la ley en los bosques de bolivia

¿Quién paga la Cuenta?
(De la ausencia de ley en los bosques)
Por: Alicia Tejada Soruco (Licy)
La democracia representativa; ésta que estrenamos en la actual década; la de los referéndums, las iniciativas ciudadanas; la de las elecciones directas y por separado, de gobernadores, asambleístas alcaldes, concejales y hasta de jueces nos exige un estado de madurez social que supere la campaña y las buenas intenciones y que abarque ámbitos de relación jurídica con el Estado.
Los niveles de corrupción que atraparon a la institucionalidad pública, nunca fueron un tema de individuos aislados: La corrupción está relacionada con los incentivos institucionales y sociales que alientan redes de blanqueo de ilícitas actividades. La corrupción ocurre también gracias a la indiferencia y o complicidad, frente a corruptos y a corruptores.
En esta línea, la institucionalidad es un tema de ciudadanía; lo es también la que atañe a los bosques en Bolivia
Desde el año 2003 quedó pendiente la institucionalización de la regulación de bosques que, de acuerdo a ley, debió ocurrir, a través del Senado, y elevando una terna al Presidente para que éste designe a la autoridad de los bosques en Bolivia. No fue así. El Senado anterior, negoció tal obligatoriedad legal.
Este relajamiento de normas e instituciones, ha determinado que el rol del Estado se reduzca a resultados basados en superficie de tierras forestales repartidas y no en la institucionalización de la responsabilidad administrativa sobre la conservación de un patrimonio de tanto valor para la humanidad:
Hoy en día, Muchos dirigentes campesinos, indígenas u originarios aún otorgan “certificaciones forestales” (hecho ilegal si no está basado en el derecho a la consulta) y proponen y definen designaciones de funcionarios sin más criterio que el del dirigente de turno: Ninguna Ley, o principio democrático, respaldan este procedimiento que libera al gobierno de responsabilidad, y por tanto es corrupción someterse al mismo y también admitirlo sin mas.
No se han realizado las auditorias ni las audiencias forestales que manda la ley. Antes de iniciar un proceso de discusión de nuevas normas se debe poner fin a las autorizaciones de aprovechamiento en áreas críticas, de permanente violación a normas de conservación, que se legalizan.
Diariamente se instalan aserraderos, de precaria tecnología y mínima inversión que migran, de una provincia a otra, una vez extinguen el valor económico de los bosques; éstos no resisten una evaluación de sus programas de abastecimiento de materia prima, menos de eficiencia en la transformación; sus niveles de rendimiento son mínimos.
Este es un tema de democracia y de ciudadanía que se origina en la ausencia de institucionalidad y de apego a la ley. Hay un gran déficit de interés por los bienes colectivos. La cuenta de la ineficiencia y de la corrupción en el manejo y conservación en las selvas de Bolivia, la pagamos todos.