Marco Octavio Ribera Arismendi: La penosa Nacionalización de Mallku Qhuta

LA PENOSA NACIONALIZACION DE MALLKU QHUTA Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Antecedentes Mallku Qhuta, significa en aymara Lago del Cóndor, es el nombre que recibe una de las cuatro lagunas ubicadas a más de 4.200 msnm, en cuyas orillas también está asentada la comunidad originaria del mismo nombre. La región con yacimientos mineros se localiza en la provincia Alonso de Ibañez del departamento de Potosí, en el municipio de Sacaca, en proximidades a la comunidad de Toracari del municipio de San Pedro de Buena Vista, y es parte de la región de los Charkas Qhara Qhara organizados en la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí (FAOINP). Ubicación de la región de Mallku Qhuta (Fuentes CEDIB, SERGEOTECMIN, INRA) La empresa minera transnacional de filiación canadiense South American Silver Corp, desde el año 2004, ejecutó el proceso de prospección que le permitió establecer que se trata de un megayacimiento minero que estaría entre los más grandes del mundo. Detentaba ocho concesiones mineras consolidadas en los municipios de Sacaca y San Pedro (cantón Toracari) de la provincia Charcas en el norte de Potosí. Los resultados de la exploración de South American Silver Corp., establecieron la existencia de yacimientos que contienen cerca de 230 millones de onzas de plata y 1.481 toneladas de indio en reservas probadas. Estos estudios indicarían que el proyecto tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores productores de plata e indio a nivel mundial, y en la mayor operación minera del país, incluso por encima de San Cristóbal (Colectivo CASA, 16 sept. 2012). La región tiene además presencia de oro, el cual es aprovechado de manera artesanal y a bajísima escala por comunarios de la región, práctica que se remonta a épocas de la colonia y posiblemente anteriores. Este fue uno de los argumentos mal usado por las autoridades de gobierno para desvirtuar el movimiento social en contra del megaproyecto minero, aludiendo la existencia de impactos. South American Silver Corp. es considerada una empresa minera junior que está incursionando en el área de exploración, tiene sede en Vancouver (Canadá) y está registrada en la bolsa canadiense bajo el registro TSX: SAC. Esta compañía, además del proyecto Mallku Qhuta, posee un otro yacimiento de Cobre en fase de exploración, en Chile (C.CASA, 2012). De acuerdo a dicha fuente, usualmente las empresas junior, suelen descubrir los yacimientos para luego venderlas a otras compañías con más capital. La evaluación económica preliminar realizada por esta compañía, indicaría una inversión aproximada de 411 millones de dólares para la implementación de la fase de explotación con una capacidad de tratamiento de 40 mil toneladas por día durante quince años. De acuerdo a análisis del Ministerio de Minería, una producción de hasta 100 mil toneladas día requeriría una inversión de unos 150 millones de dólares aproximadamente." (http://boliviaminera.blogspot.com, 13 de abril de 2011). Desde el colectivo CASA (2012) se denunciaba que independientemente del tamaño con el que finalmente se decida iniciar esta operación, hay tres cosas que se mantienen invariables: las grandes ganancias para la transnacional, los grandes impactos sociales y ambientales, y los magros beneficios para el país y la región. Ya el año 2011, las autoridades de la Gobernación de Potosí promovieron la implementación del megaproyecto Mallku Qhuta a partir de tajos abiertos y una planta de última tecnología de recuperación. En dicha oportunidad pobladores de la región se opusieron a la marcha del proyecto por el riesgo sobre la calidad del agua de las lagunas en las que están implementando un proyecto piscícola. (www.elpotosi.net 21 Julio 2011). Malku Qhuta blanco de adquisición en Bolivia http://www.bnamericas.com/news/mineria 9 octubre 2008 Por Anthony Esposito / Business News America El proyecto boliviano Malku Qhuta de la minera canadiense South American Silver (TSX: SAC) está despertando un creciente interés de parte de las mineras que buscan aprovechar las condiciones actuales del mercado para adquirir activos, dijo a BNamericas el vicepresidente ejecutivo de relaciones con inversionistas de la compañía, Richard Doran: "No lo estamos buscando. Es simplemente una realidad del mercado en este momento". Según Doran, la mayoría de las junior no pueden recaudar fondos actualmente y los productores que tienen recursos están encontrando "muy buenos blancos"…. "No somos solo nosotros, son muchas empresas junior". El grupo de consultoría Pincock Allen & Holt está elaborando un avalúo preliminar para Malku Qhuta que estaría listo a fin de año. Malku Qhuta tiene 151 Mt (Millones de toneladas) en recursos indicados con 29,7g/t de plata y 5,58g/t de indio, o un contenido de 145 Moz de plata y 845.000kg de indio, a una ley de corte de 10g/t de plata. El proyecto también cuenta con 230 Mt en recursos inferidos con 24,0g/t de plata y 4,21g/t de indio, o un contenido de 178 Moz de plata y 968.000kg de indio, a la misma ley de corte. Nota.- La adjudicación o entrega del yacimiento para la exploración se efectivizó el año 2004. El reporte del año 2008 de Business News America, hace relación de los avances y resultados que había tenido la transnacional y que eran de pleno conocimiento del actual gobierno.

(Plataformaenergetica.org 8 junio 2012). Según el colectivo CASA (2012), la posición oficial del gobierno es de un respaldo abierto a la presencia y planes de la compañía canadiense, sin considerar una necesaria previa evaluación de los costos y riesgos ambientales y de las enormes desigualdades entre los reducidos beneficios para el país y las grandes ganancias de la compañía. Actualmente el proyecto enfrenta el cuestionamiento de la comunidad originaria, que ha decidido rechazar la presencia de la transnacional debido, entre otras razones al incumplimiento del derecho de consulta y consentimiento previo, además de atropellos en contra de los comunarios cometidos durante las labores de exploración (El Potosí 6 mayo 2012). Pero nuevamente la actitud de las autoridades de Estado, es asumir un rol de facilitador de la presencia transnacional, llegando a prejuzgar incluso que las demandas de la población indígena originaria de la zona son en realidades artificiales y creadas por ONGs (Plataformaenergetica.org 8 junio 2012). La Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala www.ecoportal.net cronicasdeldespojo.blogspot.com 1 agosto 2012 Con motivo del 1º de Agosto, 2012 Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total. Los mercados financieros Canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos. Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las) comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas, violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de la biodiversidad. A pesar de que la minería a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del supuesto desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan las (vagas) promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo. El movimiento en contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala, exige que el gobierno canadiense retire los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y que los fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal. Así mismo el gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323). También se exige que cese la complicidad del gobierno canadiense de permitir que instituciones públicas (p.e. Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI - Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional o la iniciativa Devonshire) sean utilizadas para afianzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos. El conflicto Parte fundamental del conflicto implica una división (en la cual tomó parte activa el Gobierno) entre los pobladores de los municipios de Sakaka y San Pedro del Norte Potosí, donde se encuentra el cerro Mallku Qhuta, puesto que una fracción mayoritaria de las comunidades rechaza cualquier operación minera por los riesgos ambientales que representa, otros respaldan la actividad minera apoyando a la empresa transnacional y otros la actividad minera pero bajo responsabilidad del Estado, mientras que otra fracción quiere conformar una cooperativa comunitaria minera. La fracción que rechaza la mega minería en la zona es por temor a que el proyecto contamine las aguas de la zona. Un elemento mencionado fue que los trabajos de exploración de la minera se pusieron en marcha sin previa consulta de los originarios, ante lo cual, evidentemente, la norma ambiental no prevé consulta para las fases de exploración. Sin embargo, sí se cuestiona, que en su momento no hubo consulta alguna al momento de la adjudicación de la concesión y firma de contratos. A principios de mayo del 2012, ante la toma del yacimiento y oficinas de la empresa, se produjo un violento enfrentamiento entre comunarios norte potosinos y medio centenar de policías que usaron agentes químicos e ingresaron a las viviendas con la finalidad de detener a los principales dirigentes que se oponen al mega proyecto minero. Según la denuncia, mujeres y hombres fueron golpeados por los policías. Otro enfrentamiento se produjo en la localidad de Huariplaza, la Defensoría del Pueblo de Potosí informó que un campesino de la zona murió en el choque que se produjo con policías cuando estos pretendían ingresar a la comunidad. (El Potosí 6 mayo, 2012). Otras ocho personas resultaron heridas, cuatro comunarios y cuatro policías que se encontraban en la zona (Plataformaenergetica.org; Página Siete, 6 julio 2012). Es situación de violencia se produjo cuando ya se había concertado el diálogo entre los comunarios y autoridades del Ministerio de Trabajo en la zona de Kilujata. Los campesinos responsabilizaron del hecho al Gobernador de Potosí y al Ministro de Gobierno quienes promovieron la medida represiva. El mismo día, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el ingreso a la zona en conflicto de al menos 400 efectivos “para evitar una confrontación y con la finalidad de asegurar el diálogo”, aunque el fin era la liberación por la fuerza de los rehenes retenidos por los comunarios. La policía actuó bajo orden judicial, debido a que los empresarios de la empresa South American Silver iniciaron un proceso judicial contra los comunarios que se oponen a la actividad minera en su territorio. La respuesta de los pobladores locales fue también violenta y expulsaron al contingente policial, tomando varios rehenes entre policías y técnicos de la empresa. La Fiscalía de Sacaca emitió una orden de aprehensión para los dirigentes de la zona en conflicto por lo que la Policía ingresó. Se denunció que la empresa canadiense está generando división en las comunidades, hostigando y criminalizando la protesta de los comunarios, como es el caso de Cancio Rojas, Kuraca de la Marka Sacaca, quien fue violentamente detenido el lunes 21 de mayo (sindicado de instigar la violencia y la toma de rehenes), situación que fue calificada como irregular y como criminalización de la protesta social (www.lostiempos.com 6 mayo 2012). Durante varios días a fines de mayo, la protesta de las comunidades de la región de Mallkhu Qhuta se trasladó a la ciudad de La Paz, exigiendo la salida de la empresa transnacional y la liberación de su líder Cancio Rojas, quien a la conclusión de la audiencia cautelar denunció que es víctima de un complot político en beneficio de la empresa canadiense South American Silver que puede contaminar el agua de sus reservorios. El líder indígena fue encarcelado en el recinto de Kantumarka en Potosí. Ante esta situación, la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) demandò a fines de julio, que: “Se rescinda el contrato minero suscrito con la empresa transnacional Canadiense South American Silver, para la explotación del Cerro Mallku Qhuta, y se proceda a la consulta previa, libre e informada y de buena fe con nuestros hermanos de Mallku Qhuta, en el marco de una nueva normativa nacional, a través del tratamiento, aprobación y promulgación de la Ley Marco de Consulta Previa, Informada, de Consentimiento Libre, presentada en junio 2009 por el CONAMAQ” (Plataformaenergetica.org 24 mayo 2012). El 28 de mayo el Ministro de Minería, Mario Virreyra, siguiendo la línea mayor del Gobierno, firmó un acta de compromiso donde se especificaba que el Estado no iba a revertir la concesión minera a favor del Estado y se garantizaba la continuidad de la exploración de la Compañía Minera Mallku Khota (La Razón 8 julio 21012). Debido a la gran presión que empezaba a ejercer el movimiento indígena en contra de la megaminera transnacional y en favor de la reversión de la concesión, ello a pesar la clara intención del Gobierno de dividir a las comunidades y Ayllus de la región, en fecha 8 de julio 2012, se firmó un compromiso entre los dirigentes de los ayllus de Mallku Khota, en la comunidad de Chiro K`asa y el ministro de Trabajo, acordando un compromiso de revertir la concesión minera de la minera canadiense, dicho acuerdo logró la liberación de los dos ingenieros que fueron tomado como rehenes (La Razón, 8 julio 2012). A pesar de este avance conciliatorio, la cúpula gubernamental se mostraba llamativamente indecisa, el propio Presidente Morales manifestó que "algunos grupos no quieren y otros quieren la nacionalización y el momento que ellos se pongan de acuerdo estamos aquí para recuperar para El Estado, revertir o nacionalizar los centros mineros”. Por su parte, el Ministro de Gobierno Carlos Romero, aludió a que “hay un conjunto de comunidades que dicen nosotros somos los vivientes de acá y no queremos que se vaya la empresa y queremos que no se anule la concesión lo queremos es que se haga una consulta” (La Razón 8 julio 21012), lo cual mostraba una clara propensión a seguir favoreciendo la permanencia de la empresa transnacional. Finalmente, la primera semana de julio, el presidente Evo Morales, decidió anular la concesión minera de la compañía canadiense South American Silver (http://www.elcomahueonline.com.ar/2012/07/10), y para ello se aprobó el Decreto Supremo 1308, que anula las concesiones de la Compañía Minera Mallku Qhuta (filial de la South American Silver), encargando a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) su futuro desarrollo (http://www.eabolivia.com/economia 3 agosto 2012). El mencionado decreto establece la anulación de las concesiones mineras Jalsuri, Alkasi, Cobra, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta, las mismas que habrían sido adjudicadas a la empresa transnacional. Conclusiones El proceso muestra la inconsistencia y dificultad con la que el Gobierno ha manejado el tema de la minería. El tema Mallku Qhuta se suma a muchos otros casos vigentes o potenciales, en los cuales se contraponen las expectativas y los reclamos de las comunidades locales indígenas o campesinas frente a la intromisión de grandes empresas. Adicionalmente, el problema de Mallku Qhuta emerge en un momento de intensas reivindicaciones de los derechos indígenas territoriales en el país, y de un profundo cuestionamiento a las políticas desarrollistas del Gobierno, que agrava la intensidad y magnitud del patrón extractivista y primario exportador. Los procesos de adjudicación e inicios de exploración por la empresa South American Silver datan del año 2004, es decir en una fase político-histórica del país, denominada como “neoliberal”, sin embargo a lo largo del “proceso de cambio”, el tema Mallku Qhuta se paseaba en los escaparates de las bolsas de comercio internacional de materias primas como una jugosa oportunidad. En este sentido, no se dieron pasos concretos, ni para tratar el tema minero en su conjunto, ni para revisar casos particularmente críticos como son los contratos con la Glencore, el de San Cristóbal y obviamente el de Mallku Qhuta, con una transnacional en una región especialmente conflictiva y con relación geográfica e histórica de los tristes casos de Amyapampa y Kapasirca. Existen muchos caso en el país como el de Mallku Qhuta, es decir, procesos de exploración minera a importante escala que han ocasionado severas afectaciones ambientales, como es el de las exploraciones de la empres coreana KORES en Coro Coro, y que ha estado exentas de adecuadas medidas de prevención ambiental y por supuesto de etapas de consulta. Otro caso crítico similar se da en la Chiquitanía, donde la empresa brasilera VOTORANTINS tiene adjudicadas más de 18 cuadrículas (algunas en proximidad a la frontera) superpuestas a la TCO Ayoreode Guaye y al área protegida San Matías. Queda patente una vez más, la absoluta falta de capacidad de las diversas autoridades de Gobierno en el tratamiento y gestión de conflictos, a lo cual se suman las notables contradicciones respecto de la figura de la nacionalización, indicativo, o de una falta de claridad y solidez en cuanto a políticas al respecto, o de la tendencia mal disimulada de favorecer a las empresas transnacionales, aun en desmedro del propio Estado y de los derechos más básicos de las comunidades indígenas y campesinas. A diferencia del caso Colquiri, el de Mallku Qhuta tiene una connotación de nacionalización de un yacimiento no explotado (si explorado) y la reversión de un contrato que estaba proyectado para una etapa de aprovechamiento futuro. Aunque si se aplica la letra muerta de la Constitución Política del Estado y otras normas recientes, dicho yacimiento es de propiedad fiscal y en teoría la empresa canadiense o cualquier otra, es una operadora, situación que no pasa de la línea teórica. De cualquier forma, la salida de la transnacional significa el traspaso de la responsabilidad de la explotación a la COMIBOL, situación que no exime al proceso de la potencial ocurrencia de impactos socio ambientales iguales o incluso mayores. El fenómeno de Mallku Qhuta, tiene una especial relevancia histórica, especialmente en el ámbito de la resistencia social contra la gran minería transnacional en Latinoamérica, y en un momento en que los indicios de la crisis económica mundial influye, en estrategias mas voraces y audaces por parte de las grandes y pequeñas compañías transnacionales, que no quieren perder ni sus prerrogativas ni sus ganancias. El Gobierno y en especial el Ministerio de Minería, tuvieron enorme renuencia a aceptar la demanda de nacionalización y reversión del contrato con la transnacional, recurriendo incluso a las acciones violentas de represión policial, lo cual ya se ha convertido en una tónica. La firma del Decreto Supremo 1308, por tanto ha sido asumido como una victoria social del movimiento indígena del Norte de Potosí y del país. Fuentes • www.colectivocasa.org.bo 16 sept.2012 – Colectivo CASA • Plataformaenergetica.org 8 junio 2012 • Plataformaenergetica.org 6 julio 2012 • Plataformaenergetica.org 24 mayo 2012 • http://boliviaminera.blogspot.com, 13 de abril de 2011 • Comunicado del CONAMAQ-Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu en torno a la operación minera de la transnacional canadiense South American Silver, 24 de mayo del 2012. • http://www.bnamericas.com/news/mineria 9 octubre 2008 • www.ecoportal.net cronicasdeldespojo.blogspot.com • www.elpotosi.net 21 Julio 2011 • El Potosí 6 mayo 2012 • Página Siete 6 julio 2012 • www.lostiempos.com 6 mayo 2012 • La Razón 8 julio 2102 • http://www.elcomahueonline.com.ar/2012/07/10 • http://www.eabolivia.com/economia 3 agosto 2012 • SERGEOTECMIN, (CEDIB) 2012 • INRA, TCOs 2011 Foto: www.elcomahueonline.com.ar

Analiza Marco O. Ribera Arismendi: Las ambigüedades de la nacionalización y el Conflicto MInero de Colquiri

EL CONFLICTO DE COLQUIRI Y LAS AMBIGUEDADES DE LA NACIONALIZACION Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Colquiri es una población y centro minero situado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, a unos 120 Km. de la ciudad del mismo nombre La Paz y a 70 Km. de la ciudad de Oruro. Conocido desde épocas coloniales como zona minera, en especial por el descubrimiento de plata, posteriormente a lo largo de varias décadas, la explotación se concentro en el estaño y zinc. En la década de los años 90, la COMIBOL arrendó a las cooperativas varias áreas ya explotadas. Colquiri hasta 1999, era parte de la COMIBOL. La concesión, el año 2.000, pasó a la administración de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), empresa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El año 2005 se transfirió a la suiza GLENCORE que opera en Bolivia, a partir de la empresa filial SINCHI WAYRA, la cual hasta el año 2012 tenía el 45% de las acciones, el resto pertenecía a la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La firma suiza opera en el país la mina Bolívar (Oruro), en contrato de riesgo compartido, y Porco (Potosí) bajo arrendamiento. El compromiso de inversiones de Glencore para las minas Colquiri, Porco y Bolívar superaba los 160 millones de dólares, que debían invertirse y ejecutarse en cinco años (http://www.paginasiete.bo/). La veta Rosario, que se encuentra de norte a sur, era parte del contrato de arrendamiento entre la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI SA. (SINCHI HUAYRA) y COMIBOL, administradora de los derechos mineros en la mina Colquiri. En el sector que estaba a cargo de SINCHI WAYRA trabajaban 400 mineros asalariados, mientras la cooperativa 26 de Febrero tenía 1.200 operarios dispersos en varios parajes. LO QUE OCURRIO EL AÑO 2009: CRÓNICA DE LA LUCHA DE LOS MINEROS DEL DISTRITO COLQUIRI CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA. http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 En los últimos días de diciembre 2008 y primeros de enero del 2009, la EMPRESA SINCHI HUAYRA, filial de la transnacional GLENCORE, notificó a los trabajadores mineros que frente a la caída de los precios de los minerales (producto de la crisis internacional) se imponía la necesidad de tomar una serie de medidas: rebaja de salarios, trabajar sólo dos turnos de 12 horas al día y el retiro de trabajadores. La propuesta de la empresa fue rechazada por las asambleas de todos los distritos mineros pertenecientes a la cadena Sinchi Huayra. La empresa en algunas minas procedió a otorgar vacaciones obligatorias a una cierta cantidad de trabajadores, lo que era un anuncio de su despido. En efecto, en Colquiri, el 1 de enero del 2009, la empresa empezó a repartir cartas de despido a los trabajadores en "vacaciones". La segunda semana de enero, los trabajadores tomaron la mina y se hicieron cargo de la producción, instruyen a los dirigentes, que se encontraban en Oruro discutiendo con la empresa el problema de los despidos, que se replieguen y que la discusión con la empresa se traslade al mismo distrito. Amenazaron con tomar como rehenes a los ingenieros y técnicos de la empresa en caso de que ésta insista en despedir trabajadores. Las amas de casa procedieron a bloquear la entrada principal de la mina para que nadie salga y se cumpla la resolución de la asamblea. Gerentes, ingenieros, técnicos y algunos empleados salieron huyendo de la mina por los cerros, cargando papeles y documentos de la empresa. Los trabajadores decidieron que trabajarían solos y que la mina estaría bajo su mando. Nota.- En los siguientes meses, con la progresiva recuperación del precio de los minerales, la empresa conjuntamente COMIBOl (a partir del contrato de riesgo compartido) retomó la administración de la mina, previos acuerdos con los trabajadores. Los cooperativistas de 26 de Febrero, bajo presión (18 de junio del 2012) y tras tomar la mina y las oficinas de SINCHI WAYRA durante varios días, lograron que la empresa les ceda, bajo un acuerdo, la veta Rosario, un área ya lista para su explotación. Existe la versión de que los cooperativistas conminaron a la empresa a ceder la Veta Rosario (con una reserva probada, valorada en más de 5.000 millones de dólares) si quería seguir operando en la mina, de lo contrario amenazaban con exigir la reversión hacia el Estado. El acuerdo logró además que se suspenda la toma de la mina Colquiri. Según fuentes de COMIBOL, la empresa SINCHI WAYRA jugó a consolidar su posición, dejando bajo el control de los cooperativistas las áreas que éstos “jukeaban” (explotaban informalmente) durante años bajo la mirada cómplice de la transnacional. Entonces, los cooperativistas se pusieron del lado de la transnacional y en la trinchera de quienes se oponían a la expropiación (Zulema Alanes Bravo, 22 sept. 2012). Otra versión, menciona que la empresa SINCHI WAYRA, enterada de un preacuerdo del Gobierno con la Central Obrera Boliviana, para la nacionalización de la mina Colquiri, optó por ceder la veta Rosario a la Cooperativa 26 de Febrero (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) con la condición de que venda su producción a la empresa, por su parte, la empresa se comprometió a ofrecer asistencia técnica y supervisión para la explotación de la veta. Según Pedro Mariobo de CEPROMIN, la situación obedece a una estrategia por parte de la empresa, de incentivo a los cooperativistas, que son utilizados como especie de “carne de cañón”, a quienes la empresa apoya para que conquisten vetas más ricas, pero que al final beneficien a la empresa, esto con tal de no perder la concesión o en último caso acceder a la indemnización que debe pagar el Estado. (http://www.noticias.com.bo/2012/06/18) Llama la atención que al respecto de la suscripción de este convenio, el Ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que “era un acuerdo que ha asumido la empresa Sinchi Wayra con las cooperativas, y que en realidad era parte de sus convenios para entrar en buenos acuerdos entre las partes” (La Razón 09 de junio de 2012). De cualquier forma, el analista Alfredo Zaconeta, clarifica una inconsistencia en el proceso (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) al observar que, el Gobierno, a partir de la empresa estatal, debía autorizar de forma escrita cualquier transferencia a cualquier título de las zonas o yacimientos comprometidos en el contrato a segundas o terceras personas, al no darse esta figura habría una tácita violación del contrato, por lo tanto, éste quedaría nulo. Dicho analista añade, que el Viceministerio de Cooperativas Mineras, avaló y fue parte del acuerdo entre Sinchi WAYRA y la cooperativa 26 de Febrero. Mientras el mismo día en La Paz, desde el Ministerio de la Presidencia, se negociaba con la COB, la Federación de mineros y el Sindicato de Colquiri, la nacionalización de Colquiri, situación que fue anunciada oficialmente. Desde el Ministerio de la Presidencia se explicó además, que la segunda etapa será una “nacionalización concertada de las áreas arrendadas a las cooperativas mineras 26 de Febrero Limitada; previa presentación y conformidad de la mayoría de los trabajadores mineros de la indicada cooperativa, cuya lista deberá evidenciar su condición de minero cooperativista”. Ello significó que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) exprese su rechazo al anuncio gubernamental y amenace con cooperativizar todos los centros mineros, además de iniciar bloqueos y movilizaciones. Los voceros de FENCOMIN manifestaron: “que si el Gobierno persiste en nacionalizar Colquiri, ellos cooperativizarían todos los centros mineros donde están las empresas privadas, a partir de Colquiri y Porco, donde están nuestras cooperativas que tienen dificultades” (http://www.opinion.com.bo 23/06/2012). Pero la propuesta de nacionalización, implicaba únicamente el yacimiento concesionado a la transnacional GLENCORE, pero no tocaba los parajes de la mina Colquiri que explotan los cooperativistas, a quienes a su vez se prometió la entrega de la veta Rosario. El convenio fue concertado en una reunión realizada entre FENCOMIN y autoridades gubernamentales (http://elsistema.info/index 13 junio 2012). Ante esta situación, el Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri (sector asalariado) rechazó el acuerdo y exigió al Ejecutivo rescindir el contrato de arrendamiento con la empresa Sinchi Wayra (La Razón 09 de junio de 2012). De esta forma, empezaron los primeros enfrentamientos con los cooperativistas. El conflicto violento se inició a partir del 15 de junio, cuando los trabajadores asalariados resolvieron en cabildo abierto tomar la mina de Colquiri, inmediatamente los cooperativistas que se encontraban en el lugar comenzaron a responder con explosiones de dinamita, pero fueron desalojados, a partir de ese momento la población comenzó a vivir momentos de zozobra de tensión en sus viviendas. Una situación muy similar se vivió en Bolivia el año 2006, en el centro minero de Huanuni (cerro Pozoconi), la cual tuvo una salida en exceso violenta. Ante el clima de violencia, el Gobierno, el 20 de junio del 2012, a partir del Vicepresidente Álvaro García Linera (Presidente en ejercicio en dicho momento) promulgó el Decretó Supremo 1264 de reversión (“nacionalización”) de Colquiri, medida que también a favorecía a la cooperativa, (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El vicepresidente explicó “que la nacionalización es recuperar soberanía democrática con la administración de los recursos naturales, pues sin nacionalización no hay soberanía para decidir lo que se puede hacer a futuro, sin pedir favores a agentes externos”. García Linera citó un texto de Mao Tse-Tung, titulado "el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo", comparando esa ideología socialista con la política del actual Gobierno respecto a que en épocas de conflicto se debe escuchar a todas las partes en conflicto (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El decreto de nacionalización, establece que la COMIBOL asume el control del centro minero así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos otorgados mediante contratos de arrendamiento. La norma establece un plazo de 120 días para hacer efectivo el pago a la compañía minera, previa evaluación de sus activos. La COMIBOL se compromete a realizar actividades productivas de prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, fundición refinación y comercialización de minerales y metales. Asimismo, por razones de interés público, se nacionaliza la maquinaria e insumos de la compañía SINCHI WAYRA en Colquiri (que antes eran de CONSUR S.A.). Por último la COMIBOL ofreció contratar a excooperativistas de la cooperativa minera 26 de febrero LTDA, que voluntariamente decidieron ingresar a la empresa estatal hasta el 19 de junio del 2012 y posteriormente pasaron a formar parte de la empresa Colquiri (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). Sin embargo, el 29 de agosto, bajo el justificativo de que dicho Decreto tenía inconsistencias, el Gobierno aprobó otro Decreto Supremo (Nº 1337), a partir del cual demarcó el área para la cooperativa, ampliando su dominio sobre el 65% de la veta Rosario, situación que agravó aún más la tensión con los asalariados. (http://www.paginasiete.bo/2012-09-22). Los primeros días de septiembre, al menos 1.500 trabajadores de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), tomaron la veta Rosario para impedir que ese yacimiento sea aprovechado por los cooperativistas mineros y en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de alterar el acuerdo al que arribaron en junio pasado. Desde la dirigencia de los mineros sindicalizados o asalariados, se mencionaba la molestia en las bases porque sentirse engañadas por el Gobierno que, a juicio de los sindicalistas, no respetó el acuerdo plasmado en el Decreto Supremo 1264, que fue modificado por el Decreto el 1337 que beneficia al sector cooperativizado, otorgándoles parte de la concesión de la veta Rosario, la más rica de estaño de la región (http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012) . La parte sur de la veta Rosario queda a favor de la Empresa Minera COLQUIRI-COMIBOL, empieza en el punto nueve, identificado en el plano del nivel 325, donde la veta Rosario se cruza con el recorte setenta (http://boliviaminera.blogspot.com /2012). Tras la toma de la mina Colquiri, por parte de los mineros asalariados, en el Ministerio de Minería se desmentía que la veta Rosario favoreciera únicamente a los cooperativistas, tal como interpretaron los asalariados (Decreto Supremo 1337), pues el Gobierno no entregó a la cooperativa 26 de Febrero, el 100% de la veta, debido a que ésta se subdivide del punto 9 hacia el sur, a favor de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, y del punto 9 hacia el norte, a favor de la cooperativa 26 de Febrero. Pese a dichas declaraciones, los asalariados consideran que el Gobierno favorece completamente a los cooperativistas, por lo que no se avizora que dejen de lado la toma de la mina. Según dirigentes de la Cooperativa, el límite de la veta Rosario es la línea 80 del sector de San Antonio, el lado norte para ellos y el sur para COMIBOl, pero como ese acuerdo no es respetado, la cooperativa 26 de febrero reclamó del 100% de la veta", agudizando aún más el conflicto (http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012). En las siguientes semanas, el conflicto se agravó, tanto en la zona con sucesivos enfrentamientos, como en la ciudad de La Paz, donde se produjeron bloqueos masivos en las rutas de acceso a la sede de Gobierno, como en violentos enfrentamientos que culminaron con heridos y un deceso por parte de los asalariados. El conflicto enfrenta a los mineros de la cooperativa 26 de Febrero, que demandan se cumpla el Decreto que les asigna una parte de la Veta Rosario para su explotación, y los mineros asalariados que exigen la nacionalización total de ese yacimiento. Una noticia preocupante, dada desde el Ministerio de Minería, mencionó que los datos técnicos que hubieran evitado el conflicto y que deberían haber sido precisados en el primer convenio, no estaban claros porque los expertos de la COMIBOL y del Ministerio de Minería, no tuvieron acceso al yacimiento por la oposición de la privada Sinchi Wayra, que no permitió que se realicen inspecciones en el lugar para establecer el potencial de la Veta Rosario, causa principal del conflicto (http://www.jornadanet.com 17 sept. 2012). Por su parte, la suiza GLENCORE protestó “enérgicamente” por la reversión de la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI, de la que era concesionaria, y anunció en un comunicado que exigirá una “indemnización justa” porque invirtió 22 millones de dólares y el pago de regalías, impuestos y derechos al Estado superó los 70 millones de dólares. La firma también expresó su descontento porque “la nacionalización de la mina de Colquiri fue anunciada cuando GLENCORE finalizó la renegociación de sus contratos mineros con el Gobierno de Bolivia”. El comunicado de la Glencore añadía: "La medida que tomó el Gobierno de Bolivia planteará una serie de cuestionamientos serios con respecto a la política futura hacia la inversión extranjera en el sector de la minería". (Pagina 7, ANF. ANF / La Paz - 22/06/2012). A ello, se sumó el empresariado privado nacional, mediante un vocero de la Cámara de Exportadores, puso de manifiesto que nacionalizar la mina Colquiri de manos de SINCHI WAYRA es una "mala señal" para la región y para los ciudadanos que deben respetar la propiedad privada y no hacerse de ella cuando ésta se ha tornado rentable (http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012). Es importante recordar que, cuando en abril del año 2011, autoridades de gobierno mencionaron la nacionalización de minas como Porco, Colquiri y Bolívar, San Vicente y San Bartolomé, el propio Viceministro de Política Minera, Gerardo Coro, advirtió que el Estado enfrentará problemas técnicos y sociales si “recupera” las minas que operan las firmas privadas, manifestando además, que los mineros rechazan la decisión porque los emprendimientos privados les ofrecen “mayor seguridad” (www.redpccs.org.bo 19 abril, 2011). Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) decidió ir a un paro de actividades para exigir al Gobierno la nacionalización del yacimiento minero de Colquiri, a mediados de junio, se anunciaba la movilización de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, exigiendo al Gobierno la promulgación del Decreto Supremo de la nacionalización total de Colquiri (Plataformaenergetica.org 15 junio 2012). En tanto el presidente, Evo Morales rechazó la nacionalización total del yacimiento de la mina Colquiri, pedido por los mineros asalariados, citando la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que privados, cooperativistas y el Estado tienen derecho a explotar los yacimientos mineros (Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012). En opinión del analista Carlos Sandy, el proceso fue una "supuesta nacionalización" pues no se puede dar una en Colquiri, porque siempre fue de la COMIBOL, solamente que estaba en riesgo compartido con SINCHI WAYRA, entonces lo que ocurrió en realidad fue la recuperación de las acciones de la empresa privada (www.institutoprisma.org 09-2012). Si el proceso es asumido como una nacionalización, entonces Colquiri es la tercera operación de GLENCORE que nacionaliza el actual Gobierno; la primera fue la Empresa Metalúrgica Vinto, en febrero de 2007, y tres años después, la fundición de antimonio en la misma región. Según el Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social - OBESS, el remedio fue peor que la enfermedad, la “nacionalización parcial” del centro minero, tal como fue calificada por varios dirigentes sindicales, legitimó la presencia de la Cooperativa 26 de Febrero en la zona, frente a una débil COMIBOL que no atina a ejercer el control y gestión correspondientes de las propiedades revertidas, en un escenario donde la minería estatal tiene un lugar insignificante (Boletín del OBESS 14 de agosto de 2012). Según este observatorio, una vez legitimada la presencia cooperativista, es lógico esperar que no sólo busquen controlar la parte que el Decreto les permitió, sino aspiren a mayores espacios de explotación minera, lo que viene generando conflictos con los trabajadores asalariados estatales, que son los únicos que reivindican y defienden la “propiedad estatal” de la mina. No es casual que el cooperativismo minero haya cobrado mayor peso y acumulado un considerable poder económico y político en Bolivia porque tiene en el actual Gobierno, un promotor principal que lo reconoce como una de sus bases sociales y políticas. Como dato anexo, las cooperativas mineras están libres del pago del IVA, del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y de la cancelación de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades, supuestamente por ser emprendimientos de carácter social. Es un sector desregulado, altamente informal en cuanto a su constitución y funcionamiento y esencialmente, explotador en extremo de la fuerza de trabajo de peones y obreros que constituyen el factor principal para la generación de grandes excedentes económicos en beneficio de un grupo de “socios cooperativistas” (Boletín del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social-OBESS 14 de agosto de 2012). Las cooperativas mineras son esencialmente un negocio de grupos minúsculos de carácter privado que se están beneficiando del trabajo que realiza la inmensa mayoría de trabajadores en calidad de peones y no precisamente de socios (ERBOL, 12/06/12). A esto se suma el hecho de que las cooperativas en general, no solo no cumplen las normas ambientales para el sector, sino que se oponen a cumplirlas, bajo el argumento de una baja rentabilidad que no les permite invertir en aspectos de control, mitigación y remediación ambiental. e acuerdo a determinados movimientos de izquierda, los trabajadores que trabajan para las cooperativas son totalmente vulnerados en sus derechos laborales y seguridad industrial, pero no tienen alternativas de otros trabajos en Bolivia. Son fuerza de trabajo barata para las multinacionales que saquean Bolivia y a la vez su escudo político y humano. (boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com). La empresa SINCHI WAYRA, filial de la transnacional Suiza GLENCORE (Ribera, 2010; Econoticias Bolivia, 2009) controla grandes yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita, la planta concentradora de minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica de Aroifilia. El año 2009, pese a la resistencia de sus obreros, SINCHI WAYRA/GLENCORE creyendo justificarse en las crisis de los precios de los minerales, continuó con la intención de explotar a sus trabajadores, adicionando horas de trabajo no remunerado a la jornada laboral, violando abiertamente la Ley del Trabajo y normas internacionales. La Suiza GLENCORE, fue forjada por el magnate petrolero suizo-israelí, Marc Rich (a quien la Revista TIMES calificó en el 2001 como el ejecutivo más corrupto del planeta” (constituyentesoberana.org 4 nov. 200; lahaine.org 10 mayo 2009). La GLENCORE Fuente: América Economía www.americaeconomia.com 04/03/2012. Según el periodista suizo Daniel Ammann, Marc Rich les vendió su participación a los gerentes de su empresa Glencore, después de perder cientos de millones de dólares en una especulación para manipular los precios del zinc. Eso, y un divorcio millonario, le costaron la corona de rey del petróleo y de las materias primas. Hoy, vive retirado en Suiza, en una mansión llena de grandes obras de arte. Hasta 2011, Glencore era prácticamente un mito en la industria minera. Ese año realizó una IPO (initial public offering) en Londres y Hong Kong, y debió abrirse al escrutinio público. Es la clase de empresas que no le teme al riesgo-país. Basta comprobar que tiene negocios en la República Democrática del Congo. ¿Qué empresa se atreve jugarse en un país donde se libró el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con nueve beligerantes naciones africanas, más de veinte grupos armados y 5,4 millones de muertos?. Entre sus diversas inversiones y participaciones, Glencore posee 34,5% de la Xstrata, una minera suiza, la quinta más grande del mundo. ¿Ha oído hablar de la mina Collahuasi en Chile? Xstrata es dueña del 44%. ¿Y Las Bambas, en Perú? Xstrata tiene el 100%. Xstrata tiene también el 100% del proyecto El Pachón, ubicado en la provincia argentina de San Juan y a 5 km. de la frontera con Chile. Según estimaciones de la empresa, las reservas minerales de El Pachón ascienden 13,1 millones de toneladas de cobre. Por su ubicación, el proyecto está sujeto al Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 por Argentina y Chile, además a un Protocolo Específico complementario que permitirá la salida de concentrados por el Océano Pacífico. Todos estos activos pasarán a propiedad de Glencore, de aprobarse la propuesta de fusión entre Glencore y Xtrata. Diversos analistas estiman que, de llevarse a cabo esta operación, el próximo paso de una Xstrata + Glencore será buscar una alianza global con Anglo American. De acuerdo a la analista Zulema Alanes (22, sept.2012), mientras la COMIBOL se aprestaba a invertir recursos humanos y financieros en la exploración de la veta Rosario, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se trazaba la estrategia para entregar esos recursos a los cooperativistas, que a su vez, ya tenían negociaciones avanzadas para coarrendar el yacimiento a una empresa extranjera. En COMIBOL existe la opinión que esa medida está contaminada por cálculos político electorales, que ya han empezado a condicionar la gestión estatal. De esta forma, según Alanes, Colquiri es como un espejo que muestra de cuerpo entero a la política minera del actual Gobierno, pues la realidad está lejos de los anuncios demagógicos de García Linera, en el sentido de que el Estado no ha recuperado su soberanía sobre los recursos mineros. Según el Anuario Estadístico 201, el Estado boliviano apenas controla el 2% de la producción minera, el 23% está en manos de la minería chica y cooperativizada y el 75% de las transnacionales. Las cifras oficiales, también muestran que si bien las exportaciones mineras batieron récord el 2011, con 3.448 millones de dólares, el Estado sólo se quedó con menos del 12% vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros, contradiciendo las aseveraciones hechas por el segundo mandatorio boliviano en torno a la supuesta bonanza minera para el Estado. La crítica de Alanes se torna más fuerte cuando menciona que la situación de Colquiri hace ver que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado y una mayor participación en la renta, promover la planificación democrática para el uso y control de los recursos o habilitar mecanismos de concertación para canalizar disputas distributivas e incentivar el rencuentro de la economía con la naturaleza. Como parte del análisis “La actualidad del proletariado”, Raúl Prada manifiesta que “En negociaciones tramposas del Gobierno con ambos sectores, asalariados y cooperativistas, termina entregando parte de la veta a los cooperativistas, engañando a asalariados y cooperativistas. En esto se nota la improvisación del Gobierno y la falta de una estrategia minera a largo plazo, fuera de la falta de honestidad…” (http://horizontesnomadas.blogspot.com/ 23 de septiembre de 2012). A fines de septiembre este conflicto, lejos de haberse solucionado, se complicaba aún más con las posiciones radicales de ambos sectores y las improvisaciones y contradicciones del Gobierno. El sector asalariado de la COMIBOL, decidió cercar la mina Colquiri para impedir el ingreso de los cooperativistas. El 26 de septiembre, los mineros asalariados, seguían en emergencia ante el acuerdo firmado entre el Gobierno y los mineros cooperativistas, analizando si aceptan o no la propuesta gubernamental de otorgar a la COMIBOL, la parte sur de la veta Rosario (http://www.opinion.com.bo 26 sept. 2012). Como una salida al conflicto, el sector asalariado ofreció a los cooperativistas la veta San Antonio, lo cual fue rechazado por la FENCOMIN, argumentando que ya está agotada, pues fue explotada y abandonada por la COMIBOL hace varios años y luego por la empresa SINCHI WAYRA, debido a sus bajos niveles de rentabilidad. El sector asalariado determinó que no cederá otras áreas, ni los ramales de la veta Rosario y volverá a insistir en la nacionalización total de la mina (http://elsistema.info 29 sept. 2012). Conclusiones Un primer elemento sobre este conflicto minero, es que tiene una larga data (inclusive antes del los años 90) en torno a una pugna entre el Estado, las empresas privadas, el sector asalariado y los cooperativistas, conjunto de actores sociales e institucionales con plena vigencia en el actual momento del conflicto. Otro aspecto llamativo, es que el actual conflicto minero, es muy similar a otro producido el año 2001 en Huanuni, por similares causas. En dicha oportunidad, también se observó el empecinamiento de las partes y la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para gestionar adecuadamente y a buen término el conflicto, el cual derivó en una escalada de violencia sin precedentes, algo que desafortunadamente también podría ocurrir actualmente con Colquiri. El conflicto se relaciona netamente con un juego de intereses económicos en torno a una veta estañífera y de zinc, de alto valor, poniéndose de manifiesto, la debilidad y ambivalencia del actual gobierno frente el tema minero en general. El hecho de ceder la veta Rosario a los cooperativistas en detrimento del propio estado (empresa estatal COMIBOL), ha sido interpretado como un juego de interés político, en el cual el gobierno busca apuntalar el apoyo social del sector minero cooperativista en el país. Otro elemento importante del análisis se relaciona con a la ambigüedad en el manejo del principio de nacionalización, como menciona el analista C.Sandy, el Gobierno no podía nacionalizar algo que es suyo, pues Colquiri y sus diversas vetas son propiedad de la COMIBOL, y están dadas solamente bajo contrato de riesgo compartido a la GLENCORE, y lo que podía pasar al Estado son las acciones y los activos (figura de estatización). Sin embargo, la figura de nacionalización fue demagógicamente utilizada por la cúpula gubernamental, a pesar del rechazo expreso que manifestó al respecto el primer mandatario. De cualquier forma, se percibe que eventuales procesos de nacionalización en el sector minero, serán mucho más difíciles de emprender que en el sector petrolero, cuyo régimen es notablemente diferente. Todo parece indicar que a pesar de los discursos demagógicos sobre la nacionalización y las referencias a los postulados de Mao Zedong que enarbolan los voceros, el Gobierno de principio no quiere la nacionalización por todos los inconvenientes que puede implicar, pero principalmente por las proyectivas implícitas de favorecer a las empresas transnacionales, pero además acaparar el apoyo del sector cooperativista con el cual tiene una suerte de pacto político. También se percibe en torno al tema Colquiri, la imprecisión con la que se manejan las cifras económicas de la minería en especial por parte del segundo mandatario de Gobierno, haciendo referencia al crecimiento de los volúmenes de exportación actuales en relación a los de otras épocas, pero sin mencionar los irrisorios beneficios por regalías e impuestos que se quedan en el país. Un aspecto que pudo ser claramente percibido, es la improvisación y la falta de capacidad de las autoridades del Gobierno, para manejar el conflicto; al mismo tiempo la patente falta de coordinación y consenso, cuando el Viceministerio de Cooperativas del Ministerio de Minas avala el acuerdo Gobierno-cooperativistas, mientras que casi simultáneamente, el Ministerio de Gobierno y el de Minería, aprobaban la figura de la “nacionalización” de Colquiri; paradójicamente, para ambas situaciones se emitieron Decretos supremos. Estas contradicciones y falta de claridad, generaron malestar entre las partes y nutrieron el conflicto. La figura de empresas transnacionales de la talla y antecedentes de la GLENCORE en la minería boliviana, causa evidentemente susceptibilidad en diversos sectores y ámbitos del país, más aún cuando enarbolan prerrogativas bajo un Gobierno de aparente discurso socialista. Será importante indagar que ocurrió realmente en torno a la veta Rosario y bajo qué condiciones fue “cedida” por la empresa a la cooperativa en conflicto, considerando que el procedimiento tuvo visos de irregularidad y de violación del contrato entre COMIBOL y la empresa SINCHI HUAYRA. En ningún momento del conflicto, se manifestaron los aspectos ambientales en términos del cumplimiento de medidas de prevención, control, remediación, ya sea por COMIBOL, la empresa privada, menos en relación a la cooperativa, donde la situación ambiental, es en general más crítica. Es importante mencionar que el Centro Minero de Colquiri y sus alrededores, tienen elevados niveles de contaminación por pasivos ambientales de décadas y operaciones recientes, con afectación de ríos, suelos y la salud humana. Fuentes http://www.paginasiete.bo http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 La Razón 9 de junio de 2012 Página 7, ANF. ANF / La Paz – 22 junio 2012 Zulema Alanes Bravo, 22 sept 2012 http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 http://www.lostiempos.com 20 junio 2012 Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012 http://www.noticias.com.bo 18 junio 2012 (Pedro Mariobo) http://www.paginasiete.bo 22 sept 2012 http://www.jornadanet.com 17 sept 2012 http://www.opinion.com.bo 23 junio 2012 http://elsistema.info/index 13 junio 2012 http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012 http://boliviaminera.blogspot.com /2012 http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012 http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012 www.institutoprisma.org 09-2012 (Carlos Sandy) Boletín OBESS 14 de agosto de 2012 boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com constituyentesoberana.org 4 nov. 2005 lahaine.org 10 mayo 2009 América Economía - www.americaeconomia.com 4 marzo 2012. http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 (Alfredo Zaconeta ) Raúl Prada, 2012. La actualidad del proletariado en http://horizontesnomadas.blogspot.com Ribera,A.M.O. 2010. El Sector Minero. Análisis general, Megaproyecto Mutún, Cuenca del Poopo, Cuenca Pilcomayo, Megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 317 p.

Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria - 18/09/2012

Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria - 18/09/2012 o Últimamente, el Gobierno nacional y el sector agroindustrial de Santa Cruz han estado hablando de ampliar la frontera agrícola en Bolivia con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Actualmente en nuestro país existen 2,9 millones de hectáreas cultivadas con producción agrícola y para el año 2020 se pretende llegar a diez millones, según declaraciones del viceministro de Desarrollo Agropecuario y Rural, Víctor Hugo Vásquez. Si la ampliación de la frontera agrícola implica: seguir deforestando bosques tropicales (250 mil a 300 mil hectáreas por año según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT); seguir utilizando las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias dañando así la salud humana y la biodiversidad (ABT: 4,88 millones de hectáreas quemadas en 2010); seguir cultivando en suelos que no tienen vocación para la agricultura intensiva (según la Plataforma Nacional de Suelos 41% de los suelos sufren procesos de degradación). Si todo esto implica la ampliación de la frontera agrícola, característica del modelo de producción de monocultivos agroindustriales, con alta mecanización agrícola y dependencia de agrotóxicos (venenos), estaríamos yendo al despeñadero y con seguridad el remedio sería peor que la enfermedad. Pretender ampliar la frontera agrícola a diez millones podría implicar seguir deforestando bosques tropicales, en muchos casos de forma ilegal. En nuestro contexto sería más adecuado hablar de mejorar la productividad agrícola, pecuaria y forestal, que en la mayoría de los rubros agrícolas y pecuarios es muy baja en comparación a países vecinos. Por ejemplo, en producción de papa Bolivia tiene un rendimiento de 5,49 tm/ha, Perú tiene 9,4 tm/ha; en producción de arroz nuestro rendimiento es de 2,73, tm/ha, Argentina 6,54 tm/ha y Brasil 4,78 tm/ha. Para mejorar la productividad agrícola se debe: impulsar políticas públicas audaces y recuperar los suelos que están en proceso de degradación; erradicar las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias; incentivar la utilización de prácticas y técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente y adecuadas a cada contexto; e invertir en sistemas de riego, entre otros. La producción diversificada respetando la vocación de uso mayor de suelos y valorando los conocimientos locales es una alternativa que durará mucho tiempo. Siendo la población rural en Bolivia el 37,5% del total, es fundamental que el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos subnacionales prioricen la inversión pública en infraestructura productiva; incentiven iniciativas productivas agroecológicas diversificadas acorde con la vocación de uso mayor de los suelos; incrementen su capacidad en investigación agropecuaria y forestal; promocionen tecnologías con energías alternativas; presten asistencia técnica y formación de recursos humanos para el desarrollo rural integral sustentable en todos los municipios del país; prioricen el potenciamiento de los mercados locales y la transformación de la producción agroecológica, antes de la exportación de materias primas; focalicen esfuerzos técnicos y económicos (políticas públicas) a favor de la producción diversificada de familias, comunidades y organizaciones económico-productivas indígena originaria campesinas y afrobolivianas del país que, creemos, sería apostar a lo seguro para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria a mediano y largo plazo en Bolivia, que así sea. Eulogio Núñez Aramayo Es director de CIPCA Santa Cruz. Fuente: http://www.paginasiete.bo/2012-09-19/Opinion/Destacados/16Opi00119-09-12-P720120919MIE.aspx

Desde los que no pertenecen al Poder hacendal cruceño (Una invitación al diálogo respetuoso)

Por Alicia Tejada Soruco En días pasados CEDIB presentó en Santa Cruz el libro Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia, planteando una discusión pendiente que esperamos incorporar a las agendas políticas de ciudadanía aportando nuevos elementos de análisis sobre el desarrollo en amazonia, llanos y chaco bolivianos. Tres de los connotados y expertos comentaristas del libro (Alcides Vadillo, Ricardo Saucedo, José Martinez) coincidieron en resaltar que hablar de minería en tierras bajas, donde esta actividad no se constituye en la única opción, como en muchos lugares de las tierras altas de Bolivia, nos obliga a preguntarnos si la minería aportará más y mejores beneficios que la actividad forestal, agrícola y ganadera no solo en términos económicos sino también sociales, ambientales y culturales. El estudio, desde las percepciones de la gente del lugar, invita a la reflexión sobre el modelo de desarrollo minero, sobre sus modos de producción y sobre sus empresas, con derechos otorgados sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, tierras agrícolas y agro silvo pastoriles y sobre una diversidad de poblaciones indígenas y rurales. ¿Estamos dispuestos a afectar a este patrimonio, a pagar la factura de la minería, desarticulando y sistemas socio-económicos que incluyen las distintas relaciones que mantienen los seres humanos con los demás seres vivientes, con los continentes ecológicos” De otro lado el estudio presenta registros estatales, sin omitir un solo dato, que expresan en manos de quiénes (poderes transnacionales y hacendales) se encuentran hoy reconocidos íntegramente, a través del Decreto de migración de concesiones a Autorizaciones Temporales, los derechos en los mejores y mayores reservorios mineros de tierras bajas. El vicepresidente de Bolivia Alvaro García Lineras, en su libro, recientemente presentado, “Geopolítica de la Amazonía: Poder Hacendal Patrimonial y acumulación Capitalista”, haciendo referencia como tema de fondo al debate sobre el TIPNIS, sale al paso también de este debate ciudadano cuando señala aspectos referidos a la responsabilidad ambiental del gobierno de Bolivia: “Al fin y al cabo, si las empresas europeas y el gobierno norteamericano están tan preocupados por el medio ambiente y la conservación de los bosques en el mundo. .Por que no dejan de consumir madera y reducen drásticamente su industria automovilística y todo tipo de producción que emita CO2 al entorno? .Por que no dejan de importar minerales cuya producción contamina la naturaleza? .Por que no dejan de importar alimentos cuya producción promueve la deforestación de millones de hectáreas de bosques?”(67) a lo que podríamos responder que el gobierno se vería en figurillas si eso sucediera, puesto que su política económica, basada en el PIB, se basa en el extractivismo; en las exportaciones de materia prima proveniente de los bosques, la minería y la agro industria. Y de hecho ya está en figurillas si buscamos correspondencia entre este traslado geopolítico de responsabilidades y el carácter vinculante del preámbulo de la CPE: “descartamos otros nombres que expresan relaciones de explotación, expropiación y disociación de la naturaleza, que manifiestan relaciones mercantiles”, que les obliga a actuar también en el territorio nacional. Mientras que el libro de Mineria en Las Tierras Bajas de Bolivia expone vastas regiones mineras de Tierras Altas en el Mapa de la Pobreza, para advertir que estamos frente al mismo Estado que históricamente cumplió atribuciones de “registrar y mal- cobrar”; mientras que citamos los testimonios de los “indios” de Tierras Bajas abandonados por el Estado a la suerte del mercado que termina imponiendo sus propias lógicas económicas y de producción, apoyado con el rimbombante slogan “De Patrones a Socios”…y mientras, citamos la vigencia del Código de minería de Gonzalo Sánchez de Lozada y con ello la de los poderes hacendales tanto en tierras bajas como en el altiplano boliviano, el Vice Pdte. afirma que: “La segunda falacia, de implicancias aún más reaccionarias que la primera, es la que busca separar artificialmente a “indígenas de tierras bajas” versus “campesinos de valles y tierras altas”. Los primeros, alejados del mercado, buenos y contempladores de la naturaleza; en tanto que los segundos serían los depredadores, malos, mercaderes, ilegales y destructores de la naturaleza”, (75) , como si éstos últimos no fuesen hoy las víctimas de un modelo individualista y capitalista que defienden desde el FENCOMIN o desde la CSUTCB (apoyando transgénicos y formando parte de la cadena de la soya). Me pregunto si el mercado de minerales, de madera, de alimentos está interesado en conocer de qué color u origen es el que lo produce. (el 60% de la quinua producida en tierras altas es para la exportación con apoyo del gobierno) O si los modos de producción de los siglos de opresión en tierras altas no han determinado también un brutal sometimiento al mismo expresado en algunos líderes interculturales que no entendían que los “salvajes” del TIPNIS no quieran desarrollo a imagen y semejanza que el impuesto a ellos mismos. Pero lo más sorprendente es que el párrafo anterior se cierra con un categórico “Este dualismo de caricaturesco fue el que durante décadas utilizaron los hacendados amazónicos y orientales para colocar un muro de contención alrededor de sus latifundios”, justo la misma semana en la que el Vicepresidente García Linera suscribe convenios precisamente con ese poder hacendal cruceño para ampliarles la frontera agrícola, estableciendo perdonasos sobre sus desmontes y asegurarandoles su exportaciones: Si los poderes hacendales cruceños determinan el modo de producción en la amazonia resulta contradictorio que el actual gobierno los fortalezca con políticas que acrecienten este poder. ¿Por qué si ese modelo perverso ha acaparado derechos en el Beni; en Pando, en la Amazonía; es a este al que se acude cuando los “indios rebeldes” y seguramente “débiles intelectualmente” interpelan al gobierno. Y en este orden me asalta otra duda: Cuando el presidente del Estado descolonizador le pidió al poder hacendal cruceño (CAO): “enseñennos a producir”, mientras promocionaba su Ley de transgénicos el pasado año, ¿estába asumiendo “El desmontamiento de la blanquitud racial como capital, como componente material (o “riqueza”) de la estructura de clases y de dominacion de clase (tan propio de todas las sociedades coloniales)…y quebrando no solo un imaginario racializado secular del mando sobre los indigenas, sino que ademas ha desmoronado un bien, una “riqueza” que le permitio a una pequena casta empoderarse y legitimarse en los sistemas de mando politico-cultural y de propiedad economica durante siglos9” Se habla de millones de tierras en manos de los indios de tierras bajas gracias a este gobierno cuando los activos de esas tierras y las tierras mismas (bajo arriendo, contratos de compra venta, asociaciones “de patrones a socios” y conciliaciones), están en manos de los mismos hacendados, por obra y gracias de las políticas económicas del gobierno, expulsando a las poblaciones rurales hacia los centros urbanos u obligándolas a someterse para subsistir. Y cito mis propias indagaciones: Hay un millón cuatrocientas mil hectáreas tituladas en Guarayos de las cuales setecientas mil están bajo contratos con empresas madereras; (ahora se anuncia que los suscribirán con el capitalismo maderero alteño); 500 mil fueron transferidas mediante “conciliaciones” a terceros que este gobierno nunca anuló; otras miles están bajo arriendo con la agro industria; y con extranjeros y mineros. Si gran parte de los desposeídos indígenas de las tierras bajas han sido empujados por los poderes hacendales a concurrir a sus negociaciones; no es menor la responsabilidad del Estado, que acudió y acude aún a legalizar esta relación asfaltando la carretera en la que circula el mercado recursos naturales; tierra y minerales, convirtiendo derechos en meros procedimientos “ágiles y eficaces”. Pregunta obligada y pendiente de respuesta transparente: ¿Por qué este gobierno que se atribuye la voluntad primigenia de descolonización del indio, se ha negado a evaluar y a registrar (y cuando corresponda a anular) los contratos forestales y mineros que ocurren en las TCO de Tierras Bajas; contratos que por cierto nunca han cumplido con la consulta, con el precio justo, con las normas técnicas; con la distribución equitativa. Por qué les dieron otro perdonaso forestal (IAPOAF) también a los “indios” que apoyaron al gobierno en el conflicto con el TIPNIS, en lugar de sacar del juego a los que profundizan esa relación perversa con el poder hacendal cruceño, anulando dichos contratos?. Pero volvamos la mirada al TIPNIS ya que el autor del libro nos invita a ello: quienes hemos salido de este país y no precisamente de turismo, sabemos que no es posible comparar modelos de carreteras atravesando parques y áreas protegidas cuando en estos países la conflictividad que acompaña a una carretera no es similar a la nuestra; cuando en los ejemplos citados no hay indígenas habitando los bosques afectados; ni está presente la problemática cocalera con la irrefutable contundencia que sitúa al mismo presidente de los bolivianos como presidente de este sector; cuando en estos países no hay colonos, agro industriales ni madereros avasallando áreas protegidas con un regimiento tras de ellos. En estos países han invertido en cuentas ambientales y en turismo, para proteger sus áreas protegidas y nunca relacionarían una carretera con la posibilidad del Estado para atender la salud y la educación de sus poblaciones. En todo caso la afirmación referida denota un desajuste de contextos. Por mi parte, asumo que el Vicepresidente está invitando a un debate abierto y concurro a él, no desde USAID, Cooperación internacional ni desde ONG alguna; ni desde los Monasterio. Ni desde las conveniencias de un par de opositores políticos más que se citan en el libro. Tampoco vengo, desde los “otros” hacendados cruceños; aquellos con los que el autor acuerda suscripción de compromisos en la CAINCO. No vengo desde la derecha ni desde los cívicos ni de las izquierdas; ni desde las empresas mineras o cooperativas de FENCOMIN que la COMIBOL promociona en las comunidades indígenas de la Amazonía. Nadie me paga ni a nadie hago campaña con este artículo. Concurro por cuenta propia expresando mi experiencia, puesto tampoco me precio de iluminada intelectual.

Ruth Costas: Fiebre de la quinua alimenta violencia en Bolivia.

Ruth Costas BBC Brasil Martes, 22 de mayo de 2012 Facebook Twitter Compartir Envíe esta página por e-mail Imprima esta nota Los cultivos de quinua están causando fuertes disputas al interior de Bolivia. Considerada por la NASA como uno de los alimentos "más completos" para los seres humanos debido a su alto contenido nutricional, la quinua se ha convertido en un grano de moda y ahora constituye el centro de una violenta disputa de tierras al interior de Bolivia. El cultivo del grano, abanderado por los partidarios de una alimentación sana en todo el mundo, ha reavivado un problema limítrofe entre las principales zonas productoras del país. Según algunas fuentes, las plantaciones también amenazan con provocar la desertificación de una región que ya es inhóspita para la agricultura. Contenido relacionado La quinua, de los Andes para el mundo El enfrentamiento entre los productores de quinua de las localidades de Quillacas y Coroma, en el occidente boliviano, dejaron ocho heridos el mes pasado, según informó el gobernador del departamento de Potosí, Félix González, quien ha estado pidiendo al gobierno central de la militarización de la zona. Según medios locales, en marzo tres campesinos de Potosí fueron tomados como rehenes en el marco de conflictos en la misma región. La representación de las Naciones Unidas en Bolivia se ofreció para mediar. De acuerdo con el diario La Razón, decenas de bolivianos resultaron heridos por impactos de piedras y una explosión de la dinamita, y cien policías fueron desplegados para controlar la situación. Los enfrentamientos ocurrieron dentro de una zona que se disputan los departamentos de Oruro y Potosí, las dos principales regiones productoras de quinua de Bolivia, y probablemente del mundo. La fiebre de la quinua Video: quinoa, un milagro con riesgos Utilizar un reproductor alternativo Ampliamente consumida por los incas, la quinua se utiliza ahora en ensaladas o en lugar del arroz. La NASA la ha catalogado como alimento ideal para quienes habitan las estaciones espaciales, principalmente debido a su alto contenido en proteínas. En la última década, las exportaciones bolivianas de cereales se han incrementado más de 20 veces, al pasar de US$ 2,5 millones a US$ 65 millones. El precio del producto se ha triplicado desde 2006. Según Mario Martínez, vocero del gobierno de Potosí, aunque los agricultores de la región han llegado a una tregua hace poco, dividiendo por la mitad del área de producción, las tensiones persisten. "Es un acuerdo frágil y, como estamos en la época de cosecha, podría dar pie a una nueva guerra en cualquier momento", dice Martínez, quien acusa a los campesinos de Oruro "de tomar por la fuerza" el 25% de la cosecha en la región en disputa. Los orureños lo niegan. Nueva frontera agrícola Bolivia es el principal exportador de quinua, que se produce en menor escala en otros países andinos, y que recientemente ha empezado a cultivarse también en los Estados Unidos, Canadá y Brasil. La NASA considera que la quinua es un alimento ideal para estaciones espaciales. "La rápida expansión de la agricultura en Bolivia ayuda a alimentar los conflictos", dice el coronel David, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). "Antes tenía que viajar cuatro o cinco horas de Oruro para encontrar áreas de cultivo. La quinua está ahora a menos de diez minutos de la ciudad", asegura. Uno de los fenómenos causados por la "fiebre de la quinua" es el retorno de los campesinos que habían abandonado las zonas rurales del empobrecido altiplano boliviano hacia las ciudades u otras regiones del país. Algunos de estos emigrantes volvieron a instalarse en sus antiguas comunidades. Otros prefieren permanecer en el campo sólo durante las temporadas de siembra y la cosecha. "Incluso hay casos de bolivianos que viven en el extranjero, en países como Brasil y Argentina, que están recurriendo al cultivo de quinua", dice Ernesto Juan Crispín, la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), la cual reúne a más de 1.200 productores. La disputa de límites entre Oruro y Potosí es centenaria. Las dos regiones reclaman un área de aproximadamente 250 km² adecuados para el cultivo de quinua, pero también ricos en uranio y roca utilizada en la fabricación de cemento. Contra la Desertificación Además del conflicto limítrofe, la fiebre de la quinua también está dejando como efecto una desertificación masiva en ciertas áreas. El ingeniero agrónomo Vladimir Orsag, experto agrícola de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que la quinua se siembra en un suelo frágil, compuesto en un 80% por arena. El clima es seco y las temperaturas pueden llegar a -30 grados. "Con el auge de los precios en el mercado internacional, hay productores que están abandonando las técnicas tradicionales y reduciendo los períodos de descanso de la tierra en favor de la agricultura en masa", dice. Según Orsag, la migración de los productores podría conducir a nuevos conflictos como los de Coroma y Quillacas. "La llegada de personas procedentes de otras ciudades y regiones a las zonas productoras de quinua crea una tensión subyacente que sólo se incrementará si hay un agotamiento de los suelos", dice Orsag. Todo esto a pesar de que gran parte de los beneficios están en la venta y exportación del grano, no en la producción en sí, según señala Sandro López, de la Cámara Departamental de Quinua Real de Potosí (Cadequir). Los campesinos bolivianos ganan alrededor de US$ 1,60 por kilo de quinua. En los mercados de Sao Paulo o Río de Janeiro, el precio llega a US$ 30 por medio kilo del producto.

La minería nos pasará la factura; Alicia Tejada Soruco

La minería nos pasará la factura Alicia Tejada Soruco Durante la década de los 70, el Estado boliviano formalmente se ocupó de la zona del precámbrico para explotar los minerales que contiene. Sucesivos gobiernos decidieron levantar o mantener el estatus de reserva fiscal de estos reservorios mineros y redujeron la franja de protección circundante, de 10 km a solo 2 km, favoreciendo, de esta manera, a empresarios privados que tuvieron acceso a los estudios. Por aquel entonces se creó Siderurgia Santa Cruz (Sidersa), en tardía respuesta al célebre Memorándum de 1904. La mina San Simón (Beni) soporta aún la estampida de los ajustes estructurales y de la privatización minera de 1985 que indemnizó millonariamente a las empresas que se fueron del país y, de otro lado, expulsó

a 28.000 mineros, que luego se trasladaron a zonas auríferas aluvionales, a tierras agrícolas de los llanos y también a áreas cocaleras. En los 90, con el Código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició otra etapa que buscaría consolidar los ajustes estructurales mencionados: Los mejores y mayores reservorios de oro quedaron en manos de este mandatario, a través de sus empresas y de asociaciones con otras transnacionales, tal como la Orvana Mineral Corps, el proyecto Don Mario, Paitití, Emipa, etc. Ahora, en 2012, la situación no ha cambiado. Piedras preciosas, oro, hierro y otros minerales, como calizas y áridos, están en manos de unos cuantos privilegiados, que se sitúan como suprapoderes del Estado boliviano en sus tres niveles. Fencomin, por ejemplo, aglutina a cooperativas mineras del país (que de cooperativas no tienen nada). Esta mediana empresa minera es en realidad gigantesca y apuesta a una explotación con la menor inversión y en el menor tiempo posible, ahora teniendo como ‘socios’ a las comunidades rurales, tendencia regional que algunos han calificado como neoextractivismo. El rol del Estado continúa en su carácter rentista, y en el momento en que bajen los precios de minerales todos pagaremos la cuenta nuevamente. La minería, en cumplimiento de la CPE, migró del régimen de concesiones a un régimen ‘transitorio’ (que ya lleva dos años) de autorizaciones o contratos temporales sin que medie evaluación alguna. Como resultado, existen más de 8.000 operaciones mineras, cuyos operadores hacen lo que les da la gana (no lo correcto), amparados en una legislación que crea ‘territorios mineros’ con el derecho a disponer de todo cuanto puedan requerir en el área de su concesión y circundantes. En las tierras bajas de Bolivia (valles, llanos y amazonia) hay una fiebre minera; se están organizando por doquier las cooperativas mineras. En Santa Cruz ya se ha formado la Fedecomin. Estamos en condiciones de asegurar de que se están destruyendo miles de hectáreas de bosques y contaminado otros miles de cuerpos de agua sin que nadie reclame una ‘consulta informada’ o exija transparencia. La cuenta la vamos a pagar todos. (*) Ambientalista

La insoportable seriedad del capitalismo minero

La insoportable “seriedad” del capitalismo minero El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales. Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica (Ilustración: el proyecto minero Crucitas, en Costa Rica. Tomada de: www.elpais.cr ) La minería se ha convertido en una de las actividades más polémicas en América Latina. Detonadora de conflictos sociales y ambientales, desnuda al mismo tiempo los intrincados vínculos entre el poder político y el capital extranjero, indispensables para la reproducción de un modelo de acumulación que, como gran “novedad”, reactualiza en el siglo XXI las formas más primitivas de explotación capitalista por parte de las empresas transnacionales (ver: Centroamérica, minería y maldesarrollo). Tales vínculos llegan, incluso, al sometimiento de la política y la protección del medio ambiente, a la lógica del mercado y el cálculo de utilidad. El gobierno de Costa Rica acaba de dar un ejemplo de ello al anunciar, en días pasados, que no anularía la impopular concesión de minería de oro a cielo abierto del Proyecto Crucitas, en la zona norte del país (fronteriza con Nicaragua), otorgada a la compañía canadiense Industrias Infinito S.A. Esto, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional abrió esa posibilidad para el Poder Ejecutivo. En declaraciones dadas a la prensa[1], el primer Vicepresidente de la República, el científico Alfio Piva, dejó al descubierto las contradicciones del gobierno en esta materia: por un lado, reconoció que veía en el Proyecto Crucitas “un impacto ambiental grande”; y por el otro, aseguró que no anularían la concesión porque, como un “país serio”, deben garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas. Para la compañía minera el negocio es redondo: la inversión en Crucitas será de $65 millones de dólares, y las ganancias estimadas por la extracción de 700 mil onzas de oro ascienden a los $835 millones de dólares. Y en caso de que el proyecto sea cancelado, el Estado costarricense tendría que pagarle una indemnización de $1700 millones de dólares, según los cálculos del Vicepresidente Piva. La posición asumida por el gobierno costarricense, en la que la razón del inversionista extranjero se convierte en razón de Estado, ajustada además a las reglas del injusto orden global del comercio, no es ajena a lo que viene ocurriendo en otros países de América Latina en las últimas décadas. El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales: desde el año 2000, y a un ritmo de $10 billones de dólares anuales, las inversiones mineras en la región se han incrementado en un 400%, y solo en Perú superaron el 1000%. Además, los proyectos de minería a cielo abierto en América Latina se cuentan entre los más grandes del mundo, como ocurre en Colombia con la explotación de carbón: en el año 2007, se reportaron extensiones superiores a las 70 mil hectáreas y volúmenes anuales de exportación de 29,8 millones de toneladas solo en la zona de El Cerrejón[2]. Tanto en pequeña como en gran escala, la minería se convierte en un importante foco de contaminación, especialmente por el uso del mercurio, mineral necesario en los procesos de extracción, que afecta las fuentes de agua y a las poblaciones que dependen de este recurso. Y esto ocurre no solo en los bosques y zonas montañosas de Centroamérica. Según el GEO-ALC 3, “entre 1975 y 2002, la explotación de oro en la Amazonía brasileña produjo alrededor de 2000 toneladas de oro, lo cual dejó cerca de 3000 toneladas de mercurio en el medio ambiente de la región. Se estima que entre el 5 y 30% del mercurio utilizado para extracción aurífera a baja escala en la cuenca del Amazonas es liberado en las aguas, y aproximadamente el 55% se evapora en la atmósfera”[3]. Como consecuencia de la expansión de una actividad productiva que considera a todo aquello que se le opone –pueblos indígenas, formas de tenencia de la tierra, movimientos sociales y, en general, todas aquellas manifestaciones culturales no dominantes- como obstáculos para el “desarrollo”, el número de conflictos socio-ambientales vinculados a la extracción minera viene en aumento: en Perú, en medio del “boom” del capitalismo extractivista, la Defensoría del Pueblo registró en 2008 “un total de 93 conflictos socioambientales, el 46% de los cuales estuvo relacionado con la actividad minera”. Además, “de los 118 conflictos registrados en la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, que corresponden a 140 proyectos de exploración y/o explotación minera, se identifican al menos 150 comunidades indígenas y campesinas afectadas. De este total, los 21 eventos registrados en la región de México y Centroamérica corresponden a episodios recientes que comienzan a finales de 1990 y se intensifican durante la década del 2000”[4]. Con perspectiva histórica, el informe GEO – ALC 3 propone un marco de interpretación de esta problemática socio-ambiental: la modalidad de desarrollo dominante, que nosotros llamamos capitalismo neoliberal tardío, “constituye el factor fundamental que explica el escaso éxito de las estrategias ambientales de los países de la región”, puesto que busca “estimular la tasa de inversión (nacional y extranjera), en un marco de escasas exigencias ambientales y el mantenimiento o la profundización de las desigualdades sociales”[5]. Es decir, más allá de los avances institucionales, legislativos y la organización y acción de los ciudadanos, que todavía resultan insuficientes, la cuestión de fondo sigue siendo el tipo de relaciones entre naturaleza y sociedad, y el consecuente modelo de desarrollo que se impone en las formaciones sociales latinoamericanas, y que en sus distintas variantes: desde el sistema de plantaciones y minería del siglo XVII hasta la economía globalizada del siglo XXI, se ha organizado económica, política y culturalmente en función de lo externo, pero manteniendo un factor común: “altos niveles de presión, deterioro progresivo y sostenido del medio ambiente físico y pérdida de ecosistemas”[6]. Es lo que otros autores denominan economía de rapiña [7]. Todo lo cual no hace sino llevarnos a una conclusión: la necesidad de realizar un cambio profundo y radical en el modelo de desarrollo, y en la manera en que esta noción se construye y despliega en las sociedades humanas. Porque, para la naturaleza, la “seriedad” del capitalismo contemporáneo, sobre todo en su dimensión minera, resulta simplemente insoportable. NOTAS [1] “Gobierno descarta anular concesión minera de Crucitas”, en La Nación, 28 de julio de 2010. Pp. 4A-5A. [2] PNUMA (2010). Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe. GEO-ALC 3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Ciudad Panamá. Pp. 67-68. [3] Ídem, pág. 68. [4] Ídem, pág. 70. [5] Ídem, pág. 23. [6] Ídem. [7] Véase: Castro Herrera, Guillermo (1994). Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina. Ediciones Casa de las Américas / Instituto Colombiano de Cultura: Bogotá. Publicado por Con Nuestra América en 6:02 PM

ERBOL: Advierten que Gobierno elabora una ley minera más liberal que la de Gony

El experto en temas sociológicos mineros, Emilio Madrid, sostuvo en declaraciones a Erbol que la actual propuesta de ley minera que elabora el gobierno del MAS, junto a representantes del sector, otorga más facilidades y beneficios a los operadores mineros que el actual Código de Minería aprobado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. “El proyecto de ley minera con que se quiere cambiar (el actual código) no modifica en nada, repite las mismas facultades y derechos en beneficio de los operadores mineros y cooperativistas, inclusive les da más facilidades y las protege de manera mucho más fuerte que el código de Sánchez de Lozada”, aseveró el investigador. La actual propuesta de ley minera no está cambiando en absoluto los términos de la política que ha sido establecida en el gobierno del MNR, que “es donde Bolivia empezó a transnacionalizar la minería, a que sea gestionada desde el interés del ámbito privado, con cooperativas y transnacionales”. Remarcó que el actual proyecto de ley, todavía en elaboración, “es muchos más neoliberal porque da beneficios al sector minero por encima de los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente”. Las nuevas facilidades se expresan principalmente en el tema del manejo y uso del agua, la tierra y el medio ambiente. Más beneficio para la minería Madrid explicó que la propuesta de ley minera, en el tema del uso del suelo y el agua, señala que “el titular del derecho minero puede disponer de las tierras que están dentro de su área y los terrenos aledaños, así como el uso de las aguas públicas sin tener ninguna obligación (en compensarlas)”. En caso de los terrenos colindantes, si el dueño del título de explotación minera no llega a concertar con los propietarios, éste puede expropiar los predios. Para este propósito la ley sugiere la creación de los juzgados mineros, explicó. “Lo preocupante es que se están creando juzgados mineros, cosa que si los procesos de concertación se dificultan a los operadores, ellos pueden recurrir a los juzgados mineros y estos juzgados van a establecer estos derechos en un proceso que dura máximo 20 días y así acceder a los resultados, cosa que en el actual código de minería es un poco más complejo hacer expropiación”, apuntó. Similar situación advierte la investigadora Alicia Tejada en el proyecto de ley presentado por la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) a la Asamblea Legislativa. “Es de alto riesgo porque propone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera, sin posibilidad del control social, ni ambiental de ningún otro actor”, apuntó en referencia a la creación de Autoridad Administrativa Minera Plurinacional como entidad autárquica. Otra propuesta en beneficio de la actividad minera es que en adelante quien otorgue la licencia ambiental sea el Ministerio de Minería y ya no el Viceministerio de Medio Ambiente, esto por un tema de celeridad. “El actual proyecto de minería dice que quien tiene que aprobar y entregar la licencia ambiental es el Ministerio de Minería, esto para ahorrar tiempo, ya que en el Ministerio de Medio Ambiente se demora 90 días para emitirlo”, refirió. Al Viceministerio de Medio Ambiente sólo se remitirá una copia de la licencia emitida para fines de registro y “quien controla el cumplimiento de la licencia ambiental ha de ser el Ministerio de Minería”. De esta manera, apuntó, el gobierno está flexibilizando el marco legal para impulsar y facilitar las inversiones en el sector minero. Explicó que actualmente el trámite para obtener la licencia ambiental se inicia en el Ministerio de Minería donde existe un plazo de 90 días para estudiarlo. Luego la solicitud es enviada al Viceministerio de Medio Ambiente donde existe un plazo similar para emitir la licencia. De la consulta previa a la consulta pública “La consulta previa en minería es un tema que también se está flexibilizando ahora”, a través de la figura de la “consulta pública previa” en el proyecto de ley de minería, dijo el investigador. “Se está fusionando dos conceptos, la consulta pública que es un derecho de carácter civil, individual, un derecho de todos los ciudadanos a que se nos informe; en tanto que el derecho de consulta previa es un derecho de carácter colectivo, para un pueblo. Esencialmente se trata de generar mecanismos de diálogo para saber y prevenir las formas de afectación que pueda tener ese pueblo en sus condiciones de existencia”, sostuvo Madrid en anteriores declaraciones al PIEB. La consulta previa tiene la función de garantizar la supervivencia como colectividad; la consulta pública se ha establecido en el reglamento de la Ley de Medio Ambiente como un proceso por el cual los operadores deben informar las características de los proyectos antes de su implementación para recibir observaciones, en audiencias amplias, donde se ejerce el derecho de manera individual. La Paz, 23 julio 2012 – L.F.C./ Tags: LEY MINERA

La Mineria en las Tierras Bajas de Bolivia, Marco Antonio Gandarillas, Pablo Villegas, Oscar Campanini, (CEDIB) Presentación del libro de Alicia Tejada Soruco

Estamos acostumbrados a relacionar la minería en Bolivia con Potosí, Oruro y en general con el occidente del país y a relacionar a esta actividad con la pobreza y problemas medioambientales que ha dejado en estas zonas, no sólo afectando al ambiente en sí, sino también a otros rubros productivos omo el agrario y el pesquero. Pero esta realidad ha cambiado. La mancha minera que caracterizó el mapa de Bolivia desde su nacimiento, se ha modificado, ya que en la actualidad la minería se ha establecido en una gran extensión del oriente, Especialmente en Santa Cruz. Esto muestra que Bolivia ha sido incorporada a la corriente latinoamericana, ejemplificada por Perú y Colombia, de la otorgación de derechos mineros en gran parte de su territorio. Estamos frente a una nueva realidad minera, que no sólo se expande hacia nuevas zonas, creando nuevas regiones mineras, sino de un nuevo modelo de explotación minera que tiene como técnica principal el tajo a cielo abierto y como protagonista central a las empresas trasnacionales. El modelo de producción de esta nueva minería no es mejor que el que empobreció al altiplano boliviano. Como en tiempos pasados, predominan unas cuantas grandes empresas, rodeadas de titulares de derechos a nombre de la elite local y de testaferros. Del mismo modo que con la gran minería de occidente, la minería en las tierras bajas se sostiene en la política minera del Estado que está orientada solamente a la obtención de regalías e impuestos. Eso ocurre por ejemplo en el norte amazónico. Allí fluyen hacia Bolivia enormes cantidades de mercurio y cianuro por el río Madre Dios provenientes de la minería en el Perú. Pero la política del Gobierno en la región, así como en el oriente, sólo busca la legalización de los mineros para que los mismos paguen impuestos, sin importar la contaminación Los métodos de explotación tanto de los grandes como de los pequeños ahora son a cielo abierto. La mina Don Mario es el ejemplo de este tipo de explotación. Y en cuanto a los pequeños, ya en los años 90, en San Simón echaban al agua más mercurio por gramo de oro que en cualquier parte del mundo. En resumen el modelo minero está trasladando a las tierras bajas los problemas que no pudo resolver en las tierras altas, agudizando con su presencia los múltiples problemas agrarios, forestales y medioambientales de estas nuevas regiones mineras. 4 MINERÍA EN TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Esta nueva realidad como muestra Alicia Tejada, fue establecida metódica y pacientemente por los grandes mineros tradicionales, uno de ellos Sánchez de Lozada, que como minero “mediano” y político influyente, hizo su fortuna succionando a la minería estatal, llevándola a quiebra, para posteriormente venderla o arrendarla. El ex presidente y empresario minero, supo aprovechar su poder político, manejando la legislación sectorial, usufructuó de las investigaciones realizadas por el Estado y la cooperación internacional para echar mano de las ricas reservas mineras del Precámbrico. La conveniencia del modelo minero establecido por Sánchez de Lozada no fue sólo para con los mineros tradicionales, sino también para las elites locales de las tierras bajas, como nos revela el presente estudio. Por ello mismo, más allá de los aparentes enfrentamientos políticos entre las élites locales del oriente contra el Gobierno central de “occidente”, es claro que los intereses económicos eran los mismos. La minería en Santa Cruz muestra que a este nivel había una convivencia que contradecía las diferencias “irreconciliables” entre los partidos y facciones políticas. Esta élite fue exitosa en proyectar de sí una imagen de empresariado moderno; los empresarios locales se vanagloriaron del medioambiente de sus regiones y lo utilizaron como símbolo de su región. Aquí vemos que lo que hace esta élite es en muchos casos desconocido por autoridades y población local y que los impactos medioambientales que ya están generando contradicen radicalmente sus discursos. En los últimos años, el alza en el precio de muchos minerales ha confluido con la proliferación de explotaciones mineras en las tierras bajas. Tendencia que, nuevamente, hereda la estructura minera neoliberal de occidente al oriente; nos referimos a la cadena productiva dominada por las transnacionales, con operaciones de gran escala (casos como Mina Don Mario); los insignificantes emprendimientos estatales que no llegan siquiera a ejercer control en las áreas bajo su control (como la Empresa Siderúrgica del Mutún); y la proliferación de formas privadas pequeñas y medianas ejercidas por las denominadas cooperativas mineras en alianza con empresarios extranjeros. En el presente estudio se describen con abundantes ejemplos la proliferación de sociedades entre empresarios brasileros y grupos de trabajadores mineros, donde los primeros aportan el capital y las grandes maquinarias y los segundos trabajan a mano. El Estado promueve la reproducción de esta estructura esta vez en las tierras bajas, estimulando a la pequeña minería, incluso llevando gente de las tierras altas para organizar cooperativas en el oriente. El presente estudio tiene el mérito de aportar abundante información sobre la situación de la minería en las tierras bajas de Bolivia, en esa medida constituye un aporte a la compresión integral del desarrollo de la minería en el país en los últimos años y en particular de la minería en el Precámbrico. El extenso trabajo de campo que conllevó el estudio complementa los datos oficiales que existen acerca de esta actividad y enriquece el análisis estadístico con cuestiones vitales para las poblaciones. El testimonio de las autoridades locales y pobladores de estas regiones muestran que existen fundadas preocupaciones respecto de la ampliación de las actividades mineras sobre estos territorios, cuya vocación productiva es ajena a esta actividad. El estudio, tiene la virtud de acercarnos a esta realidad. Finalmente, esperamos que “Minería en las tierras bajas de Bolivia” cumpla el propósito de aportar conocimientos nuevos que detengan la entrega de nuestros recursos naturales y que sus hallazgos tengan eco en la población de estas regiones, los movimientos sociales y las autoridades, para no repetir la historia de despojo que persigue a las regiones tradicionalmente mineras. Marco A. Gandarillas Gonzales y Pablo Villegas Nava CEDIB

Crisis en la CIDOB: Omar Quiroga analiza y desmenuza varios momentos por los que ha pasado la CIDOB

La crisis del movimiento indígena de tierras bajas Omar Quiroga Antelo La CIDOB se crea en el año 1982 con la participación de 4 pueblos indígenas, guaraní, chiquitano, ayoreo y guarayo. Nace con el nombre de Coordinadora Indígena del Oriente Boliviano y posteriormente, después de que se afiliaron otros pueblos indígenas de otras latitudes del país, cambia su nombre a la actual Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, sin embargo, la sigla CIDOB permanece vigente porque ya había logrado posicionarse. En el año 1990, un líder indígena del Beni, junto a otros más, inician una marcha desde el Beni hacia la ciudad de La Paz, la misma que fue recibida por el entonces presidente Jaime Paz Zamora y logró que los primeros 4 territorios indígenas sean titulados mediante decreto supremo, entre ellos el TIPNIS. Después de 6 años, en 1996, se realiza una nueva marcha para reclamar la aprobación de la ley INRA. En el año 2000 se realiza otra marcha, más corta pero contundente y que reivindicaba derechos territoriales. En el año 2002 se realiza la cuarta marcha y esta vez para demandar Asamblea Constituyente para cambiar la CPE. El año 2005 se realiza la quinta marcha desde San Javier que demandaba la titulación de la TCO Monteverde entre otras demandas. El año 2006 se realiza la sexta marcha para demandar la aprobación de las reformas a la ley INRA. En el 2010 se realiza la séptima marcha demandando que las propuestas de autonomías indígenas sean incorporadas en la ley. El 2011 fue escenario de la realización de la octava marcha desde Trinidad hasta La Paz por la defensa del TIPNIS y la oposición a que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos divida este territorio en dos. Este año, nuevamente la CIDOB se lanza con la novena marcha, en contra de la ley de consulta para el TIPNIS, aprobada por presión de otra marcha protagonizada por el CONISUR, una de las organizaciones que se encuentran en el TIPNIS. Estos hitos importantes para el movimiento indígena de tierras bajas, tienen sus entretelones y en cada momento se fueron jugando diferentes intereses. Partiremos de algunas premisas que han sido una constante en la forma de actuar del movimiento indígena en su conjunto: a) Siempre el movimiento indígena de tierras bajas se ha alineado al gobierno de turno. b) Sus demandas históricas han girado en torno a la consolidación de sus territorios, educación intercultural bilingüe, gestión territorial indígena, autonomías indígenas y en los últimos años asamblea constituyente. c) Las posiciones asumidas, se las consensuaba en los espacios de debate y decisiones que tienen, sea el Directorio, la Comisión Nacional o la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas. Ahora bien, ¿cuándo es que se generan las divisiones al interior del movimiento indígena?. Las primeras escaramuzas, se dan cuando un grupo de indígenas acusan a un dirigente histórico como fue Marcial Fabricano, de haber negociado madera mara del TIPNIS con empresarios madereros por un monto de 2 millones de dólares. Aparentemente alguien se apoderó de esos recursos puesto que no se vieron los beneficios para las comunidades. Esta es una acusación que afectará a la larga en la credibilidad de sus bases hasta el extremo de aplicar la justicia comunitaria a dicho dirigente, con una guasqueada que trascendió públicamente, pero que no tuvo mayores complicaciones, es decir, la justicia ordinaria no quiso meterse a un tema de justicia interno, según usos y costumbres. En el año 2002, se da la primera división de la CIDOB que tendrá consecuencias en el futuro. La CPESC, organización representativa de las organizaciones indígenas de Santa Cruz, venía tejiendo alianzas con otros sectores sociales (campesinos, colonos, mujeres campesinas, trabajadores rurales y otros) y poco a poco se alinean a la idea del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos IPSP, liderizado por Evo Morales Ayma y Alejo Veliz. Ese año la CIDOB plantea Asamblea Constituyente, pero es la CPESC que se adelanta y convoca a las demás regionales a una marcha desde Santa Cruz a La Paz por la carretera nueva para reivindicar esta demanda, pero la plantean en términos de Asamblea Constituyente Popular, o algo por el estilo. El resto de las regionales, 7 en ese momento, inician una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, demandando lo mismo. Luego, inician otra marcha desde Santa Cruz a La Paz pero por la carretera antigua. Después multiplican sus marchas, de esa manera la CPIB inicia una desde Trinidad, la CPILAP otra desde el norte de La Paz. Los jefes de partidos políticos en junio de 2002 terminan firmando acuerdos con ambos grupos en los mismos términos. Sin embargo, el MNR no quiso participar de esos acuerdos. En julio se realizan las elecciones y el MNR gana la presidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Marcial Fabricano es invitado a ser Viceministro de Asuntos Indígenas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cargo que acepta. Sin embargo, por todos es conocido que en octubre del siguiente año, una rebelión popular saca del gobierno a Sánchez de Lozada y Marcial Fabricano que se había aferrado al cargo hasta el final, cae junto con él. En una acción de reivindicación por su actitud, pretende que las organizaciones indígenas, a excepción de la CPESC que ya había tomado su propio rumbo y había consolidado la creación del Bloque Oriente con otras organizaciones populares, nuevamente lo reconsideren para hacerse cargo del mismo Viceministerio con el gobierno de Carlos Mesa. Las organizaciones le niegan esta posibilidad y lo tratan en dicha reunión, como a un perro. Ya en la CIDOB se habían dado cambios en la Directiva y en la GANPI 2002 realizada en Trinidad, se elige por primera vez a una persona alineada abiertamente con el MAS de Evo Morales y que ocupa la vicepresidencia de la organización, se trataba de Saul Chávez. Mientras esto ocurría en Trinidad, se dan escaramuzas en las oficinas de la CIDOB entre los seguidores de la CPESC y técnicos que obedecen a las otras regionales. Marcial Fabricano en su condición de viceministro, pide ayuda a la Prefectura de entonces, quienes mediante un contingente policial resguardan la infraestructura de CIDOB durante más de un mes. En ese momento la disputa era entre quienes estaban con Evo Morales y quienes se oponían a su proyecto. De allí en adelante, poco a poco se van reconstruyendo las relaciones y en la GANPI de 2006, se elige a Adolfo Chávez como presidente y a Pedro Nuni como vicepresidente, quien luego será un puntal muy importante para el MAS en el Beni. Sin embargo, es bueno recordar que en el año 2004, para las elecciones municipales, la CPEMB quiso hacer alianza con el MAS, pero ya en ese entonces surgieron dificultades, por lo que la CPEMB opta irse sola a las elecciones y el MAS termina siendo representado por un ganadero de la zona. La CPEMB gana las elecciones y llega a gobernar con Sixto Bejarano como alcalde. Este hito es importante conocerlo, porque luego veremos el giro que da Pedro Nuni en su relación con su pueblo y su organización. En el año 2010, nuevamente se debe elegir a una nueva directiva. La APG tiene una decisión, hacerse de la conducción de la CIDOB con su candidata Nelly Romero. Sin embargo, en una definición no contemplada en los estatutos de la organización, y con presiones de por medio, resulta reelegido Adolfo Chávez. La APG se retira de la GANPI y en su ausencia nombran a Nelly Romero como vicepresidente. Después de un tire y afloje y de denuncias y contradenuncias, finalmente la APG acepta la vicepresidencia. Aparentemente Adolfo Chávez era el caballito de batalla del gobierno. Habrá que recordar, que en el año 2005, en Santa Cruz se da un periodo de confrontación con hechos de violencia contra las organizaciones indígenas encabezados por el Comité Cívico, la Prefectura, empresarios, etc, que instauran un régimen de terror y se ensañan contra todo quien se atreva a identificarse con el MAS de Evo Morales. En ese periodo la CIDOB no pierde la perspectiva y se alinea a las organizaciones populares y de una manera particular se involucra. La CIDOB poco a poco se va alineando al gobierno y en las jornadas de septiembre del año 2008, cuando los cívicos, políticos de derecha y empresarios, deciden enfrentar a Evo Morales, son estas organizaciones incluida la CIDOB que salen al frente para defender el “proceso de cambio”. En lugares como San Javier, Concepción, Trinidad, son amedrentados los dirigentes indígenas, apaleados, perseguidos, etc. Tienen que sufrir todo tipo de vejámenes. Sin embargo, las elecciones del 2009, reconfigura definitivamente el panorama político y las organizaciones campesinas e indígenas ganan espacios importantes en especial en las áreas rurales. Paralelamente, se descubre un plan de desestabilización que pretendía derrocar al gobierno de Evo Morales, por lo que el gobierno inicia las investigaciones y da con el grupo de Rosza a quienes en una acción contundente, en abril de 2010 lo desestructuran, matando a 3 de los 5 miembros del grupo, descubiertos en el hotel Las Américas. Los dirigentes cívicos, prefecturales, políticos, empresarios y algunos intelectuales, deben hacer sus maletas y salir del país. Otros son llevados a la cárcel por ser parte del plan, entre ellos Leopoldo Fernández, quien ya se encuentra más de 4 años en el penal de San Pedro en La Paz. Importante recordar estos pasajes de la historia para comprender lo que viene sucediendo al interior de la CIDOB, pero también es importante ver que pasó con la Asamblea del Pueblo Guaraní APG en ese tiempo. Esta organización es una de las más sólidas que tiene la CIDOB. En el año 2002, fue coherente con la línea que seguía la CIDOB y apoyó plenamente las reivindicaciones planteadas. En el 2005, protagoniza una movilización que le arranca al gobierno de Carlos Mesa el 5% de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que después servirá para constituir el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (FDPIOC). Hasta el 2002 fue presidente de la CIDOB, Nicolás Montero, quien renunció en marzo de ese año para habilitarse como candidato a diputado por el MIR en el departamento de Santa Cruz, curul que finalmente ganó y asumió. Lo reemplazó en el cargo el vicepresidente Marcial Fabricano. Desde entonces, la APG no ocupó ninguna de las 2 carteras más importantes de la CIDOB. Sin embargo, en el año 2002, en la GANPI es elegido Fermín Guillermo como secretario de Recursos Naturales. En el año 2003, después de la caída de Goni, las organizaciones afiliadas a CIDOB, deciden apoyar a Celin Quenevo de la CPILAP, para que asuma el cargo de Viceministro de Asuntos Indígenas, si embargo, en un momento de angurria de poder y desafiando esta decisión, a invitación del gobierno, Fermin Guillermo asume este cargo, en el que no durará ni tres meses. Nelson Bartolo lo sustituye en el cargo en la CIDOB. Comprendido el contexto, es fácil ahora ver como un movimiento indígena que poco a poco se alinea al gobierno, empieza a distanciarse de él. La profundización de esta división interna de la CIDOB, comienza con la octava marcha realizada entre julio y octubre de 2011. Cuando se inician las amenazas de marcha, el gobierno debía intervenir para atender las demandas y sin embargo no lo hizo. Al parecer la estrategia ya estaba definida y se trataba de demostrar a los indígenas que no tenían la suficiente fuerza como para enfrentar a un gobierno con alto apoyo popular. En el transcurso de la marcha, los representantes de la APG abandonan la misma con el argumento de que no se prestarían al juego montado de tumbar al gobierno. Ellos se identifican con el proceso y no estaban dispuestos a rifarlo. Dejan solos a Celso Padilla y a Jorge Mendoza, Presidente de la APG y Secretario de Recursos Naturales del Consejos de Capitanes Guaraní Tapiete de Tarija (CCGTT), respectivamente. A Celso posteriormente esta su actitud no orgánica, le costará que sea desconocido y finalmente alejado de la conducción de la APG y reemplazado por Florentino Flores. No hay duda que esta marcha tuvo un final apoteósico, con el respaldo de amplios sectores sociales de La Paz, quienes en solidaridad por el atropello sufrido el 25 de septiembre en Chaparina por las fuerzas policiales, se adhieren a la llegada de los marchistas. Se aprueba la ley 180 que declara intangible al TIPNIS y prohíbe la construcción de carreteras en su interior. En otra marcha del CONISUR obliga al gobierno a aprobar la ley 222 que permite realizar una consulta a las comunidades del TIPNIS para que se pronuncien respecto a la intangibilidad del parque y a la construcción de una carretera en su seno. Aquí es cuando los dirigentes de la CIDOB equivocan la estrategia, pues en vez de aceptar la consulta y pelearle al gobierno desde las bases, deciden hacer una nueva marcha. El cansancio que se tenía de la anterior marcha que recién se acababa de realizar, el esfuerzo que significa organizar este tipo de manifestaciones, y la incongruencia de no aceptar un reto como el planteado, hacen que se vayan deteriorando las relaciones al interior del movimiento indígena. La APG desde el principio plantea que no participará. La CPIB del Beni que en principio estaba comprometida, termina separándose de la marcha y dividida en dos, Pedro Vare por un lado y Nazareth Flores por el otro lado. La CEPMB que demuestra estar firme en la marcha, recibe un revés en su propio pueblo San Ignacio de Moxos, donde al paso de la marcha, los sectores se manifiestan y les piden que dejen que la carretera se haga realidad. Luego, Sixto Bejarano, actual subgobernador de la Provincia Moxos y hermano de su dirigente Bertha Bejarano, le pide públicamente que no se oponga a la carretera. La CPESC, después de un proceso de debilitamiento interno, con la separación de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) de su seno, asume una posición crítica a la marcha. Sin embargo, José Bailaba que llegó a ser constituyente y luego diputado por el MAS, ataca abiertamente al gobierno y apoya a la novena marcha. La COPNAG también termina dividida, pues quienes están afines al gobierno, a la cabeza de Elida Urapuca, actual alcaldesa de Ascensión de Guarayos, no apoyan la marcha, sin embargo, desconocen a sus dirigentes y terminan con dos cabezas. La CPILAP lo propio, pues mientras sus dirigentes firman acuerdos con el gobierno, las bases los desconocen. La ORCAWETA de los Weenhayek, desde hace un tiempo también están divididos entre quienes apoyaban al exgobernador Cossio y quienes se aponían a él. CIPOAP y CIRABO, organizaciones del norte del país (Beni y Pando), asumieron un papel de enfrentamiento con los sectores empresariales, cívicos y prefecturales de sus regiones y ahora se han desmarcado de la marcha. Una fracción de la CPITCO ha desconocido a CONISUR, sin embargo, esta organización ha demostrado ser compacta y ha salido a defender al gobierno a quien está alineada de manera abierta. El Gran Consejo Chimán recientemente reconocido por la CIDOB como nueva regional, apoya la marcha pero también se ha comprometido con el gobierno. La CNAMIB de las mujeres indígenas, luego de la actitud nada ética de su expresidenta Justa Cabrera de aceptar una subalcaldía en la ciudad de Santa Cruz, entra en un proceso de desestructuración con peleas internas que la debilitan definitivamente. Este es el desastroso panorama de las 13 regionales de la CIDOB. Ahora bien, en este contexto de divisiones y pulsetas internas, un grupo de 10 regionales, asumen la responsabilidad de autoconvocarse y desconocer primero a la directiva de la CIDOB y un mes después (8 al 10 de julio de 2012) se reúnen para nombrar a una nueva directiva, dirigida por la presidente de la Central de Mujeres del Beni (CMIB), Melva Hurtado integrante de la CNAMIB. A esta nueva directiva la desconocen las regionales afines a Adolfo Chávez y denuncian que es el gobierno quien quiere apoderarse de la CIDOB. El pasado 27 de julio, un grupo de indígenas ayoreos, irrumpen en las instalaciones de la CIDOB y desalojan por la fuerza a los técnicos y dirigentes que estaban dentro. Ingresa Melva Hurtado acompañada de la nueva directiva y en presencia de notario de fé pública, deschapan las puertas e ingresan a las oficinas. Adolfo Chávez que se encontraba de viaje, a su llegada sienta la denuncia ante la fiscalía y la policía, sin resultados. Denuncia y deja constancia que será el gobierno y el ministerio público los responsable de lo que ocurra. Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno ya tiene todo preparado para el inicio de la consulta en el TIPNIS para hoy 29 de julio de 2012. ¿Cuáles son los errores cometidos por Adolfo Chávez y su directiva?. Primero, alejarse del pacto de unidad conformado por las 5 grandes confederaciones (CSUTCB de Campesinos, CIDOB de Indígenas, CONAMAQ de Originarios, CCIB de Interculturales y CNMCIOBS de Mujeres). Segundo, romper de hecho con el “proceso de cambio” y creer que podía proyectarse como un líder capaz de enfrentar a Evo Morales. Tercero, no aceptar la consulta como un mecanismo para resolver las diferencias. Cuarto, aliarse a los partidos tradicionales creyendo que podría tener rédito político. Quinto, hacer alianza con Rubén Costas sabiendo que representa a toda la corriente anti-indígena de Santa Cruz y que está aliado a las oligarquías regionales. Como siempre ha ocurrido, la CIDOB terminará siendo aliado del gobierno, hasta que este pierda fuerza y poder y nuevamente se iniciará otro ciclo de reacomodos. Santa Cruz de la Sierra 29 de julio de 2012.