La élite del 1%, Manuel E. Yepe

La elite del uno por ciento

Manuel E.Yepe

“Los estadounidenses hemos estado observando las protestas contra regímenes opresivos en países donde una elite reducida concentra fabulosas fortunas. Sin embargo, en nuestra democracia, el uno por ciento de la población dispone de la cuarta parte de los ingresos de la nación, una desigualdad que hasta los más ricos acabarán por lamentar”.

Así lo advierte el Premio Nobel de Economía 2001, profesor y muy difundido analista económico estadounidense Joseph E. Stiglitz en un artículo que tituló “Desigualdad del 1%, por el 1%, para el 1%” publicado en la revista Vanity Fair el 13 de abril en curso. En nuestro país, el 1% de la población obtiene el 25% de los ingresos y controla el 40% de la riqueza del país. Ese 1% disfruta de lo mejor en viviendas, educación y estilo de vida, ignorando que su suerte está ligada a cómo vive el otro 99%, dice Stiglitz.

Hace 25 años, ese 1% percibía el 12% de los ingresos y controlaba el 33% de la riqueza. Esta elite ha incrementado sus ingresos en un 18% durante la pasada década y en igual medida se ha deteriorado la situación de las personas con un nivel medio de ingresos.

Según Stiglitz, mientras más dividida esté una sociedad en términos de riqueza, más rechazan los ricos gastar dinero en necesidades comunes.

Los ricos no necesitan depender del gobierno para parques, educación, atención médica o seguridad personal. Ellos pueden comprar todas estas cosas para sí. Y en este proceso, se distancian de la gente común y se pierde cualquier empatía si alguna vez existiera. Los ricos rechazan la idea de que haya un gobierno fuerte, capaz de usar sus poderes para redistribuir la riqueza y hacer las inversiones requeridas para el bienestar de todos.

Los economistas no logran explicar coherentemente el motivo del crecimiento de las desigualdades en Estados Unidos. Notan que la globalización crea un mercado laboral mundial que perjudica a los obreros no calificados del país frente a los peor pagados de otros países. A juicio de Stiglitz, la dinámica oferta-demanda influye en ello porque las tecnologías que ahorran mano de obra reducen la demanda de trabajadores de clase media, de cuello y corbata. Pero así mismo contribuye al problema la reducción del papel de los sindicatos, que alguna vez representaron a un tercio de los obreros de la nación y ahora apenas incluyen al 12% de éstos.

En última instancia, la razón básica es que tal es la voluntad de la elite, deduce el destacado economista quien cita el ejemplo de la política impositiva, en la que la reducción de impuestos sobre los beneficios del capital, vía por la que los ricos reciben la mayor parte de sus ingresos, es una manera de privilegiar a los más adinerados.

Los monopolios y los casi monopolios han sido siempre fuente de poder económico, desde John D. Rockefeller hasta Bill Gates, asegura Stiglitz. El pobre ejercicio de las leyes anti-trust, en especial durante las administraciones republicanas, ha sido una bendición para la elite.

Muchas de las desigualdades de hoy nacen de la manipulación del sistema financiero propiciada por cambios en sus reglas que han sido comprados y pagados por la industria financiera, que en ello ha hecho sus inversiones más efectivas de todos los tiempos. El gobierno presta dinero a las instituciones financieras casi al 0 % de interés y cuando fracasan les facilita generosos salvamentos.

Nadie se sorprende porque una ley de impuestos no pueda pasar por el Congreso sin que incluya recortes para los ricos si se conoce que las compañías farmacéuticas recientemente recibieron un regalo billonario por medio de una legislación que prohíbe al gobierno, principal comprador de medicamentos, discutir siquiera los precios de éstos.

Dice Stiglitz que virtualmente todos los Senadores y la mayoría de los Representantes en el Congreso integran el 1% al comenzar, se mantienen con los aportes del 1%, y saben que si sirven bien a la elite serán recompensados por el 1% cuando dejen sus escaños.

En la rama ejecutiva, los principales diseñadores de políticas comerciales y económicas son igualmente miembros de la elite. Las desigualdades en Estados Unidos distorsionan la sociedad en todas las formas concebibles: Provocan que las personas fuera de la elite practiquen un estilo de vida que sobrepasa sus medios; los miembros de la elite y sus familias rara vez sirven en el ejército porque es “voluntario” y lo que paga no atrae a los hijos del 1%.

A la elite no le preocupan las aventuras de guerra ya que, para las corporaciones y los contratistas, éstas solo significan ganancias.

Según Stiglitz, de los males que a la sociedad estadounidense le son impuestos por el 1%, quizás sea el mayor la erosión que provoca en el sentido de identidad en un país que ha presumido de ser una sociedad justa, con iguales oportunidades de desarrollo para todos y las estadísticas actuales revelan lo contrario.

Es esta percepción de que se vive en un sistema injusto y sin oportunidades, donde la riqueza crea poder y el poder crea más riqueza, la misma que ha provocado las conflagraciones en el Medio Oriente y puede provocarlas en otras partes del mundo.

G2: No al acaparamiento de los alimentos por las naciones más ricas del mundo!

G20 Agricultura: ¡No al «acaparamiento de alimentos» por las naciones más ricas del mundo!

(Yakarta, 16 de junio de de 2011). Los alimentos y la agricultura estarán en la agenda de la reunión de Ministros de Agricultura del G20 que se celebrará en París los días 22 y 23 de junio, cita preparatoria de la conferencia del G20 del mes de noviembre en Cannes, Francia. El movimiento internacional de campesinos La Vía Campesina condena el intento constante de los gobiernos de las naciones más ricas del mundo de apropiarse de las políticas alimentarias, y controlarlas, ya que afectan no sólo a los campesinos sino también a todo ser humano.

El G20 no tiene autoridad para dictar sus políticas al resto del mundo. Incluye únicamente a las 20 economías más ricas y excluye a las más pobres. Por ejemplo, de África, un continente azotado por el hambre, sólo tiene presencia en el club África del Sur.

El G20 no sólo es ilegítimo sino que además es incompetente. Con su intención de construir un nuevo orden económico mundial, el G20 ha intentado, desde su creación en 1999, controlar la especulación y los paraísos fiscales, desmantelar los bancos «excesivamente grandes» e imponer impuestos a las transacciones financieras... Pero estos intentos han fracasado porque los líderes de dichas naciones siguen promoviendo las mismas políticas neoliberales que han creado las crisis alimentarias y financieras actuales. La presidencia francesa del G20 coloca la volatilidad de los precios agrícolas y el desarrollo rural en la agenda del G20

Los alimentos vuelven a llegar a precios máximos y alcanzan los niveles de 2008 cuando los altos precios elevaron el número mundial de personas hambrientas a más de mil millones, afectando, sobre todo, a las zonas rurales.

La inestabilidad de los precios de los alimentos es consecuencia de varios factores, entre los que se encuentran la liberalización del comercio, la desregulación de los mercados, la especulación y la promoción de los agro combustibles. Los agro negocios con orientación a la exportación y la dependencia hacia los mercados externos crean volatilidad en los precios. Cuando la producción principal se vende a los mercados y no hay disponibilidad de existencias tanto a nivel comunitario como de país, la inestabilidad de los precios puede tener un impacto mortal. Los campesinos pierden cualquier poder de negociación para determinar el precio, puesto que son los exportadores, los grandes corredores de bolsa, y los supermercados los que controlan los mercados y se benefician de sus fluctuaciones.

Es más, a diferencia de la agroecología, la agricultura industrial depende fuertemente de los combustibles fósiles para la producción de pesticidas y para el transporte; lo que también contribuye a que la volatilidad del mercado mundial aumente. Si bien producen alimentos, los campesinos y las campesinas son las primeras víctimas de los altos precios. No cuentan con acceso suficiente a la tierra y otros recursos productivos. Como consecuencia, tienen que comprar una gran cantidad de sus alimentos para alimentar a sus familias. Los costes de producción también se incrementan por los altos precios del combustible. Los precios a los productores a menudo quedan por debajo de los precios de producción, mucho más que los precios pagados por los consumidores. La diferencia creciente entre los precios a los productores y los precios que pagan los consumidores es acaparada por los intermediarios, los supermercados y los grandes comerciantes.

La adquisición masiva de tierra agrícola por las empresas transnacionales que ha tenido lugar en los últimos años ha incrementado el número de desahucios de campesinos y campesinas y ha reducido la capacidad de muchos países y comunidades para alimentarse por sí mismos en África, Asia y Latinoamérica. A este respecto, la iniciativa del Banco Mundial para que los «acaparamientos de tierras» sean más aceptables socialmente no está aportando solución alguna. Los «Principios para una Inversión Agrícola Responsable» (RAI por sus siglas en inglés) se han establecido para legitimar la apropiación de la tierra perjudicando a los pequeños productores y productoras. Debería prohibirse a los inversores extranjeros y nacionales que tomaran el control de grandes áreas.

Los alimentos deberían estar en el plato de todos, no sólo en el de los más ricos. Por tanto, el G20 no debería tomar las decisiones relacionadas con los alimentos y la agricultura, y mucho menos el G8; en cambio estas decisiones deberían tomarse a un nivel más global, con participación de todos los países del mundo. El G-20 está considerando la creación de una "reunión anual de las partes interesadas para la seguridad alimentaria" para involucrar a la sociedad civil. La Vía Campesina ve esta iniciativa como un paso atrás y reafirma que el reformado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas debería respetarse como el espacio central donde las políticas globales sobre la alimentación se negocien con la participación de la sociedad civil y se deciden por todos los gobiernos.

Junto con la Confédération Paysanne, miembro de La Vía Campesina en Francia, afirmamos que la solución a la crisis actual está en las políticas públicas nacionales, regionales e internacionales que regulen los mercados para conseguir precios justos tanto para los consumidores como para los campesinos, y especialmente para mujeres y jóvenes.

Las políticas basadas en la soberanía alimentaria deberían incluir:

*La defensa y la promoción de una agricultura con base campesina, a pequeña escala y sostenible, y vendida en los mercados locales. Ello incluye la venta directa de alimentos en las comunidades, la protección de las semillas de los campesinos, el acceso a la tierra y el agua, y el acceso a la educación... Por ejemplo, la conversión de la tierra agrícola para otros propósitos como la construcción de viviendas, el turismo o la industria no debería permitirse. Cuando los campesinos y las campesinas tienen un mejor control de la transformación y comercialización de sus productos, son menos vulnerables a la volatilidad de los mercados.

* El (re)establecimiento de reservas diversificadas de alimentos (local y nacionalmente) para estabilizar los precios y gestionar los riesgos en caso de catástrofes naturales y situaciones de emergencia.

* Medidas férreas para prohibir la especulación con los alimentos, como la prohibición de los mercados de futuros especulativos. En vez de estabilizar los precios, crean burbujas especulativas con precios ficticios.

* Poner fin al desmantelamiento de las políticas agrícolas como la PAC, impuesto entre otros por la OMC. Los países deberían tener el derecho a proteger sus propios mercados frente al dumping y defender su producción local. Los países con un potencial agrícola en términos de número de familias agrícolas y disponibilidad de tierra arable necesitan revivir sus producciones alimentarias para sus necesidades domésticas.

* Poner fin a la promoción de los agros combustibles que están ejerciendo presión sobre los mercados alimentarios y expulsando a los campesinos de sus tierras.

* Poner fin a la apropiación de la tierra e implementar los compromisos adquiridos por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la FAO. Demandamos que el proceso de elaboración de la Directrices de la FAO sobre la gobernanza de la tierra y los bienes naturales tenga fuerte respaldo y que las Directrices ofrezcan un marco claro para proteger a los campesinos y las campesinas, los pequeños productores y las comunidades que trabajan la tierra y viven de ella, y para proteger los derechos de la tierra y ofrecer protección frente al acaparamiento de tierras.

http://www.cloc-viacampesina.net/es/component/content/article/34-demo-category/585-g20-agricultura-ino-al-lacaparamiento-de-alimentosr-por-las-naciones-mas-ricas-del-mundo-

MONSANTO AMPLIÓ SUS NEGOCIOS HACIA BOLIVIA

Foto ilustrativa: Los Tiempos.com de Afka, periodista invitado Servindi, 16 de junio, 2011.- La Cámara de Diputados aprobó en sus dos instancias –en grande y a detalle– el Proyecto de Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, incluyendo el cuestionado artículo 15, que permite el cultivo de productos transgénicos siempre y cuando no sean alimentos originarios del país, como la papa y el tarwi. El proyecto ya fue remitido al Senado Nacional.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Luis Alfaro, justificó el hecho como un plan de contingencia en caso de que el mercado interno de alimentos se vea desabastecido. Agregó que la ley proporcionará todos los beneficios posibles a los productores campesinos a fin de incentivar la producción de alimentos orgánicos naturales.
“Si logramos cubrir el mercado nacional, no será necesario utilizar los productos transgénicos, pero si la situación se agrava por las condiciones climáticas u otros factores, existe la obligación del Gobierno, del Estado, de buscar otras alternativas”
El asambleísta aseguró que se efectuarán estudios para determinar si el consumo de alimentos modificados genéticamente produce problemas de salud, y que la ley se reglamentará, –en un periodo de entre 30 a 120 días– luego de su promulgación. Los productos transgénicos que circulen en el mercado deberán estar etiquetados para que la población elija lo que consuma.
Uno de los artículos que se incorporó a Ley en el debate se refiere a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), cuya función será realizar una planificación productiva entre la población rural y urbana, en trabajo coordinado con los agroindustriales. Se espera que esta instancia apoye la producción y comercialización de alimentos.
Con la norma, las Alcaldías y los gobiernos departamentales, a través de sus entes legislativos, tendrán la posibilidad de transferir recursos directos a sus comunidades. Asimismo, podrán realizar un cierto ordenamiento institucional en diferentes programas nacionales con el fin de buscar la transformación de la producción para el desarrollo del país.
“Es un hecho histórico para nosotros quienes venimos de organizaciones a este ente legislativo y tenemos que ver cómo nuestros hermanos del campo tienen que enfrentar una crisis alimentaria. Con la aprobación de esta norma estamos seguros de que vamos a devolver una deuda social al campo que por muchas décadas ha sido dejado a su suerte”, concluyó.

Reacciones encontradas

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, manifestó que la Cámara de Diputados deberá elaborar una ley exclusiva para la regulación del consumo de productos transgénicos.
“Habrá otra ley donde se hable de los transgénicos, se regulará totalmente, queremos eliminar aquellos (transgénicos), pero hay que garantizar al pueblo la alimentación”. Pidió comprensión a los productores campesinos y aseguró que con la ley el 97% de los alimentos que se consumirán en el país serán de origen natural.
Al respecto, el presidente de la Cámara Baja, Héctor Arce, aseguró que el nuevo dispositivo no genera viabilidad para producir productos transgénicos y si algún alimento modificado llega de importación, estará debidamente identificado en su envase.
Por su parte, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (Conamaq) anunció movilizaciones en contra del artículo 15 de la ley productiva que permite el ingreso de productos transgénicos a Bolivia.
“Se harán algunas movilizaciones, vamos a convocar a nuestras bases a reuniones para ver qué otras medidas asumiremos”, señaló el dirigente de la Comisión de Gestión Territorial de la Conamaq, Andrés Poma.
Poma lamentó que el asunto se incluya en el proyecto de ley y que no fuera modificado ni anulado por la Cámara de Diputados. Garantizó que los productores campesinos abastecerán el mercado alimenticio de Bolivia y reiteró que los alimentos transgénicos son dañinos para la salud y que, de ser cultivados en el país, dañarán el terreno de cultivo.
En tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) apelará a la reflexión de los senadores para que modifiquen el artículo 15 de la norma. Para ello, se reunirán con los asambleístas de la Cámara Alta, e incluso solicitarán un encuentro con el presidente Evo Morales para debatir el asunto.
“Se ha advertido sobre los transgénicos, pero la decisión final escapa a nuestra voluntad”, señaló el secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB, Rodolfo Machaca. El dirigente agregó que la institución que representa participará en el proceso de reglamentación, que se iniciará tras la promulgación de la ley, prevista para el 21 de junio, día del año nuevo aymara.
Datos:
La soya es el único alimento transgénico producido en Bolivia. La superficie de soya transgénica cultivada en 2010 en Santa Cruz llegó a 780 mil hectáreas, lo cual representa el 88% de la superficie cultivada en el rubro, según datos del comité de semillas de ese departamento oriental.

Las Palabras, Mario Benedetty

 LAS PALABRAS

No me gaste las palabras
No cambie el significado
Mire que lo que yo quiero
Lo tengo bastante claro.

Si usted habla de progreso
Nada mas que por hablar
Mire que todos sabemos
Que adelante no es atrás.

Sí esta en contra de la violencia
Pero nos apunta bien,
Si la violencia va y vuelve
No se me queje después.

Si usted pide garantías
Solo para su corral
Mire que el pueblo conoce
Lo que hay que garantizar

No me gaste las palabras
No cambie su significado
Mire que lo que yo quiero
Lo tengo bastante claro.

Si habla de paz pero tiene
Costumbre de torturar
Mire que hay para ese vicio
Una cura radical.

Si escribe Reforma Agraria
Pero solo en el papel
Mire que si el pueblo avanza
La tierra viene con él.

Si esta entregando el país
Y habla de soberanía
Quien va a dudar que Usted es
SOBERANA PORQUERIA.

No me gaste las palabras
No cambie su significado
Mire que lo que yo quiero
Lo tengo bastante claro.

No me ensucie las palabras
No les quite su sabor
Y límpiese bien la boca
Si dice REVOLUCION.

Derechos de Propiedad y los organismos genéticamente modificados

Derechos de propiedad intelectual y los OGM

Por Elizabeth Bravo (*)

Tradicionalmente los agricultores han accedido a las semillas que usan en sus campos (ya sea porque la compran, la intercambian o la heredan de sus antepasados), y las guardan para sus siguientes cosechas. Por eso es que ha sido difícil para las empresas transformarla en una mercancía, pues a diferencia de otras productos, la semilla es un ser vivo que puede reproducirse, lo que hace difícil su control monopólico. Para ello se han creado dos mecanismos que van de la mano: cambios tecnológicos en fitomejoramiento (a través del desarrollo de híbridos y los Organismos Genéticamente Modificados -OGM-); y la imposición de derecho de propiedad intelectual.

A través de los híbridos, por ejemplo del maíz, el agricultor que compra las semillas enfrenta dos problemas: a) el fenotipo del maíz híbrido no revela cuáles son sus ancestros, lo que ofrece a las empresas un control sobre la propiedad de sus semillas; y b) el vigor de los híbridos se pierde en la segunda generación, por lo que el agricultor tiene que volver a comprar semillas cada año. En cuanto a la manipulación genética, las empresas están desarrollando nuevas variedades que les permite controlar la expresión genética, para producir semillas estériles (semillas Terminator).

El control a través de la propiedad intelectual es un mecanismo jurídico que en muchos casos es difícil de monitorear, pero las empresas han organizado métodos sofisticados para conseguirlo, como se verá más adelante. Hay dos formas de reconocer propiedad intelectual sobre las semillas: los derechos de obtentor y las patentes. Los derechos de obtentor están controlados por la Unión de Protección de Obtentores Vegetales (UPOV). Hay dos actas UPOV. El Acta UPOV 1978 confiere menos derechos a las empresas que el Acta UPOV 1991, pues reconoce dos princi pios: a) el privilegio de los agricultores para guardar semillas para su propio uso; y b) la excepción de los fitomejoradores, es decir que ellos pueden usar semillas registradas para usarlas en programas de mejoramiento genético. El Acta UPOV 1991 reconoce derechos de propiedad intelectual sobre variedades esencialmente derivadas de aquellas registradas, por ejemplo, por mutaciones espontáneas.

Hasta inicios de 1990 casi ningún país del Tercer Mundo reconocía ningún tipo de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) sobre las semillas. Las presiones ejercidas por EEUU han hecho que varios países adopten legislación sobre protección de variedades vegetales.

En EEUU se reconoce patentes sobre plantas, pues desde 1985 la oficina de patentes amplió el ámbito de la protección de patentes para incluir plan tas y animales no humanos, incluyendo semillas, planta, partes de plantas, genes, características genéticas y procesos biotecnológicos. Las presiones de EEUU siguen para que los países amplíen en ámbito de la propiedad intelectual en sus legislaciones. Hoy lo hacen a través de los tratados de libre comercio. En materia de derechos de obtentor, EEUU pretende ampliar la protección a: 1) actos de propagación de todas las variedades de plantas; 2) uso comercial de plantas ornamentales; y 3) partes de esas plantas como material de propagación. En materia de patentes EEUU quiere que se reconozcan patentes sobre plantas, animales, procesos esencialmente biológicos y secuencias génicas y el material que contiene esas secuencias.

Las firmas comerciales usan sus patentes para buscar una posición en el mercado y ganar o bloquear competidores en el desarrollo de nuevas tecnologías. La aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y otras formas de vida ha causado una serie de cuestionamientos por las implicaciones que tendrán en la agricultura. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo se están aplicando los derechos de propiedad intelectual, especialmente patentes, sobre variedades transgénicas en varios países.

El cobro de regalías en Argentina

En este país los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas se ejercen a través de los derechos del obtentor. En la ley argentina se reconoce el privilegio del agricultor. Los agricultores pueden guardar semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual para volver a sembrar sus tierras. Aunque no se permite el intercambio de esas semillas con otros agricultores, en la práctica esto es algo que no se puede controlar. Y la soya es un cultivo donde es muy fácil guardar semillas para volverla a plantar el siguiente año. Los agricultores consideran que es una práctica normal, pues ya pagaron por la semilla la primera vez.

Monsanto nunca patentó la soja RR en el país. Hay que señalar que la patente de la soya RR, cubre también al gen RR, porque en EEUU, así como en otros pocos países del mundo, se reconocen patentes sobre los genes. Este no es el caso de la Argentina, y aunque la empresa no está en condiciones de imponer la patente sí puede impedir la importación de la soya RR en aquellos países donde tiene registrada la patente. Si esta idea prospera, los productores pagarían al momento de vender su cosecha, incluidos los productos derivados de soya como el aceite, y los exportadores actuarían como agente de retención para la compañía biotecnológica. Este es el modelo que ya funciona en Brasil.

Monsanto no cobra regalías iguales en todos los países:

• En EEUU dice cobrar 14 dólares/tonelada de soja RR;
• En Brasil, se habla de 7 dólares, con posibilidades de incremento;
• En Argentina planea pedir US$ 3/tonelada, pero según algunos sectores, la pretensión de Monsanto es de cobrar US$ 7/tonelada;
• En Paraguay se acaba de negociar unas regalías de US$ 3/tonelada, cifra que se incrementará a US$ 6 en cinco años.

Para tener una idea de la magnitud de lo que está por detrás de las pretensiones de Monsanto, hay que señalar que por cada dólar por tonelada que se pague como regalías, la multinacional recibirá 34 millones de dólares anuales (sin que los agricultores hayan comprado semillas de Monsanto).

Las empresas biotecnológicas requieren variedades adaptadas a las condiciones del país, para insertar en ellas, los transgenes patentados. Para esto, ellas han accedido al material genético que ha sido generado a través de programas de investigación pública, y esperan seguir teniendo libre acceso a este material, libremente. Monsanto ha usado variedades públicas argentinas, y espera hacerlo en el Brasil. Esto nos lleva a analizar la presión que están sufriendo varios países para que regulen el acceso a recursos genéticos. Las empresas quieren acceder, ya sea al material público o al que está en manos de las comunidades indígenas y campesinas a través de contratos de acceso, donde se reconozca alguna dádiva, pero donde no se contemple la posibilidad de compartir derechos de propiedad intelectual. Esto significa un problema para las comunidades que han usado y conservado estas variedades, pues al entrar en este tipo de contratos, pierden control sobre sus recursos genéticos.

Monsanto y su patente en Brasil

Brasil es el segundo productor de soya a nivel mundial, con el potencial de convertirse en el primero, si se concretan los planes de expandir los cultivos hacia los estados amazónicos. Es por lo tanto un excelente objetivo para Monsanto. Durante la campaña de siembra de 1998 esta empresa tenía ya lista las semillas de soya RR para ser sembradas en Brasil, pues ya contaban con la aprobación del Consejo Nacional de Biotecnología, cuando dos organizaciones (Greenpeace e IDEC) lo impidieron interponiendo un recurso legal. Hasta el momento, la siembra de transgénicos en Brasil no se ha legalizado a través de una ley sino únicamente a través de Medidas Provisionales otor gadas por el Presidente Lula, ante hechos consumados, pues desde 1998 Monsanto ha estimulado el ingreso ilegal de soya RR al Brasil, especialmente desde Argentina. El Estado más afectado por la contaminación genética es el Estado de Río Grande del Sur, a pesar de que se declaró libre de transgénicos. Monsanto estaba sembrando para el futuro. Inmediatamente después que se aprobó la medida provisional (2004), Monsanto demandó que se le pague las regalías por el uso ilegal de las semillas genéticamente modificadas de soya RR en el Brasil. Se calcula que el 30% de la soya sembrada en Brasil es RR, y la producción del 2003 fue de 49,6 millones de toneladas, lo que significa cifras muy interesantes para Monsanto, en términos de regalías.

El modelo de cobranza de las regalías para Brasil es el mismo que en Argentina, es decir, una vez que la soya llega a su destino final en el exterior. En el 2003 se cobró regalías sólo en los Estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina. En el 2004, el cobro de las regalías se extendió a los estados de Bahía, Maranhão, Tocantins y Piauí. En el 2003, los soyeros pagaron regalías por R$ 10/tonelada; en el 2004, las regalías se duplicaron a R$ 20/tonelada.

Juez suspende royalties a Monsanto El tribunal de Justicia de Rio Grande del Sur concedió eximir a la cooperativa de agricultores Tritícola Mista Campo Novo, con sede en Campo Novo a pagar royalties a la multinacional Monsanto por el uso de semillas transgénicas. Según el juez Victor Barcellos, el derecho intelectual no puede ser extendido a toda la producción, dado que la cooperativa está protegida por la Legislación de Protección de Cultivares (ley 9456/97) que preve indemnización en caso de uso de material genéticamente modificado "tan sólo a lo que atañe a material de reproducción de la planta, no se extiende, por evidente, a toda la producción de soja". La cooperativa reúne cerca de 8.000 productores de 18 municipios del noreste gaúcho . Campo Nuevo comenzó a indemnizar a la empresa en la zafra 2003/04. El abogado de la cooperativa afirmó que lo que se intenta es provocar una discusión sobre la ilegalidad de ese cobro y que los productores sólo aceptan pagar royalties al momento de la compra de la semilla.  Fuente: Dimetri do Valle, de la Agencia Folha en Curitiba

También en Paraguay

 Se calcula que el 60% de la soya producida en Paraguay es genéticamente modificada. La Asociación de Exportadores de Granos y Aceites del Paraguay llegó este mes a un acuerdo con Monsanto sobre las regalías de las semillas de soya RR. Los productores van a pagar inicialmente US$ 3 por cada tonelada métrica de soya a Monsanto. Luego de 5 años, la tasa se incrementará a US$6 tonelada.

Monsanto se ha comprometido a invertir en el mejoramiento de la calidad de las variedades de soya existentes en Paraguay; es decir, introducir el gen RR en variedades adaptadas al medio ambiente paraguayo, y desarrolladas en ese mismo país, posiblemente con fondos públicos, y posteriormente patentadas por Monsanto. Monsanto va a probar las nuevas variedades en los próximos años. Hay que señalar que la producción de soya RR en Paraguay es ilegal, no porque los agricultores no están pagando regalías, sino porque las variedades GM no han sido aprobadas1. Al igual que en Brasil, Monsanto permitió y estimuló la introducción ilegal de semillas GM al Paraguay para que una vez que estén establecidas, la empresa empiece a cobrar regalías en base a las exportaciones. Paraguay es el cuarto exportador de soya a nivel mundial, y espera producir 3,9 millones de toneladas en la zafra 2004-05.

Las maniobras de Monsanto en EEUU

En EEUU los agricultores tampoco están libres de las maniobras de Monsanto. La empresa ha sembrado el pánico en el campo estadounidense. Tiene un ejército de espías asegurándose que los agricultores no están infringiendo sus patentes. Este es el caso de Kem Ralph quien estuvo en la prisión 4 meses por infringir una patente de Monsanto. El tuvo además que pagar US$ 2,9 millones. De acuerdo al juez, Ralph le ha hecho perder a Monsanto US$ 803.402 en regalías. La corte triplicó este valor, y añadió los costos legales, los gastos prejudiciales y los intereses, por US$ 527.321. Luego la corte ordenó a Ralph a reembolsar a Monsanto US$ 104.506 por los costos en los que incurrió la corte en investigar "las mentiras de Ralph".

El argumento de Ralph fue que Monsanto mantiene un monopolio ilegal sobre las semillas de soya y algodón, pues controla el 80% de las semillas de estos dos cultivos usados en EEUU. Además, el nunca firmó un contrato con Monsanto. Como él, muchos agricultores de ese país enfrentan casos judiciales por lo que ellos consideran un derecho: guardar semillas. Los agricultores argumentan que las semillas tienen unos 50.000 genes, y que esto les da derecho de guardar las semillas. Monsanto dice tener derechos sobre las semillas, porque ha incorporado 1 ó 2 genes.

Además de las regalías, los agricultores tienen que pagar un impuesto tecnológico. Para soya el costo es de US$ 6,25 por tonelada, suficiente para sembrar un acre. Pero para algodón el costo es de US$ 23, casi tres veces más que el valor de la semilla.

Al momento Monsanto tiene 10 casos relacionados con agricultores que han guardado las semillas. Varios cientos de casos ya han sido resueltos a favor de Monsanto.

Contaminación genética y DPI

Los casos vistos hasta ahora se refieren a acciones que está llevando a cabo Monsanto con agricultores que voluntariamente están sembrando cultivos transgénicos. Mucho más escandaloso es el caso de Percy Schmeiser, cuyos cultivos de canola fueron contaminados con polen transgénico RR, por las implicaciones que podría tener esta decisión sobre todos los campesinos del mundo, cuyos campos pueden ser contaminados, pues la tecnología de Monsanto es una tecnología incontrolable.

Como en el caso de Argentina, Monsanto no había reclamado derechos sobre toda la planta, porque la legislación sobre patentes del Canadá no lo permite, pero cree tener derechos sobre toda la planta, porque sus genes están presentes en los cultivos de Schmeiser. Con este precedente, la empresa está en capacidad de amenazar legalmente a todos los agricultores por infringir sus patentes, simplemente porque cualquier pedazo de su finca puede ser el huésped de genes patentados no deseados.

¿Qué pasa con los derechos de un dueño de tierra que no tiene obligaciones contractuales con Monsanto, pero que sus plantas son infectadas con genes patentados? ¿Qué prevalece, la propiedad sobre la tierra o la propiedad intelectual de las patentes? ¿Porqué alguien que no tiene ninguna relación contractual con Monsanto tiene que estar obligado a asumir el 100% de los costos y la responsabilidad para mitigar los daños de genes patentados incontrolables? La decisión de los jueces está obligando a todo agricultor, aun cuando no han firmado ningún contrato con Monsanto, a aceptar responsabilidades legales si denuncia que ha sido víctima de contaminación genética. Esto significa que el mismo principio puede aplicarse a cualquier agricultor, a cualquier persona de campo, que siembre cualquier cultivo del que se haya desarrollado variedades GM.

¿Puede un solo evento de contaminación, convertir a los campesinos que guardan semillas contaminadas en delincuentes? Aparentemente sí. La única forma que tienen los agricultores de resolver sus problemas de responsabilidad penal es por medio de destruir sus propias semillas; todas, porque no hay manera de que los agricultores puedan distinguir entre semillas contaminadas y no contaminadas (en el caso de las semillas resistentes al herbicida Roundup, esto podría determinarse aplicando el herbicida a las plantas y ver cuales son resistentes).

Otras dudas. ¿Quién es el dueño de una planta que contiene más de un gen inadvertido? Ese tipo de plantas ya existen. ¿Qué podría pasar si nacen naturalmente sin haber sido sembradas plantas de soya, algodón o maíz transgénico entre los cultivos convencionales? ¿Quién es el responsable cuando las semillas transgénicas llegan como contaminantes en un saco de semillas de semillas convencionales?

Los campesinos mexicanos, cuyas variedades de maíz han sido contaminadas con distintos tipos de transgenes están en una posición muy peligrosa. Todas las empresas que tienen transgenes patentados relacionados con el maíz, no sólo van a exigir el pago de regalías por sus genes, sino que pueden enjuiciar a los campesinos por infringir sus patentes. Esto es teóricamente posible, si se usa el precedente de Schmeiser. Y por añadidura, todos los campesinos del mundo se verán en la obligación de destruir sus propias semillas, para no infringir una patente, y así evitar ser enjuiciados penalmente.

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Referencias

- Agrolink, Internet, 5-5-03

- Agência Carta Maior, 6/11/2003

- Clark, A. 2004. So, who really won the Schmeiser Decision? Dept. of Plant Agriculture, University of Guelph, Guelph, ONTARIO ( CANADA).

- Economic Research Service. Sitio web accesado en octubre 2004.

- Europe Academies. Science Advisory Council Genomics and Crop Plant Science in Europe. May 2004.

- Gazeta Mercantil, 02/09/2004. Monsanto dobla valor de royalties

- Johnson, E. 2004. Paraguay soy producers close to Monsanto royalties deal. Dow Jones & Co, US. 14 Oct. 2004

- King, J. Heisey, P. 2003. Ag Biotech Patents: Who is Doing What? Amber Waves. The Economics of Food, Farming Natural Resources, and Rural America. USDA.

- Service. May 6, 2003

- Prestes, S. September 21, 2004 GM soybean controversy: 90% of Rio Grande do Sul harvest will be GM. Agência Brasil.

- Riveras, I. "Monsanto Brazil seeks royalties for illegal RR soy" Reuters News

- Planters Take on Monsanto Over Seed Fees and Sometimes Go to Jail. Sep. 26, 2004. GENET

- UPOV, 2003. Access to Genetic Resources and Benefit Sharing. Respuesta a una notificación del CBD.

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Nota

[1] Ver en Biodiversidad 43 el artículo "En Paraguay ¡Los transgénicos son ilegales!" http://www.grain.org/biodiversidad/?id=264.

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(*) Integrante de Acción Ecológica, Ecuador. Este artículo ha sido extractado del boletín 116 de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT); por la versión completa, contactarse con ebravo@hoy.net