La pasada semana el gobierno llegó a acuerdos con dirigentes cívicos de Potosí y El Alto; mientras, la ABC comunicaba que existían 5 alternativas para el tramo II de la carretera. Algo podía hacernos imaginar que un acuerdo entre indígenas y el gobierno no estaba del todo lejos; sin embargo, el tablero fue pateado por Evo al responder que él no sería parte de la negociación, sino que sus ministros lo harían dado que al Presidente no tiene tiempo para ello. De ahí en más todo fue cayendo en picada, hasta el domingo 21 de agosto, día clave:
Evo, en el programa estatal “El pueblo es noticia” presentó un informe que evidencia, a través de un extracto de llamadas telefónicas, que tres dirigentes (Rafael Quispe, dirigente de la CONAMAQ; Pedro Nuni, diputado del MAS y Roxana Marupa, esposa del dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez) que forman parte de la marcha del TIPNIS, habrían mantenido contacto con la Embajada de Estados Unidos, más precisamente con el asesor de la Embajada en asuntos indígenas, Eliseo Abelo. Según el extracto de llamadas, Rafael Quispe conversó con la Embajada en días 2 y 20 de junio, 6 de julio y 15 de agosto. Una bomba la noticia, con repercusiones típicas en una sociedad que vive una época de una hiperinflación de la política. Veamos
Primera consigna. “¿Cómo es que se puede pinchar las llamadas telefónicas, en una sociedad que se hace llamar democrática? El gobierno es la peor dictadura de la historia”. En primer lugar, no se trata de un pinchazo. Hasta donde se sabe no existió ningún oyente oculto en las llamadas. En segundo lugar, estas mañas de entrometerse en la privacidad no es nada nuevo. Esta mañana en un programa televisivo, Víctor Hugo Cárdenas decía que pedir extractos de llamadas irrumpiendo la privacidad ajena es algo que siempre se lo ha hecho. Sin embargo, a fuerza de repetición esta tara no habrá de ser legal. ¿Cómo entonces, “legaliza” el gobierno esta figura? Según Sacha Llorenti, la acción se apoya en el artículo 306 del código penal y los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por su parte, el Fiscal general del Estado, Mario Uribe, justifica la legalidad en el artículo 218 del código de procedimiento penal. Río revuelto
Segunda consigna. “Con los Estados Unidos ni a la esquina. El sólo hecho de tener una conversación con un representante oficial de la Casa Blanca, es un pecado que se lo paga en la hoguera. Es imperdonable e injustificable”. En esa línea esta el gobierno y gran parte de sus seguidores, unos por convicción y otros por conveniencia. En tiempos, donde la hegemonía yankee parece estar en entredicho, un negocio redondo es el antiimperialismo. Eso lo sabe muy bien el gobierno y a ello acude para deslegitimizar cualquier demanda que tenga que ver con el TIPNIS. Desde que asumió el gobierno Evo Morales acuso a diestra y siniestra a instituciones de los EEUU, y si sigue haciéndolo es porque esa mañita le da resultados. El país del Norte mete sus narices en todo lado, aunque esto no necesariamente quiera decir que exista una conspiración premeditada. Río revuelto
Así está la cosa. Como se puede ver la legalidad del acto pasa por interpretar a gusto del poderoso la ley, y no hay nada claro; tampoco se sabe de qué van esas llamadas. De acá en más lo del TIPNIS girará en torno a estos hechos colaterales que escapan del verdadero asunto de fondo. De ser una marcha con trasfondo político, según el gobierno, ha pasado a ser un hecho conspiratorio al proceso de cambio, la vuelta del capitalismo e imperialismo. Atrás quedan la biodiversidad, la reserva natural, etc. El instinto político puede más. Y es una pena
Se estima que 1425 personas conforman la marcha en defensa del TIPNIS, y por la ¿imprudencia? de tres dirigentes, justos pagarán por pecadores. Así nomas es.
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