La extracción de áridos y derivados en el río Piraí genera fuertes disputas que obligan a extremar medidas de seguridad, porque, según los involucrados, sus vidas corren peligro.
Aunque algunos aseguran que esta actividad solo ayuda a subsistir, las cifras muestran que la extracción de áridos genera $us 3,7 millones al mes.
Wálter Osinaga, presidente de la Asociación de Trabajadores Ripieros Urutaú, desde hace tres meses optó por usar chaleco antibalas, porque asegura que hay constantes amenazas de muerte contra su persona y que recibe advertencias de los sicarios.
Dijo que está convencido de que son contratados por otros concesionarios del río, donde existe mucha sobreposición.
El gerente de Dracruz, Enrique Cruz, indicó que los problemas que enfrenta en el río son con los invasores, con los ilegales que están explotando en zonas cuyas concesiones no les pertenece.
Para Dracruz, los lugares más invadidos se encuentran en Rancho Chico, Quebrada Seca, kilómetro 12 y otros sectores donde a través de intereses políticos se facilitó el ingreso a otros explotadores.
“Esa es la verdad de la milanesa. Estas ocupaciones se podrían corregir si todos los alcaldes tuvieran la voluntad política para hacerlo”, aseveró.
De igual forma, en reiteradas ocasiones los inspectores municipales también han sido agredidos, porque el problema se agudizó más ahora cuando se intenta regular esta actividad en el marco de la Ley 3425, que traspasa esta competencia a las alcaldías. Las alcaldías que están en las riberas del río están coordinando para consensuar una reglamentación uniforme. Hasta el momento han avanzado en la reactivación de la Mancomunidad Metropolitana.
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