social, controlan presupuesto. No han desarrollado capacidades ni idoneidad para dar rendir cuentas por las cuantiosas pérdidas de nuestro patrimonio natural. No existe en Santa Cruz entidad alguna que se ocupe, con responsabilidad administrativa, por la suerte de nuestros ríos y lagunas, por la vida que los habita, ni por sus servidumbres ecológicas.
El rio Pirai es un ejemplo: habitamos una ciudad que puede darse el lujo de tener un rio a pocos pasos del centro y ninguna autoridad departamental o municipal ha movido un dedo para salvarlo. El Rio Pirai agoniza también. La vida de muchas especies de su fauna acuática ya ha dejado de existir, en silencio, mientras el ruido de gremiales y transportistas ocupan las pantallas y micrófonos de un superfluo periodismo.
Millones se han invertido en estudios y diagnósticos del rio Pirai, y quienes lo destruyen día a día, en nuestras narices explotando áridos, vaciando basura y desechos de cloacas y sanitarios, gozan del estado de impunidad, que se cobra en aportes y votos en las campanas electorales o en las justas internas de las juntas vecinales.
Los delfines se han salvados y felicito a quienes le apostaron a tan difícil empresa. A riesgo de constituirme en el agua fiesta de semejante evento, advierto sin embargo, que es el momento de combatir ahora, el origen de crímenes cotidianos y semejantes en todos nuestros ríos y lagunas.
Por: Alicia Tejada Soruco
Se está produciendo el primer rescate de delfines en Santa Cruz, que, gracias a la irresponsabilidad de quienes desvían ríos y cuerpos de agua, desmontan servidumbres ecológicas y las destruyen, estuvieron en riesgo de perecer asfixiados bajo el lodo.
Los delfines serán salvados y valoramos el concurso del Señor Erno Martínez y del Joven funcionario municipal Callau, quien esta “enamorado” de su responsabilidad en el zoológico. Muchas instituciones se dieron la mano para salvar a nuestros delfines y ponderamos sus esfuerzos con resultados.
Por supuesto quienes han incurrido en el delito de afectar a los cuerpos de agua y a las servidumbres ecológicas continúan impunes e indiferentes. El rio pailas, La laguna La Pistola y seis lagunas más que componen este valioso eco sistema se han secado. Esto ocurre en Guarayos, bajo el manto sagrado del “progreso”. Paradójicamente, estos hechos delincuenciales legitiman derechos y hasta obtienen reconocimientos y condecoraciones.
El caso de los delfines que denunciamos, por este medio, hace algún tiempo, llamo la atención hacia la situación de ríos, lagunas, lagunetas, meandros y curiches en el Departamento de Santa Cruz. Cientos se han secado, se han desviado, se han compactado. Existe información satelital en la que esta lamentable situación se constata pero, según nos informaron técnicos especializados en el área y funcionarios de instancias competentes, las autoridades “superiores”, le han dado la espalda al problema. ¿Casualidad o complicidad?
Los mecanismos de control social, controlan presupuesto. No han desarrollado capacidades ni idoneidad para dar rendir cuentas por las cuantiosas pérdidas de nuestro patrimonio natural. No existe en Santa Cruz entidad alguna que se ocupe, con responsabilidad administrativa, por la suerte de nuestros ríos y lagunas, por la vida que los habita, ni por sus servidumbres ecológicas.
El rio Pirai es un ejemplo: habitamos una ciudad que puede darse el lujo de tener un rio a pocos pasos del centro y ninguna autoridad departamental o municipal ha movido un dedo para salvarlo. El Rio Pirai agoniza también. La vida de muchas especies de su fauna acuática ya ha dejado de existir, en silencio, mientras el ruido de gremiales y transportistas ocupan las pantallas y micrófonos de un superfluo periodismo.
Millones se han invertido en estudios y diagnósticos del rio Pirai, y quienes lo destruyen día a día, en nuestras narices explotando áridos, vaciando basura y desechos de cloacas y sanitarios, gozan del estado de impunidad, que se cobra en aportes y votos en las campanas electorales o en las justas internas de las juntas vecinales.
Los delfines se han salvados y felicito a quienes le apostaron a tan difícil empresa. A riesgo de constituirme en el agua fiesta de semejante evento, advierto sin embargo, que es el momento de combatir ahora, el origen de crímenes cotidianos y semejantes en todos nuestros ríos y lagunas.
24 de agosto de 2010
30 de julio de 2010
En favor de la deforestación
A favor de la deforestación.-
Por: Alicia Tejada Soruco
La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.
Los bosques son responsables por la regulación del ciclo hídrico por lo que, con una visión únicamente economicista; tendríamos que contabilizar, por ejemplo, el aporte de la conservación de los bosques a la agricultura y a la ganadería. Es imposible que estos dos sectores se desarrollen y contribuyan al PIB, sin el servicio de las lluvias que regulan los bosques.
La generación de valor agregado, a partir de los Recursos Naturales, entre los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha incluido a los ríos, como generadores de energía eléctrica; el agua que consumimos, la regulación del clima, la absorción del carbono que contamina gran parte de este planeta y que ya genera ingresos económicos en muchos países, etc., son servicios de los bosques, cuya protección no se presupuesta en las cuentas fiscales del país.
Si no se contabilizan estos servicios, mal podríamos esperar, que ello ocurra con sus pérdidas, o con el valor de su conservación: Hemos perdido ya siete millones de hectáreas de bosques y se ha incrementado la tasa de deforestación a trescientas mil hectáreas por año. ¿Qué significa este déficit en las cuentas fiscales?.
El gobierno, coherente con las políticas de Estado, y los sectores directamente interesados (Agrícola, pecuario, campesinos, forestal, minero, energético, servicios de agua potable), responsables con su rol económico a largo plazo, deben institucionalizar, en el Presupuesto General de la Nación, las asignaciones presupuestarias que garanticen un control efectivo; sanciones penales y económicas fuertes para quienes destruyen los bosques, e incentivos financieros para quienes realicen un buen manejo de este inapreciable bien común, superando así la reducida visión del aporte de dos recursos del bosque al PIB, como único indicador económico.
La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, “sobrevive” con tan magro presupuesto, que ha ingresado a un círculo perverso, en el que parte importante de sus ingresos lo constituyen las multas por desmontes. En otras palabras: Los responsables por la protección de los bosques (incluidas Gobernaciones y Alcaldías) se pagan sueldos con la destrucción de los bosques que están llamados a proteger, con la venta de valores de control (CFO), que circulan en el mercado informal y con la corrupción que paga bien.
El Ministerio de economía y Finanzas incluye, en su Visión Institucional, el “vivir bien” y “la redistribución justa de la riqueza y los excedentes en medio ambiente”, entre otros. Pero, sin presupuesto y decidida lucha contra depredadores de nuestros bosques, mal podríamos hablar de institucionalización de medidas a favor del medio ambiente.
Por: Alicia Tejada Soruco
La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.
Los bosques son responsables por la regulación del ciclo hídrico por lo que, con una visión únicamente economicista; tendríamos que contabilizar, por ejemplo, el aporte de la conservación de los bosques a la agricultura y a la ganadería. Es imposible que estos dos sectores se desarrollen y contribuyan al PIB, sin el servicio de las lluvias que regulan los bosques.
La generación de valor agregado, a partir de los Recursos Naturales, entre los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha incluido a los ríos, como generadores de energía eléctrica; el agua que consumimos, la regulación del clima, la absorción del carbono que contamina gran parte de este planeta y que ya genera ingresos económicos en muchos países, etc., son servicios de los bosques, cuya protección no se presupuesta en las cuentas fiscales del país.
Si no se contabilizan estos servicios, mal podríamos esperar, que ello ocurra con sus pérdidas, o con el valor de su conservación: Hemos perdido ya siete millones de hectáreas de bosques y se ha incrementado la tasa de deforestación a trescientas mil hectáreas por año. ¿Qué significa este déficit en las cuentas fiscales?.
El gobierno, coherente con las políticas de Estado, y los sectores directamente interesados (Agrícola, pecuario, campesinos, forestal, minero, energético, servicios de agua potable), responsables con su rol económico a largo plazo, deben institucionalizar, en el Presupuesto General de la Nación, las asignaciones presupuestarias que garanticen un control efectivo; sanciones penales y económicas fuertes para quienes destruyen los bosques, e incentivos financieros para quienes realicen un buen manejo de este inapreciable bien común, superando así la reducida visión del aporte de dos recursos del bosque al PIB, como único indicador económico.
La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, “sobrevive” con tan magro presupuesto, que ha ingresado a un círculo perverso, en el que parte importante de sus ingresos lo constituyen las multas por desmontes. En otras palabras: Los responsables por la protección de los bosques (incluidas Gobernaciones y Alcaldías) se pagan sueldos con la destrucción de los bosques que están llamados a proteger, con la venta de valores de control (CFO), que circulan en el mercado informal y con la corrupción que paga bien.
El Ministerio de economía y Finanzas incluye, en su Visión Institucional, el “vivir bien” y “la redistribución justa de la riqueza y los excedentes en medio ambiente”, entre otros. Pero, sin presupuesto y decidida lucha contra depredadores de nuestros bosques, mal podríamos hablar de institucionalización de medidas a favor del medio ambiente.
22 de julio de 2010
Búsqueda en blogs de link:cheoropota.blogspot.com – Google
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21 de julio de 2010
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5 de julio de 2010
Los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado, Tejada Alicia, Nostas Mercedes
El presente artículo enfoca la “VII Marcha Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana, por el Territorio, la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, pretendiendo revitalizar los diálogos sobre el reacomodo de la nueva estructura institucional del Estado, y su correlación con la protección de los bienes mayores de los bolivianos, en apariencia, a contrapelo con los bienes e intereses comunes que reivindican legítimamente múltiples sectores de la población
Parecería difícil entender los desacuerdos entre gobierno y CIDOB, puesto que ésta fue una de las instituciones con coincidencias programáticas y aliada del gobierno en periodos de conflictos. Pero esta alianza –para la CIDOB- se dio dentro de un marco de coherencia con las demandas históricas (26 años) de los pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, y en distintos momentos de cambios estructurales que al gobierno de Evo Morales le cabe hoy implementar en las estructuras estatales diseñadas a tal fin.
Para las autoras de este artículo, en primera instancia, la marcha implica el estreno de una nueva posición y ubicación post-constituyente, en la que CIDOB establece una nueva relación administrativa, situando, frente a frente, al nuevo Estado ahora constituido y con sus facultades de gobernar, con el sector indígena que le reconoce estas facultades ejerciendo el derecho de demandarle la inclusión de sus reivindicaciones en el nuevo Estado Plurinacional. O como ya lo expresó el intelectual Aymara Rafael Bautista en su artículo titulado Qué Manifiesta La Marcha Indígena: ¨No hay Constitución sin acontecimiento Constitucional¨.
Otro aspecto importante para entender este conflicto, es que La CIDOB tiene como estrategia de lucha política la elaboración de plataformas, el dialogo y las marchas a través de las cuales desde los ochenta, (1986, 87, 1990, 96, 2000, 02, 03, 10) ha planteado a sucesivos gobiernos sus demandas históricas, y por tanto no se trata de oposición política si no de una forma de participación en democracia que caracteriza a este sector, cuando ha excedido otros mecanismos de diálogo.
Si asumimos que la plataforma de la CIDOB es legítima puesto que data de casi tres décadas; que formó parte de la Agenda de Octubre y de las condiciones de apoyo al gobierno de Evo Morales Ayma, lo que este importante movimiento-organización está planteando al gobierno ahora, es de interés general: Tanto la forma con la que se pretenden relacionar los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas con el gobierno, así como su plataforma de demandas, que aunque trata de beneficios directos a este sector, contienen aspectos estructurales que interesan a la sociedad en su conjunto. La articulación de los intereses comunes para lograr el bien mayor es un ejercicio pendiente y por esta razón es necesario comprenderlos a cabalidad.
Una de las características de las Organizaciones indígenas de Tierras Bajas indudablemente ha sido su paciente vocación democrática y al mismo tiempo revolucionaria en tanto los efectos de sus logros. La Asamblea Constituyente fue también una demanda del movimiento indígena de Tierras Bajas con la que además se articularon, estratégicamente a los movimientos de Tierras altas. En palabras de Bienvenido Zacu miembro de la Asamblea legislativa Plurinacional: “se produce una apertura en la CIDOB, sobre la que estuvimos discutiendo mucho tiempo, con el temor que produce toda decisión de ese tipo y que incluso nos dividió entre los que estuvieron de acuerdo y los que no, con semejante decisión histórica”...
Sin embargo, entre la construcción teórica del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, (CPE, articulo 1), y la implementación del mismo, transverzalizando competencias en la estructura institucional gubernamental y en todos sus niveles, hay una distancia que debemos aún transitar responsablemente, sin la amenaza de la fragmentación social y territorial y sin las urgencias que los mismos constituyentes nos impusieron en disposiciones transitorias, estableciendo un plazo de ciento ochenta días, a partir del inicio del nuevo mandato del gobierno, para la aprobación de las cinco leyes básicas.
En esta coyuntura, tanto la CIDOB como el gobierno, conocen que el tiempo actúa en contra ya que fueron actores principales en la elaboración de la CPE, por eso se espera que tomen en cuenta los referidos plazos constitucionales en sus negociaciones.
Sin pretender adentrarnos en el análisis e interpretaciones jurídicas puesto que no son objeto del presente artículo, pero a efectos del mismo, es necesario mencionar el marco en el que se establecen las discusiones entre el Gobierno y la CIDOB. Citamos, que de acuerdo a la CPE, a) la constitución de una autonomía se realiza mediante la voluntad democrática, b) la convocatoria para aprobación de estatutos autonómicos se realiza de acuerdo a usos y procedimientos propios pero, c) en el articulo 192 el contenido de los estatutos se elabora de acuerdo a sus formas y procedimientos, “según la Constitución y la Ley¨.. De La misma forma la CPE, establece mecanismos vinculados con d) la facultad de la Asamblea legislativa para el establecimiento o afectación de límites territoriales, exceptuando los que se circunscriben a distritos municipales, que se realizarían a través de acuerdos con los gobiernos municipales. Tambien y fundamentalmente, se deben considerar los principios establecidos en la CPE para la organización territorial del Estado.
Realizadas estas precisiones, inferimos, que este es el marco legal en el que la CIDOB exige que “El Ministerio de Autonomías y Descentralización incorpore al Proyecto de Ley Marco de Autonomías la propuesta de los pueblos indígenas sobre la autonomía indígena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB” y que, en su interpretación se origina el conflicto.
Ahora bien, de otro lado la demanda de autonomías indígenas de la CIDOB, constituye una estrategia para lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado boliviano, ya que la cultura se realiza y expresa en la interrelación dialéctica de las personas con su territorio, que, desde una perspectiva de futuro, les permite relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación, económica, política y social, con los otros espacios territoriales, independientemente del número de su población. Recordemos que los pueblos indígenas han estado históricamente tutelados por iglesias, patrones, y que dichos pueblos han sido excluidos y sometidos por otros poderes, negándoseles, la posibilidad de establecer equilibrios positivos en las relaciones de poder y en todo ámbito social.
La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación y requiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales reconociendo que las Centrales (organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comunidades) per se no necesariamente pueden convertirse en tales.
Dichas autonomías requerirán de mecanismos de gobierno para enfrentar, por ejemplo, las amenazas que produce la interrelación con un entorno en el que el mercado informal determina relaciones de poder sobre los recursos que contienen sus territorios, incluida la tierra.
De otro lado, la flexibilización y funcionalización de normas y procedimientos propios a favor de procesos de descomposición de responsabilidad ética y administrativa, abarcan algunas de las estructuras de las Centrales Indígenas. Estas debilidades intentan ser corregidas por los mismos comunarios sin éxito, puesto que, o son débiles o no existen, los mecanismos estatales para acceder al derecho positivo. (Martínez, J, Tejada A, 2010).
Concretamente estamos planteando que las autonomías indígenas, como cualquiera de las otras por implementarse, podrían derivar en espacios “de nadie” (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agro industriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), si las instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso con respecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder en las centrales o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios.
Será indispensable en ese ámbito, que el accionar del Estado, para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en su interrelación con otros no indígenas, se traduzca en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativa.
La demanda de Gestión Territorial Indígena que también contempla la plataforma de la CIDOB, exigiendo financiamiento, se vincula a las autonomías territoriales indígenas y es indispensable porque implica el ordenamiento del espacio territorial (incluido el uso del suelo), en interrelación con los espacios aledaños, desde la decisión de las comunidades, e implica, por otro lado, un instrumento de control, desde el pueblo hacia la administración de la autonomía indígena.
Sobre la demanda de los escaños en la Asamblea legislativa plurinacional éstos garantizarían la representación de los pueblos indígenas, en tanto complejidades culturales desarrolladas a lo largo de su historia (o a pesar de ella), con valores, normas y prácticas. No hay otra fórmula posible e inteligente que no sea la de la representación directa, si entendemos en todo su significado el término “representación”.
Ahora bien, no nos vamos a concentrar en el número de escaños por las razones expuestas, pero sí vamos a insistir en los medios, a través de los cuales, estas identidades políticas lograrían influir efectivamente en la construcción de un Estado Intercultural, desde la Asamblea legislativa; como sesiones especiales de interculturalidad, reuniones inter comisiones sobre principios de armonización de normas y diseños de evaluación de efectividad que no estén basados en el número de leyes producidas, sino en contenidos interculturales. Las semanas regionales de los asambleístas indígenas deberían constituirse en semanas de re-conocimiento de valores y normas, con sus tiempos necesarios de adaptación a nuestro sistema formal y de derecho positivo, especialmente en esta primera fase de implementación del Estado Plurinacional.
Por último planteamos que la superficie del las TCO no debe entrar en discusión, al ser ésta el resultado de los Estudios Indígenas de Necesidades Espaciales, que reconocen su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas. Sobre esta base, que es una política de Estado, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos. La nueva legislación no debería menoscabar ni amenazar los derechos de los pueblos indígenas como resultado de la incapacidad del Estado, en todos sus niveles, para gestionarlos. El fracaso del proceso de saneamiento no puede transferirle sus costos a las TCO de tierras bajas, sino más bien buscar corregir sus errores con nuevos mecanismos de los que desaparezcan las conciliaciones las desprestigiadas “certificaciones” de derechos y el delito de compra-venta ilegal de tierras en TCO, que continúan vigentes.
Existen también normas legales innegociables, no solo porque responden a otros procesos históricos de toda la humanidad, como las que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, los cuerpos de agua y los recursos naturales, la igualdad de género, entre otros derechos, sino porque estamos convencidas, en base a múltiples experiencias estudiadas, que su aplicación es una condición indivisible del ejercicio de las autonomías indígenas.
La CIDOB ha planteado espacios de autogobierno en los que los pueblos indígenas también se adscriben al derecho administrativo que incluye obligaciones y responsabilidades de todas las partes, y mediante el cual nos obligamos todos los bolivianos a fortalecer al Estado y a la Nación que nos une, conteniendo la complejidad de nuestra naturaleza pluricultural.
Parecería difícil entender los desacuerdos entre gobierno y CIDOB, puesto que ésta fue una de las instituciones con coincidencias programáticas y aliada del gobierno en periodos de conflictos. Pero esta alianza –para la CIDOB- se dio dentro de un marco de coherencia con las demandas históricas (26 años) de los pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, y en distintos momentos de cambios estructurales que al gobierno de Evo Morales le cabe hoy implementar en las estructuras estatales diseñadas a tal fin.
Para las autoras de este artículo, en primera instancia, la marcha implica el estreno de una nueva posición y ubicación post-constituyente, en la que CIDOB establece una nueva relación administrativa, situando, frente a frente, al nuevo Estado ahora constituido y con sus facultades de gobernar, con el sector indígena que le reconoce estas facultades ejerciendo el derecho de demandarle la inclusión de sus reivindicaciones en el nuevo Estado Plurinacional. O como ya lo expresó el intelectual Aymara Rafael Bautista en su artículo titulado Qué Manifiesta La Marcha Indígena: ¨No hay Constitución sin acontecimiento Constitucional¨.
Otro aspecto importante para entender este conflicto, es que La CIDOB tiene como estrategia de lucha política la elaboración de plataformas, el dialogo y las marchas a través de las cuales desde los ochenta, (1986, 87, 1990, 96, 2000, 02, 03, 10) ha planteado a sucesivos gobiernos sus demandas históricas, y por tanto no se trata de oposición política si no de una forma de participación en democracia que caracteriza a este sector, cuando ha excedido otros mecanismos de diálogo.
Si asumimos que la plataforma de la CIDOB es legítima puesto que data de casi tres décadas; que formó parte de la Agenda de Octubre y de las condiciones de apoyo al gobierno de Evo Morales Ayma, lo que este importante movimiento-organización está planteando al gobierno ahora, es de interés general: Tanto la forma con la que se pretenden relacionar los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas con el gobierno, así como su plataforma de demandas, que aunque trata de beneficios directos a este sector, contienen aspectos estructurales que interesan a la sociedad en su conjunto. La articulación de los intereses comunes para lograr el bien mayor es un ejercicio pendiente y por esta razón es necesario comprenderlos a cabalidad.
Una de las características de las Organizaciones indígenas de Tierras Bajas indudablemente ha sido su paciente vocación democrática y al mismo tiempo revolucionaria en tanto los efectos de sus logros. La Asamblea Constituyente fue también una demanda del movimiento indígena de Tierras Bajas con la que además se articularon, estratégicamente a los movimientos de Tierras altas. En palabras de Bienvenido Zacu miembro de la Asamblea legislativa Plurinacional: “se produce una apertura en la CIDOB, sobre la que estuvimos discutiendo mucho tiempo, con el temor que produce toda decisión de ese tipo y que incluso nos dividió entre los que estuvieron de acuerdo y los que no, con semejante decisión histórica”...
Sin embargo, entre la construcción teórica del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, (CPE, articulo 1), y la implementación del mismo, transverzalizando competencias en la estructura institucional gubernamental y en todos sus niveles, hay una distancia que debemos aún transitar responsablemente, sin la amenaza de la fragmentación social y territorial y sin las urgencias que los mismos constituyentes nos impusieron en disposiciones transitorias, estableciendo un plazo de ciento ochenta días, a partir del inicio del nuevo mandato del gobierno, para la aprobación de las cinco leyes básicas.
En esta coyuntura, tanto la CIDOB como el gobierno, conocen que el tiempo actúa en contra ya que fueron actores principales en la elaboración de la CPE, por eso se espera que tomen en cuenta los referidos plazos constitucionales en sus negociaciones.
Sin pretender adentrarnos en el análisis e interpretaciones jurídicas puesto que no son objeto del presente artículo, pero a efectos del mismo, es necesario mencionar el marco en el que se establecen las discusiones entre el Gobierno y la CIDOB. Citamos, que de acuerdo a la CPE, a) la constitución de una autonomía se realiza mediante la voluntad democrática, b) la convocatoria para aprobación de estatutos autonómicos se realiza de acuerdo a usos y procedimientos propios pero, c) en el articulo 192 el contenido de los estatutos se elabora de acuerdo a sus formas y procedimientos, “según la Constitución y la Ley¨.. De La misma forma la CPE, establece mecanismos vinculados con d) la facultad de la Asamblea legislativa para el establecimiento o afectación de límites territoriales, exceptuando los que se circunscriben a distritos municipales, que se realizarían a través de acuerdos con los gobiernos municipales. Tambien y fundamentalmente, se deben considerar los principios establecidos en la CPE para la organización territorial del Estado.
Realizadas estas precisiones, inferimos, que este es el marco legal en el que la CIDOB exige que “El Ministerio de Autonomías y Descentralización incorpore al Proyecto de Ley Marco de Autonomías la propuesta de los pueblos indígenas sobre la autonomía indígena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB” y que, en su interpretación se origina el conflicto.
Ahora bien, de otro lado la demanda de autonomías indígenas de la CIDOB, constituye una estrategia para lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado boliviano, ya que la cultura se realiza y expresa en la interrelación dialéctica de las personas con su territorio, que, desde una perspectiva de futuro, les permite relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación, económica, política y social, con los otros espacios territoriales, independientemente del número de su población. Recordemos que los pueblos indígenas han estado históricamente tutelados por iglesias, patrones, y que dichos pueblos han sido excluidos y sometidos por otros poderes, negándoseles, la posibilidad de establecer equilibrios positivos en las relaciones de poder y en todo ámbito social.
La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación y requiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales reconociendo que las Centrales (organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comunidades) per se no necesariamente pueden convertirse en tales.
Dichas autonomías requerirán de mecanismos de gobierno para enfrentar, por ejemplo, las amenazas que produce la interrelación con un entorno en el que el mercado informal determina relaciones de poder sobre los recursos que contienen sus territorios, incluida la tierra.
De otro lado, la flexibilización y funcionalización de normas y procedimientos propios a favor de procesos de descomposición de responsabilidad ética y administrativa, abarcan algunas de las estructuras de las Centrales Indígenas. Estas debilidades intentan ser corregidas por los mismos comunarios sin éxito, puesto que, o son débiles o no existen, los mecanismos estatales para acceder al derecho positivo. (Martínez, J, Tejada A, 2010).
Concretamente estamos planteando que las autonomías indígenas, como cualquiera de las otras por implementarse, podrían derivar en espacios “de nadie” (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agro industriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), si las instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso con respecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder en las centrales o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios.
Será indispensable en ese ámbito, que el accionar del Estado, para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en su interrelación con otros no indígenas, se traduzca en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativa.
La demanda de Gestión Territorial Indígena que también contempla la plataforma de la CIDOB, exigiendo financiamiento, se vincula a las autonomías territoriales indígenas y es indispensable porque implica el ordenamiento del espacio territorial (incluido el uso del suelo), en interrelación con los espacios aledaños, desde la decisión de las comunidades, e implica, por otro lado, un instrumento de control, desde el pueblo hacia la administración de la autonomía indígena.
Sobre la demanda de los escaños en la Asamblea legislativa plurinacional éstos garantizarían la representación de los pueblos indígenas, en tanto complejidades culturales desarrolladas a lo largo de su historia (o a pesar de ella), con valores, normas y prácticas. No hay otra fórmula posible e inteligente que no sea la de la representación directa, si entendemos en todo su significado el término “representación”.
Ahora bien, no nos vamos a concentrar en el número de escaños por las razones expuestas, pero sí vamos a insistir en los medios, a través de los cuales, estas identidades políticas lograrían influir efectivamente en la construcción de un Estado Intercultural, desde la Asamblea legislativa; como sesiones especiales de interculturalidad, reuniones inter comisiones sobre principios de armonización de normas y diseños de evaluación de efectividad que no estén basados en el número de leyes producidas, sino en contenidos interculturales. Las semanas regionales de los asambleístas indígenas deberían constituirse en semanas de re-conocimiento de valores y normas, con sus tiempos necesarios de adaptación a nuestro sistema formal y de derecho positivo, especialmente en esta primera fase de implementación del Estado Plurinacional.
Por último planteamos que la superficie del las TCO no debe entrar en discusión, al ser ésta el resultado de los Estudios Indígenas de Necesidades Espaciales, que reconocen su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas. Sobre esta base, que es una política de Estado, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos. La nueva legislación no debería menoscabar ni amenazar los derechos de los pueblos indígenas como resultado de la incapacidad del Estado, en todos sus niveles, para gestionarlos. El fracaso del proceso de saneamiento no puede transferirle sus costos a las TCO de tierras bajas, sino más bien buscar corregir sus errores con nuevos mecanismos de los que desaparezcan las conciliaciones las desprestigiadas “certificaciones” de derechos y el delito de compra-venta ilegal de tierras en TCO, que continúan vigentes.
Existen también normas legales innegociables, no solo porque responden a otros procesos históricos de toda la humanidad, como las que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, los cuerpos de agua y los recursos naturales, la igualdad de género, entre otros derechos, sino porque estamos convencidas, en base a múltiples experiencias estudiadas, que su aplicación es una condición indivisible del ejercicio de las autonomías indígenas.
La CIDOB ha planteado espacios de autogobierno en los que los pueblos indígenas también se adscriben al derecho administrativo que incluye obligaciones y responsabilidades de todas las partes, y mediante el cual nos obligamos todos los bolivianos a fortalecer al Estado y a la Nación que nos une, conteniendo la complejidad de nuestra naturaleza pluricultural.
19 de abril de 2010
Vice Ministerio de Biodiversidad (temas legislativos del poder del Estado)
DECRETO SUPREMO N°29057
JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que debido a los cambios sociales y políticos que vive nuestro país, se hace necesaria la
modificación y adecuación de determinadas normas que permitan el cumplimiento efectivo de las
funciones asignadas al Gobierno Nacional.
Que el concepto de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza ha sido superado
por el concepto de conservación de la naturaleza como patrón generador del Vivir Bien. En
consecuencia, las instancias gubernamentales rescatan y revalorizan los saberes de los pueblos
originarios, indígenas y comunidades campesinas, para proponer un nuevo modelo de convivencia.
Que para operativizar la gestión del Gobierno Nacional, se promulgó la Ley N. 3351 de 21
de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo, adecuando a la realidad del país las
funciones Supremo que deben cumplir las entidades dependientes del Gobierno Nacional.
Que el Decreto N° 28631 de 08 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización
del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 72 como funciones del Viceministerio de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, entre otras, formular y ejecutar planes y
políticas orientadas a la protección y preservación de la biodiversidad, recursos forestales y medio
ambiente.
Que mediante Decreto Supremo Nº 28592 de 17 de enero de 2006, se complementa y
modifica los reglamentos ambientales, referente a la competencia de la Autoridad Ambiental
Competente Nacional, estableciendo en su artículo 2 dicha atribución al Viceministerio de Recursos
Naturales y Medio Ambiente; quien debe ser el que coordine con los diversos sectores, tanto
productivos como de servicios, respecto a las actividades de gestión, control y fiscalización del
medio ambiente.
Que en el Decreto Supremo Nº 28677 de fecha 14 de abril del 2006 en su parte
considerativa señala la necesidad de complementar e identificar claramente el brazo operativo de la
Autoridad Ambiental Competente Nacional, para promover y ejecutar acciones para el control de la
calidad ambiental con la prevención, control y fiscalización de actividades, obras y proyectos
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, dentro del ámbito de competencia del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
Que el Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, asigna funciones en
materia ambiental al Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente dependiente del
Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Viceministerio de Biodiversidad, Recursos
Forestales y Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente, mismas que deben ser precisadas en el marco de las competencias Ministeriales.
EN CONSEJO DE MINISTROS:
DECRETA:
ARTICULO 1.- (OBJETO).- El presente Decreto Supremo, tiene por objeto especificar
las competencias en materia ambiental que corresponden a los Viceministerios de Biodiversidad,
Recursos Forestales y Medio Ambiente y al de Planificación Territorial y Medio Ambiente,
dependientes de los Ministerios de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y de
Planificación del Desarrollo, respectivamente.
ARTICULO 2.- (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL). Se
precisa que la Autoridad Ambiental Competente Nacional - AACN, es el Viceministro de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
ARTICULO 3.- (MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DEL
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE ) I. Se
modifica el Artículo 55 del Decreto Supremo 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente a la
Estructura del Ministerio de Planificación del Desarrollo modificando la denominación del
Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente por la de “Viceministerio de
Planificación Territorial y Ambiental”.
II. Se modifica el Artículo 57 del Decreto Supremo 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente
a las funciones del Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente, como sigue:
“Viceministro de Planificación Territorial y Ambiental
a) Desarrollar Políticas de Planificación y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiental.
b) Coordinar con la instancia ambiental competente a nivel nacional, departamental y
municipal, las acciones relacionadas con la temática ambiental que surjan de los
procesos de planificación.
c) Velar por que la dimensión ambiental sea considerada en los procesos de planificación
desarrollados por instancias nacionales, departamentales y locales.
d) Promover acciones, mecanismos e instrumentos para posibilitar que la dimensión
ambiental sea parte de los procesos de planificación en los diferentes ámbitos,
instancias y sectores.
e) Formular lineamientos para el diseño de políticas para el uso sostenible de la tierra en
coordinación con otras instancias con competencias concurrentes.
f) Formular lineamientos para el diseño de políticas en ordenamiento territorial.
g) Elaborar y actualizar las bases metodológicas para el ordenamiento territorial,
considerando el Plan de Uso de Suelo-PLUS y Plan de Ocupación del Territorio –
PLOT.
h) Coordinar con las prefecturas y gobiernos municipales la incorporación en los planes
departamentales y municipales de ordenamiento territorial, los lineamientos, políticas y
estrategias definidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
i) Fortalecer y desarrollar el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo –SNID.
j) Formular políticas y estrategias para la prevención y reducción de desastres y coordinar
su incorporación en los planes, programas y proyectos sectoriales a nivel nacional,
departamental y municipal.
k) Coordinar políticas públicas con el Viceministerio de Planificación y Coordinación,
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y con el Ministerio de
Defensa para la incorporación de la gestión de riesgos en el Sistema de Planificación
Nacional - SISPLAN y en el Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP. ”
ARTICULO 4.- (INCORPORACION DE FUNCIONES AL VICEMINISTRO DE
BIODIVERSIDAD, RECURSOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTE).- Se incorpora en el
artículo 72 del Decreto Supremo No 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente a las funciones
del Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, los siguientes incisos:
“v) Formular Políticas de calidad ambiental para coadyuvar la competitividad de los
procesos productivos, en coordinación con las entidades con competencias
concurrentes.
w) Impulsar el desarrollo y efectuar el seguimiento de los sistemas nacionales y
departamentales de impacto y control de la calidad ambiental.
x) Formular políticas para el uso sostenible de la tierra en coordinación con instancias
con competencias concurrentes. ”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA. Los planes, programas y proyectos en ejecución y los
recursos que los sustentan, que se encuentran bajo dependencia del Viceministerio de Planificación
Territorial y Medio Ambiente; financiados por Convenios de Donación y Contratos de Préstamo de
Organismos Internacionales e Instituciones Privadas, serán transferidos bajo conocimiento, tuición
y ejecución del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, en
correspondencia con sus funciones y competencias, en un plazo de cuarenta y cinco días calendario,
computables a partir de la publicación del presente decreto supremo.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA. Se derogan los incisos f), g) y l) del artículo 57 del
Decreto Supremo. No. 28631 de 08 de marzo de 2006, referidos a las funciones del Viceministerio
de Planificación y Coordinación, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
Presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de la Paz, a los catorce días del mes de marzo del
año dos mil siete
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga,
Alfredo Octavio Rada Vélez, Walter San Miguel Rodríguez, Celinda Loza Tellería, Luis Alberto
Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Jerjes Mercado Suárez, Susana Rivero
Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, José Guillermo Dalence Salinas, Walter Juvenal Delgadillo
Terceros, Victor Cáceres Rodríguez, Nila Heredia Miranda.
JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que debido a los cambios sociales y políticos que vive nuestro país, se hace necesaria la
modificación y adecuación de determinadas normas que permitan el cumplimiento efectivo de las
funciones asignadas al Gobierno Nacional.
Que el concepto de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza ha sido superado
por el concepto de conservación de la naturaleza como patrón generador del Vivir Bien. En
consecuencia, las instancias gubernamentales rescatan y revalorizan los saberes de los pueblos
originarios, indígenas y comunidades campesinas, para proponer un nuevo modelo de convivencia.
Que para operativizar la gestión del Gobierno Nacional, se promulgó la Ley N. 3351 de 21
de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo, adecuando a la realidad del país las
funciones Supremo que deben cumplir las entidades dependientes del Gobierno Nacional.
Que el Decreto N° 28631 de 08 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización
del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 72 como funciones del Viceministerio de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, entre otras, formular y ejecutar planes y
políticas orientadas a la protección y preservación de la biodiversidad, recursos forestales y medio
ambiente.
Que mediante Decreto Supremo Nº 28592 de 17 de enero de 2006, se complementa y
modifica los reglamentos ambientales, referente a la competencia de la Autoridad Ambiental
Competente Nacional, estableciendo en su artículo 2 dicha atribución al Viceministerio de Recursos
Naturales y Medio Ambiente; quien debe ser el que coordine con los diversos sectores, tanto
productivos como de servicios, respecto a las actividades de gestión, control y fiscalización del
medio ambiente.
Que en el Decreto Supremo Nº 28677 de fecha 14 de abril del 2006 en su parte
considerativa señala la necesidad de complementar e identificar claramente el brazo operativo de la
Autoridad Ambiental Competente Nacional, para promover y ejecutar acciones para el control de la
calidad ambiental con la prevención, control y fiscalización de actividades, obras y proyectos
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, dentro del ámbito de competencia del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
Que el Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, asigna funciones en
materia ambiental al Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente dependiente del
Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Viceministerio de Biodiversidad, Recursos
Forestales y Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente, mismas que deben ser precisadas en el marco de las competencias Ministeriales.
EN CONSEJO DE MINISTROS:
DECRETA:
ARTICULO 1.- (OBJETO).- El presente Decreto Supremo, tiene por objeto especificar
las competencias en materia ambiental que corresponden a los Viceministerios de Biodiversidad,
Recursos Forestales y Medio Ambiente y al de Planificación Territorial y Medio Ambiente,
dependientes de los Ministerios de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y de
Planificación del Desarrollo, respectivamente.
ARTICULO 2.- (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE NACIONAL). Se
precisa que la Autoridad Ambiental Competente Nacional - AACN, es el Viceministro de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
ARTICULO 3.- (MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DEL
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE ) I. Se
modifica el Artículo 55 del Decreto Supremo 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente a la
Estructura del Ministerio de Planificación del Desarrollo modificando la denominación del
Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente por la de “Viceministerio de
Planificación Territorial y Ambiental”.
II. Se modifica el Artículo 57 del Decreto Supremo 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente
a las funciones del Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente, como sigue:
“Viceministro de Planificación Territorial y Ambiental
a) Desarrollar Políticas de Planificación y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiental.
b) Coordinar con la instancia ambiental competente a nivel nacional, departamental y
municipal, las acciones relacionadas con la temática ambiental que surjan de los
procesos de planificación.
c) Velar por que la dimensión ambiental sea considerada en los procesos de planificación
desarrollados por instancias nacionales, departamentales y locales.
d) Promover acciones, mecanismos e instrumentos para posibilitar que la dimensión
ambiental sea parte de los procesos de planificación en los diferentes ámbitos,
instancias y sectores.
e) Formular lineamientos para el diseño de políticas para el uso sostenible de la tierra en
coordinación con otras instancias con competencias concurrentes.
f) Formular lineamientos para el diseño de políticas en ordenamiento territorial.
g) Elaborar y actualizar las bases metodológicas para el ordenamiento territorial,
considerando el Plan de Uso de Suelo-PLUS y Plan de Ocupación del Territorio –
PLOT.
h) Coordinar con las prefecturas y gobiernos municipales la incorporación en los planes
departamentales y municipales de ordenamiento territorial, los lineamientos, políticas y
estrategias definidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
i) Fortalecer y desarrollar el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo –SNID.
j) Formular políticas y estrategias para la prevención y reducción de desastres y coordinar
su incorporación en los planes, programas y proyectos sectoriales a nivel nacional,
departamental y municipal.
k) Coordinar políticas públicas con el Viceministerio de Planificación y Coordinación,
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y con el Ministerio de
Defensa para la incorporación de la gestión de riesgos en el Sistema de Planificación
Nacional - SISPLAN y en el Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP. ”
ARTICULO 4.- (INCORPORACION DE FUNCIONES AL VICEMINISTRO DE
BIODIVERSIDAD, RECURSOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTE).- Se incorpora en el
artículo 72 del Decreto Supremo No 28631 de 08 de marzo de 2006, en lo referente a las funciones
del Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, los siguientes incisos:
“v) Formular Políticas de calidad ambiental para coadyuvar la competitividad de los
procesos productivos, en coordinación con las entidades con competencias
concurrentes.
w) Impulsar el desarrollo y efectuar el seguimiento de los sistemas nacionales y
departamentales de impacto y control de la calidad ambiental.
x) Formular políticas para el uso sostenible de la tierra en coordinación con instancias
con competencias concurrentes. ”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA. Los planes, programas y proyectos en ejecución y los
recursos que los sustentan, que se encuentran bajo dependencia del Viceministerio de Planificación
Territorial y Medio Ambiente; financiados por Convenios de Donación y Contratos de Préstamo de
Organismos Internacionales e Instituciones Privadas, serán transferidos bajo conocimiento, tuición
y ejecución del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, en
correspondencia con sus funciones y competencias, en un plazo de cuarenta y cinco días calendario,
computables a partir de la publicación del presente decreto supremo.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA. Se derogan los incisos f), g) y l) del artículo 57 del
Decreto Supremo. No. 28631 de 08 de marzo de 2006, referidos a las funciones del Viceministerio
de Planificación y Coordinación, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
Presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de la Paz, a los catorce días del mes de marzo del
año dos mil siete
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga,
Alfredo Octavio Rada Vélez, Walter San Miguel Rodríguez, Celinda Loza Tellería, Luis Alberto
Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Jerjes Mercado Suárez, Susana Rivero
Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, José Guillermo Dalence Salinas, Walter Juvenal Delgadillo
Terceros, Victor Cáceres Rodríguez, Nila Heredia Miranda.
El Tribunal Agro Ambiental, los delitos medioambientales
El Tribunal Agroambiental, los delitos medioambientales, los derechos y deberes ciudadanos y la normativa reglamentaria pendiente
En construcción la Legislación Agroambiental del Estado Plurinacional
(UPIC-Tierra).- Se elabora en Bolivia una nueva normativa jurídica medioambiental con principios que trascienden el derecho privado occidental y rescatan milenarios sistemas de administración colectiva de la naturaleza y el territorio desarrollados por pueblos indígenas y campesinos.
La primera Constitución Política de Bolivia de 1826 impregnada por la filosofía liberal desconoció a los pueblos indígenas y su cultura comunitaria, reconocida legal y formalmente por primera vez en la Constitución de 1838.
La Constitución de 1967 legalizó las organizaciones sindicales y campesinas; la Carta Magna de 1994 constitucionalizó los territorios, la personería jurídica y las normas, usos y costumbres de los pueblos indígenas; y la Carta Magna promulgada en 2009 instituyó los valores comunitarios indígenas como principios constitutivos del Estado plurinacional unitario, independiente y soberano.
Ahora se desarrolla una nueva normativa jurídica medioambiental, trascendiendo los principios del derecho privado occidental y rescatando milenarios sistemas de administración colectiva de la naturaleza y el territorio de los pueblos indígenas y campesinos.
Recuperar la Identidad
Pareciera que muchos años hemos vivido sin tomar conciencia de lo que somos y nos han hecho renegar de nuestra cultura originaria; pero ahora recuperamos nuestra identidad cultural y nuestros usos y costumbres, destaca la ministra de Desarrollo Rural y Tierra Nemesia Achacollo.
En la cosmovisión indígena, el medioambiente, los organismos vivos y los seres humanos que habitan el Planeta son elementos interdependientes de un solo sistema, explica el Presidente Evo Morales.
Los pueblos originarios enseñan que la Madre Tierra es sagrada porque es la fuente de vida de todos los organismos y la casa común donde sociedades diversas desarrollan modos de producción y de relacionamiento con la naturaleza.
En el siglo XX, los pueblos del mundo lucharon por los derechos humanos, políticos y civiles. En el nuevo milenio, reflexiona el Presidente Morales, la humanidad debe defender los derechos de la naturaleza por una razón elemental:
La Madre Tierra puede existir sin la vida humana, pero la vida humana no puede existir sin la Madre Tierra. Por eso es su obligación "defender" y "respetar" a la Pachamama.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia crea una jurisdicción medioambiental administrada por el Tribunal Agroambiental y regida por principios de integralidad, inmediatez, sustentabilidad, interculturalidad y función social. [1]
El Tribunal Agroambiental está facultado para conocer y resolver en única instancia acciones relacionadas con los recursos naturales:
1. Recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
2. Demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.
3. Procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas.
Principios agroambientales
Uno de los objetivos del sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia es la formación individual y colectiva integral; el fortalecimiento de la conciencia social crítica; el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica productiva, y la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. (Artículo 80)
La Constitución del Estado Plurinacional aborda de manera integral la temática de la tierra, concebida como un recurso natural renovable clave en el proceso productivo, y como el territorio donde se intercambia bienes naturales (agua, alimentos, energía) y se construye ciudadanía e identidades culturales colectivas.
La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y otras normas sientan las bases para la tutela jurídica integral de los recursos naturales y otros componentes de la biosfera, como por ejemplo la diversidad biológica y los recursos genéticos.
Los derechos agrario, ecológico o indígena norman el aprovechamiento de recursos naturales y los derechos de propiedad de la tierra en función del interés colectivo y no de la rentabilidad económica, y legislan tomando en cuenta los impactos del modo de producción dominante.
Derechos ciudadanos
Son derechos ciudadanos imprescriptibles el acceso al agua (Arts. 16 y 373), a los servicios públicos (Arts.20 y 378) y a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado que permita el desarrollo normal y permanente de individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones. (Arts. 33 y 343)
La Constitución establece que los recursos naturales son bienes comunes de propiedad social que pueden "usarse" y "aprovecharse", pero no poseerse.
La Carta Magna reconoce y respeta la propiedad individual y colectiva de la tierra, siempre y cuando cumpla una función social, es decir que produzca en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario.
La pequeña propiedad y la propiedad colectiva cumplen una función social por ser fuente de subsistencia, bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. (Artículo 397) [2]
Cumplen una función económica social (FES) las propiedades agrarias empresariales empleadas en el desarrollo de actividades productivas sustentables en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de sus propietarios.
Deberes de la sociedad y del Estado
Es deber del Estado y de todos los bolivianos y bolivianas resguardar, proteger, conservar y defender el patrimonio natural de Bolivia, y aprovechar los recursos naturales de la biodiversidad de manera sustentable, así como mantener el equilibrio del medio ambiente para el desarrollo de los seres vivos y para preservar los derechos de las futuras generaciones (Arts. 108, 342, 346, 347, 380 y 387).
Es deber ciudadano participar en el manejo de los recursos naturales y en el control social de la gestión ambiental. (Arts. 345, 374, 385 y 388).
La participación y el control social implica denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente. (Artículo 242)
Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas con control social y 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. (Artículo 345)
El Estado y la sociedad mitigarán los efectos nocivos al medio ambiente y los pasivos ambientales. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente en todas las etapas de la producción, deberán evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. (Artículo 347)
Acciones ciudadanas
Cualquier persona está facultada para ejercitar acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, a título individual o en representación de una colectividad, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. (Artículo 34)
1. Acción de Inconstitucionalidad: Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad. (Artículo 132)
2. Acción de Cumplimiento: La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional. (Artículo 134)
3. Acción Popular: La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución. (Artículo 135)
Delitos ambientales
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prevé sanciones civiles, penales y administrativas por el incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente (Artículo 345); tipifica como delito de traición a la patria la violación del régimen constitucional de los recursos naturales (Artículo 124), y declara la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. (Artículos 111 y 347)
Las políticas de gestión ambiental se basarán en la responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. (Artículo 345)
Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. Los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles. (Artículos 111 y 347)
Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que viole el régimen constitucional de los recursos naturales o que atente contra la unidad del país. Este delito merecerá la máxima sanción penal. (Artículo 124)
Normativa medioambiental pendiente
Los capítulos constitucionales referidos a la tierra, el territorio y el desarrollo rural requieren leyes reglamentarias específicas que incorporen principios de justicia, equidad, precaución y acceso responsable a los recursos naturales. Algunas de estas normas que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional son:
- Ley del Tribunal Agroambiental (Arts. 179 y 189)
- Ley regulatoria para la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente (Art. 344)
- Ley de producción, importación y comercialización de transgénicos (Art. 409)
- Ley de conservación y promoción del ecosistemas (Arts. 352, 380 y 387)
- Ley de adecuación de la Reconducción comunitaria de la reforma agraria (Arts. 380 y 394)
- Ley de adecuación del SERNAP (Art. 388)
- Ley de conversión de uso de tierras (Art. 389)
- Ley de servidumbres ecológicas (Art. 389)
- Ley del desarrollo integral de la Amazonía boliviana (Art. 390)
- Ley de protección y aprovechamiento de especies forestales de relevancia económica, cultural y ecológica (Art. 387)
- Ley de aprovechamiento de concesiones por comunidades indígena originario campesinas (Art. 388)
- Ley de protección agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales (Art. 407)
- Ley de promoción y diversificación económica, distribución de beneficios de la industrialización y comercialización de recursos naturales (Art. 355)
- Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
- Ley de Seguridad Alimentaria para el ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada
________________________________________
Notas:
[1] La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental, por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. (Artículo 179)
Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Agroambiental son necesarios los mismos requisitos exigidos a los miembros del Tribunal Supremo, además de contar con especialidad en estas materias y haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria, la profesión libre o la cátedra universitaria durante ocho años. En la preselección de candidatas y candidatos se garantizará la composición plural, considerando criterios de plurinacionalidad. (Artículo 187)
Se elegirán Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental por sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y los Magistrados será el de los servidores públicos. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental. (Artículo 188)
[2] El convenio 169 de la OIT establece que las TCOs y comunidades indígenas cumplen la función social con el uso y aprovechamiento de sus territorios de acuerdo a sus usos y costumbres.
Fuente: Unidad de Promoción Indígena y Campesina del Viceministerio de Tierras (UPIC-Tierra).
En construcción la Legislación Agroambiental del Estado Plurinacional
(UPIC-Tierra).- Se elabora en Bolivia una nueva normativa jurídica medioambiental con principios que trascienden el derecho privado occidental y rescatan milenarios sistemas de administración colectiva de la naturaleza y el territorio desarrollados por pueblos indígenas y campesinos.
La primera Constitución Política de Bolivia de 1826 impregnada por la filosofía liberal desconoció a los pueblos indígenas y su cultura comunitaria, reconocida legal y formalmente por primera vez en la Constitución de 1838.
La Constitución de 1967 legalizó las organizaciones sindicales y campesinas; la Carta Magna de 1994 constitucionalizó los territorios, la personería jurídica y las normas, usos y costumbres de los pueblos indígenas; y la Carta Magna promulgada en 2009 instituyó los valores comunitarios indígenas como principios constitutivos del Estado plurinacional unitario, independiente y soberano.
Ahora se desarrolla una nueva normativa jurídica medioambiental, trascendiendo los principios del derecho privado occidental y rescatando milenarios sistemas de administración colectiva de la naturaleza y el territorio de los pueblos indígenas y campesinos.
Recuperar la Identidad
Pareciera que muchos años hemos vivido sin tomar conciencia de lo que somos y nos han hecho renegar de nuestra cultura originaria; pero ahora recuperamos nuestra identidad cultural y nuestros usos y costumbres, destaca la ministra de Desarrollo Rural y Tierra Nemesia Achacollo.
En la cosmovisión indígena, el medioambiente, los organismos vivos y los seres humanos que habitan el Planeta son elementos interdependientes de un solo sistema, explica el Presidente Evo Morales.
Los pueblos originarios enseñan que la Madre Tierra es sagrada porque es la fuente de vida de todos los organismos y la casa común donde sociedades diversas desarrollan modos de producción y de relacionamiento con la naturaleza.
En el siglo XX, los pueblos del mundo lucharon por los derechos humanos, políticos y civiles. En el nuevo milenio, reflexiona el Presidente Morales, la humanidad debe defender los derechos de la naturaleza por una razón elemental:
La Madre Tierra puede existir sin la vida humana, pero la vida humana no puede existir sin la Madre Tierra. Por eso es su obligación "defender" y "respetar" a la Pachamama.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia crea una jurisdicción medioambiental administrada por el Tribunal Agroambiental y regida por principios de integralidad, inmediatez, sustentabilidad, interculturalidad y función social. [1]
El Tribunal Agroambiental está facultado para conocer y resolver en única instancia acciones relacionadas con los recursos naturales:
1. Recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
2. Demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.
3. Procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas.
Principios agroambientales
Uno de los objetivos del sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia es la formación individual y colectiva integral; el fortalecimiento de la conciencia social crítica; el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica productiva, y la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. (Artículo 80)
La Constitución del Estado Plurinacional aborda de manera integral la temática de la tierra, concebida como un recurso natural renovable clave en el proceso productivo, y como el territorio donde se intercambia bienes naturales (agua, alimentos, energía) y se construye ciudadanía e identidades culturales colectivas.
La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y otras normas sientan las bases para la tutela jurídica integral de los recursos naturales y otros componentes de la biosfera, como por ejemplo la diversidad biológica y los recursos genéticos.
Los derechos agrario, ecológico o indígena norman el aprovechamiento de recursos naturales y los derechos de propiedad de la tierra en función del interés colectivo y no de la rentabilidad económica, y legislan tomando en cuenta los impactos del modo de producción dominante.
Derechos ciudadanos
Son derechos ciudadanos imprescriptibles el acceso al agua (Arts. 16 y 373), a los servicios públicos (Arts.20 y 378) y a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado que permita el desarrollo normal y permanente de individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones. (Arts. 33 y 343)
La Constitución establece que los recursos naturales son bienes comunes de propiedad social que pueden "usarse" y "aprovecharse", pero no poseerse.
La Carta Magna reconoce y respeta la propiedad individual y colectiva de la tierra, siempre y cuando cumpla una función social, es decir que produzca en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario.
La pequeña propiedad y la propiedad colectiva cumplen una función social por ser fuente de subsistencia, bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. (Artículo 397) [2]
Cumplen una función económica social (FES) las propiedades agrarias empresariales empleadas en el desarrollo de actividades productivas sustentables en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de sus propietarios.
Deberes de la sociedad y del Estado
Es deber del Estado y de todos los bolivianos y bolivianas resguardar, proteger, conservar y defender el patrimonio natural de Bolivia, y aprovechar los recursos naturales de la biodiversidad de manera sustentable, así como mantener el equilibrio del medio ambiente para el desarrollo de los seres vivos y para preservar los derechos de las futuras generaciones (Arts. 108, 342, 346, 347, 380 y 387).
Es deber ciudadano participar en el manejo de los recursos naturales y en el control social de la gestión ambiental. (Arts. 345, 374, 385 y 388).
La participación y el control social implica denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente. (Artículo 242)
Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas con control social y 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. (Artículo 345)
El Estado y la sociedad mitigarán los efectos nocivos al medio ambiente y los pasivos ambientales. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente en todas las etapas de la producción, deberán evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. (Artículo 347)
Acciones ciudadanas
Cualquier persona está facultada para ejercitar acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, a título individual o en representación de una colectividad, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. (Artículo 34)
1. Acción de Inconstitucionalidad: Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad. (Artículo 132)
2. Acción de Cumplimiento: La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional. (Artículo 134)
3. Acción Popular: La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución. (Artículo 135)
Delitos ambientales
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prevé sanciones civiles, penales y administrativas por el incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente (Artículo 345); tipifica como delito de traición a la patria la violación del régimen constitucional de los recursos naturales (Artículo 124), y declara la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. (Artículos 111 y 347)
Las políticas de gestión ambiental se basarán en la responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. (Artículo 345)
Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. Los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles. (Artículos 111 y 347)
Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que viole el régimen constitucional de los recursos naturales o que atente contra la unidad del país. Este delito merecerá la máxima sanción penal. (Artículo 124)
Normativa medioambiental pendiente
Los capítulos constitucionales referidos a la tierra, el territorio y el desarrollo rural requieren leyes reglamentarias específicas que incorporen principios de justicia, equidad, precaución y acceso responsable a los recursos naturales. Algunas de estas normas que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional son:
- Ley del Tribunal Agroambiental (Arts. 179 y 189)
- Ley regulatoria para la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente (Art. 344)
- Ley de producción, importación y comercialización de transgénicos (Art. 409)
- Ley de conservación y promoción del ecosistemas (Arts. 352, 380 y 387)
- Ley de adecuación de la Reconducción comunitaria de la reforma agraria (Arts. 380 y 394)
- Ley de adecuación del SERNAP (Art. 388)
- Ley de conversión de uso de tierras (Art. 389)
- Ley de servidumbres ecológicas (Art. 389)
- Ley del desarrollo integral de la Amazonía boliviana (Art. 390)
- Ley de protección y aprovechamiento de especies forestales de relevancia económica, cultural y ecológica (Art. 387)
- Ley de aprovechamiento de concesiones por comunidades indígena originario campesinas (Art. 388)
- Ley de protección agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales (Art. 407)
- Ley de promoción y diversificación económica, distribución de beneficios de la industrialización y comercialización de recursos naturales (Art. 355)
- Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
- Ley de Seguridad Alimentaria para el ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada
________________________________________
Notas:
[1] La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental, por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. (Artículo 179)
Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Agroambiental son necesarios los mismos requisitos exigidos a los miembros del Tribunal Supremo, además de contar con especialidad en estas materias y haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria, la profesión libre o la cátedra universitaria durante ocho años. En la preselección de candidatas y candidatos se garantizará la composición plural, considerando criterios de plurinacionalidad. (Artículo 187)
Se elegirán Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental por sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y los Magistrados será el de los servidores públicos. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental. (Artículo 188)
[2] El convenio 169 de la OIT establece que las TCOs y comunidades indígenas cumplen la función social con el uso y aprovechamiento de sus territorios de acuerdo a sus usos y costumbres.
Fuente: Unidad de Promoción Indígena y Campesina del Viceministerio de Tierras (UPIC-Tierra).
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