¿Hay gobierno en los bosques de Bolivia?
(Por: Alicia Tejada Soruco)*1
Desde el año dos mil tres la institucionalidad forestal en Bolivia fue víctima de interinatos, experimentos descentralizadores y de la improvisación de expertos de la forestería social. Desde entonces los índices de desmonte aumentaron en cien mil hectáreas por año, cifra que no expresa las pérdidas cuantiosas de vida y culturas que habitan los bosques.
El pasado año se enterraron definitivamente los vestigios de la Super Intendencia Forestal para dar paso a la pomposa Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT: nada se ha hecho aún para justificar a tal autoridad. De otro lado la ilegalidad forestal se campeó en las narices de las prefecturas y de la mano de sus protegidos.
Se conoce que la destrucción de los bosques en Bolivia, no ocurre por la falta de mejores leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales: Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie se ha atrevido a erradicar. La ABT, que heredo sus Autoridades de interinatos y negociaciones partidarias, ha ido por el mismo camino; en materia administrativa ignoró la necesidad de un gobierno de los bosques; un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal en Bolivia y más de medio centenar de leyes, convenios y tratados internacionales.
Desde los años 60 los bosques fueron el botín de los poderes estatales y de las redes de corrupción locales y la historia no cambió: Los “requisitos” para acceder hoy al aprovechamiento forestal son el pasaporte a la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad. Lejos están los conceptos de mercados regulados por los gobiernos, que valoren, e incorporen en los precios, la reciprocidad, la complementariedad, el conocimiento del bosque, la cultura, los símbolos, las instituciones indígenas; atributos que hacen a los pueblos que viven en los bosques comunitarios.
Gestión Comunitaria se reduce hoy a un conteo de árboles maderables que individuos intocables venden a nombre de comunidades inexistentes o de las que nunca serán beneficiarias de sus negociados. Las Auditorias, Audiencias, Registros de Contratos con Privados en TCO quedaron sin efecto; el Estado “reparte” los bosques, no los administra. ¿Dónde queda la Forestería Comunitaria y la relación jurídica entre Estado y usuarios del bosque cuando el límite se ha diluido hasta perderse la distinción entre uno y otro? ¿De qué control social se habla sin mecanismos administrativos y formales para el ejercicio del mismo?
Si acaso el manto sagrado de la madre tierra alcanza a los bosques de este país, esperemos que el Presidente de los Bolivian@s, institucionalice el gobierno de los bosques tanto a niveles estatales como en las organizaciones indígenas y campesinas y con responsabilidad legal sobre el patrimonio que los bolivian@s y la humanidad entera hemos depositado en sus manos.ATS-Guarayos-2010
