Nuevas leyes y antiguas prácticas Por: Alicia Tejada Soruco: Casi una década de relación perversa y cómplice entre oposición y oficialismo debilita aún más la escasa institucionalidad en Bolivia. Vamos a legislar para la administración de una institucionalidad en la que nadie cree.

Nuevas leyes y antiguas prácticas

Por: Alicia Tejada Soruco

Al finalizar el año 2011, la población boliviana presenció discusiones nada novedosas puesto que ya tuvieron lugar  hace más de tres décadas en el país  sobre la necesidad de incorporar el conocimiento científico-ecológico a las decisiones económicas, principalmente las vinculadas a la finitud del patrimonio natural, a los cambios climáticos y a los derechos humanos. El caso TIPNIS repuso este debate, pero las agendas políticas lograron reducirlo nuevamente a una pedestre disputa entre “malos y buenos”.

Así las iniciativas REDD, por ejemplo, que no son otra cosa que la conservación de los bosques a cambio de pagos realizados por quienes, en el mundo industrializado, se han negado a asumir compromisos de reducir sus niveles de contaminación, pasan a constituirse en “los buenos”. El gobierno central es el “malo” y la IIRSA es la “buena”, etc.

Los impactos de las operaciones mineras e hidrocarburíferas; su carácter estratégico y de utilidad pública que les confiere privilegios con efectos perversos;  los desmontes justificados con multas, la inequitativa re distribución de la tierra forestal junto a  la injusta distribución de beneficios en TCO, y la vocación rentista del Estado, fueron temas centrales que quedaron fuera del libreto de “expertos”, que acapararon espacios mediáticos. No hubo otra vereda, ni oposición, si de modelo de desarrollo se trata.

La institucionalidad en los tres niveles de gobierno confirmó su incapacidad histórica, en el diseño de una estructura con responsabilidad administrativa, en cuanto a gestión de nuestro patrimonio natural. La incapacidad creciente de las ministerios, gobernaciones y de los gobiernos municipales para implementar leyes y normas se refleja en los conflictos que confrontan, relacionados con la administración de recursos, rendición de cuentas, etc. Cada vez hay más confusión intencionada y apoyada por la nula capacidad de investigación de los medios de prensa sobre la obligación de funcionarios públicos, de rendir cuentas sobre recursos públicos y por su abierta toma de partido en contiendas partidarias.

En este escenario se iniciará la discusión de nuevas leyes: La ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y el ante proyecto de ley de Tierras de la CSUTCB pretenden resolver la problemática agraria del país con exportaciones. A ello se suman los Ante proyectos de Ley de Hidrocarburos y minería, con una institucionalidad difusa e ineficiente diseñada para establecer un gobierno al servicio de todo poderosos sectores económicos. En el otro extremo están los ante proyectos de leyes de bosques y de la Madre Tierra, menoscabadas en su efectividad por las primeras y por tanto convertidas en alegorías para el discurso.

Casi una década de relación perversa y cómplice entre oposición y oficialismo debilita aún más la escasa institucionalidad en Bolivia. Vamos a legislar para la administración de una institucionalidad en la que nadie cree.