Alicia Tejada Soruco
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| La ausencia de Estado frente a las violaciones permanentes de los derechos colectivos ha derivado en que las personas e instituciones preocupadas por ello pasen a ser impávidos testigos del accionar de redes de la ilegalidad en los bosques de Bolivia. Que estas violaciones coincidan en espacio con la mayor parte de los territorios indígenas de tierras bajas obedece a que las tierras fiscales entregadas como dotación a los pueblos indígenas han sido, en buena parte, las que abarcaron tierras forestales. Las extensiones agrícolas se mantuvieron en las mismas manos e incluso se incrementaron a favor de los terratenientes, gracias a un proceso de saneamiento que, vía conciliaciones, contribuyó a los más escandalosos e impunes negociados de tierras en territorios indígenas. Cuando encontramos datos como los de un municipio cruceño con vocación forestal, que pierde su bosque a un ritmo de un 17% por año, no podemos menos que indagar qué condiciones tuvieron que converger para posibilitar tal situación. Y una de las principales causas de esa depredación es el papel que juegan los grupos de poder local que actúan en permanente complicidad (redes) para impedir la construcción de un Estado de derecho. Esgrimiendo mayor, mejor y primigenio derecho, derivado de genealogías y naturalismos, la institucionalidad local se mantiene en las mismas manos desde hace décadas. Las ‘instituciones vivas’ de la provincia bloquean incluso el acceso a todo un departamento y al Estado central, “en defensa del desarrollo provincial”, desarrollo que exige, reiteradamente, violar la normativa ambiental y forestal. La década de los 90 se caracterizó por la aplicación de una legislación ambiental y forestal que depositó su confianza en garantías de transparencia, control social y participación popular. Sin embargo, con un Estado débil que invierte poco en el ejercicio de estos derechos, quienes lo ejercen son precisamente las dirigencias locales que cuentan con los medios para ello (inspecciones, trámites, gestiones). Se contempló que en los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) de los llanos, el Chaco, la Amazonia, los bosques y fuentes de agua estarían protegidos. Pero la normativa no previno la reproducción de redes de corrupción: unas cuantas familias con poder económico y político departamental que implantaron la necesidad no solo de un proceso de saneamiento de tierras, sino el cambio del régimen forestal en los 90. Fortalecidos con el apoyo de autoridades locales que forman parte de la misma institucionalidad, sea de manera directa, por parentescos, compadrazgos o asociaciones (desaparece lo comunitario), los operadores de esas redes aparecen como candidatos de nuevos partidos. Se financian de la misma manera que los comités cívicos, comités de vigilancia, organizaciones indígenas, colonizadores, colonos y campesinos. Son redes locales que desde hace décadas se mantienen intactas al servicio de los beneficiarios de la ilegalidad en los bosques de Bolivia. Y nadie las investiga.http://www.eldeber.com.bo/vernotacolumnistas.php?id=120605222404 |
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