La futura Ley de Tierra divide más a indígenas y campesinos (Página siete,

26 de octubre del 2011

Campesinos y colonizadores se distancian más de los indígenas debido a la propuesta de nueva ley de tierras que elabora la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El proyecto normativo, al que tuvo acceso Página Siete, cuenta con disposiciones que regularizan asentamientos ilegales que aún no han sido reconocidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y abre la posibilidad a la titulación individual de tierras. Asimismo, establece un régimen de tolerancia para colonias asentadas en áreas protegidas, como el Parque Nacional Isiboro Sécure.

La CSUTCB, para garantizar el respaldo a su propuesta normativa, buscará el apoyo de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa y de la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales (colonizadores).

El secretario general de la máxima entidad sindical que aglutina a los campesinos, Julián Jala Flores, afirmó a este medio que hoy se realizará un ampliado de emergencia en el que se debatirá la nueva situación política después de la cancelación definitiva de la construcción de una carretera en el interior del TIPNIS y los avances del proyecto de ley.

“No habrá problema para consensuar (la nueva ley) con los colonizadores, vamos a plantear un ampliado conjunto con ellos y las Bartolinas. El lunes (hoy) vamos a hablar y definir una reunión entre las tres organizaciones (CSUTCB, Bartolinas y Comunidades Interculturales)”.

La propuesta de nueva Ley de Tierras Comunitarias, elaborada por la CSUTCB, permite la distribución de tierras de parques y reservas forestales para asentamientos campesinos. Dispone que zonas que son parte de áreas protegidas pueden considerarse disponibles para ser repartidas a comunidades de indígenas y colonos después de un estudio de impacto ambiental.

La CSUTCB planteó una modificación a las leyes agrarias en un congreso en Villa Tunari en agosto y el presidente Evo Morales manifestó su total apoyo a los campesinos y a los colonizadores. Los campesinos están descontentos por los procesos de distribución de tierras saneadas. Indican que los indígenas ya recibieron suficiente cantidad de tierras.

Los dirigentes campesinos, liderados por el senador Isaac Ávalos, promueven el cambio en la normativa para que existan titulaciones individuales de tierras fiscales saneadas.

Desde 2006 se entregaron 60 millones de hectáreas de tierras fiscales saneadas gracias a la Ley de Reconducción Comunitaria.

Desde la promulgación de la nueva Carta Magna, el tope de tenencia de tierras es 5.000 hectáreas. Pero esta disposición no es retroactiva.

El presidente más habilidoso para hacer daño a los paises chicos de américa latina ...Por Martín Cuneo, revista Pueblos

Andrés Soliz Rada, escritor y exministro de hidrocarburos de Bolivia en el gobierno de Evo Morales

“El presidente más habilidoso para hacer daño a los países chicos de América Latina fue Lula, te metía el puñal mientras te sonreía"

Martín Cúneo

Revista Pueblos

Para entender por qué las transnacionales siguen controlando el sector de los hidrocarburos en Bolivia hay que remontarse a los primeros meses del Gobierno de Evo Morales, cuando se decretó la nacionalización. Y a unos meses después, cuando se firmaron los contratos de explotación de las empresas trasnacionales. Para ello, nada mejor que hablar con Andrés Soliz Rada, el ministro de Hidrocarburos que firmó el derecho de nacionalización. Y que renunció tiempo después, cuando certificó que la nacionalización había perdido su sentido original por las presiones de las multinacionales.

"El presidente más habiloso para hacer daño a los países chicos de América Latina fue Lula, porque te metía el puñal mientras sonreía y te decía: ‘¿Sabes? A mí me interesa no tener vecinos pobres’. Y mientras tanto te estaba sacando hasta la última gota de todo”, dice Soilz de Rada. El apoyo que dio Brasil al Gobierno boliviano frente a la amenaza separatista de la zona más rica de Bolivia, el Oriente del país, fue el arma que utilizó Lula en la negociación, según el exministro. “En eso hay que ponerle una palabrita de comprensión al Evo”, dice.

En el decreto de nacionalización, preparado por el equipo de Soliz Rada, los contratos que se establecían eran de servicio. “Para que me entienda la gente, uso el ejemplo del pan. Yo elaboro pan y lo llevo al horno. El horno me cuece el pan y ¿qué pasa luego? Me entrega el pan, y yo le pago por el servicio”. Cuando se elaboraron los contratos con cada una de las multinacionales, los contratos ya no eran de servicio, sino que se habían convertido en contratos de producción compartida. Es decir, se pagaba al horno por cocer el pan y luego se daba al hornero un porcentaje de la venta del pan. En concreto un 50 por ciento de los beneficios. Y un contrato de servicio no es nada revolucionario. A menos que se considere al régimen de Arabia Saudí como filocomunista.

Pero el decreto de nacionalización no preveía una tributación del 50 por ciento, sino de un 82 por ciento para el Estado en el caso de los megacampos, todos en poder de Petrobras, recuerda Soliz Rada. En 2005, el decreto 3058 aprobado por el Gobierno de Carlos Mesa tras las movilizaciones de la Guerra del Gas y el referéndum de julio de 2004, subía los impuestos y regalías de un 18 por ciento a un 50 por ciento. Esta legislación, que obedecía al masivo reclamo de recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos, sigue aún vigente a la hora de repartir los ingresos entre las empresas y el Estado, según el exministro.

“Cuando hicimos el decreto de nacionalización establecimos un porcentaje del 82 por ciento para el Estado porque a Petrobras se le habían entregado campos descubiertos por Yacimientos, desarrollados por Yacimientos, con el mercado brasileño ya conquistado por Yacimientos. En esas condiciones era una retribución más que justa”. Pero ese aumento en la tributación era “un cálculo preliminar” que estaba atado al resultado de unas auditorías que revelaran cuáles fueron las inversiones realizadas, el desgaste del equipo o las ilegalidades cometidas. Para ellos se realizó “una licitación para contratar empresas auditoras de renombre mundial” y se formó un equipo de ingenieros, economistas y abogados para que fiscalicen el trabajo de los auditores.

Desde el principio, a la compañía brasileña la idea de las auditorías no le gustó mucho. “Un delegado de Brasil me dijo: "Es que la auditoria no refleja el momento psicológico en el que se firmaron los convenios". Yo le dije: ‘Éste es un aporte maravilloso a la teoría económica’”, cuenta Soliz Rada.

Cuando se empezaron a firmar los contratos, “a las auditorías se las ignora, se las oculta, y como las empresas habían empezado a pagar el 82 por ciento, el Estado les devuelve el dinero, porque no se logró comprobar con las auditorías los excesos cometidos”. Igual que en Argentina, precisa el exministro, se acepta la información que dan las compañías bajo la modalidad de declaración jurada. “Juro que se ha invertido tanto", dice la British. “Y esas auditorías no se van a publicar, el Gobierno ya ha dicho que no sirven, que son obsoletas”, se lamenta.

De esta forma, “ahora las compañías siguen pagando el cinco por ciento”, como con el Gobierno de Carlos Mesa. “El aumento de los ingresos se debe a la escalada de los precios internacionales y a la exportación de mayores volúmenes de gas. Ni un centavo te dio la nacionalización”, matiza Soliz Rada.

Todo el proceso estuvo rodeado de presiones de las empresas multinacionales, representadas en Bolivia por la Cámara de Hidrocarburos. “Querían que YPFB entrara a formar parte de la Cámara de Hidrocarburos. Y yo declaré que no reconocía un sindicato de trasnacionales y que voy a hablar con las trasnacionales una por una. No con su sindicato de mafiosos", cuenta Soliz. “Fue una experiencia maravillosa, porque cada representante que me venía criticaba a la otra. Repsol por ejemplo, me hablaba pestes de la Total. Y la Total me hablaba pestes de la British. Denuncié que la Repsol se estaba anotando las reservas de petróleo del Campo Margarita como suyas. Entonces vienen los de Repsol y me dicen: ‘No puede ser, ministro’. ‘¿Es mentira?’, les pregunto. ‘No, pero también lo hace la British, también lo hace la Total, también lo hace la Shell’”.

Pero la principal presión vino de Petrobrás y el Gobierno brasileño. “Conseguí y publiqué el informe de Petrobrás al Congreso brasileño. Y Petrobrás dice: ‘Hemos logrado cambiar los contratos de servicio por contratos de producción compartida’. Y luego Petrobrás dice: ‘Los contratos de producción compartida nos permiten nuevamente anotar en bolsa las reservas de Bolivia’”, recuerda quien fuera diputado con el partido Condepa.

Y ésa fue la razón de su marcha del Gobierno. “Saqué una resolución ministerial sobre la refinería manejada por Petrobras. De acuerdo con el decreto de nacionalización a Petrobrás le pago por el servicio. Entonces vino la llamada de Marco Aurelio García, asesor de Lula, para que me fuera”, dice. Un mes después de su renuncia se firmaron los contratos.

“¿Se sabe que los modelos de contratos fueron redactados por Repsol? Y cuando se leyeron los contratos, Petrobrás protestó porque había puesto cosas para Repsol y tuvieron que modificarlos", se ríe Soliz Rada.

SAN PABLO SIN GAS BOLIVIANO

Además de presionar para convertir los contratos de servicios en contratos de producción compartida, la ‘diplomacia’ brasileña se centró en impedir por todos los medios la industrialización del gas que importa de Bolivia. Según Marco Gandarillas, del Cedib, “el gas boliviano es muy rico, con una planta de separación de líquidos tienes la posibilidad de sacar el propano y el butano de exportación”. Sin embargo, a cinco años de la nacionalización Bolivia sigue sin haber construido esa planta y sigue vendiendo “un gas rico que tiene propano, butano, etc., como si fuera un gas pobre”, dice Gandarillas, dejando de ingresar unos 700 millones de dólares al año.

¿Pero por qué no se ha construido esa planta? Para Soliz Rada la respuesta es muy simple: “Porque el operador principal de los campos es Petrobras y Repsol trabaja con Petrobras. A ellos les interesa que el gas boliviano sea industrializado en San Pablo en primer lugar, y en segundo lugar en el Matto Grosso. 4.700 millones de dólares invertirá Brasil para industrializar el gas boliviano en el Brasil”.

El exministro cree que Bolivia perdió una gran oportunidad para negociar con Brasil cuando todavía toda la industria de San Pablo dependía del gas boliviano. Actualmente Brasil dispone de fuentes de abastecimiento alternativas. “Yo negocié durísimo con Brasil”, dice y relata su encuentro con su “colega”, el ministro de Hidrocarburos de Brasil:

“Acabo de leer una novela que se llama El Mundo sin Petróleo.

¿Y qué pasa? -dice el ministro brasileño.

Hay un petrolero estadounidense que choca en la costa de California y se arma un desparrame, llaman al gabinete y uno de los ministros del gabinete dice que conoce a un científico en Montana que tiene un descubrimiento que les podría salvar. Le dicen que lo traigan. El científico no quiere largar el invento, pero igual se lo arrebatan. Era un líquido con una bacteria que se echaba sobre el agua contaminada y la bacteria se comía el petróleo. Éxito absoluto, ocho o diez horas después el agua empieza a verse clara y todos con una cara de felicidad. Lo que el científico había tratado de explicar es que la bacteria se transmitía por el aire. Y empieza a comerse las estaciones de gasolina, luego los tanques de los coches, y los productos hechos con plásticos... Los estadounidenses tienen que sacar sus caballos y reponer un ferrocarril de 1890... Yo estoy escribiendo la segunda parte de esta novela.

Pero ¡qué importante! -dice el brasileño-. Va a ser un éxito. ¿Y le puedo preguntar cómo se va a llamar?

Pero claro, se va a llamar San Pablo sin el gas boliviano”.

Martín Cúneo es miembro del colectivo editorial del periódico Diagonal.

Este artículo ha sido publicado en el nº 48 de Pueblos - Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011

rCR

La Razón, 25 de Octubre del 2011: Un paquete de al menos ocho leyes pondran en marcha los acuerdo slogrados entre gobierno e indígenas

Edición Digital - Martes, 25 de Octubre de 2011

Nacional

Un paquete de 8 leyes pondrá en marcha el pliego de los indígenas

Entre las normas que serán debatidas están la Ley General de Consulta, de Bosques, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, Hidrocarburos y de Reconducción Comunitaria

La Razón - Iván Paredes - La Paz

Un paquete de al menos ocho leyes pondrán en marcha los acuerdos logrados entre Gobierno e indígenas. Entre las normas están las referidas a la consulta previa y al pago de una indemnización por daños ambientales como en el parque Aguaragüe, informaron dirigentes de los indígenas.

El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, explicó que delegados de los indígenas, Gobierno y Legislativo perfilarán la modificación de la Ley de Reducción Comunitaria y la incorporación de demandas sobre temas como la protección del medio ambiente y de tierras indígenas en la redacción de leyes marco. 

En el paquete legislativo están las leyes General de Consulta, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, de la Amazonía, de Bosques, Forestal, de Minería y de Hidrocarburos. “La aprobación de las normas son vitales para que los acuerdos empiecen a ser ejecutados”, afirmó el dirigente.

Entre el viernes y domingo, el presidente Evo Morales y los líderes de la marcha indígena lograron acuerdos en los 16 puntos de la plataforma de  lucha de la marcha en defensa del TIPNIS, que llegó a La Paz el 19 de octubre tras 66 días de movilización.

Con la Ley General de Consulta buscan establecer los procedimientos para la consulta previa incorporada en la Constitución Política, para la explotación de recursos naturales no renovables en territorio indígena.

“Sólo exigimos que se cumpla la Constitución y la normativa internacional, es decir, que haya una consulta previa antes de ejecutar proyectos”, explicó el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB),  Adolfo Chávez. 

REFORMAS. En el caso de la Ley de Reconducción Comunitaria, proponen reformas para adecuarla a la Constitución Política del Estado de forma que haga respetar los derechos de los pueblos de tierras bajas sobre su territorio, adelantó el dirigente Vargas.

Respecto a las actividades petroleras en el parque Aguaragüe (chaco tarijeño), el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, afirmó que no pretenden paralizar las operaciones hidrocarburíferas en la zona, sino una indemnización por los daños ambientales en ésta y otras regiones de explotación.

La Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales apuntará al cuidado de estos territorios, mientras que la Ley de Bosques y la Forestal deberán perfilar  políticas de protección para evitar asentamientos ilegales y la extracción maderera ilegal. “Todos los puntos han sido resueltos. Existen plazos para que se cumplan”, explicó Vargas, quien evitó dar mayores detalles de las iniciativas que perfilarán. 

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139963&EditionId=2695

Otro escenario para la Ley de Bosques: Alicia Tejada Soruco: "Ya no habrá marcha atrás en la defensa de los bosques de Bolivia y la Ley de Bosques tiene otro escenario para su tratamiento, definitivamente.

Ley de bosques en otro escenario

Por: Alicia Tejada Soruco

Por primera vez en la historia de Bolivia, la defensa de un Parque Nacional se constituye en debate público ampliamente difundido y abordado desde sus distintas dimensiones, incluidas la económica y la política,  este hito será de singular importancia para el tratamiento, pendiente, de la Ley de Bosques.

La actual Ley Forestal (1777)  incluye a los pueblos indígenas y rurales y basa la gestión forestal  comercial en la integralidad gradual, que no es otra cosa que cuando se va a cortar un árbol, se debe tomar en cuenta lo que se afecta en el bosque. Esta ley también incorpora y vincula su aplicación a los Convenios y Tratados internacionales signados por los gobiernos de Bolivia y en otros casos ratificados como Ley de la República. Contempla también la autonomía municipal y delega funciones a estas instancias y a prefecturas.

Sin embargo a pesar de todas sus virtudes, en su aplicación no pudo evitarse la dramática y creciente deforestación de Bolivia a un ritmo de 300 mil hectáreas por año; la exclusión y desigualdad incluso en la distribución de las tierras forestales al interior de la TCO, la ampliación irresponsable y delictuosa de la frontera agrícola, vinculada incluso a quemas e incendios que pusieron en riesgo vidas humanas, la falsificación de Certificados Forestales de Origen, la intervención a cualquier bosque empleando Planes de Manejo Falsos, refrendados incluso por Organizaciones de base, en las que se confió el control local y la discrecionalidad en la asignación de multas por infracciones forestales que al final derivó en incentivos a la ilegalidad.

Menciono algunas de las falencias en la aplicación de la ley 1777 sin soslayar la importancia de la pérdida de institucionalidad puesto que los bosques de Bolivia estuvieron, desde el 2003 en manos de interinatos que no dejaron resultado positivo alguno tras de sí.

¿Qué aspectos hay que corregir en la Ley de bosques para detener la gradual desaparición de las selvas, animales y comunidades que las habitan? ¿Qué limitaciones legales tienen tanto el ejercicio de los derechos forestales, como la función pública y que sanciones (civiles, administrativas, penales,) serán efectivas para quienes las sobrepasen?, ¿Qué límites legales existen para las dirigencias comunales en las TIOC, que incurren en negociaciones que violan derechos de sus propios representados y  hasta realizan cobros a comunidades? Estas cuestiones se han heredado como problemas a resolver, producto de una década de desmantelamiento de la institucionalidad de bosques y de la débil representación estatal que debe someterse a las presiones de redes de corrupción y de blanqueo de la madera ilegal en Bolivia.

Los últimos acontecimientos vinculados al TIPNIS dejan un resultado que es trascendente: ya no habrá marcha atrás en la defensa de los bosques de Bolivia y la Ley de Bosques tiene otro escenario para su tratamiento, definitivamente.

Guarayos

http://www.elmercuriodigital.net/2011/10/bolivia-el-indigenismo-de-caricatura.html

http://www.elmercuriodigital.net/2011/10/bolivia-el-indigenismo-de-caricatura.html

Comparación entre los proyectos de leyes: El del Ejecutivo y el de La Marcha-TIPNIS, con el que fué aprobado en Diputados

PROPUESTA INDIGENA	PROPUESTA DEL EJECUTIVO	LEY APROBADA EN DIPUTADOS
Ley de Declaratoria de Intangibilidad Del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)	Ley de Suspensión de la construcción del Tramo II de la Carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos	Ley de Declaratoria de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS
Artículo 1º- I.- Se declara el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) patrimonio sociocultural y natural, zona intangible de preservación ecológica y reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas tsimane, mojeño-trinitario y yuracaré, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estadinalienable e irreversible, representados por la Subcentral TIPNIS. II. En el marco de los artículos 30, 385, y 403 de la CPE y otras normas vigentes, se ratifica el TIPNIS como area prtegida de interés nacional y territorio indigena de los pueblos tsimane, yuracaré y mojeño trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible,		Artículo 1.- (DECLARATORIA DE PATRIMONIO DEL TIPNIS) I.- .- Se declara el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica y reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas tsimane, mojeño-trinitario y yuracaré, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia. II. En el marco de los artículos 30, 385, 394, y 403 de la CPE y otras normas vigentes, se ratifica el TIPNIS como Territorio Indígena de los pueblos tsimane, yuracaré y mojeño trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible, y como área protegida de interés nacional.
Artículo 2º.- Las areas protegidas de Bolivia y los territorios indígenas se constituye en la garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales, en convivencia armonica con la Madre Tierra y sus derechos.		Artículo 2º.- Teniendo el TIPNIS, además de la categoría de Territorio Indígena, la categoría de Area Protegida, se constituye en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales, en convivencia armonica con la Madre Tierra y sus derechos.
Artículo 3°.- Se dispone que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos o cualquier otra no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).	Articulo 1.- (SUSPENSION) se suspende la construcción del tramo II de la carretera interdepartamental Villa Tunari San Ignacio de Moxos por el TIPNIS	Artículo 3.- (SUSPENSIÓN Y CONSULTA PREVIA). I.- Se suspende la construcción del tramo II de la carretera interdepartamental Villa Tunari San Ignacio de Moxos, que pasa por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, y se dispone el inicio de la Consulta Previa, Libre e Informada, a los pueblos indígenas del TIPNIS, respetando sus normas y procedimientos propios, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 del 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la OIT), Ley 3760 del 7 de noviembre de 2007, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Artículo 4º.- Se dispone la elaboración del estudio de alternativas previsto en la normativa de inversión pública, respecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos.	Articulo 2.- (DEBATE PUBLICO, DEMOC Y PARTICIPATIVO).- en caso de existir una petición expresa de la población beneficiaria respecto a la construcción de la carretera para completar el tramo entre Ichoa y Sto Domingo, en el marco del debate democrático participativo, se procederá a aplicar uno o algunos de los siguientes mecanismos de consulta 1.      Referéndum departamental, entre los dptos Cochabamba y beni 2.      Consulta o referéndum entre los municipios de san Ignacio de moxos y loreto del beni, y villa tunari de Cochabba 3.      Consulta o referéndum entre las comunidades que habitan el TIPNIS 4.      Consulta a las comunidades que habitan entre las localidades de Ichoa y santo domingo	Artículo 4.- (ESTUDIO DE ALTERNATIVAS).- Se dispone la elaboración del estudio de alternativas respecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. Estas alternativas deberán garantizar los derechos de los pueblos indígenas en su territorio y el equilibrio ecológico del TIPNIS
Artículo 5º.- Se prohíbe la realización de toda adopción de norma o ejecución de actividad, obras, proyecto o programa de desarrollo, extractivos, megaproyectos y de infraestructura u otros, que vulnere los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente, y los derechos de la Madre Tierra, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, Ley 1257, Ley 3760 y Ley 1333.		Artículo 5.- (GARANTIA). En ningún caso se adoptarán normas o ejecutarán actividades, obras, proyectos, o programas de desarrollo, extractivos,megaproyectos y de infraestructura u otros, que vulneren los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y lod derechos de la Madre Tierra, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Ley 1257, Ley 3760 y Ley 1333.
Artículo 6º.- Se dispone la elaboración participativa y aprobación de un plan integral de protección, preservación, restauración ambiental, social y cultural y desarrollo sustentable del TIPNIS, en el que intervendrán las 64 comunidades habitantes del Territorio y la Subcentral TIPNIS, la CPEM B, y CIDOB, bajo el respeto y ejercicio de sus derechos territoriales y sobre la base de la gestion compartida reconocida en el Art 385 de la CPE. Para fines de una gestión compartida y desarrollo integral del TIPNIS, todas las comunidades indígenas tsiman, yuracare, y mojeño trinitario que conforman el territorio con sus organizaciones títulos y representativas: subcentral del TIPNIS, CPEM B y CIDOB, elaboraran y aprobaran el plan de vida del territorio, con base a su cultura, principios de convivencia armonica con la naturaleza y ejercicio de sus normas y procedimientos propios, bajo el respeto y ejercicio de sus derechos territoriales.	Articulo 4. (PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL).- se elaborara un plan integral del TIPNIS cuya gestión estará a cargo de las comunidades titulares del derecho propietario colectivo.	Articulo 6. (GESTION TERRITORIAL). I. Se dispone el fortalecimiento para la elaboración participativa y aprobación de un plan integral de protección, preservación, restauración ambiental, social y cultural y desarrollo sustentable del TIPNIS, en la que intervengan todas las comunidades de los pueblos Tsimane, Yuracaré y Mojeño trinitarios que conforman este territorio, bajo el respeto y ejercicio de sus derechos territoriales, y sobre la base de la gestión compartida reconocida en el Art 385 de la CPE. II. Para fines de una gestión compartida y desarrollo integral del TIPNIS, todas las comunidades indígenas Tsimane, Yuracaré y Mojeño trinitarios que conforman el territorio, elaborarán y aprobarán el Plan de Vida del territorio, con base a su cultura, principios de convivencia armónica con la naturaleza, y ejercicio de sus normas y procedimientos propios, bajo el respeto y ejercicio de sus derechos territoriales.
	Articulo 3. (PROHIBICION Y CRIMINALIZACION DE ASENTAMIENTOS.).- I. Los asentamientos y ocupaciones de hecho promovidas o protagonizadas por personas ajenas a los titulares del TIPNIS, son ilegales y serán pasibles de desalojo con intervención de la fuerza publica si fuera necesario, a requerimiento de la autoridad administrativa o judicial competente. II. En el caso de adoptarse la decisión de construir el tramo II de la carretera por el TIPNIS, se criminalizaran los nuevos asentamientos a través de su tipificación en el código penal.	Artículo 7.- (PROHIBICION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ILEGALES EN EL TIPNIS). Los asentamientos y ocupaciones de hecho promovidas o protagonizadas por personas ajenas a los titulares del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, son ilegales y serán pasibles de desalojo con intervención de la fuerza pública si fuera necesario a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Articulo único.- la presente ley activa el tratamiento de los 16 puntos de la plataforma de VIII marcha indigena por la defensa del territorio indigena parque nacional isiboro secure. Por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas de oriente chaco y amazonia boliviana.
Disposicion final primera.- se abroga la ley 005 de 7 de abril del 2010, de aprobación del protocolo entre el estado plurinacional de Bolivia y la frepublica federativa de Brasil, sobre el financiamiento del proyecto de la carretera villa tunari-san Ignacio de mojos.		DISPOSICION FINAL UNICA.- A la aprobación de la presente ley, se abrogan y derogan todas las leyes, decretos supremos, y disposiciones legales contrarias a la presente ley.
Disposicion final segunda.- se abroga la ley 112 de 7 de mayo de 2010 que viabiliza su financiamiento entre el estado plurinacional de Bolivia y el banco nacional de desarrollo económico social de la república federal del Brasil, contrato de colaboración financiera 10219991 de fecha 15 d febrero de 2011, por la suma de hasta $us 3322.000.000
Disposicion final tercera.- a la aprobación de la presente ley se abrogan y derogan todas las leyes, decretos supremos y disposiciones legales contrarias a la presente ley.

Declaración de principios de la Asamblea general de Nueva York: Como un solo ser, unidos, nos encontramos ante una realidad en la que el futuro de la especie humana depende de la cooperación de sus miembros; en la que nuestro sistema debe proteger nuestros derechos y, en caso de que el sistema se corrompa, queda en manos de las personas proteger sus propios derechos y los de sus vecinos...

El presente documento ha sido consensuado por la Asamblea General de NYC con fecha del 29 de septiembre de 2011

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4476

 En estos momentos en los que nos reunimos solidariamente para expresar un sentimiento de injusticia generalizada, no debemos perder de vista lo que nos ha unido. Escribimos estas palabras para que todos aquellos que se sientan agraviados por los poderes corporativos del mundo sepan que nosotros también estamos a su lado.

 Como un solo ser, unidos, nos encontramos ante una realidad en la que el futuro de la especie humana depende de la cooperación de sus miembros; en la que nuestro sistema debe proteger nuestros derechos y, en caso de que el sistema se corrompa, queda en manos de las personas proteger sus propios derechos y los de sus vecinos; en la que un gobierno democrático deriva su competencia legítima de su pueblo, pero las corporaciones no piden permiso para expoliar la riqueza de la gente o de la Tierra; y en la que no es posible una democracia real, cuando el proceso depende de los poderes económicos. Apelamos a ustedes en un momento en el que las corporaciones, que ponen por encima el beneficio a las personas, sus propios intereses a la justicia, y la opresión a la igualdad, son las que manejan nuestros gobiernos. Nos hemos reunido aquí pacíficamente, pues es nuestro derecho, para que se conozcan estos hechos.

 Las corporaciones se han quedado con nuestras casas mediante procesos ilegales de ejecución hipotecaria, a pesar de no contar con la hipoteca original.

Con total impunidad, se han quedado con los rescates provenientes del dinero de los contribuyentes, al mismo tiempo que continúan concediéndoles exorbitantes primas a sus directivos.

Han perpetuado la desigualdad y la discriminación en el entorno laboral en función de la edad, el color de la piel, el sexo, la identidad de género y la orientación sexual.

Han emponzoñado las reservas alimenticias por su negligencia, y han minado el sistema agrario mediante la monopolización.

Han sacado provecho de la tortura, la reclusión y el trato cruel de innumerables animales, y se han puesto de acuerdo para ocultar dichas prácticas.

Han tratado constantemente de despojar a sus empleados de sus derechos a la hora de negociar un aumento de sueldo o unas condiciones laborales más seguras.

Han esclavizado a los estudiantes con decenas de miles de dólares en deudas para recibir una educación, que es en sí misma un derecho fundamental de los seres humanos.

Han externalizado sistemáticamente la mano de obra y empleado dicha externalización como medida de presión para recortar la asistencia sanitaria y el sueldo de los trabajadores.

Han manipulado a los tribunales para obtener los mismos derechos que las personas, sin que recaiga sobre ellas ningún tipo de culpabilidad o responsabilidad.

Han despilfarrado millones de dólares en equipos de asesoramiento jurídico para encontrar el modo de librarse de contratos de cara a las coberturas sanitarias.

Han comerciado con nuestra privacidad como si fuera una materia prima más.

Han empleado las fuerzas militares y policiales para impedir la libertad de prensa. Se han negado deliberadamente a retirar del mercado productos defectuosos que ponían en peligro vidas, únicamente en pro de su beneficio propio.

Son las que establecen las políticas económicas, a pesar de los fracasos catastróficos que dichas políticas han producido y continúan produciendo.

Han donado grandes sumas de dinero a los políticos, que son los responsables de dictar las normas que las regulan.

Continúan bloqueando formas alternativas de energía para que sigamos dependiendo del petróleo.

Continúan bloqueando los medicamentos genéricos que podrían salvar vidas o proporcionar una útil ayuda, únicamente con la intención de proteger sus inversiones que ya han producido sustanciosos beneficios.

Han ocultado deliberadamente derrames de petróleo, accidentes, fallos en la contabilidad e ingredientes inactivos, solamente en pro de su beneficio propio.

Han mantenido deliberadamente a la gente desinformada y con miedo, mediante su control de los medios de comunicación.

Han celebrado contratos privados para acabar con la vida de presos, incluso cuando se habían presentado dudas legítimas sobre la culpabilidad de los mismos.

Han perpetuado el colonialismo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Han participado en actos de tortura y en el asesinato de civiles inocentes en el extranjero.

Continúan creando armas de destrucción masiva para ganar contratas con el gobierno.*

A la gente de todo el mundo:

 Nosotros, la Asamblea General de la Ciudad de Nueva York que ocupa Wall Street en Liberty Square, les instamos a que reivindiquen su poder.

Ejerzan su derecho a reunirse pacíficamente; a ocupar el espacio público; a crear un proceso para gestionar los problemas a los que nos enfrentamos; y a generar soluciones accesibles para todos.

A todas las comunidades que entren en acción y formen grupos inspirados en la democracia directa, les ofrecemos apoyo, documentación y todos los recursos que tenemos a nuestra disposición.

¡Únanse a nosotros para que su voz también sea oída!

*Esta enumeración de agravios no es cerrada ni está completa.

Asamblea General de NYC

http://nycga.cc, 30 de septiembre de 2011

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El indigenismo de caricatura: Se representa a los indígenas como seres alados sin ningún tipo de interés, deseos ni pecados terrenales y, para completar la oda lacrimosa, en permanente duelo.

El indigenismo de caricatura

Por: Alicia Tejada Soruco

Las caricaturescas imágenes con las que se representan a los Pueblos Indígenas del oriente, amazonía y Chaco bolivianos hubiesen hecho temblar de indignación a los beligerantes Tupí Guaranies. El compromiso y la militancia patriótica exigen crespones negros y  ausencia  de humanidad: Se representa a los indígenas como  seres alados sin ningún tipo de interés, deseos ni pecados terrenales y, para completar la oda lacrimosa, en permanente duelo.

A contrapelo se condena a los otros; a los indios del poder político arrebatado a la República, son el pecado original de  Bolivia. Se condena su torpeza y sus vínculos con todo tipo de maledicencia terrenal. Hay hasta quienes  reciben mensajes celestiales que revelan a lucifer. Se eligen a los chivos expiatorios en acalorados juicios de adjetivos vergonzosos. Una sociedad en completa catarsis no podrá salir de esta sin el “sacrificio”  prometido a sus dioses que reclaman a quien pague las culpas de toda omisión colectiva. Las hordas, de uno y otro lado, reclaman holocaustos ancestrales  que rediman.

Puesto que los proyectos políticos que rescaten y salven a los bien intencionados han envejecido; puesto que los proyectos religiosos han sido interpelados, se buscan respuestas en el hombre nuevo. Necesitamos con urgencia demostrar-nos que el hombre nuevo e inmaculado pre destinado a salvarnos está a punto de nacer de alguna virginal doncella; las selvas; o el TIPNIS y de un ingenuo carpintero; capaz de comprender la grandeza de este engendro espiritual (seguramente un ilustrado viejo de barba blanca que ya lo sabe todo).

Los neo ambientalistas descubrieron que el equilibrio ecológico está ligado a los pueblos indígenas de Bolivia; no se tomarán el tren que los lleve hacia los orígenes de la destrucción del planeta;  resultaría muy incómodo este viaje. Reducirán su convicción a una cuestión de estética, a una cirugía menor que opere en remotos parajes  en los que no se incomode la pacífica convivencia entre ángeles y demonios. Mientras más alejados estén, mejor, mientras no nos exijan mirarnos uno a uno y en nuestros propios espacios; mucho mejor. Lo ambiental reducido a lo exótico; a las flechas y los avatares de Hollywood; fashion y espectacular.

Ni la ley de la Madre Tierra ni los Derechos Indígenas provocaron tanto entusiasmo hasta que se anunció su violación a miles de kilómetros de las narices de quienes pierden el olfato cuando la podredumbre de toneladas de peces muertos; de animales y bosques calcinados, de basura y nauseabundas aguas petroleras y agro químicas nos inundan. 

Las movilizaciones por la vida iniciadas por los universitarios a nadie convienen. Estos piensan por cuenta propia. Hay que reponer a los de siempre. Tendrán que revivir los elegidos con el soplo de vida indígena y según los designios de analistas prestigiosos. Las credenciales son partidarias: hay que demostrar lealtad o resignarse a la traición perpetua. A los universitarios se les arrebató la palabra para que no se infecten con la gripe. La exclusividad del verbo se revelará en la Paz.  

Crece Movimiento: Ocupa Wall Street

Carta abierta al canciller David Choquehuanca: Sabemos que su permanencia en el Gobierno es uno de los pocos factores de cohesión que le queda al Gobierno, si usted se va sería realmente el principio del fin.

CEJIS condena la represión policial contra la VIII Marcha Indígena y denuncia la violación de Derechos Humanos de sus funcionarios

CEJIS condena la represión policial contra la VIII Marcha Indígena y denuncia la violación de Derechos Humanos de sus funcionarios

El pasado domingo 25 de septiembre la VIII Marcha Indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”, en la que participaban aproximadamente 1.000 personas de diferentes comunidades de las tierras bajas y altas de Bolivia, fue brutalmente e inhumanamente intervenida por la policía. La acción violenta dejó un saldo indeterminado de heridos puesto que muchas víctimas se encuentran todavía desaparecidas.

La Marcha partió el 15 de agosto de la ciudad de Trinidad, departamento del Beni con destino a La Paz, sede del Gobierno. En los 41 días de esta movilización se han generado varios escenarios de diálogo entre la Marcha y el Gobierno. Estos intentos no han prosperado debido a que el Estado no ha mostrado interés de acceder a modificar el trazo carretero así como socializar los impactos ambientales que éste generaría, violando la normativa ambiental, la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 de 1991 (aprobatoria del Convenio Nº 160 OIT) y la Ley 3760 de 2007 (aprobatoria de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

Desde el 30 de agosto y hasta el momento de la intervención violenta, se registró un bloqueo de carreteras en la localidad de Yucumo por parte de los colonizadores. La acción tenía claramente el objetivo de apoyar la acción del Gobierno de no atender los pedidos de la marcha y justificar el bloqueo de la misma con un resguardo policial que impedía a los marchistas el acceso al agua, víveres y medicamentos, hecho que conllevó a los acontecimientos de 24 de septiembre cuando los indígenas rompieron el cerco policial para restablecer sus derechos humanos. Durante la avanzada, las mujeres indígenas pusieron por delante el canciller del Estado Plurinacional David Choquehuanca y el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Cesar Navarro, quienes marcharon los 8 kilómetros, para garantizar la seguridad de los marchistas, hecho que fue posteriormente utilizado por el Gobierno para justificar la violenta intervención.

El operativo policial inició el  domingo 25 de septiembre a las 17.00 horas cuando los alrededor de 500 efectivos de la fuerza pública rodearon el campamento indígena cerca del puente San Lorenzo a 5 km de la localidad de Yucumo y procedieron a perseguir a los marchistas, haciendo uso del gas lacrimógeno y de los palos, golpeando salvajemente a las mujeres, hombres y niños, separando las familias, atando las manos, pies y bocas de las personas con cintas adhesivas y obligándolos a subir vehículos que partieron con destino desconocido.

Entre las víctimas se encontraban Hernán Ávila Montaño, sociólogo y responsable de la oficina regional del CEJIS Trinidad e Iván Bascopé Sanjinés,  abogado, responsable de la oficina regional del CEJIS La Paz,  quienes estaban acompañando a los marchistas en su campamento.

El Dr Iván Bascopé, para salvaguardar su integridad física frente al cerco policial, se vio obligado a refugiarse en el monte cercano al campamento de la marcha junto con aproximadamente 100 personas quienes escaparon para evitar la intervención violenta. Allí permaneció durante toda la noche temiendo por su vida.

El Lic. Hernán Ávila Montaño, quién fue secuestrado junto con otros marchistas, ha sido golpeado brutalmente por los efectivos de la policía en un intento de defender a una mujer indígena, quien pese a tener un niño pequeño en sus brazos, estaba siendo apaleada por los uniformados. El Lic. Ávila recibió numerosos golpes con palos y escudos en sus piernas hasta caer al piso donde los policías continuaron maltratándolo, pateando su cabeza, cuello y brazos, manteniéndolo boca abajo con un zapato sin dejarle respirar y dándole golpes con un palo cuando intentaba levantar su cara, además de acompañar su accionar violento con amenazas e insultos relacionados con su identidad como asesor y defensor de los derechos de los pueblos indígenas: “Habla pues ahora habladorcito!”.

Luego de haber sufrido contusiones múltiples y heridas en todo su cuerpo le ataron los pies y manos, lo levantaron y subieron enmanillado al bus junto con otras personas. El Lic. Ávila describió el ambiente de este vehículo como un ambiente de terror donde las víctimas fueron sometidas a torturas físicas (no se les permitió usar el baño y muchas personas se vieron obligadas a satisfacer sus necesidades fisiológicas en el mismo bus, no se les ha proveído atención médica, alimentos y suficiente agua) y psicológicas puesto que las madres estaban gritando constantemente, aterrorizadas por la separación de sus niños además de estar todos convencidos que se los estaba llevando para asesinarlos.

Estas torturas y tratos inhumanos duraron hasta las 4 de la mañana cuando los buses llegaron al aeropuerto de la localidad de Rurrenabaque donde los militares intentaron obligar a las personas a subir los aviones que iban a despegar con destino desconocido. Nuevamente, los secuestrados sufrieron torturas psicológicas temiendo por sus vidas e integridad física y esperando más represión violenta durante la discusión que sostuvieron con los uniformados pidiendo humildemente que no se los suba por fuerza a los aviones. Finalmente, las víctimas fueron liberadas gracias a la intervención de la población de Rurrenabaque en una movilización encabezada por los representantes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).

La brutal represión policial a la VIII Marcha indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”  ha dejado indignado y horrorizado a todo nuestro país. Los ataques deliberados, dirigidos contra las personas completamente indefensas, niños, mujeres y varones que fueron detenidos sin justificación ninguna, arrastrados, gasificados, atados y brutalmente golpeados con palos y escudos policiales para luego ser trasladados en condiciones inhumanas con destino desconocido, temiendo por su vida e integridad física, violan los principios más elementales de la humanidad así como todas las garantías de la Constitución Política del Estado. Los responsables intelectuales y materiales de estos actos merecen el máximo repudio de toda la ciudadanía y deben ser condenados y procesados tal como lo exige nuestra legislación.

Frente a estos hechos de violencia, humillación y tortura contra los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) declara su solidaridad total y el compromiso irrenunciable con las víctimas cuyos derechos humanos fueron violados y condena las atrocidades cometidas por la fuerza pública contra los pueblos indígenas, participantes de una marcha pacífica y movilizada en defensa de sus demandas legítimas y derechos fundamentales, garantizados en la Carta Magna boliviana y en numerosos convenios internacionales.

Así mismo, denunciamos los actos de violencia física y psicológica cometidos contra los funcionarios de nuestra institución y exigimos al Gobierno el cumplimiento del mandato que le fue encomendado por el pueblo y de los compromisos asumidos a partir de la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado así como la restitución inmediata de un diálogo y resarcimiento por los daños físicos, materiales y psicológicos que sufrieron los pueblos indígenas y los defensores de Derechos Humanos durante esta brutal intervención.

Personal y Dirección Ejecutiva del CEJIS

¿Responsabilidad por el medio ambiente?: alejandonos de los arrebatos fashion "a favor o en contra de", es imperativo hacernos unas preguntas

¿Responsabilidad por el medio ambiente?

Por Alicia tejada Soruco

Las demandas en TIOC incorporadas en los Planes de desarrollo Departamentales  y Municipales expresan en gran medida lo que dichos pueblos consideran sus prioridades.  En otras notas, habíamos observado que los llamados “municipios indígenas” nunca aseguraron que tal condición se refleje en sus gestiones municipales; sea que estuviesen dirigidos por alcaldes  indígenas o no.

Los caminos vecinales y servicios básicos tal como estuvieron diseñados, favorecieron más a empresarios; propietarios privados y otros quienes en algunos casos, gracias a sus redes políticas, hasta lograron construir los propios hasta la puerta de concesiones forestales; mineras, propiedades agrícolas y ganaderas con recursos del Estado; atravesando poblaciones rurales e indígenas y hasta cortando el paso de estas. De la misma forma se procede con cuerpos de agua. Estos hechos generaron malestar permanente en comunidades.

Alejándonos de los arrebatos fashion a “favor o en contra de” es imperativo hacerse unas cuantas preguntas ¿estos temas son tomados en cuenta en la planificación de desarrollo, elaboración normativa administrativa o al menos de los debates, nacionales, departamentales y municipales? O ¿a pesar de la abundante información acerca de las tendencias en áreas críticas de permanente violación a normas ambientales y de derecho, el Estado en todos sus niveles actúa con capacidad preventiva?

Tendremos que empezar por asumir que el desarrollo con identidad y el desarrollo sostenible, no forman parte de las dimensiones en las que el Estado invierte; si lo hace es como objeto de estudio o de diagnóstico, accesorio a programas y proyectos susceptibles a impactar a comunidades indígenas o al medio ambiente. Huelgan los proyectos y autorizaciones de explotación que no toman en cuenta áreas impactadas negativamente.

Consecuentemente la incorporación de los derechos legislados a la administración pública es incipiente: En un estudio que realizamos en una provincia con tres municipios indígenas; ninguna instancia estatal contaba al menos con una ordenanza; decreto prefectural; directriz o resolución administrativa que defina responsabilidades funcionarias por la omisión de derechos humanos fundamentales, ambientales o derechos indígenas. Igualmente los  estatutos de organizaciones IOC, no contemplan sanciones contra dirigentes que aprueben, a nombre de sus representados, proyectos que afecten a las formas de vida de las comunidades ni obligan a la supervisión permanente, en instancias del Estado, a que dichos proyectos sean observados. Medio centenar de leyes incorporan derechos indígenas pero no se han aplicado definiendo la relación jurídica estado-pueblos indígenas con consecuencias de derechos. De la misma forma a cerca de los derechos ambientales, no existen normas administrativas que garanticen a los ciudadanos que podemos iniciar procesos rápidos y seguros contra funcionarios que violen derechos ambientales.