Redes de blanqueo de la
ilegalidad en los bosques
Por Alicia Tejada Soruco
El Estado ausente frente a las violaciones permanentes
de los derechos colectivos ha derivado en que las personas e instituciones preocupadas
por ello, pasen a constituirse en impávidos “testigos” del que hacer de las
redes de blanqueo de la ilegalidad en los bosques de Bolivia.
Que éstas violaciones coincidan,
en espacio, con la mayor parte de Territorios indígenas de Tierras Bajas
obedece a que las tierras fiscales entregadas como dotación a los Pueblos
Indígenas, han sido en buena parte las que abarcaron las tierras forestales, ya
que la tierra agrícola se mantuvo en las mismas manos e incluso se incrementó
en éstas, gracias a un proceso de saneamiento que, vía conciliaciones,
contribuyó a los más escandalosos e impunes negociados de tierras en
territorios indígenas.
Cuando encontramos datos como los
del municipio de Guarayos, que pierde su bosque a un ritmo del 17% por año no podemos menos que indagar qué
condiciones tuvieron que converger para posibilitar tal situación y una de las
principales es el papel que juegan los grupos de poder local en permanente
complicidad (redes de blanqueo) para impedir la construcción de un Estado de
derecho e incluso de élites locales:
Esgrimiendo mayor, mejor y primigenio derecho,
derivado de genealogías y naturalismos,
la institucionalidad local se mantiene en las mismas manos durante
décadas. Las “instituciones vivas de la provincia” le bloquean incluso el
acceso a todo un Departamento, y al Estado central, “en defensa del desarrollo
provincial”, desarrollo que exige, reiteradamente, violar la normativa
ambiental y forestal.
La década de los 90 se
caracterizó por una legislación ambiental y forestal que depositó su confianza
en a) garantía de transparencia, b) control social; c) participación popular;
sin embargo con un Estado débil que no invierte nada en el ejercicio de estos derechos, quienes lo
ejercen son precisamente dirigencias locales que cuentan con los medios para
ello (inspecciones, trámites, gestiones).
Se contempló que en los TIOC de Llanos,
Chaco y Amazonía los bosques y fuentes de agua estarían protegidos; este
supuesto no previno la re producción de redes de corrupción; unas cuantas
familias con poder económico y político Departamental, que nos habían legado la necesidad no solo de
un proceso de saneamiento de tierras sino el cambio del régimen forestal en los
90.
Fortalecidas ahora con autoridades
locales que forman parte de la misma institucionalidad, sea de manera directa,
por parentescos, compadrazgos o asociaciones, (desaparece lo comunitario) resultan
en candidatos de nuevos partidos articulados con las mismas redes que financian
a dirigencias de comités cívicos, comités de vigilancia, organizaciones
indígenas, colonizadores, colonos y campesinos. Redes locales impunes hace
décadas se mantiene intactas al servicio de beneficiarios de la ilegalidad en
los bosques de Bolivia y nadie las investiga.
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