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13 de diciembre de 2010

Evo Morales: Bolivia seguirá batalla contra cambio climático PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Soto Mayedo   
lunes, 13 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010, 17:20La Paz, 13 dic (PL) El presidente Evo Morales afirmó hoy que Bolivia seguirá batallando contra el cambio climático y criticó el acuerdo de la 16 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Cancún, México.

Con el documento emanado de la cita en el balneario mexicano se elevará la temperatura ambiente en más de cuatro grados centígrados y alrededor de un millón de personas fallecerán, denunció el mandatario, en conferencia de prensa este lunes en Palacio Quemado.

"El Estado hará una demanda ante el Tribunal de La Haya. Pido a los pueblos del mundo apoyo para la lucha por la justicia climática", expresó.

En opinión del gobernante, el texto final de la décimo sexta conferencia climática organizada por la ONU fue "impuesto sin consensos" y "si algunos lo aceptaron, fue por plata".

Morales descartó posibles desencuentros con los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), por la determinación de estos de firmar el acuerdo, y aseguró que lejos de dividirse, continuarán avanzando en sus relaciones.

El presidente boliviano recordó la deuda climática y ecológica de los países desarrollados en el orden económico y cuestionó que estos cumplan con los limitados acuerdos adoptados para contrarrestar las afectaciones ambientales.

No hay confianza en el manejo de los recursos económicos de la Cumbre de Cancún. No se tata de mercantilizar la Naturaleza, sino de salvarla, enfatizó.

El jefe de Estado se mostró sorprendido porque el documento final de la cumbre de Cancún no incluyera las propuestas de Bolivia, derivadas de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos en Defensa de los Derechos de la Madre Tierra, efectuada en Tiquipaya, Cochabamba, en abril de 2010.

El pacto de Cancún da vía libre al aumento de la temperatura del planeta hasta los cuatro grados centígrados o más, contrario a las exigencias de la cita en este país, donde se propuso reducirlas a un grado centígrado y que los industrializados paguen por los daños ocasionados al medio ambiente.

La Declaración de los Pueblos promueve, además, la creación de un Tribunal de Justicia Climática que juzgue y sancione a los Estados y empresas transnacionales que contaminan la Tierra, algo también obviado por los participantes en Cancún.

Bolivia queda sola y aislada en Cumbre de Cancún, Los tiempos, 18 de diciembre 2010

El embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Sólon, que encabezó la delegación boliviana en la conferencia sobre el cambio climático en Cancún, justificó ayer la posición radical y aislacionista que asumió el país en ese evento, que concluyó el sábado pasado.

Ayer explicó las razones de por qué Bolivia no firmó el pacto, el mismo que –en cambio– sí fue apoyado por todos los países participantes en la cumbre. Bolivia quedó totalmente solo.

“Bolivia no firmó la Declaración de Cancún porque no puede ser cómplice de la forma cómo se lleva al planeta y a la humanidad hacia su desaparición”, enfatizó ayer Solón en entrevista en radio Patria Nueva al reiterar que el país presentará una demanda en la Corte Internacional de Justicia contra el acuerdo de la 16 conferencia de la Organización de Naciones Unidas de Cancún firmado sin consenso, vulnerando las normas del organismo.

Agregó que serán “los pueblos y la ciencia los que juzguen el impacto que va a tener este documento para calentar mucho más el planeta”, pues da vía libre al aumento de la temperatura de la Tierra hasta los cuatro grados centígrados o más, contra lo cual se pronunció la representación boliviana.

“Bolivia no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, sino todo lo contrario, es responsable con los compromisos de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Madre Tierra que se realizó en Tiquipaya en abril pasado”, dijo.

La Guerra de la Madre Tierra, Raul Prada

La Guerra por la Madre Tierra
Historia de la lucha del Pacto de la Unidad en Defensa de la Madre tierra

Podemos hablar a ciencia cierta de una guerra por la madre tierra, ante el peligro que se encuentra por la contaminación múltiple, del aire, del agua, de los suelos; por la deforestación que erradica grandes extensiones de bosques, que forman parte de la articulación, interactividad, interacción y entrelazamiento de los distintos ciclos de la vida, generativos y regenerativos; por la desertificación, la crisis climática, la crisis ecológica, el calentamiento global, el efecto invernadero. Los enemigos de la madre tierra son las trasnacionales, las empresas industriales, el comercio indiscriminado, la mercantilización desorbitada, el consumismo compulsivo, la expansión desbordante de la frontera agrícola, el extractivismo exacerbado, articulada a un capitalismo dependiente, absorbido por la economía-mundo y sistema-mundo capitalista. Todas estas formas depredadoras forman parte del modelo civilizatorio moderno, capitalista y occidental, que se ha universalizado, expandiéndose globalmente, deshaciendo otros modos civilizatorios y culturales alternativos nativos y ancestrales. El enfrentamiento en defensa de la madre tierra es contra este modelo civilizatorio depredador.
El Pacto de la Unidad, que aglutina a las organizaciones indígenas campesinas de Bolivia, ha asumido la responsabilidad política y cultural de defender a la madre tierra. Se puede decir que desde abril del 2007, cuando se acude a la Cumbre del ALBA-TCP, el Pacto de la Unidad se propone la tarea de retomar orgánicamente la defensa de la madre tierra, aunque esta tarea estaba implícita en el documento del Pacto de la Unidad para la Asamblea Constituyente, también en la participación de las organizaciones sociales, que conforman el pacto, en el proceso constituyente, plasmando esta tarea en la Constitución Política del Estado. La tarea de elaboración de una Ley de la Madre Tierra se da en la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. En las resoluciones de Tiquipaya-Cochabamba se plantea dar cumplimiento a la reducción de los gases de efecto invernadero, por parte las potencias industriales que firmaron el protocolo de Kioto, por lo menos en un 50% para evitar que el calentamiento global suba peligrosamente ocasionando catástrofes ecológicas. También exige las negociaciones de la Cumbre de Cancun (COP 16) sean transparentes, inclusivas y democráticas, sin ningún documento impuesto por las potencias industriales, ni condicionamientos ni chantajes. Así mismo rechazar el Entendimiento de Copenhague por ser una amenaza para la vida y demanda el respeto al marco legal vigente en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. En el mismo sentido exigir a los gobiernos de los países desarrollados, “Financiamiento para la Tierra, no para la Guerra”, y la transferencia de los presupuestos militares; así como incrementar los recursos financieros para salvar el planeta y la Madre Tierra y atender los impactos del cambio climático en los Países en Desarrollo. Demanda la justicia climática, denunciar la ausencia de los pueblos en las instancias de decisión sobre el futuro común, y demanda la creación de espacios de participación de los pueblos del mundo en la toma de decisiones sobre el cambio climático, asimismo en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de los compromisos contraídos por los países desarrollados. Promueve la creación de normas legales internacionales que sancionen las infracciones e incumplimientos de los compromisos de reducción de emisión de Gases de efecto invernadero, financiamiento, transferencia de tecnología y otras obligaciones asumidas por los Países Desarrollados. Asimismo promueve la creación del Tribunal de Justicia Climática que será una instancia de ejecución de estas normas. Exige a los Países Desarrollados respeto a los derechos de las poblaciones migrantes por efectos climáticos, y que se destinen recursos para brindarles acogida y compensación a nivel local, nacional, regional e internacional. Las resoluciones de la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra también se proponen construir un movimiento mundial desde los pueblos y las organizaciones sociales en defensa de la Vida y la Madre Tierra, basada en la inclusión y complementariedad de todos. Así mismo, en la misma tónica, se pospone promover el Vivir Bien y sus principios como alternativa al sistema de vida capitalista, recuperando hábitos y costumbres ancestrales, como la reconstitución de los calendarios orientados a devolver y recuperar los ciclos naturales de la Madre Tierra; en esta perspectiva se propone promover la producción ecológica, el consumo de productos orgánicos locales, promover y generar políticas de incentivo al consumo de productos locales naturales, además de recuperar y promover la matriz tecnológica de nuestros pueblos y generar una complementariedad de conocimientos. Las resoluciones de Tiquipaya se proponen impulsar y consolidar a nivel mundial la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. En este sentido sustituir el sistema Capitalista por un modelo alternativo que priorice la armonía con la Madre Tierra, la reciprocidad, la complementariedad y el equilibrio de la Vida antes que el consumismo. Consecuente con todas estas resoluciones, se convoca a una 2a Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, además de promover el Referéndum mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Por último, las resoluciones se plantean la creación de una Organización Mundial alternativa de los pueblos: UNO, asimismo, creando espacios donde las representaciones de los pueblos tengan plena participación con poderes de decisión.
El Pacto de la Unidad retoma seriamente las resoluciones de Tiquipaya y se da a la tarea de elaborar un anteproyecto de Ley de la Madre Tierra. Esta labor dura aproximadamente nueve meses, se desarrollan varios encuentros de las organizaciones sociales en 16 talleres de trabajo, la mayor parte de ellos regionales y por organización, otros plurinacionales y de todas las organizaciones, contando con un formato de elaboración de la ley y buscando consensuar un solo documento. En la reunión de Cochabamba del 6 y 7 de octubre de 2010 se logra la conjunción de un solo documento y se toman las decisiones más importantes sobre el contenido del documento. Una de esas decisiones tiene que ver con desechar el nombre de recursos naturales porque reproduce el significado de explotación de la naturaleza, basado en la comercialización, el mercado y la acumulación capitalista. Por otra parte se decide expresar elocuentemente en la escritura del documento los imaginarios de las cosmovisiones indígenas originarias, campesinas e interculturales. La tarea encomendada deriva en el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra presentada por el Pacto de la Unidad a la dirección ejecutiva de las organizaciones sociales en la sede de la CSUTCB, contando con la presencia del Canciller David Choquehuanca. Posteriormente el documento se presenta a la Comisión Mixta sobre medio ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encabezada por el Senador Freddy Bersati. Con esta comisión se trabaja conjuntamente estableciendo acuerdos entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un primer acuerdo se da una vez terminada las exposiciones de las partes, por parte del Pacto de la Unidad y por parte de la comisión mixta, de sus respectivos anteproyectos. Este acuerdo consiste en elaborar un documento consensuado entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa plurinacional, que comprenda ambas propuestas, incorporando los ejes conceptuales de la propuesta del Pacto de la Unidad, y reproduciendo lo que plantea la Constitución Política del Estado en lo que respecta a temas conflictivos, como lo relacionado a la consulta previa e informado con consentimiento de las comunidades, de las naciones y pueblos indígenas y originarios. En relación a este acuerdo se establece la conformación de título que comprenda la participación, el control social y la consulta tal como está en la Constitución. El trabajo conjunto termina con un anteproyecto consensuado de Ley de la Madre Tierra. Cuando se termina la presentación de este documento histórico, se firma un segundo acuerdo donde ambas partes se comprometen a mantener y defender el anteproyecto consensuado, buscando su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando en pleno el preámbulo del anteproyecto del Pacto de la Unidad, donde se expresa el espíritu de la ley de la madre tierra, desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas y comprendiendo la complejidad de la composición y los ciclos vitales de la madre tierra. Además se decida abrir un título que contenga un enunciado general sobre áreas protegidas desde la perspectiva desplegada en la ley.
El Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra del Pacto de la Unidad comprende el preámbulo, la exposición de motivos y doce títulos. El título I, que define los aspectos generales, el objeto de la ley, los objetivos, los alcances, las definiciones y conceptos, los principios. El título II comprende los derechos y deberes para con la madre tierra, el título III define el marco institucional, planteando el Consejo de la Madre Tierra como instrumento de corresponsabilidad en la coordinación de políticas públicas y la gestión de la madre tierra. El título IV establece la participación y el control social en lo que tiene que ver con la gestión integral de la madre tierra; este título también comprende un capítulo sobre el consentimiento previo, derecho reconocido de los pueblos indígenas por parte de Naciones Unidas y convenios internacionales, además de la Constitución Política del Estado. El título V desarrolla la gestión ecológica de la madre tierra, el titulo VI define las bondades de la madre tierra, una concepción afectiva, integral, cíclica y dinámica de los componentes de la madre tierra, sustituyendo con esta cosmovisión al discurso extractivista explotador y de dominación sobre los recursos naturales, aunque se plantea que en la transición y de acuerdo a la traducción intercultural se mencionara a los “recursos naturales” en la forma como se refiere la Constitución, como estratégicos y destinados al vivir bien. El título VII retoma la consulta previa e informada, el título VIII norma sobre las áreas protegidas, el título IX define la territorialidad, la tierra y el territorio, el titulo X determina el régimen económico, el titulo XI define los mecanismos para la defensa de la madre tierra, incentivos y sanciones, por último el título XII establece las disposiciones finales y transitorias. El Anteproyecto de Ley de la Madre tierra del Pacto de la Unidad se convierte en el Manifiesto Político y Conceptual de la Madre Tierra. Este documento hace de manifiesto y como tal de convocatoria a luchar por la madre tierra, expresando la fuerza de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios y de las teorías de la complejidad, haciendo una interpretación vital e histórica de las bondades y componentes de la madre tierra, de sus ciclos vitales, del ciclo del agua, del ciclo del aire, del ciclo de los suelos, articulados y entrelazados en la generación, regeneración y evolución de la vida. El manifiesto hace una interpretación desde la historia cósmica y de la historia ecológica de las energías, también interpreta la historia geológica de los componentes del subsuelo de la madre tierra.
El Anteproyecto de la Ley de la Madre Tierra consensuado entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional contiene la siguiente estructura: El preámbulo, retomado del documento del Pacto de la Unidad y dos títulos donde se distribuyen todos los capítulos de la ley marco. El título I, que contiene las disposiciones generales, donde están los objetivos, fines y principios, además de las definiciones, se define el objeto y los fines y se establecen los principios. El título II está dedicado a la madre tierra, a su definición y carácter, a los derechos de la madre tierra, a las obligaciones del Estado y a los deberes de la sociedad. El título III comprende al vivir bien en armonía con la madre tierra, al modelo económico-ecológico para vivir bien, que contiene la planificación integral y participativa y la contabilidad económica-ecológica, que plantea la valoración cualitativa y su incorporación en la planificación, incorporando los efectos a la madre tierra y se plantea la soberanía y la seguridad alimentaria, además del seguimiento y evaluación del vivir bien en armonía con la madre tierra. Comprende también un capítulo sobre sistemas de vida y componentes de la madre tierra, distinguiendo los componentes de la madre tierra y los recursos naturales, la condición de renovabilidad de los componentes de la madre tierra, su uso y aprovechamiento en general y en territorios indígenas originarios campesinos; se definen los lineamientos de las comunidades de vida. El título IV trata sobre protección y garantía de los derechos de la madre tierra, el título V trata sobre las instituciones y mecanismos de defensa de la madre tierra, donde se encuentra el consejo plurinacional de la madre tierra, el ministerio de la madre tierra; también comprende un capítulo sobre la consulta previa, libre e informada y el control social.
La Ley Corta de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada por la Asamblea Legislativa plurinacional, es un recorte del anteproyecto de Ley de la Madre Tierra consensuada entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su estructura comprende dos títulos, en el primero se encuentran las disposiciones generales, el objeto y los principios; en el segundo define la madre tierra y su carácter, se definen los sistemas de vida, el carácter jurídico de la madre tierra, el ejercicio de los derechos de la madre tierra, se establecen los derechos de la madre tierra, también las obligaciones del Estado y deberes de la sociedad, además se incorpora la defensoría de la madre tierra.

Paquete de medidas; cumbre de Cancún

Tras el pesimismo que reinaba en la mente de muchos durante la Cumbre sobre Cambio Climático de Cancún, la cita finalizó con un compromiso por parte de los asistentes. Así se alcanzó un acuerdo consensuado sobre una serie de medidas concretas, entre ellas, la creación de un Fondo Verde Climático y un compromiso para elevar los objetivos de reducción de emisiones de gases que causan el efecto invernadero.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideró el resultado del encuentro “un importante éxito para el mundo”. “Los gobiernos se unieron en una causa común, por el bien común, y se pusieron de acuerdo en la forma de afrontar el desafío que define a nuestros tiempos”, declaró Ban.

Para el máximo representante de la ONU, el documento adoptado en Cancún provee herramientas importantes que ahora se deben ser usadas, a la vez que es necesario redoblar los esfuerzos para que estén a la altura de los imperativos científicos.

Entre las medidas acordadas en esta cumbre figuran la creación de un Marco de Adaptación para mejorar la manera en que se afrontan los desastres naturales y un comité que brindará asesoramiento técnico en ese tema.

También se estableció el compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de financiamiento rápido y de movilizar otros 100.000 millones a partir de 2020 para atender las necesidades del desarrollo.

Otras medidas

Fuera del marco de la Cumbre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los gobiernos de Dinamarca y Alemania anunciaron una vía rápida de financiamiento para las comunidades de montaña vulnerables al cambio climático y para el desarrollo de estrategias que reduzcan las emisiones de carbono.

Los proyectos piloto encaminados a estos objetivos tendrán lugar en Uganda, Nepal y Perú, y contarán con fondos por más de 13 millones de dólares.

La iniciativa evaluará la vulnerabilidad de las comunidades y los granjeros a las sequías e inundaciones relacionadas con el ascenso de las temperaturas regionales y la reducción de los glaciares y los hielos.

Asimismo, explorará cómo conservar y proteger los ecosistemas de montaña para aumentar la resistencia a los cambios climáticos que se prevén en las próximas décadas.

La felicidad, indicador de calidad de vida

La felicidad como indicador de calidad de vida

Alberto Chirif

Sin duda, cuando las futuras generaciones estudien como contabilizamos como desarrollo y felicidad nacional un crecimiento económico que consistía en recalentar la atmósfera, derretir los glaciares, crear escasez de agua, alimentos y subir peligrosamente el nivel de los mares, clasificará el PBI como el más conspicuo indicador de nuestra barbarie.

La lectura de un artículo de Oswaldo Rivero , ex embajador del Perú en la ONU, del cual he extraído el epígrafe que encabeza estas reflexiones, me ha quitado el temor de escribir sobre un tema que me venía dando vueltas en la cabeza, pero que no sabía cómo llamarlo ni menos encararlo: ¿alegría, felicidad? En suma, quiero referirme a la capacidad de los indígenas de asumir las tareas que plantea la vida cotidiana con buen humor, con gran capacidad de reír mientras trabajan. Salvo casos extraordinarios, como los que han vivido la barbarie desatada por la subversión durante la década de 1980 y parte de la siguiente, y otros que son consecuencia de haberles expropiado sus territorios y convertido en dependientes de un sistema económico que no les ofrece otra alternativa que vender barato sus productos y trabajo, me atrevo a decir que ellos no conocen la palabra estrés.

Digo temor porque, pensaba, cómo podría escribir acerca de este tema sin perderme en apreciaciones subjetivas, ya que a fin de cuenta la felicitad es algo muy personal y exclusivo de cada quien. Además, ¿cómo medir la felicidad de la gente? La lectura del referido artículo me ha ayudado a superar el entrampe, al menos por dos razones. La primera es que me hizo reflexionar sobre los indicadores que actualmente usan los organismos nacionales e internacionales para medir la pobreza o el desarrollo y a llegar a la conclusión de que si bien los datos que se extraen de las mediciones son objetivos (porcentajes de alfabetismo, escolaridad, servicios de saneamiento y otros), inducen a conclusiones poco fundadas que, con frecuencia, sólo sirven para que los políticos y propagandistas de este modelo de desarrollo justifiquen sus decisiones y las impongan. Pongo enseguida algunos ejemplos.

El analfabetismo (alfabetismo para el Índice de Desarrollo Humano –IDH-) sugiere en la mente del lector la idea de que el alfabetizado lee. Esto es cierto sólo a veces, al punto que hoy los estadígrafos han creado el concepto de “analfabeto funcional” para referirse a aquéllas personas que, habiendo aprendido a leer, no leen por la razón que fuera: falta de dinero para comprar libros, de interés por la lectura o cualquier otra. Pero el tema se puede llevar más lejos. Como la lectura no es un fin en sí mismo sino un medio para que la gente se desarrolle intelectualmente, se desenvuelva como un ciudadano con mayor conciencia cívica sobre sus derechos y deberes, y alcance finalidades más pedestre, como superar la prueba de un examen para un cargo determinado y mejor remunerado que el que tiene (si lo tiene); y considerando que una parte de la población lectora sólo lee basura, como la prensa amarilla que únicamente consulta en los titulares que exhibe en los kioscos de periódicos (en esto se limitan a lo justo dado que esos diarios no desarrollan los contenidos adentro), es claro que una lectura así no está cumpliendo los fines que se proponen los programas de alfabetización. Me pregunto ¿por qué lectores de insultos y difamaciones propaladas contra personas críticas de regímenes políticos, viles en sí y envilecedores de los ciudadanos, deben ser considerados más desarrollados que personas basadas en la tradición oral y que mantienen su capacidad (aunque mellada por la “modernidad”) de transmitirse relatos que reviven los actos fundadores de su mundo y costumbres?

Pero para que no se piense que el caso del indicador comentado es una excepción tomo otro: agua potable, calificativo generoso para referirse al agua que le llega a uno a través de tuberías, pero que no corresponde a la realidad del nombre: bebible, saludable. Aunque en cada caso hay variaciones, ni aun en Lima la gente se atreve a beber dicha agua, al menos aquélla con ciertos recursos, porque como siempre, los pobres tienen que contentarse con lo que les llega. ¿Es esto algo cualitativamente mejor que recoger agua en tinajas de quebradas o puquios? En honor a la verdad también debo decir que la modernidad, representada por industrias contaminantes y por ciudades en crecimiento que arrojan desperdicios sin tratamiento al agua, ha hecho que las cosas cambien en muchos lugares.

Un indicador como el ingreso monetario que no tome en cuenta las condiciones en que vive la gente es un dato mentiroso. Una familia de cinco miembros que gana 500 soles al mes es pobre si vive en la ciudad, porque ese dinero no le permite afrontar los gastos necesarios para llevar una vida digna, mientras que para una que vive en una comunidad se trata de un ingreso importante (ojo: expresamente no digo que la convierte en rica), porque tiene asegurada parte de la alimentación mediante su trabajo en la chacra, en el monte y en los ríos, dispone de una casa que él mismo construye y repara, de agua limpia (salvo los casos de contaminación ya citados) y, lo que es importante, de un vecindario de parientes con los que mantiene una relación de intercambio recíproco de bienes y servicios.

No se diga ahora que sostengo que no es importante que los indígenas vayan a la escuela, se alfabeticen, tengan derecho a mejores servicios de salud y salubridad y cosas por el estilo. Por cierto, ellos mismos quieren y buscan estas mejoras. Lo que digo es que la manera como esto se realiza no está mejorando la calidad de vida ni de ellos ni, en general, del resto de la población que lee titular chatarra en los kioscos de periódicos.

Otra manera de manipular los datos estadísticos es la que ha hecho De Soto en su último despilfarro de dinero (ocho páginas a color, en suplemento especial de El Comercio (5/6/2010) en día sábado, es algo que debe costar por lo menos unos 70 mil soles), bajo el título de La Amazonía no es avatar. Allí, él señala que hay quienes afirman que “los indígenas son ricos a su manera”, algo que en realidad nunca he leído, lo que claro no quiere decir que, efectivamente, alguien haya mencionado este despropósito. Lo que sí he leído, e incluso firmado personalmente, es que “los indígenas no son pobres”, aludiendo al hecho de que tengan aún comida, vivan en un medio ambiente sano y tengan capacidad de manejar sus propios conflictos internos. Esto, claro, a menos que los “programas de desarrollo” –colonizaciones y otros- los hayan despojado de sus tierras y bosques y que las industrias extractiva hayan contaminado su hábitat y deteriorado su propia salud. La afirmación que hace el economista es tan absurda como glosar a quien afirma que “no todos los políticos son corruptos”, señalando que “los políticos son virtuosos a su manera”.

Me refiero ahora a cómo De Soto usa los datos estadísticos para apoyar su propuesta de que la alternativa de los indígenas es convertir sus tierras en mercancía. Señala él muy contento, pensando haber encontrado el argumento contundente que justifica su idea, que “cinco de los distritos más pobres del Perú (Balsapuerto, Cahuapanas, Alto Pastaza y Morona, en Loreto; y Río Santiago, en Amazonas) se localizan en zonas indígenas de la Amazonía norperuana”. Lo primero que hay que decir es que, de acuerdo al INEI , entre los diez distritos que considera más pobres del Perú no está ninguno de los que él cita y no hay ninguno de las regiones y provincias que menciona. Lo segundo, es que, según la misma fuente, existen muchos distritos que no tienen población indígena que se encuentran en situación de pobreza, incluyendo algunos de Lima. Pero lo que aparentemente quiere demostrar De Soto con su referencia es que la causa de la pobreza de esos distritos (efectivamente Balsapuerto ocupa el puesto 12 en el ranking nacional de pobreza y Cahuapanas el 16, seguidos muy de lejos por Morona -242- y Andoas -246-) se debe a la presencia de población indígena que vive en comunidades. Se trata de un disparate, porque los indicadores de medición de la pobreza son consecuencia de la falta de inversión del Estado en escuelas, salud, saneamiento y en otros campos. Entonces su información implica más un cuestionamiento al Estado que al modo de vida de los indígenas, que es mucho más grave incluso considerando que al menos dos de esos distritos que menciona (“Alto Pastaza” y Morona) se encuentran en una zona donde la industria petrolera extrae buena parte de los hidrocarburos que produce la selva peruana.

¿O es que él piensa que vendiendo sus tierras los indígenas van a tener dinero para mandar a sus hijos al Markham, contratar seguros en la Clínica Anglo-Americana y pagar a Odebrecht la instalación de servicios de saneamiento?

La cuestión es qué derecho asiste a los propagandistas del mercado para pretender incorporar, o mejor dicho (porque ya están incorporados) hacer depender a gente que por sus propios medios, con su inteligencia y esfuerzo, construye, con cierta independencia de los circuitos comerciales, sus propias condiciones de vida que si bien no hacen que viva en la abundancia (¿por qué ésta debe ser considerada un valor universal?) no la condenan a la falencia ni a la desesperación del que nada tiene, ni a la frustración del que se tragó el cuento de que la modernidad (mejor educación, salud, salubridad y, sobre todo, más dinero) es un objeto al alcance de la mano para todos quienes estén dispuestos a estirarla (y a vender sus territorios ancestrales). ¿No son acaso indicadores contundentes de que la cosa no funciona la falta de trabajo de millones de peruanos, los deplorables resultados que arroja la evaluación del sistema escolar, el aumento crítico de enfermedades en los sectores más pobres, la creciente violencia social que azota a todo el país y los procesos de destrucción del medio en los que por desgracia a veces los propios indígenas se han convertido en agentes activos?

La segunda razón por la cual el artículo de De Rivero me ayudó a superar el bloqueo que sentía para abordar el tema es que por él me enteré que la felicidad constituye hoy un indicador de calidad de vida y bienestar usado por los estadígrafos en los países desarrollados. Mis reflexiones, no obstante, van en otra dirección que las de ellos, en primer lugar, porque el punto de partida son realidades nacionales totalmente distintas: sociedades ricas, altamente industrializadas, aquéllas; vs. una sociedad como ésta empobrecidas por la corrupción al grado de metástasis de políticos que prefieren el regalo de los recursos nacionales a cambio de prebendas recibidas bajo la mesa, al trabajo honesto para construir país en beneficio de todos los ciudadanos.

Una diferencia entre esas sociedades aludidas es que en el Perú existen pueblos indígenas que a pesar de estar insertos en las redes nacionales que dominan el conjunto del país (de las que derivan sus peores problemas: contaminación de sus hábitats, intercambio desigual con el mercado, pérdida de conocimientos propios adecuados a su realidad a cambio de rudimentos adquiridos en la escuela y otros), mantienen un grado de autonomía que les permitiría, con una mejora sustantiva de los servicios sociales del Estado, fortalecer una opción de desarrollo basada en las capacidades de su gente para manejar de manera sostenible el medio ambiente y no sólo en el incremento del PBI.

¿Cómo plantean la felicidad los ciudadanos en los países desarrollados? La respuesta sigue los planteamientos hechos por De Rivero en el artículo que comento, que a su vez se basan en diversos estudios sobre el tema. El factor principal de la felicidad es el dinero, no sólo para lo necesario sino, mucho más que eso, “para adquirir y consumir las nuevas necesidades creadas por el mercado y la publicidad” (ibíd.: 4). Como éstas son ilimitadas, la búsqueda de la felicidad se convierte en estrés que termina por conducir a la infelicidad. No basta un auto, es mejor tener dos -sobre todo si el vecino ya se adelantó- que además hay que cambiarlos para estar con el último modelo; ni una casa, hay que tener también otra de playa y mejor aun una más de campo, además de la urbana, y así sin parar. Ésta es la lógica del sistema: producir y consumir de manera ilimitada, porque el día que esto se detenga, el sistema colapsará. Un adelanto de esto ha sido la crisis económica desatada en los Estados Unidos hace pocos años, que no fue causada por problemas de mala administración. Fue, en cambio, manifestación de la crisis de un sistema fundado sobre el consumo, como lo son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de basura (incluyendo la biodegradable, sino pregúntele a los holandeses sobre el tema de los excrementos de una población porcina, varias veces superior a la de los habitantes del país) y otras. El PBI es así, desde ya, un notable indicador de la barbarie del actual sistema, aunque tal vez hoy seamos incapaces de evaluar sus estragos y tengamos que esperar que lo hagan las generaciones venideras.
Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido dudas sobre considerar el PBI como indicador de la felicidad, sobre todo a partir de la comprobación de que su crecimiento no necesariamente implica un incremento de los ingresos de la población. Esto es algo que sucede en Perú y otros 134 países, donde los ingresos sólo crecieron en 2.3% en el periodo que va de 1960 a 2008, lo que es insuficiente para terminar con la pobreza nacional y mucho más incluso para pretender llevar la felicidad del dinero a sus habitantes. En los Estados Unidos, los premios Nóbel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman afirman, refiriéndose al tema de la falta de relación entre dichos factores, que el crecimiento del PBI, desde 1990, sólo ha favorecido al 10% de la población (Ibíd.: 5).

Debido a estas consideraciones, señala el autor, es que los países del norte han comenzado a buscar nuevos indicadores de felicidad en reemplazo del PBI. Así han aparecido el Indicador de Riqueza Genuino (IRG), que pone mayor énfasis en la calidad de vida; y el Índice del Planeta Feliz (IPF), que le da prioridad a una larga vida sin impactos nocivos contra el medio ambiente. En los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos se han realizado estudios y se han conformando comisiones para estudiar el tema de la felicidad, creándose algo así como una nueva disciplina que De Rivero califica de “happylogía”.

No obstante estas preocupaciones, de acuerdo a estos estudios y encuestas, la percepción de la población sobre el tema no ha cambiado sustancialmente, quien le sigue otorgando prioridad a los ingresos que le permitan consumir más allá de sus necesidades básicas. Al respecto, dice el autor, “los psicólogos y psiquiatras tienen otras lectura de esta cultura adquisitiva. Ellos consideran que ganar más para adquirir más está generando una neurosis, que el destacado psicólogo británico, Oliver James, llama: Afluenza, cuyo síndrome es [sic] un ansiedad permanente por tener más y mejor, desde inmuebles, autos, pasando por todo tipo de objetos domésticos y personales, hasta más grandes senos, menos arrugas y inclusive penes más largos” (Ibíd.; 5).

Se trata de un síndrome que hace que la gente se identifique por lo que tiene y aparenta, lo que crea un vacío espiritual que es cada vez más corriente en los países del primer mundo o “sociedades afluentes”, a diferencia de las sociedades en desarrollo donde, según la OMS, casi no existe. La compulsión por el tener y consumir, termina finalmente en el Prosac, medicamento para calmar la ansiedad y los nervios de gran venta en esos países.

El corolario es triste: la búsqueda desenfrenada de la felicidad mediante el tener más ha llevado al medio ambiente a una situación peligrosa debida al calentamiento global y demás desajustes y estragos causados sobre el hábitat; y a las personas, a la neurosis, es decir, a la infelicidad, al arribo a una meta contraria a la que estaba en su mente al inicio del camino, y a otros males, como la obesidad, los infartos, la diabetes y otras enfermedades propias de los tiempos.

En cambio, en muchos pueblos indígenas las cosas funcionan de otra manera. Ignoro cuál es el contenido que ellos le pueden dar a la palabra felicidad, por lo que sería arbitrario y subjetivo de mi parte pretender definirla. Lo que sí sé es que en las comunidades se viven frecuentemente situaciones que se puedan asimilar a ésta. No sé por esto si felicidad es la palabra para nombrar la manera cómo las familias solas o en unión de otras desarrollan sus labores cotidianas, con bromas y risas y tiempo para tomar un pate de masato cuando el calor aprieta, así como para descansar y hacer visitas a parientes y allegados. Cualquiera que haya estado en una comunidad indígena amazónica ha percibido esta situación. No es que no trabajen y ganen su pan con el sudor de su frente, pero éste es consecuencia del calor y no de la carga abrumadora que le impone la competencia y el consumo.

El “buen vivir” sí es un concepto indígena, como lo ha desarrollado en un bello libro mi colega Luisa Elvira Belaunde y otras personas . Se trata de un concepto que, en teoría, parecería acercarse a las nuevas búsquedas emprendidas en los países desarrollados que intentan reemplazar el PBI por la calidad de vida (aunque incoherentemente porque terminan siempre dándole prioridad al consumo). Ella se refiere a que durante su estadía en una comunidad secoya escuchó “a hombres y mujeres repetir palabras como éstas: ‘hay que vivir como gente’ (Pai Paiyeje Paidi); ‘hay que vivir bien’ (deoyerepa Paiye); ‘hay que pensar bien’ (deoyerepa cuatsaye). En lugar de apelar a principios políticos de organización residencial y jerarquía social para mantener el orden y el buen espíritu de la comunidad, ellos apelaban a la capacidad de cada una de las personas de contribuir efectivamente a su bienestar personal y al desarrollo de la vida colectiva” (Belaunde, L.E. p. 28).

Precisamente en un viaje que hice a una comunidad secoya en octubre de este año, ubicada en la cuenca del alto Putumayo y no en la del Napo donde trabajó mi colega Luisa Elvira Belaunde, ante la pregunta a dos grupos de adolescentes (entre 12 y 17 años) sobre qué consideraban ellos que era un derecho, sus respuestas, con distinto fraseo, fueron coincidentemente las mismas: “derecho es vivir bien, es pensar bien”.

Qué derecho tiene la economía de mercado de destruir su vida para forzarlos a depender de un modelo caótico y destructor que se encuentra en franca crisis y que es incapaz de dar trabajo y riqueza a quienes no tienen otra alternativa que la venta de su fuerza de trabajo. Si alguien piensa que este mal durará más de 100 años y los cuerpos lo resistirán, no ve realmente la gravedad de una crisis que a estas alturas es indetenible por la falta de voluntad (y probablemente de posibilidades) de cambiar de rumbo.

¿O se trata de una idea suicida de arrastrar a todos en la caída?