El Estado de la era informática
Alicia Tejada Soruco
En treinta años los desmontes ilegales registrados llegaron a abarcar 7.181.904 hectáreas. Desde el año 1993 al 2009 se habría producido el 58% de esta actividad, que ocurre en un 75% en Santa Cruz y en un 85% en las Grandes Propiedades Agrícolas. Con este ritmo, hasta el 2050, los bosques habrán desaparecido de la faz del territorio boliviano y gran parte, de los suelos convertidos a uso agrícola derivarán inevitablemente en suelos erosionados, compactados, salinizados y hasta desertificados. De manera que cuando exportamos una tonelada de cualquier cultivo, téngase en cuenta que también estamos exportando nuestros bosques, agua y suelos. Estas son lecciones de economía sobre la finitud del capital natural.
¿Cómo detectamos hoy los desmontes ilegales? Lamentablemente cuando ya han ocurrido. El Estado utiliza imágenes de satélite (Sensor Thematic Mapper con los satélites Land Sat 5 del servidor web brasileroww.inper.brasil), que permiten conocer la ubicación y calcular la superficie desmontada. Estas imágenes se sobreponen a los datos geo referenciados del INRA y de la ABT alcanzando un nivel de detalle que hace posible identificar predios y razón social de sus propietarios con extraordinaria precisión.
En esta era satelital, los desmontes en tierras de bosques no ocurren por falta de conocimiento sino por falta de entendimiento sobre las tendencias en zonas críticas: En San José de Chiquitos y Guarayos, la tendencia de los desmontes ilegales se registra incluso en los informes de ANAPO y de la CAO; puesto que sus áreas de expansión coinciden con las áreas en las que ocurren estos desmontes y también con las áreas de asentamientos humanos, que incursionan a éstas áreas avalados por políticas gubernamentales.
La pregunta de por qué el Estado llega cuando ya no hay más bosques no tiene una sola respuesta pero aquí voy a referirme al déficit en el uso de información científica-técnica que lo aqueja en todos sus niveles: Las auditorías, los informes, las audiencias y consultas se asemejan a un concurso de registros de la impunidad habida y por venir, sin correspondencia política ni acción alguna de respuesta. Autoridades gubernamentales llamadas a evitar confunden sus facultades con derechos ciudadanos.
Mientras que unas instancias denuncian nuevos desmontes, las de superior jerarquía anuncian ampliación de la frontera agrícola legislando nuevos mapas de “producción” forestal y agrícola que actualicen el lamentable estado de los bosques para justificar más de lo que se viene. Los infractores manipulan a su antojo estas gravísimas contradicciones internas.
En esta década, hemos superado índices históricos, Tuca Vaca, El Choré, San José, Guarayos, Bajo Paraguá, Pando y Beni, estrenaron las cifras de alta precisión informática. ¿Siete millones?, ¿diez?, cuando el concepto de sostenibilidad es infinitamente elástico como el de legalidad, todo conocimiento carece de valor.
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