La Razón, 25 de Octubre del 2011: Un paquete de al menos ocho leyes pondran en marcha los acuerdo slogrados entre gobierno e indígenas

Edición Digital - Martes, 25 de Octubre de 2011

Nacional

Un paquete de 8 leyes pondrá en marcha el pliego de los indígenas

Entre las normas que serán debatidas están la Ley General de Consulta, de Bosques, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, Hidrocarburos y de Reconducción Comunitaria

La Razón - Iván Paredes - La Paz

Un paquete de al menos ocho leyes pondrán en marcha los acuerdos logrados entre Gobierno e indígenas. Entre las normas están las referidas a la consulta previa y al pago de una indemnización por daños ambientales como en el parque Aguaragüe, informaron dirigentes de los indígenas.

El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, explicó que delegados de los indígenas, Gobierno y Legislativo perfilarán la modificación de la Ley de Reducción Comunitaria y la incorporación de demandas sobre temas como la protección del medio ambiente y de tierras indígenas en la redacción de leyes marco. 

En el paquete legislativo están las leyes General de Consulta, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, de la Amazonía, de Bosques, Forestal, de Minería y de Hidrocarburos. “La aprobación de las normas son vitales para que los acuerdos empiecen a ser ejecutados”, afirmó el dirigente.

Entre el viernes y domingo, el presidente Evo Morales y los líderes de la marcha indígena lograron acuerdos en los 16 puntos de la plataforma de  lucha de la marcha en defensa del TIPNIS, que llegó a La Paz el 19 de octubre tras 66 días de movilización.

Con la Ley General de Consulta buscan establecer los procedimientos para la consulta previa incorporada en la Constitución Política, para la explotación de recursos naturales no renovables en territorio indígena.

“Sólo exigimos que se cumpla la Constitución y la normativa internacional, es decir, que haya una consulta previa antes de ejecutar proyectos”, explicó el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB),  Adolfo Chávez. 

REFORMAS. En el caso de la Ley de Reconducción Comunitaria, proponen reformas para adecuarla a la Constitución Política del Estado de forma que haga respetar los derechos de los pueblos de tierras bajas sobre su territorio, adelantó el dirigente Vargas.

Respecto a las actividades petroleras en el parque Aguaragüe (chaco tarijeño), el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, afirmó que no pretenden paralizar las operaciones hidrocarburíferas en la zona, sino una indemnización por los daños ambientales en ésta y otras regiones de explotación.

La Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales apuntará al cuidado de estos territorios, mientras que la Ley de Bosques y la Forestal deberán perfilar  políticas de protección para evitar asentamientos ilegales y la extracción maderera ilegal. “Todos los puntos han sido resueltos. Existen plazos para que se cumplan”, explicó Vargas, quien evitó dar mayores detalles de las iniciativas que perfilarán. 

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Otro escenario para la Ley de Bosques: Alicia Tejada Soruco: "Ya no habrá marcha atrás en la defensa de los bosques de Bolivia y la Ley de Bosques tiene otro escenario para su tratamiento, definitivamente.

Ley de bosques en otro escenario

Por: Alicia Tejada Soruco

Por primera vez en la historia de Bolivia, la defensa de un Parque Nacional se constituye en debate público ampliamente difundido y abordado desde sus distintas dimensiones, incluidas la económica y la política,  este hito será de singular importancia para el tratamiento, pendiente, de la Ley de Bosques.

La actual Ley Forestal (1777)  incluye a los pueblos indígenas y rurales y basa la gestión forestal  comercial en la integralidad gradual, que no es otra cosa que cuando se va a cortar un árbol, se debe tomar en cuenta lo que se afecta en el bosque. Esta ley también incorpora y vincula su aplicación a los Convenios y Tratados internacionales signados por los gobiernos de Bolivia y en otros casos ratificados como Ley de la República. Contempla también la autonomía municipal y delega funciones a estas instancias y a prefecturas.

Sin embargo a pesar de todas sus virtudes, en su aplicación no pudo evitarse la dramática y creciente deforestación de Bolivia a un ritmo de 300 mil hectáreas por año; la exclusión y desigualdad incluso en la distribución de las tierras forestales al interior de la TCO, la ampliación irresponsable y delictuosa de la frontera agrícola, vinculada incluso a quemas e incendios que pusieron en riesgo vidas humanas, la falsificación de Certificados Forestales de Origen, la intervención a cualquier bosque empleando Planes de Manejo Falsos, refrendados incluso por Organizaciones de base, en las que se confió el control local y la discrecionalidad en la asignación de multas por infracciones forestales que al final derivó en incentivos a la ilegalidad.

Menciono algunas de las falencias en la aplicación de la ley 1777 sin soslayar la importancia de la pérdida de institucionalidad puesto que los bosques de Bolivia estuvieron, desde el 2003 en manos de interinatos que no dejaron resultado positivo alguno tras de sí.

¿Qué aspectos hay que corregir en la Ley de bosques para detener la gradual desaparición de las selvas, animales y comunidades que las habitan? ¿Qué limitaciones legales tienen tanto el ejercicio de los derechos forestales, como la función pública y que sanciones (civiles, administrativas, penales,) serán efectivas para quienes las sobrepasen?, ¿Qué límites legales existen para las dirigencias comunales en las TIOC, que incurren en negociaciones que violan derechos de sus propios representados y  hasta realizan cobros a comunidades? Estas cuestiones se han heredado como problemas a resolver, producto de una década de desmantelamiento de la institucionalidad de bosques y de la débil representación estatal que debe someterse a las presiones de redes de corrupción y de blanqueo de la madera ilegal en Bolivia.

Los últimos acontecimientos vinculados al TIPNIS dejan un resultado que es trascendente: ya no habrá marcha atrás en la defensa de los bosques de Bolivia y la Ley de Bosques tiene otro escenario para su tratamiento, definitivamente.