CEJIS condena la represión policial contra la VIII Marcha Indígena y denuncia la violación de Derechos Humanos de sus funcionarios
El pasado domingo 25 de septiembre la VIII Marcha Indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”, en la que participaban aproximadamente 1.000 personas de diferentes comunidades de las tierras bajas y altas de Bolivia, fue brutalmente e inhumanamente intervenida por la policía. La acción violenta dejó un saldo indeterminado de heridos puesto que muchas víctimas se encuentran todavía desaparecidas.
La Marcha partió el 15 de agosto de la ciudad de Trinidad, departamento del Beni con destino a La Paz, sede del Gobierno. En los 41 días de esta movilización se han generado varios escenarios de diálogo entre la Marcha y el Gobierno. Estos intentos no han prosperado debido a que el Estado no ha mostrado interés de acceder a modificar el trazo carretero así como socializar los impactos ambientales que éste generaría, violando la normativa ambiental, la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 de 1991 (aprobatoria del Convenio Nº 160 OIT) y la Ley 3760 de 2007 (aprobatoria de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
Desde el 30 de agosto y hasta el momento de la intervención violenta, se registró un bloqueo de carreteras en la localidad de Yucumo por parte de los colonizadores. La acción tenía claramente el objetivo de apoyar la acción del Gobierno de no atender los pedidos de la marcha y justificar el bloqueo de la misma con un resguardo policial que impedía a los marchistas el acceso al agua, víveres y medicamentos, hecho que conllevó a los acontecimientos de 24 de septiembre cuando los indígenas rompieron el cerco policial para restablecer sus derechos humanos. Durante la avanzada, las mujeres indígenas pusieron por delante el canciller del Estado Plurinacional David Choquehuanca y el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Cesar Navarro, quienes marcharon los 8 kilómetros, para garantizar la seguridad de los marchistas, hecho que fue posteriormente utilizado por el Gobierno para justificar la violenta intervención.
El operativo policial inició el domingo 25 de septiembre a las 17.00 horas cuando los alrededor de 500 efectivos de la fuerza pública rodearon el campamento indígena cerca del puente San Lorenzo a 5 km de la localidad de Yucumo y procedieron a perseguir a los marchistas, haciendo uso del gas lacrimógeno y de los palos, golpeando salvajemente a las mujeres, hombres y niños, separando las familias, atando las manos, pies y bocas de las personas con cintas adhesivas y obligándolos a subir vehículos que partieron con destino desconocido.
Entre las víctimas se encontraban Hernán Ávila Montaño, sociólogo y responsable de la oficina regional del CEJIS Trinidad e Iván Bascopé Sanjinés, abogado, responsable de la oficina regional del CEJIS La Paz, quienes estaban acompañando a los marchistas en su campamento.
El Dr Iván Bascopé, para salvaguardar su integridad física frente al cerco policial, se vio obligado a refugiarse en el monte cercano al campamento de la marcha junto con aproximadamente 100 personas quienes escaparon para evitar la intervención violenta. Allí permaneció durante toda la noche temiendo por su vida.
El Lic. Hernán Ávila Montaño, quién fue secuestrado junto con otros marchistas, ha sido golpeado brutalmente por los efectivos de la policía en un intento de defender a una mujer indígena, quien pese a tener un niño pequeño en sus brazos, estaba siendo apaleada por los uniformados. El Lic. Ávila recibió numerosos golpes con palos y escudos en sus piernas hasta caer al piso donde los policías continuaron maltratándolo, pateando su cabeza, cuello y brazos, manteniéndolo boca abajo con un zapato sin dejarle respirar y dándole golpes con un palo cuando intentaba levantar su cara, además de acompañar su accionar violento con amenazas e insultos relacionados con su identidad como asesor y defensor de los derechos de los pueblos indígenas: “Habla pues ahora habladorcito!”.
Luego de haber sufrido contusiones múltiples y heridas en todo su cuerpo le ataron los pies y manos, lo levantaron y subieron enmanillado al bus junto con otras personas. El Lic. Ávila describió el ambiente de este vehículo como un ambiente de terror donde las víctimas fueron sometidas a torturas físicas (no se les permitió usar el baño y muchas personas se vieron obligadas a satisfacer sus necesidades fisiológicas en el mismo bus, no se les ha proveído atención médica, alimentos y suficiente agua) y psicológicas puesto que las madres estaban gritando constantemente, aterrorizadas por la separación de sus niños además de estar todos convencidos que se los estaba llevando para asesinarlos.
Estas torturas y tratos inhumanos duraron hasta las 4 de la mañana cuando los buses llegaron al aeropuerto de la localidad de Rurrenabaque donde los militares intentaron obligar a las personas a subir los aviones que iban a despegar con destino desconocido. Nuevamente, los secuestrados sufrieron torturas psicológicas temiendo por sus vidas e integridad física y esperando más represión violenta durante la discusión que sostuvieron con los uniformados pidiendo humildemente que no se los suba por fuerza a los aviones. Finalmente, las víctimas fueron liberadas gracias a la intervención de la población de Rurrenabaque en una movilización encabezada por los representantes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
La brutal represión policial a la VIII Marcha indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas” ha dejado indignado y horrorizado a todo nuestro país. Los ataques deliberados, dirigidos contra las personas completamente indefensas, niños, mujeres y varones que fueron detenidos sin justificación ninguna, arrastrados, gasificados, atados y brutalmente golpeados con palos y escudos policiales para luego ser trasladados en condiciones inhumanas con destino desconocido, temiendo por su vida e integridad física, violan los principios más elementales de la humanidad así como todas las garantías de la Constitución Política del Estado. Los responsables intelectuales y materiales de estos actos merecen el máximo repudio de toda la ciudadanía y deben ser condenados y procesados tal como lo exige nuestra legislación.
Frente a estos hechos de violencia, humillación y tortura contra los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) declara su solidaridad total y el compromiso irrenunciable con las víctimas cuyos derechos humanos fueron violados y condena las atrocidades cometidas por la fuerza pública contra los pueblos indígenas, participantes de una marcha pacífica y movilizada en defensa de sus demandas legítimas y derechos fundamentales, garantizados en la Carta Magna boliviana y en numerosos convenios internacionales.
Así mismo, denunciamos los actos de violencia física y psicológica cometidos contra los funcionarios de nuestra institución y exigimos al Gobierno el cumplimiento del mandato que le fue encomendado por el pueblo y de los compromisos asumidos a partir de la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado así como la restitución inmediata de un diálogo y resarcimiento por los daños físicos, materiales y psicológicos que sufrieron los pueblos indígenas y los defensores de Derechos Humanos durante esta brutal intervención.
Personal y Dirección Ejecutiva del CEJIS
