Marco Octavio Ribera Arismendi: La penosa Nacionalización de Mallku Qhuta

LA PENOSA NACIONALIZACION DE MALLKU QHUTA Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Antecedentes Mallku Qhuta, significa en aymara Lago del Cóndor, es el nombre que recibe una de las cuatro lagunas ubicadas a más de 4.200 msnm, en cuyas orillas también está asentada la comunidad originaria del mismo nombre. La región con yacimientos mineros se localiza en la provincia Alonso de Ibañez del departamento de Potosí, en el municipio de Sacaca, en proximidades a la comunidad de Toracari del municipio de San Pedro de Buena Vista, y es parte de la región de los Charkas Qhara Qhara organizados en la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí (FAOINP). Ubicación de la región de Mallku Qhuta (Fuentes CEDIB, SERGEOTECMIN, INRA) La empresa minera transnacional de filiación canadiense South American Silver Corp, desde el año 2004, ejecutó el proceso de prospección que le permitió establecer que se trata de un megayacimiento minero que estaría entre los más grandes del mundo. Detentaba ocho concesiones mineras consolidadas en los municipios de Sacaca y San Pedro (cantón Toracari) de la provincia Charcas en el norte de Potosí. Los resultados de la exploración de South American Silver Corp., establecieron la existencia de yacimientos que contienen cerca de 230 millones de onzas de plata y 1.481 toneladas de indio en reservas probadas. Estos estudios indicarían que el proyecto tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores productores de plata e indio a nivel mundial, y en la mayor operación minera del país, incluso por encima de San Cristóbal (Colectivo CASA, 16 sept. 2012). La región tiene además presencia de oro, el cual es aprovechado de manera artesanal y a bajísima escala por comunarios de la región, práctica que se remonta a épocas de la colonia y posiblemente anteriores. Este fue uno de los argumentos mal usado por las autoridades de gobierno para desvirtuar el movimiento social en contra del megaproyecto minero, aludiendo la existencia de impactos. South American Silver Corp. es considerada una empresa minera junior que está incursionando en el área de exploración, tiene sede en Vancouver (Canadá) y está registrada en la bolsa canadiense bajo el registro TSX: SAC. Esta compañía, además del proyecto Mallku Qhuta, posee un otro yacimiento de Cobre en fase de exploración, en Chile (C.CASA, 2012). De acuerdo a dicha fuente, usualmente las empresas junior, suelen descubrir los yacimientos para luego venderlas a otras compañías con más capital. La evaluación económica preliminar realizada por esta compañía, indicaría una inversión aproximada de 411 millones de dólares para la implementación de la fase de explotación con una capacidad de tratamiento de 40 mil toneladas por día durante quince años. De acuerdo a análisis del Ministerio de Minería, una producción de hasta 100 mil toneladas día requeriría una inversión de unos 150 millones de dólares aproximadamente." (http://boliviaminera.blogspot.com, 13 de abril de 2011). Desde el colectivo CASA (2012) se denunciaba que independientemente del tamaño con el que finalmente se decida iniciar esta operación, hay tres cosas que se mantienen invariables: las grandes ganancias para la transnacional, los grandes impactos sociales y ambientales, y los magros beneficios para el país y la región. Ya el año 2011, las autoridades de la Gobernación de Potosí promovieron la implementación del megaproyecto Mallku Qhuta a partir de tajos abiertos y una planta de última tecnología de recuperación. En dicha oportunidad pobladores de la región se opusieron a la marcha del proyecto por el riesgo sobre la calidad del agua de las lagunas en las que están implementando un proyecto piscícola. (www.elpotosi.net 21 Julio 2011). Malku Qhuta blanco de adquisición en Bolivia http://www.bnamericas.com/news/mineria 9 octubre 2008 Por Anthony Esposito / Business News America El proyecto boliviano Malku Qhuta de la minera canadiense South American Silver (TSX: SAC) está despertando un creciente interés de parte de las mineras que buscan aprovechar las condiciones actuales del mercado para adquirir activos, dijo a BNamericas el vicepresidente ejecutivo de relaciones con inversionistas de la compañía, Richard Doran: "No lo estamos buscando. Es simplemente una realidad del mercado en este momento". Según Doran, la mayoría de las junior no pueden recaudar fondos actualmente y los productores que tienen recursos están encontrando "muy buenos blancos"…. "No somos solo nosotros, son muchas empresas junior". El grupo de consultoría Pincock Allen & Holt está elaborando un avalúo preliminar para Malku Qhuta que estaría listo a fin de año. Malku Qhuta tiene 151 Mt (Millones de toneladas) en recursos indicados con 29,7g/t de plata y 5,58g/t de indio, o un contenido de 145 Moz de plata y 845.000kg de indio, a una ley de corte de 10g/t de plata. El proyecto también cuenta con 230 Mt en recursos inferidos con 24,0g/t de plata y 4,21g/t de indio, o un contenido de 178 Moz de plata y 968.000kg de indio, a la misma ley de corte. Nota.- La adjudicación o entrega del yacimiento para la exploración se efectivizó el año 2004. El reporte del año 2008 de Business News America, hace relación de los avances y resultados que había tenido la transnacional y que eran de pleno conocimiento del actual gobierno.

(Plataformaenergetica.org 8 junio 2012). Según el colectivo CASA (2012), la posición oficial del gobierno es de un respaldo abierto a la presencia y planes de la compañía canadiense, sin considerar una necesaria previa evaluación de los costos y riesgos ambientales y de las enormes desigualdades entre los reducidos beneficios para el país y las grandes ganancias de la compañía. Actualmente el proyecto enfrenta el cuestionamiento de la comunidad originaria, que ha decidido rechazar la presencia de la transnacional debido, entre otras razones al incumplimiento del derecho de consulta y consentimiento previo, además de atropellos en contra de los comunarios cometidos durante las labores de exploración (El Potosí 6 mayo 2012). Pero nuevamente la actitud de las autoridades de Estado, es asumir un rol de facilitador de la presencia transnacional, llegando a prejuzgar incluso que las demandas de la población indígena originaria de la zona son en realidades artificiales y creadas por ONGs (Plataformaenergetica.org 8 junio 2012). La Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala www.ecoportal.net cronicasdeldespojo.blogspot.com 1 agosto 2012 Con motivo del 1º de Agosto, 2012 Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total. Los mercados financieros Canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos. Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las) comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas, violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de la biodiversidad. A pesar de que la minería a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del supuesto desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan las (vagas) promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo. El movimiento en contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala, exige que el gobierno canadiense retire los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y que los fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal. Así mismo el gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323). También se exige que cese la complicidad del gobierno canadiense de permitir que instituciones públicas (p.e. Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI - Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional o la iniciativa Devonshire) sean utilizadas para afianzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos. El conflicto Parte fundamental del conflicto implica una división (en la cual tomó parte activa el Gobierno) entre los pobladores de los municipios de Sakaka y San Pedro del Norte Potosí, donde se encuentra el cerro Mallku Qhuta, puesto que una fracción mayoritaria de las comunidades rechaza cualquier operación minera por los riesgos ambientales que representa, otros respaldan la actividad minera apoyando a la empresa transnacional y otros la actividad minera pero bajo responsabilidad del Estado, mientras que otra fracción quiere conformar una cooperativa comunitaria minera. La fracción que rechaza la mega minería en la zona es por temor a que el proyecto contamine las aguas de la zona. Un elemento mencionado fue que los trabajos de exploración de la minera se pusieron en marcha sin previa consulta de los originarios, ante lo cual, evidentemente, la norma ambiental no prevé consulta para las fases de exploración. Sin embargo, sí se cuestiona, que en su momento no hubo consulta alguna al momento de la adjudicación de la concesión y firma de contratos. A principios de mayo del 2012, ante la toma del yacimiento y oficinas de la empresa, se produjo un violento enfrentamiento entre comunarios norte potosinos y medio centenar de policías que usaron agentes químicos e ingresaron a las viviendas con la finalidad de detener a los principales dirigentes que se oponen al mega proyecto minero. Según la denuncia, mujeres y hombres fueron golpeados por los policías. Otro enfrentamiento se produjo en la localidad de Huariplaza, la Defensoría del Pueblo de Potosí informó que un campesino de la zona murió en el choque que se produjo con policías cuando estos pretendían ingresar a la comunidad. (El Potosí 6 mayo, 2012). Otras ocho personas resultaron heridas, cuatro comunarios y cuatro policías que se encontraban en la zona (Plataformaenergetica.org; Página Siete, 6 julio 2012). Es situación de violencia se produjo cuando ya se había concertado el diálogo entre los comunarios y autoridades del Ministerio de Trabajo en la zona de Kilujata. Los campesinos responsabilizaron del hecho al Gobernador de Potosí y al Ministro de Gobierno quienes promovieron la medida represiva. El mismo día, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el ingreso a la zona en conflicto de al menos 400 efectivos “para evitar una confrontación y con la finalidad de asegurar el diálogo”, aunque el fin era la liberación por la fuerza de los rehenes retenidos por los comunarios. La policía actuó bajo orden judicial, debido a que los empresarios de la empresa South American Silver iniciaron un proceso judicial contra los comunarios que se oponen a la actividad minera en su territorio. La respuesta de los pobladores locales fue también violenta y expulsaron al contingente policial, tomando varios rehenes entre policías y técnicos de la empresa. La Fiscalía de Sacaca emitió una orden de aprehensión para los dirigentes de la zona en conflicto por lo que la Policía ingresó. Se denunció que la empresa canadiense está generando división en las comunidades, hostigando y criminalizando la protesta de los comunarios, como es el caso de Cancio Rojas, Kuraca de la Marka Sacaca, quien fue violentamente detenido el lunes 21 de mayo (sindicado de instigar la violencia y la toma de rehenes), situación que fue calificada como irregular y como criminalización de la protesta social (www.lostiempos.com 6 mayo 2012). Durante varios días a fines de mayo, la protesta de las comunidades de la región de Mallkhu Qhuta se trasladó a la ciudad de La Paz, exigiendo la salida de la empresa transnacional y la liberación de su líder Cancio Rojas, quien a la conclusión de la audiencia cautelar denunció que es víctima de un complot político en beneficio de la empresa canadiense South American Silver que puede contaminar el agua de sus reservorios. El líder indígena fue encarcelado en el recinto de Kantumarka en Potosí. Ante esta situación, la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) demandò a fines de julio, que: “Se rescinda el contrato minero suscrito con la empresa transnacional Canadiense South American Silver, para la explotación del Cerro Mallku Qhuta, y se proceda a la consulta previa, libre e informada y de buena fe con nuestros hermanos de Mallku Qhuta, en el marco de una nueva normativa nacional, a través del tratamiento, aprobación y promulgación de la Ley Marco de Consulta Previa, Informada, de Consentimiento Libre, presentada en junio 2009 por el CONAMAQ” (Plataformaenergetica.org 24 mayo 2012). El 28 de mayo el Ministro de Minería, Mario Virreyra, siguiendo la línea mayor del Gobierno, firmó un acta de compromiso donde se especificaba que el Estado no iba a revertir la concesión minera a favor del Estado y se garantizaba la continuidad de la exploración de la Compañía Minera Mallku Khota (La Razón 8 julio 21012). Debido a la gran presión que empezaba a ejercer el movimiento indígena en contra de la megaminera transnacional y en favor de la reversión de la concesión, ello a pesar la clara intención del Gobierno de dividir a las comunidades y Ayllus de la región, en fecha 8 de julio 2012, se firmó un compromiso entre los dirigentes de los ayllus de Mallku Khota, en la comunidad de Chiro K`asa y el ministro de Trabajo, acordando un compromiso de revertir la concesión minera de la minera canadiense, dicho acuerdo logró la liberación de los dos ingenieros que fueron tomado como rehenes (La Razón, 8 julio 2012). A pesar de este avance conciliatorio, la cúpula gubernamental se mostraba llamativamente indecisa, el propio Presidente Morales manifestó que "algunos grupos no quieren y otros quieren la nacionalización y el momento que ellos se pongan de acuerdo estamos aquí para recuperar para El Estado, revertir o nacionalizar los centros mineros”. Por su parte, el Ministro de Gobierno Carlos Romero, aludió a que “hay un conjunto de comunidades que dicen nosotros somos los vivientes de acá y no queremos que se vaya la empresa y queremos que no se anule la concesión lo queremos es que se haga una consulta” (La Razón 8 julio 21012), lo cual mostraba una clara propensión a seguir favoreciendo la permanencia de la empresa transnacional. Finalmente, la primera semana de julio, el presidente Evo Morales, decidió anular la concesión minera de la compañía canadiense South American Silver (http://www.elcomahueonline.com.ar/2012/07/10), y para ello se aprobó el Decreto Supremo 1308, que anula las concesiones de la Compañía Minera Mallku Qhuta (filial de la South American Silver), encargando a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) su futuro desarrollo (http://www.eabolivia.com/economia 3 agosto 2012). El mencionado decreto establece la anulación de las concesiones mineras Jalsuri, Alkasi, Cobra, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta, las mismas que habrían sido adjudicadas a la empresa transnacional. Conclusiones El proceso muestra la inconsistencia y dificultad con la que el Gobierno ha manejado el tema de la minería. El tema Mallku Qhuta se suma a muchos otros casos vigentes o potenciales, en los cuales se contraponen las expectativas y los reclamos de las comunidades locales indígenas o campesinas frente a la intromisión de grandes empresas. Adicionalmente, el problema de Mallku Qhuta emerge en un momento de intensas reivindicaciones de los derechos indígenas territoriales en el país, y de un profundo cuestionamiento a las políticas desarrollistas del Gobierno, que agrava la intensidad y magnitud del patrón extractivista y primario exportador. Los procesos de adjudicación e inicios de exploración por la empresa South American Silver datan del año 2004, es decir en una fase político-histórica del país, denominada como “neoliberal”, sin embargo a lo largo del “proceso de cambio”, el tema Mallku Qhuta se paseaba en los escaparates de las bolsas de comercio internacional de materias primas como una jugosa oportunidad. En este sentido, no se dieron pasos concretos, ni para tratar el tema minero en su conjunto, ni para revisar casos particularmente críticos como son los contratos con la Glencore, el de San Cristóbal y obviamente el de Mallku Qhuta, con una transnacional en una región especialmente conflictiva y con relación geográfica e histórica de los tristes casos de Amyapampa y Kapasirca. Existen muchos caso en el país como el de Mallku Qhuta, es decir, procesos de exploración minera a importante escala que han ocasionado severas afectaciones ambientales, como es el de las exploraciones de la empres coreana KORES en Coro Coro, y que ha estado exentas de adecuadas medidas de prevención ambiental y por supuesto de etapas de consulta. Otro caso crítico similar se da en la Chiquitanía, donde la empresa brasilera VOTORANTINS tiene adjudicadas más de 18 cuadrículas (algunas en proximidad a la frontera) superpuestas a la TCO Ayoreode Guaye y al área protegida San Matías. Queda patente una vez más, la absoluta falta de capacidad de las diversas autoridades de Gobierno en el tratamiento y gestión de conflictos, a lo cual se suman las notables contradicciones respecto de la figura de la nacionalización, indicativo, o de una falta de claridad y solidez en cuanto a políticas al respecto, o de la tendencia mal disimulada de favorecer a las empresas transnacionales, aun en desmedro del propio Estado y de los derechos más básicos de las comunidades indígenas y campesinas. A diferencia del caso Colquiri, el de Mallku Qhuta tiene una connotación de nacionalización de un yacimiento no explotado (si explorado) y la reversión de un contrato que estaba proyectado para una etapa de aprovechamiento futuro. Aunque si se aplica la letra muerta de la Constitución Política del Estado y otras normas recientes, dicho yacimiento es de propiedad fiscal y en teoría la empresa canadiense o cualquier otra, es una operadora, situación que no pasa de la línea teórica. De cualquier forma, la salida de la transnacional significa el traspaso de la responsabilidad de la explotación a la COMIBOL, situación que no exime al proceso de la potencial ocurrencia de impactos socio ambientales iguales o incluso mayores. El fenómeno de Mallku Qhuta, tiene una especial relevancia histórica, especialmente en el ámbito de la resistencia social contra la gran minería transnacional en Latinoamérica, y en un momento en que los indicios de la crisis económica mundial influye, en estrategias mas voraces y audaces por parte de las grandes y pequeñas compañías transnacionales, que no quieren perder ni sus prerrogativas ni sus ganancias. El Gobierno y en especial el Ministerio de Minería, tuvieron enorme renuencia a aceptar la demanda de nacionalización y reversión del contrato con la transnacional, recurriendo incluso a las acciones violentas de represión policial, lo cual ya se ha convertido en una tónica. La firma del Decreto Supremo 1308, por tanto ha sido asumido como una victoria social del movimiento indígena del Norte de Potosí y del país. Fuentes • www.colectivocasa.org.bo 16 sept.2012 – Colectivo CASA • Plataformaenergetica.org 8 junio 2012 • Plataformaenergetica.org 6 julio 2012 • Plataformaenergetica.org 24 mayo 2012 • http://boliviaminera.blogspot.com, 13 de abril de 2011 • Comunicado del CONAMAQ-Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu en torno a la operación minera de la transnacional canadiense South American Silver, 24 de mayo del 2012. • http://www.bnamericas.com/news/mineria 9 octubre 2008 • www.ecoportal.net cronicasdeldespojo.blogspot.com • www.elpotosi.net 21 Julio 2011 • El Potosí 6 mayo 2012 • Página Siete 6 julio 2012 • www.lostiempos.com 6 mayo 2012 • La Razón 8 julio 2102 • http://www.elcomahueonline.com.ar/2012/07/10 • http://www.eabolivia.com/economia 3 agosto 2012 • SERGEOTECMIN, (CEDIB) 2012 • INRA, TCOs 2011 Foto: www.elcomahueonline.com.ar

Analiza Marco O. Ribera Arismendi: Las ambigüedades de la nacionalización y el Conflicto MInero de Colquiri

EL CONFLICTO DE COLQUIRI Y LAS AMBIGUEDADES DE LA NACIONALIZACION Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Colquiri es una población y centro minero situado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, a unos 120 Km. de la ciudad del mismo nombre La Paz y a 70 Km. de la ciudad de Oruro. Conocido desde épocas coloniales como zona minera, en especial por el descubrimiento de plata, posteriormente a lo largo de varias décadas, la explotación se concentro en el estaño y zinc. En la década de los años 90, la COMIBOL arrendó a las cooperativas varias áreas ya explotadas. Colquiri hasta 1999, era parte de la COMIBOL. La concesión, el año 2.000, pasó a la administración de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), empresa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El año 2005 se transfirió a la suiza GLENCORE que opera en Bolivia, a partir de la empresa filial SINCHI WAYRA, la cual hasta el año 2012 tenía el 45% de las acciones, el resto pertenecía a la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La firma suiza opera en el país la mina Bolívar (Oruro), en contrato de riesgo compartido, y Porco (Potosí) bajo arrendamiento. El compromiso de inversiones de Glencore para las minas Colquiri, Porco y Bolívar superaba los 160 millones de dólares, que debían invertirse y ejecutarse en cinco años (http://www.paginasiete.bo/). La veta Rosario, que se encuentra de norte a sur, era parte del contrato de arrendamiento entre la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI SA. (SINCHI HUAYRA) y COMIBOL, administradora de los derechos mineros en la mina Colquiri. En el sector que estaba a cargo de SINCHI WAYRA trabajaban 400 mineros asalariados, mientras la cooperativa 26 de Febrero tenía 1.200 operarios dispersos en varios parajes. LO QUE OCURRIO EL AÑO 2009: CRÓNICA DE LA LUCHA DE LOS MINEROS DEL DISTRITO COLQUIRI CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA. http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 En los últimos días de diciembre 2008 y primeros de enero del 2009, la EMPRESA SINCHI HUAYRA, filial de la transnacional GLENCORE, notificó a los trabajadores mineros que frente a la caída de los precios de los minerales (producto de la crisis internacional) se imponía la necesidad de tomar una serie de medidas: rebaja de salarios, trabajar sólo dos turnos de 12 horas al día y el retiro de trabajadores. La propuesta de la empresa fue rechazada por las asambleas de todos los distritos mineros pertenecientes a la cadena Sinchi Huayra. La empresa en algunas minas procedió a otorgar vacaciones obligatorias a una cierta cantidad de trabajadores, lo que era un anuncio de su despido. En efecto, en Colquiri, el 1 de enero del 2009, la empresa empezó a repartir cartas de despido a los trabajadores en "vacaciones". La segunda semana de enero, los trabajadores tomaron la mina y se hicieron cargo de la producción, instruyen a los dirigentes, que se encontraban en Oruro discutiendo con la empresa el problema de los despidos, que se replieguen y que la discusión con la empresa se traslade al mismo distrito. Amenazaron con tomar como rehenes a los ingenieros y técnicos de la empresa en caso de que ésta insista en despedir trabajadores. Las amas de casa procedieron a bloquear la entrada principal de la mina para que nadie salga y se cumpla la resolución de la asamblea. Gerentes, ingenieros, técnicos y algunos empleados salieron huyendo de la mina por los cerros, cargando papeles y documentos de la empresa. Los trabajadores decidieron que trabajarían solos y que la mina estaría bajo su mando. Nota.- En los siguientes meses, con la progresiva recuperación del precio de los minerales, la empresa conjuntamente COMIBOl (a partir del contrato de riesgo compartido) retomó la administración de la mina, previos acuerdos con los trabajadores. Los cooperativistas de 26 de Febrero, bajo presión (18 de junio del 2012) y tras tomar la mina y las oficinas de SINCHI WAYRA durante varios días, lograron que la empresa les ceda, bajo un acuerdo, la veta Rosario, un área ya lista para su explotación. Existe la versión de que los cooperativistas conminaron a la empresa a ceder la Veta Rosario (con una reserva probada, valorada en más de 5.000 millones de dólares) si quería seguir operando en la mina, de lo contrario amenazaban con exigir la reversión hacia el Estado. El acuerdo logró además que se suspenda la toma de la mina Colquiri. Según fuentes de COMIBOL, la empresa SINCHI WAYRA jugó a consolidar su posición, dejando bajo el control de los cooperativistas las áreas que éstos “jukeaban” (explotaban informalmente) durante años bajo la mirada cómplice de la transnacional. Entonces, los cooperativistas se pusieron del lado de la transnacional y en la trinchera de quienes se oponían a la expropiación (Zulema Alanes Bravo, 22 sept. 2012). Otra versión, menciona que la empresa SINCHI WAYRA, enterada de un preacuerdo del Gobierno con la Central Obrera Boliviana, para la nacionalización de la mina Colquiri, optó por ceder la veta Rosario a la Cooperativa 26 de Febrero (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) con la condición de que venda su producción a la empresa, por su parte, la empresa se comprometió a ofrecer asistencia técnica y supervisión para la explotación de la veta. Según Pedro Mariobo de CEPROMIN, la situación obedece a una estrategia por parte de la empresa, de incentivo a los cooperativistas, que son utilizados como especie de “carne de cañón”, a quienes la empresa apoya para que conquisten vetas más ricas, pero que al final beneficien a la empresa, esto con tal de no perder la concesión o en último caso acceder a la indemnización que debe pagar el Estado. (http://www.noticias.com.bo/2012/06/18) Llama la atención que al respecto de la suscripción de este convenio, el Ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que “era un acuerdo que ha asumido la empresa Sinchi Wayra con las cooperativas, y que en realidad era parte de sus convenios para entrar en buenos acuerdos entre las partes” (La Razón 09 de junio de 2012). De cualquier forma, el analista Alfredo Zaconeta, clarifica una inconsistencia en el proceso (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) al observar que, el Gobierno, a partir de la empresa estatal, debía autorizar de forma escrita cualquier transferencia a cualquier título de las zonas o yacimientos comprometidos en el contrato a segundas o terceras personas, al no darse esta figura habría una tácita violación del contrato, por lo tanto, éste quedaría nulo. Dicho analista añade, que el Viceministerio de Cooperativas Mineras, avaló y fue parte del acuerdo entre Sinchi WAYRA y la cooperativa 26 de Febrero. Mientras el mismo día en La Paz, desde el Ministerio de la Presidencia, se negociaba con la COB, la Federación de mineros y el Sindicato de Colquiri, la nacionalización de Colquiri, situación que fue anunciada oficialmente. Desde el Ministerio de la Presidencia se explicó además, que la segunda etapa será una “nacionalización concertada de las áreas arrendadas a las cooperativas mineras 26 de Febrero Limitada; previa presentación y conformidad de la mayoría de los trabajadores mineros de la indicada cooperativa, cuya lista deberá evidenciar su condición de minero cooperativista”. Ello significó que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) exprese su rechazo al anuncio gubernamental y amenace con cooperativizar todos los centros mineros, además de iniciar bloqueos y movilizaciones. Los voceros de FENCOMIN manifestaron: “que si el Gobierno persiste en nacionalizar Colquiri, ellos cooperativizarían todos los centros mineros donde están las empresas privadas, a partir de Colquiri y Porco, donde están nuestras cooperativas que tienen dificultades” (http://www.opinion.com.bo 23/06/2012). Pero la propuesta de nacionalización, implicaba únicamente el yacimiento concesionado a la transnacional GLENCORE, pero no tocaba los parajes de la mina Colquiri que explotan los cooperativistas, a quienes a su vez se prometió la entrega de la veta Rosario. El convenio fue concertado en una reunión realizada entre FENCOMIN y autoridades gubernamentales (http://elsistema.info/index 13 junio 2012). Ante esta situación, el Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri (sector asalariado) rechazó el acuerdo y exigió al Ejecutivo rescindir el contrato de arrendamiento con la empresa Sinchi Wayra (La Razón 09 de junio de 2012). De esta forma, empezaron los primeros enfrentamientos con los cooperativistas. El conflicto violento se inició a partir del 15 de junio, cuando los trabajadores asalariados resolvieron en cabildo abierto tomar la mina de Colquiri, inmediatamente los cooperativistas que se encontraban en el lugar comenzaron a responder con explosiones de dinamita, pero fueron desalojados, a partir de ese momento la población comenzó a vivir momentos de zozobra de tensión en sus viviendas. Una situación muy similar se vivió en Bolivia el año 2006, en el centro minero de Huanuni (cerro Pozoconi), la cual tuvo una salida en exceso violenta. Ante el clima de violencia, el Gobierno, el 20 de junio del 2012, a partir del Vicepresidente Álvaro García Linera (Presidente en ejercicio en dicho momento) promulgó el Decretó Supremo 1264 de reversión (“nacionalización”) de Colquiri, medida que también a favorecía a la cooperativa, (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El vicepresidente explicó “que la nacionalización es recuperar soberanía democrática con la administración de los recursos naturales, pues sin nacionalización no hay soberanía para decidir lo que se puede hacer a futuro, sin pedir favores a agentes externos”. García Linera citó un texto de Mao Tse-Tung, titulado "el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo", comparando esa ideología socialista con la política del actual Gobierno respecto a que en épocas de conflicto se debe escuchar a todas las partes en conflicto (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El decreto de nacionalización, establece que la COMIBOL asume el control del centro minero así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos otorgados mediante contratos de arrendamiento. La norma establece un plazo de 120 días para hacer efectivo el pago a la compañía minera, previa evaluación de sus activos. La COMIBOL se compromete a realizar actividades productivas de prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, fundición refinación y comercialización de minerales y metales. Asimismo, por razones de interés público, se nacionaliza la maquinaria e insumos de la compañía SINCHI WAYRA en Colquiri (que antes eran de CONSUR S.A.). Por último la COMIBOL ofreció contratar a excooperativistas de la cooperativa minera 26 de febrero LTDA, que voluntariamente decidieron ingresar a la empresa estatal hasta el 19 de junio del 2012 y posteriormente pasaron a formar parte de la empresa Colquiri (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). Sin embargo, el 29 de agosto, bajo el justificativo de que dicho Decreto tenía inconsistencias, el Gobierno aprobó otro Decreto Supremo (Nº 1337), a partir del cual demarcó el área para la cooperativa, ampliando su dominio sobre el 65% de la veta Rosario, situación que agravó aún más la tensión con los asalariados. (http://www.paginasiete.bo/2012-09-22). Los primeros días de septiembre, al menos 1.500 trabajadores de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), tomaron la veta Rosario para impedir que ese yacimiento sea aprovechado por los cooperativistas mineros y en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de alterar el acuerdo al que arribaron en junio pasado. Desde la dirigencia de los mineros sindicalizados o asalariados, se mencionaba la molestia en las bases porque sentirse engañadas por el Gobierno que, a juicio de los sindicalistas, no respetó el acuerdo plasmado en el Decreto Supremo 1264, que fue modificado por el Decreto el 1337 que beneficia al sector cooperativizado, otorgándoles parte de la concesión de la veta Rosario, la más rica de estaño de la región (http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012) . La parte sur de la veta Rosario queda a favor de la Empresa Minera COLQUIRI-COMIBOL, empieza en el punto nueve, identificado en el plano del nivel 325, donde la veta Rosario se cruza con el recorte setenta (http://boliviaminera.blogspot.com /2012). Tras la toma de la mina Colquiri, por parte de los mineros asalariados, en el Ministerio de Minería se desmentía que la veta Rosario favoreciera únicamente a los cooperativistas, tal como interpretaron los asalariados (Decreto Supremo 1337), pues el Gobierno no entregó a la cooperativa 26 de Febrero, el 100% de la veta, debido a que ésta se subdivide del punto 9 hacia el sur, a favor de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, y del punto 9 hacia el norte, a favor de la cooperativa 26 de Febrero. Pese a dichas declaraciones, los asalariados consideran que el Gobierno favorece completamente a los cooperativistas, por lo que no se avizora que dejen de lado la toma de la mina. Según dirigentes de la Cooperativa, el límite de la veta Rosario es la línea 80 del sector de San Antonio, el lado norte para ellos y el sur para COMIBOl, pero como ese acuerdo no es respetado, la cooperativa 26 de febrero reclamó del 100% de la veta", agudizando aún más el conflicto (http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012). En las siguientes semanas, el conflicto se agravó, tanto en la zona con sucesivos enfrentamientos, como en la ciudad de La Paz, donde se produjeron bloqueos masivos en las rutas de acceso a la sede de Gobierno, como en violentos enfrentamientos que culminaron con heridos y un deceso por parte de los asalariados. El conflicto enfrenta a los mineros de la cooperativa 26 de Febrero, que demandan se cumpla el Decreto que les asigna una parte de la Veta Rosario para su explotación, y los mineros asalariados que exigen la nacionalización total de ese yacimiento. Una noticia preocupante, dada desde el Ministerio de Minería, mencionó que los datos técnicos que hubieran evitado el conflicto y que deberían haber sido precisados en el primer convenio, no estaban claros porque los expertos de la COMIBOL y del Ministerio de Minería, no tuvieron acceso al yacimiento por la oposición de la privada Sinchi Wayra, que no permitió que se realicen inspecciones en el lugar para establecer el potencial de la Veta Rosario, causa principal del conflicto (http://www.jornadanet.com 17 sept. 2012). Por su parte, la suiza GLENCORE protestó “enérgicamente” por la reversión de la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI, de la que era concesionaria, y anunció en un comunicado que exigirá una “indemnización justa” porque invirtió 22 millones de dólares y el pago de regalías, impuestos y derechos al Estado superó los 70 millones de dólares. La firma también expresó su descontento porque “la nacionalización de la mina de Colquiri fue anunciada cuando GLENCORE finalizó la renegociación de sus contratos mineros con el Gobierno de Bolivia”. El comunicado de la Glencore añadía: "La medida que tomó el Gobierno de Bolivia planteará una serie de cuestionamientos serios con respecto a la política futura hacia la inversión extranjera en el sector de la minería". (Pagina 7, ANF. ANF / La Paz - 22/06/2012). A ello, se sumó el empresariado privado nacional, mediante un vocero de la Cámara de Exportadores, puso de manifiesto que nacionalizar la mina Colquiri de manos de SINCHI WAYRA es una "mala señal" para la región y para los ciudadanos que deben respetar la propiedad privada y no hacerse de ella cuando ésta se ha tornado rentable (http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012). Es importante recordar que, cuando en abril del año 2011, autoridades de gobierno mencionaron la nacionalización de minas como Porco, Colquiri y Bolívar, San Vicente y San Bartolomé, el propio Viceministro de Política Minera, Gerardo Coro, advirtió que el Estado enfrentará problemas técnicos y sociales si “recupera” las minas que operan las firmas privadas, manifestando además, que los mineros rechazan la decisión porque los emprendimientos privados les ofrecen “mayor seguridad” (www.redpccs.org.bo 19 abril, 2011). Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) decidió ir a un paro de actividades para exigir al Gobierno la nacionalización del yacimiento minero de Colquiri, a mediados de junio, se anunciaba la movilización de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, exigiendo al Gobierno la promulgación del Decreto Supremo de la nacionalización total de Colquiri (Plataformaenergetica.org 15 junio 2012). En tanto el presidente, Evo Morales rechazó la nacionalización total del yacimiento de la mina Colquiri, pedido por los mineros asalariados, citando la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que privados, cooperativistas y el Estado tienen derecho a explotar los yacimientos mineros (Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012). En opinión del analista Carlos Sandy, el proceso fue una "supuesta nacionalización" pues no se puede dar una en Colquiri, porque siempre fue de la COMIBOL, solamente que estaba en riesgo compartido con SINCHI WAYRA, entonces lo que ocurrió en realidad fue la recuperación de las acciones de la empresa privada (www.institutoprisma.org 09-2012). Si el proceso es asumido como una nacionalización, entonces Colquiri es la tercera operación de GLENCORE que nacionaliza el actual Gobierno; la primera fue la Empresa Metalúrgica Vinto, en febrero de 2007, y tres años después, la fundición de antimonio en la misma región. Según el Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social - OBESS, el remedio fue peor que la enfermedad, la “nacionalización parcial” del centro minero, tal como fue calificada por varios dirigentes sindicales, legitimó la presencia de la Cooperativa 26 de Febrero en la zona, frente a una débil COMIBOL que no atina a ejercer el control y gestión correspondientes de las propiedades revertidas, en un escenario donde la minería estatal tiene un lugar insignificante (Boletín del OBESS 14 de agosto de 2012). Según este observatorio, una vez legitimada la presencia cooperativista, es lógico esperar que no sólo busquen controlar la parte que el Decreto les permitió, sino aspiren a mayores espacios de explotación minera, lo que viene generando conflictos con los trabajadores asalariados estatales, que son los únicos que reivindican y defienden la “propiedad estatal” de la mina. No es casual que el cooperativismo minero haya cobrado mayor peso y acumulado un considerable poder económico y político en Bolivia porque tiene en el actual Gobierno, un promotor principal que lo reconoce como una de sus bases sociales y políticas. Como dato anexo, las cooperativas mineras están libres del pago del IVA, del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y de la cancelación de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades, supuestamente por ser emprendimientos de carácter social. Es un sector desregulado, altamente informal en cuanto a su constitución y funcionamiento y esencialmente, explotador en extremo de la fuerza de trabajo de peones y obreros que constituyen el factor principal para la generación de grandes excedentes económicos en beneficio de un grupo de “socios cooperativistas” (Boletín del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social-OBESS 14 de agosto de 2012). Las cooperativas mineras son esencialmente un negocio de grupos minúsculos de carácter privado que se están beneficiando del trabajo que realiza la inmensa mayoría de trabajadores en calidad de peones y no precisamente de socios (ERBOL, 12/06/12). A esto se suma el hecho de que las cooperativas en general, no solo no cumplen las normas ambientales para el sector, sino que se oponen a cumplirlas, bajo el argumento de una baja rentabilidad que no les permite invertir en aspectos de control, mitigación y remediación ambiental. e acuerdo a determinados movimientos de izquierda, los trabajadores que trabajan para las cooperativas son totalmente vulnerados en sus derechos laborales y seguridad industrial, pero no tienen alternativas de otros trabajos en Bolivia. Son fuerza de trabajo barata para las multinacionales que saquean Bolivia y a la vez su escudo político y humano. (boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com). La empresa SINCHI WAYRA, filial de la transnacional Suiza GLENCORE (Ribera, 2010; Econoticias Bolivia, 2009) controla grandes yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita, la planta concentradora de minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica de Aroifilia. El año 2009, pese a la resistencia de sus obreros, SINCHI WAYRA/GLENCORE creyendo justificarse en las crisis de los precios de los minerales, continuó con la intención de explotar a sus trabajadores, adicionando horas de trabajo no remunerado a la jornada laboral, violando abiertamente la Ley del Trabajo y normas internacionales. La Suiza GLENCORE, fue forjada por el magnate petrolero suizo-israelí, Marc Rich (a quien la Revista TIMES calificó en el 2001 como el ejecutivo más corrupto del planeta” (constituyentesoberana.org 4 nov. 200; lahaine.org 10 mayo 2009). La GLENCORE Fuente: América Economía www.americaeconomia.com 04/03/2012. Según el periodista suizo Daniel Ammann, Marc Rich les vendió su participación a los gerentes de su empresa Glencore, después de perder cientos de millones de dólares en una especulación para manipular los precios del zinc. Eso, y un divorcio millonario, le costaron la corona de rey del petróleo y de las materias primas. Hoy, vive retirado en Suiza, en una mansión llena de grandes obras de arte. Hasta 2011, Glencore era prácticamente un mito en la industria minera. Ese año realizó una IPO (initial public offering) en Londres y Hong Kong, y debió abrirse al escrutinio público. Es la clase de empresas que no le teme al riesgo-país. Basta comprobar que tiene negocios en la República Democrática del Congo. ¿Qué empresa se atreve jugarse en un país donde se libró el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con nueve beligerantes naciones africanas, más de veinte grupos armados y 5,4 millones de muertos?. Entre sus diversas inversiones y participaciones, Glencore posee 34,5% de la Xstrata, una minera suiza, la quinta más grande del mundo. ¿Ha oído hablar de la mina Collahuasi en Chile? Xstrata es dueña del 44%. ¿Y Las Bambas, en Perú? Xstrata tiene el 100%. Xstrata tiene también el 100% del proyecto El Pachón, ubicado en la provincia argentina de San Juan y a 5 km. de la frontera con Chile. Según estimaciones de la empresa, las reservas minerales de El Pachón ascienden 13,1 millones de toneladas de cobre. Por su ubicación, el proyecto está sujeto al Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 por Argentina y Chile, además a un Protocolo Específico complementario que permitirá la salida de concentrados por el Océano Pacífico. Todos estos activos pasarán a propiedad de Glencore, de aprobarse la propuesta de fusión entre Glencore y Xtrata. Diversos analistas estiman que, de llevarse a cabo esta operación, el próximo paso de una Xstrata + Glencore será buscar una alianza global con Anglo American. De acuerdo a la analista Zulema Alanes (22, sept.2012), mientras la COMIBOL se aprestaba a invertir recursos humanos y financieros en la exploración de la veta Rosario, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se trazaba la estrategia para entregar esos recursos a los cooperativistas, que a su vez, ya tenían negociaciones avanzadas para coarrendar el yacimiento a una empresa extranjera. En COMIBOL existe la opinión que esa medida está contaminada por cálculos político electorales, que ya han empezado a condicionar la gestión estatal. De esta forma, según Alanes, Colquiri es como un espejo que muestra de cuerpo entero a la política minera del actual Gobierno, pues la realidad está lejos de los anuncios demagógicos de García Linera, en el sentido de que el Estado no ha recuperado su soberanía sobre los recursos mineros. Según el Anuario Estadístico 201, el Estado boliviano apenas controla el 2% de la producción minera, el 23% está en manos de la minería chica y cooperativizada y el 75% de las transnacionales. Las cifras oficiales, también muestran que si bien las exportaciones mineras batieron récord el 2011, con 3.448 millones de dólares, el Estado sólo se quedó con menos del 12% vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros, contradiciendo las aseveraciones hechas por el segundo mandatorio boliviano en torno a la supuesta bonanza minera para el Estado. La crítica de Alanes se torna más fuerte cuando menciona que la situación de Colquiri hace ver que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado y una mayor participación en la renta, promover la planificación democrática para el uso y control de los recursos o habilitar mecanismos de concertación para canalizar disputas distributivas e incentivar el rencuentro de la economía con la naturaleza. Como parte del análisis “La actualidad del proletariado”, Raúl Prada manifiesta que “En negociaciones tramposas del Gobierno con ambos sectores, asalariados y cooperativistas, termina entregando parte de la veta a los cooperativistas, engañando a asalariados y cooperativistas. En esto se nota la improvisación del Gobierno y la falta de una estrategia minera a largo plazo, fuera de la falta de honestidad…” (http://horizontesnomadas.blogspot.com/ 23 de septiembre de 2012). A fines de septiembre este conflicto, lejos de haberse solucionado, se complicaba aún más con las posiciones radicales de ambos sectores y las improvisaciones y contradicciones del Gobierno. El sector asalariado de la COMIBOL, decidió cercar la mina Colquiri para impedir el ingreso de los cooperativistas. El 26 de septiembre, los mineros asalariados, seguían en emergencia ante el acuerdo firmado entre el Gobierno y los mineros cooperativistas, analizando si aceptan o no la propuesta gubernamental de otorgar a la COMIBOL, la parte sur de la veta Rosario (http://www.opinion.com.bo 26 sept. 2012). Como una salida al conflicto, el sector asalariado ofreció a los cooperativistas la veta San Antonio, lo cual fue rechazado por la FENCOMIN, argumentando que ya está agotada, pues fue explotada y abandonada por la COMIBOL hace varios años y luego por la empresa SINCHI WAYRA, debido a sus bajos niveles de rentabilidad. El sector asalariado determinó que no cederá otras áreas, ni los ramales de la veta Rosario y volverá a insistir en la nacionalización total de la mina (http://elsistema.info 29 sept. 2012). Conclusiones Un primer elemento sobre este conflicto minero, es que tiene una larga data (inclusive antes del los años 90) en torno a una pugna entre el Estado, las empresas privadas, el sector asalariado y los cooperativistas, conjunto de actores sociales e institucionales con plena vigencia en el actual momento del conflicto. Otro aspecto llamativo, es que el actual conflicto minero, es muy similar a otro producido el año 2001 en Huanuni, por similares causas. En dicha oportunidad, también se observó el empecinamiento de las partes y la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para gestionar adecuadamente y a buen término el conflicto, el cual derivó en una escalada de violencia sin precedentes, algo que desafortunadamente también podría ocurrir actualmente con Colquiri. El conflicto se relaciona netamente con un juego de intereses económicos en torno a una veta estañífera y de zinc, de alto valor, poniéndose de manifiesto, la debilidad y ambivalencia del actual gobierno frente el tema minero en general. El hecho de ceder la veta Rosario a los cooperativistas en detrimento del propio estado (empresa estatal COMIBOL), ha sido interpretado como un juego de interés político, en el cual el gobierno busca apuntalar el apoyo social del sector minero cooperativista en el país. Otro elemento importante del análisis se relaciona con a la ambigüedad en el manejo del principio de nacionalización, como menciona el analista C.Sandy, el Gobierno no podía nacionalizar algo que es suyo, pues Colquiri y sus diversas vetas son propiedad de la COMIBOL, y están dadas solamente bajo contrato de riesgo compartido a la GLENCORE, y lo que podía pasar al Estado son las acciones y los activos (figura de estatización). Sin embargo, la figura de nacionalización fue demagógicamente utilizada por la cúpula gubernamental, a pesar del rechazo expreso que manifestó al respecto el primer mandatario. De cualquier forma, se percibe que eventuales procesos de nacionalización en el sector minero, serán mucho más difíciles de emprender que en el sector petrolero, cuyo régimen es notablemente diferente. Todo parece indicar que a pesar de los discursos demagógicos sobre la nacionalización y las referencias a los postulados de Mao Zedong que enarbolan los voceros, el Gobierno de principio no quiere la nacionalización por todos los inconvenientes que puede implicar, pero principalmente por las proyectivas implícitas de favorecer a las empresas transnacionales, pero además acaparar el apoyo del sector cooperativista con el cual tiene una suerte de pacto político. También se percibe en torno al tema Colquiri, la imprecisión con la que se manejan las cifras económicas de la minería en especial por parte del segundo mandatario de Gobierno, haciendo referencia al crecimiento de los volúmenes de exportación actuales en relación a los de otras épocas, pero sin mencionar los irrisorios beneficios por regalías e impuestos que se quedan en el país. Un aspecto que pudo ser claramente percibido, es la improvisación y la falta de capacidad de las autoridades del Gobierno, para manejar el conflicto; al mismo tiempo la patente falta de coordinación y consenso, cuando el Viceministerio de Cooperativas del Ministerio de Minas avala el acuerdo Gobierno-cooperativistas, mientras que casi simultáneamente, el Ministerio de Gobierno y el de Minería, aprobaban la figura de la “nacionalización” de Colquiri; paradójicamente, para ambas situaciones se emitieron Decretos supremos. Estas contradicciones y falta de claridad, generaron malestar entre las partes y nutrieron el conflicto. La figura de empresas transnacionales de la talla y antecedentes de la GLENCORE en la minería boliviana, causa evidentemente susceptibilidad en diversos sectores y ámbitos del país, más aún cuando enarbolan prerrogativas bajo un Gobierno de aparente discurso socialista. Será importante indagar que ocurrió realmente en torno a la veta Rosario y bajo qué condiciones fue “cedida” por la empresa a la cooperativa en conflicto, considerando que el procedimiento tuvo visos de irregularidad y de violación del contrato entre COMIBOL y la empresa SINCHI HUAYRA. En ningún momento del conflicto, se manifestaron los aspectos ambientales en términos del cumplimiento de medidas de prevención, control, remediación, ya sea por COMIBOL, la empresa privada, menos en relación a la cooperativa, donde la situación ambiental, es en general más crítica. Es importante mencionar que el Centro Minero de Colquiri y sus alrededores, tienen elevados niveles de contaminación por pasivos ambientales de décadas y operaciones recientes, con afectación de ríos, suelos y la salud humana. Fuentes http://www.paginasiete.bo http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 La Razón 9 de junio de 2012 Página 7, ANF. ANF / La Paz – 22 junio 2012 Zulema Alanes Bravo, 22 sept 2012 http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 http://www.lostiempos.com 20 junio 2012 Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012 http://www.noticias.com.bo 18 junio 2012 (Pedro Mariobo) http://www.paginasiete.bo 22 sept 2012 http://www.jornadanet.com 17 sept 2012 http://www.opinion.com.bo 23 junio 2012 http://elsistema.info/index 13 junio 2012 http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012 http://boliviaminera.blogspot.com /2012 http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012 http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012 www.institutoprisma.org 09-2012 (Carlos Sandy) Boletín OBESS 14 de agosto de 2012 boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com constituyentesoberana.org 4 nov. 2005 lahaine.org 10 mayo 2009 América Economía - www.americaeconomia.com 4 marzo 2012. http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 (Alfredo Zaconeta ) Raúl Prada, 2012. La actualidad del proletariado en http://horizontesnomadas.blogspot.com Ribera,A.M.O. 2010. El Sector Minero. Análisis general, Megaproyecto Mutún, Cuenca del Poopo, Cuenca Pilcomayo, Megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 317 p.