La deuda ambiental que pagamos todos

La deuda ambiental que pagamos todos
Alicia Tejada Soruco
Guarayos y el Choré se han constituido ya en Áreas Críticas de Inseguridad Ambiental y Humana. Significa esto que de las actividades productivas; ganadería, agricultura, minería y aprovechamiento ilegal maderero que allí ocurren, (no se incluyen en esta lista las actividades de manejo sustentable forestal), va a depender gran parte de la seguridad de los cruceños y cruceñas; de los niños (as) y ancianos (as); significa también, que los actores económico-productivos, grandes y pequeños de estas zonas, tienen una cuota significativa en la calidad de vida de los cruceños de esta generación.
En la última década la frontera agrícola se agotó en el Departamento de Santa Cruz. Al haber utilizado toda la tierra agrícola disponible, los responsables, en lugar de rehabilitarlas, reforestarlas e introducir tecnologías que les permitan proteger sus suelos, optaron por deforestar cerca de siete millones de hectáreas de Tierras de Producción Forestal Permanente; el 75% del las que comprenden la superficie total deforestada está en Santa Cruz, incluyendo nuestras reservas forestales.
Y si es evidente que la minería alto peruana, tiene una enorme deuda con los Departamentos de los cuales extrajo minerales durante siglos, provocando las brechas de desigualdad que hoy padecemos, no es menos cierto que esta deuda ya la pagamos también en el Departamento de Santa Cruz, puesto que la actividad minera de tierras con cobertura boscosa, en ríos y cuencas, en tierras agrícolas, y en manos de “mineros de las tierras del Este de Bolivia”, está expresando idénticas visiones.
La seguridad jurídica deja de ser importante a la hora de asumir responsabilidades ambientales. Nadie rinde cuentas por lo que está ocurriendo en “su propiedad”, “su parcela”, “su granja”, “su concesión minera”. Se privatizan las ganancias y se socializan los efectos ambientales de éstas. De este modo, las obligaciones y deberes que conllevan los derechos privados, son colectivos, de facto
El 9 y el 10 de Octubre, en los municipios de la Guardia y el Torno, han ocurrido también incendios de magnitud, provocados por quemas, como práctica agrícola del sector campesino. Allí la cuenca del río Piraí es una concesión continúa de áridos, cuyos explotadores también gozan del beneficio de la impunidad ambiental.
A cuánto habrá ascendido la cuenta que pagamos, los ciudadanos y ciudadanas, por las afectaciones a la salud que nos quedan como secuelas de los incendios y quemas; por el encarecimiento y la escasez de los alimentos; por las pérdidas de cultivos, de riqueza piscícola, de fuentes de agua; por los crímenes contra los animales de los bosques.
Tan solo sumemos las consultas médicas de los tres últimos meses y el incremento en nuestro presupuesto de la canasta familiar, a eso se le llama cuentas ambientales, un ejercicio necesario, no para asignar un precio a valores inapreciables, sino para tener una remota idea de la cuenta que estamos pagando.