Bolivia demanda nuevas leyes
Por: Alicia Tejada Soruco
Si la Constitución Política del Estado señala el rumbo hacia el nuevo Estado de Derecho Plurinacional, comunitario, democrático, con autonomías, las leyes constituirían los caminos por los cuales transitar hacia ese fin, mientras ello no ocurra “todos los caminos llevarán a Roma”, axioma que, por cierto, tiene que ver con los medios, que en democracia son tan importantes como el fin mismo.
La CPE define límites legales pero no los mecanismos para la aplicación de dichos límites especialmente los referidos al ejercicio de las potestades del gobierno en sus tres niveles; los jurisdiccionales, los de justicia, por eso es que hay vaguedad y hasta contradicciones en la resolución de muchos de los asuntos de Estado, que aún se ajustan a anterior legislación, que deben respetar la CPE y los Convenios y Tratados Internacionales pero que también podrían determinarse sin legislación en la cual basarse, ejemplo, el derecho a la consulta.
En otras palabras, empezando por el preámbulo de la nueva CPE y abarcando Tratados y Convenios Internacionales, son vinculantes, es decir, conllevan responsabilidad y restricciones para el ámbito material, civil, laboral y para las autonomías. Entonces ¿por qué debe preocuparnos el proceso de implementación legislativa de la CPE? Han preguntado algunos, también hay quienes se darán a la tarea deliberada de truncarlo, basados en su desacuerdo con la nueva CPE.
La mayoría considera innecesaria la formulación de otras leyes y no voy a disentir con ello, puesto que los buenos ciudadanos, así como los buenos padres no requieren conocer el Código de Familia para educar con amor a sus hijos, no necesitan leyes para serlo. Pero saliendo del ámbito de la ética las sociedades necesitan regulaciones claras en la construcción de Estados con garantías de derecho para todos.
Veamos algunos ejemplos de por qué la participación propositiva e informada en este proceso es importante: Existe en la CPE el mandato de cooperación y de coordinación entre justicia ordinaria, indígena originaria campesina y agro ambiental, pero la ley de deslinde jurisdiccional es tan vaga en estos aspectos que dejará gran parte de la coordinación a la voluntad de los administradores de justicia, idéntica situación con respecto a las ocho leyes referidas a Tierras, Áreas Protegidas, Bio Diversidad, Bosques, Hidrocarburos, Minería, Aguas, Medio Ambiente, con respecto a los tres niveles de autonomías y a la potestad del Estado Central. En otras palabras las leyes determinan los límites también para los funcionarios públicos que las aplican sean de este gobierno o de cualquier otro; son una cuestión de Estado y no solo de política.
Desde al año 2000 diversos acontecimientos han generado un gradual vaciamiento de la institucionalidad sin haberse construido la de reemplazo, lo que conduce a sucesivas crisis que debemos empeñarnos en resolver en democracia alejándonos de los arrebatos y urgencias relacionados a acortamientos de mandatos y de los mandatos autoritarios que únicamente generarán otra década de nuevos vacíos normativos e institucionales a la que difícilmente sobreviviremos como país, maxime si se tiene en cuenta que la crisis económica mundial, también dará sus coletazos en América Latina.
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