Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria - 18/09/2012

Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria - 18/09/2012 o Últimamente, el Gobierno nacional y el sector agroindustrial de Santa Cruz han estado hablando de ampliar la frontera agrícola en Bolivia con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Actualmente en nuestro país existen 2,9 millones de hectáreas cultivadas con producción agrícola y para el año 2020 se pretende llegar a diez millones, según declaraciones del viceministro de Desarrollo Agropecuario y Rural, Víctor Hugo Vásquez. Si la ampliación de la frontera agrícola implica: seguir deforestando bosques tropicales (250 mil a 300 mil hectáreas por año según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT); seguir utilizando las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias dañando así la salud humana y la biodiversidad (ABT: 4,88 millones de hectáreas quemadas en 2010); seguir cultivando en suelos que no tienen vocación para la agricultura intensiva (según la Plataforma Nacional de Suelos 41% de los suelos sufren procesos de degradación). Si todo esto implica la ampliación de la frontera agrícola, característica del modelo de producción de monocultivos agroindustriales, con alta mecanización agrícola y dependencia de agrotóxicos (venenos), estaríamos yendo al despeñadero y con seguridad el remedio sería peor que la enfermedad. Pretender ampliar la frontera agrícola a diez millones podría implicar seguir deforestando bosques tropicales, en muchos casos de forma ilegal. En nuestro contexto sería más adecuado hablar de mejorar la productividad agrícola, pecuaria y forestal, que en la mayoría de los rubros agrícolas y pecuarios es muy baja en comparación a países vecinos. Por ejemplo, en producción de papa Bolivia tiene un rendimiento de 5,49 tm/ha, Perú tiene 9,4 tm/ha; en producción de arroz nuestro rendimiento es de 2,73, tm/ha, Argentina 6,54 tm/ha y Brasil 4,78 tm/ha. Para mejorar la productividad agrícola se debe: impulsar políticas públicas audaces y recuperar los suelos que están en proceso de degradación; erradicar las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias; incentivar la utilización de prácticas y técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente y adecuadas a cada contexto; e invertir en sistemas de riego, entre otros. La producción diversificada respetando la vocación de uso mayor de suelos y valorando los conocimientos locales es una alternativa que durará mucho tiempo. Siendo la población rural en Bolivia el 37,5% del total, es fundamental que el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos subnacionales prioricen la inversión pública en infraestructura productiva; incentiven iniciativas productivas agroecológicas diversificadas acorde con la vocación de uso mayor de los suelos; incrementen su capacidad en investigación agropecuaria y forestal; promocionen tecnologías con energías alternativas; presten asistencia técnica y formación de recursos humanos para el desarrollo rural integral sustentable en todos los municipios del país; prioricen el potenciamiento de los mercados locales y la transformación de la producción agroecológica, antes de la exportación de materias primas; focalicen esfuerzos técnicos y económicos (políticas públicas) a favor de la producción diversificada de familias, comunidades y organizaciones económico-productivas indígena originaria campesinas y afrobolivianas del país que, creemos, sería apostar a lo seguro para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria a mediano y largo plazo en Bolivia, que así sea. Eulogio Núñez Aramayo Es director de CIPCA Santa Cruz. Fuente: http://www.paginasiete.bo/2012-09-19/Opinion/Destacados/16Opi00119-09-12-P720120919MIE.aspx

Desde los que no pertenecen al Poder hacendal cruceño (Una invitación al diálogo respetuoso)

Por Alicia Tejada Soruco En días pasados CEDIB presentó en Santa Cruz el libro Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia, planteando una discusión pendiente que esperamos incorporar a las agendas políticas de ciudadanía aportando nuevos elementos de análisis sobre el desarrollo en amazonia, llanos y chaco bolivianos. Tres de los connotados y expertos comentaristas del libro (Alcides Vadillo, Ricardo Saucedo, José Martinez) coincidieron en resaltar que hablar de minería en tierras bajas, donde esta actividad no se constituye en la única opción, como en muchos lugares de las tierras altas de Bolivia, nos obliga a preguntarnos si la minería aportará más y mejores beneficios que la actividad forestal, agrícola y ganadera no solo en términos económicos sino también sociales, ambientales y culturales. El estudio, desde las percepciones de la gente del lugar, invita a la reflexión sobre el modelo de desarrollo minero, sobre sus modos de producción y sobre sus empresas, con derechos otorgados sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, tierras agrícolas y agro silvo pastoriles y sobre una diversidad de poblaciones indígenas y rurales. ¿Estamos dispuestos a afectar a este patrimonio, a pagar la factura de la minería, desarticulando y sistemas socio-económicos que incluyen las distintas relaciones que mantienen los seres humanos con los demás seres vivientes, con los continentes ecológicos” De otro lado el estudio presenta registros estatales, sin omitir un solo dato, que expresan en manos de quiénes (poderes transnacionales y hacendales) se encuentran hoy reconocidos íntegramente, a través del Decreto de migración de concesiones a Autorizaciones Temporales, los derechos en los mejores y mayores reservorios mineros de tierras bajas. El vicepresidente de Bolivia Alvaro García Lineras, en su libro, recientemente presentado, “Geopolítica de la Amazonía: Poder Hacendal Patrimonial y acumulación Capitalista”, haciendo referencia como tema de fondo al debate sobre el TIPNIS, sale al paso también de este debate ciudadano cuando señala aspectos referidos a la responsabilidad ambiental del gobierno de Bolivia: “Al fin y al cabo, si las empresas europeas y el gobierno norteamericano están tan preocupados por el medio ambiente y la conservación de los bosques en el mundo. .Por que no dejan de consumir madera y reducen drásticamente su industria automovilística y todo tipo de producción que emita CO2 al entorno? .Por que no dejan de importar minerales cuya producción contamina la naturaleza? .Por que no dejan de importar alimentos cuya producción promueve la deforestación de millones de hectáreas de bosques?”(67) a lo que podríamos responder que el gobierno se vería en figurillas si eso sucediera, puesto que su política económica, basada en el PIB, se basa en el extractivismo; en las exportaciones de materia prima proveniente de los bosques, la minería y la agro industria. Y de hecho ya está en figurillas si buscamos correspondencia entre este traslado geopolítico de responsabilidades y el carácter vinculante del preámbulo de la CPE: “descartamos otros nombres que expresan relaciones de explotación, expropiación y disociación de la naturaleza, que manifiestan relaciones mercantiles”, que les obliga a actuar también en el territorio nacional. Mientras que el libro de Mineria en Las Tierras Bajas de Bolivia expone vastas regiones mineras de Tierras Altas en el Mapa de la Pobreza, para advertir que estamos frente al mismo Estado que históricamente cumplió atribuciones de “registrar y mal- cobrar”; mientras que citamos los testimonios de los “indios” de Tierras Bajas abandonados por el Estado a la suerte del mercado que termina imponiendo sus propias lógicas económicas y de producción, apoyado con el rimbombante slogan “De Patrones a Socios”…y mientras, citamos la vigencia del Código de minería de Gonzalo Sánchez de Lozada y con ello la de los poderes hacendales tanto en tierras bajas como en el altiplano boliviano, el Vice Pdte. afirma que: “La segunda falacia, de implicancias aún más reaccionarias que la primera, es la que busca separar artificialmente a “indígenas de tierras bajas” versus “campesinos de valles y tierras altas”. Los primeros, alejados del mercado, buenos y contempladores de la naturaleza; en tanto que los segundos serían los depredadores, malos, mercaderes, ilegales y destructores de la naturaleza”, (75) , como si éstos últimos no fuesen hoy las víctimas de un modelo individualista y capitalista que defienden desde el FENCOMIN o desde la CSUTCB (apoyando transgénicos y formando parte de la cadena de la soya). Me pregunto si el mercado de minerales, de madera, de alimentos está interesado en conocer de qué color u origen es el que lo produce. (el 60% de la quinua producida en tierras altas es para la exportación con apoyo del gobierno) O si los modos de producción de los siglos de opresión en tierras altas no han determinado también un brutal sometimiento al mismo expresado en algunos líderes interculturales que no entendían que los “salvajes” del TIPNIS no quieran desarrollo a imagen y semejanza que el impuesto a ellos mismos. Pero lo más sorprendente es que el párrafo anterior se cierra con un categórico “Este dualismo de caricaturesco fue el que durante décadas utilizaron los hacendados amazónicos y orientales para colocar un muro de contención alrededor de sus latifundios”, justo la misma semana en la que el Vicepresidente García Linera suscribe convenios precisamente con ese poder hacendal cruceño para ampliarles la frontera agrícola, estableciendo perdonasos sobre sus desmontes y asegurarandoles su exportaciones: Si los poderes hacendales cruceños determinan el modo de producción en la amazonia resulta contradictorio que el actual gobierno los fortalezca con políticas que acrecienten este poder. ¿Por qué si ese modelo perverso ha acaparado derechos en el Beni; en Pando, en la Amazonía; es a este al que se acude cuando los “indios rebeldes” y seguramente “débiles intelectualmente” interpelan al gobierno. Y en este orden me asalta otra duda: Cuando el presidente del Estado descolonizador le pidió al poder hacendal cruceño (CAO): “enseñennos a producir”, mientras promocionaba su Ley de transgénicos el pasado año, ¿estába asumiendo “El desmontamiento de la blanquitud racial como capital, como componente material (o “riqueza”) de la estructura de clases y de dominacion de clase (tan propio de todas las sociedades coloniales)…y quebrando no solo un imaginario racializado secular del mando sobre los indigenas, sino que ademas ha desmoronado un bien, una “riqueza” que le permitio a una pequena casta empoderarse y legitimarse en los sistemas de mando politico-cultural y de propiedad economica durante siglos9” Se habla de millones de tierras en manos de los indios de tierras bajas gracias a este gobierno cuando los activos de esas tierras y las tierras mismas (bajo arriendo, contratos de compra venta, asociaciones “de patrones a socios” y conciliaciones), están en manos de los mismos hacendados, por obra y gracias de las políticas económicas del gobierno, expulsando a las poblaciones rurales hacia los centros urbanos u obligándolas a someterse para subsistir. Y cito mis propias indagaciones: Hay un millón cuatrocientas mil hectáreas tituladas en Guarayos de las cuales setecientas mil están bajo contratos con empresas madereras; (ahora se anuncia que los suscribirán con el capitalismo maderero alteño); 500 mil fueron transferidas mediante “conciliaciones” a terceros que este gobierno nunca anuló; otras miles están bajo arriendo con la agro industria; y con extranjeros y mineros. Si gran parte de los desposeídos indígenas de las tierras bajas han sido empujados por los poderes hacendales a concurrir a sus negociaciones; no es menor la responsabilidad del Estado, que acudió y acude aún a legalizar esta relación asfaltando la carretera en la que circula el mercado recursos naturales; tierra y minerales, convirtiendo derechos en meros procedimientos “ágiles y eficaces”. Pregunta obligada y pendiente de respuesta transparente: ¿Por qué este gobierno que se atribuye la voluntad primigenia de descolonización del indio, se ha negado a evaluar y a registrar (y cuando corresponda a anular) los contratos forestales y mineros que ocurren en las TCO de Tierras Bajas; contratos que por cierto nunca han cumplido con la consulta, con el precio justo, con las normas técnicas; con la distribución equitativa. Por qué les dieron otro perdonaso forestal (IAPOAF) también a los “indios” que apoyaron al gobierno en el conflicto con el TIPNIS, en lugar de sacar del juego a los que profundizan esa relación perversa con el poder hacendal cruceño, anulando dichos contratos?. Pero volvamos la mirada al TIPNIS ya que el autor del libro nos invita a ello: quienes hemos salido de este país y no precisamente de turismo, sabemos que no es posible comparar modelos de carreteras atravesando parques y áreas protegidas cuando en estos países la conflictividad que acompaña a una carretera no es similar a la nuestra; cuando en los ejemplos citados no hay indígenas habitando los bosques afectados; ni está presente la problemática cocalera con la irrefutable contundencia que sitúa al mismo presidente de los bolivianos como presidente de este sector; cuando en estos países no hay colonos, agro industriales ni madereros avasallando áreas protegidas con un regimiento tras de ellos. En estos países han invertido en cuentas ambientales y en turismo, para proteger sus áreas protegidas y nunca relacionarían una carretera con la posibilidad del Estado para atender la salud y la educación de sus poblaciones. En todo caso la afirmación referida denota un desajuste de contextos. Por mi parte, asumo que el Vicepresidente está invitando a un debate abierto y concurro a él, no desde USAID, Cooperación internacional ni desde ONG alguna; ni desde los Monasterio. Ni desde las conveniencias de un par de opositores políticos más que se citan en el libro. Tampoco vengo, desde los “otros” hacendados cruceños; aquellos con los que el autor acuerda suscripción de compromisos en la CAINCO. No vengo desde la derecha ni desde los cívicos ni de las izquierdas; ni desde las empresas mineras o cooperativas de FENCOMIN que la COMIBOL promociona en las comunidades indígenas de la Amazonía. Nadie me paga ni a nadie hago campaña con este artículo. Concurro por cuenta propia expresando mi experiencia, puesto tampoco me precio de iluminada intelectual.

Ruth Costas: Fiebre de la quinua alimenta violencia en Bolivia.

Ruth Costas BBC Brasil Martes, 22 de mayo de 2012 Facebook Twitter Compartir Envíe esta página por e-mail Imprima esta nota Los cultivos de quinua están causando fuertes disputas al interior de Bolivia. Considerada por la NASA como uno de los alimentos "más completos" para los seres humanos debido a su alto contenido nutricional, la quinua se ha convertido en un grano de moda y ahora constituye el centro de una violenta disputa de tierras al interior de Bolivia. El cultivo del grano, abanderado por los partidarios de una alimentación sana en todo el mundo, ha reavivado un problema limítrofe entre las principales zonas productoras del país. Según algunas fuentes, las plantaciones también amenazan con provocar la desertificación de una región que ya es inhóspita para la agricultura. Contenido relacionado La quinua, de los Andes para el mundo El enfrentamiento entre los productores de quinua de las localidades de Quillacas y Coroma, en el occidente boliviano, dejaron ocho heridos el mes pasado, según informó el gobernador del departamento de Potosí, Félix González, quien ha estado pidiendo al gobierno central de la militarización de la zona. Según medios locales, en marzo tres campesinos de Potosí fueron tomados como rehenes en el marco de conflictos en la misma región. La representación de las Naciones Unidas en Bolivia se ofreció para mediar. De acuerdo con el diario La Razón, decenas de bolivianos resultaron heridos por impactos de piedras y una explosión de la dinamita, y cien policías fueron desplegados para controlar la situación. Los enfrentamientos ocurrieron dentro de una zona que se disputan los departamentos de Oruro y Potosí, las dos principales regiones productoras de quinua de Bolivia, y probablemente del mundo. La fiebre de la quinua Video: quinoa, un milagro con riesgos Utilizar un reproductor alternativo Ampliamente consumida por los incas, la quinua se utiliza ahora en ensaladas o en lugar del arroz. La NASA la ha catalogado como alimento ideal para quienes habitan las estaciones espaciales, principalmente debido a su alto contenido en proteínas. En la última década, las exportaciones bolivianas de cereales se han incrementado más de 20 veces, al pasar de US$ 2,5 millones a US$ 65 millones. El precio del producto se ha triplicado desde 2006. Según Mario Martínez, vocero del gobierno de Potosí, aunque los agricultores de la región han llegado a una tregua hace poco, dividiendo por la mitad del área de producción, las tensiones persisten. "Es un acuerdo frágil y, como estamos en la época de cosecha, podría dar pie a una nueva guerra en cualquier momento", dice Martínez, quien acusa a los campesinos de Oruro "de tomar por la fuerza" el 25% de la cosecha en la región en disputa. Los orureños lo niegan. Nueva frontera agrícola Bolivia es el principal exportador de quinua, que se produce en menor escala en otros países andinos, y que recientemente ha empezado a cultivarse también en los Estados Unidos, Canadá y Brasil. La NASA considera que la quinua es un alimento ideal para estaciones espaciales. "La rápida expansión de la agricultura en Bolivia ayuda a alimentar los conflictos", dice el coronel David, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). "Antes tenía que viajar cuatro o cinco horas de Oruro para encontrar áreas de cultivo. La quinua está ahora a menos de diez minutos de la ciudad", asegura. Uno de los fenómenos causados por la "fiebre de la quinua" es el retorno de los campesinos que habían abandonado las zonas rurales del empobrecido altiplano boliviano hacia las ciudades u otras regiones del país. Algunos de estos emigrantes volvieron a instalarse en sus antiguas comunidades. Otros prefieren permanecer en el campo sólo durante las temporadas de siembra y la cosecha. "Incluso hay casos de bolivianos que viven en el extranjero, en países como Brasil y Argentina, que están recurriendo al cultivo de quinua", dice Ernesto Juan Crispín, la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), la cual reúne a más de 1.200 productores. La disputa de límites entre Oruro y Potosí es centenaria. Las dos regiones reclaman un área de aproximadamente 250 km² adecuados para el cultivo de quinua, pero también ricos en uranio y roca utilizada en la fabricación de cemento. Contra la Desertificación Además del conflicto limítrofe, la fiebre de la quinua también está dejando como efecto una desertificación masiva en ciertas áreas. El ingeniero agrónomo Vladimir Orsag, experto agrícola de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que la quinua se siembra en un suelo frágil, compuesto en un 80% por arena. El clima es seco y las temperaturas pueden llegar a -30 grados. "Con el auge de los precios en el mercado internacional, hay productores que están abandonando las técnicas tradicionales y reduciendo los períodos de descanso de la tierra en favor de la agricultura en masa", dice. Según Orsag, la migración de los productores podría conducir a nuevos conflictos como los de Coroma y Quillacas. "La llegada de personas procedentes de otras ciudades y regiones a las zonas productoras de quinua crea una tensión subyacente que sólo se incrementará si hay un agotamiento de los suelos", dice Orsag. Todo esto a pesar de que gran parte de los beneficios están en la venta y exportación del grano, no en la producción en sí, según señala Sandro López, de la Cámara Departamental de Quinua Real de Potosí (Cadequir). Los campesinos bolivianos ganan alrededor de US$ 1,60 por kilo de quinua. En los mercados de Sao Paulo o Río de Janeiro, el precio llega a US$ 30 por medio kilo del producto.

La minería nos pasará la factura; Alicia Tejada Soruco

La minería nos pasará la factura Alicia Tejada Soruco Durante la década de los 70, el Estado boliviano formalmente se ocupó de la zona del precámbrico para explotar los minerales que contiene. Sucesivos gobiernos decidieron levantar o mantener el estatus de reserva fiscal de estos reservorios mineros y redujeron la franja de protección circundante, de 10 km a solo 2 km, favoreciendo, de esta manera, a empresarios privados que tuvieron acceso a los estudios. Por aquel entonces se creó Siderurgia Santa Cruz (Sidersa), en tardía respuesta al célebre Memorándum de 1904. La mina San Simón (Beni) soporta aún la estampida de los ajustes estructurales y de la privatización minera de 1985 que indemnizó millonariamente a las empresas que se fueron del país y, de otro lado, expulsó

a 28.000 mineros, que luego se trasladaron a zonas auríferas aluvionales, a tierras agrícolas de los llanos y también a áreas cocaleras. En los 90, con el Código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició otra etapa que buscaría consolidar los ajustes estructurales mencionados: Los mejores y mayores reservorios de oro quedaron en manos de este mandatario, a través de sus empresas y de asociaciones con otras transnacionales, tal como la Orvana Mineral Corps, el proyecto Don Mario, Paitití, Emipa, etc. Ahora, en 2012, la situación no ha cambiado. Piedras preciosas, oro, hierro y otros minerales, como calizas y áridos, están en manos de unos cuantos privilegiados, que se sitúan como suprapoderes del Estado boliviano en sus tres niveles. Fencomin, por ejemplo, aglutina a cooperativas mineras del país (que de cooperativas no tienen nada). Esta mediana empresa minera es en realidad gigantesca y apuesta a una explotación con la menor inversión y en el menor tiempo posible, ahora teniendo como ‘socios’ a las comunidades rurales, tendencia regional que algunos han calificado como neoextractivismo. El rol del Estado continúa en su carácter rentista, y en el momento en que bajen los precios de minerales todos pagaremos la cuenta nuevamente. La minería, en cumplimiento de la CPE, migró del régimen de concesiones a un régimen ‘transitorio’ (que ya lleva dos años) de autorizaciones o contratos temporales sin que medie evaluación alguna. Como resultado, existen más de 8.000 operaciones mineras, cuyos operadores hacen lo que les da la gana (no lo correcto), amparados en una legislación que crea ‘territorios mineros’ con el derecho a disponer de todo cuanto puedan requerir en el área de su concesión y circundantes. En las tierras bajas de Bolivia (valles, llanos y amazonia) hay una fiebre minera; se están organizando por doquier las cooperativas mineras. En Santa Cruz ya se ha formado la Fedecomin. Estamos en condiciones de asegurar de que se están destruyendo miles de hectáreas de bosques y contaminado otros miles de cuerpos de agua sin que nadie reclame una ‘consulta informada’ o exija transparencia. La cuenta la vamos a pagar todos. (*) Ambientalista

La insoportable seriedad del capitalismo minero

La insoportable “seriedad” del capitalismo minero El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales. Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica (Ilustración: el proyecto minero Crucitas, en Costa Rica. Tomada de: www.elpais.cr ) La minería se ha convertido en una de las actividades más polémicas en América Latina. Detonadora de conflictos sociales y ambientales, desnuda al mismo tiempo los intrincados vínculos entre el poder político y el capital extranjero, indispensables para la reproducción de un modelo de acumulación que, como gran “novedad”, reactualiza en el siglo XXI las formas más primitivas de explotación capitalista por parte de las empresas transnacionales (ver: Centroamérica, minería y maldesarrollo). Tales vínculos llegan, incluso, al sometimiento de la política y la protección del medio ambiente, a la lógica del mercado y el cálculo de utilidad. El gobierno de Costa Rica acaba de dar un ejemplo de ello al anunciar, en días pasados, que no anularía la impopular concesión de minería de oro a cielo abierto del Proyecto Crucitas, en la zona norte del país (fronteriza con Nicaragua), otorgada a la compañía canadiense Industrias Infinito S.A. Esto, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional abrió esa posibilidad para el Poder Ejecutivo. En declaraciones dadas a la prensa[1], el primer Vicepresidente de la República, el científico Alfio Piva, dejó al descubierto las contradicciones del gobierno en esta materia: por un lado, reconoció que veía en el Proyecto Crucitas “un impacto ambiental grande”; y por el otro, aseguró que no anularían la concesión porque, como un “país serio”, deben garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas. Para la compañía minera el negocio es redondo: la inversión en Crucitas será de $65 millones de dólares, y las ganancias estimadas por la extracción de 700 mil onzas de oro ascienden a los $835 millones de dólares. Y en caso de que el proyecto sea cancelado, el Estado costarricense tendría que pagarle una indemnización de $1700 millones de dólares, según los cálculos del Vicepresidente Piva. La posición asumida por el gobierno costarricense, en la que la razón del inversionista extranjero se convierte en razón de Estado, ajustada además a las reglas del injusto orden global del comercio, no es ajena a lo que viene ocurriendo en otros países de América Latina en las últimas décadas. El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales: desde el año 2000, y a un ritmo de $10 billones de dólares anuales, las inversiones mineras en la región se han incrementado en un 400%, y solo en Perú superaron el 1000%. Además, los proyectos de minería a cielo abierto en América Latina se cuentan entre los más grandes del mundo, como ocurre en Colombia con la explotación de carbón: en el año 2007, se reportaron extensiones superiores a las 70 mil hectáreas y volúmenes anuales de exportación de 29,8 millones de toneladas solo en la zona de El Cerrejón[2]. Tanto en pequeña como en gran escala, la minería se convierte en un importante foco de contaminación, especialmente por el uso del mercurio, mineral necesario en los procesos de extracción, que afecta las fuentes de agua y a las poblaciones que dependen de este recurso. Y esto ocurre no solo en los bosques y zonas montañosas de Centroamérica. Según el GEO-ALC 3, “entre 1975 y 2002, la explotación de oro en la Amazonía brasileña produjo alrededor de 2000 toneladas de oro, lo cual dejó cerca de 3000 toneladas de mercurio en el medio ambiente de la región. Se estima que entre el 5 y 30% del mercurio utilizado para extracción aurífera a baja escala en la cuenca del Amazonas es liberado en las aguas, y aproximadamente el 55% se evapora en la atmósfera”[3]. Como consecuencia de la expansión de una actividad productiva que considera a todo aquello que se le opone –pueblos indígenas, formas de tenencia de la tierra, movimientos sociales y, en general, todas aquellas manifestaciones culturales no dominantes- como obstáculos para el “desarrollo”, el número de conflictos socio-ambientales vinculados a la extracción minera viene en aumento: en Perú, en medio del “boom” del capitalismo extractivista, la Defensoría del Pueblo registró en 2008 “un total de 93 conflictos socioambientales, el 46% de los cuales estuvo relacionado con la actividad minera”. Además, “de los 118 conflictos registrados en la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, que corresponden a 140 proyectos de exploración y/o explotación minera, se identifican al menos 150 comunidades indígenas y campesinas afectadas. De este total, los 21 eventos registrados en la región de México y Centroamérica corresponden a episodios recientes que comienzan a finales de 1990 y se intensifican durante la década del 2000”[4]. Con perspectiva histórica, el informe GEO – ALC 3 propone un marco de interpretación de esta problemática socio-ambiental: la modalidad de desarrollo dominante, que nosotros llamamos capitalismo neoliberal tardío, “constituye el factor fundamental que explica el escaso éxito de las estrategias ambientales de los países de la región”, puesto que busca “estimular la tasa de inversión (nacional y extranjera), en un marco de escasas exigencias ambientales y el mantenimiento o la profundización de las desigualdades sociales”[5]. Es decir, más allá de los avances institucionales, legislativos y la organización y acción de los ciudadanos, que todavía resultan insuficientes, la cuestión de fondo sigue siendo el tipo de relaciones entre naturaleza y sociedad, y el consecuente modelo de desarrollo que se impone en las formaciones sociales latinoamericanas, y que en sus distintas variantes: desde el sistema de plantaciones y minería del siglo XVII hasta la economía globalizada del siglo XXI, se ha organizado económica, política y culturalmente en función de lo externo, pero manteniendo un factor común: “altos niveles de presión, deterioro progresivo y sostenido del medio ambiente físico y pérdida de ecosistemas”[6]. Es lo que otros autores denominan economía de rapiña [7]. Todo lo cual no hace sino llevarnos a una conclusión: la necesidad de realizar un cambio profundo y radical en el modelo de desarrollo, y en la manera en que esta noción se construye y despliega en las sociedades humanas. Porque, para la naturaleza, la “seriedad” del capitalismo contemporáneo, sobre todo en su dimensión minera, resulta simplemente insoportable. NOTAS [1] “Gobierno descarta anular concesión minera de Crucitas”, en La Nación, 28 de julio de 2010. Pp. 4A-5A. [2] PNUMA (2010). Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe. GEO-ALC 3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Ciudad Panamá. Pp. 67-68. [3] Ídem, pág. 68. [4] Ídem, pág. 70. [5] Ídem, pág. 23. [6] Ídem. [7] Véase: Castro Herrera, Guillermo (1994). Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina. Ediciones Casa de las Américas / Instituto Colombiano de Cultura: Bogotá. Publicado por Con Nuestra América en 6:02 PM

ERBOL: Advierten que Gobierno elabora una ley minera más liberal que la de Gony

El experto en temas sociológicos mineros, Emilio Madrid, sostuvo en declaraciones a Erbol que la actual propuesta de ley minera que elabora el gobierno del MAS, junto a representantes del sector, otorga más facilidades y beneficios a los operadores mineros que el actual Código de Minería aprobado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. “El proyecto de ley minera con que se quiere cambiar (el actual código) no modifica en nada, repite las mismas facultades y derechos en beneficio de los operadores mineros y cooperativistas, inclusive les da más facilidades y las protege de manera mucho más fuerte que el código de Sánchez de Lozada”, aseveró el investigador. La actual propuesta de ley minera no está cambiando en absoluto los términos de la política que ha sido establecida en el gobierno del MNR, que “es donde Bolivia empezó a transnacionalizar la minería, a que sea gestionada desde el interés del ámbito privado, con cooperativas y transnacionales”. Remarcó que el actual proyecto de ley, todavía en elaboración, “es muchos más neoliberal porque da beneficios al sector minero por encima de los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente”. Las nuevas facilidades se expresan principalmente en el tema del manejo y uso del agua, la tierra y el medio ambiente. Más beneficio para la minería Madrid explicó que la propuesta de ley minera, en el tema del uso del suelo y el agua, señala que “el titular del derecho minero puede disponer de las tierras que están dentro de su área y los terrenos aledaños, así como el uso de las aguas públicas sin tener ninguna obligación (en compensarlas)”. En caso de los terrenos colindantes, si el dueño del título de explotación minera no llega a concertar con los propietarios, éste puede expropiar los predios. Para este propósito la ley sugiere la creación de los juzgados mineros, explicó. “Lo preocupante es que se están creando juzgados mineros, cosa que si los procesos de concertación se dificultan a los operadores, ellos pueden recurrir a los juzgados mineros y estos juzgados van a establecer estos derechos en un proceso que dura máximo 20 días y así acceder a los resultados, cosa que en el actual código de minería es un poco más complejo hacer expropiación”, apuntó. Similar situación advierte la investigadora Alicia Tejada en el proyecto de ley presentado por la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) a la Asamblea Legislativa. “Es de alto riesgo porque propone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera, sin posibilidad del control social, ni ambiental de ningún otro actor”, apuntó en referencia a la creación de Autoridad Administrativa Minera Plurinacional como entidad autárquica. Otra propuesta en beneficio de la actividad minera es que en adelante quien otorgue la licencia ambiental sea el Ministerio de Minería y ya no el Viceministerio de Medio Ambiente, esto por un tema de celeridad. “El actual proyecto de minería dice que quien tiene que aprobar y entregar la licencia ambiental es el Ministerio de Minería, esto para ahorrar tiempo, ya que en el Ministerio de Medio Ambiente se demora 90 días para emitirlo”, refirió. Al Viceministerio de Medio Ambiente sólo se remitirá una copia de la licencia emitida para fines de registro y “quien controla el cumplimiento de la licencia ambiental ha de ser el Ministerio de Minería”. De esta manera, apuntó, el gobierno está flexibilizando el marco legal para impulsar y facilitar las inversiones en el sector minero. Explicó que actualmente el trámite para obtener la licencia ambiental se inicia en el Ministerio de Minería donde existe un plazo de 90 días para estudiarlo. Luego la solicitud es enviada al Viceministerio de Medio Ambiente donde existe un plazo similar para emitir la licencia. De la consulta previa a la consulta pública “La consulta previa en minería es un tema que también se está flexibilizando ahora”, a través de la figura de la “consulta pública previa” en el proyecto de ley de minería, dijo el investigador. “Se está fusionando dos conceptos, la consulta pública que es un derecho de carácter civil, individual, un derecho de todos los ciudadanos a que se nos informe; en tanto que el derecho de consulta previa es un derecho de carácter colectivo, para un pueblo. Esencialmente se trata de generar mecanismos de diálogo para saber y prevenir las formas de afectación que pueda tener ese pueblo en sus condiciones de existencia”, sostuvo Madrid en anteriores declaraciones al PIEB. La consulta previa tiene la función de garantizar la supervivencia como colectividad; la consulta pública se ha establecido en el reglamento de la Ley de Medio Ambiente como un proceso por el cual los operadores deben informar las características de los proyectos antes de su implementación para recibir observaciones, en audiencias amplias, donde se ejerce el derecho de manera individual. La Paz, 23 julio 2012 – L.F.C./ Tags: LEY MINERA

La Mineria en las Tierras Bajas de Bolivia, Marco Antonio Gandarillas, Pablo Villegas, Oscar Campanini, (CEDIB) Presentación del libro de Alicia Tejada Soruco

Estamos acostumbrados a relacionar la minería en Bolivia con Potosí, Oruro y en general con el occidente del país y a relacionar a esta actividad con la pobreza y problemas medioambientales que ha dejado en estas zonas, no sólo afectando al ambiente en sí, sino también a otros rubros productivos omo el agrario y el pesquero. Pero esta realidad ha cambiado. La mancha minera que caracterizó el mapa de Bolivia desde su nacimiento, se ha modificado, ya que en la actualidad la minería se ha establecido en una gran extensión del oriente, Especialmente en Santa Cruz. Esto muestra que Bolivia ha sido incorporada a la corriente latinoamericana, ejemplificada por Perú y Colombia, de la otorgación de derechos mineros en gran parte de su territorio. Estamos frente a una nueva realidad minera, que no sólo se expande hacia nuevas zonas, creando nuevas regiones mineras, sino de un nuevo modelo de explotación minera que tiene como técnica principal el tajo a cielo abierto y como protagonista central a las empresas trasnacionales. El modelo de producción de esta nueva minería no es mejor que el que empobreció al altiplano boliviano. Como en tiempos pasados, predominan unas cuantas grandes empresas, rodeadas de titulares de derechos a nombre de la elite local y de testaferros. Del mismo modo que con la gran minería de occidente, la minería en las tierras bajas se sostiene en la política minera del Estado que está orientada solamente a la obtención de regalías e impuestos. Eso ocurre por ejemplo en el norte amazónico. Allí fluyen hacia Bolivia enormes cantidades de mercurio y cianuro por el río Madre Dios provenientes de la minería en el Perú. Pero la política del Gobierno en la región, así como en el oriente, sólo busca la legalización de los mineros para que los mismos paguen impuestos, sin importar la contaminación Los métodos de explotación tanto de los grandes como de los pequeños ahora son a cielo abierto. La mina Don Mario es el ejemplo de este tipo de explotación. Y en cuanto a los pequeños, ya en los años 90, en San Simón echaban al agua más mercurio por gramo de oro que en cualquier parte del mundo. En resumen el modelo minero está trasladando a las tierras bajas los problemas que no pudo resolver en las tierras altas, agudizando con su presencia los múltiples problemas agrarios, forestales y medioambientales de estas nuevas regiones mineras. 4 MINERÍA EN TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Esta nueva realidad como muestra Alicia Tejada, fue establecida metódica y pacientemente por los grandes mineros tradicionales, uno de ellos Sánchez de Lozada, que como minero “mediano” y político influyente, hizo su fortuna succionando a la minería estatal, llevándola a quiebra, para posteriormente venderla o arrendarla. El ex presidente y empresario minero, supo aprovechar su poder político, manejando la legislación sectorial, usufructuó de las investigaciones realizadas por el Estado y la cooperación internacional para echar mano de las ricas reservas mineras del Precámbrico. La conveniencia del modelo minero establecido por Sánchez de Lozada no fue sólo para con los mineros tradicionales, sino también para las elites locales de las tierras bajas, como nos revela el presente estudio. Por ello mismo, más allá de los aparentes enfrentamientos políticos entre las élites locales del oriente contra el Gobierno central de “occidente”, es claro que los intereses económicos eran los mismos. La minería en Santa Cruz muestra que a este nivel había una convivencia que contradecía las diferencias “irreconciliables” entre los partidos y facciones políticas. Esta élite fue exitosa en proyectar de sí una imagen de empresariado moderno; los empresarios locales se vanagloriaron del medioambiente de sus regiones y lo utilizaron como símbolo de su región. Aquí vemos que lo que hace esta élite es en muchos casos desconocido por autoridades y población local y que los impactos medioambientales que ya están generando contradicen radicalmente sus discursos. En los últimos años, el alza en el precio de muchos minerales ha confluido con la proliferación de explotaciones mineras en las tierras bajas. Tendencia que, nuevamente, hereda la estructura minera neoliberal de occidente al oriente; nos referimos a la cadena productiva dominada por las transnacionales, con operaciones de gran escala (casos como Mina Don Mario); los insignificantes emprendimientos estatales que no llegan siquiera a ejercer control en las áreas bajo su control (como la Empresa Siderúrgica del Mutún); y la proliferación de formas privadas pequeñas y medianas ejercidas por las denominadas cooperativas mineras en alianza con empresarios extranjeros. En el presente estudio se describen con abundantes ejemplos la proliferación de sociedades entre empresarios brasileros y grupos de trabajadores mineros, donde los primeros aportan el capital y las grandes maquinarias y los segundos trabajan a mano. El Estado promueve la reproducción de esta estructura esta vez en las tierras bajas, estimulando a la pequeña minería, incluso llevando gente de las tierras altas para organizar cooperativas en el oriente. El presente estudio tiene el mérito de aportar abundante información sobre la situación de la minería en las tierras bajas de Bolivia, en esa medida constituye un aporte a la compresión integral del desarrollo de la minería en el país en los últimos años y en particular de la minería en el Precámbrico. El extenso trabajo de campo que conllevó el estudio complementa los datos oficiales que existen acerca de esta actividad y enriquece el análisis estadístico con cuestiones vitales para las poblaciones. El testimonio de las autoridades locales y pobladores de estas regiones muestran que existen fundadas preocupaciones respecto de la ampliación de las actividades mineras sobre estos territorios, cuya vocación productiva es ajena a esta actividad. El estudio, tiene la virtud de acercarnos a esta realidad. Finalmente, esperamos que “Minería en las tierras bajas de Bolivia” cumpla el propósito de aportar conocimientos nuevos que detengan la entrega de nuestros recursos naturales y que sus hallazgos tengan eco en la población de estas regiones, los movimientos sociales y las autoridades, para no repetir la historia de despojo que persigue a las regiones tradicionalmente mineras. Marco A. Gandarillas Gonzales y Pablo Villegas Nava CEDIB

Crisis en la CIDOB: Omar Quiroga analiza y desmenuza varios momentos por los que ha pasado la CIDOB

La crisis del movimiento indígena de tierras bajas Omar Quiroga Antelo La CIDOB se crea en el año 1982 con la participación de 4 pueblos indígenas, guaraní, chiquitano, ayoreo y guarayo. Nace con el nombre de Coordinadora Indígena del Oriente Boliviano y posteriormente, después de que se afiliaron otros pueblos indígenas de otras latitudes del país, cambia su nombre a la actual Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, sin embargo, la sigla CIDOB permanece vigente porque ya había logrado posicionarse. En el año 1990, un líder indígena del Beni, junto a otros más, inician una marcha desde el Beni hacia la ciudad de La Paz, la misma que fue recibida por el entonces presidente Jaime Paz Zamora y logró que los primeros 4 territorios indígenas sean titulados mediante decreto supremo, entre ellos el TIPNIS. Después de 6 años, en 1996, se realiza una nueva marcha para reclamar la aprobación de la ley INRA. En el año 2000 se realiza otra marcha, más corta pero contundente y que reivindicaba derechos territoriales. En el año 2002 se realiza la cuarta marcha y esta vez para demandar Asamblea Constituyente para cambiar la CPE. El año 2005 se realiza la quinta marcha desde San Javier que demandaba la titulación de la TCO Monteverde entre otras demandas. El año 2006 se realiza la sexta marcha para demandar la aprobación de las reformas a la ley INRA. En el 2010 se realiza la séptima marcha demandando que las propuestas de autonomías indígenas sean incorporadas en la ley. El 2011 fue escenario de la realización de la octava marcha desde Trinidad hasta La Paz por la defensa del TIPNIS y la oposición a que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos divida este territorio en dos. Este año, nuevamente la CIDOB se lanza con la novena marcha, en contra de la ley de consulta para el TIPNIS, aprobada por presión de otra marcha protagonizada por el CONISUR, una de las organizaciones que se encuentran en el TIPNIS. Estos hitos importantes para el movimiento indígena de tierras bajas, tienen sus entretelones y en cada momento se fueron jugando diferentes intereses. Partiremos de algunas premisas que han sido una constante en la forma de actuar del movimiento indígena en su conjunto: a) Siempre el movimiento indígena de tierras bajas se ha alineado al gobierno de turno. b) Sus demandas históricas han girado en torno a la consolidación de sus territorios, educación intercultural bilingüe, gestión territorial indígena, autonomías indígenas y en los últimos años asamblea constituyente. c) Las posiciones asumidas, se las consensuaba en los espacios de debate y decisiones que tienen, sea el Directorio, la Comisión Nacional o la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas. Ahora bien, ¿cuándo es que se generan las divisiones al interior del movimiento indígena?. Las primeras escaramuzas, se dan cuando un grupo de indígenas acusan a un dirigente histórico como fue Marcial Fabricano, de haber negociado madera mara del TIPNIS con empresarios madereros por un monto de 2 millones de dólares. Aparentemente alguien se apoderó de esos recursos puesto que no se vieron los beneficios para las comunidades. Esta es una acusación que afectará a la larga en la credibilidad de sus bases hasta el extremo de aplicar la justicia comunitaria a dicho dirigente, con una guasqueada que trascendió públicamente, pero que no tuvo mayores complicaciones, es decir, la justicia ordinaria no quiso meterse a un tema de justicia interno, según usos y costumbres. En el año 2002, se da la primera división de la CIDOB que tendrá consecuencias en el futuro. La CPESC, organización representativa de las organizaciones indígenas de Santa Cruz, venía tejiendo alianzas con otros sectores sociales (campesinos, colonos, mujeres campesinas, trabajadores rurales y otros) y poco a poco se alinean a la idea del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos IPSP, liderizado por Evo Morales Ayma y Alejo Veliz. Ese año la CIDOB plantea Asamblea Constituyente, pero es la CPESC que se adelanta y convoca a las demás regionales a una marcha desde Santa Cruz a La Paz por la carretera nueva para reivindicar esta demanda, pero la plantean en términos de Asamblea Constituyente Popular, o algo por el estilo. El resto de las regionales, 7 en ese momento, inician una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, demandando lo mismo. Luego, inician otra marcha desde Santa Cruz a La Paz pero por la carretera antigua. Después multiplican sus marchas, de esa manera la CPIB inicia una desde Trinidad, la CPILAP otra desde el norte de La Paz. Los jefes de partidos políticos en junio de 2002 terminan firmando acuerdos con ambos grupos en los mismos términos. Sin embargo, el MNR no quiso participar de esos acuerdos. En julio se realizan las elecciones y el MNR gana la presidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Marcial Fabricano es invitado a ser Viceministro de Asuntos Indígenas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cargo que acepta. Sin embargo, por todos es conocido que en octubre del siguiente año, una rebelión popular saca del gobierno a Sánchez de Lozada y Marcial Fabricano que se había aferrado al cargo hasta el final, cae junto con él. En una acción de reivindicación por su actitud, pretende que las organizaciones indígenas, a excepción de la CPESC que ya había tomado su propio rumbo y había consolidado la creación del Bloque Oriente con otras organizaciones populares, nuevamente lo reconsideren para hacerse cargo del mismo Viceministerio con el gobierno de Carlos Mesa. Las organizaciones le niegan esta posibilidad y lo tratan en dicha reunión, como a un perro. Ya en la CIDOB se habían dado cambios en la Directiva y en la GANPI 2002 realizada en Trinidad, se elige por primera vez a una persona alineada abiertamente con el MAS de Evo Morales y que ocupa la vicepresidencia de la organización, se trataba de Saul Chávez. Mientras esto ocurría en Trinidad, se dan escaramuzas en las oficinas de la CIDOB entre los seguidores de la CPESC y técnicos que obedecen a las otras regionales. Marcial Fabricano en su condición de viceministro, pide ayuda a la Prefectura de entonces, quienes mediante un contingente policial resguardan la infraestructura de CIDOB durante más de un mes. En ese momento la disputa era entre quienes estaban con Evo Morales y quienes se oponían a su proyecto. De allí en adelante, poco a poco se van reconstruyendo las relaciones y en la GANPI de 2006, se elige a Adolfo Chávez como presidente y a Pedro Nuni como vicepresidente, quien luego será un puntal muy importante para el MAS en el Beni. Sin embargo, es bueno recordar que en el año 2004, para las elecciones municipales, la CPEMB quiso hacer alianza con el MAS, pero ya en ese entonces surgieron dificultades, por lo que la CPEMB opta irse sola a las elecciones y el MAS termina siendo representado por un ganadero de la zona. La CPEMB gana las elecciones y llega a gobernar con Sixto Bejarano como alcalde. Este hito es importante conocerlo, porque luego veremos el giro que da Pedro Nuni en su relación con su pueblo y su organización. En el año 2010, nuevamente se debe elegir a una nueva directiva. La APG tiene una decisión, hacerse de la conducción de la CIDOB con su candidata Nelly Romero. Sin embargo, en una definición no contemplada en los estatutos de la organización, y con presiones de por medio, resulta reelegido Adolfo Chávez. La APG se retira de la GANPI y en su ausencia nombran a Nelly Romero como vicepresidente. Después de un tire y afloje y de denuncias y contradenuncias, finalmente la APG acepta la vicepresidencia. Aparentemente Adolfo Chávez era el caballito de batalla del gobierno. Habrá que recordar, que en el año 2005, en Santa Cruz se da un periodo de confrontación con hechos de violencia contra las organizaciones indígenas encabezados por el Comité Cívico, la Prefectura, empresarios, etc, que instauran un régimen de terror y se ensañan contra todo quien se atreva a identificarse con el MAS de Evo Morales. En ese periodo la CIDOB no pierde la perspectiva y se alinea a las organizaciones populares y de una manera particular se involucra. La CIDOB poco a poco se va alineando al gobierno y en las jornadas de septiembre del año 2008, cuando los cívicos, políticos de derecha y empresarios, deciden enfrentar a Evo Morales, son estas organizaciones incluida la CIDOB que salen al frente para defender el “proceso de cambio”. En lugares como San Javier, Concepción, Trinidad, son amedrentados los dirigentes indígenas, apaleados, perseguidos, etc. Tienen que sufrir todo tipo de vejámenes. Sin embargo, las elecciones del 2009, reconfigura definitivamente el panorama político y las organizaciones campesinas e indígenas ganan espacios importantes en especial en las áreas rurales. Paralelamente, se descubre un plan de desestabilización que pretendía derrocar al gobierno de Evo Morales, por lo que el gobierno inicia las investigaciones y da con el grupo de Rosza a quienes en una acción contundente, en abril de 2010 lo desestructuran, matando a 3 de los 5 miembros del grupo, descubiertos en el hotel Las Américas. Los dirigentes cívicos, prefecturales, políticos, empresarios y algunos intelectuales, deben hacer sus maletas y salir del país. Otros son llevados a la cárcel por ser parte del plan, entre ellos Leopoldo Fernández, quien ya se encuentra más de 4 años en el penal de San Pedro en La Paz. Importante recordar estos pasajes de la historia para comprender lo que viene sucediendo al interior de la CIDOB, pero también es importante ver que pasó con la Asamblea del Pueblo Guaraní APG en ese tiempo. Esta organización es una de las más sólidas que tiene la CIDOB. En el año 2002, fue coherente con la línea que seguía la CIDOB y apoyó plenamente las reivindicaciones planteadas. En el 2005, protagoniza una movilización que le arranca al gobierno de Carlos Mesa el 5% de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que después servirá para constituir el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (FDPIOC). Hasta el 2002 fue presidente de la CIDOB, Nicolás Montero, quien renunció en marzo de ese año para habilitarse como candidato a diputado por el MIR en el departamento de Santa Cruz, curul que finalmente ganó y asumió. Lo reemplazó en el cargo el vicepresidente Marcial Fabricano. Desde entonces, la APG no ocupó ninguna de las 2 carteras más importantes de la CIDOB. Sin embargo, en el año 2002, en la GANPI es elegido Fermín Guillermo como secretario de Recursos Naturales. En el año 2003, después de la caída de Goni, las organizaciones afiliadas a CIDOB, deciden apoyar a Celin Quenevo de la CPILAP, para que asuma el cargo de Viceministro de Asuntos Indígenas, si embargo, en un momento de angurria de poder y desafiando esta decisión, a invitación del gobierno, Fermin Guillermo asume este cargo, en el que no durará ni tres meses. Nelson Bartolo lo sustituye en el cargo en la CIDOB. Comprendido el contexto, es fácil ahora ver como un movimiento indígena que poco a poco se alinea al gobierno, empieza a distanciarse de él. La profundización de esta división interna de la CIDOB, comienza con la octava marcha realizada entre julio y octubre de 2011. Cuando se inician las amenazas de marcha, el gobierno debía intervenir para atender las demandas y sin embargo no lo hizo. Al parecer la estrategia ya estaba definida y se trataba de demostrar a los indígenas que no tenían la suficiente fuerza como para enfrentar a un gobierno con alto apoyo popular. En el transcurso de la marcha, los representantes de la APG abandonan la misma con el argumento de que no se prestarían al juego montado de tumbar al gobierno. Ellos se identifican con el proceso y no estaban dispuestos a rifarlo. Dejan solos a Celso Padilla y a Jorge Mendoza, Presidente de la APG y Secretario de Recursos Naturales del Consejos de Capitanes Guaraní Tapiete de Tarija (CCGTT), respectivamente. A Celso posteriormente esta su actitud no orgánica, le costará que sea desconocido y finalmente alejado de la conducción de la APG y reemplazado por Florentino Flores. No hay duda que esta marcha tuvo un final apoteósico, con el respaldo de amplios sectores sociales de La Paz, quienes en solidaridad por el atropello sufrido el 25 de septiembre en Chaparina por las fuerzas policiales, se adhieren a la llegada de los marchistas. Se aprueba la ley 180 que declara intangible al TIPNIS y prohíbe la construcción de carreteras en su interior. En otra marcha del CONISUR obliga al gobierno a aprobar la ley 222 que permite realizar una consulta a las comunidades del TIPNIS para que se pronuncien respecto a la intangibilidad del parque y a la construcción de una carretera en su seno. Aquí es cuando los dirigentes de la CIDOB equivocan la estrategia, pues en vez de aceptar la consulta y pelearle al gobierno desde las bases, deciden hacer una nueva marcha. El cansancio que se tenía de la anterior marcha que recién se acababa de realizar, el esfuerzo que significa organizar este tipo de manifestaciones, y la incongruencia de no aceptar un reto como el planteado, hacen que se vayan deteriorando las relaciones al interior del movimiento indígena. La APG desde el principio plantea que no participará. La CPIB del Beni que en principio estaba comprometida, termina separándose de la marcha y dividida en dos, Pedro Vare por un lado y Nazareth Flores por el otro lado. La CEPMB que demuestra estar firme en la marcha, recibe un revés en su propio pueblo San Ignacio de Moxos, donde al paso de la marcha, los sectores se manifiestan y les piden que dejen que la carretera se haga realidad. Luego, Sixto Bejarano, actual subgobernador de la Provincia Moxos y hermano de su dirigente Bertha Bejarano, le pide públicamente que no se oponga a la carretera. La CPESC, después de un proceso de debilitamiento interno, con la separación de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) de su seno, asume una posición crítica a la marcha. Sin embargo, José Bailaba que llegó a ser constituyente y luego diputado por el MAS, ataca abiertamente al gobierno y apoya a la novena marcha. La COPNAG también termina dividida, pues quienes están afines al gobierno, a la cabeza de Elida Urapuca, actual alcaldesa de Ascensión de Guarayos, no apoyan la marcha, sin embargo, desconocen a sus dirigentes y terminan con dos cabezas. La CPILAP lo propio, pues mientras sus dirigentes firman acuerdos con el gobierno, las bases los desconocen. La ORCAWETA de los Weenhayek, desde hace un tiempo también están divididos entre quienes apoyaban al exgobernador Cossio y quienes se aponían a él. CIPOAP y CIRABO, organizaciones del norte del país (Beni y Pando), asumieron un papel de enfrentamiento con los sectores empresariales, cívicos y prefecturales de sus regiones y ahora se han desmarcado de la marcha. Una fracción de la CPITCO ha desconocido a CONISUR, sin embargo, esta organización ha demostrado ser compacta y ha salido a defender al gobierno a quien está alineada de manera abierta. El Gran Consejo Chimán recientemente reconocido por la CIDOB como nueva regional, apoya la marcha pero también se ha comprometido con el gobierno. La CNAMIB de las mujeres indígenas, luego de la actitud nada ética de su expresidenta Justa Cabrera de aceptar una subalcaldía en la ciudad de Santa Cruz, entra en un proceso de desestructuración con peleas internas que la debilitan definitivamente. Este es el desastroso panorama de las 13 regionales de la CIDOB. Ahora bien, en este contexto de divisiones y pulsetas internas, un grupo de 10 regionales, asumen la responsabilidad de autoconvocarse y desconocer primero a la directiva de la CIDOB y un mes después (8 al 10 de julio de 2012) se reúnen para nombrar a una nueva directiva, dirigida por la presidente de la Central de Mujeres del Beni (CMIB), Melva Hurtado integrante de la CNAMIB. A esta nueva directiva la desconocen las regionales afines a Adolfo Chávez y denuncian que es el gobierno quien quiere apoderarse de la CIDOB. El pasado 27 de julio, un grupo de indígenas ayoreos, irrumpen en las instalaciones de la CIDOB y desalojan por la fuerza a los técnicos y dirigentes que estaban dentro. Ingresa Melva Hurtado acompañada de la nueva directiva y en presencia de notario de fé pública, deschapan las puertas e ingresan a las oficinas. Adolfo Chávez que se encontraba de viaje, a su llegada sienta la denuncia ante la fiscalía y la policía, sin resultados. Denuncia y deja constancia que será el gobierno y el ministerio público los responsable de lo que ocurra. Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno ya tiene todo preparado para el inicio de la consulta en el TIPNIS para hoy 29 de julio de 2012. ¿Cuáles son los errores cometidos por Adolfo Chávez y su directiva?. Primero, alejarse del pacto de unidad conformado por las 5 grandes confederaciones (CSUTCB de Campesinos, CIDOB de Indígenas, CONAMAQ de Originarios, CCIB de Interculturales y CNMCIOBS de Mujeres). Segundo, romper de hecho con el “proceso de cambio” y creer que podía proyectarse como un líder capaz de enfrentar a Evo Morales. Tercero, no aceptar la consulta como un mecanismo para resolver las diferencias. Cuarto, aliarse a los partidos tradicionales creyendo que podría tener rédito político. Quinto, hacer alianza con Rubén Costas sabiendo que representa a toda la corriente anti-indígena de Santa Cruz y que está aliado a las oligarquías regionales. Como siempre ha ocurrido, la CIDOB terminará siendo aliado del gobierno, hasta que este pierda fuerza y poder y nuevamente se iniciará otro ciclo de reacomodos. Santa Cruz de la Sierra 29 de julio de 2012.

La minería en las tierras Bajas de Bolivia, por: Alicia Tejada Soruco

La historia de Bolivia nos remite a un país sometido al dominio de una de las industrias más poderosas del planeta, lesiva y denunciada con causas probatorias sobre sus permanentes violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales en todo el mundo. La poderosa industria minera realizó inversiones para introducirse como una causa histórica de los trabajadores mineros, como una causa histórica de poblaciones mineras; busca introducirse naturalmente como parte de nuestra historia y de nuestras reivindicaciones, incluso promoviendo publicaciones sobre personajes históricos como los barones del estaño, cuando en realidad lo único que ha sembrado ha sido pobreza y subordinación, es esta la historia que debemos dejar de repetir. Según la nueva CPE son fines y funciones esenciales del Estado: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.(art.3 de la CPE boliviana) Si tan solo este artículo se hubiese aplicado el año 2010 y

a la hora de convertir concesiones a autorizaciones temporales la minería en Bolivia tendría otro destino. Partimos entonces por asegurar que al hablar de la actividad minera actual estamos hablando de una actividad por lo menos inconstitucional (por no incurrir en el extremo de calificarla como anti-constitucional), puesto que ha violado más de un artículo de la CPE. ¿Qué recomendaciones se podrían incluir para la minería en las tierras bajas de Bolivia y cuáles de éstas tendrían validez si ni los actores mineros ni el Estado han cumplido con la industrialización de la minería, no han fortalecido una base productiva y tampoco se han ocupado de los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente. Cómo plantear alternativas a una tradición legislativa que situa la actividad minera con beneficios que a ninguna otra actividad o sector se otorga. Lamentablemente en Bolivia no investigamos minería para contradecirla con nuestras recomendaciones. Si hasta el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el medio Ambiente), junto a un séquito de consultores y fundaciones se han puesto en sintonía para construir el discurso de una minería políticamente correcta, ambientalmente sostenible, respetuosa de los derechos humanos y laborales, y tecnológicamente moderna. No investigamos minería para decirle que no tendrá cabida en otras espacios porque la agro industria y la empresa forestal lo han hecho tan mal que nos arrebataron los argumentos, particularmente cuando, desde tierras bajas quisiéramos dejar establecido que aquí ocurren otras verdades sobre el desarrollo sustentable y que nada podrá convencernos de abandonarlas. Ninguno de los sectores productivos ni sociales del país se ha pronunciado contundentemente rechazando la minería. ¿Cuál es el carácter del sector minero? ¿Por qué se plantea aún como la pre existencia del mismo Estado y basa en ello su preeminencia constituyendo territorios propios en los que ninguna ley les alcanza? ¿No es acaso este sector el que se vincula a dramáticos e irreversibles desastres ambientales en los ríos de Potosí, en las cuencas del Plata y hechos similares en el continente y en el mundo¿ ¿Es que acaso las poblaciones de Amazonía, Llanos y Chaco boliviano están demandando que la actividad minera se sitúe como indispensable y cuanto antes, o son los empresarios de las minas, los cooperativistas, la mediana minería y el Estado los que van a venir a plantear, como lo hacen hoy en la discusión de “su” ley que se sienten avasallados por las poblaciones humanas y que preferirían territorio exclusivos y deshabitados para disponer libremente de su capacidad destructiva incluso en “áreas circundantes”. ¿Por qué este sector busca hoy transitar hacia la licencia social con poses filantrópicas si una negativa de las poblaciones se constituiría en la “paralización del desarrollo del país” y por tanto la hace innecesaria, aun conociendo que la minería nunca propició el desarrollo de las comunidades pobres, sino que las dejó sumergidas en mayor pobreza? ¿No es acaso la licencia social un procedimiento que vincula responsabilidades de las comunidades que la otorgan mientras que las empresas que la obtienen no se vinculan a ninguna otra norma que a la suya? . Conocemos el discurso que subyace a la minería, se dirá que es el factor responsable del desarrollo del país aunque las cifras del PIB no se molesten en explicar que apenas dejan un 10% de sus exportaciones. Las transnacionales de la minería, Barrick, Anglo American, Río Tinto, MIM Holdings, Newmont, etc., apoyadas por organizaciones internacionales de financiamiento, como el Grupo del Banco Mundial, los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Australia, países de origen de los capitales de numerosas mineras, nunca estuvieron en crisis, el costo de sus pérdidas, si acaso las tienen, están calculados para ser cubiertos por los Estados de los que extraen las materias primas instaurando el extractivismo como única posibilidad. Se ha llamado “pasivos ambientales” a los efectos dramáticos e irreversibles sobre vastos ecosistemas y poblaciones, se han ideado estándares y códigos para la utilización del cianuro y otros químicos altamente contaminantes, empleados en la actividad minera. No existe en el país un solo derecho minero revertido por violación a los derechos humanos ni ambientales. La minería estatal no es diferente en cuanto a su verdad y a sus leyes y es precisamente gracias a este estatus que ha logrado permanecer su reino en Bolivia. El Estado es parte interesada en la minería, ¿cómo entonces podría legislar o proceder contra sus intereses?. A través de la COMIBOL el Estado es a su vez propietario o accionista de empresas mineras, desde el Ministerio de Minería es regulador de las políticas del sector minero, es fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y a la vez promotor de las inversiones mineras. Por ello, el Ministerio también, decide sobre tierras, agua, vía evaluaciones de impacto ambiental, sin tener facultad para este fin. Y es el mismo Estado el que decide la inversión minera. No existe ninguna institución estatal que vigile las actividades del Ministerio de Minería; que proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. La CPE establece que el Estado tiene la función de preservar los recursos naturales, fomentar su racional aprovechamiento y promover su industrialización para impulsar el desarrollo del país. ¿Cómo entonces se espera que el estado cumpla estas funciones sin proteger sus intereses y los de sus socios estratégicos en primera instancia? No tendría objeto alguno ningún estudio sobre minería si ignorásemos la percepciones de las poblaciones locales sobre esta actividad puesto que aquí no partimos preguntándonos cómo hacer viable la minería en las Tierra Bajas de Bolivia sino cómo la minería contribuiría al desarrollo de estas áreas, habida cuenta de sus inocultables antecedentes en Potosí, Oruro, Tupiza, pueblos desmantelados de toda vocación de desarrollo que no se vincule a la dependencia inequitativa e injusta de la actividad de las empresas mineras. Si nos atreviésemos a hacer un inventario de la pobreza y el desempleo que han dejado tras de sí las empresas mineras no nos referiríamos únicamente a los efectos del DS 21060. Toda la historia de la minería sería otra: Son desiertos abandonados el Complejo Sur Minero como las minas Tatasi, Telamayo, Chorolque, Ánimas, Siete Suyos. En Oruro y en La Paz Morococalla, Pasma, Machacamarca, catavi, Bolivar, Colquiri. Es muy alto el precio que pagaron miles de empleados mineros a cambio de nada. ¿Cuál ha sido el destino de los “refugiados” mineros? ¿A qué se dedican hoy?¿A qué actividades se volcaron cuando toda su vocación productiva y tierras productivas quedaron convertidas en territorios mineros abandonados y formaron para formar mapa de la pobreza en Bolivia? Nada se espera en tierras bajas como contribución de las empresas mineras. Allí donde el Estado está ausente van a otorgar regalos que nunca exceden la limpieza de un camino o la construcción de una posta sanitaria y de una escuelita de dos o tres aulas, han dicho la totalidad de nuestros entrevistados. Tampoco se espera que las cooperativas mineras, otro eslabón de la cadena de la poderosa empresa minera, con sus tintes de reivindicación social supere el gran déficit de interés por lo que al país le conviene. Son cientos los cooperativistas que ahora exigen la subordinación de comunidades y poblaciones rurales, someterse a sus reglas, incluso llegando a plantear a través de la célebre sentencia de su dirigente nacional (zapatero a tus zapatos) que ningún derecho minero debe ser otorgado a las comunidades indígenas y campesinas. Lo que tendría que ocurrir en el país es una verdadera revolución, un cambio cultural que se atreva a dar la espalda a las amañadas cooperativas mineras y a las empresas tripartitas, situando sus actividades donde corresponden: como actividades de alto riesgo para la seguridad ambiental y humana y de alto riesgo para las inversiones estatales, dada su dependencia de las fluctuaciones de los precios de minerales en el mercado internacional. No incurriré en la deshonestidad de realizar recomendaciones sobre la base de que la minería en Tierras Bajas de Bolivia y en el pre cámbrico es inevitable y signada casi divinamente como la verdad en el desarrollo del país cuando todos los datos de los que disponemos dicen lo contrario. Mis indagaciones me han inducido a recomendar, por el contrario, fuertes inversiones estatales en la industrialización de productos maderables y no maderables, en el sector, turístico-cultural y en la producción de alimentos orgánicos para los bolivianos. El sector campesino que es responsable apenas por el 18% de la seguridad alimentaria del país debe impulsarse dejando su dependencia de la cadena de la soya y de las exportaciones financiada por la agro industria, con inversiones estatales basadas en un plan estratégico para su reactivación en las Tierras Bajas de Bolivia y en todo el territorio nacional. Desde las Tierras bajas y aun desde el precámbrico deberíamos desarrollar las capacidades de un proyecto nacional que nos integre al país con nuevas posibilidades y verdades y no como la repetición de estañados discursos. Nuestras instituciones sectoriales y sociales deben atreverse a plantear un verdadero desarrollo sustentable que tome dimensiones de políticas públicas con preeminencia sobre cualquier política que no respete las vocaciones naturales de las tierras bajas. Deberíamos atrevernos a constituir enclaves multisectoriales con los campesinos, indígenas, poblaciones urbanas y rurales que lidericen una revolución cultural en la economía de Bolivia. Organizar una fuerte resistencia contra el discurso de la minería sostenible es imperativo, no hay minería sostenible ni nunca la hubo. Hay que empezar a desmantelar discursos globales financiados por las transnacionales mineras, hay que empezar a articularse a las redes sociales que se han a atrevido a echar a las mineras de sus espacios y hay que incidir en cuanto foro internacional sea posible alertando sobre la amenaza de la minería en las tierras bajas de Bolivia; amenaza contra su biodiversidad, sus suelos, sus bosques, sus cuencas hidrográficas y contra sus poblaciones rurales y urbanas.

Frente al anuncio de favorecer a chaqueadores y deforestadores

http://www.cambio.bo/agenda_presidencial/20120723/gobierno_anuncia_modificacion_de_ley_forestal_en_favor_de_los_agricultores_75857.htm Señor presidente Evo Morales Ayma: Hace tres décadas, yo tenía apenas veinte años, iniciamos la revisión de una Ley Forestal que no había garantizado la conservación de los bosques en Bolivia. En los 90 fue necesario dictar una Pausa Ecológica Histórica, en la perspectiva de reconducir el modelo de desarrollo que ya amenazaba a los bosques. Aprobar la Ley Forestal 1700, llevó casi una década. Es cierto, en ese proceso hubo grandes ausentes, como los castañeros de la Amazonía boliviana, que por fin lograron introducir en la CPE su propio régimen y como los campesinos del occidente con sus bosques andinos. La CPE introdujo algunos artículos que darían pié a una nueva legislación que permitiera resolver los vacíos que las leyes habían dejado; que la práctica nos había enseñado. Pasaban 20 años de gobiernos neo liberales y supuestamente de extractivismo…empezábamos una nueva etapa “teñida de un esperanzado tono verde”. Pero los últimos seis años, la deforestación alcanzó un ritmo de 300 mil hectáreas por año. Tenemos un acumulado de 8 millones de bosques destruidos. ¡Ocho TIPNIS completos ya han sido deforestados en Bolivia! Y resulta por demás de extraño que estos temas no se aborden desde el ejecutivo y legislativo de su gobierno. Y resulta por demás de extraño que nadie, ninguna instancia del ejecutivo de su gobierno hable de la destrucción de los bosques en Bolivia y que ninguno de los proyectos enviados a la comisión de armonización normativa de Vice Presidencia, destinado a proteger los bosques, hubiesen sido tomados en cuenta, ni en el momento más grave de los incendios cuando la ABT propuso la Ley de Emergencia. Asumiré tal responsabilidad entonces: Es mi responsabilidad informarle señor presidente que los “chaqueadores” y “deforestadores” ya se han agotado la tierra agrícola del país; que usted no debería ser el presidente que pase a la historia como el que inició formalmente las autorizaciones para ampliar la frontera agrícola hacia los bosques. No debiera ser ese presidente que condene a Bolivia a convertirse en otro Haití. Las tierras de bosques no sirven para la agricultura y no solo nos dejaran desiertos, sino drásticos cambios en el régimen de lluvias, el aire, el clima. Es cierto Presidente que el gran deforestador, en un 85% es la gran agro industria, pero le siguen las áreas de colonización y las ocupadas por asentamientos campesinos y menonita. A los campesinos y colonizadores usted ya los ha apoyado con millones de EMAPA; de financiamiento a fondo perdido y no han querido producir, Usted mismo lo ha lamentado públicamente.. Hablamos de desmontes ilegales, de violación a las normas, de debilitamiento institucional vía corrupción, chantaje y extorsión. Hablamos de un tema de corrupción que mueve millones y que pasa desapercibido para muchos cómplices. Millones de árboles han sido cortados para llenar las arcas de unos cuantos bolivianos que nunca hicieron manejo ni gestión forestal. Como nunca las investigaciones técnicas-científicas serán irrelevantes (me pregunto para qué un satélite y para qué la ciencia) si su gobierno no las va a tomar en cuenta. Cómo nunca la opción será el conflicto si es la práctica asambleísta la que se va imponer en sus decisiones. Para qué nada Sr. Presidente, para qué los estudios, las investigaciones, las propuestas, si por lo visto ni los irresponsables dirigentes de los movimientos sociales las toman en cuenta y con sus declaraciones de esta tarde, su Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, así como su Autoridad Boliviana de Bosques y tierras, se han constituido formalmente en una alegoría. Alicia Tejada Soruco

El tiempo de tod@s: El tiempo de tod@s: Minería en Las Tierras Bajas d...

El tiempo de tod@s: El tiempo de tod@s: Minería en Las Tierras Bajas d...: http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/MINERIA-en-TIERRAS-BAJAS-de-BOLIVIA-02.pdf

El tiempo de tod@s: Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia

http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/MINERIA-en-TIERRAS-BAJAS-de-BOLIVIA-02.pdf

Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia

Estuvo la MONSANTO detrás del derrocamiento de Lugo? Idilio Méndez denuncia

Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo. Por Idilio Méndez Grimaldi Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro. El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo. El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación. Campaña mediática Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país. La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP. Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia. El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty. En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo. Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto. Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010. Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo. En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial. Las conexiones La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción. Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra. La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio. Los hechos de Curuguaty Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo. Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní. Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos. El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner. Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación. Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno. Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011. Juicio político a Lugo En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay. Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones. Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos. Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas. El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado. Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico. Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática. Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil. Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta. Sábado 23 de junio de 2012 1- http://www.abc.com.py/edicion-impre... 2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007. 3- Censo Agropecuario Nacional 2008. 4- http://www.abc.com.py/edicion-impre...

PIEB; Minería en Tierras Bajas de Bolivia

Periódico Digital PIEB • 12-07-2012 br / El boom de la minería ha provocado en Bolivia la expansión no planificada de esta actividad a nuevas regiones, con consecuencias como la conversión de comunidades indígenas de tierras bajas al cooperativismo minero, según un estudio de la investigadora Alicia Tejada. La modalidad es de una explotación a cielo abierto, con una falta de regulación desde el Estado que está afectando al medio ambiente de la región. El estudio fue promovido por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y fue publicado recientemente con el título “Minería en tierras bajas de Bolivia”. Según sus hallazgos, actualmente el país es testigo de una nueva realidad minera que no solo se expande hacia nuevas zonas, creando nuevas regiones mineras, sino de un nuevo modelo de explotación minera que tiene como técnica principal el tajo a cielo abierto. La investigadora identificó en su estudio tres grandes categorías de producción en tierras bajas: a) de las grandes empresas y complejos, como la Empresa Paitití, que implementó un sistema laboral con estándares exigidos en su pares internacionales; b) de las asociaciones articuladas en torno a una empresa como el caso del cerro San Simón (Beni) de propiedad de Excalibur; y c) de los “bateadores” que acuden a los sitios que las empresas abandonan, por lo general a ocupar dragas sobre las orillas de los ríos. “El modelo de producción de esta nueva minería no es mejor que aquella que se desarrolla en el altiplano boliviano. Como en tiempos pasados, predominan unas cuantas grandes empresas, rodeadas de titulares de derechos a nombre de la élite local y de testaferros”, asegura la investigadora en entrevista con el Periódico Digital del PIEB. En el ámbito laboral la investigación advirtió un modo de producción de tipo neo-extractivismo, caracterizado por la participación del Estado, donde se busca “adormecer las capacidades de las comunidades para que no hagan ninguna resistencia, que no exijan consultas, y se vayan a constituir en socios”. Si bien es posible que los pueblos indígenas de estas zonas se vincularan a la explotación del oro a través de las misiones, la minería no significó antes, según Tejada, una posibilidad económica, laboral o de ingresos para mejorar sus condiciones de vida. A pesar de ese contexto y la cosmovisión de los pueblos de tierras bajas, señala la investigadora que en Guarayos se constituye la primera cooperativa minera con indígenas del lugar y la participación de la empresa privada y el Estado a través de la Corporativa Minera de Bolivia (Comibol). Varias comunidades estarían por el mismo camino. En ese marco, Tejada ve necesaria la aprobación de la nueva Ley Minera con reglamentación específica para la actividad minera en tierras bajas, donde no sólo se evidenció un impacto ambiental importante por los niveles de contaminación, sino también, el cambio de la vocación productiva de varias comunidades indígenas. La investigadora atribuye en gran parte el fenómeno al Decreto Supremo 0726, aprobado en 2010, por el cual se determina la migración de las concesiones mineras, lo cual habría generado un vacío legal en la actividad con los consecuentes riesgos ambientales y de pérdida de vocación productiva en las tierras bajas. Advierte que el proyecto de ley presentado por la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) a la Asamblea Legislativa es de alto riesgo porque propone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera, sin posibilidad del control social, ni ambiental de ningún otro actor. Minería en las provincias En un detalle de la situación actual de las provincias cruceñas, la investigadora muestra cómo el fenómeno minero es dinámico, pues en Guarayos se identificaron 21 concesiones mineras que abarcan 985 cuadrículas equivalentes a 24.625 hectáreas (has). La minería se asienta básicamente en el municipio de Ascensión, y es realizada de manera rudimentaria con dragas, que contaminan los afluentes. En la provincia Chiquitos se identificó 45 concesiones mineras que abarcan una superficie de 93.275 has. Sin embargo, las autoridades municipales y hasta originarias, no tienen conocimiento de la magnitud. En la provincia Ñuflo de Chávez se identificó a 72 concesiones mineras por una superficie total de 32.150 has. La actividad está centralizada en el municipio de San Ramón, mientras que en la provincia Bush se tienen 3.940 concesiones por una superficie territorial de 98.500 has. En el departamento de Beni, se evidenció que la provincia Iténez es la más afectada por la minería, donde operan 992 concesiones en una superficie de 24.800 has. Contacto: licytejada@gmail.com © Los artículos difundidos por el Periódico Digital PIEB pueden ser reproducidos total o parcialmente, citando la fuente.