es periodista
El embrollo del TIPNIS, sobre el que han corrido y seguramente seguirán corriendo ríos de tinta de magnitudes amazónicas, si alguna virtud tiene es que muy rápidamente ha hecho evidente la contradicción más profunda que atraviesa el gobierno del presidente Evo Morales.
El meollo del asunto, anecdóticamente, es un pequeño olvido en la gestión del proyecto de la carretera que unirá al Chapare con el Beni: la consulta a los pueblos indígenas “dueños” de los territorios por los que, precisamente, pasará esa carretera.
El derecho a consulta, ya se sabe, está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido por el Estado boliviano, y por ello elevado a rango de ley. El olvido, en su momento, pudo ser reconocido y enmendado. Pero no ocurrió así.
Dado el curso que han tomado los acontecimientos, el meollo del asunto ha dejado de ser anecdótico. No se trata de ningún olvido. La pregunta de hoy es si el gobierno de Morales está dispuesto o no a cumplir los mandatos de la Constitución.
No es un asunto sencillo. El Estado, constituido por la Carta Magna aprobada en el referéndum nacional el 2009, es un Estado Plurinacional. Y esa cualidad, que la hace diferente a todas las constituciones de la Bolivia republicana, se basa, precisamente, en el reconocimiento de que en el territorio hoy boliviano desde tiempos inmemoriales existen pueblos indígenas y originarios, que esos pueblos son naciones, es decir que poseen territorio, lengua, cultura e instituciones propios, y que los miembros de esas naciones son sujetos de derechos especiales. Entre ellos, el derecho a ser consultados sobre proyectos gubernamentales que afecten sus territorios.
El embrollo del TIPNIS ha hecho aflorar esa contradicción (que no es, dicho se de paso, ninguna “contradicción creativa” del proceso de cambio, según la arquitectura conceptual del vicepresidente Álvaro García Linera). Y junto a esa contradicción, se ha hecho visible la incapacidad política del gobierno del presidente Morales para resolverla positivamente.
El estilo político del Mandatario, a despecho de los aires de cambio que él mismo proclama, es anacrónico. Es un viejo estilo que considera que la única vía para la resolución de los conflictos, pan de cada día en una sociedad democrática, es la aniquilación de los adversarios. Así actuó con los partidos “tradicionales”, así con la derecha de la ya olvidada “media luna”, así actúa con sus exaliados, con los disidentes de su propio partido y así, ahora, con las organizaciones de los pueblos indígenas que exigen el cumplimiento del derecho a la consulta. Que ese estilo político sea anacrónico no quiere decir que no sea susceptible de ser enriquecido con otras prácticas. Lo que hemos visto las últimas semanas demuestra que la voluntad de destrucción del enemigo puede llevar a la política, y hasta a la ley, a los más oscuros lodazales.
En el caso del TIPNIS, esta conducta política ha llevado, en los hechos, a una fractura de la base social que no sólo ha hecho posible que Evo Morales llegue al poder, sino también, a través del Pacto de Unidad, ha hecho posible la propia Constitución Política del Estado. Es más, en una perspectiva mayor, la convergencia de los intereses de indígenas y campesinos, y su movilización, le ha dado al Movimiento Al Socialismo (MAS) un horizonte político e histórico que no podía tener como partido cocalero. Hoy, del lado del Gobierno han quedado la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los colonizadores (ahora llamados interculturales) y, por supuesto, los cocaleros. Los indígenas, otrora proclamados la reserva moral de la humanidad, han pasado a ser los enemigos del proceso de cambio.
Independientemente del desenlace del conflicto del TIPNIS (finalmente, el Gobierno ha puesto en movimiento todo su poder, que no es poco, para aniquilar a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cidob), las consecuencias políticas de este embrollo son de largo alcance. En el fondo, lo que la política del MAS está logrando es inviabilizar la construcción del Estado Plurinacional. Más allá de todas las victorias coyunturales que se pueda anotar, el MAS ya se ha auto-provocado su peor derrota. El resto es mera política.
Pero esto tampoco es nuevo.
Pacto militar-campesino
El discurso de Evo Morales con motivo del 6 de agosto ha dado señales suficientes para entender en qué dirección marcha la recomposición del bloque de poder. Ha proclamado que el proceso de cambio se asienta en dos sectores: las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales.
A estas alturas, la identificación del Gobierno con las Fuerzas Armadas (y no al revés) no deja la menor duda. En cambio, el otro pie de su gobierno, es decir, los llamados movimientos sociales, amerita algunas precisiones. La primera es la fractura del bloque indígena-campesino. El conflicto del TIPNIS es su mayor evidencia. No es un asunto nuevo, ya desde el año pasado la Cidob está en la mira del Gobierno (ya entonces, para el Presidente, los indígenas de las tierras bajas eran títeres de Usaid). La segunda, tiene que ver con el “gasolinazo” de diciembre del 2010.
Morales entendió con toda lucidez que frente a ese giro liberal, ni el MAS ni él mismo podían controlar la política de las calles, es decir, la movilización popular. Inmediatamente sucedió el largo y violento enfrentamiento con la Central Obrera Boliviana (COB). Hoy, los “movimientos sociales”, con cuya fidelidad puede contar el MAS, son, sobre todo, los colonizadores, los cocaleros y la CSUTCB.
A la vuelta de los años, en el horizonte se anuncia la conformación de la nueva base social del Gobierno: el pacto militar-campesino.
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