De mal en peor
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo transdisciplinario y ecologista
Junio del 2011
La intencionalidad expresa del gobierno del MAS, de autorizar la producción, importación y comercialización de transgénicos (productos derivados de organismos genéticamente modificados), en la propuesta de Ley de la revolución productiva, forma parte de un extenso y diverso escenario de abiertas agresiones ecológicas y contravenciones a las normas ambientales, donde desfilan exploraciones petroleras, proyectos geotérmicos y carreteras en áreas protegidas, ventajas a las transnacionales, megarepresas, megaproyectos mineros, consignas ministeriales expresas de expandir las fronteras agropecuarias, luz verde a la colonización en regiones ambientalmente frágiles, etc.
Se ha escrito y hablado mucho sobre el triste desempeño gubernamental en diversos campos, en lo económico, que llega a un climax con el gasolinazo de fines del 2010; en lo jurídico, con normas verticales poco o nada consensuadas, como la nueva Ley de hidrocarburos, u otras que contradicen abiertamente otras normas e incluso a la nueva Constitución Política del Estado; en lo productivo, profundizando innecesariamente la crisis de alimentos básicos, y hasta en lo diplomático, invitando a un esbirro de un país de medio oriente, buscado por la justicia y con cargos criminales en un país vecino, que además es socio económico estratégico de Bolivia. Yo soy un experto ambiental, no una analista político, pero, si las calificaciones de desempeño en esos rubros, parecen rondar una tácita reprobación, en lo ambiental o socio-ambiental, el resultado es sin duda un aplazo catastrófico. Ni los gobiernos más retrógrados e irresponsables, lo hicieron peor, esto haciendo memoria incluso hasta 1990. El avasallamiento desarrollista y el desprecio por los temas ambientales, es de tal magnitud, que los jerarcas y tecnócratas del periodo denominado neoliberal, en términos de manejo irresponsable del tema, podrían ser considerados como unos simples aficionados, unos amateurs. Por ejemplo, nunca antes en los últimos 15 años, se había relegado el tema de las áreas protegidas al último desván del aparato estatal, al punto de que en la actualidad se prevé un debacle, tanto en lo que hace su sustentación económica, como por las numerosas vulneraciones en todas las regiones del país.
Para tomar otro ejemplo, el complejo cañero de San Buenaventura (empresa azucarera), ya cuenta con financiamiento y se ha iniciado la licitación de la construcción, además se llegó incluso a iniciar la siembra de caña (¿figura simbólica?), todo esto sin dar a conocer un proyecto responsable de diseño final (no los deficientes documentos presentados en años anteriores), sin estudio de evaluación de impactos ambiental, sin consulta pública, obviamente sin licencia ambiental. La figura es asombrosamente precaria y simplista, posiblemente como en 1980, cuando no existía ninguna norma ambiental en el país.
En otros casos, los estudios de evaluación de impactos ambiental, fueron unos absolutos mamarrachos técnicos, que causa asombro como pudieron ser aprobados, por ejemplo los referidos a la exploración petrolera en Liquimuni e incluso el del megaproyecto minero Mutún. En otros casos, estos estudios, que desafortunadamente son una simple luz verde para arrancar cualquier obra o proyecto, son casi desconocidos para la sociedad en general e incluso para los directamente afectados, tal es el caso de la carretera que partirá al TIPNIS, donde además se viene realizando una evaluación estratégica “entre gallos y media noche” (además de carácter ex-post lo cual es incongruente), la figura se replica en la carretera entre San Buenaventura e Ixiamas, o el camino Mutún-Puerto Busch. Un ejemplo de precariedad y al mismo tiempo de mala intencionalidad, se da por ejemplo en el diagnóstico socio cultural (que es la base del Plan Indígena) de la carretera entre San Buenaventura e Ixiamas, donde un anónimo antropólogo o sociólogo encargado del tema, se aboca a minimizar y deslucir la relevancia cultural del pueblo indígena Tacana, asumiendo de manera superflua una ausencia de identidad debido a “siglos de aculturación” o la pérdida de lengua y costumbres. Por el contrario, este penoso y anónimo profesional, se dedica a ensalzar injustificadamente la supuesta relevancia cultural de los colonos, llamados eufemísticamente “comunidades interculturales”. En base a mamarrachadas de esta naturaleza están siendo otorgadas las Licencias Ambientales. En Coro Coro, ni siquiera se hizo un estudio de evaluación de impacto, y solo se presentó la Declaración de adecuación ambiental, argumentando que se trataba de un proyecto ya en curso, siendo que todo el proceso hidrometalúrgico a relativamente gran escala, arrancó sin contar con la Licencia Ambiental.
Si los estudios de evaluación tienen dramáticas deficiencias e inconsistencias técnicas, los procesos de consulta pública han sido tan mal llevados que rayan en la perversidad. En el caso de Liquimuni, las pseudo consultas realizadas por la empresa Petroandina y las oficinas ambientales sectoriales, llegaron literalmente a fracturar a las organizaciones indígenas Leco y Mosetene de la región. Paradójicamente a esta inobservancia de las normas relacionadas a la consulta pública, se suman las reiteradas declaraciones en contra de las justas reivindicaciones indígenas, por parte de un primer mandatario, supuestamente indígena.
Volviendo a los transgénicos, llama la atención la escasa consistencia de principios y de convicción del actual esquema de gobierno. El año 2006, el gobierno a partir del Primer mandatario, declaraba públicamente el rechazo a los transgénicos, algo que se mantuvo hasta el año 2009 y que llego incluso a plasmarse en la versión pre-final de la nueva constitución Política del Estado. Pero, algo pasó a fines del 2009, y la sorpresa fue que el texto final aprobado de la nueva constitución, abría las puertas en su artículo 409 a los transgénicos. Hecha la Ley, hecha la trampa, y ahora el presidente de la ANAPO, aplaude y apoya el texto de la curiosa Ley de la revolución productiva, asumiendo que debe respetarse la norma. No hay necesidad de incurrir en un debate que se torna bizantino, y donde los voceros del IBCE y las grandes corporaciones del oriente se explayan pregonando las supuestas bondades de los transgénicos. Existe numerosos estudios y ensayos científicos serios que alertan sobre los potenciales riesgos sobre la salud, por ejemplo en torno a los juegos ingenieriles de lograr secuencias de genes y plásmidos de bacterias altamente patógenas en la transgénesis, o el tema del contaminación horizontal con pólenes genéticamente modificados que infectan plantas nativas y la biodiversidad natural (como ocurrió con el maíz nativo de México y las variedades modificadas de la Monsanto). Estos elementos serían la base para la aplicación del principio precautorio, algo que desde luego los impulsores de la norma o las corporaciones agroindustriales, o desconocen o les importa un pepino.
En torno a los transgénicos, es necesario poner en evidencia algo que con frecuencia se pasa por alto. Los mayores beneficiarios de los transgénicos no será la población en general del país, supuestamente librado de la crisis alimentaria, menos aun los campesinos pobres en las regiones rurales. De hecho los transgénicos son la maquinaria biológica para incrementar la producción de bicombustibles como el biodiesel y no tienen mucho que ver con paliar el hambre de la gente. De cualquier forma, los mayores beneficiarios son las grandes corporaciones o cámaras del oriente, donde además los socios mayoritarios son brasileros y argentinos, pero especialmente los que hacen el mejor festejo, son las grandes transnacionales que comercian millonariamente con las semillas transgénicas y agrotóxicos, como la Monsanto, Syngenta, Basf, Dupont, etc., es decir el agrocapital. En efecto la proliferación de semillas, variedades y cultivos transgénicos, son la mas clara y nefasta expresión del capitalismo mundial y transnacional, algo sobre los cual supuestamente el gobierno del MAS se declara contrario.
Algo que causa estupor, la controversial propuesta de Ley de la revolución productiva que abre la producción, importación y comercialización de organismos genéticamente modificados (transgénicos), contradice abiertamente a la Ley de Derechos de la Madre Tierra (artículo 7) que con tanta pompa aprobó el gobierno a partir de la Asamblea Plurinacional a fines del 2010, en su afán de querer seguir mostrándose internacionalmente como paladín de la defensa de la naturaleza. Dicha norma corta (resumen de las propuesta mas extensa) en su artículo 7, sobre los DERECHOS DE LA MADRE TIERRA, el inciso 2 menciona que la Madre Tierra tiene derecho: A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro. Resulta increíble tanta contradicción, al punto de parecer una burla.
Con todo esto, se puede observar que existe una colisión y embotellamiento de normas, comenzando por la nueva constitución Política del Estado, que se chocan contradicen unas a otras, lo cual muestra simplemente el nivel de caos jurídico reinante, que crece con cada nueva propuesta de norma que impulsan o emiten los jerarcas del gobierno. Sin duda el ministro impulsor de la mencionada Ley de la revolución productiva, no se tomó la molestia de leer la Ley de los Derechos de la Madre Tierra.
Por mi parte, treinta y uno años de bregar en el tema ambiental, lamentando los desmanes y menosprecios hacia la naturaleza y los pueblos indígenas, de miristas, emenerristas, adenistas, etc., pero cuando a inicios del 2006 parecía llegar la esperanza de un nuevo amanecer, resulta que es una noche muy, muy triste y oscura.
