Crisis en la CIDOB: Omar Quiroga analiza y desmenuza varios momentos por los que ha pasado la CIDOB

La crisis del movimiento indígena de tierras bajas Omar Quiroga Antelo La CIDOB se crea en el año 1982 con la participación de 4 pueblos indígenas, guaraní, chiquitano, ayoreo y guarayo. Nace con el nombre de Coordinadora Indígena del Oriente Boliviano y posteriormente, después de que se afiliaron otros pueblos indígenas de otras latitudes del país, cambia su nombre a la actual Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, sin embargo, la sigla CIDOB permanece vigente porque ya había logrado posicionarse. En el año 1990, un líder indígena del Beni, junto a otros más, inician una marcha desde el Beni hacia la ciudad de La Paz, la misma que fue recibida por el entonces presidente Jaime Paz Zamora y logró que los primeros 4 territorios indígenas sean titulados mediante decreto supremo, entre ellos el TIPNIS. Después de 6 años, en 1996, se realiza una nueva marcha para reclamar la aprobación de la ley INRA. En el año 2000 se realiza otra marcha, más corta pero contundente y que reivindicaba derechos territoriales. En el año 2002 se realiza la cuarta marcha y esta vez para demandar Asamblea Constituyente para cambiar la CPE. El año 2005 se realiza la quinta marcha desde San Javier que demandaba la titulación de la TCO Monteverde entre otras demandas. El año 2006 se realiza la sexta marcha para demandar la aprobación de las reformas a la ley INRA. En el 2010 se realiza la séptima marcha demandando que las propuestas de autonomías indígenas sean incorporadas en la ley. El 2011 fue escenario de la realización de la octava marcha desde Trinidad hasta La Paz por la defensa del TIPNIS y la oposición a que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos divida este territorio en dos. Este año, nuevamente la CIDOB se lanza con la novena marcha, en contra de la ley de consulta para el TIPNIS, aprobada por presión de otra marcha protagonizada por el CONISUR, una de las organizaciones que se encuentran en el TIPNIS. Estos hitos importantes para el movimiento indígena de tierras bajas, tienen sus entretelones y en cada momento se fueron jugando diferentes intereses. Partiremos de algunas premisas que han sido una constante en la forma de actuar del movimiento indígena en su conjunto: a) Siempre el movimiento indígena de tierras bajas se ha alineado al gobierno de turno. b) Sus demandas históricas han girado en torno a la consolidación de sus territorios, educación intercultural bilingüe, gestión territorial indígena, autonomías indígenas y en los últimos años asamblea constituyente. c) Las posiciones asumidas, se las consensuaba en los espacios de debate y decisiones que tienen, sea el Directorio, la Comisión Nacional o la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas. Ahora bien, ¿cuándo es que se generan las divisiones al interior del movimiento indígena?. Las primeras escaramuzas, se dan cuando un grupo de indígenas acusan a un dirigente histórico como fue Marcial Fabricano, de haber negociado madera mara del TIPNIS con empresarios madereros por un monto de 2 millones de dólares. Aparentemente alguien se apoderó de esos recursos puesto que no se vieron los beneficios para las comunidades. Esta es una acusación que afectará a la larga en la credibilidad de sus bases hasta el extremo de aplicar la justicia comunitaria a dicho dirigente, con una guasqueada que trascendió públicamente, pero que no tuvo mayores complicaciones, es decir, la justicia ordinaria no quiso meterse a un tema de justicia interno, según usos y costumbres. En el año 2002, se da la primera división de la CIDOB que tendrá consecuencias en el futuro. La CPESC, organización representativa de las organizaciones indígenas de Santa Cruz, venía tejiendo alianzas con otros sectores sociales (campesinos, colonos, mujeres campesinas, trabajadores rurales y otros) y poco a poco se alinean a la idea del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos IPSP, liderizado por Evo Morales Ayma y Alejo Veliz. Ese año la CIDOB plantea Asamblea Constituyente, pero es la CPESC que se adelanta y convoca a las demás regionales a una marcha desde Santa Cruz a La Paz por la carretera nueva para reivindicar esta demanda, pero la plantean en términos de Asamblea Constituyente Popular, o algo por el estilo. El resto de las regionales, 7 en ese momento, inician una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, demandando lo mismo. Luego, inician otra marcha desde Santa Cruz a La Paz pero por la carretera antigua. Después multiplican sus marchas, de esa manera la CPIB inicia una desde Trinidad, la CPILAP otra desde el norte de La Paz. Los jefes de partidos políticos en junio de 2002 terminan firmando acuerdos con ambos grupos en los mismos términos. Sin embargo, el MNR no quiso participar de esos acuerdos. En julio se realizan las elecciones y el MNR gana la presidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Marcial Fabricano es invitado a ser Viceministro de Asuntos Indígenas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cargo que acepta. Sin embargo, por todos es conocido que en octubre del siguiente año, una rebelión popular saca del gobierno a Sánchez de Lozada y Marcial Fabricano que se había aferrado al cargo hasta el final, cae junto con él. En una acción de reivindicación por su actitud, pretende que las organizaciones indígenas, a excepción de la CPESC que ya había tomado su propio rumbo y había consolidado la creación del Bloque Oriente con otras organizaciones populares, nuevamente lo reconsideren para hacerse cargo del mismo Viceministerio con el gobierno de Carlos Mesa. Las organizaciones le niegan esta posibilidad y lo tratan en dicha reunión, como a un perro. Ya en la CIDOB se habían dado cambios en la Directiva y en la GANPI 2002 realizada en Trinidad, se elige por primera vez a una persona alineada abiertamente con el MAS de Evo Morales y que ocupa la vicepresidencia de la organización, se trataba de Saul Chávez. Mientras esto ocurría en Trinidad, se dan escaramuzas en las oficinas de la CIDOB entre los seguidores de la CPESC y técnicos que obedecen a las otras regionales. Marcial Fabricano en su condición de viceministro, pide ayuda a la Prefectura de entonces, quienes mediante un contingente policial resguardan la infraestructura de CIDOB durante más de un mes. En ese momento la disputa era entre quienes estaban con Evo Morales y quienes se oponían a su proyecto. De allí en adelante, poco a poco se van reconstruyendo las relaciones y en la GANPI de 2006, se elige a Adolfo Chávez como presidente y a Pedro Nuni como vicepresidente, quien luego será un puntal muy importante para el MAS en el Beni. Sin embargo, es bueno recordar que en el año 2004, para las elecciones municipales, la CPEMB quiso hacer alianza con el MAS, pero ya en ese entonces surgieron dificultades, por lo que la CPEMB opta irse sola a las elecciones y el MAS termina siendo representado por un ganadero de la zona. La CPEMB gana las elecciones y llega a gobernar con Sixto Bejarano como alcalde. Este hito es importante conocerlo, porque luego veremos el giro que da Pedro Nuni en su relación con su pueblo y su organización. En el año 2010, nuevamente se debe elegir a una nueva directiva. La APG tiene una decisión, hacerse de la conducción de la CIDOB con su candidata Nelly Romero. Sin embargo, en una definición no contemplada en los estatutos de la organización, y con presiones de por medio, resulta reelegido Adolfo Chávez. La APG se retira de la GANPI y en su ausencia nombran a Nelly Romero como vicepresidente. Después de un tire y afloje y de denuncias y contradenuncias, finalmente la APG acepta la vicepresidencia. Aparentemente Adolfo Chávez era el caballito de batalla del gobierno. Habrá que recordar, que en el año 2005, en Santa Cruz se da un periodo de confrontación con hechos de violencia contra las organizaciones indígenas encabezados por el Comité Cívico, la Prefectura, empresarios, etc, que instauran un régimen de terror y se ensañan contra todo quien se atreva a identificarse con el MAS de Evo Morales. En ese periodo la CIDOB no pierde la perspectiva y se alinea a las organizaciones populares y de una manera particular se involucra. La CIDOB poco a poco se va alineando al gobierno y en las jornadas de septiembre del año 2008, cuando los cívicos, políticos de derecha y empresarios, deciden enfrentar a Evo Morales, son estas organizaciones incluida la CIDOB que salen al frente para defender el “proceso de cambio”. En lugares como San Javier, Concepción, Trinidad, son amedrentados los dirigentes indígenas, apaleados, perseguidos, etc. Tienen que sufrir todo tipo de vejámenes. Sin embargo, las elecciones del 2009, reconfigura definitivamente el panorama político y las organizaciones campesinas e indígenas ganan espacios importantes en especial en las áreas rurales. Paralelamente, se descubre un plan de desestabilización que pretendía derrocar al gobierno de Evo Morales, por lo que el gobierno inicia las investigaciones y da con el grupo de Rosza a quienes en una acción contundente, en abril de 2010 lo desestructuran, matando a 3 de los 5 miembros del grupo, descubiertos en el hotel Las Américas. Los dirigentes cívicos, prefecturales, políticos, empresarios y algunos intelectuales, deben hacer sus maletas y salir del país. Otros son llevados a la cárcel por ser parte del plan, entre ellos Leopoldo Fernández, quien ya se encuentra más de 4 años en el penal de San Pedro en La Paz. Importante recordar estos pasajes de la historia para comprender lo que viene sucediendo al interior de la CIDOB, pero también es importante ver que pasó con la Asamblea del Pueblo Guaraní APG en ese tiempo. Esta organización es una de las más sólidas que tiene la CIDOB. En el año 2002, fue coherente con la línea que seguía la CIDOB y apoyó plenamente las reivindicaciones planteadas. En el 2005, protagoniza una movilización que le arranca al gobierno de Carlos Mesa el 5% de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que después servirá para constituir el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (FDPIOC). Hasta el 2002 fue presidente de la CIDOB, Nicolás Montero, quien renunció en marzo de ese año para habilitarse como candidato a diputado por el MIR en el departamento de Santa Cruz, curul que finalmente ganó y asumió. Lo reemplazó en el cargo el vicepresidente Marcial Fabricano. Desde entonces, la APG no ocupó ninguna de las 2 carteras más importantes de la CIDOB. Sin embargo, en el año 2002, en la GANPI es elegido Fermín Guillermo como secretario de Recursos Naturales. En el año 2003, después de la caída de Goni, las organizaciones afiliadas a CIDOB, deciden apoyar a Celin Quenevo de la CPILAP, para que asuma el cargo de Viceministro de Asuntos Indígenas, si embargo, en un momento de angurria de poder y desafiando esta decisión, a invitación del gobierno, Fermin Guillermo asume este cargo, en el que no durará ni tres meses. Nelson Bartolo lo sustituye en el cargo en la CIDOB. Comprendido el contexto, es fácil ahora ver como un movimiento indígena que poco a poco se alinea al gobierno, empieza a distanciarse de él. La profundización de esta división interna de la CIDOB, comienza con la octava marcha realizada entre julio y octubre de 2011. Cuando se inician las amenazas de marcha, el gobierno debía intervenir para atender las demandas y sin embargo no lo hizo. Al parecer la estrategia ya estaba definida y se trataba de demostrar a los indígenas que no tenían la suficiente fuerza como para enfrentar a un gobierno con alto apoyo popular. En el transcurso de la marcha, los representantes de la APG abandonan la misma con el argumento de que no se prestarían al juego montado de tumbar al gobierno. Ellos se identifican con el proceso y no estaban dispuestos a rifarlo. Dejan solos a Celso Padilla y a Jorge Mendoza, Presidente de la APG y Secretario de Recursos Naturales del Consejos de Capitanes Guaraní Tapiete de Tarija (CCGTT), respectivamente. A Celso posteriormente esta su actitud no orgánica, le costará que sea desconocido y finalmente alejado de la conducción de la APG y reemplazado por Florentino Flores. No hay duda que esta marcha tuvo un final apoteósico, con el respaldo de amplios sectores sociales de La Paz, quienes en solidaridad por el atropello sufrido el 25 de septiembre en Chaparina por las fuerzas policiales, se adhieren a la llegada de los marchistas. Se aprueba la ley 180 que declara intangible al TIPNIS y prohíbe la construcción de carreteras en su interior. En otra marcha del CONISUR obliga al gobierno a aprobar la ley 222 que permite realizar una consulta a las comunidades del TIPNIS para que se pronuncien respecto a la intangibilidad del parque y a la construcción de una carretera en su seno. Aquí es cuando los dirigentes de la CIDOB equivocan la estrategia, pues en vez de aceptar la consulta y pelearle al gobierno desde las bases, deciden hacer una nueva marcha. El cansancio que se tenía de la anterior marcha que recién se acababa de realizar, el esfuerzo que significa organizar este tipo de manifestaciones, y la incongruencia de no aceptar un reto como el planteado, hacen que se vayan deteriorando las relaciones al interior del movimiento indígena. La APG desde el principio plantea que no participará. La CPIB del Beni que en principio estaba comprometida, termina separándose de la marcha y dividida en dos, Pedro Vare por un lado y Nazareth Flores por el otro lado. La CEPMB que demuestra estar firme en la marcha, recibe un revés en su propio pueblo San Ignacio de Moxos, donde al paso de la marcha, los sectores se manifiestan y les piden que dejen que la carretera se haga realidad. Luego, Sixto Bejarano, actual subgobernador de la Provincia Moxos y hermano de su dirigente Bertha Bejarano, le pide públicamente que no se oponga a la carretera. La CPESC, después de un proceso de debilitamiento interno, con la separación de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) de su seno, asume una posición crítica a la marcha. Sin embargo, José Bailaba que llegó a ser constituyente y luego diputado por el MAS, ataca abiertamente al gobierno y apoya a la novena marcha. La COPNAG también termina dividida, pues quienes están afines al gobierno, a la cabeza de Elida Urapuca, actual alcaldesa de Ascensión de Guarayos, no apoyan la marcha, sin embargo, desconocen a sus dirigentes y terminan con dos cabezas. La CPILAP lo propio, pues mientras sus dirigentes firman acuerdos con el gobierno, las bases los desconocen. La ORCAWETA de los Weenhayek, desde hace un tiempo también están divididos entre quienes apoyaban al exgobernador Cossio y quienes se aponían a él. CIPOAP y CIRABO, organizaciones del norte del país (Beni y Pando), asumieron un papel de enfrentamiento con los sectores empresariales, cívicos y prefecturales de sus regiones y ahora se han desmarcado de la marcha. Una fracción de la CPITCO ha desconocido a CONISUR, sin embargo, esta organización ha demostrado ser compacta y ha salido a defender al gobierno a quien está alineada de manera abierta. El Gran Consejo Chimán recientemente reconocido por la CIDOB como nueva regional, apoya la marcha pero también se ha comprometido con el gobierno. La CNAMIB de las mujeres indígenas, luego de la actitud nada ética de su expresidenta Justa Cabrera de aceptar una subalcaldía en la ciudad de Santa Cruz, entra en un proceso de desestructuración con peleas internas que la debilitan definitivamente. Este es el desastroso panorama de las 13 regionales de la CIDOB. Ahora bien, en este contexto de divisiones y pulsetas internas, un grupo de 10 regionales, asumen la responsabilidad de autoconvocarse y desconocer primero a la directiva de la CIDOB y un mes después (8 al 10 de julio de 2012) se reúnen para nombrar a una nueva directiva, dirigida por la presidente de la Central de Mujeres del Beni (CMIB), Melva Hurtado integrante de la CNAMIB. A esta nueva directiva la desconocen las regionales afines a Adolfo Chávez y denuncian que es el gobierno quien quiere apoderarse de la CIDOB. El pasado 27 de julio, un grupo de indígenas ayoreos, irrumpen en las instalaciones de la CIDOB y desalojan por la fuerza a los técnicos y dirigentes que estaban dentro. Ingresa Melva Hurtado acompañada de la nueva directiva y en presencia de notario de fé pública, deschapan las puertas e ingresan a las oficinas. Adolfo Chávez que se encontraba de viaje, a su llegada sienta la denuncia ante la fiscalía y la policía, sin resultados. Denuncia y deja constancia que será el gobierno y el ministerio público los responsable de lo que ocurra. Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno ya tiene todo preparado para el inicio de la consulta en el TIPNIS para hoy 29 de julio de 2012. ¿Cuáles son los errores cometidos por Adolfo Chávez y su directiva?. Primero, alejarse del pacto de unidad conformado por las 5 grandes confederaciones (CSUTCB de Campesinos, CIDOB de Indígenas, CONAMAQ de Originarios, CCIB de Interculturales y CNMCIOBS de Mujeres). Segundo, romper de hecho con el “proceso de cambio” y creer que podía proyectarse como un líder capaz de enfrentar a Evo Morales. Tercero, no aceptar la consulta como un mecanismo para resolver las diferencias. Cuarto, aliarse a los partidos tradicionales creyendo que podría tener rédito político. Quinto, hacer alianza con Rubén Costas sabiendo que representa a toda la corriente anti-indígena de Santa Cruz y que está aliado a las oligarquías regionales. Como siempre ha ocurrido, la CIDOB terminará siendo aliado del gobierno, hasta que este pierda fuerza y poder y nuevamente se iniciará otro ciclo de reacomodos. Santa Cruz de la Sierra 29 de julio de 2012.

La minería en las tierras Bajas de Bolivia, por: Alicia Tejada Soruco

La historia de Bolivia nos remite a un país sometido al dominio de una de las industrias más poderosas del planeta, lesiva y denunciada con causas probatorias sobre sus permanentes violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales en todo el mundo. La poderosa industria minera realizó inversiones para introducirse como una causa histórica de los trabajadores mineros, como una causa histórica de poblaciones mineras; busca introducirse naturalmente como parte de nuestra historia y de nuestras reivindicaciones, incluso promoviendo publicaciones sobre personajes históricos como los barones del estaño, cuando en realidad lo único que ha sembrado ha sido pobreza y subordinación, es esta la historia que debemos dejar de repetir. Según la nueva CPE son fines y funciones esenciales del Estado: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.(art.3 de la CPE boliviana) Si tan solo este artículo se hubiese aplicado el año 2010 y

a la hora de convertir concesiones a autorizaciones temporales la minería en Bolivia tendría otro destino. Partimos entonces por asegurar que al hablar de la actividad minera actual estamos hablando de una actividad por lo menos inconstitucional (por no incurrir en el extremo de calificarla como anti-constitucional), puesto que ha violado más de un artículo de la CPE. ¿Qué recomendaciones se podrían incluir para la minería en las tierras bajas de Bolivia y cuáles de éstas tendrían validez si ni los actores mineros ni el Estado han cumplido con la industrialización de la minería, no han fortalecido una base productiva y tampoco se han ocupado de los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente. Cómo plantear alternativas a una tradición legislativa que situa la actividad minera con beneficios que a ninguna otra actividad o sector se otorga. Lamentablemente en Bolivia no investigamos minería para contradecirla con nuestras recomendaciones. Si hasta el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el medio Ambiente), junto a un séquito de consultores y fundaciones se han puesto en sintonía para construir el discurso de una minería políticamente correcta, ambientalmente sostenible, respetuosa de los derechos humanos y laborales, y tecnológicamente moderna. No investigamos minería para decirle que no tendrá cabida en otras espacios porque la agro industria y la empresa forestal lo han hecho tan mal que nos arrebataron los argumentos, particularmente cuando, desde tierras bajas quisiéramos dejar establecido que aquí ocurren otras verdades sobre el desarrollo sustentable y que nada podrá convencernos de abandonarlas. Ninguno de los sectores productivos ni sociales del país se ha pronunciado contundentemente rechazando la minería. ¿Cuál es el carácter del sector minero? ¿Por qué se plantea aún como la pre existencia del mismo Estado y basa en ello su preeminencia constituyendo territorios propios en los que ninguna ley les alcanza? ¿No es acaso este sector el que se vincula a dramáticos e irreversibles desastres ambientales en los ríos de Potosí, en las cuencas del Plata y hechos similares en el continente y en el mundo¿ ¿Es que acaso las poblaciones de Amazonía, Llanos y Chaco boliviano están demandando que la actividad minera se sitúe como indispensable y cuanto antes, o son los empresarios de las minas, los cooperativistas, la mediana minería y el Estado los que van a venir a plantear, como lo hacen hoy en la discusión de “su” ley que se sienten avasallados por las poblaciones humanas y que preferirían territorio exclusivos y deshabitados para disponer libremente de su capacidad destructiva incluso en “áreas circundantes”. ¿Por qué este sector busca hoy transitar hacia la licencia social con poses filantrópicas si una negativa de las poblaciones se constituiría en la “paralización del desarrollo del país” y por tanto la hace innecesaria, aun conociendo que la minería nunca propició el desarrollo de las comunidades pobres, sino que las dejó sumergidas en mayor pobreza? ¿No es acaso la licencia social un procedimiento que vincula responsabilidades de las comunidades que la otorgan mientras que las empresas que la obtienen no se vinculan a ninguna otra norma que a la suya? . Conocemos el discurso que subyace a la minería, se dirá que es el factor responsable del desarrollo del país aunque las cifras del PIB no se molesten en explicar que apenas dejan un 10% de sus exportaciones. Las transnacionales de la minería, Barrick, Anglo American, Río Tinto, MIM Holdings, Newmont, etc., apoyadas por organizaciones internacionales de financiamiento, como el Grupo del Banco Mundial, los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Australia, países de origen de los capitales de numerosas mineras, nunca estuvieron en crisis, el costo de sus pérdidas, si acaso las tienen, están calculados para ser cubiertos por los Estados de los que extraen las materias primas instaurando el extractivismo como única posibilidad. Se ha llamado “pasivos ambientales” a los efectos dramáticos e irreversibles sobre vastos ecosistemas y poblaciones, se han ideado estándares y códigos para la utilización del cianuro y otros químicos altamente contaminantes, empleados en la actividad minera. No existe en el país un solo derecho minero revertido por violación a los derechos humanos ni ambientales. La minería estatal no es diferente en cuanto a su verdad y a sus leyes y es precisamente gracias a este estatus que ha logrado permanecer su reino en Bolivia. El Estado es parte interesada en la minería, ¿cómo entonces podría legislar o proceder contra sus intereses?. A través de la COMIBOL el Estado es a su vez propietario o accionista de empresas mineras, desde el Ministerio de Minería es regulador de las políticas del sector minero, es fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y a la vez promotor de las inversiones mineras. Por ello, el Ministerio también, decide sobre tierras, agua, vía evaluaciones de impacto ambiental, sin tener facultad para este fin. Y es el mismo Estado el que decide la inversión minera. No existe ninguna institución estatal que vigile las actividades del Ministerio de Minería; que proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. La CPE establece que el Estado tiene la función de preservar los recursos naturales, fomentar su racional aprovechamiento y promover su industrialización para impulsar el desarrollo del país. ¿Cómo entonces se espera que el estado cumpla estas funciones sin proteger sus intereses y los de sus socios estratégicos en primera instancia? No tendría objeto alguno ningún estudio sobre minería si ignorásemos la percepciones de las poblaciones locales sobre esta actividad puesto que aquí no partimos preguntándonos cómo hacer viable la minería en las Tierra Bajas de Bolivia sino cómo la minería contribuiría al desarrollo de estas áreas, habida cuenta de sus inocultables antecedentes en Potosí, Oruro, Tupiza, pueblos desmantelados de toda vocación de desarrollo que no se vincule a la dependencia inequitativa e injusta de la actividad de las empresas mineras. Si nos atreviésemos a hacer un inventario de la pobreza y el desempleo que han dejado tras de sí las empresas mineras no nos referiríamos únicamente a los efectos del DS 21060. Toda la historia de la minería sería otra: Son desiertos abandonados el Complejo Sur Minero como las minas Tatasi, Telamayo, Chorolque, Ánimas, Siete Suyos. En Oruro y en La Paz Morococalla, Pasma, Machacamarca, catavi, Bolivar, Colquiri. Es muy alto el precio que pagaron miles de empleados mineros a cambio de nada. ¿Cuál ha sido el destino de los “refugiados” mineros? ¿A qué se dedican hoy?¿A qué actividades se volcaron cuando toda su vocación productiva y tierras productivas quedaron convertidas en territorios mineros abandonados y formaron para formar mapa de la pobreza en Bolivia? Nada se espera en tierras bajas como contribución de las empresas mineras. Allí donde el Estado está ausente van a otorgar regalos que nunca exceden la limpieza de un camino o la construcción de una posta sanitaria y de una escuelita de dos o tres aulas, han dicho la totalidad de nuestros entrevistados. Tampoco se espera que las cooperativas mineras, otro eslabón de la cadena de la poderosa empresa minera, con sus tintes de reivindicación social supere el gran déficit de interés por lo que al país le conviene. Son cientos los cooperativistas que ahora exigen la subordinación de comunidades y poblaciones rurales, someterse a sus reglas, incluso llegando a plantear a través de la célebre sentencia de su dirigente nacional (zapatero a tus zapatos) que ningún derecho minero debe ser otorgado a las comunidades indígenas y campesinas. Lo que tendría que ocurrir en el país es una verdadera revolución, un cambio cultural que se atreva a dar la espalda a las amañadas cooperativas mineras y a las empresas tripartitas, situando sus actividades donde corresponden: como actividades de alto riesgo para la seguridad ambiental y humana y de alto riesgo para las inversiones estatales, dada su dependencia de las fluctuaciones de los precios de minerales en el mercado internacional. No incurriré en la deshonestidad de realizar recomendaciones sobre la base de que la minería en Tierras Bajas de Bolivia y en el pre cámbrico es inevitable y signada casi divinamente como la verdad en el desarrollo del país cuando todos los datos de los que disponemos dicen lo contrario. Mis indagaciones me han inducido a recomendar, por el contrario, fuertes inversiones estatales en la industrialización de productos maderables y no maderables, en el sector, turístico-cultural y en la producción de alimentos orgánicos para los bolivianos. El sector campesino que es responsable apenas por el 18% de la seguridad alimentaria del país debe impulsarse dejando su dependencia de la cadena de la soya y de las exportaciones financiada por la agro industria, con inversiones estatales basadas en un plan estratégico para su reactivación en las Tierras Bajas de Bolivia y en todo el territorio nacional. Desde las Tierras bajas y aun desde el precámbrico deberíamos desarrollar las capacidades de un proyecto nacional que nos integre al país con nuevas posibilidades y verdades y no como la repetición de estañados discursos. Nuestras instituciones sectoriales y sociales deben atreverse a plantear un verdadero desarrollo sustentable que tome dimensiones de políticas públicas con preeminencia sobre cualquier política que no respete las vocaciones naturales de las tierras bajas. Deberíamos atrevernos a constituir enclaves multisectoriales con los campesinos, indígenas, poblaciones urbanas y rurales que lidericen una revolución cultural en la economía de Bolivia. Organizar una fuerte resistencia contra el discurso de la minería sostenible es imperativo, no hay minería sostenible ni nunca la hubo. Hay que empezar a desmantelar discursos globales financiados por las transnacionales mineras, hay que empezar a articularse a las redes sociales que se han a atrevido a echar a las mineras de sus espacios y hay que incidir en cuanto foro internacional sea posible alertando sobre la amenaza de la minería en las tierras bajas de Bolivia; amenaza contra su biodiversidad, sus suelos, sus bosques, sus cuencas hidrográficas y contra sus poblaciones rurales y urbanas.

Frente al anuncio de favorecer a chaqueadores y deforestadores

http://www.cambio.bo/agenda_presidencial/20120723/gobierno_anuncia_modificacion_de_ley_forestal_en_favor_de_los_agricultores_75857.htm Señor presidente Evo Morales Ayma: Hace tres décadas, yo tenía apenas veinte años, iniciamos la revisión de una Ley Forestal que no había garantizado la conservación de los bosques en Bolivia. En los 90 fue necesario dictar una Pausa Ecológica Histórica, en la perspectiva de reconducir el modelo de desarrollo que ya amenazaba a los bosques. Aprobar la Ley Forestal 1700, llevó casi una década. Es cierto, en ese proceso hubo grandes ausentes, como los castañeros de la Amazonía boliviana, que por fin lograron introducir en la CPE su propio régimen y como los campesinos del occidente con sus bosques andinos. La CPE introdujo algunos artículos que darían pié a una nueva legislación que permitiera resolver los vacíos que las leyes habían dejado; que la práctica nos había enseñado. Pasaban 20 años de gobiernos neo liberales y supuestamente de extractivismo…empezábamos una nueva etapa “teñida de un esperanzado tono verde”. Pero los últimos seis años, la deforestación alcanzó un ritmo de 300 mil hectáreas por año. Tenemos un acumulado de 8 millones de bosques destruidos. ¡Ocho TIPNIS completos ya han sido deforestados en Bolivia! Y resulta por demás de extraño que estos temas no se aborden desde el ejecutivo y legislativo de su gobierno. Y resulta por demás de extraño que nadie, ninguna instancia del ejecutivo de su gobierno hable de la destrucción de los bosques en Bolivia y que ninguno de los proyectos enviados a la comisión de armonización normativa de Vice Presidencia, destinado a proteger los bosques, hubiesen sido tomados en cuenta, ni en el momento más grave de los incendios cuando la ABT propuso la Ley de Emergencia. Asumiré tal responsabilidad entonces: Es mi responsabilidad informarle señor presidente que los “chaqueadores” y “deforestadores” ya se han agotado la tierra agrícola del país; que usted no debería ser el presidente que pase a la historia como el que inició formalmente las autorizaciones para ampliar la frontera agrícola hacia los bosques. No debiera ser ese presidente que condene a Bolivia a convertirse en otro Haití. Las tierras de bosques no sirven para la agricultura y no solo nos dejaran desiertos, sino drásticos cambios en el régimen de lluvias, el aire, el clima. Es cierto Presidente que el gran deforestador, en un 85% es la gran agro industria, pero le siguen las áreas de colonización y las ocupadas por asentamientos campesinos y menonita. A los campesinos y colonizadores usted ya los ha apoyado con millones de EMAPA; de financiamiento a fondo perdido y no han querido producir, Usted mismo lo ha lamentado públicamente.. Hablamos de desmontes ilegales, de violación a las normas, de debilitamiento institucional vía corrupción, chantaje y extorsión. Hablamos de un tema de corrupción que mueve millones y que pasa desapercibido para muchos cómplices. Millones de árboles han sido cortados para llenar las arcas de unos cuantos bolivianos que nunca hicieron manejo ni gestión forestal. Como nunca las investigaciones técnicas-científicas serán irrelevantes (me pregunto para qué un satélite y para qué la ciencia) si su gobierno no las va a tomar en cuenta. Cómo nunca la opción será el conflicto si es la práctica asambleísta la que se va imponer en sus decisiones. Para qué nada Sr. Presidente, para qué los estudios, las investigaciones, las propuestas, si por lo visto ni los irresponsables dirigentes de los movimientos sociales las toman en cuenta y con sus declaraciones de esta tarde, su Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, así como su Autoridad Boliviana de Bosques y tierras, se han constituido formalmente en una alegoría. Alicia Tejada Soruco

El tiempo de tod@s: El tiempo de tod@s: Minería en Las Tierras Bajas d...

El tiempo de tod@s: El tiempo de tod@s: Minería en Las Tierras Bajas d...: http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/MINERIA-en-TIERRAS-BAJAS-de-BOLIVIA-02.pdf

El tiempo de tod@s: Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia

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Minería en Las Tierras Bajas de Bolivia

Estuvo la MONSANTO detrás del derrocamiento de Lugo? Idilio Méndez denuncia

Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo. Por Idilio Méndez Grimaldi Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro. El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo. El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación. Campaña mediática Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país. La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP. Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia. El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty. En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo. Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto. Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010. Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo. En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial. Las conexiones La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción. Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra. La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio. Los hechos de Curuguaty Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo. Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní. Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos. El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner. Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación. Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno. Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011. Juicio político a Lugo En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay. Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones. Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos. Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas. El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado. Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico. Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática. Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil. Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta. Sábado 23 de junio de 2012 1- http://www.abc.com.py/edicion-impre... 2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007. 3- Censo Agropecuario Nacional 2008. 4- http://www.abc.com.py/edicion-impre...

PIEB; Minería en Tierras Bajas de Bolivia

Periódico Digital PIEB • 12-07-2012 br / El boom de la minería ha provocado en Bolivia la expansión no planificada de esta actividad a nuevas regiones, con consecuencias como la conversión de comunidades indígenas de tierras bajas al cooperativismo minero, según un estudio de la investigadora Alicia Tejada. La modalidad es de una explotación a cielo abierto, con una falta de regulación desde el Estado que está afectando al medio ambiente de la región. El estudio fue promovido por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y fue publicado recientemente con el título “Minería en tierras bajas de Bolivia”. Según sus hallazgos, actualmente el país es testigo de una nueva realidad minera que no solo se expande hacia nuevas zonas, creando nuevas regiones mineras, sino de un nuevo modelo de explotación minera que tiene como técnica principal el tajo a cielo abierto. La investigadora identificó en su estudio tres grandes categorías de producción en tierras bajas: a) de las grandes empresas y complejos, como la Empresa Paitití, que implementó un sistema laboral con estándares exigidos en su pares internacionales; b) de las asociaciones articuladas en torno a una empresa como el caso del cerro San Simón (Beni) de propiedad de Excalibur; y c) de los “bateadores” que acuden a los sitios que las empresas abandonan, por lo general a ocupar dragas sobre las orillas de los ríos. “El modelo de producción de esta nueva minería no es mejor que aquella que se desarrolla en el altiplano boliviano. Como en tiempos pasados, predominan unas cuantas grandes empresas, rodeadas de titulares de derechos a nombre de la élite local y de testaferros”, asegura la investigadora en entrevista con el Periódico Digital del PIEB. En el ámbito laboral la investigación advirtió un modo de producción de tipo neo-extractivismo, caracterizado por la participación del Estado, donde se busca “adormecer las capacidades de las comunidades para que no hagan ninguna resistencia, que no exijan consultas, y se vayan a constituir en socios”. Si bien es posible que los pueblos indígenas de estas zonas se vincularan a la explotación del oro a través de las misiones, la minería no significó antes, según Tejada, una posibilidad económica, laboral o de ingresos para mejorar sus condiciones de vida. A pesar de ese contexto y la cosmovisión de los pueblos de tierras bajas, señala la investigadora que en Guarayos se constituye la primera cooperativa minera con indígenas del lugar y la participación de la empresa privada y el Estado a través de la Corporativa Minera de Bolivia (Comibol). Varias comunidades estarían por el mismo camino. En ese marco, Tejada ve necesaria la aprobación de la nueva Ley Minera con reglamentación específica para la actividad minera en tierras bajas, donde no sólo se evidenció un impacto ambiental importante por los niveles de contaminación, sino también, el cambio de la vocación productiva de varias comunidades indígenas. La investigadora atribuye en gran parte el fenómeno al Decreto Supremo 0726, aprobado en 2010, por el cual se determina la migración de las concesiones mineras, lo cual habría generado un vacío legal en la actividad con los consecuentes riesgos ambientales y de pérdida de vocación productiva en las tierras bajas. Advierte que el proyecto de ley presentado por la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) a la Asamblea Legislativa es de alto riesgo porque propone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera, sin posibilidad del control social, ni ambiental de ningún otro actor. Minería en las provincias En un detalle de la situación actual de las provincias cruceñas, la investigadora muestra cómo el fenómeno minero es dinámico, pues en Guarayos se identificaron 21 concesiones mineras que abarcan 985 cuadrículas equivalentes a 24.625 hectáreas (has). La minería se asienta básicamente en el municipio de Ascensión, y es realizada de manera rudimentaria con dragas, que contaminan los afluentes. En la provincia Chiquitos se identificó 45 concesiones mineras que abarcan una superficie de 93.275 has. Sin embargo, las autoridades municipales y hasta originarias, no tienen conocimiento de la magnitud. En la provincia Ñuflo de Chávez se identificó a 72 concesiones mineras por una superficie total de 32.150 has. La actividad está centralizada en el municipio de San Ramón, mientras que en la provincia Bush se tienen 3.940 concesiones por una superficie territorial de 98.500 has. En el departamento de Beni, se evidenció que la provincia Iténez es la más afectada por la minería, donde operan 992 concesiones en una superficie de 24.800 has. Contacto: licytejada@gmail.com © Los artículos difundidos por el Periódico Digital PIEB pueden ser reproducidos total o parcialmente, citando la fuente.

Se aprueba en grande en Senado Ley de la Madre Tierra PROYECTO DE LEY C.S. Nº 037/2012-2013 (aprobado en grande y detalle en senadores el 21 de junio/2012) LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, D E C R E T A : LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETO, ALCANCE Y FINES (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral, y las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. (ALCANCE).- La presente Ley se constituye en norma fuente para el desarrollo de Leyes Específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos en todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley No. 031 marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra. (FINES). Son fines de la presente Ley: 1. Establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, en el marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; recuperando y fortaleciendo los saberes locales, conocimientos ancestrales, cosmovisión y las propias vivencias de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, acorde a la Constitución Política del Estado. 2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 3. Orientar las Leyes Específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para la construcción del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 4. Definir el marco institucional para impulsar y operacionalizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. CAPÍTULO II PRINCIPIOS Y DEFINICIONES (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra son: 1. Compatibilidad y Complementariedad de Derechos, Obligaciones y Deberes. Un derecho no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos: i) derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público; ii) derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas; iii) derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral; y iv) derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza; así como su articulación con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las personas. 2. No Mercantilización de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra. Las funciones ambientales y procesos naturales de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra no son considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre Tierra. 3. Integralidad. La interrelación, interdependencia y la funcionalidad de todos los aspectos y procesos sociales, culturales, ecológicos, económicos, productivos, políticos y afectivos desde las dimensiones del Vivir Bien deben ser la base del desarrollo integral, de la elaboración de las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos, así como de los procesos de planificación, gestión e inversión pública, armonizados en todos los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia. 4. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la madre tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional. 5. Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse. 6. Garantía de Regeneración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria con derechos de propiedad, uso y aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra está obligada a respetar las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 7. Responsabilidad Histórica. El Estado y la sociedad asumen la obligación de impulsar las acciones que garanticen la mitigación, reparación y restauración de los daños de magnitud a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 8. Prioridad de la Prevención. Ante la certeza de que toda actividad humana genera impactos sobre los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, se deben asumir prioritariamente las medidas necesarias de prevención y protección que limiten o mitiguen dichos impactos. 9. Participación Plural. El Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano, para la defensa de los derechos de la Madre Tierra, utilizan procedimientos consensuados y democráticos con participación amplia en sus diversas formas. 10. Agua Para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen que el uso y acceso indispensable y prioritario al agua debe satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua para consumo humano y los procesos productivos que garanticen la soberanía con seguridad alimentaria. 11. Solidaridad Entre Seres Humanos. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve acciones de desarrollo integral que priorizan a las personas de menores ingresos económicos y con mayores problemas en la satisfacción de sus necesidades materiales, sociales y espirituales y goce pleno de sus derechos fundamentales. 12. Relación Armónica. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una relación armónica, dinámica, adaptativa y equilibrada entre las necesidades del pueblo boliviano con la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra. 13. Justicia Social. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene como fin construir una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza, que significa que el pueblo boliviano en su conjunto cuenta con las capacidades, condiciones, medios e ingresos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades materiales, sociales y afectivas, en el marco del respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural para la plena realización del Vivir Bien. 14. Justicia Climática. El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países ante el cambio climático, reconoce el derecho que tiene el pueblo boliviano y sobre todo las personas más afectadas por el mismo a alcanzar su desarrollo integral en el marco del respeto a las capacidades de regeneración de la Madre Tierra. (DEFINICIONES). A los efectos de la presente Ley se entiende por: 1. Aprovechamiento. Es la utilización de los productos de los componentes de la Madre Tierra por personas individuales y colectivas para el desarrollo integral, con fines de interés público y/o comercial, autorizados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 2. Componentes de la Madre Tierra. Son los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado. 3. Desarrollo Integral. Es el proceso continuo de generación e implementación de aspectos y procesos sociales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, productivos y afectivos, así como de medidas y acciones comunitarias, ciudadanas y de gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales y afectivos culturalmente adecuados y apropiados, que promueven relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 4. Diversidad Biológica. Es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 5. Diversidad Cultural. Es la condición de heterogeneidad y pluralidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que conviven y se expresan a través de diversas dinámicas, realidades y formas de complementariedad cultural. 6. Economía comunitaria. Es el modelo económico que se constituye en la base de articulación de la economía con los derechos de la Madre Tierra ya que se sustenta en los principios de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, armonía y resiliencia. 7. Funciones Ambientales. Es el resultado de las interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar. Son ejemplos de las funciones ambientales los siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos, la polinización (provisión de polinizadores para reproducción de poblaciones de plantas y dispersión de semillas), la filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico (regulación de la dinámica de poblaciones, control de plagas y enfermedades), el reciclado de nutrientes (fijación de nitrógeno, fósforo, potasio), la formación de suelos (meteorización de rocas y acumulación de materia orgánica), la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), la provisión de belleza escénica o paisajística (paisaje). 8. Madre Tierra. Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 9. Proceso Natural. Es un proceso que existe en la naturaleza o es producido por "la acción de las fuerzas naturales", pero no así por la acción o intervención de los seres humanos 10. Restauración. Es el proceso planificado de modificación intencional de una zona de vida o sistema de vida alterado con el objetivo de restablecer la diversidad de sus componentes, procesos, ciclos, relaciones e interacciones y su dinámica, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, en un tiempo definido. El sistema resultante debe ser auto sustentable en términos ecológicos, sociales, culturales y económicos. 11. Regeneración. Es la capacidad de una zona de vida o sistema de vida de la Madre Tierra para absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad inicial. 12. Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación. 13. Sociedad Justa, Equitativa y Solidaria. Es una sociedad donde todas las personas cuentan con las capacidades, condiciones, medios e ingresos suficientes, para satisfacer sus necesidades materiales, sociales y afectivas y gozar de sus derechos fundamentales, sin diferencias de clases sociales y sin pobreza de ninguna naturaleza. 14. Uso. Es la utilización de los componentes de la Madre Tierra por parte del pueblo boliviano de manera sustentable con fines no comerciales y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 15. Vínculos Edificantes. Son los procesos y dinámicas positivas colectivas y comunitarias que sientan las bases para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria en el marco de la justicia social y climática. 16. Vivir Bien (Suma Qamaña, Sumaj Kawsay, Yaiko Kavi Päve). Es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo. 17. Zonas de Vida. Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.   TITULO II VISION DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA PARA VIVIR BIEN CAPITULO I DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN (REALIZACION DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN). I. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene como fin y función principal la búsqueda y el logro del paradigma del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. II. La realización del desarrollo integral está basada en la compatibilidad y complementariedad de los siguientes derechos: derechos de la Madre Tierra; como sujeto colectivo de interés público derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas; derechos fundamentales, civiles, políticos sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien, a través de su desarrollo integral; y el derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza; así como con las obligaciones del Estado y los deberes de la sociedad y las personas. (CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD JUSTA, EQUITATIVA Y SOLIDARIA). El Estado Plurinacional de Bolivia está orientado a la búsqueda del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural del pueblo boliviano. CAPITULO II DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES (DERECHOS). El desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra debe ser realizado de manera complementaria, compatible e interdependiente de los siguientes derechos: 1. Derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés público como la interacción armónica y en equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, en el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas, sociales y ecológicas de las personas y sociedad con la Madre Tierra están limitadas por la capacidad de regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra. 2. Derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 3. Derechos fundamentales, civiles, políticos sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral, satisfaciendo las necesidades de las sociedades y personas en el marco de las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, productivas, ecológicas y afectivas. 4. Derecho de la población rural y urbana a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza, en el marco del goce pleno de sus derechos fundamentales. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de: 1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra y la presente Ley. 2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. 3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 4. Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible y complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Promover la industrialización de los componentes de la Madre Tierra en el marco del respeto y protección de las zonas y sistemas de vida, y de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 7. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación. (DEBERES DE LA SOCIEDAD Y LAS PERSONAS). Las personas de forma individual y colectiva tienen el deber de: Asumir conductas individuales y colectivas para avanzar en el cumplimiento de los principios y objetivos de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra en el marco de la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra. Participar en la priorización de sus necesidades para la creación de las condiciones necesarias para su desarrollo integral en concordancia con los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y el Sistema de Planificación Integral del Estado. Promover de forma sostenida y permanente procesos de desmercantilización de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, a momento de obtener la autorización, el permiso o el derecho de aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, cuando se trate de actividades de alto riesgo para la Madre Tierra y las zonas de vida, deberá entregar garantías para asegurar el financiamiento de la restauración de daños, conforme a Ley específica. El responsable directo del daño ocasionado a los componentes o zonas de vida de la Madre Tierra está obligado a restaurar integralmente el mismo, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, sea directamente o por medio del Estado, cuando corresponda. El Estado Plurinacional de Bolivia a su vez exigirá la devolución de lo erogado al responsable directo, conforme a Ley específica. CAPITULO III OBJETIVOS DEL DESARROLLO INTEGRAL (OBJETIVOS). En el marco del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien se establecen los siguientes objetivos estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria: 1. Saber alimentarse para Vivir Bien. 2. Promover hábitos de consumo sustentables. 3. Establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneración de la Madre Tierra, en función del interés colectivo. 4. Conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de un manejo integral y sustentable. 5. Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo boliviano. 6. Orientar la inversión y distribución de la riqueza con justicia social. 7. Facilitar el acceso equitativo a los componentes de la Madre Tierra. 8. Democratizar el acceso a los medios y factores de producción. 9. Promover fuentes de empleo digno en el marco del desarrollo integral. 10. Facilitar el acceso universal del pueblo boliviano a la educación y salud. CAPITULO IV ALCANCES DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO INTEGRAL (OBJETIVO: SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá la realización del derecho a la alimentación con soberanía y seguridad alimentaria, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Desarrollo de acciones estatales para el fortalecimiento de los sistemas económicos, productivos, sociales, culturales, políticos y ecológicos de las poblaciones con mayores problemas en la realización del Saber Alimentarse para Vivir Bien en el marco de la reconstitución integral de sus capacidades. 2. Desarrollo de procesos y acciones integrales en el marco del respeto y agradecimiento a la Madre Tierra, priorizando: el acceso a la tierra y territorio con agua y buena producción; el manejo y el control de los riesgos ambientales, climáticos y la contaminación; la producción, transformación y comercialización de una diversidad de productos ecológicos y orgánicos; la alimentación en familia y en comunidad revalorizando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales y colectivos y la educación para la alimentación; un crecimiento sano de las personas; y más y mejor empleo e ingresos para el pueblo boliviano. 3. Avances progresivos del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a sus capacidades para garantizar el acceso a alimentos para las poblaciones que no pueden conseguirlos por sí mismos en su vida diaria. 4. Reconocimiento y fomento a la diversificación de la producción, la diversidad de los productos en los mercados y en la dieta alimentaria, la protección a las variedades locales y nativas, así como el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 5. Acciones para evitar la mercantilización de los recursos genéticos, la privatización del agua, la biopiratería y el traslado ilegal de material genético, así como la participación de monopolios y/o oligopolios en la producción y comercialización de semillas y alimentos. 6. Priorización del abastecimiento interno con producción nacional, fomento del comercio justo y solidario de productos agropecuarios y provenientes del bosque, así como de la formulación de políticas comerciales que beneficien al pequeño productor y a la economía comunitaria. 7. Protección de la población de la malnutrición con énfasis en el control de la comercialización de alimentos que dañan la salud humana. 8. Sanciones a la especulación financiera basada en la producción y comercialización de alimentos. 9. Establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales para la producción, acceso y consumo de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecológicos y culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis en las áreas urbanas. 10. Revalorización y fortalecimiento de los sistemas de vida de los pequeños productores, de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, cooperativas y otros sistemas asociativos, a través del manejo sustentable de su biodiversidad y del respeto, revalorización y reafirmación de sus saberes en el marco de la diversidad cultural. 11. Desarrollo de procesos de educación alimentaria y nutricional, promoción de micronutrientes y alimentos biofortificados. 12. Planificación estratégica alimentaria participativa desde la sociedad civil organizada, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, y asociaciones de los actores productivos de la economía plural, sobre la base de la vocación y potencial productivo de las zonas de vida y en el marco de estrategias, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario, agroforestal y piscícola integral y sustentable. (OBJETIVO: PROMOVER HABITOS DE CONSUMO SUSTENTABLES). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia impulsará un cambio gradual hacia el establecimiento de hábitos de consumo sustentables del pueblo boliviano, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Acciones para fortalecer hábitos de consumo sustentables que se basan en las relaciones de complementariedad entre los seres humanos con la Madre Tierra y están limitados por las capacidades de regeneración de sus componentes y sistemas de vida. 2. Acciones para promover que el uso de bienes y servicios que responden a satisfacer las necesidades básicas del pueblo boliviano minimicen el aprovechamiento desmedido de los componentes de la Madre Tierra, el empleo de materiales tóxicos, y las emisiones de desperdicios y contaminantes. 3. Promoción y fortalecimiento de conductas individuales y colectivas que valoren el consumo de los alimentos ecológicos nacionales, el uso racional de energía, la conservación del agua, la reducción del consumismo y el reciclaje. 4. Desarrollo de acciones informativas y educativas para reforzar los valores, toma de decisiones y comportamiento del pueblo boliviano hacia un consumo informado y responsable que evalúa los beneficios culturales, ambientales, sociales y económicos de las actividades productivas y la utilización sustentable de los componentes de la Madre Tierra. (OBJETIVO: ESTABLECER PROCESOS DE PRODUCCION NO CONTAMINANTES Y QUE RESPETAN LA CAPACIDAD DE REGENERACION DE LA MADRE TIERRA). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia impulsará de forma progresiva y de acuerdo a las circunstancias locales la creación y fortalecimiento de patrones de producción más sustentables, limpios y que contribuyan a una mayor calidad ambiental, mediante: 1. Impulso al uso y aprovechamiento de los componentes renovables de la Madre Tierra de acuerdo a su capacidad de regeneración y a la capacidad de las zonas de vida de asimilar daños, reconociendo que las relaciones económicas están limitadas por la capacidad de regeneración que tiene la Madre Tierra y sus zonas de vida, en función del interés colectivo para Vivir Bien. 2. Transformación progresiva de la matriz energética del país hacia fuentes renovables y más limpias. 3. Acciones para promover el incremento progresivo de la eficiencia en el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes no renovables de la Madre Tierra y para que los procesos vinculados a actividades extractivas e industriales utilicen las mejores tecnologías disponibles para prevenir, mitigar y remediar los daños causados y para restaurar los componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra. 4. Fortalecimiento de sistemas productivos compatibles con la vocación productiva de las zonas y sistemas de vida en los procesos de satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano. 5. La maximización de la eficiencia energética en los procesos productivos y la toma de decisiones y acciones que eviten daños irreversibles a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Desarrollo de procesos productivos agropecuarios que garanticen una mayor productividad, la capacidad de regeneración de la Madre Tierra, el respeto a las zonas y sistemas de vida de las diferentes regiones y la prioridad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 7. Acciones para sustituir gradualmente y limitar la utilización de tecnologías degradantes y compuestos químicos tóxicos que puedan ser reemplazados con otras alternativas equivalentes ecológicamente mejores. 8. Acciones para evitar la monoproducción que deteriora las prácticas productivas locales y facilita la degradación de los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra. 9. Establecimiento de mecanismos para que las personas individuales y colectivas, públicas o privadas, responsables de la contaminación y/o daño a los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra realicen las acciones necesarias para la efectiva restauración o rehabilitación de los mismos, así como la mitigación de los daños. (OBJETIVO: CONSERVAR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA DE LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE UN MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Generación de condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra en el marco de sistemas de vida sustentables que desarrollen integralmente los aspectos sociales, ecológicos, culturales y económicos del pueblo boliviano tomando en cuenta los saberes y conocimientos de cada nación y pueblo indígena originario campesino, comunidad intercultural y afroboliviana, en el marco de la consulta previa, libre e informada. 2. Planificación y regulación de la ocupación territorial y el uso de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a las vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de vida, las tendencias del cambio climático y los escenarios deseados por la población en el marco del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 3. Acciones para garantizar el aprovechamiento sustentable de la tierra y territorios, bajo cualquier forma de propiedad, incorporando criterios sociales, productivos, ecológicos y de sostenimiento de la capacidad de regeneración de la Madre Tierra en la función social y función económica social. 4. Fomento, control y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas. 5. La gestión, uso y aprovechamiento de los componentes renovables de la Madre Tierra debe garantizar que la velocidad de reposición de dichos componentes sea igual o mayor a su velocidad de agotamiento. 6. Reconocimiento, respeto y promoción de la gestión territorial integral y sustentable de los componentes de la Madre Tierra que se encuentran en los territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, en el marco de la recuperación y uso de las normas, procedimientos, prácticas, saberes y conocimientos tradicionales propios y de las normas del Estado Plurinacional de Bolivia. 7. Fortalecimiento de las prácticas productivas locales para el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, fortaleciendo los medios de vida, capacidades organizacionales y habilidades de las poblaciones locales en el marco del manejo múltiple y diversificado de las zonas de vida. 8. Disponer recursos económicos para programas de restauración o rehabilitación de los componentes o zonas de vida dañados, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los causantes del daño y de la exigencia del Estado Plurinacional de Bolivia del desembolso de los costos emergentes de las medidas de restauración. 9. La integridad de las zonas y sistemas de vida debe ser asegurada mediante el control y monitoreo participativo por parte del Estado Plurinacional de Bolivia en todos los niveles territoriales y de forma complementaria con los actores productivos y las comunidades locales; bajo parámetros y lineamientos emitidos por el nivel central del Estado de acuerdo a la establecido en la Constitución Política del Estado. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas desarrollarán estos procesos en sus territorios, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios conforme a Ley. (OBJETIVO: PREVENIR Y DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DEL PUEBLO BOLIVIANO). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá acciones para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo boliviano ante los desastres naturales e impactos del cambio climático, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Incorporación del enfoque de prevención, gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático en el Sistema de Planificación Integral del Estado. 2. Acciones de gestión de riesgo en el sector agropecuario para prevenir la disminución de las capacidades de producción alimentaria del país en el marco de la soberanía y seguridad alimentaria con énfasis en la población y regiones más vulnerables. 3. Integración del enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los programas y proyectos de desarrollo del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, fortaleciendo las capacidades institucionales y mejorando los procesos de coordinación entre las entidades competentes en la planificación, gestión y ejecución de intervenciones en esta materia en el marco de sus competencias. 4. Desarrollo de redes de información climática, alerta temprana y estrategias de información y difusión para la prevención de los desastres naturales, con la incorporación de medios de comunicación en acciones de sensibilización de la población y con énfasis en el sector agropecuario y el cambio climático. 5. Fortalecimiento de los procesos de gestión territorial en las entidades territoriales autónomas y en los territorios, bajo cualquier forma de propiedad, con un enfoque de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático. 6. Articulación entre entidades públicas, privadas, sector académico y organizaciones sociales para desarrollar procesos de investigación, información, planificación y ejecución de intervenciones en la gestión del riesgo de desastres con un enfoque de adaptación al cambio climático. (OBJETIVO: ORIENTAR LA INVERSION Y DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA DEL ESTADO CON JUSTICIA SOCIAL). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia creará condiciones para que la distribución de la riqueza generada por los sectores estratégicos de la economía, basados en el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales renovables y no renovables, tenga un impacto directo en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria sin pobreza, mediante los siguientes criterios principales: 1. Potenciamiento productivo de las diferentes formas de la economía plural con énfasis en los pequeños productores y en la economía comunitaria. 2. Establecimiento de equilibrios en la distribución de la riqueza en base a las necesidades de las regiones y a la reducción de las desigualdades socioeconómicas regionales. 3. Prioridad en la inversión de la riqueza de forma inversamente proporcional a la concentración de servicios financieros y no financieros. 4. Reducción de las vulnerabilidades regionales que resultan del impacto del cambio climático en el pueblo boliviano y en las zonas de vida del país. 5. La participación del Estado Plurinacional de Bolivia como actor económico productivo estratégico, regulador, dinamizador de las relaciones económicas y redistribuidor del excedente entre las distintas formas de organización de la economía plural. (OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO A LOS COMPONENTES DE LA MADRE TIERRA). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia facilitará la reducción de las diferencias con relación al acceso del pueblo boliviano a la tierra, agua, bosques, biodiversidad y otros componentes de la Madre Tierra así, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Acciones para que la distribución de los componentes de la Madre Tierra responda a la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza. 2. Eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes de la Madre Tierra en manos de propietarios agrarios y empresas para que se logre una mayor equidad en el acceso a los beneficios de la Madre Tierra, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la economía comunitaria. 3. Regulación y control de la extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra. 4. Establecimiento de condiciones equitativas en el acceso al agua para consumo, riego y uso industrial en el marco de la gestión integral de cuencas y recursos hídricos. (OBJETIVO: DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LOS MEDIOS Y FACTORES DE PRODUCCION). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá un mayor acceso y control del Estado y del pueblo boliviano a los medios y factores de producción para mejorar su capacidad de producción, agregación de valor y comercialización, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Potenciamiento del sistema productivo estatal y comunitario, en el marco de la economía plural, para la generación y diversificación de la riqueza productiva. 2. El acceso equitativo a los medios y factores de producción para el pueblo boliviano, promoviendo formas comunitarias y colectivas de producción, urbanas y rurales, con impulso a los procesos productivos sustentables, diversificación y agregación de valor. 3. La ampliación y acceso expedito por parte del pueblo boliviano a mercados, servicios de asistencia técnica, procesos de innovación y desarrollo técnico y tecnológico que desarrollen y fortalezcan emprendimientos productivos y de servicios. 4. Desarrollo de complejos productivos, en el marco de la economía plural, promoviendo encadenamientos productivos entre sectores y regiones que dinamicen economías locales e iniciativas vinculadas a la micro, pequeña, mediana empresa y economía comunitaria, involucrando con prioridad a los sectores agropecuario, artesanal, industrial y de servicios. 5. Profundización de la democratización y diversificación del sistema financiero priorizando el desarrollo del sector productivo y la demanda de las productoras y los productores históricamente excluidos, así como la soberanía y seguridad alimentaria, con un enfoque de género y de sustentabilidad. 6. Promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional con características de solidaridad y fomento, con tasas de interés, garantías, plazos y otras condiciones de financiamiento convenientes y acordes al ciclo de producción de los sectores productivos. 7. Orientación y apoyo a la transformación, diversificación y crecimiento de la matriz productiva a partir de la otorgación de financiamiento en articulación con servicios no financieros que respondan a las necesidades y características de los productores. 8. Implementación de una política fiscal, tributaria y arancelaria que contribuya a la formalización de las iniciativas productivas. (OBJETIVO: PROMOVER FUENTES DE EMPLEO DIGNO EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia impulsará la creación, consolidación y fortalecimiento de más y mejor empleo digno para el pueblo boliviano, mediante los siguientes aspectos principales: 1. Promoción de empleo a través del incentivo a una economía diversificada en el marco de la economía plural, democratización del acceso a los medios y factores de producción, y fortalecimiento del desarrollo productivo de la micro, pequeña, mediana empresa y economía comunitaria. 2. Institucionalización de un servicio público de empleo de alcance plurinacional para contribuir a la inserción laboral de los trabajadores. 3. Desarrollo de procesos de certificación de competencias laborales y capacitación de mano de obra calificada. 4. Acciones para apoyar en el ámbito plurinacional a los procesos de inserción de las y los jóvenes a los mercados laborales permitiéndoles acceder a fuentes de trabajo de carácter estable. (OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO UNIVERSAL DEL PUEBLO BOLIVIANO A LA EDUCACION Y SALUD). Por el que el Estado Plurinacional de Bolivia fortalecerá las condiciones básicas para una vida integral y sana de las personas y de la sociedad así como de una educación relacionada con las necesidades del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en el marco de la Ley No. 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. TITULO III BASES Y ORIENTACIONES DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA PARA VIVIR BIEN CAPITULO I BASES Y ORIENTACIONES DEL DESARROLLO INTEGRAL (CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en conservación de la diversidad biológica y cultural, incluyendo áreas protegidas, son: 1. Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de uso, aprovechamiento, protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, de acuerdo a las características de cada sistema de vida. 2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la evaluación de riesgos para la biodiversidad, la salud humana y los sistemas de vida, inherentes a la introducción de especies exóticas invasoras, productos agrícolas y otros. 3. Establecer e implementar políticas, planes programas y proyectos para el mantenimiento del patrimonio genético y la diversidad de recursos genéticos existente en el país y los conocimientos ancestrales asociados a éstos, así como el desarrollo de su conocimiento para la soberanía con seguridad alimentaria, velando por la propiedad intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia y de los pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 4. Promover la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del país y áreas con alto valor de conservación, en el marco del manejo integral de cuencas. 5. Respeto a la clasificación de las zonas y sistemas de vida y cumplimiento estricto de la aptitud de uso del suelo por parte del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y propietarios agrarios y comunitarios. 6. Fortalecer y promover el Sistema de Áreas Protegidas nacional, departamental, y municipal definidos en la Constitución Política del Estado como uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra. Las Áreas Protegidas y otras áreas de conservación, están sujetas a Ley específica. (AGRICULTURA Y GANADERÍA). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en agricultura y ganadería son: 1. Encarar la revolución productiva comunitaria agropecuaria, estableciendo como objetivo fundamental el logro de la soberanía con seguridad alimentaria. 2. Maximizar la eficiencia productiva para minimizar el avance de la frontera agrícola, la afectación irreversible a las zonas de vida, y el uso y aprovechamiento de otros componentes de la Madre Tierra. 3. Establecer los límites máximos de uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona y sistema de vida. 4. Desarrollar políticas de gestión armónica, adecuada, responsable y participativa de la producción agropecuaria de acuerdo a las características y la vocación regional de cada sistema de vida. 5. Priorizar e incentivar la agricultura, ganadería familiar comunitaria y la agroecología, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena originario campesino y comunidad intercultural y afroboliviana, con un carácter diversificado, rotativo, y ecológico, para la soberanía con seguridad alimentaria, buscando el diálogo de saberes entre el conocimiento científico occidental y la sabiduría de las naciones indígenas originarias. 6. Promover e incentivar la agricultura y ganadería empresarial siempre y cuando incorporen tecnologías y prácticas que garantizan la capacidad de regeneración de las zonas y sistemas de vida, el incremento de la productividad de carácter diversificado y ecológico, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 7. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a norma específica, excepto de aquellas que a la promulgación de la presente Ley cuenten con autorización. 8. Desarrollar acciones para la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país previo a la promulgación a la presente Ley en un plazo a ser determinado en norma específica. 9. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación. 10. Desarrollar sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna así como un sistema de regulación de la producción y comercialización de los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo y generación de reservas. 11. Prohibir la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria. 12. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y capacitación. 13. Regular el uso de plaguicidas y otros insumos agropecuarios que causan daño y a la salud humana. 14. Promover e incentivar la agricultura urbana y periurbana en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para el consumo familiar. 15. Fortalecer las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, comercialización y financiamiento de las comunidades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales. 16. Identificar, actualizar, clasificar y delimitar la superficie agrícola total en base a la vocación de uso de suelo para promover mayor productividad de las actividades agropecuarias, evitando la ampliación de la frontera agrícola en el marco de la soberanía con seguridad alimentaria. (BOSQUES). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en bosques son: 1. Realizar un manejo integral y sustentable de los bosques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de acuerdo a las zonas y sistemas de vida como condición para la preservación de derechos de uso y aprovechamiento. 2. Identificar, actualizar y clasificar la superficie boscosa total y las funciones del bosque para el uso y aprovechamiento planificado de los productos maderables y no maderables y la protección de los bosques primarios. 3. Desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas de vida, incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de vida. 4. Prohibir de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de proyectos de interés nacional y utilidad pública. (MINERÍA E HIDROCARBUROS). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en minería e hidrocarburos son: 1. Las actividades de exploración, explotación, refinación, transformación, industrialización, transporte y comercialización de recursos mineros e hidrocarburíferos serán realizadas de forma progresiva, según corresponda con las tecnologías más adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales. 2. Los procesos productivos mineros e hidrocarburíferos se desarrollarán en el marco de instrumentos específicos de regulación y gestión de los sistemas de vida, mismos que estarán sujetos a procesos de monitoreo técnico integral recurrente e interinstitucional y auditorías de sistemas de vida con participación de la población afectada por éstos procesos productivos. Cuando los mismos se desarrollen en territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, la participación en dicha auditoría se realizará en el marco de sus normas y procedimientos propios conforme a Ley. 3. Desarrollar procesos de industrialización en minería e hidrocarburos que han cumplido los requisitos con el Estado y que garanticen el sostenimiento de las capacidades de regeneración de las zonas y sistemas de vida. 4. Establecer medidas para que las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, o cooperativas que desarrollen actividades obras o proyectos mineros e hidrocarburiferos, realicen procesos de restauración de las zonas de vida y mitigación de daños. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estos procesos conjuntamente con las entidades competentes del Estado Plurinacional. 5. Establecer medidas para que las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, o cooperativas mineras e hidrocarburíferas, que ocasionen daños irreversibles a los componentes de la Madre Tierra sean sujetos a responsabilidades de acuerdo a Ley Específica. 6. Toda forma de aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra no metálicos, salmueras, evaporíticos y otros existentes, deben realizarse bajo procesos de extracción y transformación en el marco de la armonía y equilibrio con la Madre Tierra. (AGUA). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en agua son: 1. Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 2. Toda actividad industrial y extractiva, que implique el aprovechamiento del agua según corresponda, debe implementar, entre otros, dinámicas extractivas y de transformación adecuadas que incluyen plantas y/o procesos de tratamiento que minimicen los efectos de la contaminación, así como la regulación de la descarga de desechos tóxicos a las fuentes de agua. Los pequeños productores mineros, cooperativas mineras y empresas comunitarias, desarrollarán estas acciones conjuntamente con el Estado Plurinacional. 3. El agua en todos su ciclos hídricos y estados, superficiales y subterráneos, así como sus servicios, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni ser mercantilizados. El acceso al agua estará sujeto a un régimen de licencia, registros y autorizaciones conforme a Ley del Agua específica. 4. Regular, proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el consumo humano. 5. Regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de la calidad de agua. 6. Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas. 7. Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando el uso del agua para la vida. 8. Promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, considerados recursos estratégicos por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, para el desarrollo y la soberanía boliviana. 9. Regular y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, bajo parámetros y lineamientos emitidos por el nivel central del Estado Plurinacional de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, destinadas a garantizar la soberanía con seguridad alimentaria y los servicios básicos y la conservación de los sistemas de vida, en el marco de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, conforme a Ley. 10. Desarrollar planes de gestión integral de las aguas en beneficio del pueblo y resguardar de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración y salud de los pueblos. 11. Adoptar y desarrollar prácticas y nuevas tecnologías para el uso eficiente, la captación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua. 12. Desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados por el cambio climático, la ampliación de la frontera agrícola o los asentamientos humanos no planificados y otros. 13. El aprovechamiento del agua para consumo industrial estará sujeto a una regulación específica a ser determinada por la Autoridad Nacional Competente, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, cuyos beneficios, cuando corresponda, serán invertidos en proyectos locales de desarrollo integral. (TIERRA Y TERRITORIO). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en tierra y territorio son: 1. En concordancia con en el Articulo 94 de la Ley No. 031 marco de Autonomías y Descentralización ¨Andres Ibáñez¨, el ordenamiento territorial debe integrar la gestión integral de los sistemas de vida en equilibrio y armonía y equilibrio con la Madre Tierra, respetando la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, cuando corresponda. 2. Las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas que no las posean, garantizando su uso y aprovechamiento de acuerdo a las características de las zonas y sistemas de vida, según Ley de Tierra y Territorio específica. 3. El Estado reconoce la integridad y unidad de los territorios indígenas originarios campesinos y garantiza el ejercicio pleno de los derechos de la totalidad de naciones y pueblos que coexisten en un territorio indígena originario campesino. 4. Establecimiento de instrumentos institucionales, técnicos y jurídicos para verificar que el uso de la tierra y territorios se ajuste a las características de las zonas y sistemas de vida, incluyendo la vocación de uso y aprovechamiento, condiciones para la continuidad de los ciclos de vida y necesidades de restauración. 5. Planificación del desarrollo integral incorporando el manejo integral de cuencas en la gestión de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Promover procesos de gestión territorial en las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. (AIRE Y CALIDAD AMBIENTAL). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en aire y calidad ambiental son: 1. Implementar medidas de control, prevención y mitigación para garantizar el aire limpio. 2. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación atmosférica por quemas, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de aerosoles que afectan negativamente la capa de ozono y efectos del ruido y otros contaminantes atmosféricos para todos los sectores y actividades públicas y privadas a fin de preservar y mantener a la salud y el bienestar de la población. 3. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación electromagnética. 4. Regular, monitorear y fiscalizar la contaminación que resulta de las actividades extractivas y de la industria. 5. Establecer políticas para la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. (ENERGÍA). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en energía son: 1. Establecer la política energética y las medidas para lograr el cambio gradual de la matriz energética proveniente de recursos naturales no renovables a través de la sustitución paulatina de combustibles líquidos por gas natural, así como el incremento gradual de las energías renovables en sustitución de las provenientes de recursos no renovables. 2. Garantizar que se incorpore al Sistema Interconectado Nacional (SIN) un porcentaje de generación de energía proveniente de fuentes de energías alternativas renovables, mismo que será incrementado gradualmente de forma sostenida. 3. Desarrollar, planes y programas de generación de energías alternativas renovables e incentivos para la producción y uso doméstico, priorizando las energías solar y eólica y las micro centrales hidroeléctricas y el ahorro energético nacional. 4. Promover la implementación de tecnologías y prácticas que garanticen la mayor eficiencia en la producción y uso de energía en armonía y equilibrio con los sistemas de vida y la Madre Tierra, de acuerdo a Ley específica. 5. Desarrollar políticas de importación, producción y comercialización de tecnologías, equipos y productos de eficiente consumo energético. (GESTIÓN DE RESIDUOS). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en gestión de residuos son: 1. Promover la transformación de los patrones de producción y hábitos de consumo en el país y la recuperación y reutilización de los materiales y energías contenidos en los residuos, bajo un enfoque de gestión cíclica de los mismos. 2. Desarrollar mecanismos institucionales, técnicos y legales de prevención, disminución y reducción de la generación de los residuos, su utilización, reciclaje tratamiento, disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco del Artículo 299 parágrafo II numerales 8 y 9 de la Constitución Política del Estado. 3. Garantizar el manejo y tratamiento de residuos de acuerdo a Ley especifica. 4. Desarrollar acciones educativas sobre la gestión de residuos en sus diferentes actividades para la concienciación de la población boliviana. (CAMBIO CLIMÁTICO). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en cambio climático son: 1. Establecer políticas, estrategias, planes, mecanismos organizativos, institucionales, técnicos y legales para la mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo de medidas de respuesta efectivas a sus impactos en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 2. Desarrollar capacidades institucionales y técnicas para el monitoreo, modelación y pronósticos de escenarios para la planificación y toma de decisiones sobre cambio climático en el largo plazo. 3. Promover la recuperación y aplicación de prácticas, tecnologías, saberes y conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas para el desarrollo de medidas de respuesta efectivas a los impactos del cambio climático en armonía y equilibrio con los sistemas de vida, priorizando la soberanía y seguridad alimentaria de los bolivianos. 4. Desarrollar y mejorar la capacidad de prevención y gestión de riesgos ante eventos climáticos extremos, con énfasis en las regiones con sistemas de vida más vulnerables al riesgo del cambio climático. 5. Todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono. 6. El Estado impulsará que los recursos financieros de los fondos orientados al cambio climático estén destinados al manejo integral y sustentable de todos los componentes de la Madre Tierra promoviendo la capacidad de sostenimiento y adaptación de los sistemas de vida. (EDUCACION INTRACULTURAL E INTERCULTURAL, DIALOGO DE CONOCIMIENTOS Y SABERES). Las bases y orientaciones del desarrollo integral en educación intracultural e intercultural y en el diálogo de conocimientos y saberes son: 1. Desarrollar políticas para la revalorización, protección y aplicación de conocimientos ancestrales colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, relacionados con la capacidad de regeneración de la Madre Tierra y el uso de la biodiversidad. Estos conocimientos se utilizarán en beneficio de todo el pueblo boliviano, previa consulta con la nación, pueblo y comunidad correspondiente y respetando sus derechos colectivos de propiedad intelectual sobre dichos conocimientos ancestrales. 2. Desarrollar y aplicar políticas destinadas a fomentar y promocionar la investigación participativa revalorizadora a partir del diálogo de saberes entre la ciencia occidental moderna y las ciencias de las naciones indígena originario campesinas. 3. Incorporar la concepción de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en el Sistema Educativo Plurinacional de acuerdo a la Ley No. 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” y la presente Ley. 4. Fomentar e incentivar el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales relacionadas con la conservación y protección del medioambiente, la biodiversidad y el territorio en el marco del enfoque de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. TÍTULO IV PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA CAPÍTULO I PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA (PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS). Son encargadas de proteger los derechos de la Madre Tierra sus sistemas de vida y sus componentes, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a sus competencias. (PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA). El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles, deberá elaborar normas específicas y prever instancias técnico-administrativas sancionatorias por actos u omisiones que contravengan a la presente Ley. (PROTECCIÓN JURISDICCIONAL). Los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, son protegidos y defendidos ante la jurisdicción Ordinaria, la jurisdicción Agroambiental y la jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial y Leyes Específicas, en el ámbito de sus competencias. (OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN). Con el fin de garantizar la protección de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, toda persona, autoridad pública o autoridad indígena originaria campesina y organizaciones de la sociedad civil, tienen la obligación de cooperar con la autoridad jurisdiccional competente cuando ésta lo requiera de acuerdo a procedimientos. (CARÁCTER DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS). La vulneración de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, constituye una vulneración del derecho público y los derechos colectivos. CAPITULO II GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA (SUJETOS ACTIVOS O LEGITIMADOS). I. Están obligados a activar las instancias administrativas y/o jurisdiccionales, con el objeto de exigir la protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las siguientes entidades según corresponda: a) Las autoridades públicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias. b) El Ministerio Público. c) La Defensoría de la Madre Tierra. d) Tribunal Agroambiental II. Así mismo, podrán hacerlo las personas individuales o colectivas, directamente afectadas. III. Cualquier persona individual o colectiva, que conozca la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, tiene el deber de denunciar éste hecho ante las autoridades competentes. (UNIFICACIÓN DE LA DENUNCIA O ACCION). Iniciada una denuncia o acción por alguno de los sujetos señalados en el Artículo anterior, no se podrá interponer otras denuncias o acciones por el mismo hecho, esto no impide que los demás puedan intervenir como terceros interesados. (RESPONSABILIDADES POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS). I. De la vulneración a los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, pueden emerger responsabilidades administrativas y jurisdiccionales, conforme a Ley. II. Las responsabilidades son independientes entre sí, no pudiendo alegarse doble sanción por el mismo hecho. (TIPOS DE RESPONSABILIDADES POR EL DAÑO CAUSADO). Los tipos de responsabilidad por el daño causado a los derechos de la Madre Tierra serán regulados por Ley específica. (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA). Cuando en la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, no sea posible determinar la medida del daño de cada responsable, en el ámbito civil y/o administrativo, se aplicará la responsabilidad solidaria así como el derecho de repetición cuando se determine la medida específica del daño de cada uno, de acuerdo a Ley específica. (SANCIÓN PENAL). I. En la tipificación de los delitos relacionados con la Madre Tierra, no habrá pena que dé lugar a la libertad provisional o al beneficio de la suspensión condicional de la pena. El reincidente será sancionado con la agravación de un tercio de la pena más grave. II. Los delitos relacionados con la Madre Tierra son imprescriptibles. TÍTULO V POLITICAS PÚBLICAS, INSTRUMENTOS E INSTITUCIONALIDAD DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA PARA VIVIR BIEN CAPITULO I POLITICAS E INVERSION PÚBLICA EN EL MARCO DE LA COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES (POLITICAS). Las políticas orientadas al desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien deben considerar lo siguiente: 1. Las políticas públicas deben ser dignificantes y humanamente transformadoras para garantizar el Vivir Bien del pueblo boliviano en el marco de sus propias visiones bioculturales. 2. Las políticas y la gestión pública deben ser desarrolladas e implementadas considerando procesos de intra e interculturalidad, descolonización y despatriarcalización. 3. Las políticas públicas y los procesos de planificación y gestión pública deben considerar la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien así como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos ancestrales, establecidos en la presente Ley. 4. Las políticas públicas deben estar orientadas a satisfacer los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y la atención de las necesidades del pueblo boliviano, garantizando el sostenimiento de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 5. Las políticas públicas deben estar sujetas al control social en cumplimiento a lo definido en la Constitución Política del Estado. (INVERSION PÚBLICA). La inversión pública estará orientada al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en el marco de los instrumentos de planificación integral y participativa y de gestión pública intercultural del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. (COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE DERECHOS). La compatibilización y complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes para el alcance de los objetivos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien será establecida en los instrumentos de planificación integral y participativa y de gestión pública intercultural, de acuerdo a norma específica. CAPITULO II INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION PUBLICA INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (ORDENAMIENTO DE ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA). La Autoridad Nacional Competente en coordinación con las instancias sectoriales, elaborará un Ordenamiento con base a los conceptos de Zonas y Sistemas de Vida, y éste se constituirá en una de las bases fundamentales para la planificación del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien, que será reglamentado mediante norma específica. (PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA). I. El Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en el instrumento para avanzar en el cumplimiento del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en el marco de la Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. El Plan General de Desarrollo Económico y Social del país y los planes de las entidades territoriales autónomas deberán orientarse al logro del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. II. La planificación de toda actividad económica, productiva y de infraestructura, de carácter público o privado, deberá incluir en el análisis costo/beneficio integral, el costo/beneficio ambiental, previo a su ejecución, de acuerdo a categorías definidas en norma específica. (OBJETIVOS, METAS E INDICADORES). I. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá las metas e indicadores anuales y plurianuales de los objetivos de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, los plazos y medios para su realización así como los instrumentos para su evaluación cualitativa y cuantitativa, priorizando indicadores de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, para lo cual el Estado se impondrá la obligatoriedad de cumplir las metas e indicadores en el marco de las medidas que sean necesarias. II. El Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien y los planes de las entidades territoriales autónomas deben formularse en función al cumplimiento de los objetivos de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, promoviendo programas y proyectos que estén orientados a alcanzar los objetivos del desarrollo integral. (SISTEMA DE REGISTRO DE LOS COMPONENTES DE LA MADRE TIERRA). I. El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Autoridad Nacional Competente realizará de forma progresiva el registro de los componentes de la Madre Tierra con alto valor estratégico y priorizando los componentes naturales renovables, que comprende el desarrollo de líneas de base, inventariación y/o indicadores según corresponda que expresan el estado de situación de los componentes de la Madre Tierra, en los términos que establece el Artículo 346 de la Constitución Política del Estado y en base a reglamentación específica, así como el desempeño de la economía con relación a éste y sin asignarle un valor monetario a los componentes de la Madre Tierra. II. El Estado Plurinacional de Bolívia a través de la Autoridad Nacional Competente establecerá con fines de planificación y gestión pública el marco indicativo de las capacidades de regeneración de los componentes de alto valor estratégico de la Madre Tierra en función a las zonas y sistemas de vida del país, en coordinación con las instancias sectoriales correspondientes. III. La Autoridad Nacional Competente constituirá el Sistema de Registro y el Marco Indicativo de las Capacidades de Regeneración de los Componentes de la Madre Tierra en coordinación con los Ministerios del Órgano Ejecutivo y las entidades territoriales autónomas. IV. Los resultados del Sistema de Registro y del Marco Indicativo de las Capacidades de Regeneración de los Componentes de la Madre Tierra deberán presentarse anualmente en las estadísticas oficiales del país y se utilizarán en los procesos de planificación integral y participativa y gestión pública intercultural de alcance plurinacional por parte de los Ministerios y entidades públicas del Órgano Ejecutivo y entidades territoriales autónomas, de forma articulada a los objetivos, metas e indicadores de desarrollo integral. CAPITULO III CONSEJO PLURINACIONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA PARA VIVIR BIEN (CONSEJO PLURINACIONAL). I. El Consejo Plurinacional del Desarrollo Integral en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien es la instancia de seguimiento, consulta y participación en la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de esta Ley y ejerce el control social de la Entidad Plurinacional de Justicia Climática. II. El Consejo se regirá por el Sistema Político de Democracia Participativa y Ejercicio Plural definido en la Constitución Política del Estado y el Vivir Bien. III. El Consejo elaborará su régimen y reglamento interno para su funcionamiento. El Consejo contará con una Secretaría Técnica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a cargo de la coordinación y seguimiento a las acciones de implementación de la presente Ley y normativa derivada de ella. IV. El Consejo está conformado por representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Madre Tierra, los Gobiernos Autónomos Departamentales, y las organizaciones sociales. CAPITULO IV MARCO INSTITUCIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO (ENTIDAD PLURINACIONAL DE JUSTICIA CLIMATICA). I Se constituye la Entidad Plurinacional de Justicia Climática como una entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y como brazo operativo del Estado que actúa en el marco de la política y plan plurinacional de cambio climático con enfoque transversal e intersectorial; responsable de la formulación de políticas, planificación, gestión técnica, elaboración y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, administración y transferencia de recursos financieros relacionados con los procesos y dinámicas del cambio climático incluyendo la mitigación y adaptación, que constituyen temas estratégicos para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien; y cuyo funcionamiento será establecido en un Decreto Supremo reglamentario. II. La Entidad Plurinacional de Justicia Climática tiene como funciones principales las siguientes: 1. Formular e implementar la política y el plan plurinacional de cambio climático en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, Planificación del Desarrollo, Desarrollo Rural y Tierras y Medio Ambiente y Agua, entidades del Órgano Ejecutivo, entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales del país, entidades públicas y privadas y pueblo boliviano en general. 2. Realizar acciones de planificación, gestión, monitoreo y evaluación sobre el cambio climático en el país en el marco de criterios de priorización basados en la justicia climática. 3. Realizar procesos de negociación, administración, gestión y ejecución de recursos financieros para el Fondo Plurinacional de Justicia Climática. 4. Desarrollar, administrar y ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático en el país a través de mecanismos de carácter técnico y en coordinación con entidades financieras y no financieras, entidades públicas y privadas. 5. Establecer lineamientos sobre cambio climático que orienten y definan las intervenciones del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas. 6. Formular, coordinar y transversalizar las intervenciones en mitigación y adaptación al cambio climático con las organizaciones sociales locales, propietarios agrarios, entidades territoriales autónomas, Órgano Ejecutivo, entidades públicas y privadas, para cumplir los objetivos propuestos en la política y plan plurinacional de cambio climático. 7. Desarrollar acciones de coordinación, desarrollo de procesos metodológicos y aspectos operacionales vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático. 8. Realizar transferencias reembolsables y no reembolsables de recursos financieros de carácter público-público y público-privado. 9. Realizar la administración de los Mecanismos de Mitigación y Adaptación y del Fondo Plurinacional de Justicia Climática establecidos en la presente Ley. 10. Coordinar, administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades inscritas y aprobadas en el marco de la política y el plan plurinacional de cambio climático y aquellos en los que exista concurrencia de financiamiento, en coordinación con los gobiernos autonómicos y entidades públicas y privadas. 11. Apoyar técnica e integralmente el desarrollo de las capacidades de las unidades productivas públicas, privadas, comunitarias y mixtas, en aspectos relacionados con el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en un contexto de cambio climático. 12. Regular el funcionamiento de emprendimientos económicos relacionados a las acciones de promoción y fomento a la mitigación y adaptación al cambio climático. 13. Administrar y ejecutar los recursos de programas y proyectos, provenientes de fuentes de financiamiento interna y externa en su ámbito de competencia, y de las entidades territoriales autónomas que transfieran recursos financieros al Fondo Plurinacional de Justicia Climática con el propósito de desarrollar acciones articuladas para la mitigación y adaptación al cambio climático. 14. Realizar procesos de coordinación y administración de otros Fondos públicos y de entidades territoriales autónomas, consensuados con dichas entidades, para la articulación de sus intervenciones hacia los objetivos del cambio climático. 15. Generación y articulación de información relacionada con los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. 16. Establecimiento de categorías de municipios con relación a sus avances en procesos de mitigación y adaptación al cambio climático y al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra estableciendo las bases técnicas para el desarrollo de un esquema de incentivos por parte de la Autoridad Nacional Competente de acuerdo a reglamentación específica. 17. Otras funciones encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el marco del cumplimiento de sus funciones. II. La Entidad Plurinacional de Justicia Climática opera técnicamente a través de los siguientes Mecanismos: 1. Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra. 2. Mecanismo de Mitigación para el Desarrollo Integral para Vivir Bien. 3. Mecanismo de Adaptación para el Desarrollo Integral para Vivir Bien. (MECANISMO DE MITIGACION Y ADAPTACION PARA EL MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y LA MADRE TIERRA). I. Se constituye el Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra articulado a la Entidad Plurinacional de Justicia Climática. 1. El mecanismo tiene el objetivo de promover la conservación y restauración de los bosques y los sistemas de vida de la Madre Tierra, enfrentar las causas y reducir la deforestación y degradación forestal, y el manejo integral y sustentable de los bosques en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. 2. Está basado en la no mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra, en el manejo integral y sustentable, en la multifuncionalidad de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, y en el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 3. Está orientado a fortalecer los medios de vida sustentables de las poblaciones locales y de las naciones y pueblos indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, en áreas de bosque o zonas de vida con aptitud forestal, en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. II. Las principales funciones del Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra son: 1. Desarrollo de procesos de planificación, coordinación, gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano ejecutivo, entidades territoriales autónomas, territorios indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, propietarios agrarios, entidades públicas y privadas en general, y con el conjunto de usuarios de los bosques para la definición de acciones y metas conjuntas de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del manejo integral y sustentable de los bosques, y la reducción de la deforestación y degradación forestal. 2. Desarrollo de un marco operativo y metodológico para la intervención en el fortalecimiento de procesos de gestión territorial con impactos en mitigación y adaptación al cambio climático con relación a los bosques y a los sistemas de vida de la Madre Tierra. 3. Desarrollo de procesos educativos con enfoque de educación intracultural e intracultural a lo largo de la vida para el manejo integral y sustentable de los bosques. 4. Apoyo financiero y no financiero, reembolsable y no reembolsable, en coordinación con las entidades financieras del Estado, para el desarrollo de procesos de gestión territorial, planes de manejo e iniciativas orientadas a la producción, transformación y comercialización de productos del bosque y sistemas de vida de la Madre Tierra, con énfasis en la diversificación y en el fortalecimiento de las prácticas productivas locales. 5. Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de instituciones locales en acciones orientadas al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. 6. Apoyo a la fiscalización y control para el gobierno de los bosques a cargo de la Autoridad Nacional Competente. 7. Articulación y compatibilización de políticas relacionadas con los objetivos del mecanismo y definición de las mejores alternativas de intervención con relación a políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la deforestación y degradación forestal. 8. Apoyo al monitoreo de la deforestación y degradación forestal y seguimiento a los indicadores de manejo integral y sustentable de los bosques, a los indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático y al manejo integral y sustentable de bosques. 9. Generación y articulación de información relacionada con los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, deforestación y degradación forestal. 10. Desarrollo de procesos de adscripción, acreditación y certificación de iniciativas, programas y proyectos nacionales públicos, privados y comunitarios al Mecanismo relacionados con el manejo de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra en base a reglamentación específica. (MECANISMO DE MITIGACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL). Se constituye el Mecanismo de Mitigación para el Desarrollo Integral articulado a la Entidad Plurinacional de Justicia Climática con las siguientes funciones principales: Desarrollo de políticas, normas, planes, programas y proyectos y acciones de coordinación, administración, gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano ejecutivo, entidades territoriales autónomas, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, actores empresariales y sociedad civil organizada para la definición de acciones y metas de mitigación al cambio climático dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), conservación energética, desarrollo de energía con baja emisión de carbono, y el desarrollo de economías sustentables en armonía con la Madre Tierra con énfasis en los sectores económico-productivos. Desarrollo de un marco regulatorio, operativo y metodológico para alcanzar un manejo energético eficiente en los actores productivos y acciones de responsabilidad climática y ambiental empresarial. Acciones de apoyo financiero y no financiero, reembolsable y no reembolsable, y de transferencia de tecnología, para la implementación de planes, programas, proyectos, acciones e iniciativas de mitigación al cambio climático. El Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará un sistema de apoyo financiero, no financiero, tributario y fiscal, según corresponda, para la participación del sector productivo en acciones de mitigación del cambio climático, en el marco de normativa específica. Realización de procesos de monitoreo relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y seguimiento al cumplimiento de las metas de mitigación al cambio climático. Acciones de registro, adscripción y certificación de iniciativas, programas y proyectos del ámbito plurinacional públicos, privados y comunitarios al Mecanismo en base a reglamentación específica. (MECANISMO DE ADAPTACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL). Se constituye el Mecanismo de Adaptación para el Desarrollo Integral articulado a la Entidad Plurinacional de Justicia Climática con las siguientes funciones principales: Coordinación, administración, gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano ejecutivo, entidades territoriales autónomas, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y actores productivos, en el marco de la economía plural, enfocadas a procesos de adaptación al cambio climático para el desarrollo integral del pueblo boliviano. Desarrollo de un marco operativo y metodológico para impulsar procesos de adaptación al cambio climático promoviendo la construcción de acciones de resiliencia climática de los sistemas de vida en diferentes ámbitos, con énfasis en los procesos de soberanía con seguridad alimentaria, gestión integral del agua y gestión para la prevención y reducción del riesgo a los impactos del cambio climático. Apoyo financiero y no financiero, reembolsable y no reembolsable, y de transferencia de tecnología, para la implementación de planes, programas, proyectos, acciones e iniciativas de adaptación al cambio climático. Promover y desarrollar acciones de monitoreo y evaluación de las intervenciones relacionadas con los procesos y metas de adaptación al cambio climático. (FONDO PLURINACIONAL DE JUSTICIA CLIMATICA). I. Se constituye el Fondo Plurinacional de Justicia Climática como fondo financiero bajo dependencia de la Entidad Plurinacional de Justicia Climática para el apoyo a la realización de los planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático de los Mecanismos de Mitigación y Adaptación de esta entidad, y cuyo funcionamiento será establecido en el Decreto Supremo reglamentario de la Entidad Plurinacional de Justicia Climática. II. El Fondo Plurinacional de Justicia Climática administra: 1. Recursos públicos vinculados a la cooperación multilateral y bilateral al cambio climático. 2. Recursos públicos de otros Fondos del Estado Plurinacional de Bolivia asignados de forma consensuada a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 3. Recursos públicos de entidades territoriales autónomas para su administración en programas y proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio climático, asignados al Fondo de forma consensuada con dichas entidades, en el marco de la Ley No. 031 marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 4. Recursos privados provenientes de donaciones en base a reglamentación específica. 5. Fondos del Tesoro General de la Nación. 6. Préstamos o donaciones de organismos nacionales. 7. Préstamos o contribuciones de Organismos internacionales de financiamiento. 8. Otros recursos complementarios que el Órgano Ejecutivo le asigne. III. Los recursos mencionados en el parágrafo anterior, serán gestionados a través de un Fideicomiso denominado “Fondo Plurinacional de Justicia Climática” abierto en el Banco Central de Bolivia. Las condiciones del Fideicomiso serán determinadas por la Entidad Plurinacional de Justicia Climática y el Banco Central de Bolivia. CAPITULO V FINANCIAMIENTO (RECURSOS DEL NIVEL CENTRAL Y DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS). I. El nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias, destinarán sus recursos para la planificación, gestión y ejecución del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en el marco de la presente Ley. II. Los recursos de cooperación interna e internacional en todas sus modalidades, deben estar orientados al cumplimiento de los alcances, objetivos y metas para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA. Los Mecanismos de Mitigación y Adaptación de la Entidad Plurinacional de Justicia Climática realizarán la adscripción de programas, proyectos e iniciativas relacionadas con sus objetivos y áreas temáticas de intervención que son desarrollados en el país por entidades públicas, privadas, comunitarias y/o mixtas de acuerdo a reglamentación específica a ser formulada por la Entidad para cada Mecanismo, promoviendo el alineamiento, ajuste y la articulación de estas iniciativas a las políticas del ámbito plurinacional. SEGUNDA. Los fundamentos de la concepción del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra establecidos en la presente Ley deben ser de aplicación e implementación gradual por el Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano a través de Leyes especificas, reglamentos, políticas, normas, planes, programas y proyectos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. A efectos del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra se establecerá la estructura, funcionamiento y atribuciones de la Defensoría de la Madre Tierra en el plazo de un (1) año a partir de la publicación de la presente Ley. Hasta la constitución de la Defensoría de la Madre Tierra la defensa de la Madre Tierra será asumida por la Defensoría del Pueblo. SEGUNDA. Las entidades que trabajan con recursos de cooperación no oficial o unilateral, deberán articular sus intervenciones a los enfoques, principios, lineamientos, estrategias, planes, prioridades y objetivos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario a partir de la emisión de la presente Ley y el Decreto Supremo reglamentario. TERCERA. La Entidad Plurinacional de Justicia Climática se constituye sobre la base del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) a ser definido en el Decreto Supremo reglamentario de funcionamiento de la Entidad Plurinacional de Justicia Climática. Con este propósito se realizará la transferencia de los activos adquiridos, bienes, patrimonio financiero, pasivos y presupuestos del PNCC a la Entidad Plurinacional de Justicia Climática en el plazo de noventa (90) días. Asimismo, se dispone la transferencia de los programas y proyectos en ejecución, aprobados y en proceso de negociación en el marco del PNCC a la Entidad Plurinacional de Justicia Climática. Los recursos humanos que son parte de las transferencias dispuestas en esta Ley serán transferidos a sus nuevas dependencias, previa evaluación y análisis de su situación a cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad Plurinacional de Justicia Climática. CUARTA. El Ministerio de Planificación del Desarrollo deberá ajustar el Plan General de Desarrollo Económico y Social, así como los planes de las entidades territoriales autónomas, al enfoque del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de la presente Ley. DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS UNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía contrarias a la presente Ley. DISPOSICION FINAL UNICA. La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil doce años. Sen. Lilly Gabriela Montaño Viaña PRESIDENTA CÁMARA DE SENADORES SENADORA SECRETARIA