Analiza Marco O. Ribera Arismendi: Las ambigüedades de la nacionalización y el Conflicto MInero de Colquiri

EL CONFLICTO DE COLQUIRI Y LAS AMBIGUEDADES DE LA NACIONALIZACION Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Septiembre 2012 Colquiri es una población y centro minero situado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, a unos 120 Km. de la ciudad del mismo nombre La Paz y a 70 Km. de la ciudad de Oruro. Conocido desde épocas coloniales como zona minera, en especial por el descubrimiento de plata, posteriormente a lo largo de varias décadas, la explotación se concentro en el estaño y zinc. En la década de los años 90, la COMIBOL arrendó a las cooperativas varias áreas ya explotadas. Colquiri hasta 1999, era parte de la COMIBOL. La concesión, el año 2.000, pasó a la administración de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), empresa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El año 2005 se transfirió a la suiza GLENCORE que opera en Bolivia, a partir de la empresa filial SINCHI WAYRA, la cual hasta el año 2012 tenía el 45% de las acciones, el resto pertenecía a la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La firma suiza opera en el país la mina Bolívar (Oruro), en contrato de riesgo compartido, y Porco (Potosí) bajo arrendamiento. El compromiso de inversiones de Glencore para las minas Colquiri, Porco y Bolívar superaba los 160 millones de dólares, que debían invertirse y ejecutarse en cinco años (http://www.paginasiete.bo/). La veta Rosario, que se encuentra de norte a sur, era parte del contrato de arrendamiento entre la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI SA. (SINCHI HUAYRA) y COMIBOL, administradora de los derechos mineros en la mina Colquiri. En el sector que estaba a cargo de SINCHI WAYRA trabajaban 400 mineros asalariados, mientras la cooperativa 26 de Febrero tenía 1.200 operarios dispersos en varios parajes. LO QUE OCURRIO EL AÑO 2009: CRÓNICA DE LA LUCHA DE LOS MINEROS DEL DISTRITO COLQUIRI CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA. http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 En los últimos días de diciembre 2008 y primeros de enero del 2009, la EMPRESA SINCHI HUAYRA, filial de la transnacional GLENCORE, notificó a los trabajadores mineros que frente a la caída de los precios de los minerales (producto de la crisis internacional) se imponía la necesidad de tomar una serie de medidas: rebaja de salarios, trabajar sólo dos turnos de 12 horas al día y el retiro de trabajadores. La propuesta de la empresa fue rechazada por las asambleas de todos los distritos mineros pertenecientes a la cadena Sinchi Huayra. La empresa en algunas minas procedió a otorgar vacaciones obligatorias a una cierta cantidad de trabajadores, lo que era un anuncio de su despido. En efecto, en Colquiri, el 1 de enero del 2009, la empresa empezó a repartir cartas de despido a los trabajadores en "vacaciones". La segunda semana de enero, los trabajadores tomaron la mina y se hicieron cargo de la producción, instruyen a los dirigentes, que se encontraban en Oruro discutiendo con la empresa el problema de los despidos, que se replieguen y que la discusión con la empresa se traslade al mismo distrito. Amenazaron con tomar como rehenes a los ingenieros y técnicos de la empresa en caso de que ésta insista en despedir trabajadores. Las amas de casa procedieron a bloquear la entrada principal de la mina para que nadie salga y se cumpla la resolución de la asamblea. Gerentes, ingenieros, técnicos y algunos empleados salieron huyendo de la mina por los cerros, cargando papeles y documentos de la empresa. Los trabajadores decidieron que trabajarían solos y que la mina estaría bajo su mando. Nota.- En los siguientes meses, con la progresiva recuperación del precio de los minerales, la empresa conjuntamente COMIBOl (a partir del contrato de riesgo compartido) retomó la administración de la mina, previos acuerdos con los trabajadores. Los cooperativistas de 26 de Febrero, bajo presión (18 de junio del 2012) y tras tomar la mina y las oficinas de SINCHI WAYRA durante varios días, lograron que la empresa les ceda, bajo un acuerdo, la veta Rosario, un área ya lista para su explotación. Existe la versión de que los cooperativistas conminaron a la empresa a ceder la Veta Rosario (con una reserva probada, valorada en más de 5.000 millones de dólares) si quería seguir operando en la mina, de lo contrario amenazaban con exigir la reversión hacia el Estado. El acuerdo logró además que se suspenda la toma de la mina Colquiri. Según fuentes de COMIBOL, la empresa SINCHI WAYRA jugó a consolidar su posición, dejando bajo el control de los cooperativistas las áreas que éstos “jukeaban” (explotaban informalmente) durante años bajo la mirada cómplice de la transnacional. Entonces, los cooperativistas se pusieron del lado de la transnacional y en la trinchera de quienes se oponían a la expropiación (Zulema Alanes Bravo, 22 sept. 2012). Otra versión, menciona que la empresa SINCHI WAYRA, enterada de un preacuerdo del Gobierno con la Central Obrera Boliviana, para la nacionalización de la mina Colquiri, optó por ceder la veta Rosario a la Cooperativa 26 de Febrero (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) con la condición de que venda su producción a la empresa, por su parte, la empresa se comprometió a ofrecer asistencia técnica y supervisión para la explotación de la veta. Según Pedro Mariobo de CEPROMIN, la situación obedece a una estrategia por parte de la empresa, de incentivo a los cooperativistas, que son utilizados como especie de “carne de cañón”, a quienes la empresa apoya para que conquisten vetas más ricas, pero que al final beneficien a la empresa, esto con tal de no perder la concesión o en último caso acceder a la indemnización que debe pagar el Estado. (http://www.noticias.com.bo/2012/06/18) Llama la atención que al respecto de la suscripción de este convenio, el Ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que “era un acuerdo que ha asumido la empresa Sinchi Wayra con las cooperativas, y que en realidad era parte de sus convenios para entrar en buenos acuerdos entre las partes” (La Razón 09 de junio de 2012). De cualquier forma, el analista Alfredo Zaconeta, clarifica una inconsistencia en el proceso (http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012) al observar que, el Gobierno, a partir de la empresa estatal, debía autorizar de forma escrita cualquier transferencia a cualquier título de las zonas o yacimientos comprometidos en el contrato a segundas o terceras personas, al no darse esta figura habría una tácita violación del contrato, por lo tanto, éste quedaría nulo. Dicho analista añade, que el Viceministerio de Cooperativas Mineras, avaló y fue parte del acuerdo entre Sinchi WAYRA y la cooperativa 26 de Febrero. Mientras el mismo día en La Paz, desde el Ministerio de la Presidencia, se negociaba con la COB, la Federación de mineros y el Sindicato de Colquiri, la nacionalización de Colquiri, situación que fue anunciada oficialmente. Desde el Ministerio de la Presidencia se explicó además, que la segunda etapa será una “nacionalización concertada de las áreas arrendadas a las cooperativas mineras 26 de Febrero Limitada; previa presentación y conformidad de la mayoría de los trabajadores mineros de la indicada cooperativa, cuya lista deberá evidenciar su condición de minero cooperativista”. Ello significó que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) exprese su rechazo al anuncio gubernamental y amenace con cooperativizar todos los centros mineros, además de iniciar bloqueos y movilizaciones. Los voceros de FENCOMIN manifestaron: “que si el Gobierno persiste en nacionalizar Colquiri, ellos cooperativizarían todos los centros mineros donde están las empresas privadas, a partir de Colquiri y Porco, donde están nuestras cooperativas que tienen dificultades” (http://www.opinion.com.bo 23/06/2012). Pero la propuesta de nacionalización, implicaba únicamente el yacimiento concesionado a la transnacional GLENCORE, pero no tocaba los parajes de la mina Colquiri que explotan los cooperativistas, a quienes a su vez se prometió la entrega de la veta Rosario. El convenio fue concertado en una reunión realizada entre FENCOMIN y autoridades gubernamentales (http://elsistema.info/index 13 junio 2012). Ante esta situación, el Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri (sector asalariado) rechazó el acuerdo y exigió al Ejecutivo rescindir el contrato de arrendamiento con la empresa Sinchi Wayra (La Razón 09 de junio de 2012). De esta forma, empezaron los primeros enfrentamientos con los cooperativistas. El conflicto violento se inició a partir del 15 de junio, cuando los trabajadores asalariados resolvieron en cabildo abierto tomar la mina de Colquiri, inmediatamente los cooperativistas que se encontraban en el lugar comenzaron a responder con explosiones de dinamita, pero fueron desalojados, a partir de ese momento la población comenzó a vivir momentos de zozobra de tensión en sus viviendas. Una situación muy similar se vivió en Bolivia el año 2006, en el centro minero de Huanuni (cerro Pozoconi), la cual tuvo una salida en exceso violenta. Ante el clima de violencia, el Gobierno, el 20 de junio del 2012, a partir del Vicepresidente Álvaro García Linera (Presidente en ejercicio en dicho momento) promulgó el Decretó Supremo 1264 de reversión (“nacionalización”) de Colquiri, medida que también a favorecía a la cooperativa, (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El vicepresidente explicó “que la nacionalización es recuperar soberanía democrática con la administración de los recursos naturales, pues sin nacionalización no hay soberanía para decidir lo que se puede hacer a futuro, sin pedir favores a agentes externos”. García Linera citó un texto de Mao Tse-Tung, titulado "el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo", comparando esa ideología socialista con la política del actual Gobierno respecto a que en épocas de conflicto se debe escuchar a todas las partes en conflicto (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). El decreto de nacionalización, establece que la COMIBOL asume el control del centro minero así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos otorgados mediante contratos de arrendamiento. La norma establece un plazo de 120 días para hacer efectivo el pago a la compañía minera, previa evaluación de sus activos. La COMIBOL se compromete a realizar actividades productivas de prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, fundición refinación y comercialización de minerales y metales. Asimismo, por razones de interés público, se nacionaliza la maquinaria e insumos de la compañía SINCHI WAYRA en Colquiri (que antes eran de CONSUR S.A.). Por último la COMIBOL ofreció contratar a excooperativistas de la cooperativa minera 26 de febrero LTDA, que voluntariamente decidieron ingresar a la empresa estatal hasta el 19 de junio del 2012 y posteriormente pasaron a formar parte de la empresa Colquiri (http://www.lostiempos.com 20 junio 2012). Sin embargo, el 29 de agosto, bajo el justificativo de que dicho Decreto tenía inconsistencias, el Gobierno aprobó otro Decreto Supremo (Nº 1337), a partir del cual demarcó el área para la cooperativa, ampliando su dominio sobre el 65% de la veta Rosario, situación que agravó aún más la tensión con los asalariados. (http://www.paginasiete.bo/2012-09-22). Los primeros días de septiembre, al menos 1.500 trabajadores de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), tomaron la veta Rosario para impedir que ese yacimiento sea aprovechado por los cooperativistas mineros y en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de alterar el acuerdo al que arribaron en junio pasado. Desde la dirigencia de los mineros sindicalizados o asalariados, se mencionaba la molestia en las bases porque sentirse engañadas por el Gobierno que, a juicio de los sindicalistas, no respetó el acuerdo plasmado en el Decreto Supremo 1264, que fue modificado por el Decreto el 1337 que beneficia al sector cooperativizado, otorgándoles parte de la concesión de la veta Rosario, la más rica de estaño de la región (http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012) . La parte sur de la veta Rosario queda a favor de la Empresa Minera COLQUIRI-COMIBOL, empieza en el punto nueve, identificado en el plano del nivel 325, donde la veta Rosario se cruza con el recorte setenta (http://boliviaminera.blogspot.com /2012). Tras la toma de la mina Colquiri, por parte de los mineros asalariados, en el Ministerio de Minería se desmentía que la veta Rosario favoreciera únicamente a los cooperativistas, tal como interpretaron los asalariados (Decreto Supremo 1337), pues el Gobierno no entregó a la cooperativa 26 de Febrero, el 100% de la veta, debido a que ésta se subdivide del punto 9 hacia el sur, a favor de la EMPRESA MINERA COLQUIRI, y del punto 9 hacia el norte, a favor de la cooperativa 26 de Febrero. Pese a dichas declaraciones, los asalariados consideran que el Gobierno favorece completamente a los cooperativistas, por lo que no se avizora que dejen de lado la toma de la mina. Según dirigentes de la Cooperativa, el límite de la veta Rosario es la línea 80 del sector de San Antonio, el lado norte para ellos y el sur para COMIBOl, pero como ese acuerdo no es respetado, la cooperativa 26 de febrero reclamó del 100% de la veta", agudizando aún más el conflicto (http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012). En las siguientes semanas, el conflicto se agravó, tanto en la zona con sucesivos enfrentamientos, como en la ciudad de La Paz, donde se produjeron bloqueos masivos en las rutas de acceso a la sede de Gobierno, como en violentos enfrentamientos que culminaron con heridos y un deceso por parte de los asalariados. El conflicto enfrenta a los mineros de la cooperativa 26 de Febrero, que demandan se cumpla el Decreto que les asigna una parte de la Veta Rosario para su explotación, y los mineros asalariados que exigen la nacionalización total de ese yacimiento. Una noticia preocupante, dada desde el Ministerio de Minería, mencionó que los datos técnicos que hubieran evitado el conflicto y que deberían haber sido precisados en el primer convenio, no estaban claros porque los expertos de la COMIBOL y del Ministerio de Minería, no tuvieron acceso al yacimiento por la oposición de la privada Sinchi Wayra, que no permitió que se realicen inspecciones en el lugar para establecer el potencial de la Veta Rosario, causa principal del conflicto (http://www.jornadanet.com 17 sept. 2012). Por su parte, la suiza GLENCORE protestó “enérgicamente” por la reversión de la COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI, de la que era concesionaria, y anunció en un comunicado que exigirá una “indemnización justa” porque invirtió 22 millones de dólares y el pago de regalías, impuestos y derechos al Estado superó los 70 millones de dólares. La firma también expresó su descontento porque “la nacionalización de la mina de Colquiri fue anunciada cuando GLENCORE finalizó la renegociación de sus contratos mineros con el Gobierno de Bolivia”. El comunicado de la Glencore añadía: "La medida que tomó el Gobierno de Bolivia planteará una serie de cuestionamientos serios con respecto a la política futura hacia la inversión extranjera en el sector de la minería". (Pagina 7, ANF. ANF / La Paz - 22/06/2012). A ello, se sumó el empresariado privado nacional, mediante un vocero de la Cámara de Exportadores, puso de manifiesto que nacionalizar la mina Colquiri de manos de SINCHI WAYRA es una "mala señal" para la región y para los ciudadanos que deben respetar la propiedad privada y no hacerse de ella cuando ésta se ha tornado rentable (http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012). Es importante recordar que, cuando en abril del año 2011, autoridades de gobierno mencionaron la nacionalización de minas como Porco, Colquiri y Bolívar, San Vicente y San Bartolomé, el propio Viceministro de Política Minera, Gerardo Coro, advirtió que el Estado enfrentará problemas técnicos y sociales si “recupera” las minas que operan las firmas privadas, manifestando además, que los mineros rechazan la decisión porque los emprendimientos privados les ofrecen “mayor seguridad” (www.redpccs.org.bo 19 abril, 2011). Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) decidió ir a un paro de actividades para exigir al Gobierno la nacionalización del yacimiento minero de Colquiri, a mediados de junio, se anunciaba la movilización de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, exigiendo al Gobierno la promulgación del Decreto Supremo de la nacionalización total de Colquiri (Plataformaenergetica.org 15 junio 2012). En tanto el presidente, Evo Morales rechazó la nacionalización total del yacimiento de la mina Colquiri, pedido por los mineros asalariados, citando la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que privados, cooperativistas y el Estado tienen derecho a explotar los yacimientos mineros (Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012). En opinión del analista Carlos Sandy, el proceso fue una "supuesta nacionalización" pues no se puede dar una en Colquiri, porque siempre fue de la COMIBOL, solamente que estaba en riesgo compartido con SINCHI WAYRA, entonces lo que ocurrió en realidad fue la recuperación de las acciones de la empresa privada (www.institutoprisma.org 09-2012). Si el proceso es asumido como una nacionalización, entonces Colquiri es la tercera operación de GLENCORE que nacionaliza el actual Gobierno; la primera fue la Empresa Metalúrgica Vinto, en febrero de 2007, y tres años después, la fundición de antimonio en la misma región. Según el Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social - OBESS, el remedio fue peor que la enfermedad, la “nacionalización parcial” del centro minero, tal como fue calificada por varios dirigentes sindicales, legitimó la presencia de la Cooperativa 26 de Febrero en la zona, frente a una débil COMIBOL que no atina a ejercer el control y gestión correspondientes de las propiedades revertidas, en un escenario donde la minería estatal tiene un lugar insignificante (Boletín del OBESS 14 de agosto de 2012). Según este observatorio, una vez legitimada la presencia cooperativista, es lógico esperar que no sólo busquen controlar la parte que el Decreto les permitió, sino aspiren a mayores espacios de explotación minera, lo que viene generando conflictos con los trabajadores asalariados estatales, que son los únicos que reivindican y defienden la “propiedad estatal” de la mina. No es casual que el cooperativismo minero haya cobrado mayor peso y acumulado un considerable poder económico y político en Bolivia porque tiene en el actual Gobierno, un promotor principal que lo reconoce como una de sus bases sociales y políticas. Como dato anexo, las cooperativas mineras están libres del pago del IVA, del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y de la cancelación de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades, supuestamente por ser emprendimientos de carácter social. Es un sector desregulado, altamente informal en cuanto a su constitución y funcionamiento y esencialmente, explotador en extremo de la fuerza de trabajo de peones y obreros que constituyen el factor principal para la generación de grandes excedentes económicos en beneficio de un grupo de “socios cooperativistas” (Boletín del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social-OBESS 14 de agosto de 2012). Las cooperativas mineras son esencialmente un negocio de grupos minúsculos de carácter privado que se están beneficiando del trabajo que realiza la inmensa mayoría de trabajadores en calidad de peones y no precisamente de socios (ERBOL, 12/06/12). A esto se suma el hecho de que las cooperativas en general, no solo no cumplen las normas ambientales para el sector, sino que se oponen a cumplirlas, bajo el argumento de una baja rentabilidad que no les permite invertir en aspectos de control, mitigación y remediación ambiental. e acuerdo a determinados movimientos de izquierda, los trabajadores que trabajan para las cooperativas son totalmente vulnerados en sus derechos laborales y seguridad industrial, pero no tienen alternativas de otros trabajos en Bolivia. Son fuerza de trabajo barata para las multinacionales que saquean Bolivia y a la vez su escudo político y humano. (boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com). La empresa SINCHI WAYRA, filial de la transnacional Suiza GLENCORE (Ribera, 2010; Econoticias Bolivia, 2009) controla grandes yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita, la planta concentradora de minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica de Aroifilia. El año 2009, pese a la resistencia de sus obreros, SINCHI WAYRA/GLENCORE creyendo justificarse en las crisis de los precios de los minerales, continuó con la intención de explotar a sus trabajadores, adicionando horas de trabajo no remunerado a la jornada laboral, violando abiertamente la Ley del Trabajo y normas internacionales. La Suiza GLENCORE, fue forjada por el magnate petrolero suizo-israelí, Marc Rich (a quien la Revista TIMES calificó en el 2001 como el ejecutivo más corrupto del planeta” (constituyentesoberana.org 4 nov. 200; lahaine.org 10 mayo 2009). La GLENCORE Fuente: América Economía www.americaeconomia.com 04/03/2012. Según el periodista suizo Daniel Ammann, Marc Rich les vendió su participación a los gerentes de su empresa Glencore, después de perder cientos de millones de dólares en una especulación para manipular los precios del zinc. Eso, y un divorcio millonario, le costaron la corona de rey del petróleo y de las materias primas. Hoy, vive retirado en Suiza, en una mansión llena de grandes obras de arte. Hasta 2011, Glencore era prácticamente un mito en la industria minera. Ese año realizó una IPO (initial public offering) en Londres y Hong Kong, y debió abrirse al escrutinio público. Es la clase de empresas que no le teme al riesgo-país. Basta comprobar que tiene negocios en la República Democrática del Congo. ¿Qué empresa se atreve jugarse en un país donde se libró el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con nueve beligerantes naciones africanas, más de veinte grupos armados y 5,4 millones de muertos?. Entre sus diversas inversiones y participaciones, Glencore posee 34,5% de la Xstrata, una minera suiza, la quinta más grande del mundo. ¿Ha oído hablar de la mina Collahuasi en Chile? Xstrata es dueña del 44%. ¿Y Las Bambas, en Perú? Xstrata tiene el 100%. Xstrata tiene también el 100% del proyecto El Pachón, ubicado en la provincia argentina de San Juan y a 5 km. de la frontera con Chile. Según estimaciones de la empresa, las reservas minerales de El Pachón ascienden 13,1 millones de toneladas de cobre. Por su ubicación, el proyecto está sujeto al Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 por Argentina y Chile, además a un Protocolo Específico complementario que permitirá la salida de concentrados por el Océano Pacífico. Todos estos activos pasarán a propiedad de Glencore, de aprobarse la propuesta de fusión entre Glencore y Xtrata. Diversos analistas estiman que, de llevarse a cabo esta operación, el próximo paso de una Xstrata + Glencore será buscar una alianza global con Anglo American. De acuerdo a la analista Zulema Alanes (22, sept.2012), mientras la COMIBOL se aprestaba a invertir recursos humanos y financieros en la exploración de la veta Rosario, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se trazaba la estrategia para entregar esos recursos a los cooperativistas, que a su vez, ya tenían negociaciones avanzadas para coarrendar el yacimiento a una empresa extranjera. En COMIBOL existe la opinión que esa medida está contaminada por cálculos político electorales, que ya han empezado a condicionar la gestión estatal. De esta forma, según Alanes, Colquiri es como un espejo que muestra de cuerpo entero a la política minera del actual Gobierno, pues la realidad está lejos de los anuncios demagógicos de García Linera, en el sentido de que el Estado no ha recuperado su soberanía sobre los recursos mineros. Según el Anuario Estadístico 201, el Estado boliviano apenas controla el 2% de la producción minera, el 23% está en manos de la minería chica y cooperativizada y el 75% de las transnacionales. Las cifras oficiales, también muestran que si bien las exportaciones mineras batieron récord el 2011, con 3.448 millones de dólares, el Estado sólo se quedó con menos del 12% vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros, contradiciendo las aseveraciones hechas por el segundo mandatorio boliviano en torno a la supuesta bonanza minera para el Estado. La crítica de Alanes se torna más fuerte cuando menciona que la situación de Colquiri hace ver que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado y una mayor participación en la renta, promover la planificación democrática para el uso y control de los recursos o habilitar mecanismos de concertación para canalizar disputas distributivas e incentivar el rencuentro de la economía con la naturaleza. Como parte del análisis “La actualidad del proletariado”, Raúl Prada manifiesta que “En negociaciones tramposas del Gobierno con ambos sectores, asalariados y cooperativistas, termina entregando parte de la veta a los cooperativistas, engañando a asalariados y cooperativistas. En esto se nota la improvisación del Gobierno y la falta de una estrategia minera a largo plazo, fuera de la falta de honestidad…” (http://horizontesnomadas.blogspot.com/ 23 de septiembre de 2012). A fines de septiembre este conflicto, lejos de haberse solucionado, se complicaba aún más con las posiciones radicales de ambos sectores y las improvisaciones y contradicciones del Gobierno. El sector asalariado de la COMIBOL, decidió cercar la mina Colquiri para impedir el ingreso de los cooperativistas. El 26 de septiembre, los mineros asalariados, seguían en emergencia ante el acuerdo firmado entre el Gobierno y los mineros cooperativistas, analizando si aceptan o no la propuesta gubernamental de otorgar a la COMIBOL, la parte sur de la veta Rosario (http://www.opinion.com.bo 26 sept. 2012). Como una salida al conflicto, el sector asalariado ofreció a los cooperativistas la veta San Antonio, lo cual fue rechazado por la FENCOMIN, argumentando que ya está agotada, pues fue explotada y abandonada por la COMIBOL hace varios años y luego por la empresa SINCHI WAYRA, debido a sus bajos niveles de rentabilidad. El sector asalariado determinó que no cederá otras áreas, ni los ramales de la veta Rosario y volverá a insistir en la nacionalización total de la mina (http://elsistema.info 29 sept. 2012). Conclusiones Un primer elemento sobre este conflicto minero, es que tiene una larga data (inclusive antes del los años 90) en torno a una pugna entre el Estado, las empresas privadas, el sector asalariado y los cooperativistas, conjunto de actores sociales e institucionales con plena vigencia en el actual momento del conflicto. Otro aspecto llamativo, es que el actual conflicto minero, es muy similar a otro producido el año 2001 en Huanuni, por similares causas. En dicha oportunidad, también se observó el empecinamiento de las partes y la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para gestionar adecuadamente y a buen término el conflicto, el cual derivó en una escalada de violencia sin precedentes, algo que desafortunadamente también podría ocurrir actualmente con Colquiri. El conflicto se relaciona netamente con un juego de intereses económicos en torno a una veta estañífera y de zinc, de alto valor, poniéndose de manifiesto, la debilidad y ambivalencia del actual gobierno frente el tema minero en general. El hecho de ceder la veta Rosario a los cooperativistas en detrimento del propio estado (empresa estatal COMIBOL), ha sido interpretado como un juego de interés político, en el cual el gobierno busca apuntalar el apoyo social del sector minero cooperativista en el país. Otro elemento importante del análisis se relaciona con a la ambigüedad en el manejo del principio de nacionalización, como menciona el analista C.Sandy, el Gobierno no podía nacionalizar algo que es suyo, pues Colquiri y sus diversas vetas son propiedad de la COMIBOL, y están dadas solamente bajo contrato de riesgo compartido a la GLENCORE, y lo que podía pasar al Estado son las acciones y los activos (figura de estatización). Sin embargo, la figura de nacionalización fue demagógicamente utilizada por la cúpula gubernamental, a pesar del rechazo expreso que manifestó al respecto el primer mandatario. De cualquier forma, se percibe que eventuales procesos de nacionalización en el sector minero, serán mucho más difíciles de emprender que en el sector petrolero, cuyo régimen es notablemente diferente. Todo parece indicar que a pesar de los discursos demagógicos sobre la nacionalización y las referencias a los postulados de Mao Zedong que enarbolan los voceros, el Gobierno de principio no quiere la nacionalización por todos los inconvenientes que puede implicar, pero principalmente por las proyectivas implícitas de favorecer a las empresas transnacionales, pero además acaparar el apoyo del sector cooperativista con el cual tiene una suerte de pacto político. También se percibe en torno al tema Colquiri, la imprecisión con la que se manejan las cifras económicas de la minería en especial por parte del segundo mandatario de Gobierno, haciendo referencia al crecimiento de los volúmenes de exportación actuales en relación a los de otras épocas, pero sin mencionar los irrisorios beneficios por regalías e impuestos que se quedan en el país. Un aspecto que pudo ser claramente percibido, es la improvisación y la falta de capacidad de las autoridades del Gobierno, para manejar el conflicto; al mismo tiempo la patente falta de coordinación y consenso, cuando el Viceministerio de Cooperativas del Ministerio de Minas avala el acuerdo Gobierno-cooperativistas, mientras que casi simultáneamente, el Ministerio de Gobierno y el de Minería, aprobaban la figura de la “nacionalización” de Colquiri; paradójicamente, para ambas situaciones se emitieron Decretos supremos. Estas contradicciones y falta de claridad, generaron malestar entre las partes y nutrieron el conflicto. La figura de empresas transnacionales de la talla y antecedentes de la GLENCORE en la minería boliviana, causa evidentemente susceptibilidad en diversos sectores y ámbitos del país, más aún cuando enarbolan prerrogativas bajo un Gobierno de aparente discurso socialista. Será importante indagar que ocurrió realmente en torno a la veta Rosario y bajo qué condiciones fue “cedida” por la empresa a la cooperativa en conflicto, considerando que el procedimiento tuvo visos de irregularidad y de violación del contrato entre COMIBOL y la empresa SINCHI HUAYRA. En ningún momento del conflicto, se manifestaron los aspectos ambientales en términos del cumplimiento de medidas de prevención, control, remediación, ya sea por COMIBOL, la empresa privada, menos en relación a la cooperativa, donde la situación ambiental, es en general más crítica. Es importante mencionar que el Centro Minero de Colquiri y sus alrededores, tienen elevados niveles de contaminación por pasivos ambientales de décadas y operaciones recientes, con afectación de ríos, suelos y la salud humana. Fuentes http://www.paginasiete.bo http://www.marxismo.org 26 Junio, 2009 La Razón 9 de junio de 2012 Página 7, ANF. ANF / La Paz – 22 junio 2012 Zulema Alanes Bravo, 22 sept 2012 http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 http://www.lostiempos.com 20 junio 2012 Los Tiempos/ANF, 22 sept. 2012 http://www.noticias.com.bo 18 junio 2012 (Pedro Mariobo) http://www.paginasiete.bo 22 sept 2012 http://www.jornadanet.com 17 sept 2012 http://www.opinion.com.bo 23 junio 2012 http://elsistema.info/index 13 junio 2012 http://www.boliviaentusmanos.com/noticias 31 agosto 2012 http://boliviaminera.blogspot.com /2012 http://boliviaminera.blogspot.com septiembre 2012 http://www.lapatriaenlinea.com 14 junio 2012 www.institutoprisma.org 09-2012 (Carlos Sandy) Boletín OBESS 14 de agosto de 2012 boletinboliviaizquierdasocialista@googlegroups.com constituyentesoberana.org 4 nov. 2005 lahaine.org 10 mayo 2009 América Economía - www.americaeconomia.com 4 marzo 2012. http://www.eldeber.com.bo 14 junio 2012 (Alfredo Zaconeta ) Raúl Prada, 2012. La actualidad del proletariado en http://horizontesnomadas.blogspot.com Ribera,A.M.O. 2010. El Sector Minero. Análisis general, Megaproyecto Mutún, Cuenca del Poopo, Cuenca Pilcomayo, Megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 317 p.