Sorprendente resultado de acciones de control en los bosques de Bolivia
Alicia Tejada Soruco
Rafael Cabrera Bejarano
El fenómeno del ochoó
Nombrando al Ochoó, así iniciamos este sorprendente reporte en el que el seguimiento a la comercialización de esta especie forestal maderable, nos ha permitido evaluar algunos de los efectos que, a corto plazo, han tenido las acciones de control de la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras en Bolivia.
La situación de los Bosques en Santa Cruz, en el año 2009
Para contextualizar la importancia de este tema partiremos del escenario del 2009, en el que nos habíamos preguntado ¿Hay gobierno en los bosques de Bolivia?, denunciando la comercialización de los Certificados de Origen, la falsedad en los instrumentos de gestión forestal (PGMF), particularmente en las comunidades indígenas de Guarayos y, posteriormente (a fines del 2010) habíamos concluido en señalar que, también en Guarayos se había producido un acaparamiento de tierras forestales por parte de asociaciones de individuos que no beneficiaron a ninguna comunidad. Demostramos la articulación de las redes de blanqueo de la madera ilegal con la etiqueta de indígena comunitario y el manejo de instancias del Estado no solo con relaciones de nepotismo dirigenciales, sino favoreciendo a dirigentes y a autoridades con derechos forestales individuales o como miembros de grupos inexistentes. Habíamos insistido en Guarayos frente a la certeza de la incidencia que sus redes de blanqueo de la madera ilegal, en un vasto territorio que alcanzaba a los mercados ilegales de otros departamentos.
La situación de algunas empresas privadas forestales, no había sido diferente. Proliferaron aserraderos, barracas, consultoras forestales y otros intermediarios articulados a esta misma red, por distintas razones, entre las principales la permanente oferta de materia prima a bajo costo y sin exigencia legal alguna, además de la protección oficial por parte de las instancias estatales y organizaciones indígenas.
La situación de ilegalidad en Guarayos había llegado a extremos tales de incidencia en el mercado nacional, que competía perversamente con los productos de origen legal provenientes del Beni y ampliaba sus redes hacia este departamento. Así mismo la madera ilegal proveniente de la TCO Gwarayú proveía a las barracas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y el Alto.
Las acciones de la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras el año 2010, dan un giro a lo que se venía haciendo.
El año 2010 (octubre), una nueva gestión de la ABT, adoptó decisiones drásticas y para muchos “policiacas”; empezó por intervenir sus propias oficinas, despidiendo a la totalidad de funcionarios públicos de las Unidades Operativas de Bosques de la Chiquitanía y Guarayos, consideradas Áreas Críticas y de Permanente Incumplimiento a la Ley.
En pocos meses se habían recabado los contratos forestales de compra venta de madera en los cuales se evidenció que ninguno contemplaba condiciones mínimas de respeto a los derechos indígenas, y que por el contrario habían posibilitado la emergencia de nuevas dirigencias que, a través de autorizaciones y cobros ilegales, suplantando los roles del Estado, otorgaron fuerza de ley a sus autorizaciones.
Como no se había realizado una sola evaluación de campo de parte del Estado, en cuya estructura se habían posesionado estos mismos ejerciendo absoluto control de instancias organizacionales indígenas, gobiernos municipales y gobierno nacional (ABT), el 90% de documentos de “manejos forestales” resultaron falsos.
Así mismo se evidenció que la denuncia que hicimos sobre la circulación y comercialización de certificados Forestales de Origen era válida y se sacaron de circulación reduciendo su número y con entrega condicionada a verificaciones de campo de las operaciones forestales que se declaraban.
También se intervinieron aserraderos y se les inició proceso debido a que no sustentaron sus Programas de abastecimiento de Materia prima.
Esta información fue presentada, en octubre del 2010 y en Audiencia Pública a cuatrocientos miembros de las comunidades Guarayas, quienes solicitaron al Estado, anular contratos y suspender autorizaciones , acción que puso al tanto sobre la forma en que se estaba afectando a las comunidades y que no fue menos importante, para eliminar posibilidades de re articulación rápida de la red. La intervención de las concesiones forestales con el inicio de Inspectorías de campo también operó positivamente en ese sentido. De la misma manera las acciones adoptadas para normar el ejercicio de los profesionales responsables por la elaboración y veracidad (fe pública del Estado) lograron que aquellos que habían logrado sus clientelas en base a la falsedad de sus instrumentos y gracias a sus articulaciones con funcionarios de la red de corrupción, dirigentes y mercados optaran por paralizar sus actividades, cuando no por someterse a la ley.
Las capacidades del Estado
Para el logro de estos objetivos la Autoridad Boliviana de Bosques realizó la contratación de equipos de campo reforzados con recursos del Proyecto financiado por Holanda, en apoyo a sus estrategias de Control y regulación.
En el plano de las intervenciones, decomisos y otros, éstas contaron con el apoyo y coordinación permanente con el ejército nacional y ADEMAF.
Pero también, gradualmente se contó con el apoyo de actores locales importantes como la Asociación de Madereros de Guarayos y una parte de la Asociación Forestal Indígena de Guarayos, que habían decidido enmarcarse en la ley.
Método para esta evaluación
Precisamente, atendiendo a la especie y a los volúmenes que mayor ocurrencia tuvieron en el mercado Departamental, partimos por indagar que había ocurrido con el ochoó , ya que la industria de la construcción había empezado a preocuparse por la falta de madera de construcción para encofrado y por los precios. Con ese dato acudimos a la información de origen y a la de los centros de destino (85 barracas y aserraderos) en las Ciudades donde mayormente se comercializa, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Resultados
El ocho es una especie maderable utilizada para la construcción, esto por el costo bajo que tiene en el mercado, es abundante por las facilidades para su extracción ya que ocurre cerca de los caminos y también, por su alta abundancia en los bosques.
El pié Tablar de Ochoó puesto en Ascensión de Guarayos, hasta hace apenas algunos meses fue de Bs 1.20 y 1,50, Con este precio de venta en el lugar de origen encontramos que esta especie ocurría también de forma abundante en los mercados de Santa Cruz, Cochabamba y sobre abundante en las barracas del Alto (La Paz). Después de la zafra realizamos un nuevo recorrido para verificar el destino de la madera extraída y nos encontramos, en Santa Cruz, con un mercado prácticamente paralizado:
a) No existe ochoó en un total de 85 Barracas que visitamos.
b) El precio del ochoó allí donde se encuentra subió de Bs.2,8 y 3,0 pt a Bs.5.50 o a bs 6, en todos los casos.
c) El precio del Tajibo también de subió de bs 12 a Bs 17 y 18.
d) Realizando un cálculo general promedio los precios de madera en Barracas subió entre el 100% y un 60%.
En Cochabamba cuya dinámica de aserraderos y barracas llama la atención por encontrarse situada en la ciudad misma y por su capacidad de comercializar hasta el aserrín (para los “chicheros”), nos encontramos que gran parte de estos se han trasladado a Tiquipaya.
a) Encontramos el mismo fenómeno el precio del ocho subió en un 100% de 2,8 y 30 bs a 5,5 y 6 Bs. donde existe, ya que es escaso.
b) El ochoó en su generalidad ha desaparecido completamente del mercado y no existe madera para su reemplazado (habitualmente hoja de yuca o mapajo).
Qué paso en Cochabamba donde esta especie era abundante y hasta antes de la zafra se la observaba estoqueada y apilada en gran cantidad en las Barracas.
Los barraqueros nos confirmaron algunas hipótesis: “el fenómeno de Guarayos nos paró, ahora pues que los Guarayos paguen y se legalicen”.
Al ser controlada la ilegalidad en Guarayos se paralizo la comercialización de sus productos ilegales con incidencia en toda la red de ilegalidad en el país y la desesperación de la industria de la construcción no se dejó esperar, demostrando con ello la incidencia de la que habíamos informado al inicio de este artículo. De la misma forma en el Alto de La Paz, en el que la madera proveniente de Guarayos competía con la del Beni, solo encontramos Ochoó, mapajo y hoja de yuca de 2” pulgadas (que provienen de cuartón) a un precio que supera en un 100% al de Bs. 2.8 a 6 Bs.
Otro de los indicadores que identificamos en el seguimiento a esta especie fue la de una gran cantidad de barracas cerradas y vacías que incluso habían quitado sus letreros y se “olvidaron” de presentarse con tarjetas comerciales que antes ostentaban.
En el alto además encontramos un mayor temor por el control de la evasión de impuestos, puede referirse a los impuestos de la renta, ya que otras de las características de este negocio es que cada año cambian su razón social.
Qué podría pasar en el futuro si el Estado no tiene medidas de respuesta
Nos informaron en nuestro recorrido que las intervenciones de la ABT no solo habían paralizado gran parte de la actividad de las barracas, dejándolas prácticamente sin materia prima y con ello incrementado el precio de la madera en el mercado nacional sino que también hay aspectos por los cuales preocuparse para evitar que la ilegalidad se re-cree y fortalezca nuevamente:
a) Encontramos información que da cuenta de la venta de CFO digitales hasta a $us 3500 (en el 2009, en Guarayos se encontraban hasta en $us 200), por tanto hay que reforzar nuevamente el control de estos valorados, construyendo un sistema de control entre el origen y estos mercados.
b) Encontramos que ante la imposibilidad de elaboración de Informes Anuales (IAPOAF), que tuvieron que ocurrir el año 2010, los responsables de ello se han puesto de acuerdo para presentarlos “en paquete” y a último momento, sorprendiendo al Estado con una masiva concurrencia en bloque y saturando, de, esta forma sus capacidades de evaluación, para posteriormente presionar por la aprobación, sin evaluaciones de campo. Para evitar que esta maniobra tenga los resultados que sus autores intelectuales esperan, la ABT debe estar preparada con sus equipos reforzados que realizaran evaluaciones de campo y de gabinete, con mayor incidencia en el área de origen del conflicto (Guarayos).
c) Muchas personas que quieren enmarcarse en la ley, se sienten obligadas y muy presionadas por ciertos mecanismo que emplean los dirigentes para imponer sus reglas e hicieron alusión permanente a la necesidad de evitar que suceda lo que sucedió en el INRA en algunas provincias, donde finalmente las normas y los roles del Estado se relajaron tanto, que dejaron el gobierno del área en manos de un supra Estado con omnímodos poderes. “El Control Social”, en manos de personas a las que sus bases no controlan, favoreció en sus informes a quienes les pagaron y a quienes no lo hicieron, los sacaron del escenario con informes negativos o estancamiento de sus informes, hasta que apareciera un mejor postor
d) Nos informamos también en nuestro recorrido de que existe madera ilegal cortada y oculta en los bosques, cuyos propietarios se encuentran esperando que “algo suceda”, para sacarla (¿otra medida de excepción?).Esta es otra situación que el Estado ya debe tomar en cuenta puesto que estaría saliendo a cuenta de nuevos POAF.
e) El Estado debe emplear mecanismos de control que le permitan Controlar (valga la redundancia) las relaciones contractuales en comunidades (origen y destino del producto), tal y como se ha venido insistiendo, incluso desde las comunidades de Guarayos, desde el año 2008 y tal como estuvo establecido, por norma desde 1998. Barracas, aserraderos y otros relacionados con la ilegalidad han utilizado madera que proviene de comunidades, en el caso de Guarayos, el 100%, y si embargo el estado nada ha hecho por proteger los derechos de éstas.
f) El Estado debe aclarar la constitución de las Empresas Forestales Comunitarias, que, según se nos informó como una gran preocupación en nuestro recorrido, se encargarían de toda la cadena forestal, incluyendo aserraderos y barracas toda vez que esto incidirá en toda la cadena y en sus articulaciones locales, con impactos económicos para estos sectores.
g) Un sistema de comunicación permanente con actores locales, evitando los filtros y presiones dirigenciales o partidarias debe implementarse para posibilitar la comunicación entre un ente regulador y los actores directos y no los intermediarios y dirigentes.
Hasta aquí este artículo sobre los efectos de las medidas de control al aprovechamiento forestal en los bosques efectuadas desde los últimos meses del 2010 y hasta la fecha.
Los autores aclaramos que aún queda pendiente una evaluación de las medidas adoptadas sobre los desmontes para usos no forestales que ocurre a gran escala (85% por parte de la agro industria y el resto por los pequeños propietarios) y que es responsable por la deforestación de 300 mil hectáreas de bosques cada año.
Este, el de los desmontes hasta hoy no ha podido abordarse con capacidad preventiva de manera que más de 30 millones de bolivianos, por concepto de multas a esta actividad, hoy se emplean precisamente para pagar salarios a quienes debieron impedir que ello ocurra.
