Ruth Costas: Fiebre de la quinua alimenta violencia en Bolivia.

Ruth Costas BBC Brasil Martes, 22 de mayo de 2012 Facebook Twitter Compartir Envíe esta página por e-mail Imprima esta nota Los cultivos de quinua están causando fuertes disputas al interior de Bolivia. Considerada por la NASA como uno de los alimentos "más completos" para los seres humanos debido a su alto contenido nutricional, la quinua se ha convertido en un grano de moda y ahora constituye el centro de una violenta disputa de tierras al interior de Bolivia. El cultivo del grano, abanderado por los partidarios de una alimentación sana en todo el mundo, ha reavivado un problema limítrofe entre las principales zonas productoras del país. Según algunas fuentes, las plantaciones también amenazan con provocar la desertificación de una región que ya es inhóspita para la agricultura. Contenido relacionado La quinua, de los Andes para el mundo El enfrentamiento entre los productores de quinua de las localidades de Quillacas y Coroma, en el occidente boliviano, dejaron ocho heridos el mes pasado, según informó el gobernador del departamento de Potosí, Félix González, quien ha estado pidiendo al gobierno central de la militarización de la zona. Según medios locales, en marzo tres campesinos de Potosí fueron tomados como rehenes en el marco de conflictos en la misma región. La representación de las Naciones Unidas en Bolivia se ofreció para mediar. De acuerdo con el diario La Razón, decenas de bolivianos resultaron heridos por impactos de piedras y una explosión de la dinamita, y cien policías fueron desplegados para controlar la situación. Los enfrentamientos ocurrieron dentro de una zona que se disputan los departamentos de Oruro y Potosí, las dos principales regiones productoras de quinua de Bolivia, y probablemente del mundo. La fiebre de la quinua Video: quinoa, un milagro con riesgos Utilizar un reproductor alternativo Ampliamente consumida por los incas, la quinua se utiliza ahora en ensaladas o en lugar del arroz. La NASA la ha catalogado como alimento ideal para quienes habitan las estaciones espaciales, principalmente debido a su alto contenido en proteínas. En la última década, las exportaciones bolivianas de cereales se han incrementado más de 20 veces, al pasar de US$ 2,5 millones a US$ 65 millones. El precio del producto se ha triplicado desde 2006. Según Mario Martínez, vocero del gobierno de Potosí, aunque los agricultores de la región han llegado a una tregua hace poco, dividiendo por la mitad del área de producción, las tensiones persisten. "Es un acuerdo frágil y, como estamos en la época de cosecha, podría dar pie a una nueva guerra en cualquier momento", dice Martínez, quien acusa a los campesinos de Oruro "de tomar por la fuerza" el 25% de la cosecha en la región en disputa. Los orureños lo niegan. Nueva frontera agrícola Bolivia es el principal exportador de quinua, que se produce en menor escala en otros países andinos, y que recientemente ha empezado a cultivarse también en los Estados Unidos, Canadá y Brasil. La NASA considera que la quinua es un alimento ideal para estaciones espaciales. "La rápida expansión de la agricultura en Bolivia ayuda a alimentar los conflictos", dice el coronel David, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). "Antes tenía que viajar cuatro o cinco horas de Oruro para encontrar áreas de cultivo. La quinua está ahora a menos de diez minutos de la ciudad", asegura. Uno de los fenómenos causados por la "fiebre de la quinua" es el retorno de los campesinos que habían abandonado las zonas rurales del empobrecido altiplano boliviano hacia las ciudades u otras regiones del país. Algunos de estos emigrantes volvieron a instalarse en sus antiguas comunidades. Otros prefieren permanecer en el campo sólo durante las temporadas de siembra y la cosecha. "Incluso hay casos de bolivianos que viven en el extranjero, en países como Brasil y Argentina, que están recurriendo al cultivo de quinua", dice Ernesto Juan Crispín, la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), la cual reúne a más de 1.200 productores. La disputa de límites entre Oruro y Potosí es centenaria. Las dos regiones reclaman un área de aproximadamente 250 km² adecuados para el cultivo de quinua, pero también ricos en uranio y roca utilizada en la fabricación de cemento. Contra la Desertificación Además del conflicto limítrofe, la fiebre de la quinua también está dejando como efecto una desertificación masiva en ciertas áreas. El ingeniero agrónomo Vladimir Orsag, experto agrícola de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que la quinua se siembra en un suelo frágil, compuesto en un 80% por arena. El clima es seco y las temperaturas pueden llegar a -30 grados. "Con el auge de los precios en el mercado internacional, hay productores que están abandonando las técnicas tradicionales y reduciendo los períodos de descanso de la tierra en favor de la agricultura en masa", dice. Según Orsag, la migración de los productores podría conducir a nuevos conflictos como los de Coroma y Quillacas. "La llegada de personas procedentes de otras ciudades y regiones a las zonas productoras de quinua crea una tensión subyacente que sólo se incrementará si hay un agotamiento de los suelos", dice Orsag. Todo esto a pesar de que gran parte de los beneficios están en la venta y exportación del grano, no en la producción en sí, según señala Sandro López, de la Cámara Departamental de Quinua Real de Potosí (Cadequir). Los campesinos bolivianos ganan alrededor de US$ 1,60 por kilo de quinua. En los mercados de Sao Paulo o Río de Janeiro, el precio llega a US$ 30 por medio kilo del producto.

La minería nos pasará la factura; Alicia Tejada Soruco

La minería nos pasará la factura Alicia Tejada Soruco Durante la década de los 70, el Estado boliviano formalmente se ocupó de la zona del precámbrico para explotar los minerales que contiene. Sucesivos gobiernos decidieron levantar o mantener el estatus de reserva fiscal de estos reservorios mineros y redujeron la franja de protección circundante, de 10 km a solo 2 km, favoreciendo, de esta manera, a empresarios privados que tuvieron acceso a los estudios. Por aquel entonces se creó Siderurgia Santa Cruz (Sidersa), en tardía respuesta al célebre Memorándum de 1904. La mina San Simón (Beni) soporta aún la estampida de los ajustes estructurales y de la privatización minera de 1985 que indemnizó millonariamente a las empresas que se fueron del país y, de otro lado, expulsó

a 28.000 mineros, que luego se trasladaron a zonas auríferas aluvionales, a tierras agrícolas de los llanos y también a áreas cocaleras. En los 90, con el Código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició otra etapa que buscaría consolidar los ajustes estructurales mencionados: Los mejores y mayores reservorios de oro quedaron en manos de este mandatario, a través de sus empresas y de asociaciones con otras transnacionales, tal como la Orvana Mineral Corps, el proyecto Don Mario, Paitití, Emipa, etc. Ahora, en 2012, la situación no ha cambiado. Piedras preciosas, oro, hierro y otros minerales, como calizas y áridos, están en manos de unos cuantos privilegiados, que se sitúan como suprapoderes del Estado boliviano en sus tres niveles. Fencomin, por ejemplo, aglutina a cooperativas mineras del país (que de cooperativas no tienen nada). Esta mediana empresa minera es en realidad gigantesca y apuesta a una explotación con la menor inversión y en el menor tiempo posible, ahora teniendo como ‘socios’ a las comunidades rurales, tendencia regional que algunos han calificado como neoextractivismo. El rol del Estado continúa en su carácter rentista, y en el momento en que bajen los precios de minerales todos pagaremos la cuenta nuevamente. La minería, en cumplimiento de la CPE, migró del régimen de concesiones a un régimen ‘transitorio’ (que ya lleva dos años) de autorizaciones o contratos temporales sin que medie evaluación alguna. Como resultado, existen más de 8.000 operaciones mineras, cuyos operadores hacen lo que les da la gana (no lo correcto), amparados en una legislación que crea ‘territorios mineros’ con el derecho a disponer de todo cuanto puedan requerir en el área de su concesión y circundantes. En las tierras bajas de Bolivia (valles, llanos y amazonia) hay una fiebre minera; se están organizando por doquier las cooperativas mineras. En Santa Cruz ya se ha formado la Fedecomin. Estamos en condiciones de asegurar de que se están destruyendo miles de hectáreas de bosques y contaminado otros miles de cuerpos de agua sin que nadie reclame una ‘consulta informada’ o exija transparencia. La cuenta la vamos a pagar todos. (*) Ambientalista

La insoportable seriedad del capitalismo minero

La insoportable “seriedad” del capitalismo minero El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales. Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica (Ilustración: el proyecto minero Crucitas, en Costa Rica. Tomada de: www.elpais.cr ) La minería se ha convertido en una de las actividades más polémicas en América Latina. Detonadora de conflictos sociales y ambientales, desnuda al mismo tiempo los intrincados vínculos entre el poder político y el capital extranjero, indispensables para la reproducción de un modelo de acumulación que, como gran “novedad”, reactualiza en el siglo XXI las formas más primitivas de explotación capitalista por parte de las empresas transnacionales (ver: Centroamérica, minería y maldesarrollo). Tales vínculos llegan, incluso, al sometimiento de la política y la protección del medio ambiente, a la lógica del mercado y el cálculo de utilidad. El gobierno de Costa Rica acaba de dar un ejemplo de ello al anunciar, en días pasados, que no anularía la impopular concesión de minería de oro a cielo abierto del Proyecto Crucitas, en la zona norte del país (fronteriza con Nicaragua), otorgada a la compañía canadiense Industrias Infinito S.A. Esto, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional abrió esa posibilidad para el Poder Ejecutivo. En declaraciones dadas a la prensa[1], el primer Vicepresidente de la República, el científico Alfio Piva, dejó al descubierto las contradicciones del gobierno en esta materia: por un lado, reconoció que veía en el Proyecto Crucitas “un impacto ambiental grande”; y por el otro, aseguró que no anularían la concesión porque, como un “país serio”, deben garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas. Para la compañía minera el negocio es redondo: la inversión en Crucitas será de $65 millones de dólares, y las ganancias estimadas por la extracción de 700 mil onzas de oro ascienden a los $835 millones de dólares. Y en caso de que el proyecto sea cancelado, el Estado costarricense tendría que pagarle una indemnización de $1700 millones de dólares, según los cálculos del Vicepresidente Piva. La posición asumida por el gobierno costarricense, en la que la razón del inversionista extranjero se convierte en razón de Estado, ajustada además a las reglas del injusto orden global del comercio, no es ajena a lo que viene ocurriendo en otros países de América Latina en las últimas décadas. El informe GEO – ALC 3, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), documenta bien el predominio e impacto de los intereses económicos sobre los ecosistemas y las poblaciones de un continente que, más de cinco siglos después de su “invención” para la mirada euro-occidental, sigue siendo objeto de codicia por sus recursos minerales: desde el año 2000, y a un ritmo de $10 billones de dólares anuales, las inversiones mineras en la región se han incrementado en un 400%, y solo en Perú superaron el 1000%. Además, los proyectos de minería a cielo abierto en América Latina se cuentan entre los más grandes del mundo, como ocurre en Colombia con la explotación de carbón: en el año 2007, se reportaron extensiones superiores a las 70 mil hectáreas y volúmenes anuales de exportación de 29,8 millones de toneladas solo en la zona de El Cerrejón[2]. Tanto en pequeña como en gran escala, la minería se convierte en un importante foco de contaminación, especialmente por el uso del mercurio, mineral necesario en los procesos de extracción, que afecta las fuentes de agua y a las poblaciones que dependen de este recurso. Y esto ocurre no solo en los bosques y zonas montañosas de Centroamérica. Según el GEO-ALC 3, “entre 1975 y 2002, la explotación de oro en la Amazonía brasileña produjo alrededor de 2000 toneladas de oro, lo cual dejó cerca de 3000 toneladas de mercurio en el medio ambiente de la región. Se estima que entre el 5 y 30% del mercurio utilizado para extracción aurífera a baja escala en la cuenca del Amazonas es liberado en las aguas, y aproximadamente el 55% se evapora en la atmósfera”[3]. Como consecuencia de la expansión de una actividad productiva que considera a todo aquello que se le opone –pueblos indígenas, formas de tenencia de la tierra, movimientos sociales y, en general, todas aquellas manifestaciones culturales no dominantes- como obstáculos para el “desarrollo”, el número de conflictos socio-ambientales vinculados a la extracción minera viene en aumento: en Perú, en medio del “boom” del capitalismo extractivista, la Defensoría del Pueblo registró en 2008 “un total de 93 conflictos socioambientales, el 46% de los cuales estuvo relacionado con la actividad minera”. Además, “de los 118 conflictos registrados en la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, que corresponden a 140 proyectos de exploración y/o explotación minera, se identifican al menos 150 comunidades indígenas y campesinas afectadas. De este total, los 21 eventos registrados en la región de México y Centroamérica corresponden a episodios recientes que comienzan a finales de 1990 y se intensifican durante la década del 2000”[4]. Con perspectiva histórica, el informe GEO – ALC 3 propone un marco de interpretación de esta problemática socio-ambiental: la modalidad de desarrollo dominante, que nosotros llamamos capitalismo neoliberal tardío, “constituye el factor fundamental que explica el escaso éxito de las estrategias ambientales de los países de la región”, puesto que busca “estimular la tasa de inversión (nacional y extranjera), en un marco de escasas exigencias ambientales y el mantenimiento o la profundización de las desigualdades sociales”[5]. Es decir, más allá de los avances institucionales, legislativos y la organización y acción de los ciudadanos, que todavía resultan insuficientes, la cuestión de fondo sigue siendo el tipo de relaciones entre naturaleza y sociedad, y el consecuente modelo de desarrollo que se impone en las formaciones sociales latinoamericanas, y que en sus distintas variantes: desde el sistema de plantaciones y minería del siglo XVII hasta la economía globalizada del siglo XXI, se ha organizado económica, política y culturalmente en función de lo externo, pero manteniendo un factor común: “altos niveles de presión, deterioro progresivo y sostenido del medio ambiente físico y pérdida de ecosistemas”[6]. Es lo que otros autores denominan economía de rapiña [7]. Todo lo cual no hace sino llevarnos a una conclusión: la necesidad de realizar un cambio profundo y radical en el modelo de desarrollo, y en la manera en que esta noción se construye y despliega en las sociedades humanas. Porque, para la naturaleza, la “seriedad” del capitalismo contemporáneo, sobre todo en su dimensión minera, resulta simplemente insoportable. NOTAS [1] “Gobierno descarta anular concesión minera de Crucitas”, en La Nación, 28 de julio de 2010. Pp. 4A-5A. [2] PNUMA (2010). Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe. GEO-ALC 3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Ciudad Panamá. Pp. 67-68. [3] Ídem, pág. 68. [4] Ídem, pág. 70. [5] Ídem, pág. 23. [6] Ídem. [7] Véase: Castro Herrera, Guillermo (1994). Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina. Ediciones Casa de las Américas / Instituto Colombiano de Cultura: Bogotá. Publicado por Con Nuestra América en 6:02 PM

ERBOL: Advierten que Gobierno elabora una ley minera más liberal que la de Gony

El experto en temas sociológicos mineros, Emilio Madrid, sostuvo en declaraciones a Erbol que la actual propuesta de ley minera que elabora el gobierno del MAS, junto a representantes del sector, otorga más facilidades y beneficios a los operadores mineros que el actual Código de Minería aprobado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. “El proyecto de ley minera con que se quiere cambiar (el actual código) no modifica en nada, repite las mismas facultades y derechos en beneficio de los operadores mineros y cooperativistas, inclusive les da más facilidades y las protege de manera mucho más fuerte que el código de Sánchez de Lozada”, aseveró el investigador. La actual propuesta de ley minera no está cambiando en absoluto los términos de la política que ha sido establecida en el gobierno del MNR, que “es donde Bolivia empezó a transnacionalizar la minería, a que sea gestionada desde el interés del ámbito privado, con cooperativas y transnacionales”. Remarcó que el actual proyecto de ley, todavía en elaboración, “es muchos más neoliberal porque da beneficios al sector minero por encima de los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente”. Las nuevas facilidades se expresan principalmente en el tema del manejo y uso del agua, la tierra y el medio ambiente. Más beneficio para la minería Madrid explicó que la propuesta de ley minera, en el tema del uso del suelo y el agua, señala que “el titular del derecho minero puede disponer de las tierras que están dentro de su área y los terrenos aledaños, así como el uso de las aguas públicas sin tener ninguna obligación (en compensarlas)”. En caso de los terrenos colindantes, si el dueño del título de explotación minera no llega a concertar con los propietarios, éste puede expropiar los predios. Para este propósito la ley sugiere la creación de los juzgados mineros, explicó. “Lo preocupante es que se están creando juzgados mineros, cosa que si los procesos de concertación se dificultan a los operadores, ellos pueden recurrir a los juzgados mineros y estos juzgados van a establecer estos derechos en un proceso que dura máximo 20 días y así acceder a los resultados, cosa que en el actual código de minería es un poco más complejo hacer expropiación”, apuntó. Similar situación advierte la investigadora Alicia Tejada en el proyecto de ley presentado por la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) a la Asamblea Legislativa. “Es de alto riesgo porque propone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera, sin posibilidad del control social, ni ambiental de ningún otro actor”, apuntó en referencia a la creación de Autoridad Administrativa Minera Plurinacional como entidad autárquica. Otra propuesta en beneficio de la actividad minera es que en adelante quien otorgue la licencia ambiental sea el Ministerio de Minería y ya no el Viceministerio de Medio Ambiente, esto por un tema de celeridad. “El actual proyecto de minería dice que quien tiene que aprobar y entregar la licencia ambiental es el Ministerio de Minería, esto para ahorrar tiempo, ya que en el Ministerio de Medio Ambiente se demora 90 días para emitirlo”, refirió. Al Viceministerio de Medio Ambiente sólo se remitirá una copia de la licencia emitida para fines de registro y “quien controla el cumplimiento de la licencia ambiental ha de ser el Ministerio de Minería”. De esta manera, apuntó, el gobierno está flexibilizando el marco legal para impulsar y facilitar las inversiones en el sector minero. Explicó que actualmente el trámite para obtener la licencia ambiental se inicia en el Ministerio de Minería donde existe un plazo de 90 días para estudiarlo. Luego la solicitud es enviada al Viceministerio de Medio Ambiente donde existe un plazo similar para emitir la licencia. De la consulta previa a la consulta pública “La consulta previa en minería es un tema que también se está flexibilizando ahora”, a través de la figura de la “consulta pública previa” en el proyecto de ley de minería, dijo el investigador. “Se está fusionando dos conceptos, la consulta pública que es un derecho de carácter civil, individual, un derecho de todos los ciudadanos a que se nos informe; en tanto que el derecho de consulta previa es un derecho de carácter colectivo, para un pueblo. Esencialmente se trata de generar mecanismos de diálogo para saber y prevenir las formas de afectación que pueda tener ese pueblo en sus condiciones de existencia”, sostuvo Madrid en anteriores declaraciones al PIEB. La consulta previa tiene la función de garantizar la supervivencia como colectividad; la consulta pública se ha establecido en el reglamento de la Ley de Medio Ambiente como un proceso por el cual los operadores deben informar las características de los proyectos antes de su implementación para recibir observaciones, en audiencias amplias, donde se ejerce el derecho de manera individual. La Paz, 23 julio 2012 – L.F.C./ Tags: LEY MINERA

La Mineria en las Tierras Bajas de Bolivia, Marco Antonio Gandarillas, Pablo Villegas, Oscar Campanini, (CEDIB) Presentación del libro de Alicia Tejada Soruco

Estamos acostumbrados a relacionar la minería en Bolivia con Potosí, Oruro y en general con el occidente del país y a relacionar a esta actividad con la pobreza y problemas medioambientales que ha dejado en estas zonas, no sólo afectando al ambiente en sí, sino también a otros rubros productivos omo el agrario y el pesquero. Pero esta realidad ha cambiado. La mancha minera que caracterizó el mapa de Bolivia desde su nacimiento, se ha modificado, ya que en la actualidad la minería se ha establecido en una gran extensión del oriente, Especialmente en Santa Cruz. Esto muestra que Bolivia ha sido incorporada a la corriente latinoamericana, ejemplificada por Perú y Colombia, de la otorgación de derechos mineros en gran parte de su territorio. Estamos frente a una nueva realidad minera, que no sólo se expande hacia nuevas zonas, creando nuevas regiones mineras, sino de un nuevo modelo de explotación minera que tiene como técnica principal el tajo a cielo abierto y como protagonista central a las empresas trasnacionales. El modelo de producción de esta nueva minería no es mejor que el que empobreció al altiplano boliviano. Como en tiempos pasados, predominan unas cuantas grandes empresas, rodeadas de titulares de derechos a nombre de la elite local y de testaferros. Del mismo modo que con la gran minería de occidente, la minería en las tierras bajas se sostiene en la política minera del Estado que está orientada solamente a la obtención de regalías e impuestos. Eso ocurre por ejemplo en el norte amazónico. Allí fluyen hacia Bolivia enormes cantidades de mercurio y cianuro por el río Madre Dios provenientes de la minería en el Perú. Pero la política del Gobierno en la región, así como en el oriente, sólo busca la legalización de los mineros para que los mismos paguen impuestos, sin importar la contaminación Los métodos de explotación tanto de los grandes como de los pequeños ahora son a cielo abierto. La mina Don Mario es el ejemplo de este tipo de explotación. Y en cuanto a los pequeños, ya en los años 90, en San Simón echaban al agua más mercurio por gramo de oro que en cualquier parte del mundo. En resumen el modelo minero está trasladando a las tierras bajas los problemas que no pudo resolver en las tierras altas, agudizando con su presencia los múltiples problemas agrarios, forestales y medioambientales de estas nuevas regiones mineras. 4 MINERÍA EN TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Esta nueva realidad como muestra Alicia Tejada, fue establecida metódica y pacientemente por los grandes mineros tradicionales, uno de ellos Sánchez de Lozada, que como minero “mediano” y político influyente, hizo su fortuna succionando a la minería estatal, llevándola a quiebra, para posteriormente venderla o arrendarla. El ex presidente y empresario minero, supo aprovechar su poder político, manejando la legislación sectorial, usufructuó de las investigaciones realizadas por el Estado y la cooperación internacional para echar mano de las ricas reservas mineras del Precámbrico. La conveniencia del modelo minero establecido por Sánchez de Lozada no fue sólo para con los mineros tradicionales, sino también para las elites locales de las tierras bajas, como nos revela el presente estudio. Por ello mismo, más allá de los aparentes enfrentamientos políticos entre las élites locales del oriente contra el Gobierno central de “occidente”, es claro que los intereses económicos eran los mismos. La minería en Santa Cruz muestra que a este nivel había una convivencia que contradecía las diferencias “irreconciliables” entre los partidos y facciones políticas. Esta élite fue exitosa en proyectar de sí una imagen de empresariado moderno; los empresarios locales se vanagloriaron del medioambiente de sus regiones y lo utilizaron como símbolo de su región. Aquí vemos que lo que hace esta élite es en muchos casos desconocido por autoridades y población local y que los impactos medioambientales que ya están generando contradicen radicalmente sus discursos. En los últimos años, el alza en el precio de muchos minerales ha confluido con la proliferación de explotaciones mineras en las tierras bajas. Tendencia que, nuevamente, hereda la estructura minera neoliberal de occidente al oriente; nos referimos a la cadena productiva dominada por las transnacionales, con operaciones de gran escala (casos como Mina Don Mario); los insignificantes emprendimientos estatales que no llegan siquiera a ejercer control en las áreas bajo su control (como la Empresa Siderúrgica del Mutún); y la proliferación de formas privadas pequeñas y medianas ejercidas por las denominadas cooperativas mineras en alianza con empresarios extranjeros. En el presente estudio se describen con abundantes ejemplos la proliferación de sociedades entre empresarios brasileros y grupos de trabajadores mineros, donde los primeros aportan el capital y las grandes maquinarias y los segundos trabajan a mano. El Estado promueve la reproducción de esta estructura esta vez en las tierras bajas, estimulando a la pequeña minería, incluso llevando gente de las tierras altas para organizar cooperativas en el oriente. El presente estudio tiene el mérito de aportar abundante información sobre la situación de la minería en las tierras bajas de Bolivia, en esa medida constituye un aporte a la compresión integral del desarrollo de la minería en el país en los últimos años y en particular de la minería en el Precámbrico. El extenso trabajo de campo que conllevó el estudio complementa los datos oficiales que existen acerca de esta actividad y enriquece el análisis estadístico con cuestiones vitales para las poblaciones. El testimonio de las autoridades locales y pobladores de estas regiones muestran que existen fundadas preocupaciones respecto de la ampliación de las actividades mineras sobre estos territorios, cuya vocación productiva es ajena a esta actividad. El estudio, tiene la virtud de acercarnos a esta realidad. Finalmente, esperamos que “Minería en las tierras bajas de Bolivia” cumpla el propósito de aportar conocimientos nuevos que detengan la entrega de nuestros recursos naturales y que sus hallazgos tengan eco en la población de estas regiones, los movimientos sociales y las autoridades, para no repetir la historia de despojo que persigue a las regiones tradicionalmente mineras. Marco A. Gandarillas Gonzales y Pablo Villegas Nava CEDIB